Human Rights Watch: Denuncian torturas nueve de cada diez presos del mayor centro de deportación de Estados Unidos... El Camp East Montana tiene capacidad para internar a 5.000 emigrantes. Es un antiguo campo de concentración para estadounidenses de origen japonés construido en la Segunda Guerra Mundial... los emigrantes viven en cinco grandes tiendas de campaña, como en cualquier otro campamento de refugiados... nueve de cada diez dijeron que habían sido golpeados ellos mismos o habían visto a otra persona agredida por los carceleros... Además de las palizas, los reclusos denuncian la negligencia médica y las represalias rutinarias. Permanecen en el interior sin aire fresco durante semanas seguidas, obligados a comer alimentos que llegan en mal estado o poco cocinados... Los carceleros siempre acechan en grupos de aproximadamente 10 a 20, enmascarados y golpean al que está más cerca, aunque nunca se hayan quejado. Los internados lo llaman “castigo colectivo”. Cuando se rompe algo, todos pagan por ello, incluidos los presos aislados durante semanas sin salir al patio; solo porque se atrevieron a preguntar el motivo... Un carcelero advirtió a uno de los presos nada más llegar al centro que las únicas dos salidas eran la expulsión del país o una bolsa de cadáveres... Dos congresistas, Verónica Escobar y Gabe Vásquez, que recorrió las instalaciones en abril, exigen que el campo se cierre (mpr21)

"Una nueva investigación sobre el mayor centro de internamiento de emigrantes de Estados Unidos, el Camp East Montana, expone que casi todos los entrevistados fueron golpeados por un carcelero o vieron a un carcelero golpear a otra persona.

El informe de 84 páginas fue publicado la semana pasada por Human Rights Watch y la ACLU, la Unión de Libertades Civiles (1). El Camp East Montana tiene capacidad para internar a 5.000 emigrantes. Es un antiguo campo de concentración para estadounidenses de origen japonés construido en la Segunda Guerra Mundial. Está en Fort Bliss, en las afueras de El Paso. Abrió sus puertas en agosto del año pasado y desde entonces los emigrantes viven en cinco grandes tiendas de campaña, como en cualquier otro campamento de refugiados.

Los investigadores pasaron aproximadamente ocho meses, desde octubre del año pasado hasta junio de este año, entrevistando a 71 personas internadas en el campamento junto con varios de sus familiares y algunos abogados especializados en emigración (2). Sesenta y cuatro de los 71 detenidos, aproximadamente nueve de cada diez, dijeron que habían sido golpeados ellos mismos o habían visto a otra persona agredida por los carceleros.

Además de las palizas, los reclusos denuncian la negligencia médica y las represalias rutinarias. Permanecen en el interior sin aire fresco durante semanas seguidas, obligados a comer alimentos que llegan en mal estado o poco cocinados (3).

O la expulsión del país o la bolsa de cadáveres

Un carcelero advirtió a uno de los presos nada más llegar al centro que las únicas dos salidas eran la expulsión del país o una bolsa de cadáveres.

Los carceleros siempre acechan en grupos de aproximadamente 10 a 20, enmascarados y golpean al que está más cerca, aunque nunca se hayan quejado. Los internados lo llaman “castigo colectivo”. Cuando se rompe algo, todos pagan por ello, incluidos los presos aislados durante semanas sin salir al patio; solo porque se atrevieron a preguntar el motivo.

No es la primera vez que estas denuncias trascienden. Cuatro detenidos, respaldados por la ACLU de Texas y otros grupos legales, demandaron a los operadores de la instalación a fines de mayo, pidiendo a un juez que cerrara el campamento hasta que cumpliera con los mínimos de detención. El informe acusaba a los carceleros de usar una fuerza innecesaria y de descuidar la atención médica.

Tres muertes

Al menos tres personas han muerto en Camp East Montana desde que se abrió, y el orden de esas muertes es importante para entender cómo ha evolucionado. El primero fue Francisco Gaspar-Andrés, un guatemalteco de 48 años que pasó aproximadamente dos meses recluido antes de ser hospitalizado y morir el 3 de diciembre del año pasado. Los carceleros del ICE atribuyeron su muerte a una insuficiencia hepática y renal, según la cadena NBC (4).

El segundo fue el de Geraldo Lunas Campos, un emigrante cubano de 55 años que murió el 3 de enero. Los reclusos escucharon que no podía respirar mientras los carceleros lo sujetaban fuera de una celda de aislamiento. El DHS (Ministerio de Seguridad Interior) dice que el fallecido estaba tratando de autolesionarse y que los carceleros trataron de salvar su vida cuando perdió el conocimiento durante el forcejeo. Finalmente el médico forense tuvo que reconocer que fue un homicidio. Un informe posterior reconoció que las prueba del caso habían desaparecido o habían sido destruidas.

La tercera muerte, el 14 de enero, fue de Víctor Manuel Díaz, un nicaragüense de 36 años detenido en Minneapolis y trasladado al centro poco más de una semana antes. Los carceleros del ICE han calificado su muerte como un suicidio, aunque su cuerpo fue enviado a un hospital militar y no al médico forense para tapar otro crimen.

Cárceles privadas, subcontrataciones y fraudes

Los centros de internamiento son un negocio privado cuyo primer objetivo es ganar dinero. Lo demás es secundario. El verano pasado el ejército subcontrató Camp East Montana a la empresa Acquisition Logistics por 1.300 millones de dólares.

Acquisition Logistics es una pequeña empresa de Virginia cuyo mayor contrato previo había reportado alrededor de 16 millones de dólares. Nunca antes había dirigido un centro de internamiento. En primavera el ICE rompió el contrato con la empresa y firmó uno nuevo con Amentum Services para hacerse cargo de la administración del centro.

El cambio de contratista fue consecuencia de las múltiples muertes y de la amenaza de el centro pudiera cerrar por completo. Fue como salir de la sartén para caer en el fuego: la nueva empresa tenía un lago historial de denuncias e ilegalidades (5).

Casi al mismo tiempo, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó una auditoría que concluye que el ejército había desperdiciado millones de dólares al pagar el precio completo de las comidas y los servicios durante un período de dos semanas en agosto del año pasado cuando no había detenidos (6). El ICE también podría haberse ahorrado decenas de millones más.

La auditoría confirmó que las pruebas del asesinato de Lunas Campos habían desaparecido y que las instalaciones se abrieron sin cámaras perimetrales, espacio de recreo al aire libre o espacio para entrevistas legales. Una inspección de cumplimiento separada por parte de la propia Oficina de Supervisión de la Detención de ICE, realizada en febrero de este año, registró 49 violaciones distintas del régimen de detención.

Dos congresistas, Verónica Escobar y Gabe Vásquez, que recorrió las instalaciones en abril, exigen que el campo se cierre.

(1) https://www.hrw.org/report/2026/07/15/youre-only-getting-out-deported-or-dead/abusive-us-immigration-detention-at-ft
(2) https://www.texastribune.org/2026/07/15/texas-camp-east-montana-el-paso-migrants-conditions-report/
(3) https://reason.com/2026/07/16/a-texas-immigrant-detention-center-is-a-human-rights-disaster-civil-rights-groups-say-in-report/
(4) https://www.nbcnews.com/news/us-news/third-immigrant-detainee-facility-el-paso-died-ice-says-rcna254783
(5) https://www.scrippsnews.com/investigations/ice-inc/new-contractor-at-troubled-ice-detention-center-has-dozens-of-past-federal-violations
(6) https://www.gao.gov/products/gao-26-108886 "                  (mpr21, 20/07/26) 

El Reglamento de Retornos aprobado por la Unión Europea, anima a los Estados a incorporar «medidas de investigación» que podrán incluir allanamientos en domicilios particulares y otros «locales pertinentes», así como el registro y la incautación de pertenencias personales y dispositivos electrónicos... «Permite redadas domiciliarias, al estilo de ICE, para arrestar y deportar a personas sin permiso de residencia. Estas redadas también podrán ocurrir en centros de salud, refugios, puntos de distribución de alimentos y otros lugares donde las personas en condiciones vulnerables buscan ayuda... quiénes podrán permanecer detenidas hasta 24 meses, ampliables otros seis más. En algunos casos, además, ese periodo podría reiniciarse si la persona es trasladada a otro Estado miembro... esto supone normalizar periodos de privación de libertad cada vez más largos por una cuestión exclusivamente administrativa... podrían permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves (Laura Anido)

"La Eurocámara ha votado este miércoles a favor del Reglamento de Retornos que permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y las redadas en domicilios.

Las prioridades de Europa han cambiado. La Unión Europea ha pasado de promover las políticas de asilo y solidaridad, a centrarse en cómo expulsar y devolver migrantes. La aprobación este miércoles en la Eurocámara del Reglamento de Retornos confirma este cambio de dirección de la Unión Europea que en los últimos tiempos se ha acelerado. Con el respaldo masivo de la derecha y la ultraderecha y el rechazo frontal de la mayoría de los grupos de izquierdas, Bruselas ha dado luz verde a la última pieza del engranaje del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que consolida la nueva política migratoria como la más restrictiva hasta la fecha.

El nuevo reglamento permite a los estados miembros la creación de centros de devolución de migrantes en países fuera de la UE, incluso cuando la persona expulsada no tenga ningún vínculo con el estado al que sea enviada. Algunos países como Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos o Grecia ya negocian con estados extracomunitarios para poner en marcha estos centros a cambio de financiación o acuerdos de cooperación.

«Enviar a alguien contra su voluntad a un país con el que no tiene ningún vínculo no puede considerarse razonable, justo ni sostenible. Son medidas que pueden afectar a familias con menores, van adestrozar comunidades en toda Europa, socavando el tejido de solidaridad del que dependen las personas para vivir con dignidad», denuncia la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Personas Migrantes Indocumentadas (PICUM).

Redadas en domicilios y hospitales

La nueva normativa también permite imponer restricciones de movimiento y controles periódicos sobre las personas con orden de retorno. Además de animar a los Estados a incorporar «medidas de investigación» que podrán incluir allanamientos en domicilios particulares y otros «locales pertinentes», así como el registro y la incautación de pertenencias personales y dispositivos electrónicos.

«Permite redadas domiciliarias, al estilo de ICE, para arrestar y deportar a personas sin permiso de residencia. Estas redadas también podrán ocurrir en centros de salud, refugios, puntos de distribución de alimentos y otros lugares donde las personas en condiciones vulnerables buscan ayuda. Hemos visto lo que ocurre cuando se imponen políticas que dan prioridad a la represión», denuncia Médicos del Mundo.

La organización señala que en EEUU medidas similares llevaron a mujeres embarazadas, niños, niñas y personas con enfermedades crónicas a evitar hospitales y centros de salud incluso en caso de emergencias por el miedo a ser deportadas. «Europa está eligiendo ahora el mismo camino», añaden.

Ampliación del período de detención

El reglamento establece, además, que las personas que reciban una orden de retorno deberán colaborar con las autoridades. Si no lo hacen, si existe riesgo de fuga o si son consideradas una amenaza para la seguridad, podrán permanecer detenidas hasta 24 meses, ampliables otros seis más. En algunos casos, además, ese periodo podría reiniciarse si la persona es trasladada a otro Estado miembro. Para las organizaciones sociales y de derechos humanos, esta medida supone normalizar periodos de privación de libertad cada vez más largos por una cuestión exclusivamente administrativa.

Médicos del Mundo advierte además de que la ley tendrá tendrá un impacto directo en la salud pública. «La evidencia sobre las consecuencias para la salud de la detención prolongada es inequívoca: estrés, trauma, ansiedad y daños duraderos a la salud mental. Además, durante ese tiempo, las personas podrían no tener acceso a la atención sanitaria en absoluto, lo que genera discontinuidad en el tratamiento y un sufrimiento creciente».

De hecho, España -que se opuso a toda la norma desde su concepción- mostró su preocupación por este punto en concreto del texto, ya que considera que la norma podría llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.

«Basta seguir los análisis de numerosas personas especialistas en derecho Internacional para poder afirmar con rigurosidad que incluso se están afectando las garantías de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados mediante el recién estrenado Pacto Europeo de Migración y Asilo», asegura Oxfam a Público.

Victoria ultra

La medida supone una victoria clara para las fuerzas más ultras de la derecha europea, que han logrado sacar adelante sus propuestas más radicales. Su aprobación no habría sido posible sin el apoyo de partidos de derecha y centroderecha que, cada vez más, asumen ideas y discursos que antes eran propios de la extrema derecha.

La votación -ratificada con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones- ha acabado con los aplausos encendidos del ala derecha del hemiciclo europeo de Estrasburgo, que gritaba «send them back» (mandadlos de vuelta). A la vez que los eurodiputados críticos con la medida, que consideran un “Guantánamo europeo”, les respondían con un «shame on you» (vergüenza).

Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, no ha dudado en atribuirse el mérito de su partido en el endurecimiento de la política. «Hemos forzado la mano del PPE», ha celebrado. También el eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers defendió la medida asegurando que permitirá «construir grandes y bonitos centros de retorno en terceros países».

El avance electoral de la extrema derecha en buena parte de Europa y la creciente adopción de algunas de sus propuestas por partidos conservadores tradicionales han desplazado el debate migratorio hacia propuestas cada vez más radicales que hace apenas unos años parecían difíciles de imaginar.

España es un claro ejemplo de ello, con las políticas de «prioridad nacional» impulsadas por Vox en las autonomías en las que gobierna con el PP. Pero también otros países europeos como Suecia – que está gobernada por una coalición del Partido Moderado, los Demócratas Cristianos y los Liberales, pero depende del apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia (partido de extrema derecha)-, donde se aprobó la llamada «ley del chivatazo».

Esta medida obliga a varios organismos públicos a informar a la policía sobre personas en situación administrativa irregular con las que entren en contacto. Aunque el texto contempla excepciones para la sanidad, la educación y los servicios sociales, PICUM sostiene que esas salvaguardas son insuficientes.

«La votación marca un serio retroceso para los derechos humanos en Suecia. Las obligaciones de notificación crean un clima de miedo que afecta no solo a las personas en situación irregular, sino también a quienes dependen de estas instituciones y a quienes trabajan en ellas«, señalaba Louise Bonneau, responsable de incidencia política de PICUM."

(Laura Anido , Público, 17/06/26)

Un paso más hacia la infamia... Al aprobar el principio de creación de centros de retención de migrantes fuera de sus fronteras, la Unión Europea avala una victoria ideológica de la extrema derecha. Pisotea principios, valores y derechos humanos... las personas migrantes que sean objeto de una decisión de retorno podrán ser transferidas a centros situados fuera de la UE, en Estados con los que se haya concluido un acuerdo, como Ruanda, Uganda o Uzbekistán, incluidas las solicitantes de asilo. Europa ya no quiere ser tierra de acogida, especialmente para las gentes oprimidas... La frontera delimita los contornos de un territorio de derechos. Su cierre es un mito, no impide las entradas; no hace más que crear personas clandestinas y alimentar así la extensión de espacios sin derechos (Roger Martelli)

"Al aprobar el principio de creación de centros de retención de migrantes fuera de sus fronteras, la Unión Europea avala una victoria ideológica de la extrema derecha. Pisotea principios, valores y derechos humanos.

El lunes [1 de junio de 2026], el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo sobre el nuevo Reglamento de Retorno, presentado en el parlamento por François-Xavier Bellamy en nombre del Partido Popular Europeo (PPE). Un pacto para endurecer una política migratoria que consideran demasiado tolerante. La extrema derecha ha impuesto sus puntos de vista y la derecha ha confirmado su afinidad con las ideas de cierre de fronteras y exclusión. ¿Vendrán finalmente los tiempos de sobresalto?

Habrán tenido que pasar ocho años para que se produzca la ignominia. Último pilar del Pacto sobre migración y asilo, el texto ha de volver todavía al parlamento para una última votación, así como a los Estados miembros. En particular, prevé la prolongación del tiempo máximo de retención a dos años, sanciones más estrictas para las y los migrantes que se nieguen a abandonar el territorio europeo -como la retirada de documentos de identidad- y un periodo de prohibición de acceso a la UE de 10 años, incluso 20 años, frente a los 5 años actualmente.

Sobre todo, prevé la posibilidad de crear hotspots en países terceros. Concretamente, las personas migrantes que sean objeto de una decisión de retorno podrán ser transferidas a centros situados fuera de la UE, en Estados con los que se haya concluido un acuerdo, como Ruanda, Uganda o Uzbekistán. Países para acoger a las personas indeseables, filtrar las entradas y acelerar las salidas, incluidas las solicitantes de asilo: Europa ya no quiere ser tierra de acogida, especialmente para las gentes oprimidas.

Desde siempre, las personas migrantes más pobres se desplazan dentro de las fronteras de su país o a los países vecinos. Muy pocas cambian de continente; las que emprenden periplos peligrosos no suelen ser las más desheredadas. Europa tendrá ahora más posibilidades de desnatar. ¡Esa es la manera en que las élites europeas plantean reducir las desigualdades mundiales y reforzar la dulce armonía que caracteriza las relaciones internacionales actualmente!

La extrema derecha está exultante, a imagen de Fabrice Leggeri, eurodiputado del Rassemblement National y exdirector de la muy controvertida agencia Frontex: “Recuperamos el control de los retornos”, declara orgulloso. Vamos a “revolucionar la política europea frente a la inmigración ilegal”, proclama el vicepresidente del PPE, François-Xavier Bellamy. Nótese que los partidarios de Édouard Philippe [Los Republicanos] han votado a favor (contrariamente a los de Gabriel Attal [Renaissance]).

La derecha y la extrema derecha oficializan su mano a mano en el terreno altamente simbólico de la inmigración. La Italia de Giorgia Meloni ya había creado el dispositivo, en este caso con destino a Albania. Dinamarca, Austria y Alemania ya están preparadas sobre los tacos de salida para conjugar sus esfuerzos en el mismo sentido. Si Francia rezongaba estos últimos años, ayer declaró por boca de su secretario de Estado para Europa, Benjamin Haddad, que era una “buena noticia” y un “avance importante”. Tan solo España rechaza en bloque el método.

Hoy por hoy, la izquierda dice mayoritariamente que no a lo que no es otra cosa que un paso atrás civilizatorio. Sin embargo, la Dinamarca de la primera ministra Mette Frederiksen muestra la fragilidad de un centro-izquierda seducido por la idea de una recuperación de los planteamientos de protección nacional y autoridad.

Cuando la extrema derecha se halla cada vez más ante las puertas del poder, menos que nunca hay que ceder al canto de sirena de un acomodo con ella. La frontera delimita los contornos de un territorio de derechos. Su cierre es un mito: no impide las entradas; no hace más que crear personas clandestinas y alimentar así la extensión de espacios sin derechos.

Si es preciso pensar en una regulación de las migraciones que crecen sin cesar, hay que desechar la idea de que es posible a escala de un país, siquiera de un continente. Hay que pensarla a escala mundial: la migración es un fenómeno consustancial a la existencia humana. Es el efecto de una opresión o de un deseo, a veces el resultado de ambas cosas. Las migraciones crecen hoy en un contexto dominado, a todas las escalas, por las desigualdades y las incertidumbres.

Toda política que pretende regular los movimientos migratorios manteniendo los mecanismos que generan desigualdad y sosteniendo lógicas de potencia es un engaño e incluso un factor de agravamiento y de tensión renovada." 

(Roger Martelli , Viento Sur,  10/06/26)

Humor negro: La 'migra' norteamericana intentó que se declarara muertas a 2,7 millones de personas vivas para presionar a los inmigrantes a la autodeportación... funcionarios de DOGE intentaron que 2,7 millones de personas vivas, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, se añadieran al Archivo Maestro de Defunciones de la agencia como parte de la estrategia de control migratorio de la administración Trump... Jeremiah Schofield, quien trabajó 25 años en la agencia, dijo que se negó a implementar el plan después de revisar 25 nombres de la lista y descubrir que todos estaban vivos, y que un funcionario del DOGE confirmó en una llamada telefónica que el objetivo era obligar a los inmigrantes a deportarse voluntariamente o presentarse en las oficinas del Seguro Social donde podrían ser arrestados. La Administración del Seguro Social dijo que el plan nunca se llevó a cabo, aunque el Post informó previamente que una versión más pequeña, que marcaba a 6100 inmigrantes como muertos, sí se implementó (Drop Site News)

"(...) Un informante afirma que DOGE intentó que se declarara muertas a 2,7 millones de personas vivas para presionar a los inmigrantes a la autodeportación: Un ex alto funcionario de la Administración del Seguro Social reveló en una denuncia ante los investigadores del Senado que funcionarios de DOGE intentaron que 2,7 millones de personas vivas, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, se añadieran al Archivo Maestro de Defunciones de la agencia como parte de la estrategia de control migratorio de la administración Trump, según informó el Washington Post el jueves. Jeremiah Schofield, quien trabajó 25 años en la agencia, dijo que se negó a implementar el plan después de revisar 25 nombres de la lista y descubrir que todos estaban vivos, y que un funcionario del DOGE confirmó en una llamada telefónica que el objetivo era obligar a los inmigrantes a deportarse voluntariamente o presentarse en las oficinas del Seguro Social donde podrían ser arrestados. La Administración del Seguro Social dijo que el plan nunca se llevó a cabo, aunque el Post informó previamente que una versión más pequeña, que marcaba a 6100 inmigrantes como muertos, sí se implementó. (...)"

 (Drop Site News, 05/06/26, traducción google) 

Paul Krugman: Pogroms, al estilo americano... las atrocidades que está perpetrando el ICE —atrocidades que seguramente son mucho más grandes y peores de lo que sabemos— son en parte instrumentales, una forma de asustar a los inmigrantes para que se autodeporten... Trump está tratando de expulsar a todos los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, casi sin pretender que sus pogromos sirvan para ningún propósito social o económico más amplio. Y uso la palabra “pogromos” deliberadamente. La campaña antiinmigrante del MAGA se basa en la crueldad hacia los inmigrantes, la gran mayoría de los cuales son respetuosos de la ley y una fuente clave de la prosperidad estadounidense. Y se está volviendo cada vez más evidente que la crueldad no es solo instrumental. Más bien, es el propósito de todo el esfuerzo... el zar de inmigración de Trump, declaró que "ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que trabajen con las agencias federales para asegurarse de que están utilizando regulaciones contra los inmigrantes en todas las áreas de la vida estadounidense que supervisan"... y es que “Trump presiona a los inmigrantes cortándoles el acceso a trabajos, atención médica y vivienda”... Así que vamos a negar la atención a los niños nacidos en los Estados Unidos —es decir, ciudadanos por nacimiento— si tienen padres nacidos en el extranjero, presumiblemente incluso padres que llegaron a Estados Unidos legalmente. ¿Qué sigue? ¿Se les exigirá a estos niños que lleven etiquetas en su ropa para revelar que tuvieron un padre nacido en el extranjero? ¿Una insignia de la Estrella de David de los tiempos modernos?

"Hubo un tiempo en que los activistas antiinmigración afirmaban no odiar a los inmigrantes como personas. Su preocupación, insistían, era solo sobre los inmigrantes ilegales, la supuesta ola de delincuencia que causaban o la pérdida de empleos para los nativos.

Si creíste algo de eso, fuiste ingenuo. La administración Trump está tratando de expulsar a todos los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, casi sin pretender que sus pogromos sirvan para ningún propósito social o económico más amplio. Y uso la palabra “pogromos” deliberadamente. La campaña antiinmigrante del MAGA se basa en la crueldad hacia los inmigrantes, la gran mayoría de los cuales son respetuosos de la ley y una fuente clave de la prosperidad estadounidense. Y se está volviendo cada vez más evidente que la crueldad no es solo instrumental. Más bien, es el propósito de todo el esfuerzo.

Para entender lo que está sucediendo, un buen punto de partida es el reconocimiento, más o menos oficial, de que prácticamente todos los inmigrantes —hablaré de las pocas excepciones en breve— son vistos como indeseables a quienes hay que expulsar de cualquier manera posible. The New York Times publicó recientemente un artículo con el titular “Trump presiona a los inmigrantes cortándoles el acceso a trabajos, atención médica y vivienda”.

Como explica el artículo,

"Durante más de un año, los funcionarios de la administración han buscado tirar de cada palanca burocrática posible para cortar a los inmigrantes —tanto documentados como indocumentados— de trabajos, atención médica, servicios financieros, créditos fiscales e incluso de la inscripción de sus hijos en guarderías. El objetivo ha sido obligar a los inmigrantes a abandonar el país y, a largo plazo, eliminar los incentivos que atraen a muchas personas a Estados Unidos en primer lugar."

Según el Times, Stephen Miller, el zar de inmigración de Trump,

"ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que trabajen con las agencias federales para asegurarse de que están utilizando regulaciones contra los inmigrantes en todas las áreas de la vida estadounidense que supervisan."

Así que la política federal en todos los niveles, incluidas las herramientas de política que nunca tuvieron la intención de usarse para la aplicación de las leyes de inmigración, se están utilizando como armas contra cualquier persona nacida fuera de los EE. UU., y algunas personas nacidas aquí, incluidos los niños nacidos en Estados Unidos. Estos días rara vez me sorprenden las acciones de la administración Trump, pero esto es verdaderamente impactante:

"Los funcionarios federales están planeando cambios regulatorios para evitar que los niños nacidos en Estados Unidos reciban subsidios federales de cuidado diurno si uno o más de sus padres no son ciudadanos."

Así que vamos a negar la atención a los niños nacidos en los Estados Unidos —es decir, ciudadanos por nacimiento— si tienen padres nacidos en el extranjero, presumiblemente incluso padres que llegaron a Estados Unidos legalmente. ¿Qué sigue? ¿Se les exigirá a estos niños que lleven etiquetas en su ropa para revelar que tuvieron un padre nacido en el extranjero? ¿Una insignia de la Estrella de David de los tiempos modernos?

Más allá de tratar de hacer imposible la vida diaria de los inmigrantes, la administración Trump está tratando de aterrorizar a los inmigrantes para que se vayan.

Solo tenemos información fragmentaria sobre las condiciones dentro de los centros de detención del ICE, en gran parte porque el ICE ha bloqueado repetidamente la investigación independiente de lo que está sucediendo en estas instalaciones; en particular, ha violado repetidamente la ley al denegar el acceso a los miembros del Congreso. Hace unos días, agentes federales rociaron con gas pimienta al senador Andy Kim fuera de las instalaciones de Delaney en Newark, Nueva Jersey. El ICE también está jugando al escondite con los detenidos, trasladándolos repetidamente entre instalaciones para que sea difícil para las familias y los abogados rastrearlos. Y ha habido un número alarmante de suicidios de detenidos.

Los esfuerzos por suprimir información sobre las condiciones de los detenidos son implícitamente una admisión de que estas condiciones son terribles, que los informes de hacinamiento severo, falta de atención médica y alimentos insuficientes y contaminados son ciertos.

Según un detenido, un guardia le dijo que

"Es parte de mi trabajo. Tengo que hacer tu vida miserable para que solicites tu propia deportación."

Todo lo que sabemos sugiere que esta cita es una descripción precisa de lo que está sucediendo.

Y la campaña de acoso y terror contra los inmigrantes está funcionando. El ICE no tiene que poder encontrar y arrestar a cada inmigrante para hacer que la vida en los Estados Unidos sea imposible de soportar, tal como Irán no tiene que poder atacar a cada petrolero para hacer que el paso por el Estrecho de Ormuz sea demasiado peligroso para intentarlo. La inmigración neta hacia los Estados Unidos probablemente se ha vuelto negativa; es decir, más personas están saliendo del país que entrando.

La administración Trump está complacida. En marzo publicó un comunicado de prensa celebrando las estimaciones del Censo que muestran una caída en la inmigración neta en todas las áreas metropolitanas de los EE. UU.

Hubo dos características notables del triunfalismo del comunicado. Primero, celebró la caída de la inmigración en general; nada sobre distinguir entre la entrada legal e ilegal a los Estados Unidos. Segundo, no dijo nada —absolutamente nada— sobre por qué la caída de la inmigración debería considerarse algo bueno.

La verdad es que ninguna de las afirmaciones hechas por los partidarios de la línea dura antiinmigración sobre los beneficios de expulsar a los nacidos en el extranjero ha sobrevivido al contacto con la realidad.

El fin virtual de la inmigración neta no ha llevado a un auge en los empleos para los nacidos en el país. El crecimiento de la población en edad laboral se ha estancado, pero también lo ha hecho la creación de empleo, y la tasa de empleo de los adultos nacidos en EE. UU. es menor, no mayor, que antes de que comenzaran los pogromos:

Y la idea de que los inmigrantes son, como grupo, especialmente propensos a la delincuencia, ha sido ampliamente refutada. En particular, ciudades como Nueva York que tienen grandes poblaciones inmigrantes también tienen tasas de delincuencia muy bajas según los estándares históricos.

Es importante darse cuenta de que los pogromos, además de no ayudar objetivamente a los estadounidenses nativos, no son populares. El índice de aprobación de Donald Trump sobre inmigración, que era positivo cuando asumió el cargo, se encuentra ahora en territorio profundamente negativo.

Y el pueblo estadounidense es, en general, mucho más benigno en sus puntos de vista sobre los inmigrantes que tipos como Stephen Miller. Por un lado, tenemos a la administración Trump tratando de negar el cuidado infantil a los hijos de todos los inmigrantes. Por el otro, según Gallup, el 78 por ciento de los adultos cree que las personas que inmigraron ilegalmente deberían tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses, y el 85 por ciento apoya ofrecer esa oportunidad a los niños traídos ilegalmente por sus padres.

Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Gran parte es racismo. La administración Trump ha terminado esencialmente con las admisiones de refugiados en los Estados Unidos, con una sola excepción, para la cual las cuotas de refugiados han sido enormemente ampliadas y respaldadas por ayuda federal a los inmigrantes: los sudafricanos blancos. ¿Necesitamos decir más?

Y una observación final: las atrocidades que está perpetrando el ICE —atrocidades que seguramente son mucho más grandes y peores de lo que sabemos— son en parte instrumentales, una forma de asustar a los inmigrantes para que se autodeporten. Pero, ¿existe alguna duda real de que maltratar y aterrorizar a las personas, especialmente a las personas de color, es para algunos tipos MAGA un objetivo en sí mismo, algo para lo que siempre quisieron licencia para hacer?

Como escribió Adam Serwer de The Atlantic en un ensayo justamente famoso, La crueldad es el punto. Y ¿qué dice de nosotros como nación si aceptamos esto?

Demasiado enojado para una coda musical hoy" 

(Diariojudío.com, 01/06/26, fuente Paul Krugman) 

POLITICO: AfD y Vox se reúnen con el exjefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y un líder nacionalista blanco en una "cumbre de remigración". Gregory Bovino y Jared Taylor viajaron para apoyar a activistas que en su momento fueron considerados demasiado radicales incluso por los partidos de extrema derecha europeos... «Si el modelo y el método de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. sirven de inspiración, entonces fantástico», añadió el exjefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, destituido de su cargo después de que agentes bajo su mando asesinaran a una enfermera de 37 años en Minneapolis... Los diputados de Vox, Rocío de Meer y Carlos Quero, figuraron en la lista de oradores de la cumbre... ¡Quién verá a los ancianos españoles luchando contra la 'migra' de PP/Vox, para que no les secuestren a sus cuidadoras, en los paseos de media mañana!

"Activistas de extrema derecha europeos que abogan por la deportación masiva de inmigrantes y sus descendientes están recibiendo un impulso gracias a que la administración Trump ha adoptado su lema clave: la remigración.

Unos 500 activistas e influyentes se reunieron el sábado al sur de Oporto para debatir sobre este concepto, antes marginal y solo mencionado en susurros en círculos de extrema derecha. El exjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, y el nacionalista blanco estadounidense Jared Taylor fueron invitados VIP en este evento, que contó con estrictas medidas de seguridad y al que también asistieron representantes electos de los partidos Vox (España) y Alternativa para Alemania (AfD).

Otros partidos de extrema derecha europeos importantes, sobre todo la Agrupación Nacional francesa, han evitado el término o rechazado la política por considerarla demasiado extrema, ya que discrimina a los migrantes por su etnia o religión. Sin embargo, el uso del término por parte del presidente estadounidense Donald Trump y la promesa del Departamento de Estado de crear una oficina para la remigración han dado un nuevo impulso a los defensores de esta política en Europa.

“Cuando el presidente de una gran potencia reconoce la palabra… ya no se puede decir que sea marginal”, declaró Jean-Yves Le Gallou, ex eurodiputado de la ultraderecha francesa bajo el mandato de Jean-Marie Le Pen, en la cumbre del sábado.

La reunión tuvo lugar en la ciudad costera de Figueira da Foz, a 135 kilómetros al sur de Oporto, y contó con la presencia de activistas de toda Europa, Estados Unidos y Canadá.

“Me complace mucho venir y aportar mi experiencia a los europeos” para abordar el problema de los “inmigrantes ilegales que destruyen la cultura europea”, afirmó Bovino en una rueda de prensa improvisada a la entrada.

En una entrevista concedida a un sitio web de ultraderecha antes de la cumbre, Bovino —quien no llevaba su polémico abrigo— citó al general Erwin Rommel, líder de la Alemania nazi, como una figura inspiradora y ofreció su ayuda para acabar con lo que describió como un “horror creciente”, haciéndose eco de los términos racistas utilizados por los extremistas de ultraderecha para referirse a los inmigrantes.

«Si el modelo y el método de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. sirven de inspiración, entonces fantástico», añadió el exjefe de la Patrulla Fronteriza, destituido de su cargo después de que agentes bajo su mando asesinaran a una enfermera de 37 años en Minneapolis.

El momento de Sellner

La cumbre de Oporto fue coorganizada por el activista austriaco de extrema derecha Martin Sellner, quien saltó a la fama en 2024 tras celebrar una reunión secreta en Potsdam, Alemania, donde debatió el concepto de remigración con políticos de la AfD. La noticia de la reunión de Potsdam provocó protestas masivas en Alemania en aquel momento, y muchos señalaron paralelismos con los primeros planes para la deportación masiva de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Dos años después, un Sellner seguro de sí mismo se puso a disposición de los periodistas para entrevistas en la cumbre sobre remigración, profundizando en conceptos que, según él, ahora se están popularizando.

“Tenemos una relación muy neurótica con nuestra propia etnia, con nuestra propia identidad etnocultural, y creo que debemos superarla”, declaró Sellner a los periodistas en la cumbre, haciendo un llamamiento a los europeos para que superen su “complejo de culpa” y su “autodesprecio” derivados del “consenso de posguerra”.

Al menos tres políticos de AfD asistieron al evento, entre ellos Kay Gottschalk, miembro del Bundestag y uno de los cofundadores del partido. Gottschalk afirmó que estaba allí “para escuchar” como “un visitante”. Lena Kotré, miembro de AfD y representante en la legislatura estatal de Brandeburgo, intervino en el escenario. Sven Tritschler, miembro del Parlamento de Renania del Norte-Westfalia, también estuvo presente.

Los diputados de Vox, Rocío de Meer y Carlos Quero, figuraron en la lista de oradores de la cumbre. El activista Sammy Woodhouse, simpatizante del partido de derecha británico Restore Britain, también estuvo entre los ponentes.

Surgieron tensiones cuando a los reporteros acreditados para cubrir el evento no se les permitió el acceso y se les confinó al estacionamiento. En un momento dado, un dron sobrevoló al grupo de prensa realizando repetidos movimientos agresivos hacia una periodista.

Haciendo cola para hacerse selfies

Por el contrario, varios influencers de derecha equipados con tecnología de punta fueron recibidos con los brazos abiertos, y los canales de redes sociales de la cumbre registraron un interés "enorme", en parte gracias a la presencia de Bovino.

Entre los oradores se encontraban Dries Van Langenhove, exdiputado belga con dos condenas por incitación al odio, y la activista neerlandesa de extrema derecha Eva Vlaardingerbroek, promotora de la llamada teoría de la gran sustitución, según la cual las élites políticas y de la sociedad en general conspiran para traer un gran número de inmigrantes no blancos y reemplazar a la población blanca. Esta teoría se mencionó en el material promocional del evento.

Los asistentes también hicieron fila para tomarse selfies con Taylor, la nacionalista blanca estadounidense que es una destacada promotora de la ideología racista. 

“Estados Unidos «Influye más en Europa que al revés», dijo Taylor a la salida del evento. «Pero entre los disidentes e identitarios, al menos, hay mucho interés en Europa».

Los organizadores y ponentes con los que POLITICO habló en el evento negaron las acusaciones de racismo que pesan sobre el movimiento.

«No me considero una persona que odie», dijo el activista canadiense Daniel Tyrie, quien participó en uno de los paneles. «No ando por ahí escupiendo a la gente de color solo porque está en mi país».

«Simplemente creo que no pertenecen aquí»." 

(Marion Solletty  , POLITICO, 31/05/26, traducción google)  

Un juez de Nashville, Tennessee, Waverly Crenshaw, hizo ayer historia al desestimar por vez primera una demanda del Fiscal General del Estado de Trump contra un inmigrante por considerarla “basada exclusivamente en deseos de venganza”... lo que el juez Crenshaw vino a decirle ayer a Todd Blanche, ministro de justicia y Fiscal General del Estado de Trump (aquí en Estados Unidos ambos cargos se unifican) es que no se puede “elegir primero a la persona que quieres meter en la cárcel y colgarle después un delito para conseguirlo”... La actuación despiadada de ICE contra los sin papeles (y, de paso, contra ciudadanos/as como Alex Pretti o Renée Good que tuvieron el valor de recordar a los agentes el derecho a la defensa que tenemos todas las personas, con papeles y sin ellos) solo encuentra su razón de ser en el principio supremacista blanco de negarles el pan y la sal a quienes no tengan la piel clara (Guilermo Fesser)

GUILLERMO FESSER @guillermofesser

Un juez de Nashville, Tennessee, Waverly Crenshaw, hizo ayer historia al desestimar por vez primera una demanda del Fiscal General del Estado de Trump contra un inmigrante por considerarla “basada exclusivamente en deseos de venganza”. 

Desde el arranque de la administración Trump 2.0, la criminalización (acusarles de crímenes no cometidos) y posterior persecución de los inmigrantes sin papeles (especialmente hispanos) en Estados Unidos no ha estado nunca basada en un deseo (comprensible) de regular la política de inmigración, ni tampoco ha tenido por objetivo el combate (necesario) contra la delincuencia. 

La actuación despiadada de ICE contra los sin papeles (y, de paso, contra ciudadanos/as como Alex Pretti o Renée Good que tuvieron el valor de recordar a los agentes el derecho a la defensa que tenemos todas las personas, con papeles y sin ellos) solo encuentra su razón de ser en el principio supremacista blanco de negarles el pan y la sal a quienes no tengan la piel clara. 

No nos engañemos, lo que el juez Crenshaw vino a decirle ayer a Todd Blanche, ministro de justicia y Fiscal General del Estado de Trump (aquí en Estados Unidos ambos cargos se unifican) es que no se puede “elegir primero a la persona que quieres meter en la cárcel y colgarle después un delito para conseguirlo”. 

Ayer quedó en libertad sin cargos Kilmar Armando Abrego García, un inmigrante salvadoreño residente en Maryland, que se encontraba regularizando los papeles de su residencia y tenía una orden judicial que prohibía a los agentes de inmigración deportarle a El Salvador porque su vida allí (amenazada por pandilleros) corría grave peligro. ICE detuvo a Abrego y lo envió sin derecho a la defensa al CECOT, campo de concentración que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había creado en la selva de su país para deshacerse de delincuentes y disidentes y en el que se ofreció a internar a los sin papeles enviados por EEUU a cambio de 6 millones de dólares. 

Cuando este hecho fue denunciado ante la justicia y llegó a hacerse muy popular debido a que el senador Demócrata de Maryland Chris Van Hollen viajó a El Salvador a entrevistarse con Abrego para “reclamar el derecho universal de toda persona a la defensa”, la administración Trump redobló su apuesta, presentando a Kilmar como el criminal más peligroso del planeta. 

El vicepresidente JD Vance no dudó en afirmar (falsamente y sin aportar pruebas) que Abrego Garcia era un miembro del gang MS-13 (un grupo pandillero muy violento que opera en El Salvador) que había sido condenado por ello y que no tenía, por tanto, derecho a permanecer en suelo de Estados Unidos. Desde los altavoces de la extrema derecha se le colgaron a Kilmar Abrego García los sanbenitos de “violador”, “maltratador de mujeres” e, incluso, “terrorista” y se acusó a Van Hollen y al partido Demócrata de defender a anti patriotas y de estar a favor de la destrucción de Estados Unidos. 

Por su parte Donald Trump, que empezaba ya a aficionarse a colgar como ciertas en redes imágenes generadas con inteligencia artificial, se basó en el montaje falso de una serie de tatuajes en los dedos de la mano de Abrego para dar por probada de forma incuestionable su pertenencia al MS-13. 

Tras ser rescatado y repatriado (de mala gana) del campo de concentración salvadoreño, el ministerio de justicia ha intentado deportarlo a Uganda y a Liberia sin éxito. Intentos que ayer dio por concluidos el juez Crenshaw al declararle libre de todos los cargos que maliciosamente le endilgó este gobierno para encubrir y promocionar su política racista. 

Hoy Abrego vuelve a la casilla de salida: la de intentar conseguir la residencia (por la vía normal de la administración y los juzgados) en un país cuyo Presidente no quiere ningún nuevo residente que no sea blanco. 

La historia juzgará algún día a todos los congresistas cobardes que, por temor al tirano, no se atreven a coger al toro por los cuernos y actualizar una ley de inmigración que lleva obsoleta 50 años.

Última edición9:11 a. m. · 23 may. 2026 ·7.164 Visualizaciones

En todo Estados Unidos, se está librando una intensa lucha contra la colaboración con el ICE, el brazo "policial" de Trump... el Ayuntamiento de Filadelfia aprobó un paquete de siete proyectos de ley conocidos colectivamente como la legislación "ICE Out", que prohibe los acuerdos formales de colaboración con ICE, prohíbe a la policía de la ciudad y a otros agentes colaborar con ICE basándose en órdenes administrativas, prohíbe a las agencias locales recopilar y compartir información sobre el estado migratorio de las personas con ICE, y prohíbe al personal de ICE y las operaciones de aplicación de la ley en propiedades de propiedad de la ciudad en ausencia de una orden judicial. También prohibe al ICE usar máscaras o vehículos sin identificación y obligándolos a llevar sus insignias a la vista... el municipio de Upper Darby en Pensilvania aprobó una resolución que prohíbe a la policía local colaborar con ICE sin una orden judicial válida... el municipio de Montgomery en Maryland promulgó la Ley de Valores del Condado, que (entre otras cosas) restringe el acceso del ICE a las instalaciones del condado no públicas sin una orden judicial, y exige señalización que advierta a la comunidad sobre ciertas áreas públicas que se han utilizado o pueden utilizarse para operaciones de aplicación de la ley de inmigración. Además, aprobó una legislación que prohíbe las instalaciones privadas de detención del ICE en el condado... En Ashland, Virginia, los manifestantes desafiaron el frío para persuadir con éxito a una empresa canadiense de que abandonara sus planes de vender un almacén al gobierno federal para su uso como centro de detención del ICE... En un momento en que el gobierno nacional está controlado por una combinación de aduladores de Trump y políticos débiles que no se atreven a arriesgar sus carreras políticas, la organización local es el motor clave del éxito en la lucha contra las prácticas asesinas, ilegales y racistas del ICE (Ed Chappell)

"En todo Estados Unidos, se está librando una intensa lucha contra la colaboración con Inmigración y Control de Aduanas, el brazo "policial" rebelde de la administración Trump. Esta lucha se libra principalmente a nivel local por personas y organizaciones que trabajan vigorosamente para mover las palancas del poder.

Muchos políticos y candidatos nacionales prominentes también están recaudando fondos y haciendo campaña, pero son los activistas locales, los sindicatos y los grupos comunitarios quienes están haciendo el trabajo pesado en lo que respecta a organizar y movilizar la resistencia pública contra la complicidad con la ilegalidad y el racismo de ICE. Y han obtenido victorias significativas.

La policía local y otras agencias cooperan con ICE de muchas maneras. Según un estatuto federal comúnmente conocido como "287(g)", los estados y municipios pueden celebrar acuerdos formales de colaboración que permiten a los agentes de policía actuar como agentes de ICE, deteniendo, reteniendo y procesando a las personas objetivo de la agencia basándose únicamente en las declaraciones administrativas no supervisadas de ICE.

Otra forma clave de colaboración es honrar las "órdenes administrativas". ICE tiene la facultad, según la ley federal, de emitir estas órdenes de arresto —que son redactadas por la propia agencia, no se basan en causa probable y no son revisadas por un tribunal u otro árbitro independiente— y luego arrestar y detener a personas basándose en ellas con poca rendición de cuentas.

Muchas fuerzas policiales honran estas "órdenes" transfiriendo a los reclusos bajo su custodia directamente a ICE, notificando a ICE que las personas sujetas a órdenes administrativas han sido detenidas, reteniendo a los reclusos más tiempo de lo que lo harían de otra manera para facilitar que ICE los tome bajo custodia, o incluso arrestando a personas en la comunidad basándose en estos documentos.

Además, algunos municipios y empresas privadas ayudan al ICE permitiendo que el gobierno federal compre propiedades para usarlas como campos de detención del ICE. Lo más común es que el Departamento de Seguridad Nacional compre grandes almacenes que puedan ser reutilizados para encarcelar a miles de personas, en gran medida sin acceso a asesoramiento legal y sin supervisión judicial u otra supervisión independiente.

La legislación y otros esfuerzos de los gobiernos locales y el público combaten estas prácticas y muchas otras. Por ejemplo, el 23 de abril, el Ayuntamiento de Filadelfia aprobó un paquete de siete proyectos de ley conocidos colectivamente como la legislación "ICE Out" por una supermayoría que no puede ser vetada. Las medidas ahora irán al escritorio del alcalde.

La legislación ICE Out de Filadelfia codifica la política de larga data de la ciudad al prohibir los acuerdos formales de colaboración 287(g) con ICE, prohíbe a la policía de la ciudad y a otros agentes colaborar con ICE basándose en órdenes administrativas, prohíbe a las agencias locales recopilar y compartir información sobre el estado migratorio de las personas con ICE, y prohíbe al personal de ICE y las operaciones de aplicación de la ley en propiedades de propiedad de la ciudad en ausencia de una orden judicial. También intenta frenar algunos de los comportamientos sin ley de ICE prohibiendo a los agentes usar máscaras o vehículos sin identificación y obligándolos a llevar sus insignias abiertamente.

Las leyes fueron precedidas por meses de activismo y organización de base. Grupos locales como ICE Out of Philly, sindicatos, organizaciones de inmigrantes y miembros de la comunidad abarrotaron las audiencias públicas, abogaron incansablemente por estas medidas y ayudaron a los redactores a elaborar los proyectos de ley.

La victoria en Filadelfia es solo la última de una serie de triunfos de organizaciones locales, miembros de la comunidad y legisladores. Por ejemplo, el pasado febrero, la presión pública de los miembros de la comunidad, incluida una huelga de cientos de estudiantes, impulsó al Consejo del municipio de Upper Darby en Pensilvania a aprobar una resolución que prohíbe a la policía local colaborar con ICE sin una orden judicial válida.

 Y este marzo, el Consejo del Condado de Montgomery en Maryland promulgó la Ley de Valores del Condado, que (entre otras cosas) restringe el acceso del ICE a las instalaciones del condado no públicas sin una orden judicial y exige señalización que advierta a la comunidad sobre ciertas áreas públicas que se han utilizado o pueden utilizarse para operaciones de aplicación de la ley de inmigración. Por separado, el condado de Montgomery aprobó una legislación que prohíbe las instalaciones privadas de detención del ICE en el condado. Una coalición de sindicatos, grupos de derechos de inmigrantes, organizaciones religiosas y activistas comprometidos respaldó estas medidas desde el principio y abogó por ellas durante todas las deliberaciones.

Estos esfuerzos no se limitan a los estados "azules". Por ejemplo, después de que la policía local conspiró con ICE para facilitar la incautación y detención de una madre y su hijo pequeño en Austin, Texas, las protestas y la reacción de la comunidad presionaron al Departamento de Policía de Austin para que revisara su política de cooperación con ICE y hacer que la asistencia a ICE fuera opcional.

Esto desencadenó una confrontación con el gobernador y el fiscal general de extrema derecha del estado, quienes han amenazado con retener fondos de la ciudad. En las negociaciones posteriores con el gobierno estatal, los funcionarios de Austin retrocedieron parcialmente en los cambios, pero la política aún deja margen para que la policía local evite compartir información con ICE. Activistas y grupos locales están manteniendo la presión sobre el liderazgo político de la ciudad para que se mantenga firme frente a esta coerción estatal.

En otros lugares, tanto en regiones "rojas" como "azules", organizaciones locales han empleado tácticas creativas para frustrar las iniciativas del ICE en sus comunidades. En Ashland, Virginia, los manifestantes desafiaron el frío para persuadir con éxito a una empresa canadiense de que abandonara sus planes de vender un almacén al gobierno federal para su uso como centro de detención del ICE. En Oklahoma City, organizadores y residentes locales obligaron al alcalde republicano de la ciudad y a los dueños de negocios a abandonar los planes de vender un edificio al DHS que se habría utilizado como centro de detención. En Durant, Oklahoma, después de la protesta pública contra los planes de construir un nuevo campo de prisioneros del ICE, la Nación Choctaw intervino y compró la propiedad al gobierno federal, frustrando los planes de la administración de albergar allí hasta 8,500 detenidos.

La lucha continúa en otros lugares. Como solo un ejemplo, muchos individuos y organizaciones locales en Alexandria, Virginia, están instando al Ayuntamiento de Alexandria a recortar el presupuesto del alguacil Sean Casey como una forma de castigarlo por colaborar voluntariamente con ICE. Casey y su oficina continúan trabajando con ICE notificando a la agencia cada vez que una persona bajo su custodia está sujeta a una orden administrativa no judicial, deteniendo a las personas para permitir que ICE las incaute e incluso transfiriendo activamente a individuos a ICE a pesar de su patrón de comportamiento ilegal y discriminación racial.

A pesar de meses de protestas y una resolución del Ayuntamiento que condena estas prácticas, Casey continúa afirmando que solo está cumpliendo la ley, aunque ni la ley federal ni la de Virginia le obligan a participar en tal conducta. El Ayuntamiento tiene opciones limitadas porque su supervisión del sheriff está restringida por la ley local a financiar parcialmente el departamento, pero el Ayuntamiento ha propuesto un modesto recorte presupuestario de 200.000 dólares en respuesta a las demandas del público de medidas coercitivas contra Casey.

Estos son solo algunos de muchos ejemplos de comunidades que logran grandes cambios a nivel local en la lucha contra la conducta vigilante de ICE. Muestran que si bien los valientes esfuerzos de los residentes, trabajadores y organizaciones de Minneapolis para solidarizarse con sus vecinos inmigrantes son celebrados con razón, la lucha ciertamente no terminó ahí. Desde el inicio de la segunda administración Trump, grupos cívicos, de inmigrantes, laborales y religiosos locales han dado un paso adelante por sus vecinos y comunidades en todo el país.

En un momento en que el gobierno nacional está controlado por una combinación de aduladores de Trump y políticos débiles que no se atreven a arriesgar sus carreras políticas tomando medidas concretas, la organización local es el motor clave del éxito en la lucha contra las prácticas asesinas, ilegales y racistas del ICE. Y las victorias logradas por personas y grupos comunes en sus comunidades son un poderoso recordatorio de que nuestras voces aún importan. A menudo, esa voz se escucha con más fuerza en la política local.

 Lo más importante a largo plazo es que la organización local es el primer paso para construir un movimiento obrero de masas lo suficientemente fuerte como para recuperar el poder de los multimillonarios y los intereses empresariales que hicieron posible el fascismo MAGA en primer lugar. Esfuerzos como los discutidos aquí son importantes, pero no son suficientes si se centran en problemas puntuales. Necesitamos una poderosa coalición de personas y organizaciones que defiendan a todos los trabajadores tanto en cuestiones individuales como en la lucha más amplia por el poder político en los Estados Unidos y el mundo." 

(Ed Chappell, People's World, 27/04/26, traducción Quillbot, enlaces en el original) 

Acusado de complicidad en crímenes contra la humanidad mientras fue jefe de la agencia de fornteras de la Unión Europea, FRONTEX, el eurodiputado del RN de Le Pen, Fabrice Leggeri, por haber "optado por una política destinada a impedir la entrada de migrantes en la UE a cualquier costo, incluida, en particular, la pérdida de vidas humanas" durante su mandato

  "Los líderes de la extrema derecha francesa salieron en defensa del eurodiputado del Reagrupamiento Nacional, Fabrice Leggeri, ante las acusaciones de que fue cómplice de crímenes contra la humanidad mientras era jefe de la agencia de fronteras de la UE, Frontex.

El líder del partido, Jordan Bardella, dijo en X que Leggeri era víctima de "acoso por parte de organizaciones judiciales de extrema izquierda", después de que la agencia de noticias AFP informara que el Tribunal de Apelación de París podría abrir una investigación tras una denuncia presentada por grupos de derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos Ligue des Droits de l’Homme y Utopia 56 anunciaron en 2024 que emprenderían acciones legales contra Leggeri por haber "optado por una política destinada a impedir la entrada de migrantes en la UE a cualquier costo, incluida, en particular, la pérdida de vidas humanas" durante su mandato al frente de Frontex de 2015 a 2022.

Marine Le Pen, del Reagrupamiento Nacional, también publicó en X, acusando a las organizaciones de buscar "criminalizar cualquier control sobre las políticas migratorias, a pesar de que esto es lo que el pueblo de Europa está pidiendo".

Leggeri, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de POLITICO, fue elegido al Parlamento Europeo con el Reagrupamiento Nacional en 2024 y ahora forma parte del grupo de extrema derecha Patriotas.

Renunció a su cargo en Frontex en 2022 después de que una investigación de la agencia antifraude de la UE, OLAF, descubriera irregularidades en la agencia, incluyendo devoluciones ilegales de migrantes a lo largo de las costas de la UE en el mar Egeo, en la frontera de Grecia con Turquía." 

(Victor Goury-Laffont , POLITICO, 24/03/26, traducción Quillbot, enlaces en el original)  

Un grupo de diputados de Texas alerta sobre las torturas, asesinatos y tratos inhumanos a los emigrantes detenidos en el centro de internamiento de Fort Bliss... señalaron que tres detenidos han muerto en el centro en tan solo dos meses... “Los abusos de los derechos humanos, el incumplimiento de los requisitos del proceso debido, la violación reiterada de las regulaciones federales, la clara falta de respeto a la Constitución de Estados Unidos y el asesinato son inadmisibles en cualquier rincón del territorio estadounidense, pero estos crímenes contra personas reales están ocurriendo en Texas y requieren que los orgullosos tejanos nos pongamos de pie en defensa de nuestra Constitución y usemos nuestro poder para poner fin a este abuso generalizado”, dicen los diputados (mpr21)

 "Un grupo de diputados de Texas alerta sobre las torturas, asesinatos y tratos inhumanos a los emigrantes detenidos en el centro de internamiento de Fort Bliss, el más grande del país, ubicado en una base militar en El Paso.

Al menos tres reclusos han muerto en el centro en tan solo dos meses, incluyendo uno que, según testigos, fue estrangulado por los carceleros.

“Hemos recibido numerosos informes creíbles de torturas, asesinatos y tratos inhumanos a personas detenidas en el centro de detención de migrantes Camp East Montana, ubicado en Fort Bliss”, declaró la diputada Ana María Rodríguez Ramos, quien se unió a otros 35 miembros de la Cámara de Representantes de Texas para exigir una investigación del centro.

Camp East Montana se construyó en agosto dentro de los esfuerzos del gobierno de Trump para intensificar la deportación masiva de inmigrantes por parte del ICE, la policía de emigración. La selección de Fort Bliss tiene un precedente histórico, ya que anteriormente se utilizó como lugar de internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Mediante la firma de un contrato secreto, el Pentágono otorgó en julio aproximadamente 1.200 millones de dólares a un contratista privado para construir un extenso campamento de tiendas de campaña que albergaría a unas 5.000 personas detenidas por la policía de emigración.

“Casi inmediatamente después de su apertura, los detenidos, sus familias y las organizaciones de vigilancia legal comenzaron a llamar la atención sobre las condiciones que se consideraban inadecuadas para los detenidos, incluso según los estándares internos establecidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, escribieron los diputados en una carta a Cole Hefner, que preside el Comité de Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes.

Durante los primeros 50 días de funcionamiento del campamento, las inspecciones del ICE revelaron que había violado más de 60 estándares de detención. El informe, elaborado en septiembre, no se hizo público, pero fue difundido por el Washington Post, que habló con decenas de detenidos.

“En la página web del ICE titulada ‘Gestión de la Detención’, se afirma que la detención no es punitiva”, escribieron los diputados. “Sin embargo, según un informe del Washington Post basado en declaraciones juradas de decenas de detenidos, el centro, durante meses, estuvo funcionando como una prisión en un país sin estándares de supervisión, salud ni seguridad para los reclusos”.

“Hubo quejas de que los inodoros y lavabos no funcionaron durante las primeras semanas tras la apertura del centro en agosto pasado. Se registraron quejas de que, durante las primeras semanas, el centro no alimentó adecuadamente a los detenidos. También se quejaron de otra violación de los estándares del ICE: la falta de acceso a teléfonos para que los detenidos se comunicaran con sus familiares y abogados”, asegura el informe.

A principios de esta semana, la congresista estadounidense Verónica Escobar, que visitó el centro sin previo aviso, reveló que se habían identificado al menos dos casos de tuberculosis y 18 casos de covid. “Mientras la empresa privada continúa embolsándose nuestros impuestos, es evidente que las condiciones empeoran”, declaró.

Los diputados estatales también citaron una carta enviada en diciembre por varios grupos de derechos humanos, que abordaba “casos de intentos ilegales y extrajudiciales de deportar detenidos a México”.

Un recluso, un inmigrante cubano identificado como “Benjamín”, dijo que fue amenazado por carceleros que intentaron obligarlo a firmar una carta en la que aceptaba ser deportado a México.

“Los guardias le dijeron que si no lo hacía, lo esposarían, le pondrían una bolsa en la cabeza y lo enviarían a México. Benjamín se negó a firmar el documento, alegando que tenía miedo de ir a México porque había oído que allí los emigrantes suelen ser secuestrados o asesinados”, decía la carta.

También enumeraba varios ejemplos de reclusos sometidos a agresiones físicas y sexuales a manos de los carceleros. “Las personas internadas en Fort Bliss denuncian que los carceleros les han aplastado los testículos con los dedos, los han tirado al suelo, los han pisoteado y les han dado puñetazos en la cara, y los han golpeado incluso después de estar esposados ​​e inmovilizados”, decía.

Los legisladores también señalaron que tres detenidos han muerto en el centro en tan solo dos meses. El 3 de diciembre se informó que el recluso guatemalteco Francisco Gaspar Andrés, de 48 años, falleció por causas naturales, concretamente por insuficiencia hepática y renal, según un comunicado de prensa de la policía de emigración.

Desde entonces, otros dos reclusos han fallecido. El 14 de enero, Víctor Manuel Díaz, de 36 años, fue hallado muerto en un aparente suicidio, aunque la causa de la muerte sigue bajo investigación.

Anteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional informó que la muerte de otro recluso, Geraldo Lunas Campos, de 55 años y originario de Cuba, el 3 de enero. También fue un suicidio.

Sin embargo, testigos han declarado haber visto a carceleros asfixiando a Lunas Campos, a quien se le escuchó decir: “No puedo respirar”. Su muerte se ha declarado homicidio después de que una autopsia revelara que la causa de la muerte fue “asfixia por compresión del cuello y el torso”.

La carta señala que, si bien Lunas Campos fue “condenado por crímenes atroces”, incluyendo contacto sexual con una niña de 11 años, “no fue condenado a muerte por un juez ni un jurado; fue asesinado por alguien responsable de su cuidado, por razones o circunstancias desconocidas”.

“Como diputados texanos, es nuestra responsabilidad garantizar que podamos confiar en que las cárceles, prisiones y centros de detención en Texas operan conforme a nuestros altos estándares y expectativas”, declararon. “Debemos aprender más, investigar y dar respuestas a los millones de estadounidenses que exigen la verdad. También debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder en ningún centro de detención federal”.

La solicitud de una investigación surge en un momento en que el DHS (Ministerio de Interior) planea convertir rápidamente al menos unas dos docenas de almacenes en nuevos centros de internamiento masivos en todo el país. Al menos tres de estos centros están previstos en Texas. Se espera que uno de ellos, previsto para la ciudad de Hutchins, a las afueras de Dallas, albergue a unos 9.500 reclusos.

“Los abusos de los derechos humanos, el incumplimiento de los requisitos del proceso debido, la violación reiterada de las regulaciones federales, la clara falta de respeto a la Constitución de Estados Unidos y el asesinato son inadmisibles en cualquier rincón del territorio estadounidense, pero estos crímenes contra personas reales están ocurriendo en Texas y requieren que los orgullosos tejanos nos pongamos de pie en defensa de nuestra Constitución y usemos nuestro poder para poner fin a este abuso generalizado”, dicen los diputados."                  (mpr21, 23/02/26)

La alternativa española: valor y significado de la regularización extraordinaria... En primer lugar, la reforma genera un impacto positivo para las personas beneficiarias, es decir, aquellas que viven y trabajan en el país desde hace tiempo... Abren el acceso al empleo formal, mejoran las condiciones laborales, refuerzan la protección frente a la explotación, aumentan la estabilidad económica y los ingresos... los beneficios se extienden a las familias e incluso a generaciones posteriores, influyendo positivamente en las trayectorias educativas y en las oportunidades de los hijos... las regularizaciones contribuyen a construir una sociedad más próspera, justa y segura... se trata de transformar trabajadores reales, pero invisibles, en contribuyentes visibles para la administración... Regularizar significa también fortalecer sectores clave —desde la agricultura hasta los servicios de cuidados... regularizar implica también tener una sociedad más segura, pues la reducción de la economía informal se asocia a una bajada de la criminalidad... La expulsión de personas en situación irregular a menudo viola el principio de legalidad y los derechos constitucionalmente garantizados, debido a cuestiones técnicas y operativas que impiden su aplicación... En este contexto, las políticas orientadas a la transición hacia un estatus regular representan la única alternativa factible y funcional... la regularización española demuestra que es posible pensar la migración en otros términos, desde la igualdad y la inclusión, y no desde el miedo y el rechazo... y establece un dique sólido —aunque incompleto y temporal— frente a posibles derivas de exclusión y persecución dentro de la sociedad española (Francesco Pasetti)

 "El pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros español inició la tramitación de una regularización extraordinaria. La medida prevé la concesión de un permiso de residencia y de trabajo (de un año, posteriormente renovable) dirigido a dos grupos: las personas en situación irregular que residen en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025, por un mínimo de cinco meses; y los solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud antes de esa fecha, ofreciéndoles una alternativa más rápida y eficaz respecto al procedimiento de protección internacional. El decreto prevé asimismo la regularización simultánea de los hijos menores, a quienes se reconoce un permiso de residencia de cinco años. Los pocos requisitos exigidos (entre ellos, la ausencia de antecedentes penales) y los plazos breves (admisión en 15 días, resolución en tres meses) permiten prever una medida de gran impacto y a gran escala a corto plazo. Según las estimaciones gubernamentales, la medida debería beneficiar a 500.000 personas.

La reforma ha generado un intenso debate público y político. Como ocurre (cada vez más) cuando se habla de inmigración, una parte relevante de la discusión gira en torno a cuestiones engañosas o especulaciones ideológicas, como el posible efecto llamada o la posible distorsión del electorado. No entraré en tales cuestiones, porque la evidencia empírica al respecto es clara: las regularizaciones no generan efecto llamada, y los migrantes regularizados no podrán votar. Tampoco abordaré por ahora las críticas que sí son reales y pertinentes, como el peso y la funcionalidad de la reforma dentro de la gobernanza migratoria española, o su viabilidad operativa en términos de plazos, modalidades y recursos, pues considero que todavía es pronto para profundizar en ellas. Me centraré más bien en las implicaciones positivas que —es razonable imaginar— tendrá esta regularización, pues son numerosas y merecedoras de atención para comprender en su totalidad el valor y el significado de la medida.

En primer lugar, la reforma genera un impacto positivo para las personas beneficiarias, es decir, aquellas que viven y trabajan en el país desde hace tiempo, pero sin un estatus legal que garantice sus derechos y obligaciones. Para estas personas, la regularización representa una garantía (mínima) de igualdad formal y, por tanto, la condición necesaria —aunque no suficiente— para un proceso de integración real y una vida digna. Como ilustra una de las últimas publicaciones de PICUM, la investigación sobre las regularizaciones es clara al respecto: los papeles, para quienes no los tenían, lo cambian todo. Abren el acceso al empleo formal, mejoran las condiciones laborales, refuerzan la protección frente a la explotación, aumentan la estabilidad económica y los ingresos, e inciden en aspectos esenciales de la vida cotidiana, desde la vivienda hasta la salud física y mental, devolviendo seguridad y perspectivas de futuro. Los estudios muestran asimismo que los beneficios se extienden a las familias e incluso a generaciones posteriores, influyendo positivamente en las trayectorias educativas y en las oportunidades de los hijos de quienes se han beneficiado de ellas.

El segundo aspecto positivo concierne a las ventajas para el país que regulariza. La investigación evidencia que las regularizaciones contribuyen a construir una sociedad más próspera, justa y segura. Desde el punto de vista económico, las ventajas son notables. En primer lugar, en el plano fiscal: se trata de transformar trabajadores reales, pero invisibles, en contribuyentes visibles para la administración. Los estudios sobre el caso español indican que la regularización de 2005 generó un incremento medio superior a 4.000 euros anuales por trabajador en ingresos fiscales y contributivos. Regularizar significa también fortalecer sectores clave —desde la agricultura hasta los servicios de cuidados— donde la mano de obra migrante es esencial, pero con frecuencia informal. Regularizar implica además una sociedad más equitativa: la regularización mejora las condiciones laborales, reduce la competencia a la baja en los salarios y hace que el mercado laboral en su conjunto sea más transparente y menos vulnerable. Finalmente, regularizar implica también tener una sociedad más segura, en el sentido más amplio del término, pues la reducción de la economía informal se asocia a una bajada de la criminalidad, así como a un mejor acceso a los servicios sanitarios, aspecto que se reveló crucial durante la pandemia de la covid‑19.

La tercera implicación positiva atañe a la relevancia pragmática de la reforma. Un reciente estudio comparativo de Carrera, Pőcze y Jubany sobre las respuestas políticas a la irregularidad en los Estados miembros de la UE muestra las ventajas de este tipo de políticas, en comparación a otras como los retornos forzosos. La expulsión de personas en situación irregular a menudo no es ni posible, ni practicable, sin violar el principio de legalidad y los derechos constitucionalmente garantizados, y/o debido a cuestiones técnicas y operativas que impiden su aplicación. El resultado es la creación de largos estados de limbo administrativo y, en la práctica, la imposibilidad de que una parte de la población acceda a derechos fundamentales y servicios esenciales, situándola en condiciones de precariedad y exclusión. En este contexto, las políticas orientadas a la transición hacia un estatus regular constituyen no solo soluciones más justas y humanas, sino también más eficaces en términos económicos y jurídicos, representando la única alternativa factible y funcional.

El cuarto aspecto remite al valor simbólico de la regularización como una alternativa creíble dentro del imaginario político actual. En un contexto europeo (y no solo) sesgado por la exacerbada politización de la cuestión migratoria y la retórica xenófoba del odio, la regularización española demuestra que es posible pensar la migración en otros términos, desde la igualdad y la inclusión, y no desde el miedo y el rechazo. La fuerza de la alternativa española hunde sus raíces en la historia de un país de migraciones y de acogida, y de una sociedad que cree (aún) que la inmigración es ante todo una oportunidad, como demuestra el amplio apoyo recabado por la iniciativa legislativa popular que precedió a la acción gubernamental. Esta iniciativa fue respaldada por un frente transversal de actores políticos y sociales: desde asociaciones de migrantes hasta organizaciones católicas; desde sindicatos hasta asociaciones empresariales; y por la totalidad de los grupos parlamentarios —al menos al inicio— con la excepción de VOX. Una iniciativa que hizo políticamente imaginable aquello que en el contexto actual parecía imposible.

La quinta implicación se refiere al valor programático de esta alternativa en términos de policy-option dentro del modelo dominante de gobernanza de la inmigración. Ante la proliferación de medidas cada vez más obsesionadas con el control migratorio y con las supuestas amenazas derivadas de la diversidad, acompañadas de crecientes inversiones en vigilancia y seguridad, la propuesta española demuestra que existen opciones de política diferentes para afrontar los retos que plantea la inmigración. Respuestas políticas que no buscan la ganancia electoral explotando las frustraciones de una sociedad atemorizada por las desigualdades, sino que procuran satisfacer las necesidades e intereses de la ciudadanía, que encuentran sustento en la evidencia empírica y se inspiran en los valores de igualdad y legalidad. Todavía es pronto para evaluar con precisión el valor y el alcance programático de la alternativa española. No obstante, si la observamos a la luz de la próxima aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo, podemos comenzar a hacernos una idea. Siguiendo a Anna Terrón, esta regularización cierra la puerta a posibles traducciones internas del enfoque securitario del Pacto, estableciendo un dique sólido —aunque incompleto y temporal— frente a posibles derivas de exclusión y persecución dentro de la sociedad española.

Si hasta ayer el desafío consistía en contar con una alternativa real dentro del abanico de opciones políticas en materia migratoria, hoy parece existir una nueva vía. Se trata de una alternativa parcial y limitada, pero —como he intentado argumentar— igualmente valiosa. Mañana, el desafío será dotarla de concreción, proyección y sustancia dentro de un marco de gobernanza más justo y eficaz."

(Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB, 02/2026)

Los europeos indignados con el ICE también deberían oponerse a Frontex... También en Europa, la multimillonaria agencia fronteriza Frontex está asumiendo poderes cada vez más preocupantes... Los agentes de ICE no son policías, pero portan armas. Así lo hacen los agentes de Frontex. Una diferencia clave solía ser que mientras que ICE arresta y deporta directamente a las personas, Frontex solo asistía en las fronteras. Pero, a partir del año pasado, eso ya no es así, ya que Bélgica aprobó una ley que permite a los agentes de Frontex vigilar directamente la inmigración en territorio estatal... Frontex es de facto un ejército permanente, una fuerza de miles de agentes uniformados con un presupuesto de miles de millones de euros, que opera en todo el continente y coordina las operaciones antimigratorias de todos los Estados miembros. Proporcionan helicópteros, drones, aviones y lanchas rápidas para detectar migrantes en el mar y en tierra, y para devolver a estos migrantes a los países de los que huían, a pesar de la ilegalidad de estas actividades, como dictaminó recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus operaciones incluyen colaborar con señores de la guerra libios que encarcelan, violan y extorsionan a personas en movimiento, y disparan contra misiones de rescate... Europa también tiene su propio legado de violencia racializada, que Frontex y otras agencias fronterizas ponen en práctica y despliegan: el control imperialista del mar Mediterráneo, la islamofobia de la era posterior al 11 de septiembre, el uso de perros de caza y la construcción de campos de concentración para extranjeros racializados, ahora bajo el nombre de "centros de detención"... Frontex e ICE son el resultado de una ideología muy contemporánea que utiliza todos los medios tecnológicos para deshumanizar y racializar a las comunidades y trabajadores inmigrantes, una ideología de dividir a la clase trabajadora a la que los liberales no han logrado oponerse y que la extrema derecha ahora intenta llevar a extremos aún mayores... la izquierda europea debería resistir la violencia racista y colonial que las propias fuerzas fronterizas de la UE practican día tras día (Richard Braude)

 "Con sangre en las calles y barricadas en llamas en las Ciudades Gemelas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ocupado las portadas de todo el mundo. Los políticos europeos están cada vez más inquietos por la alianza atlántica, ansiosos por distanciarse de los supuestos excesos de la administración de Donald Trump. Si bien el historial del presidente estadounidense de armar un genocidio en Gaza y presionar a sus antiguos aliados a través de la guerra arancelaria podría tolerarse más o menos, la invasión de Venezuela y los comentarios belicistas contra Groenlandia han puesto en riesgo a la propia OTAN. Los asesinatos a sangre fría a plena luz del día de Renée Good y Alex Pretti han empujado aún más a Washington más allá de los límites para los políticos y líderes del centroizquierda europeo, incluso mientras los asesinatos de Keith Porter, Víctor Manuel Díaz y muchos otros a manos del ICE parecen no haber sido dignos de atención.

Fue en este contexto que el Ministerio del Interior de Italia fue objeto de fuertes críticas la semana pasada cuando se informó que el vicepresidente J. D. Vance estaría acompañado por una banda de matones de ICE cuando visitara Milán para los Juegos Olímpicos de Invierno que se inauguraron este viernes 6 de octubre. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, osciló entre negar que ICE estaría presente y declarar que se limitarían a funciones de seguridad, lo que implicaba que esto aliviaría las preocupaciones sobre su presencia en suelo italiano. Todos los partidos de oposición italianos y el principal sindicato de izquierda criticaron la propuesta presencia de ICE, y el sábado realizaron una manifestación en Milán en solidaridad con los habitantes de Minnesota.

El alcalde de Milán, Giuseppe "Beppe" Sala —cercano al ex primer ministro neoliberal-centrista Matteo Renzi— describió a ICE como "una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando sus propias órdenes de detención". Claramente no son bienvenidos en Milán. Añadió: "Lo que me pregunto es, ¿podríamos decir no a Trump por una sola vez? Los agentes de ICE no deben venir a Italia porque simplemente no están alineados con nuestro método democrático de garantizar la seguridad". Los eurodiputados de izquierda incluso han enviado una carta a la Comisión Europea pidiendo prohibiciones de viaje de la UE para todos los agentes de ICE — y, de hecho, al final, parece que no se han enviado agentes de ICE a Milán.

De manera similar, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, del partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron, ha criticado a Capgemini, una gran consultora de gestión y empresa tecnológica francesa, por firmar un contrato con ICE. Aunque Capgemini negó que ayudarían al ICE a rastrear a personas para acosarlas, agredirlas, deportarlas e incluso matarlas, el Observatoire des multinationales demostró que lo han estado haciendo desde octubre. Una vez más, la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato de izquierda más grande de Francia, ha pedido el fin del contrato, al igual que el Partido Comunista Francés y Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Como resultado, Capgemini se ha visto obligada a vender su filial estadounidense con el contrato.

Es una pena, entonces, que estos políticos y sindicatos parezcan haber olvidado que algo muy similar al ICE existe en sus propios patios traseros, "defendiendo" este espacio y asesinando a las personas que lo cruzan: Frontex. Agentes armados

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas —conocida por el acrónimo de su nombre original en francés, Frontières Extérieures— fue fundada en 2004. ICE se estableció el año anterior, en 2003, también a raíz de la "Guerra contra el Terror". Desde entonces, ambas agencias se han expandido masivamente, tanto geográficamente como en términos de recursos: Frontex es la agencia de la UE que más rápido se expande. Sus enfoques también son extremadamente similares: El ICE ha estado utilizando tecnologías de reconocimiento facial para rastrear los movimientos de las personas durante años, al igual que Frontex. Los agentes de ICE no son policías, pero portan armas. Así lo hacen los agentes de Frontex. Una diferencia clave solía ser que mientras que ICE arresta y deporta directamente a las personas, Frontex solo asistía en las fronteras. Pero, a partir del año pasado, eso ya no es así, ya que Bélgica aprobó una ley que permite a los agentes de Frontex vigilar directamente la inmigración en territorio estatal. Y en 2024, Frontex desplegó a cientos de agentes para vigilar los Juegos Olímpicos en París.

En medio de toda la discusión de los últimos años sobre defensa y el rearme de la UE, poco se ha dicho sobre Frontex, que es de facto un ejército permanente, una fuerza de miles de agentes uniformados con un presupuesto de miles de millones de euros, que opera en todo el continente y coordina las operaciones antimigratorias de todos los Estados miembros. Proporcionan helicópteros, drones, aviones y lanchas rápidas para detectar migrantes en el mar y en tierra, y para devolver a estos migrantes a los países de los que huían, a pesar de la ilegalidad de estas actividades, como dictaminó recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus operaciones incluyen colaborar con señores de la guerra libios que encarcelan, violan y extorsionan a personas en movimiento, y disparan contra misiones de rescate. En 2022, el jefe de Frontex, Fabrice Leggeri, dimitió tras revelaciones de que su agencia encubrió violaciones griegas de los derechos de los solicitantes de asilo, incluyendo el abandono de personas en balsas en el mar. Aunque Leggeri fue expulsado, ha encontrado un lugar como eurodiputado ambicioso en el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, el Rassemblement National. Mientras tanto, los horribles actos de violencia y abuso siguen perpetrándose.

Organizaciones legales como Front-Lex, grupos activistas como Refugees in Libya y Abolish Frontex, y misiones de rescate marítimo como Sea Watch continúan criticando a la UE por la muerte y destrucción que Frontex deja a su paso.

Al igual que en Estados Unidos, por supuesto, también existen agencias locales y fuerzas policiales que hacen cumplir la detención y la deportación en cada estado miembro europeo. La policía en Polonia, Bulgaria, Croacia y Francia ha sido acusada de disparar a personas con munición letal y "no letal" en los últimos años; Italia y Grecia han atacado misiones de rescate marítimo con spyware y las han arrastrado por los tribunales penales.

Solidaridad

Esto no quiere decir que la izquierda europea deba concentrarse únicamente en oponerse al ejército de control fronterizo violento y en espiral en Europa, ignorando lo que sucede al otro lado del Atlántico. Las expresiones de solidaridad con todos en Minneapolis y más allá que luchan contra la violencia racializada de ICE deberían ser claramente bienvenidas.

Pero hay una reacción europea generalizada contra los horrores de ICE y de la administración Trump, que juega el viejo juego de criticar asuntos en el Nuevo Mundo, solo para contrastarlos con la respetabilidad y el orden de la Vieja Europa. Tales debates resuenan a través de los siglos. Tomemos las reacciones británicas a la rebelión en Morant Bay en 1865, cuando la sociedad educada quedó conmocionada y dividida por la brutal represión de cientos de trabajadores jamaicanos negros. Por un lado estaban los conservadores como Charles Dickens, que apoyaban la masacre de los insurrectos por parte del gobernador colonial; por otro lado estaban los liberales, como John Stuart Mill, que estaban "preocupados por la violencia colonial" en las Américas, pero no podían obligarse a exigir el fin de la colonización europea.

Al igual que los críticos de la represión en aquel entonces —que eran los principales ideólogos de un capitalismo y colonialismo liberales "ilustrados"—, los partidarios de Renzi y Macron no tienen ninguna base moral para hablar de "métodos democráticos de seguridad".

Comparar no es restar brutalidad a ICE. Esta es una fuerza policial guiada por un gobierno de extrema derecha e hipercapitalista que recluta activamente de grupos supremacistas blancos y neonazis, basándose conscientemente en un legado de patrullas de esclavos y el Ku Klux Klan. Europa también tiene su propio legado de violencia racializada, que Frontex y otras agencias fronterizas ponen en práctica y despliegan: el control imperialista del mar Mediterráneo, la islamofobia similar a la de las Cruzadas de la era posterior al 11 de septiembre, el uso de perros de caza y la construcción de campos de concentración para extranjeros racializados, ahora bajo el nombre de "centros de detención".

Pero esto no es solo una cuestión de coincidencia y fantasmas de fascismos pasados: Frontex e ICE son el resultado de una ideología muy contemporánea que utiliza todos los medios tecnológicos para deshumanizar y racializar a las comunidades y trabajadores inmigrantes, una ideología de dividir a la clase trabajadora a la que los liberales no han logrado oponerse y que la extrema derecha ahora intenta llevar a extremos aún mayores.

Vance y sus matones no deberían ser bienvenidos en los Juegos Olímpicos de Invierno, y todos deberíamos solidarizarnos con los activistas y comunidades estadounidenses que resisten la violencia de ICE. Pero a la izquierda europea le convendría aplicar esa misma presión para resistir la violencia violenta, racista y colonial que las propias fuerzas fronterizas de la UE practican día tras día." 

(Richard Braude , JACOBIN, 07/02/26, traducción Quillbox, enlaces en el original)  

La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda contra la administración Trump el jueves, acusando a las autoridades federales de inmigración en Minnesota de perfil racial y arrestos ilegales en su campaña de redadas del ICE... "Agentes federales enmascarados en miles están deteniendo y arrestando violentamente a innumerables habitantes de Minnesota basándose en nada más que su raza y etnicidad percibida, sin importar su ciudadanía o estatus migratorio, o sus circunstancias personales"... Tres niños, incluido un bebé de 6 meses, fueron hospitalizados después de que agentes federales lanzaran gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra una camioneta familiar durante los enfrentamientos en Minneapolis... El bebé dejó de respirar brevemente y uno de sus padres le administró RCP antes de ser trasladado al hospital... La muerte de un detenido del ICE podría ser declarada homicidio, según un médico forense... El ICE indicó que Lunas Campos murió tras intentar suicidarse durante un forcejeo con el personal, pero un testigo presencial afirmó que los guardias lo estrangularon mientras repetía: "No puedo respirar"... Agentes de ICE comieron en un restaurante mexicano y luego arrestaron a sus empleados (Drop Site News)

 "(...) La ACLU demanda a la administración Trump por las redadas de ICE en Minnesota: La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda contra la administración Trump el jueves, acusando a las autoridades federales de inmigración en Minnesota de perfil racial y arrestos ilegales en su campaña de redadas del ICE. La demanda, presentada en nombre de tres ciudadanos estadounidenses, nombra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su secretaria, Kristi Noem, como demandados, junto con varios otros oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza. "Agentes federales enmascarados en miles están deteniendo y arrestando violentamente a innumerables habitantes de Minnesota basándose en nada más que su raza y etnicidad percibida, sin importar su ciudadanía o estatus migratorio, o sus circunstancias personales." En el centro de la campaña del DHS están las personas somalíes y latinas, que están siendo objeto de paradas y arrestos basados en perfiles raciales motivados por prejuicios,” decía la demanda.

 El gas lacrimógeno y las granadas aturdidoras del ICE envían a niños de Minneapolis al hospital: Tres niños, incluido un bebé de 6 meses, fueron hospitalizados después de que agentes federales lanzaran gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra una camioneta familiar durante los enfrentamientos en Minneapolis la noche del miércoles, informó la estación local FOX 9. El bebé dejó de respirar brevemente y uno de sus padres le administró RCP antes de ser trasladado al hospital. La familia afirma que los dispositivos fueron desplegados por las fuerzas del orden en respuesta a las protestas contra el ICE. Los agentes colocaron una bomba de gas lacrimógeno debajo de su vehículo y detonaron granadas aturdidoras en las inmediaciones, llenando la camioneta de gas y activando sus bolsas de aire.

 La muerte de un detenido del ICE podría ser declarada homicidio, según un médico forense: La muerte de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años que falleció bajo custodia del ICE el 3 de enero en el centro de detención Camp East Montana en El Paso, podría clasificarse como homicidio, según un médico forense del condado de El Paso. El ICE indicó que Lunas Campos murió tras intentar suicidarse durante un forcejeo con el personal, pero un testigo presencial afirmó que los guardias lo estrangularon mientras repetía: "No puedo respirar". Según se informa, el médico forense le dijo a su hija que la causa preliminar fue asfixia por compresión del cuello y el pecho, lo que corrobora el relato del testigo presencial de asfixia. 

 Agentes de ICE comieron en un restaurante mexicano y luego arrestaron a sus empleados: Agentes federales de inmigración almorzaron en un restaurante mexicano familiar en Minnesota a principios de esta semana y luego regresaron y arrestaron a algunos de los empleados, según el Minnesota Star Tribune. Según se informa, los arrestos ocurrieron después del cierre del restaurante. El mes pasado, agentes de inmigración también visitaron una cafetería en Brooklyn Park, Minnesota, como clientes, antes de detener a un cocinero. (...)"               (Drop Site News, 16/01/26, traducción Quillbot)

Pogromo estadounidense: Un año después de la purga masiva de inmigrantes de Trump en los Estados Unidos, no hay duda de que las personas que orquestan y llevan a cabo las redadas, detenciones y deportaciones han cometido crímenes más graves que la gran mayoría de las personas a las que han acosado, agredido, arrestado, encarcelado y enviado al exilio. Han cometido crímenes contra la Constitución del gobierno en nombre del cual están actuando y han utilizado la fuerza, a menudo fuerza violenta, del gobierno federal contra personas inocentes. Han mentido al Congreso y a los jueces federales. Han violado sistemáticamente las órdenes judiciales. Han negado a las personas el derecho más fundamental garantizado a los residentes, independientemente de su estatus legal, en los EE. UU.: el derecho al debido proceso legal... Los santuarios tradicionales—iglesias, escuelas, guarderías, hospitales y palacios de justicia—han sido violados. Miembros del Congreso, incluyendo a un senador de EE. UU., han sido golpeados y arrestados. Los líderes religiosos han sido gaseados con gas lacrimógeno, electrocutados y golpeados. Las personas han sido deportadas a prisiones miserables en países inestables en continentes que nunca han visitado, y mucho menos habitado. Las órdenes de arresto y las órdenes de deportación han sido fechadas con posterioridad y falsificadas... La gente está siendo atrapada en la calle o perseguida en sus coches porque "parecen" inmigrantes. Decenas, quizás cientos de ciudadanos estadounidenses, han sido detenidos ilegalmente, interrogados, sometidos a descargas eléctricas, gaseados con gas lacrimógeno, arrestados y detenidos por agentes enmascarados del ICE y la Patrulla Fronteriza, quienes rutinariamente han desestimado documentos, incluso identificaciones reales, como falsificaciones. Varios ciudadanos estadounidenses han sido deportados erróneamente... Cuadra por cuadra, ciudad por ciudad, las bárbaras legiones de ICE están siendo confrontadas, rechazadas y derrotadas. El pogromo de Trump/Miller contra los inmigrantes está fracasando en todos sus objetivos excepto en uno: infligir la máxima crueldad a una población vulnerable que han utilizado como chivo expiatorio por el declive de la economía estadounidense, resultado de cuatro décadas de políticas neoliberales despiadadas. Este episodio vergonzoso quedará como la marca espantosa de esta administración (Jeffrey St. Clair)

 "Un año después de la purga masiva de inmigrantes de Trump en los Estados Unidos, no hay duda de que las personas que orquestan y llevan a cabo las redadas, detenciones y deportaciones han cometido crímenes más graves que la gran mayoría de las personas a las que han acosado, agredido, arrestado, encarcelado y enviado al exilio. Han cometido crímenes contra la Constitución del gobierno en nombre del cual están actuando y han utilizado la fuerza, a menudo fuerza violenta, del gobierno federal contra personas inocentes. Han mentido al Congreso y a los jueces federales. Han violado sistemáticamente las órdenes judiciales. Han negado a las personas el derecho más fundamental garantizado a los residentes, independientemente de su estatus legal, en los EE. UU.: el derecho al debido proceso legal.

El hombre que dirige la política fronteriza de Trump, Thomas Homan, estaba bajo investigación del FBI por aceptar bolsas de supermercado llenas de dinero en efectivo para dirigir contratos a la administración Trump. El hombre que dirige los escuadrones de comando de la Patrulla Fronteriza, el maniaco Gregory Bovino, fue criticado por un juez federal por mentir en una declaración sobre las circunstancias de sus violentas represiones a los manifestantes en Chicago.

Los santuarios tradicionales—iglesias, escuelas, guarderías, hospitales y palacios de justicia—han sido violados. Miembros del Congreso, incluyendo a un senador de EE. UU., han sido golpeados y arrestados. Los líderes religiosos han sido gaseados con gas lacrimógeno, electrocutados y golpeados. Las personas han sido deportadas a prisiones miserables en países inestables en continentes que nunca han visitado, y mucho menos habitado. Las órdenes de arresto y las órdenes de deportación han sido fechadas con posterioridad y falsificadas.

Durante años, la derecha libertaria ha advertido sobre la toma militarizada de la aplicación de la ley. Usando una "invasión de inmigrantes" completamente ficticia como excusa, Trump desechó estas ansiedades constitucionales, junto con la Ley Posse Comitatus, y ordenó el despliegue de tropas federales en DC, Chicago, LA, Memphis y Portland.

Las personas han sido detenidas y deportadas por sus opiniones políticas y las columnas que han escrito. Las personas han sido deportadas por avergonzar al gobierno. Las personas han sido deportadas por los sombreros y zapatos que llevan y sus tatuajes. Los bebés han sido arrancados de los brazos de sus madres. Niños tan pequeños como de cuatro años han sido obligados a defenderse en la corte de inmigración. Las celdas de tortura de la prisión más notoria de El Salvador fueron alquiladas para más de 200 venezolanos que fueron capturados y deportados en vuelos secretos que violaron la orden de un juez federal. Las condiciones en las prisiones de detención de EE. UU. son igual de malas, si no peores.

La gran mayoría de los arrestados no tenía antecedentes penales. Muchos de ellos fueron arrestados en sus trabajos lavando coches, cortando césped, cultivando plantas, poniendo techos en casas. Otros fueron arrestados mientras se registraban con sus oficiales de inmigración o se presentaban a las audiencias judiciales programadas. Aparentemente, es mucho más fácil secuestrar a las personas que están cumpliendo con la ley que a las que no lo están. ¿Quién lo iba a decir?

La gente está siendo atrapada en la calle o perseguida en sus coches porque "parecen" inmigrantes. Decenas, quizás cientos de ciudadanos estadounidenses, han sido detenidos ilegalmente, interrogados, sometidos a descargas eléctricas, gaseados con gas lacrimógeno, arrestados y detenidos por agentes enmascarados del ICE y la Patrulla Fronteriza, quienes rutinariamente han desestimado documentos, incluso identificaciones reales, como falsificaciones. Varios ciudadanos estadounidenses han sido deportados erróneamente. El perfil racial al servicio de la deportación ha sido santificado por la Corte Suprema, con Brett Kavanaugh llamando a tales detenciones una molestia menor, incluso cuando resultan en arrestos espurios.

Desde que Trump compró a la mayoría de los grandes bufetes de abogados al comienzo de su mandato, la mayor parte del trabajo legal pesado para exponer la corrupción y la criminalidad de la represión de la inmigración por parte de la administración ha sido realizado por pequeños bufetes y organizaciones sin fines de lucro, quienes rutinariamente han pateado el trasero del gobierno en las salas de tribunal desde Portland hasta Nashville, Las Cruces hasta Boston. ICE ha demostrado ser una agencia sin ley cuya misión es sembrar el terror en las comunidades inmigrantes de todo Estados Unidos. Pero han logrado volver a gran parte del país en su contra. El apoyo público a la inmigración ha alcanzado niveles récord.

Cuadra por cuadra, ciudad por ciudad, las bárbaras legiones de ICE están siendo confrontadas, rechazadas y derrotadas. El pogromo de Trump/Miller contra los inmigrantes está fracasando en todos sus objetivos excepto en uno: infligir la máxima crueldad a una población vulnerable que han utilizado como chivo expiatorio por el declive de la economía estadounidense, resultado de cuatro décadas de políticas neoliberales despiadadas. Este episodio vergonzoso quedará como la marca espantosa de esta administración mal concebida.

     «Muchas personas —muchas naciones— pueden encontrarse, más o menos conscientemente, con la idea de que «todo extraño es un enemigo». En su mayor parte, esta convicción yace en lo más profundo como una infección latente; solo se delata en actos aleatorios y desconectados, y no se basa en un sistema de razonamiento.

    – Primo Levi, Si esto es un hombre

(Jeffrey St. Clair , Counter Punch, 01/01/26, traducción Quillbot)