"Los pasajeros de primera clase están saqueando el barco mientras se hunde (El Tábano Economista)
El orden
internacional contemporáneo atraviesa una fase de reconfiguración
estructural que desafía las lecturas lineales de la transición
hegemónica. No asistimos simplemente a un choque clásico entre una
potencia establecida y una emergente, concebido bajo el prisma
tradicional del neorrealismo. Lo que define la presente coyuntura es la
desarticulación deliberada de la simbiosis económica más profunda de la
historia moderna impulsada por transformaciones de fondo en la
composición, los intereses y la percepción de riesgo de las élites de
poder dentro de los Estados Unidos y la República Popular China.
Para comprender la
velocidad y la naturaleza de este rompimiento, la ciencia política
clásica resulta insuficiente. Es imperativo cruzar la geopolítica de las
grandes potencias con la macroeconomía global y, fundamentalmente, con
una sociología crítica de las élites. Como argumentó Richard Lachmann en
su obra póstuma “Pasajeros de primera clase en un barco que se hunde (2020)”,
la parálisis estratégica y el declive de las potencias imperiales a
menudo no provienen de amenazas externas insolubles, sino de la
incapacidad de sus élites fragmentadas para sacrificar privilegios de
corto plazo en pos de la preservación del sistema en su conjunto.
Es decir, expone
que el declive imperial ocurre cuando las élites se vuelven tan
corporativas y autorreferenciales que priorizan defender sus privilegios
e ingresos sectoriales específicos antes que invertir en la
preservación del sistema que las sostiene. En el caso de EE.UU., la
élite de poder estadounidense (el complejo de seguridad nacional, Wall
Street y el capital tecnológico de defensa) prefiere balcanizar la
economía global para mantener su primacía antes que permitir una
gobernanza multipolar compartida.
En el contexto estadounidense, la «élite de poder»
descrita originalmente por C. Wright Mills —esa amalgama entrelazada de
mandos militares, líderes políticos y magnates corporativos— ha visto
fracturado su consenso de la era de la globalización. El ala financiera
de Wall Street y el bloque tecnológico de Silicon Valley, que durante
décadas operaron como los arquitectos de la interdependencia con Pekín,
hoy se ven subordinados a un nuevo consenso bipartidista en Washington
dominado por el aparato de seguridad nacional.
Si disfrutáramos de
una mirada de Arrighi y Wallerstein, habría una bifurcación sistémica,
es decir, la economía-mundo capitalista estaría agotando la fase de
expansión financiera de la hegemonía estadounidense. Siguiendo a Arrighi
(Caos y gobernabilidad en el sistema-mundo),
cuando la potencia hegemónica recurre a la militarización de las
finanzas (sanciones, exclusión del SWIFT), acelera la creación de
estructuras alternativas por parte de las élites no occidentales,
precipitando la fragmentación del mercado mundial unificado.
Por el contrario,
en Pekín, el Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) ha
consolidado un modelo de primacía de la seguridad estatal sobre la
maximización del crecimiento económico abstracto. Bajo la premisa de la
«seguridad total», las élites estatales y las empresas públicas (SOE,
por sus siglas en inglés) han disciplinado a los barones tecnológicos
del sector privado, reorientando el capital nacional desde el arbitraje
financiero y las plataformas de consumo digital hacia la manufactura
avanzada, la soberanía de la cadena de suministro y lo que Giovanni
Arrighi identificó como la transición hacia un modelo de desarrollo no
desposeedor.
Este primer
artículo examinará cómo la colisión entre estas dos arquitecturas de
élite está fragmentando la economía internacional. A través de la lógica
del de-risking (reducción de riesgos), el nacionalismo
tecnológico, la militarización de las finanzas y la disputa por los
cuellos de botella de la infraestructura global, las dinámicas internas
de las élites están arrastrando al sistema de economía-mundo —en el
sentido acuñado por Immanuel Wallerstein— hacia una multipolaridad
fragmentada e intrínsecamente inestable.
La arquitectura
global de las últimas cuatro décadas se cimentó sobre un pacto implícito
entre las élites occidentales y el funcionariado reformista de Pekín
tras la apertura económica iniciada por Deng Xiaoping. Como analizó
Giovanni Arrighi en Adam Smith en Pekín (2007)
este proceso no supuso una mera capitulación de China ante el
capitalismo neoliberal, sino una convergencia de conveniencias. Para la
élite corporativa y financiera de los Estados Unidos, la incorporación
de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 representó
una bonanza sin precedentes. Una masiva deflación de los costes
laborales, la optimización de los retornos de capital mediante la
deslocalización (offshoring) y el acceso a un mercado doméstico
en expansión exponencial. Wall Street actuó como el principal valedor
de Pekín en Washington, asegurando que las tensiones políticas sobre
Taiwán quedaran subordinadas al flujo libre de mercancías y capitales.
Por su parte, la
élite del Partido Comunista de China (PCCh) utilizó este flujo masivo de
inversión extranjera directa para industrializar el país, absorber
transferencias tecnológicas y sacar a centenares de millones de personas
de la pobreza, legitimando su monopolio del poder político a través de
un desempeño económico sin parangón. Durante este periodo, las reservas
de divisas chinas se reciclaron masivamente en la compra de bonos del
Tesoro de los EE.UU., creando un ciclo macroeconómico cerrado: China
producía, Estados Unidos consumía a crédito, mientras Pekín financiaba
la deuda estadounidense.
La llegada de Xi
Jinping al poder en 2012 marcó un punto de inflexión decisivo en la
autopercepción de la élite china. La crisis financiera global de 2008 ya
había sido interpretada en Pekín como el síntoma inequívoco del declive
terminal de la hegemonía financiera occidental, una lectura alineada
con las tesis de Ray Dalio sobre el ciclo de grandes deudas y el cambio de orden mundial.
La élite china determinó que la dependencia del consumo estadounidense y
de las tecnologías occidentales clave (como los semiconductores y el
software de infraestructura) exponía al país a un estrangulamiento
estratégico. En consecuencia, se lanzaron iniciativas estructurales como
el Made in China 2025 y, posteriormente, la estrategia de «Doble Circulación» o Xiconomics,
diseñada para blindar el mercado interno y lograr la autosuficiencia
tecnológica, al tiempo que se proyectaba el poder infraestructural a
través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).
El consenso de las
élites que sostenía el orden globalizado se quebró. En Washington, el
giro hacia la confrontación que comenzó bajo la administración Trump no
fue una aberración transitoria, sino la manifestación de un cambio
tectónico en la elite de poder. Como reportó un análisis exhaustivo de Foreign Affairs en 2024,
el establishment demócrata y el republicano convergieron en una
doctrina común, el compromiso económico con China no había transformado
su sistema político hacia el liberalismo; al contrario, había financiado
el surgimiento de un competidor comunista de alta tecnología capaz de
disputar la hegemonía estadounidense en el Indo-Pacífico y el control de
los estándares globales.
En el escenario
contemporáneo (2024-2026), la competencia estratégica ya no se dirime
primordialmente en el terreno del libre comercio, sino en el control de
las tecnologías de uso dual (civil y militar) y la resiliencia de las
cadenas de valor. La economía internacional se ha convertido en un
vector de la geopolítica, un fenómeno que el Peterson Institute for
International Economics (PIIE) ha catalogado como la era de la
«seguridad económica omnipresente».
El campo de batalla
central de esta disputa es el ecosistema de los semiconductores
avanzados, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica.
Las restricciones a la exportación impuestas por la Oficina de Industria
y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU., iniciadas de
forma sistémica en octubre de 2022 y endurecidas sucesivamente de manera
drástica, representan un intento explícito de estrangulamiento
tecnológico. La doctrina del «patio pequeño y valla alta» (small yard, high fence),
formulada por el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, busca
asfixiar la capacidad de China para desarrollar chips de vanguardia por
debajo de los 14 nanómetros, limitando su acceso a los sistemas de
litografía ultravioleta extrema (EUV) producidos por la firma holandesa
ASML y a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de empresas
estadounidenses.
Un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS)
detalla cómo esta política ha obligado a una reestructuración forzosa
de las cadenas globales. La respuesta de Pekín no ha sido la
capitulación, sino una movilización masiva de recursos estatales a
través de los «Grandes Fondos» de circuitos integrados, forzando a las
élites corporativas locales a sustituir todos los componentes
extranjeros. Firmas como Huawei y Semiconductor Manufacturing
International Corporation (SMIC) han logrado avances significativos en
la producción de chips a base de arquitecturas alternativas y procesos
de litografía madura optimizados, lo que demuestra los límites de las
sanciones unilaterales frente a un Estado con una base de ingenieros de
escala continental.
Paralelamente, la
disputa se ha trasladado al sector de la transición energética, donde
China ostenta un cuasi-monopolio de facto. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) analizados por el Financial Times,
Pekín controla más del 70% de la capacidad de refinamiento de minerales
críticos como el litio, el cobalto y las tierras raras, y produce más
del 80% de los módulos solares y baterías para vehículos eléctricos a
nivel mundial. La élite automotriz y tecnológica europea y
estadounidense se encuentra atrapada en una contradicción insoluble.
Cumplir con las metas de descarbonización exige la integración de la
tecnología china, pero la directriz geopolítica ordena la reducción de
riesgos —de-risking—.
Esta paradoja
económica genera una intensa fricción en el ámbito geofinanciero. La
exclusión de Rusia del sistema SWIFT tras la invasión de Ucrania aceleró
un proceso que se ha descrito como la diversificación del riesgo
sistémico del dólar. La élite financiera china, en coordinación con sus
homólogos del bloque BRICS+, ha expandido el uso del CIPS (Sistema de
Pago Interbancario de China) y la internacionalización del yuan a través
de contratos de materias primas denominados en la moneda china (el
«petroyuan»).
Hoy en día, el nexo
del poder se ubica en el aparato burocrático de seguridad nacional
(Pentágono, agencias de inteligencia, Consejo de Seguridad Nacional) en
estrecha alianza con facciones del Congreso. Esta coalición ha
redefinido el interés nacional en términos de primacía militar y
tecnológica. Silicon Valley, que inicialmente mantenía una postura
ambivalente y globalista, se ha alineado progresivamente con Washington a
medida que la computación de frontera y la IA se han convertido en
prioridades de defensa. El auge de fondos de capital riesgo enfocados en
«tecnología de defensa» (defense tech) y el protagonismo de figuras que conectan el desarrollo tecnológico con la seguridad estatal demuestran esta fusión.
En la República
Popular China, la estructura de élite está estrictamente jerarquizada
bajo el control de la dirección central del PCCh. El giro político de la
última década ha consolidado el poder de los tecnócratas de la
seguridad por encima de los cuadros puramente orientados al crecimiento
del PIB que dominaron las eras de Jiang Zemin y Hu Jintao.
Esta mutación
interna se manifestó con claridad en la campaña de regulación y
disciplina de los grandes barones del sector tecnológico privado
(Alibaba, Tencent, Ant Group, Didi) que comenzó en 2020. La dirección
del Partido consideró que la acumulación descontrolada de capital, el
control monopolístico de datos sociales por parte de entidades privadas y
las veleidades financieras de sus fundadores amenazaban la estabilidad
del régimen y desviaban recursos de los sectores verdaderamente
estratégicos. El PCCh impuso multas billonarias, forzó
reestructuraciones corporativas e integró comités del Partido
directamente en la gobernanza de estas empresas.
La élite económica
legítima en la China actual es aquella alineada con los objetivos del
Estado. Las empresas de propiedad estatal (SOE) que controlan la
infraestructura pesada, la energía y la banca, junto con una nueva
generación de empresarios privados dedicados a las «tecnologías de
cuello de botella» (hard tech): semiconductores, robótica
industrial, biotecnología avanzada y nuevos materiales. La riqueza
personal ya no garantiza la impunidad ni la influencia política; el
capital debe subordinarse al imperativo histórico de la resiliencia
nacional frente a lo que Pekín percibe como un cerco estratégico
integral por parte de Occidente.
La colisión entre
estas estructuras de élite proyecta riesgos sistémicos sobre la
estabilidad geopolítica y macroeconómica global, manifestándose con
especial gravedad en tres áreas críticas.
La imposición de
barreras tecnológicas está creando una bifurcación de la arquitectura
digital global, un fenómeno conocido como el «esplinternet». Países de
América Latina, África y el Sudeste Asiático se ven sometidos a una
presión diplomática y económica creciente para elegir entre la
infraestructura tecnológica estadounidense (basada en el software
occidental, nubes de datos hiperescalables — como la capacidad de un
sistema tecnológico o arquitectura en la nube para crecer de manera
masiva y ágil en respuesta a aumentos repentinos de demanda—, así como
redes aliadas) o la infraestructura china (redes 5G/6G de Huawei,
sistemas de vigilancia urbana, nubes estatales y cables submarinos
financiados por Pekín). Esta fragmentación no solo duplica de forma
ineficiente los costes de capital para las economías en desarrollo, sino
que reduce la interoperabilidad global, ralentizando el ritmo de la
innovación científica compartida y creando ecosistemas de información
cerrados que exacerban la polarización geopolítica.
La concentración
geográfica de las cadenas de suministro críticas significa que cualquier
alteración en los «puntos de estrangulamiento» (chokepoints) puede desencadenar ondas de choque inflacionarias y parálisis industriales a nivel planetario, como el que ha dado lugar a la “guerra de los corredores”.
El Estrecho de Taiwán, por donde transita un porcentaje altísimo de la
flota de contenedores del mundo y prácticamente la totalidad de los
chips de lógica avanzada producidos por Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC), constituye el epicentro del riesgo
geopolítico.
Un informe de la RAND Corporation
advierte que incluso un bloqueo de baja intensidad o una cuarentena
aduanera impuesta por Pekín sobre la isla costaría billones de dólares a
la economía mundial en cuestión de semanas. Asimismo, la proyección del
poder naval chino en el Mar de la China Meridional y el Estrecho de
Malaca colisiona directamente con la doctrina de libertad de navegación
defendida por el Comando del Indo-Pacífico de EE.UU., manteniendo la
región en un estado de alerta militar permanente.
El modelo económico
de China, impulsado por sus élites estatales, descansa sobre altas
tasas de inversión en manufactura avanzada combinadas con un consumo
doméstico relativamente deprimido. Al no absorber toda la producción
internamente, el excedente industrial se proyecta hacia los mercados
globales en forma de exportaciones competitivas de vehículos eléctricos,
baterías y paneles solares. Las élites políticas occidentales,
temerosas de una segunda «ola de desindustrialización» que arrase con
sus industrias autóctonas y desestabilice sus sistemas electorales, han
respondido con la imposición de aranceles masivos y cuotas
proteccionistas. Esta dinámica amenaza con desmantelar definitivamente
el armazón institucional de la OMC, sumiendo al comercio internacional
en un régimen de represalias mutuas, reminiscente del de la década de
1930.
El análisis de la
competencia entre China y Estados Unidos a través de la confluencia de
la geopolítica, la macroeconomía y la sociología de las élites revela un
panorama sombrío, pero sumamente clarificador. La globalización, lejos
de ser un proceso natural irreversible, fue un proyecto
político-económico contingente, diseñado y sostenido por coaliciones de
élites específicas que hoy han retirado su respaldo.
El sistema de
economía-mundo analizado por Wallerstein está experimentando una
transición estructural donde la eficiencia económica pura ha sido
desplazada por el imperativo de la supervivencia y la autonomía
política. La advertencia de Richard Lachmann adquiere una relevancia
profética. Las élites de las grandes potencias, concentradas en la
preservación de su control interno y en la neutralización de sus rivales
directos, están desgarrando los bienes públicos globales —la
estabilidad financiera, la cooperación climática, la gobernanza
tecnológica común y la prevención de conflictos a gran escala— que
garantizan la viabilidad del propio orden internacional.
No nos dirigimos
hacia un colapso automático del sistema, sino hacia una era de
multipolaridad armada y fragmentada, caracterizada por lo que los
analistas denominan «paz armada disuasoria». En este entorno, la
estabilidad global dependerá de la capacidad de las élites de poder en
Washington y Pekín para establecer mecanismos mínimos de gestión de
crisis. Sin embargo, en la medida en que las dinámicas políticas
internas de ambas superpotencias sigan premiando el nacionalismo
defensivo y penalizando el compromiso diplomático, los «pasajeros de
primera clase» continuarán disputándose el timón de un orden global que
amenaza con fracturarse bajo sus pies."
(Alejandro Marcó del Pont, blog, 31/05/26)
