Encerrados, acorralados, almacenados: el auge de los campos de concentración en Estados Unidos... el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están comprando activamente almacenes, fábricas y edificios industriales en todo el país para usarlos como centros de detención... Esto ya no es una advertencia... ya no es una cuestión de si el gobierno expandirá la detención masiva para encerrar a los estadounidenses por desafiar sus mandatos, sino de cuándo... Cuando tienes un gobierno que se dedica a detener a personas para llenar almacenes y dar la impresión de ser duro con el crimen, no solo serán los inmigrantes indocumentados los que serán detenidos... Una vez que se toma la decisión de detener a personas en masa, el Estado debe encontrar lugares para mantenerlas: fuera de la vista, fuera del alcance y fuera de la ley. Ahí es donde entran los almacenes... El marco legal ya existe. Según la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), el Presidente y el ejército están autorizados a detener a individuos, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin acceso a familiares, asesoramiento legal ni tribunales si el gobierno los etiqueta como terroristas. Esa etiqueta ahora se puede aplicar de manera tan intercambiable con los términos antigubernamental y extremista que ya no se necesita mucho para ser considerado un terrorista... Se han sentado las bases... los campos de detención no solo requieren edificios, sino también listas de posibles detenidos, y aquí también el gobierno está preparado. Durante décadas, el gobierno ha adquirido y mantenido, sin orden judicial ni orden de la corte, bases de datos de individuos considerados amenazas para la seguridad nacional... sistemas de IA rastrean de forma autónoma las redes sociales, los registros financieros y los datos de geolocalización en tiempo real, creando "perfiles de amenaza" de alta precisión que son prácticamente imposibles de eludir... Una vez que eres marcado por un algoritmo que opera sin supervisión humana, ya no eres solo un nombre en una lista: eres un nodo permanente en una red digital que te sigue desde tu teclado hasta la puerta del almacén. La tecnología simplemente ha alcanzado el deseo del gobierno, de décadas de antigüedad, de categorizar la disidencia como una amenaza a la seguridad nacional (John W. Whitehead, The Rutherford Institute)

 "En 2021, en medio de una pandemia global, las advertencias de que el gobierno federal podría reutilizar almacenes como centros de detención en suelo estadounidense fueron desestimadas como especulativas, alarmistas e incluso conspirativas.

Cinco años después, lo que era especulación es un plan para encerrar a quien el gobierno elija atacar.

Según informes de investigación, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están comprando activamente almacenes, fábricas y edificios industriales en todo el país para usarlos como centros de detención, a menudo con poca notificación pública, supervisión mínima y prácticamente ninguna rendición de cuentas.

Esto ya no es una advertencia.

Es un incendio de cinco alarmas.

Con la administración Trump avanzando con planes para adquirir rápidamente almacenes para lo que podría convertirse en una red de detención masiva a nivel nacional, ya no es una cuestión de si el gobierno expandirá la detención masiva para encerrar a los estadounidenses por desafiar sus mandatos, sino de cuándo.

Así es como empieza.

El gobierno ya tiene los medios, la fuerza y la motivación. Ha pasado décadas construyendo un vasto archipiélago de prisiones, centros de detención e instalaciones de emergencia capaces de encarcelar a un gran número de personas.

Si bien la administración Trump insiste en que solo se dirige a lo "peor de lo peor" —asesinos, violadores, miembros de pandillas, pedófilos y terroristas— la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales. Ser indocumentado es una violación civil, no un delito.

Aquí es donde tenemos que pisar con cuidado, porque a los regímenes autoritarios les encanta jugar a los juegos de palabras orwellianos, y la administración actual no es una excepción.

Por ejemplo: la secretaria del DHS, Kristi Noem, afirma que cada individuo arrestado o detenido ha cometido un delito, pero ser acusado o incluso sospechoso de un delito es muy diferente a ser condenado por un delito.

Cuando la Secretaria de Seguridad Nacional equipara un arresto con un delito, no solo está jugando con las palabras, sino que está anulando efectivamente la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia de la Quinta y Decimocuarta Enmiendas.

Si el umbral para ser arrestado es simplemente cometer un delito, todos estaríamos encerrados.

Puede que llegue a eso eventualmente.

Cuando tienes un gobierno que se dedica a detener a personas para llenar almacenes y dar la impresión de ser duro con el crimen, no solo serán los inmigrantes indocumentados los que serán detenidos.

La historia tiene un nombre para lo que sucede cuando los gobiernos abandonan el debido proceso y comienzan a encarcelar a las personas por lo que son en lugar de por lo que han hecho.

El siguiente paso es siempre logístico. Una vez que se toma la decisión de detener a personas en masa, el Estado debe encontrar lugares para mantenerlas: fuera de la vista, fuera del alcance y fuera de la ley.

Ahí es donde entran los almacenes.

No se equivoquen: estos son campos de concentración en su forma más temprana, renombrados y revividos para una nueva era.

Esto es lo que sucede cuando cualquier gobierno reclama el poder de decidir quién pertenece, quién representa una amenaza y quién puede ser desaparecido por el bien del orden.

El marco legal ya existe.

Según la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), el Presidente y el ejército están autorizados a detener a individuos, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin acceso a familiares, asesoramiento legal ni tribunales si el gobierno los etiqueta como terroristas.

Esa etiqueta ahora se puede aplicar de manera tan intercambiable con los términos antigubernamental y extremista que ya no se necesita mucho para ser considerado un terrorista.

Esto es lo que sucede cuando se pone el poder de determinar quién es un peligro potencial en manos de agencias gubernamentales, tribunales y policía, pero también se les da a esas agencias una amplia autoridad para detener a individuos y encerrarlos por supuestas faltas sin el debido proceso.

Es un sistema que suplica ser abusado. Y ya ha sucedido aquí antes.

Se han sentado las bases.

Ahora bien, si vas a tener campos de internamiento en suelo estadounidense, alguien tiene que construirlos, o reutilizar estructuras existentes para que sirvan a esa función, y luego dotarlos de personal, y eventualmente llenarlos.

Hoy en día, el DHS y el ICE están comprando y convirtiendo almacenes, fábricas y espacios industriales en centros de detención en todo el país. Estos edificios, diseñados para almacenamiento y logística, no para seres humanos, están siendo equipados con vallas, sistemas de vigilancia, áreas de espera y dormitorios improvisados. Muchos operan fuera de los estándares que se aplican a las instalaciones correccionales tradicionales, con menos inspecciones, supervisión limitada y poca visibilidad pública.

El gobierno insiste en que estos centros de detención en almacenes son necesarios para manejar el desbordamiento de prisioneros, responder a emergencias y mantener la flexibilidad.

La historia cuenta una historia diferente.

Lo que empieza como temporal se vuelve permanente. Lo que se justifica como excepcional se convierte en rutina. Y lo que se hace a los no ciudadanos tiene una forma extraña de expandirse, especialmente cuando la disidencia, la protesta o el incumplimiento se rebautizan como amenazas a la seguridad nacional.

Una vez más, se está utilizando el lenguaje de emergencia para normalizar abusos extraordinarios de poder.

Ahora bien, los campos de detención no solo requieren edificios, sino también listas de posibles detenidos, y aquí también el gobierno está preparado.

Durante décadas, el gobierno ha adquirido y mantenido, sin orden judicial ni orden de la corte, bases de datos de individuos considerados amenazas para la seguridad nacional.

En 2026, las listas estáticas del pasado han sido reemplazadas por bases de datos "vivas".

Impulsada por la IA agentiva y el rastreo masivo de datos, la arquitectura de vigilancia del gobierno ya no depende de actualizaciones manuales. Estos sistemas de IA rastrean de forma autónoma las redes sociales, los registros financieros y los datos de geolocalización en tiempo real, creando "perfiles de amenaza" de alta precisión que son prácticamente imposibles de eludir.

Una vez que eres marcado por un algoritmo que opera sin supervisión humana, ya no eres solo un nombre en una lista: eres un nodo permanente en una red digital que te sigue desde tu teclado hasta la puerta del almacén.

La tecnología simplemente ha alcanzado el deseo del gobierno, de décadas de antigüedad, de categorizar la disidencia como una amenaza a la seguridad nacional.

Cualquiera que sea visto como opositor al gobierno, ya sea de izquierda, de derecha o en algún punto intermedio, es un objetivo.

Lo que nos lleva a la inevitable conclusión: cuando el gobierno reclama la autoridad para definir ampliamente quién es una amenaza, utiliza fondos de los contribuyentes para erigir una red de campos de concentración en todo el país y construye metódicamente bases de datos que identifican a cualquiera que se considere opositor al gobierno como un extremista, la pregunta no es si ese poder será abusado, sino cuándo y con qué frecuencia.

Como dejo claro en Battlefield America: La guerra contra el pueblo estadounidense y en su contraparte ficticia Los Diarios de Erik Blair, esta es la pendiente resbaladiza.

Si el precio de combatir la inmigración ilegal es la abdicación completa de nuestra república constitucional, ese precio es demasiado alto.

Los medios no justifican los fines.

Las soluciones del estado policial a nuestros supuestos problemas representan la mayor amenaza para nuestras libertades." 

(John W. Whitehead ,The Rutherford Institute– Nisha Whitehead , Counter Punch, 06/02/26, traducción Quillbot, enlaces en el original)  

La congresista Yassamin Ansari, de Arizona, describió las terribles condiciones que presenció en el Centro de Detención del ICE en Eloy, incluyendo el caso de un paciente con leucemia que vomitaba sangre, quien fue detenido en febrero y obligado a esperar ocho meses antes de poder ver a un oncólogo. También detalló cómo los gigantes de las prisiones privadas CoreCivic y The GEO Group están “ganando miles de millones” mientras a los detenidos se les niega agua, atención médica y dignidad. “Lo que sucede dentro de estas prisiones con fines de lucro es la imagen que el mundo tiene ahora de Estados Unidos” (Drop Site News)

 "(...)  La congresista Yassamin Ansari, de Arizona, describió las terribles condiciones que presenció en el Centro de Detención del ICE en Eloy, incluyendo el caso de un paciente con leucemia que vomitaba sangre, quien fue detenido en febrero y obligado a esperar ocho meses antes de poder ver a un oncólogo. También detalló cómo los gigantes de las prisiones privadas CoreCivic y The GEO Group están “ganando miles de millones” mientras a los detenidos se les niega agua, atención médica y dignidad. “Lo que sucede dentro de estas prisiones con fines de lucro es la imagen que el mundo tiene ahora de [EE. UU.]”, concluyó. (...)"

(Drop Site news, 11/11/25, traducción google) 

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Trapani, con el uso de agentes encubiertos y el uso masivo y sistemático de escuchas telefónicas, incluso contra abogados y periodistas, representa uno de los ataques más significativos contra la solidaridad con las personas migrantes hasta el día de hoy... coincidió con la campaña contra las ONG, que en pocos meses pasaron de ser calificadas de "ángeles" a "taxistas marítimos"... y los juicios sumarísimos a los "boat people" y a quiénes les ayudan... en cambio, se apoya la ola de solidaridad, tanto institucional como informal, que ha acompañado la llegada de ucranianos es amplia y generalizada, y se elogia con razón a quienes los acogen o les ayudan a venir a Europa... ¿Por qué se consideran criminales las mismas acciones cuando se producen en el Mediterráneo o hacia quienes huyen de otros entornos?

 "El 21 de mayo, en el Tribunal de Trapani, se celebró la audiencia preliminar en la causa penal iniciada contra 21 personas, la mayoría de las cuales forman parte de tres organizaciones activas en el salvamento marítimo: entre ellas se encuentra la tripulación del barco alemán Iuventa y las de los barcos utilizados hasta 2017 por MSF y Save the Children. Expresamos nuestro apoyo a las personas y organizaciones afectadas.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Trapani, con el uso de agentes encubiertos y el uso masivo y sistemático de escuchas telefónicas, incluso contra abogados y periodistas, representa uno de los ataques más significativos contra la solidaridad con las personas migrantes hasta el día de hoy. Este procedimiento tiene una clara dimensión política, y está teniendo efectos muy significativos en las organizaciones de ayuda.

Su inicio coincidió con la campaña contra las ONG, que en pocos meses pasaron de ser calificadas de "ángeles" a "taxistas marítimos", precisamente en el momento en que el fiscal de Catania, Zuccaro, afirmó tener conocimiento de supuestas relaciones entre traficantes libios y ONG, afirmación que el propio Zuccaro negó posteriormente ante el Parlamento. A la criminalización de la solidaridad y de las ONG contribuyó en gran medida en esa etapa el "código de conducta" presentado por el entonces ministro Minniti, que al mismo tiempo forjó relaciones con las milicias libias con el objetivo declarado de bloquear la ruta del Mediterráneo Central.

El inicio sistemático de investigaciones contra las tripulaciones de los barcos rescatados afectó gravemente a sus actividades; en el caso de la organización alemana, los efectos de los procedimientos fueron especialmente graves: el barco Iuventa, que en su año de funcionamiento rescató a más de 14.000 personas, sigue embargado en el puerto de Trapani y se encuentra ahora en un estado de deterioro desesperante. Mientras continúan los naufragios y aumentan las interceptaciones en el mar por parte de las autoridades libias, en Italia, a partir de las investigaciones de Trapani, se ha producido un gran número de procedimientos contra organizaciones de la sociedad civil activas en el rescate en el mar y también contra quienes realizan actividades solidarias en tierra, en las fronteras y en el ámbito de la acogida.

Como es sabido, estos procedimientos se abren sobre la base del artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Inmigración, que castiga la ayuda y la incitación a la inmigración irregular. Hasta ahora, casi siempre han terminado con el sobreseimiento de los cargos o la absolución de los acusados al reconocerse que su actuación estaba justificada por el cumplimiento de un deber (el de salvamento marítimo) o por el estado de necesidad. El Tribunal Supremo, en el caso de Carola Rackete, también aclaró que quienes rescatan a los migrantes en el mar Mediterráneo y actúan para garantizar su llegada segura a Italia lo hacen en cumplimiento de la obligación internacional de garantizar el desembarco de los náufragos en un lugar "seguro", de acuerdo con el derecho del mar y los convenios de protección de los derechos fundamentales.

Sin embargo, es importante recordar que en la "guerra contra la inmigración" emprendida por los Estados europeos, e Italia en particular, las víctimas de la criminalización son a menudo los propios migrantes, con aún menos garantías y menos apoyo. Es el caso de los juicios sumarísimos a los "boat people".

Otro ejemplo similar, afortunadamente con final feliz, es el juicio "Agaish" de cuatro refugiados eritreos. Tras ser condenados por el Tribunal de Apelación de Roma por complicidad en la inmigración irregular por ayudar a sus compatriotas a trasladarse a otras ciudades italianas, fueron absueltos el viernes por el Tribunal Supremo tras un juicio de seis años que también supuso 18 meses de prisión preventiva en la cárcel. Sus acciones eran muy similares a las que fueron objeto de las acusaciones contra los activistas de la ONG Baobab Experience, que se sometieron a un largo juicio que recientemente terminó con la absolución.

La guerra en Ucrania y las iniciativas desarrolladas para facilitar el tránsito, la acogida y la obtención del estatuto jurídico de los ucranianos que huyen de su país son una oportunidad para repensar las categorías jurídicas, políticas y sociales con las que interpretamos el movimiento de personas a través de las fronteras. La ola de solidaridad, tanto institucional como informal, que ha acompañado la llegada de ucranianos es amplia y generalizada, y se elogia con razón a quienes los acogen o les ayudan a venir a Europa.

¿Por qué se consideran criminales las mismas acciones cuando se producen en el Mediterráneo o hacia quienes huyen de otros entornos?"                  (Arci Nazionale, Asgi, Il Manifesto Global, 23/05/22; traducción DEEPL)

“Hay dos soluciones a los refugiados: la civilizada y la de extrema derecha”... pero “la Unión Europea está legitimando el discurso del odio”

"(...) Para los que creen en la Unión Europea, para quienes Europa es un sueño, como es mi caso, lo que está pasando te avergüenza. El sueño se empezó a topar con el tratado de Maastricht, que proponía una Europa estrictamente economicista.

 Pensaba que íbamos a llegar a una Europa política y nos presentaron una Constitución que era en realidad un plan de ajuste estructural de los países, sin visión de futuro. Cuando llegó la crisis todo eso estalló.

Hemos visto que Europa estaba totalmente desunida, no hemos tenido una política común para manejar los efectos del euro, que han sido gestionados solo por Alemania y Francia, con dos jefes de Estado decidiendo solos e imponiendo sus decisiones al resto y una política de austeridad que ha incrementado los efectos de la crisis en vez de combatirlos, lo que ha producido más de 12 millones de parados.

Después de eso, la crisis de los refugiados, ahora el Brexit... Está claro que hay un problema de solidaridad intereuropea y yo me temo que si los europeístas de verdad no toman las riendas del futuro de la UE podemos acabar con el proyecto.

Creo en la necesidad absoluta de revisarlo y poner por encima de todo dos elementos clave: primero, tratar de solucionar los problemas de Europa en el mundo y tener una política común de gestión de las fronteras, frente a los grandes problemas de seguridad.

 Y por otro lado, poner en el centro de la UE la aceptación de valores comunes que tienen que ver no solamente con los refugiados y con la demanda de solidaridad internacional, sino también con el modelo económico que elijamos. Necesitamos un modelo socioecológico mucho más desarrollado para que la gente pueda creer que Europa es una solución y no un problema.  (...)

R. El auge de la extrema derecha hoy no es debido a los refugiados. Los refugiados son el combustible de los partidos de extrema derecha para desarrollarse. El problema fundamental es el económico y social: la destrucción de servicios públicos precisamente por la política ultraliberal de Merkel y su partido que han impuesto a países como Italia, Grecia, España. Esto supone un divorcio cada vez más grande de la ciudadanía con esa política. Y lo que pasa con los inmigrantes y los refugiados es emblemático.  (...)

Ahora hay tres peligros muy importantes. Primero, cómo se va a gestionar el Brexit, porque va a servir de ejemplo para muchos otros países si no somos capaces de proponer algo nuevo para los europeos. Segundo, cómo gestionar la cuestión de los refugiados. Y el problema es sencillo: o de manera civilizada o no civilizada. No hay otra solución.(...)

¿Lo vamos a solucionar con los argumentos de la extrema derecha o con los argumentos de la solidaridad y civilización? Tercero: cómo solucionar el tema económico. Es imposible hoy volver a una política de pleno empleo si no somos capaces de integar la dimensión ecologista, social, medioambiental. Hay que relanzar la industria, pero qué tipo de industria.

En el libro enfoco la cuestión de los refugiados porque ahí hemos visto pisoteados todos los valores europeos. Y no es una cuestión de solidaridad, sino de derecho internacional que la UE ha aprobado en sus textos fundamentales.

P. ¿Pero hay algún país que esté acatando esta legalidad?

R. No hay ninguno, pero hay unos que lo hacen más que otros (...)

P. Usted ha escrito que hace falta "un choque eléctrico" para que Europa despierte. ¿Como cuál?

R. Creo que ahora Europa sigue existiendo únicamente y solo porque el eje franco-alemán, sigue existiendo aunque esté en crisis. Y creo que en realidad, mientras los alemanes y los franceses no se pongan de acuerdo en qué hay que hacer en el futuro, mientras no pongan sobre la mesa sus divergencias, estaremos en una crisis latente. 

El país que podía contribuir a eso era Inglaterra, pero decidió dejar el barco. El choque eléctrico sería que eso estallara de una u otra forma. Que en Francia o en Alemania llegue un Gobierno que diga: "Basta". Los franceses siempre estuvieron en contra de política de austeridad, incluso la derecha, pero la han aceptado. (...)

P. ¿Hay motivos para el optimismo?

R. Europa es muy viva políticamente. Avanzamos a base de crisis. Tendremos cada vez que plantearnos la cuestión de elegir civilización o barbarie, como sucede con los refugiados. (...)"          (Entrevista a Sami Naïr, El País, 21/09/16)

"(...) P. Denuncia, además, que en el tratado entre Alemania y Turquía se haya sustituido la palabra “refugiado” por “inmigrante”. ¿Qué implicaciones tiene esto?

R. La diferencia es fundamental. Un inmigrante irregular puede ser expulsado —aunque desde el punto de vista esto es otro tema—, pero un refugiado pide socorro y existe la obligación legal de ayudarlo. Esto es una violación de al menos 10 documentos fundamentales.

P. Sitúa la crisis de los refugiados en un contexto de deriva moral de la Unión Europea. ¿Qué efecto tienen estas políticas sobre los valores europeos?

R. Supone un daño fundamental. Lo más desastroso es que los países de la Unión estén naturalizando ante sus poblaciones que violar los derechos es algo normal cuando la situación económica o política lo requiere. De ahí a que una parte de la población se comporte de manera peligrosa, que crezca la extrema derecha y la intolerancia, hay una línea directa. Objetivamente, la Unión Europea está legitimando el discurso del odio.  (...)

P. ¿Qué filosofía ve detrás de esta política migratoria? R. La idea era que podemos construir en Europa, protegidos por ese muro, un mundo rico y próspero. Cerrar un territorio, como quiere hacer ahora Trump, es una utopía negativa: no solo es malo, sino que es imposible. Además, aquí no se ha conseguido crear ese mundo rico, porque el desarrollo de Europa ha supuesto una destrucción de los acervos sociales. Sí se ha conseguido, en cambio, una polarización del continente: unos países que se aprovechan de esta situación, como Alemania, y otros que sufren enormemente.

P. Y defiende que ese muro no funcionó.

R. No. A partir del momento en que ponen en pie el Muro de Schengen, los flujos migratorios crecieron, y con ellos las mafias organizadas. El sistema europeo consiste en que los estados gestionen la legalidad dejando a las mafias la gestión de las ilegalidades. Claro, que esto no funciona así con los capitales, de los que se acepta que la circulación sea mundial. Los europeos han pensado que podían protegerse del sur, pero el sur está dentro de Europa.  (...)

R. Porque hay una contradicción fundamental en la Unión Europea, que no puede ser fiel a sus valores fundamentales con el sistema económico que ha adoptado. No podemos decir a los Gobiernos que respeten los criterios de Maastricht —menos del 3% de déficit, menos del 90% de deuda pública y menos del 2% de inflación; lo que significa recortes, recortes y recortes— y pregonar la importancia de los valores. El sistema económico destruye el sistema de valores, esa política ahoga la solidaridad.

P. Usted propone crear un “pasaporte de tránsito” para que los refugiados puedan moverse libremente por Europa. ¿Esa idea cabe dentro de las leyes europeas?

R. De hecho, legalmente no es una innovación. Existe. El Parlamento Europeo ha avanzado la idea de un visado humanitario, cosa que apoyo, aunque depende del primer país de acogida y de los países que quieran otorgarlo. Además no es vinculante, como todas las decisiones del Parlamento Europeo, el único del mundo que no hace leyes.

P. ¿Existe algún precedente de lo que usted propone?

R. Esta idea no me la he inventado yo, sino el explorador Fridtjof Nansen, Premio Nobel por su defensa de las víctimas de la I Guerra Mundial, que había cambiado las fronteras de los estados y provocado un gran número de desplazados.

Él propuso otorgar a esa gente un documento que les permitiera viajar por todo el continente. Se llamó pasaporte Nansen y se nombra en Convención de la ONU de 1951. Mi idea tiene que ver con eso, y sería un documento adoptado por la Comunidad Europea y por la Unión.  (...)

P. Cierra el libro con un capítulo titulado “La esperanza siempre vuelve”. ¿A qué se debe este optimismo?

P. Hay refugiados en Turquía, en Hungría, en República Checa. Miles y miles y miles de personas. ¿Van a quedarse encerrados ahí toda su vida? ¿Vamos a expulsar a todos a un país en conflicto? Va a llegar un momento, muy pronto, en que habrá que liberar a esa gente, no hay otra opción. Confío en la fuerza de la realidad."                 (Entrevista a Sami Nair, Info Libre, en  Rebelión, 22/09/16)

Racismo al estilo Arizona

"Hasta ahora, la policía no podía pedir la documentación a ninguna persona que no fuese sospechosa de haber cometido algún delito. A partir de ahora, sí. Cualquier latino es sospechoso. Aunque, como en el caso de José Rascón, lleve aquí 40 años y tenga ya todos los papeles en regla: "Nos sentimos vigilados. Todos. El miedo está a flor de piel.

Los inmigrantes, tengan documentación o no, intentan ahora no salir de sus casas para evitar ser parados por la policía, humillados delante de sus hijos. Tenga usted en cuenta que rara es la familia en la que todos tienen documentación. Hay hijos nacionalizados con padres ilegales. Y al revés. Hay miedo, mucho miedo, créame. La gobernadora Brewer ha sembrado la semilla del odio y esa semilla crece rápido, necesita poca agua". (...)

Aunque muchos, con el escritor Carlos Fuentes a la cabeza, van más allá. No se trata tanto de cazar al ilegal, sino de criminalizar al mestizo: "La nueva ley racista del Estado de Arizona", escribe Fuentes, "daña a individuos inocentes. Tal es el pecado de todo racismo.

Entrevistados en la televisión norteamericana, varios oficiales de la policía de Arizona se quedaron sin argumentos. ¿Por qué detener a una persona de aspecto latino? Para asegurarse de que sus papeles estén en orden, creando la obligación de que todo moreno (bigotudo o no) lleve siempre consigo documentos de identidad. Como todos los grupos perseguidos. Como los judíos de la Alemania nazi". (El País, Domingo, 09/05/2010, p. 5)

El miedo al emigrante... tiene como consecuencia... un neofascismo bienpensante

"Ahora se trata de algo antiguo y moderno a la vez. Antiguo, porque tanto hoy como ayer se sigue practicando la caza del extranjero (ahora clasificado en la categoría neoxenófoba de "no comunitario"), del diferente, del inmigrante, del que pide asilo o del pobre que mendiga. Él carga con todos los males, a él le cuelgan el sambenito de la inseguridad social, y él también es sospechoso de traer, como las ratas la peste, el debilitamiento de la identidad del país al que inmigra. De ser humano, es reducido a la condición de intruso, de indeseable y de invasor. Es un chivo expiatorio tanto más conveniente en cuanto que es impotente para defenderse. De un lado, sus derechos son recortados día a día; del otro, es vigilado, la policía lo detiene, lo controla por el color de su piel, a veces lo insulta y otras lo mata "por error". (...)

Aunque sean motivo de preocupación, estas manipulaciones jurídicas no alcanzan afortunadamente las derivas que conocemos en Italia sobre el mismo tema. Allí, en la retórica del gobierno como en la de algunas autoridades municipales, el inmigrante se ha convertido simple y llanamente en sinónimo de delincuente. En Verona, la Liga Norte, partido racista que gestiona la ciudad, acaba de dar carácter oficial a las milicias civiles que patrullan las calles para "ayudar" a la policía en sus "tareas" de prevención de la delincuencia, a pesar de que Verona sea una ciudad donde verdaderamente no hay delincuencia, los extranjeros son mantenidos a raya y la inmigración clandestina es casi inexistente. (...)

Como "patriota" italiano, se declaró alarmado ante la ausencia de responsabilidad moral de las elites ilustradas que dejan que se extienda este estado de ánimo. Hay más signos de descomposición de la democracia que preparan el terreno para la llegada de los conservadurismos autoritarios. También en Francia, no pasa un día sin que se pongan en evidencia asuntos de nepotismo, de costumbres que atañen a los responsables en el poder, y de atropello a las reglas democráticas. (...)

El fascismo de ayer era grosero, brutal, paramilitar; los fermentos actuales de la descomposición de la democracia, ¿no serán los signos precursores de un neofascismo moderno, suave y bien pensante?" (SAMI NAÏR: Democracias en descomposición. El País, ed. Galicia, Internacional, 24/10/2009, p. 6 )

Integración de las costrumbres de los inmigrantes

"Un juez saudí rechazó recientemente y en dos ocasiones anular la boda de una niña de ocho años con un hombre de 50... Mientras el juez saudí se lo pensaba, un tribunal español condenaba a 17 años de cárcel a la madre de una adolescente mauritana residente en Cádiz por obligarla a casarse y mantener relaciones con un hombre de 40, sobre el que recayó una pena de 13 años.

Lo que la ley saudí ni se plantea (condenar al progenitor), no se discute entre los juristas españoles. Sin embargo, sí que hubo debate en el Tribunal Supremo al deliberar hace unas semanas sobre el caso de un ecuatoriano de 23 años que mantuvo relaciones consentidas durante un año con una niña de 11. El Supremo confirmó una condena de dos años de cárcel, pero con el voto particular de dos jueces que pidieron la absolución porque el procesado se había criado en la selva y, aunque llevaba siete años en España, no sabía que lo que estaba haciendo era delito.

Éstos y otros casos que han saltado a los medios en los últimos meses dejan una pregunta: ¿dónde hay que situar la frontera de la tolerancia del Estado ante determinadas tradiciones culturales o religiosas? (...)

Casos como el de la familia mauritana de Cádiz o el de niñas inmigrantes que son llevadas a su país para someterlas a una ablación de clítoris sobrepasan por mucho esa barrera del multiculturalismo, según Santolaya. Los compatriotas de la menor mauritana consideran, sin embargo, que ni la sociedad ni los jueces españoles deben inmiscuirse en sus costumbres. "No se están respetando nuestras tradiciones. En nuestro país es muy normal casarse con ocho o nueve años", lamenta Brahim Sall Oulddick, un mauritano que lleva una década en España y es amigo de los padres condenados. En su opinión, hay un malentendido: "Aquí se le llama violación y nosotros le llamamos casamiento".

Para Estrella Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes esa presunta colisión entre las costumbres de unos y otros es "un falso debate". "Una cosa es hablar de interculturalidad, de buscar espacios de encuentro, que siempre son positivos, y otra es hablar de costumbres que en nuestro país son delito. Ahí hay que ser firmes". Lo mismo opina Kaman Rahmouni, presidente de la asociación de trabajadores marroquíes Atime: "Las fronteras están claras: los principios constitucionales de España y las leyes en vigor. Dentro de esto puede caber cualquier costumbre. Fuera no cabe nada". (...)

El único pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por lo que se considera la doctrina vigente, fue contrario a los intereses del trabajador, en este caso, una mujer que se había convertido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre cuyas creencias está el cese de toda actividad desde la puesta del Sol del viernes a la del sábado. La mujer pidió en su empresa un cambio de régimen de su descanso semanal y al no conseguirlo, dejó de ir a trabajar y fue despedida. La afectada solicitó en los tribunales que el despido fuera declarado nulo por entender que estuvo basado en motivos religiosos, pero el Constitucional no le dio la razón.

Los expertos consultados coinciden en que en España aún queda mucho camino por recorrer. Santolaya pone como ejemplo el caso de Estados Unidos, con mucha más tradición de diversidad religiosa. Allí se ha generado ya una amplia jurisprudencia que se conoce como Sabbation cases (en referencia al Sabbath judío) y que reconoce un derecho de los trabajadores y una obligación para los empresarios la búsqueda de un acomodo entre los intereses de ambos." (El País, ed. Galicia, 29/05/2009, p. 32/3)

El delito de emigrar... lleva la pena de que te quiten los hijos

"El Gobierno de Italia convierte en delito la inmigración clandestina. La nueva ley de seguridad de Berlusconi autoriza las patrullas ciudadana (...)

Las enmiendas recogen viejas aspiraciones de la Liga del Norte: se convierte en delito la inmigración clandestina y se amplía el periodo actual de detención de los sin papeles en los centros de identificación y expulsión. Este plazo de detención, que en España es de 40 días y se ampliará a dos meses antes de final de año, en Italia ya alcanza los dos meses y con la nueva ley se extenderá hasta los seis meses, en línea con el máximo permitido por la UE.

Además, con la nueva ley, se legalizan las rondas ciudadanas, que colaborarán con la policía denunciando posibles situaciones de peligro, y se prohíbe realizar cualquier gestión administrativa a los inmigrantes sin permiso de residencia.

Esta última medida era uno de los grandes escollos, porque la oposición, la Iglesia y las organizaciones humanitarias han denunciado que los hijos de los sin papeles no serán inscritos en el registro y corren el riesgo de que se les declare en estado de abandono y sean dados en adopción." (El País, ed. Galicia, Internacional, 14/05/2009, p. 6)

"Lo que está sucediendo en Italia, lo que ha pasado esta semana, con la aprobación de nuevas leyes que convierten en delito la inmigración clandestina y que reducen, o prácticamente eliminan, los derechos de esas personas (incluidos los bebés, a los que no se permitirá inscribir en el Registro) es un escándalo y debería suscitar una reacción mucho más vigorosa en el conjunto de la Unión Europea. ¿De qué nos sirve el Parlamento Europeo si las fuerzas democráticas presentes en esa Cámara no son capaces de denunciar el giro que está adoptando el Gobierno de Silvio Berlusconi y que, al menos en algunos aspectos, recuerda al fascismo?

Europa reaccionó con mucha más fuerza hace casi diez años cuando el partido ultraderechista de Jorg Haider entró a formar parte de un Gobierno de coalición austriaco e, incluso, adoptó determinadas sanciones, antes incluso de que ese Gobierno hubiera aprobado, ni por lo más remoto, leyes parecidas a las que ahora se pretende ignorar en Italia.

El debate sobre la inmigración clandestina en Italia es absolutamente propagandístico y forma parte de una estrategia populista que distrae la atención sobre otros hechos mucho más graves como el florecimiento de la Mafia, la acumulación de poderes por parte de Berlusconi y sus socios, y la degradación de un sistema político corroído en alguna de sus partes por la corrupción. Por 297 votos a favor, 255 en contra y 3 abstenciones (¿quién se puede abstener en un debate semejante?) el Parlamento italiano aprobó unas "nuevas disposiciones en materia de seguridad pública" (http://www.camera.it) que alientan la retórica racista y xenófoba, como denunció el propio presidente de la República, Giorgio Napolitano. (...)

No permitir que se inscriba a un recién nacido en el Registro es negarle su derecho, desde el nacimiento, a un nombre, algo que se recoge en la Declaración Universal de Derechos del Niño y pone en peligro su vida y su salud, porque le hace invisible, una no-persona. ¿En qué evita esa "nueva disposición en materia de seguridad" la emigración clandestina desde África o desde Bangladesh?" (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: El escándalo Berlusconi. El País, Domingo, 17/05/2009, p. 13)

Campos italianos para gitanos, campos catalanes para niños inmigrantes pobres(en lugar de escuelas)

“La Generalitat segregará a los inmigrantes en centros especiales. Una comisión decidirá qué menores salen indefinidamente del sistema escolar.

Después de meses de estudiarlo, la Generalitat de Cataluña ha decidido poner en marcha a partir de septiembre centros especiales para alumnos inmigrantes fuera de la red escolar. En la práctica, la medida afectará mayoritariamente a aquellos alumnos procedentes de la inmigración pobre: Magreb, África subsahariana y países del este de Europa más deprimidos. Los alumnos que lleguen procedentes de la UE no se verán segregados en estos centros, que quedarán fuera del sistema educativo.

La medida está prevista para aquellos alumnos que lleguen con el curso empezado… La decisión desafía una práctica educativa basada en la integración en las aulas escolares, con un refuerzo adicional para los alumnos con gran desnivel lingüístico y educativo.” (El País, ed. Galicia, España, 12/07/2008, p. 10)

“Pero es muy raro encontrar algún modelo, explica la antropóloga de la Autónoma de Barcelona Silvia Carrasco, en el que esas aulas específicas estén fuera de los centros educativos. "Es un esfuerzo innecesario y que no reporta ningún beneficio", dice sobre el plan de la Generalitat de aulas para inmigrantes fuera de los centros. "Las investigaciones han demostrado que los niños aprenden en contexto".

El catedrático de Sociología de la Educación de la Complutense Julio Carabaña se pregunta: "¿Qué quieren hacer con esos centros? ¿Evitar que den guerra en los colegios?". Para Carabaña, simplemente se está "retrasando" el problema de la integración y, además, perdiendo el efecto del principal agente de socialización: los compañeros.” (El País, ed. Galicia, España, 12/07/2008, p. 10)

¿La expulsión de los judíos? No, la de los gallegos indocumentados, que como todo el mundo sabe, es un gran delito

“La llamada Directiva de retorno… El artículo 8 bis.2 de la directiva, dice:

"Las autoridades del Estado miembro de que se trate, antes de expulsar de su territorio a un menor no acompañado, deberán haber obtenido la garantía de que esa persona será entregada a un miembro de su familia, a un tutor previamente designado o a unos servicios de recepción adecuados en el Estado de retorno". (Cursivas propias).

La crítica se centra en la entrega del menor "a unos servicios de recepción adecuados en el Estado de retorno". Fundamentalmente, porque "Estado de retorno" no significa necesariamente el país de origen del menor. Todo el mundo está de acuerdo con que se retorne al niño o al adolescente a su familia o a un tutor legal, por ejemplo, las autoridades de su país de origen. Pero en el artículo 3 de la misma directiva se afirma: "A efectos de esta directiva se entenderá también por "retorno" el proceso de vuelta a un país de tránsito, con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios o bilaterales o de otro tipo".

El lenguaje de la UE puede ser muy árido, pero de lo que se trata es muy sencillo. Un menor no acompañado de Sierra Leona podrá ser "retornado" a los "servicios adecuados" (signifique eso lo que signifique) de, pongamos por ejemplo, un país como Mauritania, con el que la UE o España haya firmado acuerdos en ese sentido. (…)

En relación con los periodos de internamiento forzoso de inmigrantes "irregulares", las críticas se centran en el artículo 14.2: "El internamiento será decidido por las autoridades administrativas o judiciales (...) Cuando haya sido ordenado por una autoridad administrativa, los Estados miembros dispondrán el control judicial rápido de la legalidad del internamiento que deberá decidirse lo más rápidamente posible desde el comienzo del internamiento".

Ningún ciudadano europeo querría ser detenido por las autoridades administrativas de Marruecos, por ejemplo, con la simple garantía de un control judicial "que se decida lo más rápidamente posible". (…)

Dicho todo esto, es cierto que el Gobierno podrá mantener en España disposiciones que sean más favorables a los inmigrantes irregulares. Así lo recoge la directiva europea. Pero también es cierto que cualquier Gobierno, español o de cualquier otro país europeo, con mayoría suficiente, podrá asumir la directiva en sus topes máximos, sin hacer nada que no haya sido ya autorizado, y alabado, por los socialistas españoles y por su presidente.” (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: Razonada explicación. El País, ed. Galicia, España, 27/06/2008, p. 18)

Europa mira de reojo hacia Abu-Graib

“Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad. (…)

El pasado miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal, para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena. Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta, entonces, hay que replantearse muchas cosas. (…)

Todos sabemos que la inmigración sin control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con esta directiva no se pretende "ordenar" la inmigración, como no se cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de personas que no han cometido ningún delito pero que resultan incómodas.

Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo…Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski quedarán apuntados en un papel.” (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: Los límites de la confusión. El País, ed. Galicia, España, 20/06/2008, p. 26)

“AGONIZA O DEREITO DE ASILO EN EUROPA.

VENTOS DE XENOFOBIA. O Goberno español di que non aplicará a directiva da UE para repatriar inmigrantes. SOS Racismo: “Un dos episodios máis vergonzosos da historia contemporánea” (Galicia Hoxe, 20/06/2008.. Portada de uno de los periódicos más conservadores de Galicia)

La UE cierra el paso a los 'sin papeles'. La Eurocámara aprueba la directiva de retorno con la división de los socialistas. Países latinoamericanos y ONG rechazan la norma contra la inmigración ilegal. (…)

La directiva podrá ser aplicada a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que, según la Comisión Europea, se encuentran en Europa. Más de 200.000 fueron detenidos en el primer semestre de 2007, de los que menos de 90.000 fueron expulsados. (…)

Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, expresó su preocupación porque "la directiva permitirá deportar a ocho millones de inmigrantes sin garantías". "Hoy ha sido un día negro para Europa", dijo. "Esto nos retrotrae a la época en la que en España se podía detener sin contar con la orden de un juez".

Martine Roure, la eurodiputada socialista ponente en la sombra, expresó su preocupación porque la directiva "se aplica a personas que ya están instaladas aquí, que tienen sus hijos, que pagan sus impuestos". Roure subrayó su inquietud "por la situación de los niños que pueden ser enviados a países distintos de los de su origen sin garantías".

“Medidas polémicas

- Los sin papeles podrán ser internados seis meses antes de su expulsión. El periodo puede extenderse otros 12 meses si el inmigrante no coopera en su identificación.

- Los expulsados no podrán volver a la UE en cinco años.

- Los menores no acompañados podrán ser entregados a tutores que no sean familiares directos.

- Se concede ayuda gratuita para apelar contra las decisiones de expulsión.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 19/06/2008, p. 2)

“P. ¿Cree que la directiva de retorno puede crear dos tipos de ciudadanos: los europeos y los inmigrantes?

R. No, no son dos categorías. No es una cuestión de jerarquías. Con la directiva de retorno existe la posibilidad de mantener a una persona detenida durante 18 meses, sin culpa alguna, por decisión administrativa y sin intervención judicial. Esto significa que estamos creando una categoría inferior de seres humanos. Es una humillación más fuerte aún. (…)

P. ¿Piensan recurrir la directiva ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo?

R. Esta directiva va a tener muchas dificultades jurídicas porque va en contra de las Constituciones vigentes en muchos países europeos.”(CLAUDIO FAVA: "Europa ha creado una categoría inferior de seres humanos". El País, ed. Galicia, Internacional, 19/06/2008, p. 3)

“Frente común en Suramérica contra la directiva de retorno.

Los países suramericanos reaccionaron ayer de forma unánime contra la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados aprobada el martes por la UE, y estudian una respuesta conjunta que podría suscribirse en la cumbre del Mercosur, prevista el 1 de julio en Tucumán (Argentina).

Las protestas de los Gobiernos de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú coinciden en los mismos puntos: la normativa, dicen, es discriminatoria y viola los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libre circulación. Todos recuerdan también las intensas relaciones migratorias que han existido históricamente entre Europa y América.

El tono más contundente lo empleó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se refirió a la normativa europea como "directiva de la vergüenza", el mismo término empleado por el boliviano Evo Morales. "Qué pena que esa Europa de las luces sea hoy un símbolo de contradicciones", dijo Correa, que impulsará "un frente regional" para responder a "esa barbaridad". Evo Morales había propuesto exigir visado a los europeos, pero ayer el vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, se mostró partidario de no tomar "decisiones apresuradas" y de "estudiar medidas de acuerdo a los intereses bolivianos". (…)

Argentina rechazó "el uso de conceptos como migración legal e ilegal" y dijo que la cuestión migratoria "sólo podrá ser resuelta desde el respeto de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano". (EL PAÍS, ed. Galicia, Internacional, 20/06/2008, p. 4)

"(...) una cincuentena de personalidades del mundo del arte y la cultura han dirigido un escrito a los miembros del Parlamento Europeo para que no adopten una directiva que "permite la detención administrativa de los inmigrantes irregulares hasta 18 meses; la posibilidad de expulsión de los menores no acompañados a terceros países y la prohibición de volver a entrar en toda la Unión durante cinco años". Entre los firmantes figuran los cantantes Manu Chao y Miguel Ríos y la actriz Pilar Bardem.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 18/06/2008, p. 4)

“En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un "delito de inmigración clandestina", castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito? (…)

Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.

De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una "explosión" del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de "expatriables" en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.” (SAMI NAÏR: Europa se blinda ante los inmigrantes. El País, ed. Galicia, 18/06/2008, p. 37)

"La semana laboral se extenderá en ocasiones hasta las 78 horas semanales y se podrá encerrar a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses antes de expulsarlos. En algunas zonas, la policía ya tiene derecho a detener a cualquier persona 42 días sin cargos. En otras, los servicios secretos cuentan con autorización para husmear en los correos electrónicos sin mandato judicial. No piense en China; tampoco en Estados Unidos. Todo esto sucede en la Unión Europea, abanderada durante décadas del modelo social que más protegía al ciudadano. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el alcance del giro, pero coinciden en que el avance de la derecha en casi toda Europa ha dejado su impronta en la UE.

En muy pocos días han coincidido dos proyectos que amenazan con hacer añicos el sueño europeo: la directiva para que la jornada laboral máxima pase de 48 a 60 horas -y excepcionalmente, incluso a 78- y la que combate la inmigración ilegal con una dureza que hasta hace poco se asociaba a la extrema derecha. El contraste con el pasado reciente es sangrante: hace 10 años, el debate sobre la jornada laboral lo lideraba Francia con su propuesta de 35 horas. Y toda la Unión aislaba a Austria por abrir la puerta del Gobierno a un partido que se ensañaba con los inmigrantes." (El País, ed. Galicia, Internacional, 22/06/2008, p. 4/5)

¡Y pensar que en el año 2.000, la UE amenazó a Austria con suspender su relación política si la ultraderecha entraba en el gobierno!

“Los líderes europeos acuerdan una dura e inusitada nota diplomática de advertencia a Viena” (El País, 01/02/2000). ¡Un éxito! ¡Todavía están temblando los fascistas!

“Italia aprueba el decreto que convierte la inmigración ilegal en delito. El Gobierno de Berlusconi declara zonas militares los vertederos de Nápoles… los alcaldes tendrán poderes para controlar y expulsar a los extranjeros, comunitarios o no; para vivir en el país, éstos deberán demostrar que tienen casa, renta y un seguro médico. (…)

Los eslóganes xenófobos que alimentaron la campaña de la Liga Norte y el Pueblo de la Libertad se han escrito negro sobre blanco. Ahora son la ley: "Los italianos quieren seguridad"; "fuera los campamentos gitanos"; "caza a los rumanos, vienen a robar". (…)

Comunitario o no, si es extranjero y entra o permanece en Italia de modo irregular, podrá ser condenado a una pena de entre seis meses y cuatro años de cárcel.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 22/05/2008, p. 6)

Como en Australia, como con Franco, a los gallegos que nos pillen sin trabajo (en Italia), nos meterán en la cárcel en aplicación de la ley (fascista) de Vagos y Maleantes.

¡Ay, mi madriña! ¡Vuelve el Caudillo... y el Duce! ¡Encima de no tener trabajo y andar tirado por ahí... me encierran! ¡Pero yo que he hecho! ¡Señoritos de mierda!