"EE.UU.: los elevados precios de la insulina ponen en peligro vidas . El Congreso debe abordar los precios exorbitantes que muchas personas pagan por medicamentos esenciales.
- El hecho de que el gobierno estadounidense no garantice un acceso
equitativo y asequible a la insulina viola el derecho a la salud de las
personas con diabetes y provoca consecuencias trágicas para muchas de
ellas.
- Un sinfín de personas que no pueden costear el alto precio de la
insulina no solo ponen en peligro sus recursos económicos, sino que
pagan con su salud, su vida y su sustento.
- El gobierno de Estados Unidos debe promulgar políticas que
garanticen que los medicamentos esenciales, como la insulina, sean
asequibles para todos los que los necesitan, independientemente del
seguro, la condición económica o el estatus de ciudadanía.
(Washington, DC, 12 de abril 2022) – El hecho de que el Gobierno de Estados Unidos
no garantice un acceso equitativo y asequible a la insulina viola el
derecho a la salud de las personas con diabetes y provoca regularmente
consecuencias trágicas para muchas de ellas, señaló Human Rights Watch
en un informe publicado hoy.
El informe de 92 páginas “‘If I’m Out of Insulin, I’m Going to Die:’ United States’ Lack of Regulation Fuels Crisis of Unaffordable Insulin,”
(“‘Si me quedo sin insulina, me voy a morir’: la falta de regulación de
Estados Unidos alimenta la crisis de la insulina inasequible”) describe
las repercusiones en materia de derechos humanos de las políticas del
Gobierno estadounidense que hacen inasequible para muchas personas una
medicación esencial para la vida, como la insulina. Human Rights Watch
descubrió que los precios exorbitantes de la insulina y la cobertura
inadecuada del seguro médico pueden hacer que las personas tengan que
pagar mucho dinero de su bolsillo por la insulina, contribuyendo a un
racionamiento de medicamentos peligroso y potencialmente letal,
obligando a las personas a renunciar a otras necesidades básicas y
afectando desproporcionadamente a los grupos social y económicamente
marginados.
“Las personas que necesitan insulina no deberían arruinar su economía para sobrevivir, pero en EE.UU. a menudo sucede”, dijo Matt McConnell,
investigador de justicia económica y derechos de Human Rights Watch.
“Dado que EE.UU. no regula los precios de los medicamentos ni garantiza
una cobertura adecuada de los costos de la insulina, innumerables
personas que no pueden permitirse la costosa insulina no solo están
forzando sus recursos económicos, sino que pagan con su salud, sus vidas
y sus medios de vida”.
Unos 27 millones de adultos en Estados Unidos han sido diagnosticados
con diabetes, y unos ocho millones utilizan uno o más tipos de insulina
para regular su nivel de azúcar en sangre. Sin ella, las personas
pueden experimentar un alto nivel de azúcar en sangre, o hiperglucemia,
que puede dar lugar a complicaciones graves e incluso mortales. Pero en
EE.UU., la forma más recetada de este fármaco que salva vidas – los
análogos de la insulina – puede costar más de 300 dólares por un solo
dosis, lo que puede suponer más de 1.000 dólares al mes si se carece de
una cobertura sanitaria adecuada.
Los motivos de estos elevados precios están claros. A diferencia de la mayoría de los países, Estados Unidos no regula directamente
los precios de los medicamentos. No hay sistemas que establezcan un
precio justo para los medicamentos antes de que entren en el mercado o
que restrinjan cuánto pueden aumentar los precios los fabricantes o los
intermediarios. Los precios de la insulina analógica en Estados Unidos son hasta más de ocho veces superiores a la media de los otros 32 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“Somos el país más rico del mundo, pero la gente tiene que prescindir
de la medicación”, dijo Emily Grant, de 29 años, de Dallas (Texas), al
hablar del coste de su insulina. “No hay nada que pueda hacer sobre la
trayectoria de mi enfermedad, salvo seguir los planes de tratamiento que
me indican mis médicos. Y no creo que esté bien decir: ‘Oh, bueno, o te
lo pagas o te mueres’”.
Human Rights Watch entrevistó a 50 personas, entre ellas 31 con
enfermedades crónicas, 18 de las cuales tenían diabetes
insulinodependiente. Human Rights Watch también revisó extensas fuentes
secundarias y datos de precios disponibles públicamente para tres de los
análogos de insulina más utilizados: Humalog, Novolog y Lantus. Cada
uno de estos medicamentos es producido por una de las tres
multinacionales farmacéuticas que dominan colectivamente el mercado
mundial de la insulina, respectivamente: la estadounidense Eli Lilly, la
danesa Novo Nordisk y la francesa Sanofi.
Estos fabricantes han aumentado los precios de estos medicamentos en
cientos de puntos porcentuales, ajustados a la inflación, desde su
introducción en el mercado a finales de la década de 1990 y principios
de la década de 2000, según la información que estas empresas
presentaron a las investigaciones gubernamentales y otros datos
disponibles públicamente que revisó Human Rights Watch. Aunque estas
rápidas subidas de precios se han ralentizado o han cesado en los
últimos años bajo el escrutinio de los responsables políticos, los
pacientes, los defensores y los medios de comunicación, los precios
siguen siendo elevados y afectan negativamente a la vida de las personas
que no disponen de un seguro médico adecuado o de ayudas benéfica para
mitigar los costes.
Casi todas las personas dependientes de la insulina entrevistadas dijeron que habían racionado
la insulina analógica porque era muy cara, tomando menos medicina de la
recomendada por su médico para alargar su suministro. Human Rights
Watch también descubrió que los elevados gastos de bolsillo pueden
socavar el nivel de vida de las personas que necesitan insulina, ya que
un mayor porcentaje de sus ingresos se destina a este medicamento que
salva vidas en lugar de a otras necesidades básicas, como la
alimentación, el alquiler y la vivienda.
Las cargas derivadas de los elevados costos de los medicamentos son
intrínsecamente regresivas, ya que las personas más pobres deben pagar
una parte mucho mayor de sus ingresos por sus medicamentos, en igualdad
de condiciones. Las comunidades históricamente marginadas, discriminadas
e insuficientemente atendidas en EE.UU. también se ven afectadas de
forma desproporcionada tanto por la diabetes como por sus consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, aunque unas 356 personas con diabetes sufrieron una amputación
de miembros inferiores cada día en los Estados Unidos en 2016, los
adultos negros tenían más del doble de probabilidades de sufrir una
amputación relacionada con la diabetes que los adultos blancos.
La insulina inasequible socava los derechos humanos en virtud del derecho internacional, incluido el derecho al más alto nivel posible de salud,
el derecho al acceso equitativo y asequible a los medicamentos
esenciales, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y la no
discriminación, y el derecho a un nivel de vida adecuado.
El gobierno de EE.UU. debe promulgar políticas
que garanticen que los medicamentos esenciales, como la insulina, sean
asequibles para todos los que los necesiten, independientemente del
seguro, la riqueza o el estatus de ciudadanía. Esto puede requerir una
legislación que reduzca y regule los precios de los medicamentos
esenciales como la insulina. El Congreso también debería mejorar la asequibilidad y disponibilidad de un seguro médico de calidad para las personas con ingresos bajos y medios.
A pesar de la regulación gubernamental, todas las empresas tienen también la responsabilidad
de respetar los derechos humanos y asegurarse de que no causan o
contribuyen a abusos de los derechos humanos según los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos. Las empresas que intervienen en la fijación de los precios de
los medicamentos, incluidos los fabricantes de productos farmacéuticos,
los gestores de beneficios farmacéuticos, los proveedores de planes de
salud y las farmacias, deben tomar medidas para identificar y rectificar
las prácticas que contribuyen a que la insulina sea inasequible para
las personas que la necesitan.
“Nuestro sistema de precios es cruel y regresivo, ya que permite
medicamentos a precios elevados, no regulado y a menudo no mitigado, y
ha consentido a las empresas exprimir a algunas de las personas más
vulnerables del país por un producto sin el que no pueden vivir”, dijo
McConnell. “Pero disponemos de las herramientas para solucionar esta
crisis”.
( Human Rights Watch, 13/04/22)
"Dice Isabel Díaz Ayuso en el prólogo del libro de Esperanza Aguirre Una liberal en política
(Deusto), que los madrileños tienen “una deuda de gratitud” con ella,
presidenta de la región durante nueve años.
Pero su mandato acumula
casos de corrupción (Lezo, Púnica, Gürtel, Ciudad de la Justicia...)
y sus antiguos cargos (Ignacio González, Francisco Granados, Alfredo
Prada, Alberto López Viejo...) reúnen peticiones o condenas de decenas
de años de prisión que la ministra con José María Aznar aún minimiza,
pese a que dimitió por los escándalos. Este fin de semana participa en un acto
con el presidente argentino, Javier Milei, el exdiputado de Vox Iván
Espinosa de los Monteros y el periodista Iker Jiménez, habitual
propagador de bulos. Fuera de la primera línea desde 2017,
Aguirre (73 años) trata de inyectar su “liberalismo radical” en el PP.
De momento, la prologuista de su nuevo libro es su mejor alumna.
Pregunta.
Dice: “La derecha debería hacer suyas muchas de las propuestas que
predica Milei. Aunque solo sea porque, como Thatcher y Reagan, provoca
la violencia de todos los seguidores del social-comunismo”. ¿A qué se
refiere con violencia? ¿Le gustaría ver a un Milei en España?
Respuesta.
Con lo de la violencia me refiero a violencia verbal, a que los excita.
Y me encantaría ver un Milei en España, pero aquí a nadie le gusta
presumir de motosierra. Con una gran dosis de histrionismo que aquí nos
choca, ha conseguido atraer a la juventud.
P. Vincula
el nacimiento de Vox a la renuncia del PP a la defensa de sus
principios y valores. ¿Le ha hecho Vox en estos años alguna oferta para
pasarse a sus filas?
R. No. Conozco bien a Santiago Abascal
y es una persona estupenda. Discrepo en muchos temas con Vox, por
ejemplo, yo soy partidaria del Estado autonómico, pero estoy de acuerdo
en lo más importante: la unidad de España, la defensa de la propiedad,
de la vida, del imperio de la ley... El nacimiento de Vox lo vinculo,
sobre todo, al incumplimiento del programa electoral del PP. En 2011
teníamos una mayoría de 186 escaños y
no cumplimos el programa. Montoro [Cristóbal, ministro de Hacienda]
subió los impuestos, de lo que curiosamente está muy orgulloso; íbamos a
cambiar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial,
Alberto Ruiz-Gallardón llegó a presentar el proyecto y lo tuvo que
retirar, seguramente le obligaron. No derogamos la ley de memoria
histórica... Zapatero, y en eso hay que copiar al adversario, nada más
llegar, retiró a las tropas de Irak, derogó el Plan Hidrológico Nacional y suspendió la entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Educación.
P. En este libro revela algún dato más, que no contaba en Yo no me callo, sobre el congreso del PP de Valencia de 2008. Afirma que Pedro J. Ramírez, entonces director de El Mundo,
le pidió que presentase su candidatura frente a la de Mariano Rajoy y
que Aznar y Francisco Álvarez Cascos, a los que llegó a consultar, se lo
desaconsejaron. ¿Qué peso diría que tiene hoy su corriente, el
liberalismo “radical”, como usted misma lo llama, en el PP?
R.
La noche electoral, Viri [Elvira Fernández, esposa de Rajoy] me dijo:
‘Por favor, dile que lo deje’. Y no se lo dije. Sabía que presentarme
era prácticamente imposible porque había que tener 600 avales de
compromisarios electos, Madrid tenía 200 y a mí solo me apoyaba el País
Vasco de María San Gil. Y además se casaba mi hijo. Si Mariano hubiera
hecho lo que parecía que iba a hacer la noche electoral, es muy posible
que yo me hubiera presentado. Consulté, efectivamente, con Cascos y
Aznar y los dos me dijeron que lo mejor era que se presentara Mariano.
¿Y qué peso tiene hoy mi corriente en el PP? Diría que peso pluma, pero
en dos temas fundamentales se ha tomado la decisión liberal: vivienda
[en contra del criterio de control de precios] y energía nuclear [a
favor].
P. En la página 119 del libro dice: “Esta
confusión que lleva a muchos a creer que es el Estado el que crea
puestos de trabajo es la misma que lleva a muchos a creer que es el
Estado el que tiene la responsabilidad de educar a sus hijos o cuidar de
la salud de las personas o de ocuparse de las personas mayores”. Pero
en la página 194 asegura que ha sido la derecha “la que mejor ha
asegurado el Estado del bienestar”. Parece una contradicción: ¿Usted
cree o no en el Estado del bienestar?
R. Yo no
creo en el Estado de bienestar para nada. Creo que los ciudadanos tienen
que elegir por sí mismos la educación que quieren para sus hijos. Esto
de que los hijos no son de los padres, que nos dijo Celaá [Isabel,
exministra de Educación] me parece un disparate. Y el Estado no tiene
por qué ocuparse de la sanidad de todos.
P. Pero si no hubiera sanidad pública, mucha gente no podría permitirse un ingreso hospitalario, un trasplante...
R.
La Sanidad pública la pagan las comunidades autónomas. A mí no me
parece mal que haya sanidad o educación públicas, una cosa más que se
puede elegir.
P. Hay gente que no tiene capacidad de elegir, esa capacidad suele darla el dinero.
R. No. Tú puedes elegir
entre los colegios concertados o públicos y lo mismo en la sanidad si
eres funcionario. Se podría dar a toda la población esa capacidad de
elegir y, de hecho, en Madrid, conseguimos que las listas de espera
bajaran porque dábamos a elegir: si quieres menos de 30 días, te vas a
esta clínica privada y la pagábamos nosotros, y si quieres quedarte en
tu hospital público, hay esta cola y tendrás que esperar lo que sea.
P. ¿Que la administración destine recursos al sector privado no termina deteriorando al público?
R. Todo lo contrario. La competencia siempre es favorable. Cuando la administración pública funciona en monopolio es el desastre.
P. Los profesores de la pública no lo ven igual.
R.
Yo lo que hago es dar a elegir. A los socialistas no les gusta que los
demás elijan, les gusta la clientela cautiva. Y a esos profesores de la
pública les gustará eso, pese a que están mejor pagados.
P. “Hoy existe en España un marcado caudillismo. Lenin, Stalin, Mao, Castro, Chávez, Maduro y Kim Jong-un
han sido o son los sinónimos de sus regímenes. Igual que Sánchez, cuyos
rasgos de despotismo narcisista son evidentes y cuya pasión por mandar
es indiscutible”. ¿En qué ve similitudes entre Kim Jong-un y Sánchez o
entre Corea del Norte y España?
R. Entre Corea
del Norte y España yo no veo similitudes. Lo que veo es que Sánchez es
narcisista, enfocado solo a mantener el poder a cualquier precio. Un
mentiroso compulsivo al que solo le importa el relato, no la verdad, y
por ese camino vamos. Sánchez ha cogido la ideología de todos los que le
han apoyado, la de los independentistas, que es romper España, y la de
los comunistas, que quieren quitar a Felipe VI y poner a un sucedáneo de
Maduro, que muy bien podría ser Sánchez.
P.
¿Aznar no era era narcisista? ¿Conoce a algún candidato a la presidencia
de un gobierno, incluida usted misma, que no haya querido mandar?
R. Yo no diría que Aznar era narcisista. Y todos los candidatos que conozco lo que querían era aplicar un programa.
P. En el libro es más amable con Franco que con
Sánchez. Sostiene que el presidente del Gobierno persigue “una dictadura
disfrazada de democracia” y del dictador asegura: “Quitando los
primeros años, en los que el régimen de Franco usó saludos y formas
falangistas, parecidos a los fascistas de Mussolini, el resto del tiempo
fue, sencillamente, un régimen autoritario muy preocupado por el orden
público, que permitió la aparición de la clase media con múltiples
oportunidades de progresar” y que “muy pronto fue reconocido por el
resto de países occidentales como el que había evitado que en España
triunfara el comunismo”. ¿El encarcelamiento de miles de presos
políticos y las torturas en la sede actual del Gobierno madrileño eran
muestras de preocupación o represión? ¿Se puede hablar de oportunidades
cuando el Régimen multó a los familiares de miles de fusilados, incautó
sus bienes, los depuró de sus puestos de trabajo y forzó al exilio a
miles de personas?.
R. Era una dictadura
represiva, pero permitió que surgiera la clase media. Claro, a los que
habían matado ¿cómo iban a tener oportunidades de progresar? Pero España
creció de una manera exponencial.
P. ¿Considera,
como cree que hicieron el resto de países occidentales, que el golpe de
1936 estaba justificado “para evitar que en España triunfara el
comunismo”?
R. Para evitar que en España triunfara
el comunismo no. El golpe del 36 estuvo causado por el asesinato de
José Calvo Sotelo. Si el Gobierno de entonces hubiera reaccionado ante
eso, no sé si Franco se hubiera unido a la conspiración que existía,
pero aquello fue la gota que desbordó el vaso. Y lo que digo es que en
la II República no se respetaban los derechos, los medios de
comunicación no podían publicar cosas que no gustaran... No fue para
nada un régimen de libertades.
P. ¿Y el que vino después sí? ¿La dictadura fue mejor?
R. No creo que fuera mejor en los primeros años, pero a la larga sí fue mejor.
P. Sostiene
que la ley de memoria es “nefasta” y que “ha resucitado odios y
rencores”. ¿Qué casos de enfrentamiento conoce a raíz de esta
legislación, que lleva aplicándose desde 2007?
R. Están retirando algunas cosas que no se entiendo por qué y mantienen la estatua de Largo Caballero, el Lenin español.
P. ¿Cree que debería haber hoy estatuas o calles dedicadas a Franco?
R.
No, pero no se pueden borrar 40 años de la historia de España, que
tienen muchísimas cosas negativas, hechos vergonzosos, pero también
hechos positivos. Lo que digo es que lo que pretende la ley es imponer
un relato falso. A nosotros nos daban una asignatura que se llamaba
Formación del Espíritu Nacional y no imponían el relato.
P. ¿Cree que el franquismo no impuso un relato en la dictadura?
R. Por supuesto que pretendían imponerlo. Desconozco si se impuso o no.
P. ¿Ha leído las leyes de memoria que considera nefastas y que llama a derogar?
R.
La primera la leí en su día y el primer artículo me gustó muchísimo,
luego ya no, pero de esto hace mucho tiempo. La nueva [la de 2022] no la
he leído.
P. Relata que cuando le comunicó al
Rey que dimitía, en 2012, él le respondió: “Eso es lo que yo tendría que
hacer”. ¿Qué opina de los escándalos que rodean hoy al rey emérito?
R. Pienso que quien esté libre del pecado, que tiene la primera piedra.
P. Pero la ejemplaridad debería formar parte de una institución como la monarquía, ¿no?
R. Evidentemente. Por eso tenemos a un Rey que es ejemplar.
P. ¿Le decepcionó el comportamiento de su padre?
R.
No. El rey Juan Carlos ha hecho por España mucho más que cualquier otra
figura histórica porque teniendo todos los poderes, se los cedió al
pueblo español. Una cosa es lo que hizo el Rey por España y otra cosa es
que haya tenido sus fallos, como los tenemos todos.
P. ¿Acertó Felipe VI al retirarle a su padre la asignación presupuestaria?
R. El rey Felipe hizo en todo momento lo que creía que tenía que hacer.
P. Cargos del PP en sus gobiernos acumulan decenas de
años de condena de cárcel por corrupción o tienen aún causas pendientes
con la justicia. Cuentas en el extranjero, testaferros, contratos
amañados, financiación ilegal, dopaje electoral … Dedica buena parte del
libro a celebrar su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, pero
apenas alude a esos escándalos de corrupción, salvo para decir que sigue
sin saber por qué González entró en la cárcel ¿Conoce otros gobiernos
en España con esa acumulación de cargos procesados y esos años de
condena?
R. Mire dónde estamos ahora: Leire, Ábalos, Koldo, Aldama...
P. En esos casos aún no hay condenas. En los que afectan a sus gobiernos hay varias, y causas aún pendientes.
R. Con Prada la sentencia reconoce que no se ha llevado un duro, pero lo que creen que hizo mal es que en la Ciudad de la Justicia dedicó
mucho dinero a promocionarla [El proyecto fue presentado 72 veces y
llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón]
y solo hizo un edificio. Si resulta que malversar si no te lo llevas al
bolsillo es bueno si eres nacionalista y si eres consejero autonómico
no... A Granados lo condenaron por hablar con un Guardia Civil [fue
condenado por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público para destruir pruebas y esconder dinero y además le piden ocho años por la financiación ilegal y tiene otras causas pendientes]. López Viejo fue condenado [a 27 años de prisión] porque se llevaba comisiones y yo lo condeno, pero al lado de Ábalos, ¡vamos!
P. Al igual que Vox, critica con dureza la Agenda 2030, los objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Dice que es la agenda de los comunistas. ¿La ONU es comunista?
R. Total.
Milei dio un discurso sensacional en la ONU explicando que cuando se
crea es un organismo bienintencionado, pero que ha derivado en unas
agendas disparatadas, como la 2030. Los artículos los apoyamos todos,
pero el modo de llevarlos a cabo, el “sostenible”, el “inclusivo”... son
palabras comunistas.
P. ¿Qué tiene de comunista la palabra “sostenible”?
R.
Que no podemos tener energía abundante y barata. La agenda 2030
pretende empobrecernos y, de hecho, Europa se está empobreciendo por
culpa de esa agenda.
P. Afirma que cultivó su ideología liberal, entre otras cosas, leyendo The Economist. La revista coronó a España como la mejor economía avanzada de 2024. ¿Se ha dado de baja en la suscripción?
R. Esa suscripción fue hace 40 años. The Economist ya no es lo que era. Mucho mejor el Daily Telegraph [periódico conservador que apoyó el Brexit y
que ha asegurado, sin pruebas, que el apagón se debió a un supuesto
experimento de las autoridades españolas para saber cuánta generación
verde era capaz de digerir el sistema eléctrico nacional ante un futuro
escenario sin nucleares]." ( Natalia Junquera , El País, 05/06/25)
