La nueva norma de la administración Trump define "fragilidad médica" para los requisitos laborales de Medicaid, de forma tan restrictiva que las personas con cáncer, VIH/SIDA y enfermedad renal terminal no estarían automáticamente exentas de los requisitos laborales de Medicaid a menos que su condición afecte significativamente su capacidad para trabajar, este cambio dejará sin cobertura a millones de estadounidenses enfermos cuando los requisitos entren en vigor el próximo año (Drop Site News)

 "(...) La nueva norma de la administración Trump restringe la exención por "fragilidad médica" para los requisitos laborales de Medicaid, amenazando la cobertura de millones de personas: define "fragilidad médica" de forma tan restrictiva que las personas con cáncer, VIH/SIDA y enfermedad renal terminal no estarían automáticamente exentas de los requisitos laborales de Medicaid a menos que su condición afecte significativamente su capacidad para trabajar. Según los defensores, este cambio dejará sin cobertura a millones de estadounidenses enfermos cuando los requisitos entren en vigor el próximo año. La Oficina de Presupuesto del Congreso ya había estimado que aproximadamente cinco millones de personas perderían Medicaid bajo el requisito laboral introducido el año pasado, incluyendo a muchas que trabajan pero no pueden gestionar la carga administrativa. (...)"

(Drop Site News,  02/06/26)

Trump casualmente pide un McDonalds, la repartidora es casualmente una trumpista con más años que el Papa y que por cierto (trabaja en Nevada, no en Washington D.C)... y dice que gracias a quitar impuestos a las propinas ella puede cubrir los gastos de cancer de su marido... en España, a su edad ya estaría jubilada y su marido con el cancer tratado gratuitamente... Es la peor campaña política jamas realizada en la historia de Estados Unidos... Nos ha mostrado todas las debilidades de la económica capitalista estadounidense en apenas 3 minutos de propaganda (Alex_politics)

Alex_politics @comuflauta

Es la peor campaña política jamas realizada en la historia de Estados Unidos. 

O sea analicemos: Trump casualmente pide un McDonalds, la repartidora es casualmente una trumpista con más años que el Papa y que por cierto (trabaja en Nevada, no en Washington D.C). 

Y la respuesta a los reporteros es que gracias a quitar impuestos a las propinas ella puede cubrir los gastos de cancer de su marido. 

Y quien lo promociona es ademas un periodista español que ha salido de un Estado donde con la edad de esa señora ya estaría jubilada y su marido con el cancer tratado gratuitamente.

 Nos ha mostrado todas las debilidades de la económica capitalista estadounidense en apenas 3 minutos de propaganda.

Vídeo: https://x.com/i/status/2043748020613693493

David Alandete @alandete

Hemos hablado brevemente con la mujer que le ha llevado el McDonald’s a Trump. Sharon Simmons nos dice que la eliminación de Trump de los impuestos sobre las propinas le ha cambiado la vida: el año pasado recibió 11.000 dólares en propinas y dice que ese ahorro le ha ayudado a afrontar el tratamiento contra el cáncer de su marido, compensar la caída de ingresos en casa y pagar viajes para ver a su familia. Le ha encantado el Despacho Oval, dice que Trump ha sido muy majo.

7:47 p. m. · 13 abr. 2026 ·7 M Visualizaciones

12:26 p. m. · 14 abr. 2026 ·433,2 mil Visualizaciones

Cuando la rentabilidad desplaza a los pacientes. El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos a los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas... Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado... La nueva ley llega en un momento crítico... es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros... debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados... debe impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales... Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación... El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje (Joan Carles March)

 "El escándalo del Hospital de Torrejón ha hecho saltar por los aires un debate que llevaba décadas latente: ¿Qué ocurre cuando la gestión de un servicio público esencial se entrega a empresas cuyo fin último es la rentabilidad? La pregunta no es nueva, pero las revelaciones recientes han dado una respuesta tan cruda como incómoda. Los audios y correos internos divulgados muestran un sistema donde la prioridad no era atender mejor, sino seleccionar mejor: escoger a los pacientes más rentables, reorganizar prioridades clínicas en función del beneficio empresarial y frenar procedimientos costosos, aunque fueran necesarios desde el punto de vista médico. La lógica implícita era diáfana: restringir la atención a quienes generaban menos ingresos y reservar recursos para pacientes derivados desde otras zonas cuya atención resultaba más lucrativa.

La grabación en la que un alto directivo de Ribera Salud reconoce que “la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa” sintetiza ese modo de operar: cada paciente no atendido era un ahorro, y cada ahorro, un incremento del beneficio. Lo que hasta hace poco era un argumento político o ideológico hoy es un hecho documentado: cuando un servicio público esencial se somete a presiones mercantiles, termina comportándose como un negocio.

Sanidad pública y negocio privado: una tensión estructural

La cuestión de fondo es si puede conciliarse el afán de lucro con la prestación de un derecho fundamental. No se trata de demonizar al sector privado —que históricamente ha desempeñado un papel complementario en el Sistema Nacional de Salud—, sino de reconocer que cuando la gestión de los elementos esenciales del sistema se externaliza, la lógica empresarial invade el espacio de las decisiones clínicas. Y cuando un hospital público gestionado por una empresa privada debe elegir entre operar a un paciente o mejorar su EBITDA, la frontera ética se desdibuja.

El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos al bienestar de los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas. Durante años se advirtió de que esto podía ocurrir. Ahora sabemos que, al menos en este caso, ocurrió.

El episodio que marca un antes y un después

Lo sucedido obliga a replantear con rigor el papel de la gestión privada en servicios donde la vida, la dignidad y la igualdad están en juego. No es solo una discusión técnica, sino democrática. Un sistema público sometido a incentivos privados termina generando desigualdades y opacidades incompatibles con el derecho a la salud.

Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado. Una norma que recupere la gobernanza pública de los centros sanitarios, limite la participación de empresas con ánimo de lucro y garantice que decisiones como las conocidas en Torrejón sean imposibles por diseño, no únicamente por sanción.

Hacia dónde debe ir la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS

La nueva ley llega en un momento crítico. Para ser transformadora debe abordar los elementos estructurales que han permitido que la rentabilidad se deslizara por las rendijas del sistema.

En primer lugar, es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros.

En segundo lugar, debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados.

La ley debe también regular estrictamente la colaboración público-privada: prohibir acuerdos con fondos de inversión, imponer transparencia contractual absoluta y establecer cláusulas de rescisión automática ante incumplimientos sanitarios o éticos.

Otro aspecto clave es impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales, incompatibilizando la toma de decisiones en el sistema público con la actividad simultánea en empresas privadas del sector.

Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre en cada tramo del proceso asistencial.

Por último, la ley debe reforzar la atención primaria, garantizar la soberanía pública en datos e infraestructuras y recuperar la participación ciudadana como mecanismo de control democrático.

Un blindaje para lo que es de todos

El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje: cerrar la vía por la que el ánimo de lucro penetró en lo más profundo del sistema; recuperar el control público de lo esencial; garantizar transparencia, equidad y responsabilidad; y, sobre todo, recordar que la salud es un derecho que no puede sacrificarse en el altar de la rentabilidad. El caso Torrejón muestra que donde manda el negocio, la equidad se resiente y la confianza pública se erosiona. Y sin confianza, ningún sistema sanitario puede sostenerse." 

(Joan Carles March Cerdá , El País, 15/12/25) 

Así vive a sanidade privada galega dos fondos públicos... os fondos públicos pagan o 46% das estancias ou o 51% das cirurxías maiores ambulatorias rexistradas nos hospitais privados.

 "En plena polémica pola orde de reducir atención a pacientes para gañar máis cartos dada nun hospital madrileño polo grupo Ribera Salud, propietario tamén dos hospitais galegos Povisa, Polusa e Juan Cardona, o Ministerio de Sanidade vén de facer público un informe de avaliación da sanidade privada dentro do sistema sanitario estatal. O documento diferencia hospitais públicos, concertados e privados, e detalla non só o gasto público nos dous primeiros tipos senón tamén no terceiro, revelando que en Galicia os fondos públicos pagan o 46% das estancias ou o 51% das cirurxías maiores ambulatorias rexistradas nos hospitais privados.      

O informe do ministerio considera como pertencentes ao sistema nacional de saúde (SNS) tanto aos hospitais públicos como aos privados "de utilización pública", nos que inclúe tanto aos que teñen un concerto substitutorio para prestar toda a súa oferta asistencial a unha poboación asignada do sistema público -o caso de Povisa- como aos que dedican máis do 80% dos seus recursos á prestación de servizos financiados polo sistema nacional de saúde. Pola súa banda, inclúe no concepto Privado non SNS os centros sen concerto ou cun concerto parcial para realizar actuacións médicas puntuais para a sanidade pública.

Segundo o Catálogo Nacional de Hospitais do ministerio, en Galicia hai 19 hospitais privados, dos que dous teñen concertos substitutorios ou completos co Sergas (Povisa en Vigo e o Centro Oncolóxico de Galicia na Coruña), sete teñen concertos parciais e dez non teñen concerto. Pero tamén os que non teñen concerto poden recibir financiamento público para actuacións sanitarias concretas. De feito, os fondos públicos poden superar aos privados no financiamento de diversas actividades asistenciais realizadas nos 17 hospitais privados galegos sen concerto ou con só concerto parcial.

Por exemplo, o informe do ministerio sinala que no total de cirurxía maior ambulatoria rexistrada nos hospitais privados galegos sen concerto o 50,7% do custe foi financiado en 2023 con fondos públicos, o que sitúa Galicia como segunda comunidade só por detrás de Extremadura e moi por riba da media estatal.  

Outro dos conceptos analizados polo ministerio é o financiamento dos procesos vinculados a altas hospitalarias. As tres rexións cunha maior proporción de financiamento público en centros privados non concertados, e polo tanto non considerados parte do sistema nacional de saúde, foron Extremadura, Murcia e Galicia (40,1%). 

Se a análise se fai sobre as estancias rexistradas en hospitais privados non concertados Galicia aproxímase máis á media estatal. Pero aínda así os datos reflicten que case a metade (45,9%) do custo das estancias en hospitais privados galegos acaban sendo pagadas con fondos públicos. 

Moito menor peso teñen os fondos públicos no global de consultas rexistradas nos hospitais privados. Aínda así, Galicia é a segunda comunidade na que eses fondos públicos representan máis para os hospitais privados, un 18,9%, a pouca distancia de Castela-A Mancha e co dobre que na media estatal. Tampouco teñen gran peso os fondos públicos no financiamento das urxencias ou das sesións de hospitalización de día rexistradas nos hospitais privados galegos.

Galicia segue sendo das comunidades con menor peso do aseguramento privado, con só o 24% da poboación, pero medrou do apenas 9% que había en 2018

O informe do ministerio tamén reflicte que Galicia segue sendo unha das tres comunidades con menor peso do aseguramento privado, con só o 24% da poboación con algún tipo de políza sanitaria, moi lonxe do 44,6% da poboación de Madrid. Porén, partindo dunha situación aínda máis baixa, o 9%, o aseguramento privado medrou en Galicia desde 2018 ata 2024 un 166,7%, o que o informe atribúe ás demoras producidas nese período coincidente coa pandemia da COVID-19." 

(David Reinero  , Nós, 15/12/25) 

Un grupo de accionistas de United Healthcare presentó una demanda contra la empresa en respuesta a una caída del valor para los accionistas de alrededor del 22 % tras la muerte de su director ejecutivo... creen claramente que UHC comenzó a aprobar un poco más de atención médica, y esto perjudicó sus finanzas... United Healthcare siempre se ha destacado en el mundo de la especulación con el sufrimiento ajeno, siendo la número uno en denegaciones y la pionera en la denegación de atención médica (me refiero a utilizar la inteligencia artificial para denegar los servicios recomendados por los médicos como primera respuesta). El hecho de que los accionistas se enfadaran cuando se redujeron las denegaciones es sorprendente, parece que simplemente se redujo ligeramente lo irrazonable... Es un sistema increíblemente cruel, que literalmente se lucra con los enfermos y los débiles de la sociedad, y Estados Unidos es el único que ve esta condición humana como «una oportunidad para obtener beneficios»... nos encontramos en un momento en el que la codicia se ha vuelto completamente insostenible (Kathleen Wallace)

 "Todos conocemos la historia. Alguien se enfada mucho por el comportamiento de una compañía de seguros médicos. Quizás estén muy molestos por las palabras y acciones del director ejecutivo y otros líderes de la empresa. Y entonces llega el momento de la verdad y deciden actuar.

Me refiero a que un grupo de accionistas de United Healthcare presentó una demanda en mayo de este año contra la empresa. Esta acción fue en respuesta a una caída del valor para los accionistas de alrededor del 22 % tras la muerte de su director ejecutivo. Los accionistas estaban enfadados y se sentían engañados cuando la empresa indicó que no habría cambios en sus previsiones de beneficios tras este suceso. Sin embargo, los accionistas demandantes creen claramente que UHC comenzó a aprobar un poco más de atención médica en respuesta a la muerte de su director general. Esto perjudicó sus finanzas, dicen, y en un arrebato que solo puede resolverse mediante un litigio, se lanzaron contra la empresa. En este caso, los resultados y la salud de las finanzas de esos accionistas son inversamente proporcionales a la salud de los accionistas que, lamentablemente, tienen un seguro de UHC. Verá, las reglas son que usted paga una fortuna por unas primas elevadas y se marchita si se enferma. Es un impuesto a los pobres. No se les puede pedir que cumplan con su parte del trato.

 United Healthcare siempre se ha destacado en el mundo de la especulación con el sufrimiento ajeno, siendo la número uno en denegaciones y la pionera en la denegación de atención médica (me refiero a utilizar la inteligencia artificial para denegar los servicios recomendados por los médicos como primera respuesta). El hecho de que los accionistas se enfadaran cuando se redujeron las denegaciones es sorprendente, porque no es que empezaran a aprobar toda la atención que los médicos indicaban que era necesaria. No, parece que simplemente se redujo ligeramente lo irrazonable. Es como si Howard Hughes solo te rociara con una solución de lejía al 25 % en lugar de al 28 % cuando entras en su ascensor para visitarlo.

Ahora bien, ¿de qué tipo de beneficios estamos hablando en este mundo de explotación corporativa? Pues bien, en el año 2023, los gastos del sistema sanitario estadounidense ascendieron a la grotesca cifra de 4,9 billones (o 14 570 dólares por persona). Digo grotesca porque esa cifra no indica realmente «atención». Proporciona ingresos parasitarios a un gran número de intermediarios, accionistas y una red general de sinvergüenzas. Es un sistema increíblemente cruel, que literalmente se lucra con los enfermos y los débiles de la sociedad, y Estados Unidos es el único que ve esta condición humana como «una oportunidad para obtener beneficios».

 Por supuesto, muchos estadounidenses están mal informados y desinformados. Creen que esta situación y la falta de atención se deben a la escasez, cuando en realidad nada más lejos de la realidad. Entre 1979 y 2019, la productividad de los trabajadores en Estados Unidos se disparó del 85 % al 112 %. En 1979, la atención sanitaria era relativamente accesible, mientras que hoy en día se ha convertido en un lujo. Los recursos están ahí, la escasez impuesta se debe a la codicia cada vez mayor que vemos en la cima. Los recursos existen, pero están atrapados por acaparadores que necesitan que se desmantelen puentes para que sus yates puedan pasar. La gente trabaja cada vez más duro por cada vez menos. Por supuesto, esto no es una revelación para nadie que preste atención, pero millones de estadounidenses creen que nos encontramos en esta situación por cualquier cosa menos por la causa fundamental (los oligarcas y la codicia desenfrenada). Creen que los inmigrantes se están quedando con la asistencia sanitaria o cualquier otro bulo que producen los medios de comunicación y los políticos y que ellos se tragan.

El impulso de privatizarlo todo conduce, en el mejor de los casos, a una menor calidad y a un mayor gasto para el individuo y, en el peor, a un fraude descarado y a un comportamiento delictivo. Este fue el caso del sistema penitenciario privatizado, en el que los jueces aceptaban sobornos para suministrar presos a las cárceles juveniles. Algunos aspectos de la vida humana, como la libertad, la salud y la seguridad, nunca deberían haberse convertido en un ámbito del que se aprovechan los codiciosos. Pero aquí estamos.

 He trabajado en el ámbito sanitario durante muchos años. Es difícil describir ciertas cosas debido a las leyes de privacidad, pero hay una historia que siempre me ha perseguido. No es identificable personalmente, así que no debería haber ningún problema. Creo que su historia es importante y que ilustra claramente parte del sufrimiento que se vive ahí fuera.

 Había una mujer que trabajaba en una de las cadenas de restaurantes, todos reconocerían el nombre. No era mayor, ni joven. Estaba en esa edad intermedia que puede dar paso al trabajo pesado en una economía pobre. El brillo del mundo ha perdido su esplendor y las dificultades de la vida se acumulan. Todo esto en un entorno en el que el trabajo manual comienza a pasar factura. Le duelen las articulaciones, es más difícil no sentirse cansada todo el tiempo. Trabajaba como camarera en esta mega cadena de restaurantes, de pie todo el día, luchando por ganar lo suficiente para sobrevivir. No tenía seguro médico, ya que se aseguraban de que sus horas fueran tales que pudieran afirmar que le proporcionaban seguro, pero mantenían a la mayoría de los empleados un microsegundo por debajo de ese nivel. Utilizaban este truco o hacían que las horas fueran tan irregulares que la persona nunca alcanzaba los «requisitos para obtener prestaciones». Al no tener seguro, no investigó el dolor punzante que sentía en el abdomen. Simplemente siguió tomando aspirinas para aliviarlo. Cada vez más aspirinas para enmascarar el dolor y poder seguir trabajando. 

  Esto continuó durante un par de años y el consumo masivo de aspirina tuvo el efecto habitual. Le provocó una hemorragia gastrointestinal y, por ello, no tuvo más remedio que acudir al último recurso para quienes no tienen seguro médico: el servicio de urgencias local. Se investigó la hemorragia y, al hacerlo, se descubrió una enfermedad metastásica masiva. El cáncer estaba en un punto en el que realmente no se podía hacer nada; estaba demasiado avanzado. Se convirtió en otra víctima del sistema lucrativo. Pero esa cadena de restaurantes sigue obteniendo enormes beneficios, muy superiores a lo que le habría costado proporcionarle un seguro. Ahora, tomemos esta anécdota y multipliquémosla por... ¿cuánto? ¿Miles y miles?

Es difícil saber cuánto sufrimiento provoca esta crueldad institucional. El sistema sigue funcionando, haciendo tan ricos a unos pocos que no se quedarían sin dinero aunque quemaran literalmente cientos de dólares cada momento durante el resto de su vida.

 El hecho de que el seguro esté vinculado al empleo en los Estados Unidos es en sí mismo un método para reprimir la autonomía de los trabajadores. Por supuesto, debería ser una expectativa de ser ciudadano de tu nación. Nunca se oye a los derechistas quejarse del ejército socialista que financian con sus impuestos, pero destinar dinero al cuidado de sus conciudadanos se considera algo impensable. Les han lavado el cerebro y ni siquiera pueden permitirse programar una visita al médico para hacerse una resonancia magnética que muestre las zonas lavadas y lisas.

Pero estas víctimas tienen familias, tienen amigos, personas que las quieren. Su vida vale tanto como la de Peter Thiels y Elon Musks. La pérdida de la vida de uno de los suyos, como el director general de UHC, se trata como el fin de la sociedad civilizada, mientras que las innumerables vidas perdidas de la manera anterior... bueno, son simplemente estadísticas.

 Esto plantea preguntas enormes, como cuál es el valor inherente de un ser humano y si no tenemos el deber de ayudarnos unos a otros en una sociedad civilizada. Creo que, en el fondo, la mayoría de las personas saben que tenemos esa responsabilidad. Tener esa reciprocidad nos beneficia a todos. No es saludable sentir un desprecio tan profundo por los demás. Basta con fijarse en nuestros oligarcas y sus problemas de salud mental, que se ponen de manifiesto a diario, para ver que acumular riqueza y negar a los demás no hace que uno se sienta nunca tranquilo y en paz. En el fondo, probablemente saben que el odio que sienten por los demás se vuelve contra ellos mismos y, en lugar de trabajar en su decencia, redoblan su enfermedad, la codicia y la glotonería de recursos.

El «Informe sobre la felicidad» analiza una miríada de detalles de la vida de los ciudadanos para encontrar a aquellos que realmente disfrutan de su tiempo aquí en la Tierra. Y no es nada sorprendente que las naciones que ocupan los primeros puestos den prioridad al bienestar de sus conciudadanos. Seis de las siete naciones que encabezan la lista son del norte de Europa, donde simplemente no se tolera la implementación de una sociedad en la que el ganador se lo lleva todo y no hay red de seguridad.

 ¿Por qué los estadounidenses son tan arrogantes como para creer que su sistema es inherentemente mejor cuando ni siquiera es capaz de producir un producto básico, como es la felicidad de las personas? Es absurdo seguir escuchando a aquellos que continúan vendiendo la miseria como su punto fuerte, cuando ellos mismos son miserables.

A través de todo esto, nos encontramos en un momento en el que la codicia se ha vuelto completamente insostenible. La miseria es tan exponencial como la riqueza de los oligarcas. Pero, en palabras de Percy Bysshe Shelley, «vosotros sois muchos, ellos son pocos». Es hora de que actuemos como tal."   

(Kathleen Wallace , blog, 07/12/25, traducción DEEPL, enlaces en el original) 

La mortalidad infantil aumenta 25 por ciento en EEUU en 10 años... cuando la mortalidad infantil se reduce en los otros países desarrollados, aumenta en EEUU, junto con todos los demás indicadores de enfermedades crónicas. La investigación subraya la indiferencia completa de las élites gobernantes estadounidenses hacia el bienestar y la seguridad de los niños, especialmente aquellos de clase trabajadora... entre 2007 y 2022, fallecieron 316.000 niños adicionales en comparación con la mortalidad en otros países desarrollados comparables. Esto es un equivalente a un exceso de mortalidad de 54 muertes por día en Estados Unidos... Los bebés estadounidenses tenían 2,2 veces más probabilidades de morir por prematuridad y 2,4 veces más probabilidades de morir por muerte súbita e inesperada en comparación con los países pares. Estas estadísticas reflejan la destrucción sistemática de la infraestructura social necesaria para apoyar el desarrollo y la salud infantil... El estudio (Journal of the American Medical Association) también documentó tendencias alarmantes en la salud mental y las afecciones crónicas. La depresión grave en los niños aumentó en un 230 por ciento de 2010 a 2023, mientras que la apnea del sueño se triplicó, los trastornos alimentarios aumentaron en un 220 por ciento... se estima que el 4 por ciento ha desarrollado COVID persistente... El cinco por ciento de los niños estadounidenses carecen de seguro, mientras que el 40 por ciento de los niños con seguro público tienen acceso limitado a la atención primaria y especializada simplemente porque el sistema de seguro está amañado contra el reembolso y la atención primaria (Benjamin Mateus)

 "La tasa de mortalidad infantil en EEUU se disparó 25 por ciento en la última década, según un estudio publicado el mes pasado por el pediatra Christopher Forrest y sus colegas, en la revista Journal of the American Medical Association. Incluso cuando la mortalidad infantil se reduce en los otros países desarrollados, aumenta en EEUU, junto con todos los demás indicadores de enfermedades crónicas.

La investigación subraya la indiferencia completa de las élites gobernantes estadounidenses hacia el bienestar y la seguridad de los niños, especialmente aquellos de clase trabajadora.

En 2014, los niños estadounidenses tenían una probabilidad 1,6 veces mayor de morir que sus contrapartes en países pares. Para 2022, esta brecha se había ensanchado dramáticamente: los niños estadounidenses son 2,3 veces más propensos a morir.

Los autores estiman que, entre 2007 y 2022, fallecieron 316.000 niños adicionales en comparación con la mortalidad en otros países desarrollados comparables. Esto es un equivalente a un exceso de mortalidad de 54 muertes por día en Estados Unidos.

De 2011 a 2023, la prevalencia de niños de tres a 17 años con enfermedades crónicas aumentó del 39,9 por ciento al 45,7 por ciento dentro de los sistemas de salud estudiados.

Los niños estadounidenses de 1 a 19 años tenían 15,3 veces más probabilidades de morir por armas de fuego en comparación con sus pares en otras naciones desarrolladas, y estas tasas aumentaron constantemente durante el período de estudio. En 2020, la mortalidad por armas de fuego superó los accidentes automovilísticos como la principal causa de muerte en los jóvenes estadounidenses.

El estudio también documentó tendencias alarmantes en la salud mental y las afecciones crónicas. La depresión grave en los niños aumentó en un 230 por ciento de 2010 a 2023, mientras que la apnea del sueño se triplicó, los trastornos alimentarios aumentaron en un 220 por ciento y las tasas de obesidad infantil aumentaron del 17 por ciento en 2007-2008 al 20,9 por ciento en 2021-2023.

Para los bebés menores de un año, las infecciones respiratorias, la prematuridad, las anomalías congénitas y las muertes súbitas inesperadas de bebés fueron factores comunes en su fallecimiento, lo que se refiere a la cuestión más amplia de la atención médica materna y los problemas médicos que rodean el parto en los EE.UU. La mayor mortalidad en los Estados Unidos se debió en gran medida a la muerte súbita inesperada de bebés y a la prematuridad, condiciones directamente relacionadas con una atención prenatal inadecuada, las disparidades en la salud materna y la pobreza. Los bebés estadounidenses tenían 2,2 veces más probabilidades de morir por prematuridad y 2,4 veces más probabilidades de morir por muerte súbita e inesperada en comparación con los países pares.

Estas estadísticas reflejan la destrucción sistemática de la infraestructura social necesaria para apoyar el desarrollo y la salud infantil.

En un editorial complementario al estudio, titulado “Cómo les estamos fallando a los niños estadounidenses”, la Dra. Elizabeth Wolf de la Virginia Commonwealth University y sus colegas explicaron que estos problemas sistémicos que crean condiciones desastrosas son prevenibles y surgen de la negligencia hacia el bienestar de la población estadounidense.

El cinco por ciento de los niños estadounidenses carecen de seguro, mientras que el 40 por ciento de los niños con seguro público tienen acceso limitado a la atención primaria y especializada simplemente porque el sistema de seguro está amañado contra el reembolso y la atención primaria. Existe un déficit sofocante de profesionales de la salud mental pediátrica que no pueden seguir el ritmo de las demandas, lo que impone cargas adicionales a las clínicas de atención primaria y los departamentos de emergencia.

El editorial que acompaña al estudio señala cinco dominios que explican la peor salud en los Estados Unidos: atención médica, comportamientos, condiciones socioeconómicas, medio ambiente y políticas públicas.

Estados Unidos difiere fundamentalmente de los países pares en cada dominio. El panorama fragmentado del seguro médico proporciona poca ayuda a las familias de clase media-baja y complica que esté asegurados continuamente, mientras que Estados Unidos tiene entre las mayores tasas de pobreza infantil y desigualdad de ingresos de la OCDE.

Los factores ambientales agravan estos problemas. La persistente falta de inversión en los programas de salud infantil limita el acceso de los jóvenes a los recursos que promueven la salud y aumenta la exposición a los riesgos para la salud. Los niños de bajos ingresos tienen una mayor exposición a los contaminantes en el aire que desencadenan el asma y es más probable que vivan cerca de peligros ambientales y carreteras de alta velocidad sin características de seguridad para los peatones.

Gran parte del aumento se ha producido desde el inicio de la pandemia de COVID-19, lo que subraya no solo la naturaleza mortal de la pandemia, sino también la fallida respuesta social y política que ha eviscerado constantemente la salud pública y la atención médica.

La pandemia en sí continúa sin cesar, con más de 350 estadounidenses que siguen muriendo semanalmente de COVID-19 a partir de mayo de 2025, y Estados Unidos se encuentra ahora en su undécima ola de infecciones masivas. Desde el inicio de la pandemia, ha habido más de 1,38 millones de muertes adicionales en los Estados Unidos, y la clase trabajadora se ha visto afectada de manera desproporcionada.

Entre los niños, se estima que el 4 por ciento ha desarrollado COVID persistente, según una investigación reciente de la Iniciativa RECOVERY, lo que se traduce en aproximadamente 6 millones de niños solo en los EE.UU. Esta condición, que puede causar daños duraderos a múltiples sistemas de órganos y reducir drásticamente la esperanza de vida, representa una catástrofe de salud generacional que afectará a estos niños a lo largo de sus vidas.

La iniciativa “Hacer que Estados Unidos sea Saludable de Nuevo” (Make America Healthy Again; MAHA) de la Administración de Trump, dirigida por el fanático antivacunas Robert F. Kennedy Jr., no representa una solución, sino una aceleración de esta crisis. MAHA es una cortina de humo diseñada para enmascarar las políticas eugenistas que empeorarán drásticamente la mortalidad infantil.

Desde que asumió el cargo, Kennedy ha cancelado $500 millones en fondos para las investigaciones de vacunas de ARNm, ha eliminado los programas de prevención y salud materna, y ha lanzado iniciativas de “investigación” diseñadas para alimentar las dudas de los padres sobre la inoculación. Estas políticas reducirán aún más la esperanza de vida y sentarán las bases para otra pandemia catastrófica.

Como señalaron Karl Marx y Friedrich Engels hace casi dos siglos, las divisiones de clase dan forma a todos los aspectos de la infancia, y los hijos de los pobres sufren las condiciones más difíciles en la sociedad capitalista. Los fundadores del socialismo científico vieron correctamente el verdadero bienestar infantil como imposible bajo las relaciones sociales capitalistas y abogaron por una revolución proletaria para poner fin a la explotación de la clase trabajadora y la desigualdad social, asegurando así el bienestar de las generaciones futuras.

Objetivamente, existen los medios para garantizar que cada vecindario esté a salvo de la violencia, el crimen y la contaminación. Los alimentos nutritivos, la atención médica y educación pública de alta calidad podría ser fácilmente accesibles. Sin embargo, como demuestran los recientes y continuos recortes del Gobierno de Trump a la salud y la ciencia, las élites gobernantes buscan eliminar todas las conquistas sociales de los trabajadores que fueron el producto de las luchas pasadas contra el sistema capitalista.

Como señaló el informe de Oxfam de 2024, las ganancias netas de 200 de las mayores corporaciones estadounidenses se dispararon a $1,25 billones en 2022, un aumento del 63 por ciento con respecto a 2018, de las cuales el 90 por ciento se pagó a accionistas ricos. Si bien los pagos de los directores ejecutivos continúan subiendo a niveles históricos, los salarios permanecen estancados, por debajo de la inflación. Mientras tanto, los recortes a la seguridad en el lugar de trabajo continúan acumulándose, poniendo en peligro la vida de los trabajadores sin ningún apoyo de los burócratas sindicales, que defienden los ataques corporativos contra la vida y el bienestar de la clase trabajadora.

La conexión entre esta crisis y el asalto más amplio a la vida de la clase trabajadora se ejemplifica en la investigación de la Alianza Internacional Obrera de los Comités de Base (AIO-CB) sobre la muerte del trabajador de Stellantis, Ronald Adams Sr.

Adams, un hábil trabajador capacitado de 63 años conocido como el “protector de la planta” por su dedicación a la seguridad, fue aplastado por una grúa pórtico el 7 de abril de 2025, porque la compañía redujo las medidas de seguridad para cumplir con las cuotas de producción. Aquellos niños que sobreviven hasta la edad adulta en estas condiciones son empujados a entornos de trabajo mortales similares donde sus vidas y su salud continúan estando subordinadas al lucro privado.

El sistema capitalista trata la vida humana como prescindible desde el nacimiento hasta la muerte, y las mismas relaciones sociales que producen 54 muertes infantiles adicionales por día continúan operando a lo largo de la vida de los trabajadores. Según la propia AFL-CIO, más de 140.000 trabajadores mueren cada año en los EE.UU. por condiciones de trabajo peligrosas, incluidas lesiones traumáticas y enfermedades ocupacionales como el cáncer, las enfermedades respiratorias y la insuficiencia cardíaca. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que casi 3 millones de trabajadores mueren cada año en todo el mundo a causa de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.

El cambio que se necesita para detener estos ciclos de muerte prematura no vendrá de ninguna sección de la élite política, que sirve a los intereses de las corporaciones estadounidenses en lugar de a las familias trabajadoras. La crisis de salud que enfrentan los niños estadounidenses es un producto directo de la priorización del sistema capitalista de las ganancias sobre las necesidades humanas.

La solución requiere una reestructuración fundamental de la sociedad basada en la necesidad social en lugar del lucro privado. Esto significa atención médica universal, la inversión pública masiva en educación y servicios sociales, la eliminación de la pobreza infantil a través de la redistribución de los ingresos, el control democrático sobre los recursos necesarios para garantizar el desarrollo saludable de todos los niños y el control de los trabajadores sobre la producción para garantizar condiciones de trabajo seguras.

Los más de 54 niños que mueren innecesariamente cada día en Estados Unidos no representan meras estadísticas, sino una acusación de un sistema social que ha fallado en su obligación más básica: proteger a sus miembros más vulnerables. Sus muertes, como las de trabajadores como Ronald Adams, exigen nada menos que la transformación completa de la sociedad estadounidense. Solo a través del establecimiento de un Gobierno obrero comprometido con los principios socialistas se puede poner fin finalmente al asesinato social de niños y trabajadores bajo el capitalismo."

(Benjamin Mateus, Evan Blake, Jaque al neoliberalismo, 20/08/25, fuente wsws.org )

Oncólogos denuncian presiones de una intermediaria de las aseguradoras privadas para que no prescriban terapias caras... Cuando esta empresa es contratada, los oncólogos que trabajan para las compañías aseguradoras deben pedir a estos asesores “que autoricen el tratamiento que consideran más adecuado para el paciente”... Los argumentos para rechazar la autorización puede ser que “no es coste efectivo”... Los seguros de salud no siempre cubren todos los tratamientos. elDiario.es ha recogido casos de compañías que denegaron terapias de última generación contra el cáncer con un precio alto a sus pacientes, que finalmente terminaron siendo atendidos por la sanidad pública

 "Una intermediaria que contratan algunas aseguradoras llamada Atryl Health-Bienzobas está presionando a los oncólogos que trabajan para estas compañías privadas para que no prescriban a los pacientes tratamientos contra el cáncer que tienen un precio elevado, según ha revelado este lunes Abc, que ha tenido acceso a decenas de informes que intercambian los facultativos con “asesores oncológicos” de esta empresa dedicada a administrar parte de las tareas de gestión de este area médica.

Cuando esta empresa es contratada, los oncólogos que trabajan para las compañías aseguradoras deben pedir a estos asesores “que autoricen el tratamiento que consideran más adecuado para el paciente”. Los problemas aparecen, según recoge Abc, con tratamientos como anticuerpos monoclonales (Avastin o Panitumumab) que se administran por vía intravenosa y que son habituales en la sanidad pública.

Los argumentos para rechazar la autorización pueden ser varios: que “no es coste efectivo”, que las guías europeas consideran más eficientes otras terapias más baratas o que no están en ficha clínica, es decir, aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), siempre de acuerdo a lo publicado por este medio.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se muestra “preocupada” por las informaciones publicadas y lo considera un “problema de máxima relevancia para los pacientes que se ven afectados por las decisiones”. Su presidente, César A. Rodríguez, ha asegurado en un comunicado que hay un grupo de trabajo en marcha desde 2021 cuya tarea prioritaria era analizar este “problema” aunque todavía no hay “conclusiones”.

Sanidad se pronuncia

Para el Ministerio de Sanidad, que se ha pronunciado sobre esta información, “se trata del enésimo ejemplo de cómo la intromisión de un ente privado con ánimo de lucro en el ámbito de la asistencia sanitaria termina perjudicando a pacientes concretos”. “Lo hemos dicho por activa y por pasiva: eliminar el ánimo de lucro en la prestación de la asistencia sanitaria es el elemento fundamental para eliminar la existencia de intereses menos legítimos”, ha respondido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a preguntas de elDiario.es.

La ministra Mónica García también se ha pronunciado a través de X. “Que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio”, ha dicho añadiendo que el ministerio “defiende la sanidad pública”, en la que “los médicos deciden según la evidencia científica y no según beneficios económicos”.

Los informes a los que ha accedido Abc muestran casos de DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna, aunque hay más aseguradoras que tienen contratados sus servicios. Todas niegan conocer las presiones que relatan los oncólogos. Atryl Health-Bienzobas defiende que son los médicos los que tienen la última palabra sobre los tratamientos.

Entre los pacientes de estas compañías también hay funcionarios públicos que eligen la sanidad privada a través de Muface, que acaba de renovar su contrato con la administración pública con una subida sustancial de las primas. Hasta ahora prestaban este servicio DKV, Asisa y Adeslas, aunque la primera se ha descolgado para las próximos tres años.

Los seguros de salud no siempre cubren todos los tratamientos. elDiario.es ha recogido casos de compañías que denegaron terapias de última generación contra el cáncer con un precio alto a sus pacientes, que finalmente terminaron siendo atendidos por la sanidad pública. Un informe del Ministerio de Sanidad advertía hace unos meses de esta práctica consistente en derivar pacientes económicamente no rentables al sistema público. Se refería a los funcionarios públicos que habían elegido Muface y eran atendidos por la sanidad privada."              (eldiario.es, 17/03/25)

El impulso científico de los hospitales españoles ha logrado que empiece a ser una realidad un escenario inimaginable hace muy poco e inédito en el mundo: que la sanidad pública pueda ser en buena parte autosuficiente en la producción de las revolucionarias terapias CAR-T frente a tipos de cáncer como el mieloma múltiple... estas terapias son cuatro veces más baratas, lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema... Frente al mieloma múltiple hay dos terapias comerciales aprobadas [Abecma y Carvycti], pero estas no llegan a muchos enfermos por varias razones: falta de capacidad de producción de las farmacéuticas, estrategias comerciales, elevados precios... El avance ha despertado los recelos de las compañías farmacéuticas que tienen aprobadas estas terapias... “La industria maniobra en Bruselas para hacer valer sus intereses. Las farmacéuticas pretenden, por lo que hemos visto, impedir los CAR-T académicos en las indicaciones en las que existe uno comercial. Esto supondría el fin del ARI-0002h” (Oriol Güell )

 "El impulso científico de los hospitales españoles ha logrado que empiece a ser una realidad un escenario inimaginable hace muy poco e inédito en el mundo: que la sanidad pública pueda ser en buena parte autosuficiente en la producción de las revolucionarias terapias CAR-T frente a tipos de cáncer como el mieloma múltiple. Este es el hito alcanzado por una red de centros sanitarios, liderada por el Clínic de Barcelona y de la que forman parte los hospitales 12 de Octubre de Madrid, Virgen del Rocío de Sevilla, Salamanca, Virgen de la Arrixaca de Murcia, Clínico de Santiago de Compostela y la Clínica Universitaria de Navarra, este último el único del grupo de titularidad privada. La Red Española de Terapias Avanzadas (RED TERAV), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es la que ha logrado impulsar el proyecto.

“Estamos en un momento especial y bonito en el que se recogen los frutos de muchos años de trabajo. Aún queda camino por recorrer, pero ha quedado demostrado que es posible producir terapias CAR-T en el sistema público con la misma eficacia que los comerciales e igual o mejor perfil de seguridad. Y esto tiene grandes ventajas. Una es que estas terapias son cuatro veces más baratas, lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema. Otra es que la producción se hace cerca del paciente y supone un impulso científico a la red pública”, sostiene el hematólogo José María Moraleda, coordinador de la RED TERAV y miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

El precio de las últimas terapias CAR-T aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se acerca a los 400.000 euros por paciente, mientras el coste de los producidos en el Clínic no supera los 90.000. Los CAR-T han obtenido muy buenos resultados frente a varias formas de cáncer hematológicos en pacientes hasta ahora considerados incurables. Los tratamientos consisten en extraer del enfermo células del sistema inmunitario para reprogramarlas genéticamente, de forma que al volver al organismo destruyen las causantes de la enfermedad.

Los progresos del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) del Hospital Clínic son los que han catalizado estos avances. Hasta el momento, la entidad ha logrado desarrollar dos terapias: el ARI-0001 frente a la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en mayores de 25 años y el ARI-0002h, frente al mieloma múltiple. La primera se convirtió en febrero de 2021 en el primer CAR-T desarrollado íntegramente en Europa autorizado por una agencia reguladora, mientras la segunda —cuyo uso se extiende ahora en el sistema público— recibió el pasado mes de julio luz verde por parte del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano la AEMPS.

 Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínic e impulsor de estos avances, califica de “oportunidad” el escenario actual. “El ARI-0002h ofrece una opción a pacientes que, de otra forma, no tendrían acceso a los tratamientos que necesitan. Frente al mieloma múltiple hay dos terapias comerciales aprobadas [Abecma y Carvycti], pero estas no llegan a muchos enfermos por varias razones: falta de capacidad de producción de las farmacéuticas, estrategias comerciales, elevados precios... Nuestro papel, más que una competencia para la industria, es de complementariedad para hacer que los enfermos tengan una mayor accesibilidad a las terapias que necesitan“.

El ARI-0001, por su parte, es el único CAR-T aprobado y disponible en España para tratar pacientes mayores de 25 años con la leucemia linfoblástica aguda (LLA). En total, según Juan, ambas terapias han sido administradas a casi 450 enfermos en ensayos clínicos, como uso compasivo o por la vía de la exención hospitalaria, que permite a los hospitales públicos desarrollar en algunas circunstancias tratamientos no industriales.

Actualmente, la producción de la gran mayoría de los ARI-0002h se realiza en el Clínic con las células que les remiten los hospitales de la red, que se ocupan de toda la parte asistencial —diagnóstico, tratamiento, evolución de los enfermos...—. Aunque el objetivo es que poco a poco más hospitales desarrollen el conocimiento para ocuparse también de la producción, hasta ahora solo ha empezado a hacerlo la Clínica Universitaria de Navarra para los pacientes del Hospital Universitario de Salamanca, principalmente.

El avance de los CAR-T desarrollados en hospitales públicos, llamados “académicos” ha despertado los recelos de las compañías farmacéuticas que tienen aprobadas estas terapias por la EMA, que en algunos casos pueden verlo como una especie de competencia desleal. Esta oposición adquiere especial relevancia en un momento en el que la Unión Europea tramita la mayor reforma de la legislación farmacéutica de su historia y algunos actores temen que los poderosos lobbys del sector frenen a los CAR-T académicos. “La industria maniobra en Bruselas para hacer valer sus intereses. Las farmacéuticas pretenden, por lo que hemos visto, impedir los CAR-T académicos en las indicaciones en las que existe uno comercial. Esto supondría el fin del ARI-0002h”, avisa Soledad Cabezón, presidenta de la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM).

Estos temores tienen un precedente: el reglamento 1394/2007. Esta norma, que reguló hace 17 años los avances en las terapias avanzadas, aceptó las posiciones del sector al considerar a los CAR-T como un medicamento y, por tanto, los dejó sujetos a sus condicionantes legales y comerciales (patentes, mecanismos de financiación pública...).

Lola Hernández, responsable del Plan Nacional de Médula Ósea de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) califica de “error” aquella decisión. “Los CAR-T son algo más cercano a un trasplante alogénico [de células madre] que a un medicamento como tal. Es decir, en el fondo es un procedimiento que obtiene unas células del paciente y se las vuelve a administrar una vez modificadas. Y patentar eso tiene inconvenientes importantes. Primero, en el terreno ético, porque en el fondo supone venderle al paciente sus propias células a un precio muy elevado. Y, luego, porque limita al desarrollo del conocimiento y al acceso de los enfermos a las terapias”, censura.

El reglamento 1394/2007 confería a los CAR-T la consideración de medicamentos, pero también preveía algunas vías que permiten a los hospitales públicos seguir con la investigación y desarrollo de terapias avanzadas. Una de ellas es a la que ha recurrido el Hospital Clínic y que ahora está en el centro de las negociaciones en Bruselas: la exención hospitalaria.

 “Podemos considerar la exención hospitalaria como un paso intermedio para llegar al objetivo último de cualquier terapia, que es la aprobación centralizada por la EMA. Pero este es un procedimiento enormemente costoso que suele estar solo al alcance de la industria farmacéutica. La exención, en cambio, permite que hospitales que han tenido éxito con alguna terapia, a una escala menor pero con la misma eficacia y seguridad, puedan lograr una primera aprobación por las agencias nacionales”, explica Moraleda.

La patronal Farmaindustria, por su parte, considera que “la exención hospitalaria tiene mucho sentido en la búsqueda de determinados tratamientos sin alternativa terapéutica aprobada, pero esta situación excepcional no debe perpetuarse”. En este sentido, el sector defiende que “en el caso de CAR-T académicos que cuenten con esta exención hospitalaria en España y se conceda una posterior autorización de comercialización europea a un medicamento fabricado industrialmente para la misma enfermedad, no deberían mantenerse dos medicamentos con diferentes estándares de autorización”.

La idea de fondo es que las terapias académicas deberían cumplir “los mismos estándares de calidad, eficacia y seguridad” que la EMA impone a los comerciales, un argumento que es rechazado por los partidarios de los CAR-T académicos. “Los estándares que cumplen también son suficientes. No estamos hablando de moléculas artificiales, estamos hablando de células y procedimientos clínicos. Los ensayos realizados han demostrado que los académicos obtienen iguales o mejores resultados que los comerciales”, sostiene Lola Hernández.

 César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, pone en valor “la convivencia [en el sistema sanitario] de CAR-T comerciales y los académicos” lo que evidencia “el apoyo a la investigación pública y la apuesta porque estos desarrollos sigan el cauce regulatorio adecuado que les permita obtener una autorización de comercialización e incrementar la competencia en el mercado”.

Los movimientos de la industria en Bruselas han buscado taponar esta vía, lo que preocupa a la mayoría de actores implicados. Nicolás González Casares, responsable de la directiva farmacéutica por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, considera, sin embargo, que el modelo español no está en riesgo. “El desarrollo de los CAR-T académicos ha demostrado no solo tener una base científica de primer orden, sino que además permite crear ecosistemas de innovación tremendamente importantes y con un enorme futuro”, afirma.

 El interés estratégico de los países será el que, en último término, permitirá encontrar la fórmula para que los CAR-T académicos y los comerciales convivan en los sistemas sanitarios. “En el anterior mandato dio tiempo para que el Parlamento fijara su posición, pero el procedimiento quedó paralizado con las elecciones. Ahora deben hacer lo propio los países en el Consejo y ahí tendrán gran peso las cuestiones de interés nacional”, concluye González Casares."                    (Oriol Güell , El País, 09/11/24)

Cobertura sanitaria universal: ¿un fracaso de implementación o de estrategia? A medio camino de la fecha límite de 2030 para la Cobertura Sanitaria Universal, el mundo está muy desviado. Casi la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de salud esenciales, y una de cada cuatro enfrenta costos de atención médica devastadores... Es necesario organizar los servicios sanitarios como un bien público y no como una mercancía que se compra a un abanico de proveedores a través de mecanismos de libre mercado. Los gobiernos deberían tomar con cautela la idea de «cobertura sanitaria universal» y reconvertirla en «acceso universal» a servicios asequibles... Los mecanismos de financiación deberían basarse principalmente en los impuestos o la seguridad social, con una transición gradual hacia un sistema de pagador único que sea equitativo y sostenible. A medida que nos acercamos a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, los miembros de la OMS deberían hacer de este cambio de paradigma una prioridad

 "El mundo se acerca a un plazo global -el año 2030- para evaluar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar que todo el mundo, en todas partes, tenga acceso a la asistencia sanitaria esencial. Sin embargo, los avances parecen ir a un ritmo muy lento. Según el último informe de la OMS, casi la mitad de la población mundial, 4.500 millones de personas, seguía careciendo de acceso universal a servicios sanitarios esenciales en 2021. Peor aún, una de cada cuatro personas se enfrentaba a unos costes sanitarios abrumadores que podían empujarlas a la pobreza. Desde 2015, los avances en la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), u ODS 3.8, no solo se han estancado, sino que han retrocedido, afectando especialmente a las zonas rurales y de bajos ingresos, y agravando las desigualdades sanitarias dentro de los países.

Las garantías financieras y el acceso a los servicios sanitarios esenciales no han mejorado desde 2015 y, en muchos casos, se han deteriorado. La pandemia de COVID-19 complicó aún más las cosas, congelando los escasos progresos realizados en la cobertura de los servicios entre 2019 y 2021 y sumiendo a más personas en la pobreza. Aunque el informe de la OMS insta a los países a redoblar sus esfuerzos para ponerse al día, no explica por qué nos estamos quedando rezagados ni presenta un plan claro para cambiar la situación. Tampoco aborda cómo hacer que los medicamentos esenciales sean más asequibles y accesibles en el panorama político actual.

Una visión diferente 

La cobertura sanitaria universal se ha promovido como una estrategia de seguro sanitario de patrocinio público con compra estratégica de un paquete selectivo de servicios esenciales a diversos proveedores, incluido el sector privado a través de planes privados de seguro sanitario. Su estancamiento no es el fracaso de la aplicación de un concepto exitoso, sino el fracaso de la estrategia. El afán mundial por alcanzar la «cobertura universal» en lugar del «acceso universal» limita la financiación pública de la sanidad y, por tanto, minimiza la financiación real de los sistemas de atención primaria.

Así, limita la cobertura de los servicios esenciales entre las poblaciones más pobres y rurales de todo el mundo. Los limitados fondos públicos se desvían principalmente hacia el suministro de costosos diagnósticos, vacunas e intervenciones selectivas dominadas por poderosos grupos de presión, lo que paraliza los sistemas sanitarios públicos y fomenta indirectamente el crecimiento de sistemas privados no regulados y con ánimo de lucro.

El informe de la OMS presenta una nueva iniciativa en respuesta a la falta de financiación de la Atención Primaria de Salud (APS). La Plataforma de Inversión para el Impacto en la Salud es una nueva iniciativa de cuatro bancos: el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proporcionar 1.500 millones de euros a países de renta baja y media en forma de préstamos en condiciones favorables y subvenciones para reforzar la APS. Aunque parece una intervención interesante para mantener el flujo de fondos esenciales en la APS, pasa por alto el hecho de que los préstamos agobiarán a estos países con deudas, teniendo en cuenta el actual nivel de endeudamiento.  En lugar de depender de la deuda para financiar la APS, la estrategia debería centrarse en la cancelación de las deudas y aumentar la financiación pública interna para reponer la APS. También debería aumentar la cobertura de los servicios sanitarios esenciales y el desarrollo de sistemas sostenibles.

Es necesario organizar los servicios sanitarios como un bien público y no como una mercancía que se compra a un abanico de proveedores a través de mecanismos de libre mercado. Los gobiernos deberían tomar con cautela la idea de «cobertura sanitaria universal» y reconvertirla en «acceso universal» a servicios asequibles, impulsados por el sector público, accesibles y descentralizados para garantizar la protección financiera de los miles de millones más pobres y vulnerables del mundo. Hay que reiterar que la APS no es una inversión financiable y que no deben promoverse los préstamos como medio para promover la APS o el «acceso universal».

Esto exige un cambio hacia proveedores de atención sanitaria pública que supervisen la prestación de la atención sanitaria, centrándose en garantizar la calidad, la eficiencia, la distribución justa de los recursos y la mejora de la salud de la población. Los mecanismos de financiación deberían basarse principalmente en los impuestos o la seguridad social, con una transición gradual hacia un sistema de pagador único que sea equitativo y sostenible. A medida que nos acercamos a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, los miembros de la OMS deberían hacer de este cambio de paradigma una prioridad."                

(WHO-Watch Team , Peoples Dispach, 05/05/24, traducción DEEPL)

Para obtener mayores ganancias de las empresas las firmas de capital privado toman atajos de manera peligrosa, como reducir el personal o reemplazar a los médicos con personal menos calificado... Muchos médicos están desmoralizados. Están siendo despedidos por defender la seguridad del paciente, o sin ningún motivo... cada vez más, los propios médicos están desafiando a una industria que los ha obligado a violar su ética... muchos estudiantes de medicina están horrorizados por el hecho de que las decisiones médicas no se toman en términos de lo que es mejor para el paciente, sino en términos de lo que es mejor para las ganancias. Ese es un problema moral real, y es muy difícil para las personas que se entrenaron todos estos años y se dedicaron a la medicina para ayudar a las personas (Dr. Ming Lin, despedido de su puesto como médico de urgencias en el Centro Médico PeaceHealth St. Joseph en Bellingham, Washington, después de quejarse públicamente de los procedimientos de control de infecciones del hospital durante la pandemia)

 El Dr. Ming Lin, y los proveedores de atención médica como él, están luchando para recuperar el control de la medicina de las empresas de capital privado que están engullendo prácticas e instalaciones. ¿Debería Wall Street tomar decisiones de vida o muerte basadas en el resultado final?

Sigilosamente, probablemente nunca lo notó, las firmas de capital privado han transformado la atención médica estadounidense durante la última década, y no para mejor, dicen los críticos. Estos jugadores de Wall Street tienen el ojo puesto en las prácticas médicas y las instalaciones como tantas fuentes de ingresos sin explotar. 

 Durante la última década, la industria de capital privado ha estado en una juerga de compras masiva, apoderándose de tiendas de juguetes, cadenas de restaurantes, tiendas de ropa, lo que sea, y con demasiada frecuencia dejando a los negocios como una sombra de lo que eran antes, incluso en bancarrota. La pandemia solo impulsó el impulso: 2022 fue el año más grande en la historia de la industria, seguido de un 2021 récord. Según el rastreador de la industria PitchBook, solo en 2021 estas empresas invirtieron $ 206 mil millones en más de 1,400 adquisiciones de atención médica.  

Con la entrada agresiva del capital privado en la medicina, ya no se trata de exprimir las ganancias de las zapaterías. Se trata de la vida humana. Las empresas de capital privado ganan dinero adquiriendo la propiedad o participaciones mayoritarias en las empresas, asumiendo la gestión para aumentar los ingresos y la "eficiencia", y luego cambiándolas en unos pocos años para obtener grandes ganancias. Durante la última década, los actores de la industria han estado adquiriendo silenciosamente especialidades médicas como dermatología, anestesiología y gastroenterología por su gran potencial de ganancias.  

Algunas de estas firmas financieras terminan dominando dichos servicios en un número creciente de áreas metropolitanas. Considere, si un anestesiólogo lo está sometiendo a cirugía en Orlando, Florida, es probable que ese médico sea empleado de una empresa de propiedad de capital privado. Algunos expertos advierten que la industria del capital privado se ha vuelto tan rapaz e irresponsable como los barones ladrones de antaño. ¿Es ese a quien quieres dejarle clavar una aguja en tu brazo? Empresas de las que gran parte del público nunca ha oído hablar, con nombres como KKR, Shore Capital Partners y TPG, han puesto su mirada en una amplia gama de negocios de atención médica, desde prácticas ortopédicas hasta hospicios y centros de tratamiento de adicciones. 

Están engullendo salas de emergencia, centros quirúrgicos ambulatorios, incluso hospitales enteros. Los propietarios de médicos de prácticas médicas privadas se ven atraídos por tratos que suenan dulces cuando el capital privado llama, y aquellos agotados por los desafíos financieros de ser dueño de una práctica, o alcanzar la edad de jubilación, o simplemente codiciosos, los encuentran difíciles de resistir.

Las firmas de capital privado argumentan que aportan valor a la atención médica a través de mejores técnicas de gestión e inversión en tecnologías más nuevas. Pero los críticos dicen que su presencia no es más que una medicina impulsada por el dinero con esteroides, y señalan que el modelo de negocios de capital privado es particularmente inadecuado para la atención médica, cuando las vidas humanas penden de un balance.  

Para obtener mayores ganancias de las empresas, dicen los críticos, las firmas de capital privado toman atajos de manera peligrosa, como reducir el personal o reemplazar a los médicos con personal menos calificado. Los críticos también acusan a los reguladores federales de estar prácticamente ciegos a lo que está sucediendo. Debido a que muchas leyes estatales restringen la práctica corporativa de la medicina, las empresas de capital privado se han vuelto inteligentes en la forma en que estructuran las adquisiciones para que la empresa no adquiera una práctica o instalación directamente, sino que compre una participación mayoritaria, a menudo pasando desapercibida para los reguladores. 

 Hay mucho en juego, y los estudios sobre el impacto del capital privado en la atención médica están lejos de ser reconfortantes. La investigación publicada en JAMA Health Forum muestra que las adquisiciones de prácticas médicas de capital privado dan como resultado una atención más prolongada y costosa para los pacientes, así como un acceso reducido a los servicios. Un documento de trabajo de 2021 de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que .

Cada día, la toma de control de la medicina por capital privado impacta a más personas: más médicos, enfermeras y personal médico. Más seres humanos que dependan de ellos para la salud y la vida. Una cosa parece clara: los ejecutivos de capital privado con maestrías en administración de empresas pueden saber poco sobre medicina, pero están decididos a sacar provecho de su cuerpo, de la cuna a la tumba, literalmente: incluso están entrando en funerarias. Entonces, ¿alguien se está defendiendo? La respuesta es sí: cada vez más, los propios médicos están desafiando a una industria que, según dicen, los ha obligado a violar su ética.

Cuando se produjo la pandemia, el Dr. Ming Lin estaba en primera línea como médico de urgencias en el Centro Médico PeaceHealth St. Joseph en Bellingham, Washington. Pero cuando habló sobre la necesidad de medidas de seguridad contra el covid como tapabocas, mejorar la ventilación y limitar las visitas, fue despedido de un puesto que había ocupado durante 17 años. TeamHealth, una corporación que tiene contratos con hospitales para el personal de las salas de emergencia (y es propiedad de Blackstone Group, una firma de capital privado), se ofreció a buscarle a Lin un nuevo puesto en otro estado, o un trabajo a tiempo parcial con salarios más bajos, pero Lin consideró estas condiciones inaceptables para él y su familia. Inició una demanda en 2020 por despido injustificado contra PeaceHealth y TeamHealth. El caso aún está pendiente. Lin advierte que se avecina una tormenta en nuestro sistema de salud, y si no desafiamos el capital privado y la medicina corporativa ahora, todos lo pagaremos muy caro. (...)

Lynn Parramore: ¿Cómo empezó a preocuparse por la equidad privada en el cuidado de la salud?  

Ming Lin: Noté que el problema del capital privado creció gradualmente durante los últimos 10 a 15 años. Todo comenzó lentamente. Me decía a mí mismo: "Oh, no podemos admitir a este paciente porque el hospital dice que no es económicamente viable". O tal vez nos dirían que encontráramos una manera de deshacernos de un paciente. En el pasado, los médicos habrían tomado las decisiones sobre quién debería y quién no debería ser admitido. Pero cuando una empresa de capital privado tiene un contrato con el hospital, establecerá las reglas y usted las seguirá o será despedido. Obliga a los médicos a una posición en la que tienen que decirle al paciente, bueno, lo siento, es posible que no paguen su hospitalización, puede costarle mucho dinero. 

He visto que la medicina impulsada por el capital privado y las corporaciones no solo es peligrosa, sino que es costosa para los pacientes que se enfrentan a cosas como facturas sorpresa. También se sabe que las prácticas controladas por capital privado demandan a los pacientes. Y si el hospital o la práctica para la que trabaja está bajo el control de una empresa de capital privado, no puede hablar sobre estos dilemas.  

LP: Fue despedido de su cargo hace tres años por plantear problemas de seguridad durante la pandemia. ¿Qué has estado haciendo mientras tanto, en lo laboral?  

ML: He trabajado en más de 13 hospitales diferentes. La mayoría han sido hospitales de reserva remota a los que es difícil llegar, como en el norte de Minnesota, las Dakotas y Arizona. También realicé trabajo voluntario a lo largo de la frontera de Texas y trabajé en algunas de las salas de emergencia a lo largo de El Paso. ¡Estoy trabajando para tratar de mejorar mi español!

 LP: Su familia todavía está en Washington, donde ocupó el cargo durante 17 años en PeaceHealth. Eso debe ser difícil.  

ML: Sí, lo ha sido. He tenido que pasar mucho tiempo fuera, hasta un mes a la vez. Me he perdido muchas cosas, no solo las cenas familiares, sino también los recitales y las actuaciones de mis hijos. Eventos que nunca volveré a experimentar. Entonces, ha sido difícil.  

LP: ¿Por qué te dedicaste a la medicina en primer lugar? ¿Por qué quiso ser médico?  

ML: Estudié medicina porque disfruto ayudar a la gente. Disfruto ayudando a resolver sus problemas. Me gustó especialmente la medicina de emergencia porque tratan a todos por igual. Cuando las consideraciones financieras entran en la sala de emergencias, se me hace muy difícil tratar a todos por igual.  

LP: Entonces, ¿siente que se le pide que vaya en contra de su sistema de valores, su ética médica? 

 ML: Sí, es un verdadero dilema moral para mucha gente, incluyéndome a mí. He tenido que decirles a los pacientes que creo que deberían ser admitidos que su hospitalización puede costar 10k ya que es posible que su seguro no autorice su estadía. O me han pedido que deje salir a pacientes mentalmente inestables y suicidas porque no estábamos autorizados a detenerlos para una evaluación más exhaustiva. A lo largo de los años, más y más pacientes me han contado sobre las facturas exorbitantes que han recibido en las visitas a la sala de emergencias: estamos hablando de varios miles de dólares por la aplicación de un poco de pegamento en una herida de media pulgada. Inquietantemente, esta facturación exorbitante se realizó sin que yo lo supiera. A diferencia de los hospitales y las compañías de seguros, las empresas de capital privado pueden esconderse detrás del médico y no absorber ninguna de las protestas por tal especulación fraudulenta.

 LP: ¿Diría que hay una atmósfera de miedo entre los médicos que tienen miedo de hablar?  

ML: Absolutamente. Hay tantos médicos que tienen miedo de hablar. En muchos casos, cuando lo hacen, sienten que tienen que hacerlo de forma anónima.  

LP: ¿Cree que la transformación de la medicina por parte de la industria de capital privado está afectando a los estudiantes de medicina?  

ML: Cuando salen de la escuela, creo que muchos de ellos están horrorizados por el hecho de que las decisiones médicas no se toman en términos de lo que es mejor para el paciente, sino en términos de lo que es mejor para las ganancias. Ese es un problema moral real, y es muy difícil para las personas que se entrenaron todos estos años y se dedicaron a la medicina para ayudar a las personas.  

LP: El capital privado es notoriamente una industria cambiante a la que le gusta pasar desapercibida, escondiéndose detrás de estructuras comerciales complicadas y una jerga que hace que sea difícil de entender para el público. ¿Cree que hay una creciente conciencia pública de lo que hace esta industria? ML: Creo que cada vez hay más conciencia. Acabamos de tener una conferencia para Take Medicine Back, un grupo de defensa iniciado por médicos de la sala de emergencias para recuperar los medicamentos de los intereses corporativos. Hubo periodistas y académicos de alto perfil, y un mensaje especial de la Senadora Elizabeth Warren (D) y el Senador Roger Marshall (R). Hace apenas unos días, apareció un artículo en el New York Times [“La crisis moral de los médicos estadounidenses”] sobre el estrés que sienten los médicos al lidiar con la medicina corporativa. Finalmente, hay algo de cobertura mediática. Los médicos que se han visto afectados se han unido a asociaciones que están en contra de la atención médica corporativa e impulsada por el capital privado. Tienes que darte cuenta de que hay muchos Ming Lins por ahí. Me he convertido en una especie de modelo de un problema que afecta a tanta gente. Muchos médicos están desmoralizados. Están siendo despedidos por defender la seguridad del paciente, o sin ningún motivo. Una de las razones por las que he querido continuar con esta demanda es para que podamos destacar este importante tema. Nunca habrá un momento más oportuno para llamar la atención sobre estos temas del debido proceso y el hecho de que el capital privado y la atención médica corporativa son peligrosos para los pacientes. Hay datos científicos claros que muestran que la atención médica corporativa y el capital privado cuestan más dinero a los pacientes, y también son inseguros y peligrosos. 

 LP: ¿Cuáles son las cosas más apremiantes que se deben hacer para abordar el problema?  

ML: Tenemos que entender que el capital privado y el cuidado de la salud impulsado por las corporaciones cuestan más y no son seguros. Necesitamos que la gente sepa que ahora tenemos datos científicos para demostrar que aumenta la mortalidad y los costos. Las organizaciones profesionales deben reconocer esto y desvincularse de cualquier empresa de capital privado. No puede simplemente decir, oh, no estamos de acuerdo con las empresas de capital privado y, sin embargo, aceptamos su dinero. También debemos darnos cuenta de que en realidad existen leyes contra la práctica corporativa de la medicina en muchos estados. Tenemos que decirles a nuestros fiscales generales, oye, tenemos que seguir con esto. ¡Es ilegal! Las personas que tienen títulos en negocios no pueden ser propietarios y administrar prácticas médicas. 

 LP: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en tu saga personal con la medicina impulsada por el capital privado? 

 ML: Estoy realmente sorprendido por la cantidad de atención que recibí. Se siente como si hubiera golpeado la tormenta perfecta de alguna manera. Esto ha estado en curso, este problema del derecho a hablar por nuestros pacientes y la desmoralización de los médicos. Siento que necesito continuar con esto, que este es el momento adecuado. Me ha puesto mucho estrés a mí y a mi familia, y a veces me pregunto si debo seguir adelante, pero es un momento oportuno y el problema con la atención médica es más grande que cualquier problema en el hogar. Creo que al público le cuesta entender qué es el capital privado y lo peligroso que es. Una persona común podría pensar en una empresa o corporación que quiere ganar dinero para mejorar su negocio, pero el objetivo principal del capital privado es ganar dinero para enriquecerse. No hay interés en mejorar el negocio. Solo quieren que genere ingresos antes de cambiar un negocio, incluso si eso significa que el negocio está fallando a sus clientes. Y recuerda, no estamos hablando de una cafetería. Es nuestro sistema de atención médica: una parte vital de nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestra sociedad.

LP: ¿Ha encontrado un papel en el activismo junto con su carrera en medicina? 

 ML: Sí. Esto es importante para el bienestar de mis pacientes y el campo de la medicina, más importante que yo o mi carrera. Parece que se acerca un tifón que va a destruir todo el pueblo, no solo a ti y a tu familia. Fue una decisión difícil que tomamos como familia. ¿Cómo podríamos alejarnos de esto sabiendo que al menos podríamos haber tratado de ayudar? Para mí, esta demanda se trata de tener una voz en el cuidado de la salud. Los médicos y enfermeras necesitan una voz para proteger a nuestros pacientes. Supongo que puede decir que la ira que sentí por la falta de respuesta de Covid del hospital para proteger a nuestro personal y pacientes fue la gota que colmó el vaso. Esta puede ser una pequeña batalla contra el capital privado y el sistema de salud corporativo. Pero es importante. Tienes que ganar batallas para ganar una guerra. La historia está llena de pequeñas batallas, incluso perdidas, que han inspirado a la gente a ganar la guerra. Con suerte, mi demanda alentará a más personas a ser audaces y más agresivas, a darse cuenta de que tenemos que luchar contra el sistema porque está empeorando. Para mí, la avaricia corporativa en nuestro sistema de salud es un gran continuo donde el impulso para generar ingresos explota a los pacientes en su momento más vulnerable. Veo el capital privado como la forma más extrema de esta avaricia, ya que su único propósito es generar ingresos a cualquier costo. A diferencia de la mayoría de las empresas, no son responsables ante los clientes o las comunidades, solo ante sus inversores. Necesitamos eliminar la codicia de la ecuación, y eliminar el capital privado de la medicina sería un gran paso en la dirección correcta.  

 

LP: ¿Qué signos positivos has visto en la lucha? ¿Cómo está respondiendo la administración Biden a este problema? 

 

 ML: AAEM [la Academia Estadounidense de Medicina de Emergencia] está involucrada en una demanda contra Envision Healthcare por su adquisición de un contrato del departamento de emergencias en el Hospital Placentia Linda en California. No lo hacen por dinero, sino para señalar que la práctica corporativa de la medicina es ilegal. Esta demanda está en curso, y es una señal alentadora. Creo que la administración Biden ha logrado algunos avances con la propuesta de la Comisión Federal de Comercio de prohibir los "pactos restrictivos", que son acuerdos de no competencia que las empresas de capital privado tienden a incluir en sus contratos. Deshacerse de estos eliminaría las restricciones que enfrentan los médicos y otros trabajadores cuando abandonan una práctica o instalación. Además, he oído que las leyes sobre denunciantes se han aplicado mejor bajo la administración de Biden. Pero aún queda mucho por hacer. El problema es con todo el sistema basado en la codicia y los ingresos que está causando peligro a nuestros pacientes y nos está costando una cantidad sorprendente de dinero."

(El Dr. Ming Lin fue despedido de su puesto como médico de urgencias en el Centro Médico PeaceHealth St. Joseph en Bellingham, Washington, después de quejarse públicamente de los procedimientos de control de infecciones del hospital durante la pandemia. Brave New Europe, 22/06/23; traducción google)