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20.5.19

Los hogares más pobres dedican más de la mitad de su renta a pagar la hipoteca

"Como en cualquier trampa, en las deudas resulta bastante fácil entrar pero muy difícil salir, decía el escritor y cómico estadounidense Henry Wheeler Shaw. Sin embargo, mientras que las rentas bajas y altas accedieron al crédito con igual facilidad durante la bonanza, a la luz de los datos parece que la salida será mucho más desigual: las bajas siguen empleando una parte muy alta de sus rentas para devolver la deuda y los intereses, según denuncian el Banco de España y la Comisión Europea.

La carga de la deuda hipotecaria superaba en 2017 el 50% de la renta del 10% con ingresos más bajos”, señala el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España publicado la semana pasada. A pesar del fuerte descenso de los tipos de interés, una década después siguen abonando la misma proporción de su renta.


Y ello ocurre porque estos colectivos han bajado la deuda en euros bastante menos que el resto, según se desprende de las estadísticas del Banco de España. Otra explicación radica en que, como apuntan los datos de la Comisión, los hogares de menos ingresos son los que todavía no han restablecido sus niveles de renta previos a la crisis.

Para colmo de males, estos grupos han tomado prestado más crédito al consumo en proporción a su renta. Según el Banco de España, el 20% más pobre debe en crédito al consumo el equivalente al 16% de sus ingresos, frente al 8% que han contraído las rentas más altas.

A este respecto, los datos que esgrime la Comisión se antojan clarificadores: mientras que los ingresos de las rentas bajas todavía no han recobrado las cotas previas a la crisis, el consumo de estos colectivos se ha recuperado mucho mejor. O lo que es lo mismo, sus tasas de ahorro se han hundido. “En algunos casos, incluso podrían estar en negativo”, afirma el Ejecutivo comunitario en su informe sobre España.




En consecuencia, las rentas bajas estarían compensando su falta de ingresos con más crédito al consumo, cuyos tipos de interés son además más elevados, subiendo la carga financiera y reduciendo el alivio de los tipos bajos. “Podría indicar una mayor vulnerabilidad de los hogares de renta más baja frente a los cambios en las condiciones económicas y financieras”, sostiene la Comisión.

En definitiva, el peso de la deuda se distribuye de manera muy distinta por estratos sociales. Según cifras del Banco de España, las rentas medias emplean algo más de un 20% de sus ingresos al pago de la hipoteca. El 10% más rico en torno a un 10%. Y cuanta mayor renta posee un hogar, más ha bajado su deuda en euros en los últimos años. 

Sin embargo, el 10% más pobre desembolsa más del 50% para pagar la vivienda. Y uno de cada cinco hogares destina más de un 35% de su renta para sufragar la hipoteca, por encima del umbral considerado financieramente sostenible según los estándares de supervisión.

De ahí que la Comisión y el Banco de España destaquen la fragilidad de estos colectivos, que siguen haciendo un esfuerzo muy grande para mantener su vivienda y que apenas disponen de margen ante una subida de tipos o un cambio de ciclo que les reste ingresos. 

Al estar la deuda muy concentrada en estos grupos, la probabilidad de impago resulta más elevada, lo que podría llevar a una repetición de los desahucios y a serios problemas reputacionales añadidos para la banca. Todos estos datos se han elaborado con medianas para que sean más representativos, explican varios expertos consultados. (...)"                 (Antonio Maqueda, El País, 13/05/19)

11.1.17

Un juzgado de Barcelona admite por primera vez la dación en pago para anular la hipoteca

"La dación en pago toma impulso como forma de saldar la deuda hipotecaria contraída con el banco. Esto se debe a la anulación por el juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, en la sentencia del 7 de diciembre de 2016, de la cláusula que obligaba al titular del crédito a continuar abonando el pago de la deuda aunque esta ya hubiera pasado a la propiedad de la entidad bancaria.

Según el magistrado Ruiz de Lara, el banco no actuó de buena fe, ya que las cláusulas abusivas “causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales”. Para ello se basa en el artículo 3 de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Avalistas solidarios
Asimismo, el magistrado también anula la garantía adicional incluida en el contrato hipotecario, que afecta a los avalistas solidarios. Para ello recurre al artículo 51 de la Constitución, que establece la necesidad de los poderes públicos para proteger “con eficacia los intereses económicos de los consumidores y usuarios”.

De este modo, el acreedor -la entidad bancaria en este caso- debe acudir contra el bien hipotecado en primer lugar y si su valor actual no es suficiente para hacer frente al pasivo, se podrá exigir el pago del resto de la misma a través de otros bienes del deudor.

Falta de transparencia
El magistrado Ruiz de Lara concluye que las cláusulas anuladas carecen de transparencia debido a que se trata de contratos prerredactados en los que la información no es lo suficientemente clara para los contratantes, al tiempo de que no se establece un acuerdo fruto de la negociación previa.

 Para ello acude a la Directiva 93/13/CEE por la que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Otros precedentes
La Audiencia Provincial de Navarra ya emitió un auto en 2010 por el que rechazaba el recurso de una entidad financiera. De modo que permitía la adjudicación del inmueble para saldar la deuda pero no la continuación en el pago de la misma. Asimismo, en 2011, la Audiencia Provincial de Girona también generó un auto en el mismo sentido."            (Kaos en la red, 10/01/17)


"El juez de la dación en pago responde: "La falta de transparencia era tal que Bankia ni contestó a la demanda".

"La falta de transparencia de la entidad financiera, que era Bankia, era tan seria, que se la ha declarado en rebeldía por no haber contestado ni siquiera a la demanda". 

Así, lo explica el juez titular del Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, el magistrado Manuel Ruiz de Lara, a elEconomista, que se ha convertido en el centro de la actualidad informativa, tras la sentencia que anula por abusiva la cláusula que impide entregar la casa y cancelar la deuda con el banco o lo que es lo mismo, la dación en pago sin haberla negociado con el banco.


-¿Por qué en la sentencia dictamina falta de transparencia en las cláusulas anuladas?

La falta de transparencia de la entidad financiera, que era Bankia, era tan seria, que se la ha declarado en rebeldía por no haber contestado ni siquiera a la demanda. No llegan a articular ningún tipo de oposición a la demanda.

 En la parte actora se pedía la nulidad de dos cláusulas una a la responsabilidad universal de la deuda y otra en la que se exigía la renuncia de los beneficios legales de orden, excusión y división -que impiden que el banco pueda actuar sobre un bien de un avalista en lugar de hacerlo sobre la vivienda hipotecada o los bienes del hipotecado- y convertía a quienes prestaron el aval en avalistas solidarios de la operación de crédito hipotecario. 

Yo estimo la nulidad de ambas cláusulas porque no superan el doble control de transparencia que establece la sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, y por tanto son abusivas.

-¿En qué consiste este doble control?

Este doble control se debe realizar sobre las cláusulas que forman parte de las condiciones generales de contratación, sino se vulneraría la Directiva de Cláusulas Abusivas (D. 93/2013) de la UE. Este doble control tiene una parte que exige que se superen los requisitos de incorporación de las cláusulas, que establece la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, como son la claridad, la concisión, la sencillez, que no tenga elementos oscuros o farragosos.

-¿Y la segunda parte?

Superado este primer control, consiste en determinar si al consumidor, al prestatario, se le informó adecuadamente sobre la trascendencia económica del contrato de préstamo hipotecario, mediante simulaciones, folletos explicativos referidos a las consecuencias económicas de las cláusulas. 

Es la información precontractual. Y considero que este control no se supera con la simple lectura en la notaría de la escritura de préstamo hipotecario. Es necesario un control adicional que exige la sentencia del Tribunal Supremo en relación con todas estas exigencias de información.

-Pero a pesar de anular la cláusula de la responsabilidad ¿ésta no viene regulada en el artículo 1911 del Código Civil y, por tanto es aplicable, salvo negociación en contrario?

En la sentencia, de 7 de diciembre de 2016, yo no he pretendido en ningún momento derogar artículo alguno del Código Civil. No formaba parte del pleito ni nadie lo había solicitado. Me he limitado a anular dos cláusulas del contrato de crédito que formaban parte del litigio planteado por el consumidor. 

 Si Bankia quiere recurrir deberá hacerlo a través de los juzgados de Primera Instancia, solicitando una devolución de cantidad y la aplicación del artículo 1911 del Código Civil. En este caso, el pleito iría por la vía Civil y no por la Mercantil."                 (El Economista, 11/01/17/)

9.5.16

El BBVA ha presionado al Gobierno del PP para que recurriera la ley antidesahucios catalana por afectar a un paquete hipotecario suyo de 1.500 millones

"(...) el recurso del gobierno en funciones del PP es otro de sus actos políticos de derecha muy extrema y deshumanizada. El activo gobierno en funciones ha pedido la suspensión de algunos artículos de la ley 24/2015, la conocida como ley antidesahucios catalana, “por incumplir algunos aspectos procesales que afectan a la igualdad de los españoles”. 

 Los artículos mencionados por doña Soraya en funciones afectan a las medidas sobre vivienda y deuda que establecía la ley (la mediación judicial para establecer medidas de segunda oportunidad para los hogares endeudados, la cesión forzosa de pisos por parte de los grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos de inversión, las medidas que obligan a las administraciones a una oferta de vivienda en alquiler social). 

La vicepresidenta, que se ha referido al conflicto de competencias como motivo del recurso (era de prever), ha detallado que la cesión obligatoria afecta al “derecho a la propiedad”. Y con la Iglesia y la propiedad hemos topado; lo sagrado es más que sagrado.(...)

Un nudo muy a tener en cuenta: la página web Vozpopuli ha publicado que la banca, y en concreto el BBVA, “han presionado al Gobierno del PP para que recurriera la ley por afectar a la venta de paquetes de crédito, y en concreto a un paquete hipotecario del BBVA por valor de 1.500 millones de euros”. Es su gobierno. Ninguna sorpresa en el horizonte. 

Así, pues, lo de casi siempre y con todo nuestro rechazo. Pero el asunto no es, como se dice y repite en .Cat - donde todo (“todo” es todo) se lee, interpreta y difunde con la misma clave-, una acción contra Cataluña y los catalanes (como algunos nacionalistas-independentistas ya han señalado)  (...)

Añadamos que el gobierno sucesor de aquel primer gobierno CiU que arremetió con toda saña y sin ningún escrúpulo en el asunto del PIRMI, contra las sectores más débiles y explotados, no parece que sea la institución más adecuada para dárselas de estar preocupados socialmente por los desastres humanos que el recurso pueda ocasionar. ¡Hay que tener rostro, rostro pálido, para ser capaces de contar cuentos falsarios de esta condición en la arena pública!  (...)

De nuevo a propósito de la ley comentada y del recurso gubernamental.

La señora María Ángeles Sánchez [2], 53 años, tenía una panadería en un polígono industrial en Ripoll. Hace 12 años compró un piso con su pareja (fallecida). En plena burbuja inmobiliaria adquirió otro piso para su hijo (unos 200.000 euros). Puso la primera residencia como aval. Los talleres y fábricas del polígono comenzaron a bajar las persianas. 

 Los clientes a irse. Dejó de pagar su piso y se dedicó a la hipoteca de su hijo. “Me mataba el remordimiento de dejarle la deuda”. Hace dos años llegaron las notificaciones judiciales del proceso de desahucio instado por BBVA. Comenzó el calvario (como el de muchas otras familias). Buscó ayuda en la PAH. “Al principio pensaba que la gente estaba peor que yo y me sentía mal. Ahora se han convertido en una familia. El martes llegó la carta del alquiler social. Ya no sé qué pasará”. 

Gracias a la asesoría de la Plataforma, invocando la ley 24, logró la dación en pago del piso de su hijo (les queda una deuda de 5.000 euros). También le han aceptado la de su propia casa. El martes pasado le llegó una carta del banco donde le dicen que le han concedido un alquiler social de 19 euros al mes por tres años. Tiene 15 días para entregar un certificado de vulnerabilidad para hacer efectiva la ayuda. 

Otra historia. En Palafolls, el señor Manuel Navarro (de 58 años) y su esposa cuidan de cuatro nietos y un hijo. Eran pasteleros. Tras 30 años, en diciembre de 2015 decidieron cerrar. Los asfixiaban las deudas con la seguridad social, los impuestos. También la hipoteca de su casa. Ahora viven de una pensión de invalidez de 567 euros. 

En febrero pasado, Manuel decidió ir a los Servicios Sociales a pedir ayuda para pagar las facturas de la luz y el agua. Le dijeron que no se preocupara. Hace dos semanas Gas Natural cortó el servicio porque debía 303 euros desde diciembre. La familia contactó con la PAH y uno de sus activistas lo acompañó a la oficina de la suministradora.

 Tuvieron que explicarle la ley a la trabajadora que les atendió. “No habían aplicado el principio de precaución”, señala Manuel. La norma establece que las empresas deben informar a los Ayuntamientos antes de hacer un corte para asegurarse de que no se trata de una familia vulnerable. Estuvieron 51 horas sin servicio. 

Así pues, es de toda evidencia, todo protesta está justificada. El gobierno del PP, nuevamente, ha actuado a la altura de sus circunstancias e intereses. Pero la situación no puede analizarse, de nuevo, en términos de “España versus Cataluña” como algunas fuerzas nacionalistas intentan hacer.  (...)"          (Salvador López Arnal , Rebelión, 07/05/16)

25.4.16

Atención!! Colegio de Abogados de Barcelona: los bancos que hayan titulizado hipotecas dejan de ser los acreedores de las mismas

"La Sección de Derecho Procesal del ICAB juntamente con la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona han alertado de los grandes cambios que afectarán a los deudores hipotecarios a raíz de la ejecución de hipotecas titulizadas.

Titulizaciones: documento clave del Banco de España, sentencias relevantes, daciones y desahucios ilegales, artículos y vídeos significativos. El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona se posiciona: los bancos que hayan titulizado hipotecas dejan de ser los acreedores de las mismas.

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona – ICAB – se posiciona: los bancos que hayan titulizado una hipoteca dejan de ser los acreedores de la misma.

Barcelona 20/04/2016.

Según los datos facilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNMV), que es la institución encargada del registro de las escrituras de constitución de los Fondos, el total de las titulaciones ascienden a 842.119 millones de euros.

La Sección de Derecho Procesal del ICAB juntamente con la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona han alertado de los grandes cambios que afectarán a los deudores hipotecarios a raíz de la ejecución de hipotecas titulizadas.

La venta de estos paquetes de hipotecas en el mercado financiero ha comportado que algunos bancos y cajas no sean los legítimos acreedores de los préstamos, ya que dicha venta conlleva un cambio de acreedor. Esta situación implica que los bancos han pasado a ser meramente los “cobradores de las cuotas’’ de las hipotecas sin tener el soporte de garantía de un bien inmueble. 

Ante este hecho, los bancos y las cajas intentan la recompra de la emisión y se defienden delante de los juzgados argumentando que con la recompra de la deuda son de nuevo los legítimos acreedores del préstamo. Este cambio de acreedor no cumple con aquello que establece la ley."         (Kaos en la red, 22/04/16)

8.2.16

Para salir de la crisis.... rescate ciudadano

"(...) Para salir de la crisis, las medidas destinadas a incentivar la demanda interna no son suficientes.

 Hay que volver no tanto a Keynes como a los fundamentos que determinan las ganancias de productividad global de los factores, al impulso de una estructura de especializaciones productivas que suponga un alza en la gama de los bienes y servicios que se ofrecen y a un modelo de crecimiento que no descanse en exclusiva en un tirón de las exportaciones que, al basarse en la reducción de los costes salariales y los precios de exportación, reclama la perpetuación de empleos precarios, bajos salarios e indeseables especializaciones productivas que sean compatibles con esos empleos y salarios.

Para salir de la crisis hay que poner el centro de atención de la política económica en el impulso de la innovación, la mejora del sistema educativo, la cualificación de la fuerza de trabajo, el alza de gama de la oferta y el cambio de especializaciones productivas a favor de bienes y servicios de mayor valor añadido que incorporen más conocimiento y contenidos tecnológicos. 

Y en esa labor, efectivamente, la acción pública y una política económica alternativa a la sufrida desde mayo de 2010 son tan imprescindibles como el debilitamiento de la estrategia de austeridad impuesta por las instituciones europeas y de la hegemonía conservadora en la que se sustenta.

Del mismo modo, sin superar las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona y la falta de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, las medidas incentivadoras de la demanda doméstica están condenadas al fracaso. Más aún si son realizadas en solitario por uno o varios Estados miembros.

 La ausencia de federalismo y la falta de coordinación entre las políticas económicas de los Estados miembros de la eurozona obliga a que los países periféricos tengan que hacer desaparecer sus déficits por cuenta corriente reforzando la presión sobre la demanda doméstica. 

Tanto en lo que se refiere al gasto de los hogares como a la inversión pública y privada, ya que su retroceso ocasionan inevitablemente un debilitamiento de la acumulación de capital y la inversión en nuevas tecnologías, un escaso esfuerzo innovador, despreocupación por la mejora de la cualificación de la fuerza de trabajo y, como consecuencia, una baja productividad global de los factores.

¿Qué se puede hacer en tales condiciones? No hay más eficaz estímulo de la demanda doméstica que, por un lado, las políticas de apoyo a la inversión orientadas a  modernizar del capital productivo y mejorar las competencias de la población activa y, por otro, las medidas de rescate ciudadano que tienen como prioridad atender las necesidades de los sectores sociales más golpeados por la crisis y las políticas de austeridad. No vale cualquier estímulo de la demanda.

En todo caso, la justificación del rescate ciudadano no descansa esencialmente en ninguna teoría económica. El rescate de la gente se justifica como un imperativo ético, desde los valores de solidaridad y apoyo mutuo que defienden las izquierdas.

 La mayoría social ya no está dispuesta a que la recuperación económica suponga dejar sin trabajo, casa, bienes públicos o derechos laborales y sociales a la gente para que las grandes empresas puedan disminuir costes, aumentar márgenes o mejorar sus ventas en el exterior. 

Y a esa voluntad ciudadana y al proyecto de país que implica el cambio que defiende la mayoría social responden las medidas de rescate de la gente. (...)"           (Gabriel Flores - nuevatribuna

4.2.16

Es necesario atacar con decisión el problema de las deudas privadas ilegítimas... las hipotecarias que llevan al desahucio

"(...) Tanto en Bélgica como en Francia, las deudas privadas ilegítimas no constituyen todavía un problema importante, pero en España, si no habláis de la deuda hipotecaria ilegítima reclamada a miles de familias españolas dejáis de lado una injusticia fundamental. 

Entre 2008 y el segundo trimestre de 2015, se hicieron 416.332 órdenes de desahucio de viviendas en contra de las familias que ya no podían continuar pagando sus hipotecas. 

Las expulsiones son una consecuencia de la crisis pero la ley que las autoriza es muy anterior. Se trata de una ley hipotecaria impuesta por decreto durante la dictadura de Franco en 1946 y que continúa en vigencia. |6|

¿Cómo queréis que una gente humillada, por estar sobre endeudada, de la que los bancos han abusado, que fueron expulsadas de su vivienda y además deben aún pagar lo que les queda de deuda, puedan movilizarse masivamente para luchar contra el pago de la deuda pública del Estado?

 Si fueron derrotados en su lucha personal porque no hubo un movimiento de resistencia suficientemente fuerte para impedir los desahucios, no tendrán fuerza para continuar una lucha, ahora contra la deuda pública ilegítima y además pensarán que no les incumbe. Pero, felizmente, se desarrolló en España un importante movimiento contra los desahucios desde 2010. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) declaró que «los préstamos fueron acompañados por numerosas cláusulas abusivas, y que los bienes hipotecados, como garantía, estaban absolutamente sobrevaluados, debiéndose considerarlos como productos financieros tóxicos».  (...)

En el Reino Unido, donde la reforma neoliberal ha llegado más lejos que en el continente, si no habláis de la deuda de los estudiantes, de la deuda ilegítima de los estudiantes, dejáis de lado un tema esencial. 

Asimismo, en Estados Unidos donde la deuda reclamada a los estudiantes representa más de 1.000 millones de dólares, o desde el estallido de la crisis, más de 14 millones de familias fueron expulsadas de sus viviendas, de las cuales, al menos, 500.000 de forma ilegal. Numerosas víctimas ayudadas por los movimientos sociales, especialmente Strike Debt, reaccionaron y se organizaron para enfrentar a los oficiales de justicia y rechazar la expulsión. |7| Miles de denuncias se presentaron contra los bancos. 

En el periodo 2010-2015, las autoridades de Estados Unidos realizaron acuerdos con los bancos para evitar una condena judicial por el escándalo de los créditos hipotecarios y las expulsiones ilegales de viviendas. Y los bancos solo tuvieron que pagar una simple multa. |8|

En Bélgica, aunque el problema de sobreendeudamiento de las familias empobrecidas no llega a los extremos dramáticos de Estados Unidos, Grecia o España, 352.270 personas no llegaban a pagar sus deudas (facturas por la energía consumida, hipotecas, etc.) en 2015 |9| y la tasa media de endeudamiento (en relación a los ingresos) no deja de aumentar desde el comienzo de la crisis. La austeridad participa, por supuesto, en el aumento del endeudamiento de las familias más vulnerables. 

Considerando que es imposible solucionar la cuestión del sobreendeudamiento de manera individual, nació una nueva iniciativa en este comienzo de año, para plantear la cuestión de una auditoría y de la anulación de las deudas privadas ilegítimas, reuniéndose alrededor de la mesa el CADTM, la Red Valona de lucha contra la pobreza, el Centro de apoyo al servicio de mediación de deudas de Bruselas, otras asociaciones y personas sobre endeudadas.

Si dejamos a los países más industrializados, nos damos cuenta de que el problema de las deudas privadas ilegítimas constituye también un desafío para los movimientos que luchan contre el sistema deuda. 
En la India, más de 300.000 campesinos sobreendeudados se suicidaron en el curso de los 15 últimos años (véase en inglés http://cadtm.org/The-Debt-Relief-Package-of-Rupees) En Marruecos, las víctimas del microcrédito abusivo se organizan con el apoyo de ATTAC CADTM Marruecos. (...)"             (Eric Toussaint , CADTM, en Rebelión, 04/02/16)

15.12.15

Las PAH paran tres desahucios y denuncian que PP, PSOE y Ciudadanos no apoyan a los desahuciados

"Decenas de personas se han movilizado hoy en Barcelona, Madrid y Mazarrón (Murcia) para paralizar tres desahucios. Sobre las diez de la mañana, los tres habían sido paralizados por la movilización popular.

En Madrid, el stop desahucios, convocado en el barrio de Lavapiés, era el tercer intento de expulsión de Raju y otras dos personas originarias de Bangladesh, víctimas de una estafa de alquiler, ya que el propietario les alquilaba la casa a unos precios abusivos a pesar de encontrarse inmerso en un procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Los afectados acudieron por primera vez a PAH Centro este verano, y desde entonces los activistas han logrado paralizar en dos ocasiones el desahucio, pero Bankia, propietaria de la vivienda, se niega a conceder un alquiler social porque “dice que los afectados no cumplen con los requisitos, pero tampoco explican cuáles son los requisitos”, explica Mai, de PAH Centro.   (...)

En el stop desahucios de hoy se encontraba presente el concejal de distrito, Jorge García Castaño, y sólo se ha presentado una patrulla de policías municipales en el momento en que ha llegado la comisión judicial. La presencia de varias decenas de activistas en la puerta del edificio ha llevado a la comisión a negociar inmediatamente un aplazamiento de un mes. 

La próxima fecha de desahucio es el 14 de enero. Desde PAH Centro, anuncia Mai, aprovecharán este mes para “hacer acciones en Bankia y seguir presionando a los altos cargos” para que se avengan a negociar un alquiler social para estas personas.

En Barcelona, la PAH se veía obligada a convocar un stop desahucios para lograr un aplazamiento de la expulsión de Jorge y su hijo por parte de un “gran propietario” que se negaba a conceder unos días más para que éstos lograran una solución habitacional. Finalmente, tras la paralización del desahucio hasta enero, la PAH anunciaba por redes sociales que “ya tenemos realojo garantizado”.  (...)

Paralelamente, las diversas PAH del Estado han convocado para hoy movilizaciones ante las sedes de los partidos políticos que no apoyan las cinco medidas urgentes propuestas por esta plataforma para solucionar la emergencia habitacional. 

Las conocidas como Exigencias PAH (dación en pago retroactiva, alquiler asequible, paralización de los desahucios, vivienda social y suministros garantizados) fueron presentadas en septiembre a los diversos partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales.

 Tres de ellos, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, respondieron a la PAH que no apoyan estas medidas. “Los tres partidos prefieren seguir apostando por los desahucios, las deudas de por vida, los cortes de suministros y seguir defendiendo los intereses de sus amigos de la banca”, apuntan desde la PAH.  (...)"                (Gladys Martínez López, Diagonal,14/12/15)

17.11.15

Desde que empezó el programa de ayuda de Ecuador, sólo se ha producido un desaucio de un ecuatoriano en 18.000 procesos

"Si usted firmó una hipoteca que no puede pagar, le vendría bien disponer de un pasaporte de Ecuador. Amparándose en la Convención de Viena, el gobierno de Rafael Correa inició a principios de 2012 un programa para proporcionar asesoría legal gratuita a inmigrantes con problemas hipotecarios en España. Según datos de la cooperativa de abogados que coordina el proyecto, hoy atienden a unas 100 personas al día, han ayudado a cerca de 8.300 familias y han resuelto "de manera satisfactoria" un total de 1.690 casos.

“Empezamos en Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia, pero la demanda era tan alta que ahora atendemos en 21 ciudades, con 35 abogados que tardan una media de dos o tres días en dar cita a quienes solicitan ayuda”, dicen en la embajada, donde se sienten particularmente orgullosos de un dato: desde que arrancó la iniciativa, sólo ha sido desahuciada una familia ecuatoriana de las cerca de 18.000 en procesos de impago.

El único requisito para acceder al servicio es tener nacionalidad ecuatoriana. "Se nos acerca gente de otros países y nos pide que les ayudemos, pero no estamos capacitados para hacerlo", comenta una de las abogadas, Alejandra Jacinto.

En los últimos dos años se han producido "casos puntuales" de españoles casados con parejas ecuatorianas que fueron atendidos tras obtener la nacionalidad del país andino. Jordi es uno de ellos y nos relata su historia por teléfono, desde un pueblo cerca de Sabadell. "Yo era mecánico y me quedé sin empleo. Tenía firmada una hipoteca de 1.000 euros al mes y no la podía pagar.

 Fue una pesadilla, un acoso. Al principio intenté resolverlo por mi cuenta y no lo conseguí. Me engañaban todo el rato. Me acerqué a las plataformas y me enteré del programa del consulado de Ecuador. Gracias a ellos y a la PAH, en 2014 conseguí la dación en pago y el alquiler social", dice.

Los letrados del programa son españoles, profesionales en activo que pasan la minuta al ministerio de Exteriores de Ecuador. La embajada asegura que el coste es "totalmente asumible" y que no supone un desembolso importante, aunque no facilitan la cifra.

“No llegamos al punto de defender a los hipotecados en juicio, eso sería costosísimo y requeriría muchos más recursos. Nos limitamos a informar, asesorar y orientar durante el proceso legal de manera personalizada y, al mismo tiempo, trabajamos la vía extrajudicial, que es donde más éxito tenemos

 Es decir, intentamos llegar a un acuerdo con el banco para que se paralice el procedimiento judicial. Cuando es necesario, acompañamos al afectado en la negociación”, matiza la coordinadora jefe del proyecto, la abogada Elena Marcello, de la Cooperativa Kinema.  (...)"                 (El Confidencial, 19/10/2015)


13.11.15

¿Puede el deudor hipotecario liberarse de su deuda entregando las llaves de su casa al banco?

"Situaciones excepcionales de especial vulnerabilidad social requieren soluciones excepcionales.
 
¿Puede el deudor hipotecario liberarse de su deuda entregando las llaves de su casa al banco?

Muchos aseguran que esto sólo es posible previo acuerdo del deudor con la entidad financiera, pues afirman que la dación en pago es, por definición, convencional o voluntaria. 

La idea se basa en un principio clásico que pasó a través del derecho medieval a la generalidad de los ordenamientos jurídicos modernos, entre ellos al español (aliud pro alio invito creditori solve non potest, que significa que el deudor no puede entregar una cosa por otra, un inmueble por dinero, por ejemplo, contra la voluntad del acreedor).

Pero no debe olvidarse que desde Roma existió otra figura, la dación en pago necesaria, legal o forzosa, que fue admitida por Justiniano como una medida excepcional ante la crisis económica que atravesaba el imperio para proteger a los deudores que no dispusieren de liquidez suficiente pero tuvieran bienes inmuebles que, dada la coyuntura, no pudiesen ser colocados en el mercado a un precio justo. 

La figura fue desterrada de los Códigos civiles decimonónicos por ser contraria a los postulados del libre comercio y de la autonomía privada, y permaneció desde entonces olvidada, hasta que cobró un especial protagonismo en el marco de la actual crisis económica y financiera.  (...)

La crisis trajo consigo un incremento de la tasa de desempleo que, junto con otros motivos, como el estallido de la burbuja inmobiliaria, llevó a que muchas familias no pudieran hacer frente al pago de sus hipotecas. Esto produjo un incremento de las ejecuciones hipotecarias que frecuentemente finalizaban con la adjudicación del inmueble al acreedor o a un tercero, por un valor muy inferior al de tasación.

 En estos supuestos, al drama de perder la vivienda se suma el hecho de que, a menudo, el deudor continúa obligado con la entidad financiera por la parte de la deuda no satisfecha, conforme al principio de responsabilidad patrimonial universal que rige en nuestro Derecho.  (...)

A partir de 2010 se produjeron una serie de pronunciamientos judiciales que, tras la adjudicación de la vivienda habitual del deudor ejecutado al banco ejecutante, denegaron la prosecución de la ejecución, dejando sin efecto el principio de responsabilidad patrimonial universal; y dando virtualidad, sin mencionarla, a la dación en pago. 

Otros organismos y entidades, entre ellos diferentes asociaciones ciudadanas (PAH, Stop desahucios, etcétera), requirieron insistentemente la adopción de la dación en pago generalizada, dando lugar a una iniciativa legislativa popular que se llegó a tramitar en el Parlamento.  (...)

La actual regulación de la dación en pago se limita a dar cobertura legal a las situaciones que ya desembocaban en la misma solución por vía convencional. Las daciones que se admiten en el marco del CBP y que se han producido desde mediados de 2012 y hasta finales de 2014 (en cifra, 3.843) representan apenas un 10% de las que se producen por acuerdo con la entidad financiera (en torno a 14.000 al año según datos del Colegio de Registradores). 

En relación con la dación, la norma no ofrece soluciones nuevas y, en general, las medidas adoptadas no han tenido la eficacia esperada: no han conseguido frenar las ejecuciones hipotecarias en relación con la vivienda habitual, que se mantienen a niveles semejantes a los del año pasado: 34.680 ejecuciones hipotecarias en 2014 y 17.477 en los primeros trimestres de 2015. 

(...) una dación en pago legal bien entendida, como una medida extraordinaria de carácter temporal, liberaría definitivamente al deudor ofreciéndole una posible vía de recuperación económica, sin estar vinculado de por vida a una deuda que probablemente nunca podrá satisfacer.

No se trata de cuestionar el principio de responsabilidad patrimonial universal, que en una situación económica y social estable no se discute, sino de mitigar su alcance en las “actuales” circunstancias socio-económicas y en determinados supuestos. 

El sujeto pasivo debe ser el deudor de buena fe (su sobreendeudamiento ha de ser consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, ajenas a su voluntad) y en relación a la primera y única vivienda de la unidad familiar (bien de primera necesidad y derecho reconocido en la Constitución).

 Previamente sería preciso valorar la posibilidad que tiene el deudor de cumplir con sus obligaciones a través de un plan de reestructuración o refinanciación de la deuda. La Ley de segunda oportunidad ha perdido la ocasión de introducir una fase obligatoria de negociación para todos los deudores con dificultades en el pago del crédito (no exclusivamente para los deudores en el umbral de exclusión en el marco del CBP) a través de la articulación de mecanismos o fórmulas de mediación, dirigidas a lograr que la negociación llegue a buen puerto.

Esta solución podría criticarse desde el punto de vista de la seguridad jurídica en cuanto cambia las reglas del juego en un momento posterior al de la concesión del crédito , pero el escenario económico y social tampoco es el mismo.

 No debe olvidarse la responsabilidad que tienen las entidades financieras en la situación actual “al haber concedido créditos hipotecarios en las condiciones más laxas de la historia” -según palabras del defensor del Pueblo- y, desde luego no parece suficiente que la implicación del sector financiero se limite a la decisión de suscribir o no el CBP."        (  , El País, 17 OCT 2015)

4.11.15

Un apretón de manos certifica el acuerdo entre Podemos y Revilla para luchar conjuntamente en las acciones antidesahucio

"Un apretón de manos entre el portavoz de Podemos en el Parlamento regional, José Ramón Blanco, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha bastado para que este último se postule como “escudo humano” en las acciones antidesahucio. 

El acto ha tenido lugar momentos antes de que Blanco presentara este martes una iniciativa de la formación morada para reclamar medidas que frenen desahucios y para garantizar que ningún ciudadano sea privado del derecho a una vivienda digna.

Según ha detallado Podemos, Revilla ha accedido, a petición de la formación, a participar en esta acción siempre que se trate de un desahucio motivado por problemas derivados de la actual situación económica o como consecuencia del paro.

La iniciativa, tras la presentación de una enmienda transaccional de la propia formación morada, ha sido aprobada por el Pleno con el voto a favor de PSOE, PRC y Podemos; la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP. La moción insta al Gobierno de la nación a una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra "las medidas de mínimos" para hacer frente a la "emergencia habitacional".

Entre ellas, se incluyen lo que han denominado "medidas de segunda oportunidad", entre las que figuran la dación en pago retroactiva y condonación de la deuda; la eliminación por parte de las entidades de las cláusulas "abusivas", o la imposibilidad de ejecutar la primera y única vivienda, entre otras; otras a favor de un alquiler digno y algunas para que se garantice el tener una vivienda digna y un nuevo modelo de vivienda protegida.

Durante el debate de la iniciativa, Blanco ha criticado la postura de Ciudadanos y del PP, partido al que ha acusado de "servir" y estar a favor de la "banca criminal" y no a los desahuciados. (...)"              (El Diario de Cantabria, 03/11/15)

1.6.15

Economía se niega a facilitar la quita de deudas personales e hipotecarias, desoyendo al FMI, Justicia y Podemos

"El Ministerio de Economía se ha negado a suavizar las condiciones para que las personas físicas puedan acogerse a las quitas de deuda incluyendo las hipotecas. Y ello a pesar de que el Ministerio de Justicia ha presionado hasta el último momento. 

Este jueves, Justicia intentaba otra vez que se introdujesen nuevas enmiendas a la Ley de Segunda Oportunidad antes de que acabase el plazo a las ocho de la tarde. Sin embargo, por el momento Economía no ha cedido.

De poco ha valido que el propio FMI también lo pidiese en su visita a España esta misma semana. Dentro del procedimiento regular de consultas, los hombres de negro han insistido mucho en este punto. Sobre todo han exigido que no se pueda reinstaurar la deuda si una persona consigue un trabajo. O dicho de otro modo, que no se pueda revocar la quita de la deuda sólo porque el deudor encuentre un empleo.  

“El régimen de insolvencias personales ha sido uno de los puntos que más hemos discutido con los técnicos del FMI. Por mi parte, entre otras cosas, les he explicado que la exoneración de la deuda no se puede cancelar porque el deudor encuentre un trabajo en el plazo de cinco años. 

También les he dicho que me parece injusto que las entidades se adjudiquen el inmueble al precio de subasta y luego además quieran la diferencia y unos intereses de demora abusivos”, comenta un insigne economista que se ha entrevistado esta semana con los hombres de negro.

Pero el Ministerio de Economía se mantiene en sus trece, inasequible a la amenaza electoral de Podemos asomándose por el horizonte. Desde la Comisión Europea al FMI pasando por el Ministerio de Justicia, muchos han querido meter mano a la Ley de Segunda Oportunidad con el fin de facilitar las quitas de deuda a las personas físicas, una de las medidas más demandadas por una población asfixiada por su deuda hipotecaria.  (...)

La misma Comisión Europea ha señalado que en España falta un marco regulador de las insolvencias personales. Según el último informe de los técnicos fechado en febrero, las autoridades españolas son reacias a instaurarlo porque “puede perjudicar la sólida cultura de pago existente”. 

Sin embargo, en opinión del Ejecutivo europeo, la ausencia de una legislación en este sentido sigue constituyendo “un obstáculo para que los deudores particulares financieramente responsables puedan empezar de cero”. “España no cuenta con un procedimiento de insolvencia personal que pueda obligar a los acreedores a negociar acuerdos de liquidación o planes de reembolso con los deudores, consumidores o empresarios cuando éstos no se encuentran en condiciones de atender el pago de sus deudas”, concluye. (...)"              (Vox Populi, 28/05/2015)

13.5.15

Un juez facilitará a hipotecados superar el concurso sin perder el piso

"Un reciente auto judicial de Barcelona abre un camino inexplorado en esta crisis.

Los jueces mercantiles de Barcelona han abierto la puerta a evitar las ejecuciones hipotecarias de aquellas personas particulares que se hayan declarado insolventes –al no poder afrontar en un momento determinado el peso de sus deudas–, pero que hayan cumplido determinados requisitos que se recogen en la llamada ley de la segunda oportunidad

El primer caso en este sentido se produjo el pasado 15 de abril en una sentencia del juez Juan Manuel de Castro, del juzgado mercantil 10 de Barcelona, que tramitó el caso de un matrimonio de jubilados de Rubí ahogado por las deudas.

El procedimiento concursal fue a la liquidación, una fase en la que en teoría, se venden todos los bienes del deudor para repartir lo que se obtenga entre los acreedores. Sin embargo, el juez siguió la recomendación de la administración concursal y dejó la hipoteca al margen. Josep M.F. y Anna S.M. estaban pagando las cuotas mensuales y CaixaBank no tenía ningún interés en engordar su cartera de inmuebles.

Al no haber nadie que se opusiera a la medida, pudieron continuar adelante con el concurso sin que este afectara al crédito ni al inmueble. El auto judicial permitió cerrar el concurso con una quita importante (de casi 60.000 euros, el 72% del resto de las deudas) al haber cumplido los jubilados con las condiciones previstas en la ley.

Pero lo más importante para ellos –y para los que aspiren a seguir sus pasos– es que conservan el piso. Según José María Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil 3 de Barcelona y decano de la plaza, no hay nada en la ley que impida dejar la hipoteca al margen de la liquidación y prevé que haya muchos más casos similares. 

 “Aquí hemos acordado que tendremos criterios flexibles para que el mayor número posible de personas puedan beneficiarse de las posibilidades de la nueva ley”. Y cita otro ejemplo: “Es posible exonerar de las deudas a quien no tiene ingresos y, por lo tanto, es incapaz de acometer el plan de pagos al que obliga la ley”. (...)

El matrimonio de Rubí, el primero que liquida sus bienes y conserva su vivienda, tuvo la suerte de caer en manos de David Grasa –el administrador concursal, del despacho Resolvenz, vicepresidente de la sección concursal del colegio– y de CaixaBank. El primero, con el visto bueno del juez, propuso dejar la hipoteca a un lado; y el segundo consideró que no se lesionaban sus intereses y no se opuso. No todos podrán conseguir lo mismo, pero el camino ya está abierto."               (Lalo Agustina  , La Vanguardia, 11/05/2015)

8.5.15

Podemos sancionará a los propietarios que posean más de 10 casas vacías... y concederá bonificaciones fiscales a quienes cedan la gestión de sus propiedades a una Agencia Pública de Alquiler

"Parar los desahucios sin alternativa habitacional es su primera promesa electoral, uno de los objetivos prioritarios de su programa de Rescate Ciudadano, pero eso no basta. 

Podemos quiere crear un ente público que sirva de apoyo a quienes corran peligro de ser desahuciados, que pueda asesorarlos, elaborar informes sobre el peligro que corren o ayudarles a negociar con sus acreedores. Incluso, llegado el caso, que pueda personarse en los procesos judiciales para "poner todos los recursos de las administraciones" en la lucha contra las ejecuciones hipotecarias. Así lo ha afirmado Rafa Mayoral, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos.  (...)

En Madrid hubo más de 7.000 desahucios, a pesar de que la cifra oficial de viviendas vacías supera las 260.000.

Muchas de ellas, por cierto, están en manos de fondos buitre que las mantienen vacías.  (...)

"El IVIMA está vendiendo su patrimonio a los fondos buitre, los fondos buitre retienen viviendas para que suba su precio", acusaba este miércoles López, en el escenario perfecto para evidenciar esa realidad: un edificio propiedad de un fondo buitre en el madrileño distrito de Usera, un inmueble en el que una familia fue desahuciada hace apenas un año.

El candidato López insiste en que su propuesta no costará "un euro" a los madrileños, ya que se basa en redistribuir los recursos económicos y personales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y dotarlo de dos nuevas instituciones: la Agencia de Derecho a la Vivienda y la Agencia Pública de Alquiler.

Los objetivos de estos organismos son claros: incentivar el alquiler (especialmente social), reducir el número de viviendas vacías, ampliar el parque público de viviendas y rehabilitarlas, y servir como intermediario entre las familias y los propietarios. 

El partido apuesta por impulsar el mercado de alquiler público, por lo que quiere que la administración conceda bonificaciones fiscales a quienes cedan la gestión de sus propiedades a la Agencia Pública de Alquiler, y, como ya avanzó este diario, sancionará a personas y empresas que posean más de diez casas vacías, los grandes tenedores de vivienda. (...)

La vivienda es uno de los ejes clave del programa autonómico de Podemos, que también defiende reestructurar las deudas de quienes están en peligro de ser desahuciados y pagaron un precio desproporcionado por su vivienda para ajustarlo a su valor real, alejado del precio convenido en la era del ladrillo.

López propone también realizar un censo realista del número de viviendas vacías en la Comunidad, y sostiene que la mayoría de estas medidas están enfocadas a servir como corrector a las malas conductas de grandes propietarios como la SAREB (el llamado banco malo), y que estas no tendrán efecto sobre los dueños de menos de diez viviendas vacías, a los que intentarán convencer de que alquilen, pero a los que no impondrán sanciones.   (...)

Junto al candidato y a Mayoral han comparecido también Alejandro Inurrieta, economista y experto en el sector inmobiliario, que llama a equiparar el mercado de alquiler español al nivel europeo, y Esperanza Redondo, afectada por la hipoteca. 

Redondo debería pagar hoy una letra de 675 euros, pero apenas cuenta con un salario de 1.000 para sacar adelante a una familia de cinco miembros. De momento no corre un peligro inmediato, pero sabe que si sigue sin pagar podrá verse expulsada de su casa, como tantos otros madrileños.

Es la cara de un problema que según Podemos no se ha resulto por la mera falta de voluntad política, además de por favorecer los intereses y negocios de quienes especulan con la vivienda, y es uno de los ejes del programa de López.  (...)

Reconoce que dotar al IVIMA de su nueva función requerirá de una inyección económica para contar con un depósito que asegure las propiedades que gestione el ente público, pero insiste en que no hará falta gastarlo, sólo mantenerlo como garantía.

Para obtener dinero López quiere tirar del impuesto de sucesiones y de patrimonio, que recaería fundamentalmente en las 14.000 personas más acaudaladas de Madrid, intensificar la lucha contra el fraude fiscal o suprimir ciertas bonificaciones, como la que disfrutan "el 5%" de padres que llevan a sus hijos a las escuelas privadas, por ejemplo.  (...)"         (Público, 05/05/2015)

27.4.15

Un juez reconoce el derecho de una familia desahuciada a tener piso social

"Un juez de Barcelona ha dado la razón a una familia que fue desahuciada en 2012 y a quien el Ayuntamiento de Barcelona le denegó un piso de protección. El magistrado reconoce el derecho de la familia a disponer de una vivienda de alquiler social. 

El caso ya fue denunciado ese año por la Síndica de Barcelona, que atendió a la familia y resolvió que debía ser beneficiario de una vivienda social, una reclamación que desoyó el Consorcio de Vivienda (que integran el Ayuntamiento y la Generalitat). Desde entonces, la pareja y sus dos hijos han vivido primero en pensiones pagadas por la Administración y posteriormente compartiendo vivienda, un gasto que asumió también el Ayuntamiento y luego su entorno. (...)

El Consorcio denegó el alquiler social argumentando que el hombre y su familia no cumplían las condiciones que dan derecho a un piso público. "El consorcio consideró que las causas que provocaron la pérdida de su vivienda eran imputables al solicitante porque el contrato de alquiler representaba el 90% de sus ingresos y no podía hacer frente a los pagos", recuerda la Síndica en un comunicado. 

El vecino pagaba 500 euros de alquiler y cobraba 399 de ayuda y otros 600 de forma irregular y sin contrato, en negro. Con mil euros de ingresos, podía costear la renta. Mientras tuviera el trabajo ilegal.

En su sentencia, el titular del juzgado contencioso administrativo número 1 de Barcelona, Francisco José González Ruiz, argumenta apoyándose tanto en la recomendación de la Síndica de 2012 como en la Ley del Derecho a la Vivienda. Sobre la Ley, recuerda que describe la emergencia como "situación de vulnerabilidad extraordinaria y excepcional" y que fija que pueden ser usuarios de pisos sociales las personas que se encuentren en esta situación. Una condición que, en su opinión, cumplía el ciudadano.

Sobre la recomendación de la Síndica, el juez se remite a sus argumentos de 2012. La Síndica entendió entonces que no se puede responsabilizar al vecino de perder la vivienda por no haber podido pagar el alquiler de 500: lo pagó mientras pudo y cuando perdió el trabajo --sin contrato e irregular-- ya no pudo. "Considero que las causas de la falta de pago son ajenas a la voluntad del interesado y fruto de una oferta irregular de empleo que aceptó por necesidad", escribió Vilà en su día.

Por todo ello, el juez falla reconociendo el derecho de la familia a que se le adjudique un piso del fondo de viviendas de alquiler social disponible y adecuado a las necesidades de la unidad familiar. (...)"              (   , El País, Barcelona 22 ABR 2015)

26.3.15

Con 34.000 millones se pudo haber cancelado la deuda hipotecaria de las familias... con 147.000 millones se salvó Bankia

"(...) En el Estado español, cada día son despojadas de su vivienda por desahucio o dación en pago en torno a 300 familias; en definitiva, por no poder hacer frente a la deuda contraída con el propietario del inmueble que es, en la mayoría de los casos, un banco. 

Pagan el delito de intentar una vida mejor con el producto de su trabajo y se les arrebata el trabajo y la vivienda, dos derechos básicos que debe garantizar la sociedad.

 Solamente con 34.000 millones de euros podría haberse cancelado la totalidad de la deuda hipotecaria de las familias en situación de morosidad[1]. Sin embargo, la actuación de los sucesivos gobiernos ha sido diferente. Una entidad financiera, BFA-Bankia, ha necesitado ayudas públicas superiores a 147.000 millones de euros para evitar la quiebra[2].

 En realidad se ha rescatado a los acreedores y se han utilizado para ello recursos públicos que hipotecan a las Administraciones Públicas. (...)"           (Marina Albiol, Carlos Sánchez Mato y Alberto Arregui , Economía para críticos e indignados, 20/03/2015)

20.3.15

“Los fondos buitres utilizan estrategias de desgaste con los afectados por las hipotecas”

"(...) -¿Qué se os responde cuando os dirigís a las sucursales de Catalunya Caixa?

Nos dicen que, o firmamos el “pacto de no agresión” hasta el 15 de mayo, o nada. Cuando los afectados vamos al banco a preguntar, nos repiten que han “elevado” la documentación; o en otros casos que nuestra solicitud no ha sido admitida.

-¿Habéis observado un cambio en la actitud del banco desde que Blackstone comprara la mayor parte de la cartera hipotecaria? ¿Cómo ha sido el trato a los afectados?


Antes del cierre de oficinas (ahora sólo quedan cuatro en Valencia), las respuestas eran en general muy bruscas, de mala educación por parte de los directores de sucursal. Han llegado a tirarnos a la calle o tenernos cuatro horas esperando, para decirnos después que la documentación estaba en Barcelona; entonces, al comprobar que no desistíamos, nos entregaban los papeles, que efectivamente tenían ellos. 

En una reunión con un director de sucursal, me llegó a decir que no quería perder el tiempo conmigo, y que a la próxima pasara por ventanilla, que allí me atenderían. Todo eso de forma muy grosera. La mayoría del grupo de afectados (37) de Catalunya Caixa en PAH-Valencia hemos recibido un trato similar.

-Los grupos de afectados de la PAH se coordinan en el ámbito autonómico y estatal, según la entidad financiera con la que mantengan el litigio. En el caso de Caixa Catalunya, ¿qué elementos comunes pueden señalarse?


Hay una manera de operar que es general. Dejar pasar el tiempo, que cada tres meses tengas que entregar otra vez los papeles. Te dicen que han “elevado” la documentación a las instancias correspondientes, pero luego nadie sabe nada. Además, al cerrar sucursales se perdió mucha documentación de los afectados (vida laboral, certificados de empadronamiento, de desempleo…).

 Forma parte de una estrategia. Debido a esas pérdidas, muchos hemos tenido que empezar de nuevo con los trámites. Y el problema no es únicamente que la documentación “caduque” cada tres meses, sino que en algunos casos (por ejemplo los papeles del registro de la propiedad), hay que pagar de nuevo.

-¿Continúa el banco con la estrategia de haber “perdido” los papeles?

Ahora mismo no, porque intentamos entregarlos en mano. Sabemos que llegan. Y esperamos la respuesta. También han aceptado alguna dación en pago (ayer conseguimos una), pero a lo que no acceden es al alquiler social. 

Nuestra propuesta más importante consiste en que con las nuevas tasaciones que hacen los bancos, a menos del 50% del valor al que el piso se tasó en su día, el propietario pueda quedarse en la vivienda con una cuota asumible. Es decir, renegociar el préstamo. Pero desde el año pasado nos dan largas.

-¿Habéis constatado abusos en los préstamos?

Sí, muchas cláusulas “abusivas”. Cláusulas “suelo” (mínimo fijo a pagar en la cuota de la hipoteca), u otras sobre el tiempo de demora en los pagos… Delante del notario no tienes apenas tiempo para informarte antes de suscribir la hipoteca. 

Actualmente para los papeles de la dación en pago o las nuevas escrituras, hemos reclamado (y conseguido, el grupo de afectados) tener los papeles dos días antes de la firma. Un afectado pidió hace poco la documentación para la dación en pago, y el banco se la facilitó para que firmara. De momento todavía no lo ha hecho, porque no lo vemos claro…

-Dilaciones, “pérdidas”, “espera” hasta el 15 de mayo, hostilidad de los directores de sucursal… ¿Responde ello a un plan global por parte de Catalunya Caixa y Blackstone?

Es una estrategia de desgaste. Diario. Llevamos así desde noviembre. Se trata, además, de una estrategia que se repite con los diferentes “fondos buitres”. Todos han hecho lo mismo. La idea es “quemar” a la gente, que renuncie a reclamar los derechos y, mientras, que los plazos corran… Y no hay que olvidar la problemática global.

 En 2014, según el INE, se han iniciado 70.078 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda (34.680 en vivienda habitual), un 7,4% más que en 2013. Esto significa que 34.680 familias viven con la espada de Damocles del desahucio."               (Entrevista a Mari Carmen Calvo, portavoz de PAH Valencia, Enric Llopis , Rebelión, 18/03/2015)

15.3.15

Rajoy nos da una falsificación de la dación de pago de verdad, la que existe hace muchos años en el mundo anglosajón

"(...) El ejecutivo en este campo ha estado siempre al servicio de los acreedores, es decir las entidades financieras que han puesto siempre objeciones a la posibilidad de que la dación de pago de verdad, la que existe hace muchos años en el mundo anglosajón, pudiese abrirse paso en el ordenamiento jurídico español. 

La insensibilidad hacia los que sufren este tipo de contingencias, de los mucha parte de la sociedad no será ajena en el futuro, raya el esperpento y esconde una visión del dolor ajeno más propio de sociedades bárbaras.

La incapacidad de pagar una vivienda no es voluntaria ni querida por sus propietarios, sino que responde a episodios vitales adversos que, en parte, han sido favorecidos por las sucesivas leyes laborales que han propiciado el efecto sustitución entre trabajadores indefinidos por temporales, con una merma salarial del 40%. 

Ante el drama de los desahucios solo cabe diseñar una verdadera política de restructuración de deudas, unido a una verdadera política de alquiler social.

 ¿Qué ha aprobado el Gobierno? Pues un hibrido al dictado de la AEB que trata de minimizar la llamada dación de pago, y solo autorizarla cuando el deudor hay sido exprimido durante el máximo tiempo posible y ya sea imposible cobrarle un euro más.

 En principio una de las vías para acceder a la dación en pago sería a través del concurso de acreedores individual, pero la letra pequeña esconde una serie de trampas que, de facto, harán casi imposible el acceso a la gran masa de hogares en riesgo de ser desalojados.

En esencia, el RD en el que se aprueba lo que pomposamente se denomina Ley de Segunda Oportunidad, es una declaración de lo que es un deudor de buena fe. Esta categoría ya es un insulto y una vejación para los miles de afectados por una legislación hipotecaria que se ha demostrado llena de cláusulas abusivas, algunas de las cuales han sido denunciadas con éxito ante los Tribunales de Justicia europeos, ya que los españoles son menos proclives a enmendar la plana al sector financiero. Por tanto, qué tienen que cumplir los deudores de buena fe para que se les pueda aplicar el RD:
  1. Que en el concurso no haya sido declarado culpable, esto es, que el juez considere que la insolvencia no se ha provocado mediante voluntad deliberada o engaño del deudor.
  2. Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
  3. Que haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, para intentar establecer un sistema de pagos o posibles quitas directamente con sus acreedores. Es importante remarcar que, para acceder a estos acuerdos extrajudiciales, es obligatorio que el deudor disponga de dinero suficiente para satisfacer los gastos del mismo. 
  4. Por último, una serie de requisitos extra, que se aplican sólo a quienes quieran optar a la dación en pago y no al resto de deudores: comparecer siempre que sea requerido; no haber obtenido concurso de acreedores en los últimos diez año; aceptar que se haga pública la resolución durante cinco años; y someterse a un plan de pagos de cinco años para pagar las deudas que no se perdonan, esto es, las deudas de derecho público, como pagos a la Seguridad Social, y de alimentos. Sólo así podrá entregar la vivienda a cambio de liquidar la deuda.
Como se puede apreciar, la probabilidad de que una gran parte de afectados puedan cumplir todos estos requisitos es pequeña, lo que da idea del escaso interés que tiene el ejecutivo por solventar esta lacra social. Se aprecia un único interés electoral, de propaganda para intentar confundir a los afectados, al estilo de los hepatitis C, y hacer creer a la ciudadanía que son sensibles al drama social que supone el desahucio. (...)

En general estas medidas son similares a las que ya están en vigor para adherirse al más llamado Código de Buenas Prácticas, cuya adhesión es voluntaria. Eso sí, la nueva norma elimina la obligación de publicar en el BOE la lista de las entidades que se sumen. Los bancos y cajas tienen un mes para comunicar si quieren estar en este nuevo código o quedarse en el anterior. (...)

En resumen, la gran mayoría de hogares que están, o estarán, en una tesitura de desahucio, no podrán acogerse a la dación en pago tan restrictiva que ha escogido Rajoy para poder gritar en mítines en los próximos meses. Los afectados tendrán que seguir sufriendo la brutalidad de la policía y la indiferencia social y política. Solo nos queda la PAH."                 (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 01/03/2015)

13.3.15

La Generalitat tendrá derecho preferente de compra sobre las viviendas con riesgo de desahucio de la banca... para que no caigan en manos de fondos buitre

"La Generalitat y los ayuntamientos tendrán derecho de compra preferente de las viviendas en manos de entidades financieras sobre las que pese un procedimiento de ejecución presupuestaria para evitar más desahucios. 

Con esta medida, las Administraciones pretenden impedir que los pisos en los que residen familias “en situación de vulnerabilidad” puedan pasar a manos de fondos internacionales.

 El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha explicado que la Agencia Catalana de Vivienda ha reservado ocho millones de euros para estas adquisiciones, a las que se añadirán las cantidades que se recauden con el impuesto que grava los pisos vacíos en manos de la banca y los fondos de los que dispongan los consistorios. La medida, según fuentes de la consejería, también afectara a la Sareb, el banco malo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 se produjeron 14.230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, de las cuales 12.878 correspondían a pisos de segunda mano. La Generalitat considera que “buena parte” de este parque de viviendas podría pasar a manos de fondos internacionales a “precios reducidos”. 

La medida, que se incluye dentro del decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para proteger las familias en situación de vulnerabilidad residencial, consiste en dar derecho de tanteo y retracto –es decir, compra preferente— sobre cualquier operación de estas características que se en las 72 localidades en las que hay más dificultades de vivienda, que incluyen Barcelona y su área metropolitana.

Ese derecho de las Administraciones, que se podrá ejercer hasta 2021, supondrá que las entidades financieras deban comunicar a la Generalitat cualquier operación de venta de viviendas. Esta tendrá preferencia para comprar la casa por el mismo precio por el que iba a ser adquirida por un tercero.

 En la operación podrán participar los ayuntamientos. Vila ha considerado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que muchas entidades "preferirán" por una "cuestión de reputación" vender los pisos a la Generalitat que a un fondo de inversión, que adoptará otros criterios para gestionar esas viviendas."         (   , El País, Barcelona 10 MAR 2015)

11.3.15

Mu­chos pensarán que es muy cómodo okupar viviendas propiedad del banco. No es así. Son momentos de mucha angustia y sufrimiento. Es una situación límite

"Fueron momentos de angustia. “De camino al banco se me caían las lágrimas. Tuvimos que parar a tomar un cortado, para que me pudiera calmar”, relata Amparo. No fue capaz de tomar nada, estaba muy nerviosa. Aquel 17 de octubre de 2014 tenía que firmar la dación en pago con el BBVA. 

 La acompañaban dos inte­grantes de la Plataforma de Afec­tados por la Hipoteca y el Capita­lismo (PAHC). Los ingresos de la fami­­lia­ no alcanzaban para pagar la hipoteca y el banco había iniciado los trámites para de­sahuciarla. Sin trabajo y con su marido, Antonio, en paro desde hace unos meses, sobrevivían con los 790 euros del subsidio que él cobraba, insuficientes para hacer frente al pago de 745 euros de hipoteca de su piso.

Según el Instituto de Estadística de Catalunya, en Man­resa viven 75.000 personas, con un índice de desempleo que ronda el 18%. Con el 25% del parque inmobiliario desha­bitado, es la ciudad con más viviendas vacías por habitante de toda Catalunya, en total unas 9.000, de las cuales sólo 42 son de propiedad pública. Berni, miembro de la PAHC Bages, denuncia el papel pasivo en materia social del Gobierno municipal de Convergencia i Unió.

“Las colas en los servicios sociales son insostenibles y, mientras tanto, CiU mira todo por la ventana sin hacer nada. No nos han puesto ninguna facilidad ni han presionado a los bancos para que cedan pisos”, dice. Este activista también se queja de la doble moral que ejerce la Ejecutiva local:

 “Se quieren marcar como un tanto a favor los pisos recuperados, cuando, si no fuera por nuestras acciones, no se hubiera conseguido nada”. Además, califica de “relación de esclavitud” el vínculo entre las entidades bancarias y el Ayuntamiento. “Es obvio que no presionarán a CaixaBank para que entregue pisos vacíos a la Administración porque dependen de ellos para poder cerrar los presupuestos”, sentencia.

Berni no sólo culpa a CiU de la situación, sino también a la “apatía” de los partidos de la oposición. Para este integrante de la PAHC, el Par­tido Socialista de Catalunya, Inicia­tiva per Catalunya els Verds-Izquierda Unida i Alternativa y Esquerra Republicana de Catalunya son también responsables de esta situación, ya que estuvieron muchos años en el Gobierno.

 “Ellos provocaron que el casco antiguo esté abandonado, y que barrios como la Balconada sean un desastre. Si censuran determinadas políticas, la pelota se volvería contra su tejado y no les interesa”, denuncia. Todo ello, arguye, ha defraudado a la sociedad manresana, que cada día está más fragmentada, mientras que las desigualdades sociales son cada vez más patentes.

Antonio y Amparo, junto con sus dos hijas, forman una de las 15 familias que habitan en el bloque de la Sareb que la PAHC Bages recuperó el 27 de agosto de 2014 en el barrio de La Parada, una de las zonas con más viviendas vacías de la ciudad. Coincidiendo con la Fiesta Mayor, el movimiento por la vivienda organizó una manifestación que culminó con la ocupación de este bloque de 18 pisos, abandonado desde su construcción en pleno boom inmobiliario.

“Vivir en el mismo edificio que personas que han sufrido igual que tú, o que han pasado por una situación tan traumática como la de perder tu propia casa y no saber dónde ir, es algo que reconforta, porque nos ayudamos mutuamente todo lo que podemos. Somos como una familia, nos tenemos los unos a los otros. Nos conocemos todos y hacemos piña. Los de arriba bajan y a la inversa. La PAHC nos ha cambiado la vida”, comenta Amparo.

La ocupación del bloque no fue una tarea fácil, reconoce Antonio. “Mu­chos pensarán que es muy cómodo abrir un edificio de viviendas propiedad del banco que, por cierto, hemos rescatado con el dinero de todos, y entrar a vivir en una de ellas. No es así. Son momentos de mucha angustia y sufrimiento. Es una situación límite que no se la recomiendo a nadie. Muchas familias, de no ser por la PAHC, estaríamos viviendo en la calle, y esto es muy triste”, dice Antonio, de 63 años.

Para Amparo, lo primero que hay que superar es el miedo: “La gente no sale a la calle por vergüenza y no se deja ayudar –añade–. Hay muchas familias necesitadas. Vas a la asistenta y te dice que no pueden hacer nada. El Ayunta­mien­to tampoco nos apoya. Nosotros tenemos la ‘suerte’ de que no tenemos que alimentar a nuestros hijos porque ya son grandes y no viven en casa, pero hay muchas familias que tienen sólo lo suficiente para comer, a veces ni eso”.

Como tantas otras familias de Manresa, encontraron una salida en el apoyo mutuo. El bloque donde viven Amparo y Antonio no es el único. En Manresa se han liberado otros tres edificios y en todo el Estado español más de 30. Todos ellos enmarcados en la Obra Social de la PAH, una campaña que “persigue la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias”.

 El primer bloque que la PAHC recuperó en Manresa, en junio de 2013, era propiedad de Caixa­Bank. En cada uno de sus cinco pisos vive una familia rea­lojada. En las negociaciones entre la entidad bancaria y la PAHC, la empresa de Narcís Serra y Adolf To­dó, imputados junto a la excúpula de la caja por cobrar sobresueldos, se comprometió a terminar la construcción del bloque y entregarlo al Ayunta­mien­to. 

“A día de hoy, ninguna de las familias afectadas puede vivir en los pisos que les dieron porque son un desastre, hay goteras y humedad. De lo pactado, ni han terminado las obras ni lo han cedido al Ayun­tamiento, y éstos no han hecho ni la más mínima presión para que lo entreguen”, expone Berni.

Los otros tres bloques pertenecían al ‘banco malo’. El 45% de los fondos que recibe la Sareb, señala Berni, provienen de dinero público, “por lo que el 45% de la Sareb es de la gente, así que es legítimo ocuparlos y entregarlos a las personas que tienen problemas de vivienda”.

La posición de la PAHC es firme en los cuatro bloques, el último ocupado el pasado enero: “No cederemos. Por cada paso que quieran dar allí estaremos nosotros. Tendrán que negociar con la Plataforma, queremos estar presentes en todas las reuniones porque nosotros logramos los edificios”, reseña el activista catalán.

La historia de Antonio y Amparo se repite. Decenas de familias de Manresa han vivido una situación similar. “En cuestión de meses hemos pasado de tener una vida acomodada a una vida llena de incertidumbre y penurias –describe Anto­nio–. La PAHC apareció en nuestras vidas como una isla en medio del océano. Nos brindó su apoyo, tanto legal como emocional, y nos hizo ver que nuestra situación era muy común y que para nada era culpa nuestra”.

Cuando se le pregunta por el futuro, Antonio muestra un ligero pesimismo. En mayo se le acaba la prestación de desempleo y se aferrará a la prejubilación. Amparo hace ya tiempo que agotó el paro. Ahora cobra una pequeña ayuda de 300 euros mensuales que se termina en octubre.

 “Veo el futuro muy negro. Ahora el pobre es más pobre y el rico más rico. Es una injusticia y hay momentos en que tocas fondo, pero no quieres tirar la toalla. La PAHC me ha enseñado a no rendirme”, concluye Antonio."            (Pedro Martínez Artero, Aleix Solernou Puig, Diagonal, Barcelona / Manresa, 10/03/15)