En España las bajas laborales se han disparado desde 2020 y se sitúan por encima de los países vecinos. Pero en vez de culpar a los trabajadores por vagos como hace la derecha, hay que preguntarse por las causas para poder así abordarlas. ¡Y ojo que algunas son positivas! Un elemento distintivo de nuestro país son las listas de espera: por ejemplo, si te conceden la baja por una dolencia que requiere operación, pero esta tarda mucho en llegar, las bajas duran más y se van acumulando. La saturación de la sanidad eleva las bajas... Otro elemento distintivo es que el actual gobierno de coalición, nada más llegar al poder en 2020, prohibió que se pudiera despedir por bajas médicas justificadas. Obviamente esto permite que los trabajadores no tengan tanto miedo a solicitar una baja... Otro elemento es que tenemos ahora una tasa de paro históricamente baja, lo que también disminuye el miedo a ser disciplinado o despedido si uno solicita la baja médica, pero lo que mejor explica que en España tengamos más bajas laborales que los demás países es la saturación de la sanidad pública, competencia de las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por la derecha. ¡Feijóo se queja de algo que ha provocado su partido! Y es que la pandemia también ha ocurrido en otros países, por lo que no es el elemento diferencial... el envejecimiento trae más bajas, pero tampoco es un elemento distintivo de nuestro país... tampoco lo es el cambio cultural en los jóvenes, que valoran más su salud que su trayectoria profesional, por lo que solicitan la baja más que sus mayores (Eduardo Garzón)

Eduardo Garzón @edugaresp

En España las bajas laborales se han disparado desde 2020 y se sitúan por encima de los países vecinos. Pero en vez de culpar a los trabajadores por vagos como hace la derecha, hay que preguntarse por las causas para poder así abordarlas. ¡Y ojo que algunas son positivas! 

 Antes de 2020 en España había menos absentismo y menos bajas por incapacidad temporal que en la Unión Europea, pero tras ese año esto se invirtió. Así que no es sólo la pandemia: algo ha pasado en nuestro país que no ha ocurrido en los demás.

 Está claro que la pandemia marcó un antes y un después: muchas más enfermedades respiratorias y mentales. Pero esto es algo que también ha ocurrido en otros países, por lo que no es el elemento diferencial.

 Tampoco lo es el cambio cultural en los jóvenes, que parecen valorar más su salud que su trayectoria profesional, por lo que solicitan la baja más que sus mayores (aunque durante menos tiempo), más acostumbrados a ir al trabajo aunque se encuentren mal.

 A mayor envejecimiento, más dolencias, incapacidades y enfermedades y, por tanto, más bajas. Pero esto tampoco es un elemento distintivo de nuestro país, porque el envejecimiento poblacional ocurre en todos los países.

 Lo que sí es un elemento distintivo de nuestro país son las listas de espera: por ejemplo, si te conceden la baja por una dolencia que requiere operación, pero esta tarda mucho en llegar, las bajas duran más y se van acumulando. La saturación de la sanidad eleva las bajas.

 Otro elemento distintivo de nuestro país es que el actual gobierno de coalición, nada más llegar al poder en 2020, prohibió que se pudiera despedir por bajas médicas justificadas. Obviamente esto permite que los trabajadores no tengan tanto miedo a solicitar una baja.

 Otro elemento a tener en cuenta es que tenemos ahora una tasa de paro históricamente baja, lo que también disminuye el miedo a ser disciplinado o despedido si uno solicita la baja médica. Con tasas de paro altas y con miedo a perder el empleo, se iba más al trabajo indispuesto.

 Por tanto, lo que más explica que en España tengamos más bajas laborales que los demás países es la saturación de la sanidad pública, competencia de las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por la derecha. ¡Feijóo se queja de algo que ha provocado su partido!

11:35 a. m. · 14 jul. 2026 ·1.643 Visualizaciones

La Vaca que ríe @Maramaria44

El otro día escuché a un empresario quejarse porque una trabajadora había hecho sus 8 horas y se había ido,, como irse en un momento de tanto trabajo?? Es que la gente ya no quiere trabajar, murmuraba! Ósea pretendía que hiciese más horas de las debidas! Hay que jodeeeeerse

12:06 p. m. · 14 jul. 2026 ·84 Visualizaciones

"El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo" (Antonio Maestre)

 "(...) El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. (...)"

(Antonio Maestre, eldiario.es, 21/06/26) 

Alberto González Amador, el novio de Ayuso, en 2019 vivía con su familia en un piso de 90 m². Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para lujos. Entre 2020 y 2023 ingresó 8,1 millones de euros... La vida da muchas vueltas... De esos 8,1 millones en cuatro años, 4,7 los pagó Quirón Prevención. Los ingresos se disparan a partir de 2021. El año en que se conoce su noviazgo con Isabel Díaz Ayuso... Hay otros dos millones de euros que también tienen relación indirecta con Quirón. Son la comisión por la compraventa de mascarillas en 2020... En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención... La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo... Se explica muy fácil... Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020... un mes después, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL... así Camino se quita de en medio. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria... en diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros... ¿Por qué? Este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino, para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones... Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación... Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino... los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. Casi el 10% de todo el gasto sanitario madrileño (Ignacio Escolar)

"La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del polimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico: casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar." 

(Ignacio Escolar, eldiario.es, 20/06/26, gráficos en el original)

Oltra, al banquillo tras archivarse su causa tres veces por falta de indicios... la Audiencia de València consuma la "historia de una infamia"... el Juzgado de Instrucción 15 de València ha emitido hasta tres resoluciones favorables al archivo... La primera propuesta de archivo llegó el 2 de abril de 2024. Tras dos años de investigación, titular del Juzgado de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos Segarra, decretó el sobreseimiento provisional de la causa... El juez concluyó que no existe "un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigida a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor"... un año después, en junio de 2025, el juez instructor archivó de nuevo el caso contra Oltra y el resto de acusados al entender que "no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes". La decisión del magistrado coincidió "plenamente" con el criterio de la Fiscalía... el pasado mes de diciembre, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 15 de València desestimó los recursos de las acusaciones populares contra el auto que denegaba la apertura de juicio oral contra política de Compromís. Y lo hizo en sintonía con la postura mostrada por la Fiscalía... El empeño de la Audiencia Provincial de València se impone al criterio del Juzgado de Instrucción 15 de València, que ha emitido hasta tres resoluciones favorables al archivo, y del Ministerio Fiscal... La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València se vuelve a poner del lado de las acusaciones de esta causa, que tienen un marcado tinte ultra... tampoco hay que pasar por alto "la pista del dinero", como puso encima de la mesa la propia Oltra. La exdirigente acompañó esta afirmación con una fotografía muy ilustrativa, en la que aparecían Alberto de Rosa, entonces presidente del Grupo Ribera Salud y hermano del juez Fernando de Rosa (exconseller de Justicia con Francisco Camps); el propio expresident de la Generalitat y Cristina Seguí, poco antes de abrirse la investigación judicial... el Grupo Ribera Salud era el gestor de dos hospitales de titularidad pública durante los gobiernos del PP que fueron devueltos al sistema público con el Ejecutivo del Botànic (Pilar Araque Conde)

 "Ni la nueva confluencia de izquierdas ni la propuesta de Gabriel Rufián han logrado concitar la unidad y el apoyo que este martes expresaron los distintos dirigentes a la izquierda del PSOE ante lo que denominan un caso de "lawfare de manual", en palabras de Manuela Bergerot (Más Madrid), y de "persecución insoportable", como subrayó el ministro Pablo Bustinduy desde la sala de prensa de Moncloa. Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, se sentará en el banquillo por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. 

Y lo hará por el empeño de la Audiencia Provincial de València, cuyo criterio se ha impuesto al del Juzgado de Instrucción 15 de València, que ha emitido hasta tres resoluciones favorables al archivo, y al del Ministerio Fiscal. Se consuma así la advertencia hecha por la propia política Compromís al anunciar su dimisión forzada en junio de 2022 tras ser imputada: "Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país".

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València se vuelve a poner del lado de las acusaciones de esta causa, que tienen un marcado tinte ultra. Por un lado, el presidente del partido ultraderechista España 2000, José Luis Roberto, ejerce como abogado de la víctima. Por otro, Vox y la asociación Gobierna-Te, la entidad de la ultraderechista Cristina Seguí, cofundadora de Vox, ejercen como acusación popular.

En el marco de esta causa tampoco hay que pasar por alto "la pista del dinero", como puso encima de la mesa la propia Oltra. La exdirigente acompañó esta afirmación con una fotografía muy ilustrativa, en la que aparecían Alberto de Rosa, entonces presidente del Grupo Ribera Salud y hermano del juez Fernando de Rosa (exconseller de Justicia con Francisco Camps); el propio expresident de la Generalitat y Cristina Seguí, poco antes de abrirse la investigación judicial.

Cabe recordar además que el Grupo Ribera Salud era el gestor de dos hospitales de titularidad pública durante los gobiernos del PP que fueron devueltos al sistema público con el Ejecutivo del Botànic, formado por los socialistas valencianos, Compromís y Unidas Podemos. 

El tribunal: "No puede negar a las acusaciones la apertura del juicio oral"

Como ya hizo en junio de 2024, cuando reabrió la causa tras archivarse por primera vez, la Audiencia revoca ahora las dos últimas resoluciones del juzgado de instrucción dictadas en junio y diciembre del año pasado, que acordaron el sobreseimiento del caso por falta de indicios.

La Sala estima así parcialmente en un auto notificado este martes los recursos de apelación interpuestos por la acusación particular y dos acusaciones populares contra la decisión del órgano instructor de sobreseer provisionalmente las diligencias y denegar esa apertura de juicio oral.

"Si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta, por acción u omisión, valorable razonablemente por las partes acusadoras como delictiva, aun cuando el magistrado instructor no comparta tal valoración, no puede negar a las acusaciones, que han formulado escrito de acusación (…) la apertura del juicio oral, porque es lo que procede en derecho", precisa el tribunal.

El auto de la Audiencia Provicial de València, al que ha tenido acceso Público, señala el hecho de que la Conselleria no comunicara a los presuntos abusos a la Fiscalía de Menores, lo que la Audiencia califica como "silencio" y "omisión" a tener en cuenta. 

"La Conselleria, como 'tutora' de la menor, tenía, como tal, las obligaciones de garante de la menor que tal tutela le confería, y la obligación de haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, sin perjuicio de alegar ante ella su valoración de la inocuidad de los mismos. Solo la Fiscal de Menores estaba llamada a valorarlo. No se hizo", afirman los magistrados.

Tres resoluciones favorables al archivo frente a un mismo empeño

La primera propuesta de archivo llegó el 2 de abril de 2024. Tras dos años de investigación, titular del Juzgado de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos Segarra, decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra la exvicepresidenta del País Valencià y los otros 14 investigados, que eran cargos de la Consellería de Igualdad y también responsables del centro de menores donde ocurrieron los abusos por los que el exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión.

El juez concluyó que no existe "un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigida a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor". "Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados", consta en el auto.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València ordenó reabrir la causa. "Tras examinar el resultado de la instrucción practicada, que se expone de forma pormenorizada en la resolución impugnada, la Sala estima, discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento", señalaron los magistrados.

Poco más de un año después, en junio de 2025, el juez instructor archivó de nuevo el caso contra Oltra y el resto de acusados al entender que "no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes". La decisión del magistrado coincidió "plenamente" con el criterio de la Fiscalía, que consideró que los hechos "no son constitutivos de infracción penal alguna".

Más tarde, el pasado mes de diciembre, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 15 de València desestimó los recursos de las acusaciones populares contra el auto que denegaba la apertura de juicio oral contra política de Compromís. Y lo hizo en sintonía con la postura mostrada por la Fiscalía.

En lo relativo al recuso de la asociación de Cristina Seguí, el Ministerio Fiscal destacó "la imprescindible concreción singularizada, fáctica y subjetivamente, de los indicios que tan enfáticamente se invocan como del debido respeto a la narración de hechos fruto de la investigación contenidos en el auto de incoación de procedimiento abreviado". Unos argumentos similares empleó para referirse al recurso del partido de Santiago Abascal. 

Este auto confirmaba la decisión del juzgado de instrucción de archivar un caso que ahora, lejos de cerrarse, se encamina a la apertura de juicio oral." 

(Pilar Araque Conde , Público, 24/02/26) 

“O responsábel do desmantelamento do sistema sanitario é o diñeiro, a complicidade entre as multinacionais e a Xunta”... A principal demanda é denunciar que non é posíbel que a poboación teña que agardar 15 días ou case un mes para ser atendida nun centro de saúde. Iso é inaceptábel, ao igual que acontece coa xente que está enferma e está pendente dunha intervención quirurxica ou dunha consulta cun profesional especializado... Son listas de agarda falsas, son mentira, a realidade non é o que di a Xunta, senón que hai un 40% máis da poboación que está en espera de ser atendida... Máis de 40% dos ingresos dos hospitais privados proveñen do diñeiro público. Se os cartos públicos non fosen destinados aos centros privados, o cambio sería impresionante. Habería máis diñeiro para contratar máis persoal, para ampliar os centros, para aumentar o números de camas... agora todo o mundo é consciente da situación. Porque cando quere ir ao centro de saúde a unha cita co seu médico de familia o que se atopa é que non pode. A inmediatez que tiña antes a atención sanitaria desapareceu (Manuel Martín)

 "—Este domingo desde a plataforma SOS Sanidade Pública tedes convocada unha manifestación en defensa dun sistema sanitario de calidade na Galiza. Como enfrontades a mobilización? 

 Parece, por todo a información que estamos recollendo dos colectivos e das localidades, que vai ser unha gran mobilización. As plataformas locais están moi activas, en algúns casos están facendo feches nos centros de saúde como foi no Condado-A Paradanta ou en Seixo-Marín. Hai bastantes autobuses flotados e varios concellos fixeron declaracións ou ben aprobaron en pleno o apoio á manifestación. Ao igual que as Deputacións gobernadas pola esquerda.  

Pensamos que todo isto fará que haxa moita xente na manifestación, cousa que é lóxico dado que cada vez a poboación está máis danada polas políticas da Xunta da Galiza. Tendo graves problemas para ir aos centros de saúde, para acceder aos PAC, coas longas listas de agarda,... En fin, a situación é tan grave que a poboación vai responder o chamamento das organizacións que convocamos a mobilización.  

A dúbida máis importante vai ser o tempo. As borrascas, os temporais e a choiva fan pensar que a xente terá problemas para acudir. Mais agardamos que iso non aconteza e a que a xente veña porque estamos a defender un dereito tan importante como é a sanidade pública. A pesar da choiva, temos que facer chegar a Xunta da Galiza e a Consellaría de Sanidade que a cidadanía non está disposta a aturrar este desastre no que están a converter un sistema sanitario que funcionaba razoabelmente. 

—Falaba vostede dos problemas que hai no sistema sanitario público. Cales son as principais reclamación desde SOS Sanidade Pública? 

 A principal demanda é denunciar que non é posíbel que a poboación teña que agardar 15 días ou case un mes para ser atendida nun centro de saúde. Iso é inaceptábel, ao igual que acontece coa xente que está enferma e está pendente dunha intervención quirurxica ou dunha consulta cun profesional especializado.  

Son listas de agarda falsas, son mentira, a realidade non é o que di a Xunta, senón que hai un 40% máis da poboación que está en espera de ser atendida. Isto conforma un malestar moi grande e probabelmente sexa un dos principais problemas que temos na sanidade pública galega.  

Tamén hai outros problemas moi graves como é a derivación de pacientes en cantidades inxentes aos centros privados que están nas mans de multinacionais e empresas privadas, que son amigos e cómplices da Xunta.  

—Neste senso, desde a Plataforma teñen denunciado en varias ocasións o aumento dos fondos destinados á sanidade privada. Como afecta o sistema público a privatización sanitaria? 

 A culpa e o responsábel do desmantelamento do sistema sanitario é o diñeiro, a complicidade e a alianza entre as multinacionais e a administración sanitaria da Xunta da Galiza, gobernada polo PP. 

Máis de 40% dos ingresos dos hospitais privados proveñen do diñeiro público. Se os cartos públicos non fosen destinados aos centros privados, o cambio sería impresionante. Habería máis diñeiro para contratar máis persoal, para ampliar os centros, para aumentar o números de camas, as cales foron reducidas de maneira importante pola Administración do PP. Esta é unha parte importante do colapso das urxencias sanitarias.  

— Ao longo de 2025 agromaron moitas mobilización locais, tanto semanal como quincenalmente, para denunciar os recortes sanitarios nos centros de saúde dos concellos. Pensas que estas concentracións son unha mostra de que a sociedade galega é consciente do estado no que se atopa o sistema sanitario galego?

Antes tiñamos un problema para trasladar a opinión pública e a xente os problemas que había coas listas de agarda. As listas de agarda inflúen especialmente para as persoas que teñen doenzas e que precisan unha atención máis exixente do sistema sanitario. Porén, agora todo o mundo é consciente da situación. Porque cando quere ir ao centro de saúde a unha cita co seu médico de familia o que se atopa é que non pode. A inmediatez que tiña antes a atención sanitaria desapareceu.  " 

(Alba Regueiro , Nós, 01/02/26) 

2025, el año de los efectos de la privatización sanitaria... el Hospital público de Torrejón, pidiendo a trabajadores que rechacen pacientes para que cuadren las cuentas, ha servido para ver las consecuencias de la privatización sanitaria... “En el listado de pacientes por atender, junto a su nombre, aparecía un color. El color indicaba si era residente del área de salud o si venía de fuera. Me vinieron a decir que lo que nos interesaba era hacer más pruebas a las personas que estaban fuera de área”... Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio (Sara Plaza Casares)

"2025 acaba con una negativa del Partido Popular para crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, propuesta por la oposición, sobre los desmanes ocurridos dentro del Hospital público de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. El gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso se negaba a investigar semanas después de que El País revelara unos audios en los que se escuchaba al CEO de la empresa gestora, Pablo Gallart, pidiendo a varios jefes de servicio que priorizaran las ganancias por encima de la atención a pacientes cuyos tratamientos resultaban más costosos. En otras palabras, que rechazaran pacientes para ganar más dinero.

Audios que han levantado una polvareda y que han puesto en evidencia lo que muchas y muchos llevan tiempo denunciando: la privatización sanitaria va en detrimento de la calidad asistencial y así lo reflejan diversas investigaciones. Una revisión de la literatura publicada en The Lancet en 2024 encontró un aumento de la mortalidad evitable en aquellas regiones en las que se había pasado por una privatización de los servicios sanitarios. Además, un paper de 2021 publicado en Health Care Management Review, demuestra que los procesos de privatización conllevan una reducción de las plantillas que puede afectar a la calidad de la asistencia sanitaria.

Todo esto se daba en la sombra hasta que el escándalo de Torrejón saltaba a las portadas. Pero el modelo público privado lleva instaurado en el Estado español desde hace algunas décadas, concretamente desde 1999, cuando se creó el Hospital de la Ribera en Valencia, conocido como Hospital de Alzira y que bautizaba este modelo, en el que la administración cede un terreno y la empresa construye y gestiona el centro. La adjudicataria, Ribera Salud, ha gestionado varios hospitales públicos bajo esta fórmula y mantiene la gestión de dos: el Hospital Universitario de Torrejón y el Hospital de Vinalopó. En este tiempo ha perdido la gestión de cuatro hospitales de la Generalitat Valenciana: el que inauguraba la saga, el Hospital de la Ribera, además del Hospital Universitario de Torrevieja, el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud (Denia). Concesiones que tocaron a su fin y que empezaron a ser revertidas por el gobierno saliente del pacto del Botànic (PSOE- Compromís).

El modelo Alzira aterrizaba en la Comunidad de Madrid con fuerza de la mano de los gobiernos del PP de Esperanza Aguirre. El hospital de Torrejón, inaugurado en 2011, era el décimo que estrenaba la que era presidenta de la Comunidad de Madrid bajo el mantra de la colaboración público-privada.

Rosa—nombre ficticio— extrabajadora de este hospital explicó a El Salto diversas estrategias utilizadas por este hospital para ganar más dinero. Entró a trabajar en este centro en Urgencias en 2019. “En el listado de pacientes por atender, junto a su nombre, aparecía un color. El color indicaba si era residente del área de salud o si venía de fuera. Me vinieron a decir que lo que nos interesaba era hacer más pruebas a las personas que estaban fuera de área”, explica.

Vicente Losada, portavoz de la Auditaría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), calificaba las declaraciones del CEO de Torrejón como “esperables”. “A estas alturas de la película no creo que a nadie se le escape que la prioridad número uno de una empresa privada, que está gestionando un hospital, es la obtención de beneficio. En las declaraciones del CEO de Ribera Salud hay una coherencia máxima. Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio”, expresaba en un artículo para El Salto.

 

Una sanidad que camina hacia la privatización

Mientras, el modelo de privatización sanitaria, asentado sobre las conocidas como “colaboraciones público-privadas”, crece a pasos agigantados en todo el Estado. Según un estudio presentado por el Ministerio de Sanidad tras el escándalo de Torrejón, uno de cada tres hospitales de los que operan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) están en manos privadas y su número ha aumentado un 36,8 % en la última década: de 106 en 2011 a 145 en 2023. Además, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023.

En consecuencia, el gasto total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6 % entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 mil millones de euros y constituyendo la subida más importante de todo el sistema hospitalario en ese periodo.
La privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el último informe de FADSP Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades

Sin embargo, la privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el 11º Informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las Comunidades Autónomas Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades. El informe, que valora otros aspectos más allá de la colaboración público-privada, como la contratación de seguros privados o el gasto sanitario de bolsillo per cápita, y asigna una puntuación a cada comunidad, indica que otras como Andalucía o el País Valencià han incrementado sus puntos en un 30% desde 2019.

Desde FADSP valoran que el informe muestra una gran “desigualdad” entre autonomías, "lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural “ de evolución de los Sistemas Autonómicos de Salud sino que responde a políticas explicitas de privatización algunas de larga evolución, como Madrid, Cataluña o Baleares.

Este mismo informe indica que según los últimos datos disponibles España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30 % del total y hasta un 3 % del PIB, frente al 21 % y 2,2 % de la OCDE respectivamente.
Las derogaciones pendientes

Pero, ¿cómo hacer frente a la situación? Tras el escándalo de Torrejón la Ministra de Sanidad, Mónica García anunció una norma para “limitar” la colaboración público-privada. Una propuesta de norma, llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no es nueva: en mayo de 2024 salía a consulta pública una escueta ficha con un esbozo de su contenido.

La norma incluiría la derogación de la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la famosa Ley 15/1997, que abrió la puerta a la privatización de servicios y que fue refrendada en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el partido socialista), a excepción de IU y BNG.
 

Hoy se propone una nueva ley que debe ser más ambiciosa, tal y como explicaban expertas a El Salto. La norma no parte de la filosofía de acabar con la privatización sanitaria, sino de acotarla. Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, explicaba que si la ley no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio.

En 2026, la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud deberá aprobarse en el Consejo de Ministros. Tras esto tendrá que atravesar diferentes obstáculos en el Congreso, ante la complicada aritmética parlamentaria. Desde el Ministerio de Sanidad trasladan a El Salto que harán todo lo posible para que esta ley sea aprobada y lo sea en esta legislatura. Se dejarán la piel en ello. Veremos qué depara el próximo año."

(Sara Plaza Casares , El Salto, 31/12/25)

Sí, yo también tenía un seguro médico privado –hasta que me enfermé... un día un doctor jovencito me dijo lo peor que me han dicho en mi vida, que tenía ELA, y me dio una cita con un neurólogo en una clínica Quirón... y este señor neurólogo rápidamente me transfirió a su consulta en un hospital público de la capital. O sea: a la semana del diagnóstico de ELA, la sanidad privada dejó de atenderme, y durante estos tres o cuatro años la sanidad pública se ha ocupado de mí con un cuidado que nunca deja de maravillarme... Lo quiero contar porque, por desgracia, es exactamente lo mismo que le pasó a la gran mayoría de mis compañeros de enfermedad: en cuanto cada uno de ellos fue diagnosticado de ELA, su seguro médico lo mandó a la Seguridad Social, y adiós muy buenas... Y lo cuento como ejemplo de algo que todos sabemos aunque disimulemos: que la medicina privada española se deshace de ti cuando más la necesitas, que allí se acaba todo ese cuento de elegir. Ese debe ser el famoso concierto público-privado: el privado te cobra, el público te atiende... ya es momento de dejar de hacernos los tontos: quieren instalar una salud de primera para los ricos y una de segunda o tercera para los demás. Sería coherente: es lo que hacen con todo. ¿Seremos privados de nuestra sanidad? ¿O debo decir privatizados? ¿Nos privatizarán, nos privarán? Ahora argumentan que la sanidad privada cubre ese 30% que la pública no “alcanza” a cubrir. No alcanza porque las administraciones privatistas no le dan los presupuestos que necesitan. Sería fácil derivar los miles de millones que entregan a las empresas privadas hacia la mejora del servicio público y entonces esas privadas no tendrían siquiera la excusa de su supuesta necesidad (Martín Caparrós)

 "Sí, yo también tenía un seguro médico privado –hasta que me enfermé.

Somos tontos. Somos rematadamente tontos; pelotudos, dirían en mi otro pueblo. Tenemos algo que casi todo el mundo envidia y estamos intentando destruirlo. No, claro que no es el sol; todavía no inventamos la tecnología necesaria para eso. Y además el sol lo tiene cualquiera; esto, nosotros y muy pocos más.

Yo no lo sabía. Cuando llegué a España por última vez, hace doce años, estaba preocupado: tenía que conseguir un seguro médico porque venía de la Argentina, un país donde la sanidad pública —que era excelente 60 años atrás— fue sistemáticamente destruida por diversos gobiernos liberales privatistas y ahora solo atiende a los pobres, esa mitad de la población que no puede pagarse otra cosa y que por eso, según la lógica actual, recibe una atención decididamente inferior —y vive menos.

Así que, aprensivo de mí, pijo de mí, enseguida me busqué un seguro. Tras tentativas fracasadas, alguien me dijo que la Asociación de la Prensa de Madrid tenía uno bueno; pensé que podría afiliarme y disfrutar de él. Cuándo al fin logré que me inscribieran —no fue fácil, no tengo diploma de periodista así que no debo serlo—, me mandaron a ver a un médico para contarle mi historia clínica y le hablé de mi stent y mis juanetes; dos días después me llamaron para decirme que no iban a aceptarme porque tenía “condiciones preexistentes”.

A los 60 años es difícil no haber preexistido aunque sea un poco. Monté ligeramente en cólera y alguien de la APM me organizó una cita con un gerente de la empresa que me negaba el seguro. El señor, muy atildado, muy amable, cuarentón en escritorio sin papeles, decidió explicarme la cuestión y fue muy claro: mire, aquí en España la medicina pública es muy buena, entonces nosotros para tener clientes tenemos que cobrar barato porque, si cobráramos más, todos se quedarían en la pública. Así que nuestras cuotas son bajas, pero entonces no podemos darnos el lujo de tener enfermos muy enfermos; si nuestros socios estuvieran enfermos no nos cerrarían las cuentas. La explicación me pareció intachable —sobre todo desde el punto de vista de las ratas de puerto.

En público, sus explicaciones suenan más presentables, más caritativas. Pero hay una cuenta simple e innegable: la pública, cuando te da cualquier servicio, no necesita ganar plata; la privada, sí. O sea que cada acto de la privada le cuesta al paciente, directa o indirectamente, más caro que el mismo acto en la pública, porque hay que sumarle la ganancia de los dueños, su razón de ser. Para contrarrestar esta evidencia inventaron aquel viejo mito de que la empresa privada hace las cosas mejor que la administración pública. A veces las hace, a veces no. En cualquier caso, el mito es bobo: ¿no confiamos en el Estado para sacarnos las amígdalas pero sí para manejar nuestros misiles, nuestras centrales atómicas y todo lo demás? El mito es bobo, y todavía más bobo cuando se refiere a la sanidad pública española, cuyo único gran problema es que las empresas privadas —y sus políticos más privados aún— quieren destruirla.

(Ahora argumentan que la sanidad privada cubre ese 30% que la pública no “alcanza” a cubrir. No alcanza porque las administraciones privatistas no le dan los presupuestos que necesitan. Sería fácil derivar los miles de millones que entregan a las empresas privadas hacia la mejora del servicio público y entonces esas privadas no tendrían siquiera la excusa de su supuesta necesidad.)

Aquel gerente, al fin, aceptó negociar: me harían un seguro que excluiría cualquier consecuencia de mi stent. Podría enfermarme un poco, pero no del corazón; no lo hice. Sí tuve problemas menores, algún huesito roto, el dolor de una hernia no muy grave hasta que, en 2021, empecé a sentir una debilidad inexplicada. Fui a mi hospital privado de referencia y me tuvieron muchos meses llevándome de aquí para allá sin entender o animarse a entender que tenía la famosa ELA. Hasta que al fin un día un doctor jovencito me dijo lo peor que me han dicho en mi vida y me dio una cita con un neurólogo en una clínica Quirón de los suburbios y este señor neurólogo rápidamente me transfirió a su consulta en un hospital público de la capital.

O sea: a la semana del diagnóstico de ELA, la sanidad privada dejó de atenderme, y durante estos tres o cuatro años la sanidad pública se ha ocupado de mí con un cuidado que nunca deja de maravillarme. Los privados, en cambio, desde ese día desaparecieron. Deben haber quedado muy satisfechos de poder aplicar una vez más su mecanismo habitual: si no estás muy enfermo, yo te atiendo; si estás enfermo en serio, vete a que te recoja papá Estado.

Lo quiero contar porque, por desgracia, es exactamente lo mismo que le pasó a la gran mayoría de mis compañeros de enfermedad: en cuanto cada uno de ellos fue diagnosticado de ELA, su seguro médico lo mandó a la Seguridad Social, y adiós muy buenas.

Y lo cuento como ejemplo de algo que todos sabemos aunque disimulemos: que la medicina privada española se deshace de ti cuando más la necesitas, que allí se acaba todo ese cuento de elegir. Ese debe ser el famoso concierto público-privado: el privado te cobra, el público te atiende. Y el problema se complica: ahora mismo varios gobiernos regionales están degradando la sanidad pública, con menos presupuesto y menos atención, para que estas empresas ocupen su lugar. Así quieren cargarse el mejor patrimonio —el mejor patrimonio— que tenemos los españoles: la certeza de que, cuando llegue la necesidad, seremos atendidos y cuidados: que todos seremos atendidos y cuidados. La sanidad pública solía ser el principal —si no el único— principio igualitario serio que teníamos: a la hora de la hora, el rico y el pobre entraban al mismo quirófano. Hay pocos vínculos que cohesionen una sociedad tanto como ese, y muy pocos países lo mantienen; no entiendo la indiferencia de millones ante la posibilidad de perderlo.

La cuestión es muy clara y, por una vez, es realmente política –no como los insultos y tonterías que suelen decirse esos señores y señoras para que no pensemos en asuntos como este. Digo, realmente política: cada partido hace su tarea. El partido de derechas trabaja sin descanso para aumentar las ganancias de las grandes empresas, que para eso están los partidos de derechas. Mientras tanto, se supone que el partido de centroizquierda defienda a los ciudadanos del abuso de esas grandes. Para eso están, pero no es seguro que siempre suceda. Y ese es el problema: con frecuencia, la derecha hace lo que debe hacer y no lo dice mientras la izquierda dice lo que debe decir y no lo hace.

Por eso, también, la despreocupación, este desinterés con que miramos cómo nos lo roban. Es brutal: no me gustan las grandes trompetas pero estoy convencido de que la subsistencia de la sanidad y la educación públicas —con todas sus consecuencias— será el tema más importante que nuestra sociedad enfrentará en los próximos años. Por eso, supongo, ya es momento de dejar de hacernos los tontos: quieren instalar una salud de primera para los ricos y una de segunda o tercera para los demás. Sería coherente: es lo que hacen con todo. ¿Seremos privados de nuestra sanidad? ¿O debo decir privatizados? ¿Nos privatizarán, nos privarán? Costó mucha lucha mantener estos espacios fuera del modelo capitalista despiadado; sería terrible que los dejáramos apoderarse también de eso –y creo que, por una vez, depende de nosotros. Nosotros, a veces, puede ser una palabra fuerte.

Hijos e hijas, nietos y nietas y demás entenados nos miran desde allá, 2050. Con las brumas del tiempo, no se alcanza a ver si sus caras son de agradecimiento o de desprecio."

 (Martín Caparrós , El País, 18/12/25) 

Cuando la rentabilidad desplaza a los pacientes. El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos a los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas... Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado... La nueva ley llega en un momento crítico... es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros... debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados... debe impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales... Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación... El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje (Joan Carles March)

 "El escándalo del Hospital de Torrejón ha hecho saltar por los aires un debate que llevaba décadas latente: ¿Qué ocurre cuando la gestión de un servicio público esencial se entrega a empresas cuyo fin último es la rentabilidad? La pregunta no es nueva, pero las revelaciones recientes han dado una respuesta tan cruda como incómoda. Los audios y correos internos divulgados muestran un sistema donde la prioridad no era atender mejor, sino seleccionar mejor: escoger a los pacientes más rentables, reorganizar prioridades clínicas en función del beneficio empresarial y frenar procedimientos costosos, aunque fueran necesarios desde el punto de vista médico. La lógica implícita era diáfana: restringir la atención a quienes generaban menos ingresos y reservar recursos para pacientes derivados desde otras zonas cuya atención resultaba más lucrativa.

La grabación en la que un alto directivo de Ribera Salud reconoce que “la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa” sintetiza ese modo de operar: cada paciente no atendido era un ahorro, y cada ahorro, un incremento del beneficio. Lo que hasta hace poco era un argumento político o ideológico hoy es un hecho documentado: cuando un servicio público esencial se somete a presiones mercantiles, termina comportándose como un negocio.

Sanidad pública y negocio privado: una tensión estructural

La cuestión de fondo es si puede conciliarse el afán de lucro con la prestación de un derecho fundamental. No se trata de demonizar al sector privado —que históricamente ha desempeñado un papel complementario en el Sistema Nacional de Salud—, sino de reconocer que cuando la gestión de los elementos esenciales del sistema se externaliza, la lógica empresarial invade el espacio de las decisiones clínicas. Y cuando un hospital público gestionado por una empresa privada debe elegir entre operar a un paciente o mejorar su EBITDA, la frontera ética se desdibuja.

El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos al bienestar de los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas. Durante años se advirtió de que esto podía ocurrir. Ahora sabemos que, al menos en este caso, ocurrió.

El episodio que marca un antes y un después

Lo sucedido obliga a replantear con rigor el papel de la gestión privada en servicios donde la vida, la dignidad y la igualdad están en juego. No es solo una discusión técnica, sino democrática. Un sistema público sometido a incentivos privados termina generando desigualdades y opacidades incompatibles con el derecho a la salud.

Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado. Una norma que recupere la gobernanza pública de los centros sanitarios, limite la participación de empresas con ánimo de lucro y garantice que decisiones como las conocidas en Torrejón sean imposibles por diseño, no únicamente por sanción.

Hacia dónde debe ir la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS

La nueva ley llega en un momento crítico. Para ser transformadora debe abordar los elementos estructurales que han permitido que la rentabilidad se deslizara por las rendijas del sistema.

En primer lugar, es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros.

En segundo lugar, debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados.

La ley debe también regular estrictamente la colaboración público-privada: prohibir acuerdos con fondos de inversión, imponer transparencia contractual absoluta y establecer cláusulas de rescisión automática ante incumplimientos sanitarios o éticos.

Otro aspecto clave es impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales, incompatibilizando la toma de decisiones en el sistema público con la actividad simultánea en empresas privadas del sector.

Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre en cada tramo del proceso asistencial.

Por último, la ley debe reforzar la atención primaria, garantizar la soberanía pública en datos e infraestructuras y recuperar la participación ciudadana como mecanismo de control democrático.

Un blindaje para lo que es de todos

El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje: cerrar la vía por la que el ánimo de lucro penetró en lo más profundo del sistema; recuperar el control público de lo esencial; garantizar transparencia, equidad y responsabilidad; y, sobre todo, recordar que la salud es un derecho que no puede sacrificarse en el altar de la rentabilidad. El caso Torrejón muestra que donde manda el negocio, la equidad se resiente y la confianza pública se erosiona. Y sin confianza, ningún sistema sanitario puede sostenerse." 

(Joan Carles March Cerdá , El País, 15/12/25) 

Así vive a sanidade privada galega dos fondos públicos... os fondos públicos pagan o 46% das estancias ou o 51% das cirurxías maiores ambulatorias rexistradas nos hospitais privados.

 "En plena polémica pola orde de reducir atención a pacientes para gañar máis cartos dada nun hospital madrileño polo grupo Ribera Salud, propietario tamén dos hospitais galegos Povisa, Polusa e Juan Cardona, o Ministerio de Sanidade vén de facer público un informe de avaliación da sanidade privada dentro do sistema sanitario estatal. O documento diferencia hospitais públicos, concertados e privados, e detalla non só o gasto público nos dous primeiros tipos senón tamén no terceiro, revelando que en Galicia os fondos públicos pagan o 46% das estancias ou o 51% das cirurxías maiores ambulatorias rexistradas nos hospitais privados.      

O informe do ministerio considera como pertencentes ao sistema nacional de saúde (SNS) tanto aos hospitais públicos como aos privados "de utilización pública", nos que inclúe tanto aos que teñen un concerto substitutorio para prestar toda a súa oferta asistencial a unha poboación asignada do sistema público -o caso de Povisa- como aos que dedican máis do 80% dos seus recursos á prestación de servizos financiados polo sistema nacional de saúde. Pola súa banda, inclúe no concepto Privado non SNS os centros sen concerto ou cun concerto parcial para realizar actuacións médicas puntuais para a sanidade pública.

Segundo o Catálogo Nacional de Hospitais do ministerio, en Galicia hai 19 hospitais privados, dos que dous teñen concertos substitutorios ou completos co Sergas (Povisa en Vigo e o Centro Oncolóxico de Galicia na Coruña), sete teñen concertos parciais e dez non teñen concerto. Pero tamén os que non teñen concerto poden recibir financiamento público para actuacións sanitarias concretas. De feito, os fondos públicos poden superar aos privados no financiamento de diversas actividades asistenciais realizadas nos 17 hospitais privados galegos sen concerto ou con só concerto parcial.

Por exemplo, o informe do ministerio sinala que no total de cirurxía maior ambulatoria rexistrada nos hospitais privados galegos sen concerto o 50,7% do custe foi financiado en 2023 con fondos públicos, o que sitúa Galicia como segunda comunidade só por detrás de Extremadura e moi por riba da media estatal.  

Outro dos conceptos analizados polo ministerio é o financiamento dos procesos vinculados a altas hospitalarias. As tres rexións cunha maior proporción de financiamento público en centros privados non concertados, e polo tanto non considerados parte do sistema nacional de saúde, foron Extremadura, Murcia e Galicia (40,1%). 

Se a análise se fai sobre as estancias rexistradas en hospitais privados non concertados Galicia aproxímase máis á media estatal. Pero aínda así os datos reflicten que case a metade (45,9%) do custo das estancias en hospitais privados galegos acaban sendo pagadas con fondos públicos. 

Moito menor peso teñen os fondos públicos no global de consultas rexistradas nos hospitais privados. Aínda así, Galicia é a segunda comunidade na que eses fondos públicos representan máis para os hospitais privados, un 18,9%, a pouca distancia de Castela-A Mancha e co dobre que na media estatal. Tampouco teñen gran peso os fondos públicos no financiamento das urxencias ou das sesións de hospitalización de día rexistradas nos hospitais privados galegos.

Galicia segue sendo das comunidades con menor peso do aseguramento privado, con só o 24% da poboación, pero medrou do apenas 9% que había en 2018

O informe do ministerio tamén reflicte que Galicia segue sendo unha das tres comunidades con menor peso do aseguramento privado, con só o 24% da poboación con algún tipo de políza sanitaria, moi lonxe do 44,6% da poboación de Madrid. Porén, partindo dunha situación aínda máis baixa, o 9%, o aseguramento privado medrou en Galicia desde 2018 ata 2024 un 166,7%, o que o informe atribúe ás demoras producidas nese período coincidente coa pandemia da COVID-19." 

(David Reinero  , Nós, 15/12/25) 

Ya serán muchísimas más, porque esto pasa en casi toda España... y sin consecuencias... "Moreno admite que han desarrollado un tumor una treintena de las afectadas por fallos en los cribados de cáncer de mama... pero dice que fue “injustamente tratado” por lo ocurrido... o sea que ha sido peor tratado que las mujeres que van a morir a causa de su privatización de la sanidad andaluza... cousas veredes (Amama eleva a 301 las mujeres que han desarrollado cáncer de mama por los fallos en los cribados)

 "El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), ha puesto por primera vez cifras concretar a los fallos en los cribados de cáncer de mama, y lo ha hecho fuera de Andalucía, en Barcelona, en el contexto de la presentación de su libro Manual de convivencia. Durante el acto no sólo ha admitido el impacto político que ha supuesto este caso para el PP, sino que también ha reconocido que de las 2.713 afectadas que computa oficialmente la Consejería de Sanidad “el 99% no tiene lesiones tumorales”. Es decir, que un 1% sí habría desarrollado un tumor, lo que supone una treintena de mujeres.

Moreno ha relativizado esta cifra al resaltar que se enmarca dentro de un programa donde se hacen medio millón de mamografías. Y considera que el origen del problema está más que localizado, situándolo en que “una jefatura de servicio se saltó el protocolo” en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Estos datos oficiales de la Junta han sido muy contestados desde el primer momento por Amama, la asociación que destapó el caso, que en su última comparecencia vinculó tres muertes con los fallos en los cribados. Asimismo, a finales de mes cifró en 4.000 las consultas recibidas por este problema y cifró en 261 los casos confirmados de mujeres que han sufrido retrasos, de las que el 90% podrían haber desarrollado la enfermedad.

“Personalmente lo pasé mal”

Ante lo ocurrido, Moreno asegura por su parte que se ha “sentido responsable” y que “personalmente lo pasé mal”, aunque reivindica haber afrontado esta crisis de “libro” con decisiones como “pedir perdón”. “Aquello fue un error y asumo que es un error”, lo que no quita para que critique que en este periodo se han dicho “cosas que no eran verdad”, tal y como recoge Europa Press. En este sentido, da la crisis por superada y se congratula de que ya dijo que “el tiempo iba a poner las cosas en su sitio”, aludiendo así al archivo por la Fiscalía de Sevilla de la denuncia que interpuso la Amama (la asociación que denunció estos casos) por la supuesta manipulación de mamografías.

El escándalo social y político que ha generado el problema lo considera como el episodio “peor y más doloroso” en sus casi siete años de gestión. Ha supuesto la crisis “más profunda” pese a sufrir otras como la pandemia de coronavirus, al aunque defiende que “fui injustamente tratado” porque asegura que lo que “más he cuidado” ha sido la gestión sanitaria, ámbito donde se ha retratado muy sensibilizado por un episodio personal como fue la muerte de su padre por cáncer.

En términos políticos, Moreno ha puesto también por primera vez cifras al impacto de esta crisis. “Lo puedo decir públicamente: bajamos seis puntos”, datos que certificaron los sondeos mensuales que hace su partido, para precisar a renglón seguido que “ya los hemos recuperado”.

Pese a ello, argumenta que “no importa el resultado electoral”, considerando que la situación es grave con que hubiese afectado a “una sola mujer. Eso sí, se congratula que con este episodio ”el cribado reforzado“ porque ”nos hemos chequeado“, actualizando un protocolo que a partir del 12 de enero incluirá la realización en el mismo día de mamografía, ecografía y biopsia en casos de alta sospecha de cáncer.

Vox, el principal enemigo a batir

Y aunque considere que no importa el resultado en las urnas ante un problema de esta magnitud, ha analizado también las opciones electorales de su partido de cara a las andaluzas que se celebrarán en 2026. “Ahora mismo no tenemos garantizada la mayoría absoluta”, ha llegado, aunque considera que “estamos cerca” y se declara “optimista” ante el reto de renovarla.

“Cuando llegue el momento electoral el voto útil va a funcionar”, da por hecho, sobre todo ante un PSOE “que está desapareciendo”. En este sentido, considera que Vox es ahora “el adversario más complejo”, al indicar que puede ser el partido que “nos puede romper la mayoría”. También garantiza que, ante la cita con las urnas, “no me voy a travestir”, con el argumento de que “en política, como en la vida, funciona lo auténtico”, por lo que ha sostenido que la fuerza del mensaje es “ser yo con mis cualidades y defectos”.

Considera que las autonómicas de 2026 serán “durísimas”. Y tras apuntar que “cuando duermes bien es más fácil cometer errores”, ha augurado que esas elecciones andaluzas “serán muy reñidas” pese “al traspiés del cribado que nos ha golpeado”. A ello ha sumado, otro factor como es el hecho de “llevar siete años en el gobierno” porque “eso desgasta”." 

(Antonio Morente , eldiario.es, 13/12/25) 

 

 "Amama eleva a 301 las mujeres que han desarrollado cáncer de mama por los fallos en los cribados.

 El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, se mostró tajante el pasado viernes en la presentación de su libro en Barcelona, cuando expuso que el 99% de las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados de cáncer de mama no tenían “lesiones tumorales, afortunadamente”. Según el presidente andaluz, unas 23 mujeres habrían desarrollado un cáncer debido a estos fallos.

Una cifra que durante la jornada del lunes ha desmentido Amama, que eleva que serían 301 mujeres las que han desarrollado tumores tras la negligencia del Ejecutivo andaluz. “No somos unas cuantas”, sostiene Pilar Benítez del Puerto de Santa María (Cádiz), afectada por el escándalo de los cribados en las redes sociales de Amama, “y aunque fuéramos unas cuantas, somos personas, somos más de 300 y más de cincuenta denuncias patrimoniales impuestas”, insisten.

Desde Roquetas de Mar (Almería), Carmen Terron insiste: “No es que no me llegara el resultado, es que me llegó negativo; me voy a presentar cuando venga por aquí Moreno Bonilla como la número 24 de las más de 300 que somos”. María García Pineda Molla, desde el municipio granadino de Pinos Puentes, es tajante: “He desarrollado el cáncer de la negligencia del cribado y no somos 23, somos 301 mujeres afectadas y las que faltan por salir”. 

Estos son algunos de los testimonios que Amama ha compartido en sus redes sociales bajo el lema “¡No somos 23, Moreno Bonilla!”, en el que señalan las palabras del presidente andaluz y la actitud de la Junta de Andalucía, que lleva desde octubre tratando de “minimizar” el problema."   (El Salto, 15/12/25)

El médico del Sacyl (Sanidad de Castilla y León) es responsable de la lista de espera, por eso le interesa generarla, porque luego cobra de la privada... se investiga a 15 médicos del Hospital Universitario de Burgos... la entidad beneficiaria es Grupo Recoletas, que está multiplicándose en la comunidad con millonarios conciertos con la Junta (PP) para desahogar al Sacyl. De hecho, el Hospital de Burgos es donde más días de espera quirúrgica asumen los pacientes... Los médicos llevan alertando de estas irregularidades desde 2021, y lamentan la escasa atención recibida a sus protestas estos años: “Era un ‘Aquí no pasa nada’, que el Colegio de Médicos no puede actuar y la gerencia da la callada por respuesta (Juan Navarro)

 "La Sanidad de Castilla y León (Sacyl) ha admitido que investiga a 15 médicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) “por supuestos incumplimientos de la normativa que regula la compatibilidad de la profesión con el sector privado para quienes están en nómina de la sanidad pública”. Según una portavoz de la Administración castellano y leonesa, la Inspección de Sacyl está analizando diferentes denuncias contra intensivistas, cirujanos y anestesistas por irregularidades con la normativa que busca limitar que los doctores del sector público se excedan en sus posibles actividades independientes.

Médicos denunciantes del HUBU con los que ha hablado EL PAÍS precisan que estos incumplimientos se producen especialmente por rebasar las horas permitidas en empresas privadas o directamente por no tener solicitada esta compatibilidad. Según señalan, la entidad beneficiaria es Grupo Recoletas, en cuyos centros privados afirman que hay médicos en formación del HUBU realizando cirugías o personal de baja por paternidad que acude al quirófano. “Es un círculo vicioso, el médico del Sacyl es responsable de la lista de espera, le interesa generarla porque luego cobra de la privada”, explica un denunciante, indignado porque Recoletas está multiplicándose en la comunidad con millonarios conciertos con la Junta (PP) para desahogar al Sacyl. De hecho, el Hospital de Burgos es donde más días de espera quirúrgica asumen los pacientes, con 117, lo que supone 30 días más que la media autonómica al cierre del tercer trimestre de 2025.

Los médicos llevan alertando de estas irregularidades desde 2021 y han expuesto una “presunta corrupción público-privada” que han remitido al Colegio Oficial de Médicos burgalés, a la Consejería de Sanidad, a la inspección del HUBU, a la gerencia del Sacyl en Burgos, a la Inspección de Trabajo o a la Seguridad Social. EL PAÍS ha accedido a los documentos que avalan que han llevado el caso a esas instancias, de momento sin apenas respuestas.

Uno de los denunciantes anuncia que llevarán los hechos a la Fiscalía porque “se incumple masivamente la ley de incompatibilidades” y que él, trabajador en uno de los centros privados donde existen estas aparentes irregularidades, ha visto a cirujanos superando las horas de trabajo semanales que como máximo pueden destinar al sector privado, algunos incluso ilegalmente por hallarse de baja por paternidad o siendo residentes, esto es, sin capacitación aún para intervenciones. Los agraviados lo tienen comprobado porque disponen de las actas donde un cirujano firma estar practicando una determinada intervención en fechas o momentos donde debiera estar en su puesto en el HUBU o de baja o descanso.

“Las víctimas son los pacientes y los médicos honrados que trabajan o en la pública o en la pública y privada o en la privada solamente y que ganan menos dinero por competencia desleal”, critica el sanitario, que acusa al Grupo Recoletas de recibir fondos para aliviar los problemas de lista de espera que ella misma genera con la actitud de sus doctores. Según este denunciante, al ser Burgos una “ciudad pequeña”, de 175.000 habitantes, estas prácticas son más evidentes que en grandes urbes “donde todo se diluye”. “Pagamos todos, a la pública y a la privada”, remata.

Recoletas tiene concertadas en Burgos especialidades como la cirugía general, traumatología, urología y ginecología. El portal de Contrataciones del Estado acredita que esta entidad privada recibe anualmente conciertos por valor de decenas de millones de euros, al menos 30 entre varios documentos, para soporte quirúrgico al Sacyl en toda la comunidad, Burgos incluido. La gerencia sanitaria burgalesa asignó a Recoletas en 2024 contratos concretos como el de 945.400 euros para “externalización procedimientos quirúrgicos”.

La secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras, Ana Rosa Arribas, asegura que “en Burgos hay casos flagrantes de ir a intervenir a la privada estando de guardia en la pública, o en su jornada habitual, o MIR que están en formación y no deben operar”. “Lo tienen comprobado con los partes de intervención, firmados por el médico, tienen las horas y días”, precisa la también sanitaria. Además, detalla que Recoletas tenía dos hospitales en Castilla y León hace 12 años y ahora suma 25: “Es un negocio para la privada, tienen el protocolo ya hecho en connivencia con el PP”.

Su homóloga en el sindicato UGT, Rosa López, reitera esas “varias denuncias por incumplimientos del régimen de incompatibilidad” y reclama “transparencia e igualdad de trato dentro del sistema público de salud, es imprescindible que todas las actividades profesionales sigan la ley y no perjudiquen la calidad asistencial a los ciudadanos”. Los denunciantes lamentan la escasa atención recibida a sus protestas estos años: “Era un ‘Aquí no pasa nada’, que el Colegio de Médicos no puede actuar y la gerencia da la callada por respuesta, dicen que han abierto investigaciones de información reservada que a saber qué supone”. 

(Juan Navarro , El País, 13/12/25) 

En el Hospital de la Ribera, privatizado, en Alzira, premiaban a los médicos por dar altas precoces. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, después del alta tenían que volver... Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros zonas. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos, había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos, de Alzira, y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero... Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Los responsables sanitarios que revirtieron la primera concesión del mismo modelo que opera en el hospital madrileño se encontraron almacenes casi vacíos y equipos obsoletos, y tuvieron que afrontar denuncias penales y campañas de desinformación

 "Isabel González, nacida en Avilés (Asturias) hace 76 años, fue radióloga, jefa de servicio y gerente del Hospital de Sant Joan de Alicante. En 2017 la nombraron directora general de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat valenciana con la misión de preparar la reversión del Hospital de la Ribera, en Alzira, el primero público de gestión privada en España, inaugurado en el año 2000, que dio nombre a un modelo que desde Valencia se extendió a otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid. Y que esta semana ha vuelto a ser cuestionado a raíz del escándalo del Hospital de Torrejón. La reversión de Alzira se concretó en el primer minuto del 1 de abril de 2018. González la vivió en el hospital, donde estuvo trabajando hasta avanzada la madrugada. “Fue como montarse a un tren en marcha”, responde por viodeollamada desde el edificio de Alicante donde vive, en un piso de la planta 18, frente al mar.

Pregunta. ¿Fue difícil revertir la concesión sanitaria de un hospital?

Respuesta. Privatizar es muy fácil, desprivatizar es difícil. Nosotros tuvimos que pelear mucho. De entrada, afrontamos decenas de recursos judiciales de la empresa, Ribera Salud, que acabó perdiendo la concesionaria. También nos presentaron demandas, por la vía penal, a varias de las personas que dirigíamos la reversión, empezando por la consellera [Carmen Montón], que también ganamos. Pusieron en marcha toda una campaña: con buzoneo en las casas de los ciudadanos, con un periódico que editaban y repartían en el hospital y los centros de salud del departamento, una televisión de circuito cerrado en la que hablaban de las bondades del sistema, anuncios en las traseras de los autobuses… Una asociación de médicos afín a ellos organizaba charlas por la comarca con pacientes, sobre todo de cáncer, diciéndoles que si se producía la reversión tendrían que desplazarse a Valencia para el tratamiento, lo cual no era cierto. Y anunciando que se iba a producir un colapso asistencial inmediato, lo que tampoco ocurrió. La concesionaria era una empresa grande, muy potente, y el hospital era muy emblemático para ella.

P. ¿Qué problemas se encontraron al hacerse cargo del hospital y el resto del departamento de salud de comarca de La Ribera?

R. Desde antes de que se produjera la reversión tuvimos muchos problemas para acceder a la información. La cláusula 17 del acuerdo de concesión decía que debían tener los mismos sistemas de información sanitaria que la consejería. Pero nunca lo cumplieron. Así que desde fuera no podíamos consultar los datos, ni tener acceso a los indicadores. Sus informes eran declarativos, lo que ellos decían, te los tenías que creer. Un sistema opaco. Por ejemplo, presumían de que no tenían lista de espera, pero es que su manera de contabilizarla no tenía nada que ver con la de los hospitales públicos.

P. En el escándalo de Torrejón ha salido a la luz la expresión “pacientes rentables”. ¿Se usaba en Alzira? ¿Qué significa?

R. El paciente rentable es, para ellos, el negocio. Es el que presenta determinadas patologías. Y el que es de fuera de la cápita, es decir, que pertenece a otro departamento de salud y acude a su hospital, porque esos los cobran aparte. En Alzira, que llegó a hacer el 37% de los partos del vecino departamento de Xàtiva, eso dio lugar a incentivos perversos. Como que si un médico captaba pacientes de fuera del departamento le daban un plus económico.

P. ¿Cómo los conseguían?

R. Pues con amigos, conocidos… lo que fuera.

P. ¿Como comerciales?

R. Efectivamente. Y había otro incentivo perverso, que también quitamos al llegar, que era que premiaban a los médicos por dar altas precoces. ¿Qué pasaba? Que tenían unos indicadores muy malos de retorno a urgencias. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, y después del alta tenían que volver. Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros departamentos. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos a Alzira había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero.

P. Se parece a lo que se está viendo en Torrejón.

R. Es que no es una cosa aislada del hospital de Torrejón o del de Alzira. Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Por eso me parece importante la derogación de la Ley 15/1997, que fue la que abrió la puerta a las diferentes fórmulas de gestión público-privada.

P. ¿Se encontraron con más incumplimientos en el hospital?

R. Nos encontramos con un equipo de resonancias que se paraba cada dos por tres con unas averías gravísimas. Un equipo de radioterapia tan obsoleto que la empresa quería quitar el mantenimiento. Un déficit de respiradores terrible... Por contrato, tenían que haber hecho inversiones cada cierto tiempo, pero parte de ellas no las hicieron, como dijo la propia Intervención de la Generalitat. Lo que pasó fue que, con todas las inspecciones que hicimos antes de la reversión, ya sabíamos por dónde teníamos que ir. Y lo primero que hicimos fue una inversión de ocho millones de euros en todo esto.

P. El Hospital de Alzira cobraba por recibir a pacientes de otros departamentos, y tenía que pagar por los que enviaba fuera. ¿Funcionaba así en la práctica?

R. Cuando teníamos que cobrarles a ellos era muy difícil. A pesar de que presentábamos la facturación, la identificación del paciente, todos los datos... bastaba con que faltara algún detalle para que no pagaran. En general, supervisar las concesiones era mucho más complicado que hacerlo con los hospitales públicos. Son los llamados costes de transacción, y en las concesiones sanitarias son muy altos.

P. ¿Qué más recuerda de aquella primera noche en Alzira?

R. Que, aunque tenían que haber dejado una reserva, los almacenes estaban prácticamente vacíos. De fármacos, de ropa de hospital, de mascarillas… No dejaron ni una carpeta, ni un papel, y borraron todo lo que había en los ordenadores, así que no sabíamos ni qué proveedores teníamos. Para esa primera noche habíamos hablado con el Hospital La Fe, en Valencia, para que tuvieran preparado un estocaje con la medicación y material que pudiéramos necesitar." 

(Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira, Ignacio Zafra , El País, 08/11/25)