El cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España.... "Quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España"... el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre... España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años... La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler... Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar... Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho (Alejandro Pérez Polo)

Alejandro Pérez Polo @alejperez_

Nadie quiere ver lo más relevante de este estudio: el cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España. 

Es un proceso largo, que tardará dos décadas más, pero el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre. 

Nos entretienen con brechas generacionales y "falta de oferta", pero hay algo mucho más profundo en marcha y que es la tendencia imparable: España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años. 

La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler. 

Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar. 

Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho.

"La gran transferencia: quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España" (Ainhoa Díez / Raúl Sánchez , eldiario.es, 05/07/26) 

2:40 p. m. · 6 jul. 2026 ·11,9 mil Visualizaciones

Es necesaria una batalla contra la financiarización de la vivienda y de la vida... El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas... varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y ya hay un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008... Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual... Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos... el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar (Juan Laborda)

 "Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas." 

(Juan Laborda, El Salto, 14/05/26)

As vivendas baleiras dos bancos son tantas como as que a Xunta de Galicia prevé construír nesta lexislatura... o Rexistro de Demandantes vén batendo sucesivos récords e, no momento da redacción desta información, o 2 de xullo de 2026, xa tiña inscritas case 34.400 peticións (David Lombao)

"Catro mil vivendas son moitas ou poucas? Como practicamente toda cifra: depende. En cifras redondas son as que continúan en mans dos bancos e outras entidades financeiras e están baleiras en Galicia, segundo os datos do censo oficial da Xunta aos que Praza.gal puido acceder ao abeiro da Lei de Transparencia tras evitar o Goberno galego entregalos ao Parlamento. E supón un volume practicamente idéntico ao de pisos de promoción pública que a Xunta asegura estar en condicións de construír nesta lexislatura.

Concretamente, as cifras do censo indican un total de 4.081 vivendas baleiras propiedade de bancos en 130 concellos. E a Consellería de Vivenda asegura que as promocións de pisos públicos que xa ten "en execución" -termo que engloba dende os trámites previos ata a construción propiamente dita- son xa algo "máis de 4.000". Coas obvias diferenzas en canto ás localidades en que se atopan unhas e outras.

(...) máis da metade desas 4.081 vivendas baleiras nas mans da banca son titularidade da Sareb, o banco malo constituído polo Goberno de España en colaboración co sector financeiro durante a gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos das caixas de aforro rescatadas -entre eles, 5.000 millóns en bens procedentes de Caixa Galicia e Caixanova-. Daquela, a priori, serían susceptibles, polas últimas reformas promovidas polo Goberno de España, de integrárense na Entidade Estatal de Vivenda Casa 47, creada polo Executivo para centralizar a súa política de vivenda pública e favorecer promocións de alugueiro protexido.

Por tras da Sareb destaca como segundo gran banco propietario de vivendas baleiras en Galicia o Santander, con 600. O resto distribúense en volumes moi inferiores entre máis dunha trintena de empresas, de bancos a fondos de investimento inmobiliario. A presenza de Abanca entre eles é residual (24 vivendas a nome de Abanca Corporación Bancaria e 49 nas mans da súa división inmobiliaria) precisamente porque o groso dos activos tóxicos pasaron á Sareb antes da compra de Novagalicia Banco polo venezolano Banesco.

Moitas máis que as promovidas nas lexislaturas de Feijóo

Pero, de volta na pregunta inicial: son moitas ou poucas? En comparación coas vivendas protexidas en xeral -e de promoción pública en particular- nas últimas lexislaturas, son un volume moi considerable. Así, por exemplo, na pasada lexislatura galega -a da dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente- quedaron rematadas en Galicia apenas 281 vivendas. Na anterior (a saída das eleccións de 2016) foran poucas máis, 337. E na previa, a iniciada cos comicios de 2012, quedaran en 622. 

Hai que remontarse á primeira lexislatura con Feijóo na Xunta para atopar unha cifra de vivendas protexidas máis avultada. Fundamentalmente por proxectos herdados do Goberno de coalición PSdeG-BNG, naquel período de 2009 a 2012 finalizáranse algo máis de 6.000 pisos protexidos. No mandato de socialistas e nacionalistas, entre proxectos propios e provenientes do fraguismo, foran máis de 12.000. Durante todas as lexislaturas dos anos 90, con Fraga na Xunta, tamén se superaran as 10.000 por mandato.

O groso das vivendas protexidas erguidas ao longo da autonomía van ir perdendo paulatinamente esa condición, dado que -en función da normativa vixente en cada momento-, van ficando sen restricións para seren compradas e vendidas sen prezo taxado nin ter que dirixirse a poboación inscrita no Rexistro de Demandantes da Xunta. Como informou Praza.gal a partir dunha ampla investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia vai perder algo máis de 35.000 vivendas protexidas, polo que tanto as baleiras nas mans dos bancos como as de promoción pública proxectadas pola Xunta non compensarían, nin de lonxe, esa perda.

Catro mil vivendas tampouco son moitas en comparación con outro indicador clave: a demanda de vivenda protexida. Alimentado polos anuncios desas catro mil vivendas de promoción pública -e do desenvolvemento de solo residencial en diversas localidades para outras 20.000 protexidas-, o Rexistro de Demandantes vén batendo sucesivos récords e, no momento da redacción desta información, o 2 de xullo de 2026, xa tiña inscritas case 34.400 peticións. 

Hai apenas un ano eran pouco máis de 22.000, o que sitúa por riba do 50% o crecemento interanual dunha demanda que 4.000 vivendas apenas cubrirían. Non en van, 4.000 vivendas equivalen a apenas o 12% das inscricións no rexistro de demandantes de vivenda protexida." 

(David Lombao , Praza Gal, 03/07/26, gráficos no orixinal)

Reino Unido blinda el alquiler sin fecha de caducidad... la medida que en España suena a tabú político, y los socios exigen a Pedro Sánchez... A partir de ahora, el inquilino podrá permanecer en su vivienda mientras cumpla sus obligaciones, y el casero solo podrá recuperar el inmueble en supuestos tasados por la ley... El corazón de la reforma (que entra en vigor este 1 de mayo) es claro: se acaban los contratos temporales como norma en el alquiler privado inglés... el contrato ya no termina automáticamente porque llegue una fecha marcada en el calendario... estos contratos no tendrán una fecha final establecida y funcionarán como alquileres mensuales o semanales de carácter continuado... el arrendador deberá acudir a causas legales específicas, como impago, necesidad de vender o recuperación del inmueble en determinados supuestos. El Gobierno británico subraya que el propietario seguirá teniendo vías para recuperar su vivienda, pero ya no podrá hacerlo mediante una expulsión arbitraria... El calendario deja de ser una herramienta de presión sobre el inquilino. La fecha de finalización del contrato se convierte muchas veces en una amenaza silenciosa, no hace falta un desahucio judicial, ni un impago, ni una sentencia. Basta con que el contrato venza, el propietario no renueve o imponga una subida imposible de asumir. Ese fenómeno también existe en España. Muchos inquilinos no son expulsados de su casa por dejar de pagar, sino porque el contrato termina y el nuevo precio los echa fuera de facto... Reino Unido no ha aprobado una “renta antigua” sin salida para el propietario ni ha eliminado el derecho del dueño a recuperar su vivienda en determinados casos. Lo que ha hecho es modificar el equilibrio: si el inquilino cumple, no puede ser expulsado simplemente porque toca renovar (Suren Gasparyan)

 "Reino Unido acaba de hacer algo que en España todavía suena a debate pendiente, cuando no directamente a tabú político: convertir el alquiler en una forma de vida estable y no en una cuenta atrás hacia la próxima renovación. La nueva legislación británica sobre los derechos de los inquilinos rompe con una de las lógicas más duras del mercado privado: los contratos con fecha fija de caducidad y la posibilidad de que el propietario ponga fin al alquiler sin tener que justificar una causa concreta. A partir de ahora, el inquilino podrá permanecer en su vivienda mientras cumpla sus obligaciones, y el casero solo podrá recuperar el inmueble en supuestos tasados por la ley.

La decisión no llega en el vacío. Reino Unido ha tomado esta medida en plena crisis de acceso a la vivienda, considerada la más grave desde la década de 1930, con precios disparados, alquileres cada vez más inasumibles, falta de vivienda asequible y una generación entera atrapada entre la imposibilidad de comprar y la inseguridad de alquilar. ¿Les suena? El diagnóstico británico tiene una potencia política evidente: cuando el mercado deja de garantizar un hogar, el Estado entra a corregir las reglas. No se trata solo de construir más, sino de impedir que vivir de alquiler sea sinónimo de provisionalidad permanente.

El corazón de la reforma (que entra en vigor este 1 de mayo) es claro: se acaban los contratos temporales como norma en el alquiler privado inglés. Las llamadas fixed-term tenancies serán sustituidas por arrendamientos periódicos o abiertos, de modo que el contrato ya no termina automáticamente porque llegue una fecha marcada en el calendario. Organizaciones especializadas en vivienda como Shelter explican que estos contratos no tendrán una fecha final establecida y funcionarán como alquileres mensuales o semanales de carácter continuado.

El otro gran cambio es la desaparición de los llamados desahucios sin causa, conocidos en Reino Unido como Section 21 evictions. Hasta ahora, un propietario podía recuperar la vivienda sin tener que alegar un incumplimiento del inquilino. Con la nueva ley, ese mecanismo queda abolido y el arrendador deberá acudir a causas legales específicas, como impago, necesidad de vender o recuperación del inmueble en determinados supuestos. El Gobierno británico subraya que el propietario seguirá teniendo vías para recuperar su vivienda, pero ya no podrá hacerlo mediante una expulsión arbitraria.

El fin del desahucio por calendario

La reforma británica tiene una lectura que va más allá del tecnicismo jurídico. El calendario deja de ser una herramienta de presión sobre el inquilino. En un mercado tensionado, la fecha de finalización del contrato se convierte muchas veces en una amenaza silenciosa: no hace falta un desahucio judicial, ni un impago, ni una sentencia. Basta con que el contrato venza, el propietario no renueve o imponga una subida imposible de asumir.

Ese fenómeno también existe en España. Muchos inquilinos no son expulsados de su casa por dejar de pagar, sino porque el contrato termina y el nuevo precio los echa fuera de facto. La salida no aparece en las estadísticas como un desahucio, pero sus efectos sociales son muy parecidos: mudanza forzosa, pérdida de barrio, cambio de colegio, ruptura de redes familiares, más tiempo de transporte, más gasto y más inseguridad vital.

Reino Unido ha decidido intervenir precisamente ahí: en el punto donde el contrato deja de ser un acuerdo entre partes y se convierte en una cuerda que se tensa periódicamente. La vivienda alquilada pasa a ser un hogar mientras el inquilino cumpla, no una estancia provisional sometida al vencimiento de cada seis, doce o veinticuatro meses. Esa es la gran diferencia política: la estabilidad deja de depender de la voluntad del propietario y se convierte en una garantía legal.

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos ofrece una protección temporal, pero no indefinida. Los contratos de vivienda habitual se prorrogan obligatoriamente hasta cinco años si el arrendador es persona física y hasta siete si es persona jurídica, siempre que el inquilino quiera continuar. Una vez pasado ese periodo, si ninguna de las partes comunica lo contrario, existe una prórroga tácita anual hasta un máximo de tres años más.

Ese sistema da cierta estabilidad, pero mantiene intacta la lógica de fondo: el alquiler tiene una fecha de revisión estructural. Cuando acaba el periodo protegido, el inquilino vuelve a quedar expuesto a la no renovación o a una subida que lo obligue a marcharse. En zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Baleares o Canarias, ese momento se vive como una auténtica cuenta atrás. No es solo cuánto se paga hoy, sino qué ocurrirá cuando el contrato llegue a su fin.

España regula como provisional lo que ya es permanente

La gran contradicción española es que la ley sigue tratando el alquiler como una etapa transitoria, cuando para millones de personas se ha convertido en una forma permanente de vida. Durante décadas, alquilar era presentado como un paso previo a la compra. Hoy, para jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias urbanas, comprar una vivienda es directamente inviable. Pero alquilar tampoco garantiza estabilidad.

Ahí aparece el drama habitacional español en toda su crudeza: ni comprar ni quedarse. La propiedad se aleja por precios prohibitivos, salarios insuficientes y falta de ahorro; el alquiler, mientras tanto, se encarece y caduca. La consecuencia es una generación que no puede construir un proyecto de vida sobre ningún suelo firme. Se vive con contrato, pero también con fecha de incertidumbre.

Por eso el espejo británico resulta incómodo. Un país con una tradición inmobiliaria mucho más liberalizada que la española ha asumido que la seguridad residencial no puede depender solo del mercado. Reino Unido no ha aprobado una “renta antigua” sin salida para el propietario ni ha eliminado el derecho del dueño a recuperar su vivienda en determinados casos. Lo que ha hecho es modificar el equilibrio: si el inquilino cumple, no puede ser expulsado simplemente porque toca renovar.

España, en cambio, continúa atrapada entre parches. El último ejemplo es la prórroga extraordinaria de alquileres que decayó en el Congreso tras no conseguir respaldo parlamentario. La medida pretendía permitir una extensión de hasta dos años, en las mismas condiciones, para contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. Su caída dejó incertidumbre jurídica entre los inquilinos que ya la habían solicitado y volvió a mostrar la fragilidad de las soluciones temporales.

El problema es precisamente ese: España discute prórrogas mientras otros países discuten estabilidad estructural. Las prórrogas pueden aliviar situaciones concretas, pero no cambian el diseño del sistema. Alargan la cuenta atrás, pero no la eliminan. Ganan tiempo, pero no garantizan que alquilar pueda ser una forma segura de habitar.

El debate ya existe en España, pero no tiene mayoría

La idea del alquiler indefinido no es ajena al debate político español. Más Madrid registró en el Congreso una proposición de ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y establecer contratos de alquiler residencial de duración indefinida. La iniciativa defendía que un contrato sin límite temporal permitiría estabilidad, seguridad residencial y certidumbre para vivir, formar familias y consolidar barrios. En su exposición de motivos, la propuesta resumía la filosofía de la medida con una frase especialmente clara: “El contrato indefinido permite hacer del alquiler un hogar”.

La propuesta no planteaba que el propietario perdiera para siempre el control sobre su vivienda. El modelo previsto admitía causas tasadas para recuperar el inmueble, como la necesidad de uso por parte del arrendador o de familiares en determinados supuestos. La clave era otra: impedir que el mero vencimiento del contrato se convierta en una puerta abierta a la expulsión o a una subida desproporcionada.

El debate conecta también con una evidencia de fondo: las grandes subidas de precio suelen producirse al firmar nuevos contratos, no necesariamente durante la vigencia de los contratos existentes. Si cada cinco o siete años se fuerza una nueva negociación desde cero, el mercado encuentra una vía perfecta para actualizar rentas al alza y expulsar a quienes no pueden seguir el ritmo.

Sin embargo, esta discusión sigue sin abrirse paso con fuerza en el Congreso. La derecha española ha presentado tradicionalmente este tipo de medidas como un ataque a la propiedad privada o como una amenaza para la oferta de alquiler, pero el bloqueo no puede explicarse solo por PP y Vox. También el PSOE, pese a gobernar desde hace años y pese a haber hecho bandera de la vivienda en el discurso público, ha avanzado poco o nada hacia una reforma estructural que elimine la caducidad automática de los contratos.

El Gobierno ha aprobado medidas relevantes, como la Ley de Vivienda, los límites a la actualización anual de rentas o intentos de prórroga extraordinaria de contratos, pero ha evitado tocar el núcleo del problema: la capacidad del vencimiento contractual para expulsar al inquilino aunque cumpla con sus obligaciones. En la práctica, el Ejecutivo socialista ha preferido moverse en el terreno de los parches, las prórrogas y los acuerdos parciales antes que asumir el debate de fondo sobre si el alquiler habitual debe tener o no fecha de caducidad.

Esa cautela tiene consecuencias. Millones de inquilinos siguen viviendo pendientes de una renovación, de una subida inasumible o de una no renovación que les obligue a abandonar su casa y su barrio. El PSOE ha denunciado la crisis habitacional, ha señalado la responsabilidad de los gobiernos autonómicos que no aplican la Ley de Vivienda y ha confrontado con la derecha por su negativa a regular el mercado, pero no ha convertido el alquiler indefinido en una prioridad legislativa propia.

La reforma británica deja esa contradicción más expuesta. Si Reino Unido, con una tradición mucho más liberal en materia de vivienda, ha decidido poner fin a la temporalidad estructural del alquiler, España ya no puede escudarse en que esa discusión sea inviable o radical. La pregunta apunta también a Moncloa: por qué un Gobierno progresista que reconoce la vivienda como una emergencia social no ha impulsado una fórmula que blinde la permanencia de quienes pagan y cumplen." 

(Suren Gasparyan , El Plural , 30/04/26)  

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, explica que ha votado que a su hermana le suban el alquiler junto al PP y los antiguos criminales de Junts, hoy socios respetables... A la mierda mi hermana y que se joda Sánchez... Su hermana, que lo estaría viendo por la tele mientras buscaba empresa de mudanzas, no sabría si aplaudir la lista de merecidas hostias sociales al Gobierno más progresista de la historia o recordarle al diputado de barrio –le gusta presentarse así– que su partido Vox ha votado sistemáticamente en contra de todas esas medidas sociales... No quiero ni imaginarme la próxima comida familiar, pero es fácil hacerlo... resulta que en España, patriotas de derecha españolista y catalanista han encontrado un punto de entendimiento a la hora de joder a la gente. Vía salarios, gasolina o alquileres. Escuché hace años decir a un tipo muy sabio que no entendía a los patriotas. Pues yo creo que cada vez se les entiende mejor (Gerardo Tecé)

 "Los más jóvenes quizá no lo recuerden, pero hubo un tiempo, hace un par de años, en el que votar junto a Junts te convertía en enemigo de España. En cómplice de cosas horribles. El Gobierno pacta con delincuentes prófugos, decían los titulares y en las sobremesas españolas se hablaba más de Puigdemont que de Mbappé. ¿Qué habrá sido de él? De Puigdemont, digo. Le perdimos la pista cuando Junts decidió que sus socios parlamentarios habituales fuesen PP y Vox. Entonces dejó de ser noticia Junts. En las bodas más pijas hace tiempo que ya no se canta durante la barra libre aquello de “Puigdemont, te vamos a meter en prisión”. Y es cuestión de tiempo y aritmética electoral que, tras sonar el himno nacional, novio y novia coreen “Puigdemont, hazme presidente a Feijóo”. Se llaman valores sólidos y abundan en la España fetén.

Miro perplejo la intervención en el Congreso del chaval de Vox que no es pijo. Sí, hay uno. La empresa de Abascal, aunque presume de antiwoke, apuesta por hacerle contrato a gente que representa a minorías. Hay algunas mujeres, un negro e incluso este diputado llamado Carlos Hernández Quero en lugar de Carlos Javier De Hernández y Quero-Quero, que hubiese sido lo normal. Escucho al working class hero de la cuota inclusiva de Vox y no doy crédito. Dice que ha votado junto al PP y los antiguos criminales de Junts –hoy conocidos como socios respetables– que a su hermana le suban el alquiler de su piso. Que esta decisión va en contra de su familiar hasta el punto de que la pobre tendrá que cambiar de barrio, no llegará a fin de mes e incluso tendrá dificultades para formar una familia y tener hijos, explica el hermano del año. Pero que se joda Pedro Sánchez, concluye. Soy ateo, pero juraría que hay algo en la Biblia que hablaba de lo frito que tienes que tener el cerebro para sacrificar a un familiar porque tu dios –una ideología enferma en este caso– así te lo pide.

Continuaba el diputado Carlos Sinape –lo llaman así en el Grupo Parlamentario de Vox porque no tiene apellidos– explicando que, en España, además del precio de la vivienda, tenemos otros graves problemas como que los salarios no den para vivir o que estén por las nubes los alimentos, la luz o la gasolina. Su hermana, que lo estaría viendo por la tele mientras buscaba empresa de mudanzas, no sabría si aplaudir la lista de merecidas hostias sociales al Gobierno más progresista de la historia o recordarle al diputado de barrio –le gusta presentarse así– que su partido Vox ha votado sistemáticamente en contra de todas esas medidas sociales. En contra de subir los salarios, en contra de topar precios de la energía, en contra de subir las pensiones y a favor del genocida israelí y el millonario norteamericano que han provocado que en la gasolinera del barrio la gasolina esté a dos euros. No quiero ni imaginarme la próxima comida familiar, pero es fácil hacerlo.

“Quiero que este país se convierta en un agujero de mierda. Quiero que este país se hunda en una puta pesadilla”, decía Paul Golding, joven líder del ultraderechista partido Britain First (Británicos Primero) pillado en una grabación en la que hablaba de estrategias para llegar al poder. Que el líder de Britain First tenga como objetivo primero joder a los británicos encaja bien con que en España, patriotas de derecha españolista y catalanista hayan encontrado un punto de entendimiento a la hora de joder a la gente. Vía salarios, gasolina o alquileres. Si para construir un agujero de mierda hay que empezar por la familia, pues se empieza. Escuché hace años decir a un tipo muy sabio que no entendía a los patriotas. Pues yo creo que cada vez se les entiende mejor." 

(Gerardo Tecé , CTXT, 29/04/26) 

La política de vivienda solo genera frustración... solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda... la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda e iniciativas legislativas ( la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda)... Todas estas iniciativas han fracasado... las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como Madrid... su denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler... las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven... Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas... la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades... la formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera... Los grandes lobbies del sector inmobiliario obtienen suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja... el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola (Alejandro Inurrieta)

 "Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, porque el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros." 

( Alejandro Inurrieta, eldiario.es, 23/04/26)

En España hay más de 400.000 #viviendas en obras sinterminar, según datos del MiVAU, muchas abandonadas desde 2008, en distintos grados de edificación... Los ayuntamientos y CCAA disponen de instrumentos para forzar su terminación, más en una crisis de asequibilidad como la actual (Ignacio Ezquiaga)

Ignacio Ezquiaga @IgnacioEzquiaga

En España hay más de 400.000 #viviendas en obras #sinterminar, según datos del MiVAU, muchas abandonadas desde 2008, en distintos grados de edificación. Los ayuntamientos y CCAA disponen de instrumentos para forzar su terminación, más en una crisis de asequibilidad como la actual

12:16 p. m. · 14 abr. 2026 ·17,3 mil Visualizaciones

Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda... el problema no es la escasez de viviendas... Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados. Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez... la multipropiedad afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más... Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario, y permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes (Alexandre Coulondre, Le Monde)

 "Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda. Los indicadores que lo atestiguan son numerosos. Cuando los ingresos de los hogares aumentaron un 35% entre 2000 y 2020, los alquileres subieron un 39% y los precios de compra de bienes raíces un 139%. En cuanto al número de solicitantes de viviendas sociales, ha pasado de 1,9 millones a 2,8 millones en diez años, etc.

En este contexto, el gobierno propuso, el 23 de enero, un plan de "Relanzamiento de la vivienda". Se trata de implementar diferentes dispositivos políticos para "construir dos millones de viviendas para 2030". Para lograrlo, una de las medidas estrella es la implementación del estatuto de arrendador privado, un dispositivo promovido desde hace mucho tiempo por las federaciones profesionales del sector de la construcción.

Consiste en otorgar beneficios fiscales a los hogares que elijan invertir en la compra de viviendas, siempre que estas viviendas sean posteriormente alquiladas durante nueve años para uso de residencia principal a alquileres reducidos.

El objetivo declarado del ministro de la ciudad y la vivienda, Vincent Jeanbrun, es hacer de la vivienda, gracias a los beneficios fiscales, una inversión rentable, atrayendo así los capitales de los hogares hacia la piedra. El plan de recuperación implementa la estrategia política del "choque de oferta" ya invocada por la mayoría de los ministros de vivienda anteriores, a la que se articula aquí una estrategia de "choque de inversión".

Un plan así es inadecuado para la situación por al menos dos razones. Primero, esboza la idea de que las dificultades de acceso a la vivienda se deben a una escasez. Sin embargo, los análisis empíricos arrojan una luz muy diferente sobre la vivienda en Francia. Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados.

Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo. La disponibilidad de viviendas depende más del uso que se hace de los metros cuadrados que de una escasez. Y aunque el estatus de arrendador privado también concierne en teoría a los edificios antiguos, las condiciones de elegibilidad no están calibradas para explotar estos yacimientos. El plan se aplicará sobre todo en las nuevas construcciones.

Si realmente no hay escasez de metros cuadrados, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? Precisamente a lo que promueve el plan de recuperación, es decir, a la "activación" de los bienes raíces residenciales.

Es el segundo límite. Cuando la vivienda se considera menos por su uso que como un producto financiero, se implementan estrategias de extracción de valor que sustentan el aumento de los precios. Pudimos encontrar estas estrategias en el sector bancario, que apostó mucho por el valor residencial durante las décadas de 2000 y 2010, distribuyendo créditos en condiciones favorables que impulsaron el aumento de los precios inmobiliarios.

A su manera, y un año después de la suspensión del dispositivo Pinel que funcionaba con el mismo principio [ofrecía, de 2014 a 2024, la posibilidad al inversor inmobiliario de beneficiarse de una reducción del impuesto sobre la renta si se comprometía a alquilar la vivienda como residencia principal durante un mínimo de seis años, dispositivo que el gobierno consideró costoso e ineficaz], el plan de recuperación anima a los hogares a adoptar una relación financiera con los bienes inmuebles.

La consecuencia será anclar aún más el sector residencial a estrategias de gestión de cartera y optimización que apoyen el aumento de los valores a medio plazo. En efecto, se puede imaginar que después de los nueve años de ventajas fiscales, muchas de las viviendas afectadas se reasignarán a los usos más rentables, como en las plataformas de alquiler a corto plazo, tal como constató el Tribunal de Cuentas con las viviendas Pinel.

Esto también plantea una cuestión de justicia social, en la medida en que los hogares a los que va dirigido el dispositivo a menudo se alejan de la imagen del pequeño ahorrador que se presenta en los discursos. Los estudios del Insee sobre la multipropiedad muestran que afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más.

Así, las políticas de vivienda como el plan del gobierno, que apuestan por la monetización de los activos inmobiliarios, corren el riesgo tanto de ser ineficaces para regular la carestía de la vivienda a medio plazo como de reforzar las disparidades patrimoniales en beneficio de los hogares más dotados. El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez.

Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario (BRS). También se encargaría, antes de fomentar la construcción, de permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes. Además, sería una elección acertada también desde el punto de vista ecológico, ya que la fase de construcción representa entre el 65% y el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero de un edificio a lo largo de su ciclo de vida."

(Alexandre Coulondre, Revista de prensa, 03/02/26, traducción Quillbot, fuente Le Monde)

La ley de vivienda no se está cumpliendo y los precios siguen subiendo. Conocer esta realidad no debe paralizarnos, al contrario, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión... Hay mucho que se puede hacer: Debemos prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que están empezando a vencer ya... este año 2026 se verán amenazados 600.000 contratos y en 2027 las subidas de los precios afectarán a hasta 2,7 millones de personas. Prorrogar estos contratos, como hicimos con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, es un freno de seguridad... y debemos acabar con la compra especulativa. Los grandes fondos de inversión están adquiriendo cientos de miles de casas no para que vivan familias, sino para especular con los precios. Esta práctica es insostenible: estamos permitiendo que el país deje de ser de quienes viven y trabajan en él para convertirse en una aspiradora de dinero hacia grandes fondos internacionales... Y de forma complementaria a estas dos medidas urgentes, necesitamos reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de vivienda y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1% del PIB anual para acercar nuestro parque público a la media europea. Cuando millones de personas ven peligrar su vivienda mientras se protege a los rentistas, se rompe el pacto social y se abre la puerta al autoritarismo. La historia lo demuestra: si las instituciones no garantizan derechos, las élites convierten la frustración colectiva en beneficio propio. En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía. No actuar es un lujo que no podemos permitirnos (Yolanda Díaz)

 "El objetivo fundamental del Gobierno progresista es luchar contra la desigualdad. Desde los cinco ministerios de los que formamos parte trabajamos por ello cada día. Defendiendo los derechos laborales, los servicios públicos, la universalidad de los derechos y la justicia social. La vivienda es hoy la gran máquina de producir desigualdad en nuestro país. Por eso, los avances en esta materia son el gran reto de la legislatura. Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances.

La transformación de la vivienda en un activo financiero ha roto su función fundamental y ha violentado los principios de nuestra Constitución, de forma muy especial el artículo 47. En los 50 años de nuestra democracia, ninguno de los dos grandes partidos ha sido capaz de abordar la vivienda en unos términos que permitieran evitar este escenario. Así, hemos vivido varias burbujas inmobiliarias, una política pública que ha vendido cientos de miles de viviendas que debían seguir siendo públicas, cesiones continuas de suelo, la venta de vivienda social a fondos buitre y una falta de control sobre los precios, la vivienda turística y el alquiler de temporada.

Frente a esta problemática, la política seguida hasta ahora, una vez más esta misma semana, es la de los regalos fiscales. Una política ineficaz y profundamente injusta, que le da derechos solo a la parte propietaria y deja desamparada la inquilina. Con este movimiento, el PSOE reconoce la necesidad de tomar medidas, pero se equivoca profundamente en la solución que plantea. Esta política es un error profundo y no vamos a aceptarla.

Sabemos que este problema no es solo de nuestro país, pero eso no puede servir de excusa para no actuar. Tampoco puede ignorarse la alianza entre los gobiernos autonómicos del Partido Popular y la especulación inmobiliaria. La ley de vivienda no se está cumpliendo y los precios siguen subiendo. Conocer esta realidad no debe paralizarnos: al contrario, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión.

Hay mucho que se puede hacer. El pasado mes de octubre presentamos un conjunto de medidas mínimas para afrontar la especulación, que está expulsando a cientos de miles de familias de sus casas.

Hoy queremos destacar algunas herramientas imprescindibles y de aplicación inmediata para garantizar los derechos de la mayoría social.

Debemos prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que están empezando a vencer ya. Con los datos de los que disponemos gracias a los informes del Ministerio de Consumo y Agenda 2030, este año 2026 se verán amenazados 600.000 contratos y en 2027 las subidas de los precios afectarán a hasta 2,7 millones de personas. Prorrogar estos contratos, como hicimos con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, es un freno de seguridad. Una medida constitucional para detener las subidas y dar un respiro a cientos de miles de familias.

La segunda medida también es de puro sentido común: poner fin a la compra y tenencia de viviendas con fines especulativos. Los grandes fondos de inversión están adquiriendo cientos de miles de casas no para que vivan familias, sino para especular con los precios. Esta práctica es insostenible: estamos permitiendo que el país deje de ser de quienes viven y trabajan en él para convertirse en una aspiradora de dinero hacia grandes fondos internacionales.

Y de forma complementaria a estas dos medidas urgentes, necesitamos reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de vivienda y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1% del PIB anual para acercar nuestro parque público a la media europea.

Cuando millones de personas ven peligrar su vivienda mientras se protege a los rentistas, se rompe el pacto social y se abre la puerta al autoritarismo. La historia lo demuestra: si las instituciones no garantizan derechos, las élites convierten la frustración colectiva en beneficio propio. En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía. No actuar es un lujo que no podemos permitirnos.

El Gobierno progresista tiene sentido cuando sirve para luchar contra la desigualdad, cuando tiene la vocación de mejorar la vida de la gente en nuestro país. Ese es nuestro compromiso y por eso vamos a seguir trabajando."

(Yolanda Díaz, Ernest Urtasun,  Mónica García,  Pablo Bustinduy, Sira Rego, El País, 14/01/26)

2025, el año de la vivienda impagable... La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda... La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año... Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda (Martín Cúneo)

"A finales de 2024, la vivienda se convirtió en el principal problema de la población según el CIS y así se mantuvo durante todo 2025. En el último barómetro de diciembre, el 39,9% de la población consideró que la vivienda era un problema de primer orden, y el 19% la definió como “el principal problema” de España. La migración, que la extrema derecha insiste en presentar como una amenaza, aparece en un distante 3,7%.

Los datos avalan esta preocupación generalizada. En 2025, el precio de la vivienda ha aumentado un 13,1% según los datos de la sociedad de tasación Tinsa. Unas cifras que se elevan hasta el 19,6% en la Comunidad de Madrid y el 15,9% en el País Valencià. Según esta agencia, el año terminará con un volumen aproximado de 550.000 compraventas, todavía 200.000 por debajo de las cifras de 2007. Aún así, con cerca de 60.000 ventas mensuales, los datos triplican los de los últimos 15 años. Según Idealista, el precio de la vivienda ha superado el pico previo al estallido de la burbuja inmobiliaria: en 2007, el metro cuadrado en España llegó a los 2.100 euros; en noviembre del 2025, ya había superado los 2.600. En Madrid y Barcelona, el precio es el doble: comprar un piso de 80 metros cuadrados cuesta más de 450.000 euros de media.

En 1987, un joven necesitaba tres años de sueldo para comprar un piso. En 2025, según el Banco de España, un joven necesitaría 14 años de salario completo. “Matemáticamente es imposible que los jóvenes, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga compren un piso”, señalaba el investigador y activista Javier Gil.

Pese a las semejanzas, también hay grandes diferencias con respecto a la anterior crisis de vivienda. Una de las principales es que en 2025 la mitad de las transacciones se realizó con pagos al contado, sin necesidad de hipoteca, un desembolso a tocateja solo al alcance de empresas, sectores de renta media-alta o con una alta capacidad de ahorro familiar.

El sector inmobiliario se resiste a hablar de pinchazo o de burbuja, aunque admite que el mercado está en “un escenario de demanda próxima a máximos”. Esto no quiere decir que el precio de la vivienda vaya a bajar, predicen desde Tinsa, sino que crecerá de forma más moderada, entre un 5% y un 10% en 2026.

Esta “desaceleración” también se ha comenzado a observar en el mercado del alquiler, con un alza interanual del 0,7% en noviembre, la más baja de los últimos 46 meses, según Fotocasa. Esta inmobiliaria habla de la “subida más moderada del año”, de un “posible punto de inflexión” y de un mercado del alquiler que “podría estar cerca de alcanzar su punto máximo” después de años de cifras récord.

Fotocasa pronostica que este cambio de tendencia puede ofrecer “un respiro en plena crisis de sobreprecios”, aunque a continuación reconoce que un piso de 80 metros cuadrados en Barcelona cuesta de media unos 1.752 euros mensuales y en Madrid unos 1.652 euros.

La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda que participaron en sucesivos gobiernos de coalición. Frente a la inacción de los distintos gobiernos, el movimiento de vivienda ha sabido reaccionar con gigantescas manifestaciones y algunas grandes victorias en las calles, los juzgados y en las instituciones.

La gran manifestación del 5 de abril y lo que vino después

El 5 de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades del Estado español para reclamar por el derecho a la vivienda, la última gran movilización del ciclo de protesta que se inició en abril de 2023 con las grandes marchas contra la turistificación y la especulación inmobiliaria. En Catalunya, cinco días después de la manifestación en Barcelona, que reunió a más de 100.000 personas, el Gobierno del PSC llegó a un acuerdo con ERC, Podem y las CUP para aprobar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una normativa impulsada por el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) que pretende tapar uno de los principales agujeros que dejó la ley de vivienda de 2023. El 18 de diciembre, el Parlament catalán aprobó la ley por la que los alquileres de temporada y de habitaciones deben cumplir los topes de precio de las zonas tensionadas y respetar los derechos de los inquilinos recogidos en la ley estatal de alquileres.
Qué pasa con la ley de vivienda

Catalunya es la comunidad donde más lejos ha llegado la aplicación de la ley de vivienda, con 271 localidades reconocidas como tensionadas. En este territorio, los precios del alquiler regulado bajaron el primer año un 4,7%, según el Institut Català del Sòl (Incasol). En la ciudad de Barcelona, la reducción del precio llegó al 8,9%. Sin embargo, estas cifras muestran solo una parte de la realidad: no incluyen los alquileres de temporada y por habitaciones, que no están regulados por la ley de vivienda. Y esto es un problema, porque este tipo de contratos se disparó tras la aplicación de los topes a los precios: en noviembre de este año ya suponían uno de cada cuatro nuevos contratos en Barcelona. En 2026 se verá el resultado de la entrada en vigor de las nuevas leyes que quitan incentivos a los contratos temporales o por habitaciones —por ahora solo en territorio catalán— y obligan a regularizar los alquileres turísticos.

Además de Catalunya, en 2025 decenas de localidades de otras comunidades se sumaron al listado de zonas de alquiler tensionado. En Navarra, el 30 de julio se unían Iruña, Tudela, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Mayor, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Uharte, Berriobeiti, San Adrián y Azkoien.

También en julio, la ciudad gallega de A Coruña era declarada zona tensionada y se convertía en la única localidad que ha conseguido obtener el visto bueno de una autoridad autonómica en manos del PP para aplicar los topes de precio de la ley de vivienda.

El 31 de octubre de 2025, también se declaraban como zonas tensionadas los municipios de Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria-Gasteiz. Se sumaban así a otros municipios del País Vasco que ya habían concluido los trámites para establecer topes a los precios del alquiler, como es el caso de Donostia, Galdakao, Lasarte-Oria, Zumaia, Irun y Errenteria.

En febrero de 2025, el Gobierno de Asturias (PSOE-IU) anunció que se tramitaría “inmediatamente” la declaración de 16 zonas tensionadas en los concejos de Gijón, Avilés, Llangréu, Llanes, Gozón y Cabrales. A finales de año, esta declaración, que dejaría fuera Oviedo y la mayoría de Gijón —solo dos barrios de esta ciudad serían declarados tensionados—, todavía no tiene fecha aunque se espera para mediados de 2026.
El boicot autonómico, sí, pero no solo

La declaración de A Coruña como zona tensionada es una excepción incluso dentro de Galicia, donde la Xunta ha impedido la misma tramitación para Santiago de Compostela. Las solicitudes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Parla y Ciempozuelos en la Comunidad de Madrid o Las Palmas de Gran Canaria han sido desestimadas por los Gobiernos autonómicos del Partido Popular. Tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía, el País Valencià, Baleares, La Rioja, Extremadura y la Región de Murcia han rechazado de raíz la aplicación de los topes a los precios del alquiler. Grandes manifestaciones, como la del 9 de febrero en Madrid, mostraron el rechazo ciudadano al boicot del PP a la ley de vivienda. Pero el boicot también ha venido del Gobierno socialista de Castilla La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, quien ha criticado en numerosas ocasiones el “intervencionismo” de la ley de vivienda.

Las competencias transferidas a las autonomías han dificultado o impedido la aplicación de la ley de vivienda, pero las principales organizaciones sociales —la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas barriales— también han acusado al PSOE central y al Ministerio de Vivienda de lentitud, medidas insuficientes, inacción o, incluso, de operar en favor de los intereses de los fondos de inversión y el lobby inmobiliario. 

De la Sareb a Casa 47

La ley de vivienda suspendía los desahucios de familias vulnerables entre dos y cuatro meses hasta que se encontrara una alternativa habitacional. La falta de parque público —actualmente el 3,4% del total de viviendas— es el principal obstáculo para que los artículos que hablan de desahucios en ley de vivienda se puedan aplicar.

El 9 de diciembre iniciaba su andadura la empresa pública estatal de vivienda, bautizada Casa 47, con un patrimonio de 40.000 pisos, la mayoría de ellos traspasados de los restos de la Sareb y también de los Ministerios de Defensa e Interior. También contará con 2.400 suelos con capacidad para construir otras 50.000 viviendas. 

La creación de una entidad pública con el patrimonio de la Sareb se había convertido en una de las principales reivindicaciones del movimiento de vivienda y de los partidos de la izquierda parlamentaria que sostienen al PSOE en La Moncloa. Sin embargo, el hecho de que el traspaso se haya realizado cuando ya se había vendido la mayoría de las viviendas del banco malo y que no haya un plan ambicioso y realista para levantar un parque público equiparable al de países vecinos ha generado una ola de críticas.

Esta falta de ambición se evidenció en el Plan de Vivienda 2026-2030, que apenas cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros, una cifra equivalente al gasto militar comprometido en el Consejo de Ministros del 18 de noviembre de 2025. Con los precios actuales de construcción, ese presupuesto serviría para construir entre 30.000 y 50.000 pisos. Un volumen insignificante en comparación con el millón de viviendas públicas que se necesitan para acercarse a la media europea. Aunque la inversión llegue a los 16.000 millones de euros, tal como afirman fuentes del Gobierno, el objetivo de llegar al 9% de parque público seguiría igual de lejos.
El Ministerio de Vivienda, en cuestión

La medida estrella del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez frente a la explosión de los pisos turísticos, los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido el Registro Único de Contratos de Corta Duración, una iniciativa exigida por la UE que entró en vigor el 1 de julio y no ha demostrado por ahora efectos en la contención de estos tipos de contratos. Otras iniciativas del Ministerio, como una línea telefónica de atención a la ciudadanía con problemas de vivienda o campañas de comunicación de dudoso tacto, han terminado en escándalo y peticiones de dimisión por parte de Podemos, algunos cargos de Sumar y las organizaciones de vivienda. 

El Ministerio de Vivienda no solo ha sido acusado por estos actores de inacción y de apostar por leyes ineficaces, sino también por apoyar medidas que criminalizan a los sectores más perjudicados por la crisis de vivienda. En marzo de 2025, el PSOE dio sus votos para la tramitación de una ley propuesta por Junts que agilizaba los desahucios exprés en determinados casos de ocupaciones. A principios de diciembre, tras la ruptura de Junts con el Gobierno, el PSOE posicionó el apoyo parlamentario a esta medida como una de las posibles concesiones para destrabar el apoyo de los nacionalistas catalanes. Otras medidas defendidas por el Gobierno y el Ministerio de Vivienda, como la línea de crédito ICO para financiar el 20% de las hipotecas a jóvenes, han sido criticados por la izquierda parlamentaria y el movimiento de vivienda como contraproducentes por su efecto inflacionario —ya que inciden en el aumento de los precios— y discriminatorio, ya que solo beneficia a las rentas más altas que pueden permitirse acceder a una hipoteca.
Consumo, la demostración

La inacción o complicidad del Gobierno con los intereses de los fondos de inversión, grandes propietarios e inmobiliarias ha tenido una excepción: el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar). El trabajo de denuncia de los sindicatos de inquilinos y organizaciones de consumidores contra inmobiliarias que cobran honorarios a los inquilinos sirvió de impulso para que el 30 de octubre el Ministerio de Derechos Sociales multara con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. Una multa histórica que pretende terminar con una larga historia de impunidad de caseros e inmobiliarias que se saltan la ley de vivienda y que sienta un precedente para actuar contra otras empresas intermediarias que cometen estos y otros abusos contra los arrendatarios.

La apuesta del Ministerio de Bustinduy por buscar resquicios para actuar contra los abusos inmobiliarios volvió a dar resultado pocas semanas después, cuando anunció el 15 de diciembre una multa de 64 millones de euros contra Airbnb por ofertar viviendas turísticas ilegales.
 

Las victorias que vienen de abajo

2025 ha sido un año recorrido por decenas de luchas por la vivienda en diferentes rincones del Estado. Muchas de ellas han finalizado con importantes conquistas. La primera de ellas fue el desenlace de la larga lucha de la Casa Orsola en Barcelona, convertida en símbolo de lucha de los inquilinos contra los fondos buitre que expulsan a los vecinos para convertir sus pisos en lucrativos alquileres temporales. El 7 de febrero, el Sindicat de Llogaters conseguía que el Ayuntamiento de Jaume Collboni anunciase la compra del edificio, una operación que fue calificada por el Sindicat como una “victoria”, la demostración de que “cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar”.

En julio, el Sindicato de Inquilinos, esta vez de Madrid, conseguía otra “victoria histórica y pionera” al ganar el juicio contra el fondo de inversión Nestar/Azora. Tras un año de lucha, una huelga de alquileres que juntó a más de mil familias y meses de juicio, los vecinos del bloque de Martín Muñoz de las Posadas, en Vallecas (Madrid), conseguían que la Justicia reconociera como abusivas seis de siete cláusulas incluidas en los contratos de alquiler de las vivienda gestionadas por este fondo de inversión.

La otra gran huelga de alquileres en el Estado español también ha tenido un final feliz. Se trata de la lucha de miles de inquilinos de la Fundación La Caixa en Catalunya, a quienes el banco pretendía echar de sus casas, construidas con dinero público, para ser privatizadas a medida que finalizaba la protección. El 27 de octubre, conseguían una primera victoria: el Govern anunciaba la compra de tres promociones de La Caixa, una decisión que permitiría que 170 familias se quedaran en sus pisos. Y un mes después, se ampliaba la compra de bloques hasta beneficiar a 1.700 hogares. “Esta victoria demuestra que la huelga de alquileres funciona y que la organización de las inquilinas es la única garantía para defender el derecho a la vivienda”, señalaron desde el Sindicat de Llogaters.

La acción de la Plataforma de Afectado por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas y sindicatos de vivienda barriales han conseguido detener, además, cientos de desahucios, entre ellos los de Mari Carmen, mujer de 87 años que un fondo buitre pretendía expulsar de su casa en Madrid, o el de seis familias en María Guerrero 1 (Carabanchel, Madrid) tras cuatro horas de cerco policial.

Además, el año ha dejado dos propuestas de confluencia y trabajo conjunto dentro del movimiento de vivienda. La primera fue la creación, en febrero de 2025, de una confederación catalana de organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda. La Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya agrupa a buena parte de las asambleas de vivienda de barrios, pueblos y ciudades catalanes, al Sindicato de Llogateres, diversas asambleas de la PAH y otras redes y colectivos de vivienda de todo el territorio catalán.

La segunda iniciativa es la celebración del I Congreso Estatal de Sindicatos de Inquilinas, que reunió a organizaciones de arrendatarios de Madrid, Catalunya, Málaga, Asturias, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Segovia, Almería o Logroño.

Qué se puede esperar de 2026

La crisis de la vivienda no es exclusiva de España, sino que atraviesa buena parte de las sociedades de los países de la OCDE. Diversos estudios académicos han señalado el vínculo entre esta crisis con el auge de la extrema derecha en todos estos países. De hecho, se ha convertido en uno de los temas estrella de los partidos ultra. En España, el cambio de discurso de Vox, representado por el ascenso de Carlos Quero como portavoz del partido, ha puesto la crisis de vivienda en el centro del debate pero culpando de los problemas del precio y de la pérdida de identidad de los barrios a la migración y a los sectores más pobres expulsados de la vivienda por unos precios imposibles. El desalojo de 400 migrantes en Badalona, el pasado 16 de diciembre, o los procesos de desalojo del Convento de Agustinas en el Parque de Aranzadi y la Ikastola Jaso —ambos en Iruña/Pamplona—, del asentamiento en Zorrotzaure en Bilbao y el antiguo colegio de Agustinos en el barrio donostiarra de Martutene evidencian la instalación de los discursos racistas y de criminalización de la población más precaria.

2026 será el año clave en esta crisis de vivienda 2.0. La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año. Aunque se consiga superar la oposición frontal de Junts, la ley no serviría por sí sola para bajar los precios ni para solucionar los problemas de oferta en lo que queda de legislatura.

Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda. Queda por ver si la espiral de precios ha llegado a un máximo, si espera una corrección o un nuevo pinchazo. Lo que sí parece claro es que si el centro y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad en las siguientes elecciones generales, tienen que dar respuesta a la principal preocupación de la población que vive en España."

(Martín Cúneo , El Salto, 31/12/25)

El contrato de alquiler indefinido es una buena idea... Funciona en media Europa, y hay que preguntarse: ¿por qué no puede funcionar en España? El problema de fondo es un diseño de Estado que deja en manos del mercado una necesidad tan importante y fundamental como es el acceso a la vivienda. El dilema no es regular o desregular, no es intervenir o no intervenir; siempre se regula, siempre se interviene por activa o por pasiva. El problema es un Estado trabajando para beneficio del mercado. Así pues, si el origen de esta crisis es política, la solución también debe ser política... ya es hora de que se incorpore a la discusión pública la introducción de una modalidad de contrato extendido y normalizado en muchos países de nuestro entorno, como pueden ser Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Bélgica, Países Bajos o Finlandia: hablamos del contrato de alquiler indefinido... no se habla de reflotar la renta antigua, ya que el contrato indefinido no se puede heredar. Cada año, la renta se actualiza según el índice del INE, existen causas establecidas para que el arrendador, en el caso de ser persona física, pueda recuperar la vivienda... un contrato indefinido de alquiler aporta tranquilidad, seguridad y estabilidad... es, de facto, una regulación de precios, y un freno a las operaciones especulativas porque convierte a la vivienda en un lugar para vivir... Con un contrato indefinido, Ana Botella e Ignacio González no podrían haber vendido viviendas públicas a fondos buitre. No sería posible la operación de fondos buitre con las viviendas de protección en Torrejón o Getafe. No sería posible la operación especulativa del fondo del primo de Aguirre en Tribulete7. ¿Y por qué no sería posible? Porque no se puede echar al inquilino para montar pisos de lujo, para montar viviendas turísticas o para doblar el precio del alquiler... el alquiler indefinido cohesiona a la sociedad, genera barrio, construye comunidad y regenera los vínculos de la vecindad (Jorge Moruno)

 "Los problemas en el acceso a la vivienda son ya la principal preocupación de los españoles. Hablamos de un problema que afecta de manera transversal a amplias capas de la población, especialmente a la más precarizada y con menos recursos, pero no solo, porque es una mancha que se extiende por toda la sociedad. Los problemas derivados de la vivienda representan el principal factor de fractura social y de desigualdad que desgarra y lastra proyectos vitales, que congela la formación de familias, que rompe los vínculos comunitarios y también amenaza a la economía y la productividad. La vivienda es la clave de bóveda que concentra todos los grandes males que sufre nuestro país.  

La palabra crisis significa “separar” o “decidir”. Crisis es un término médico que hace referencia a ese punto crucial de una enfermedad donde todo se separa y se decide entre mejorar o empeorar, entre la vida y la muerte. Por eso es importante que, en momentos de crisis, se realice la crítica, es decir, el análisis de la situación para poder emitir un juicio y así establecer un criterio, esto es, un razonamiento adecuado para encontrar soluciones. Crisis, crítica y criterio comparten la misma raíz etimológica. Una crisis nos obliga a pensar y analizar para ofrecer un razonamiento que nos permita salir con vida.

Hoy, nuestro país vive una crisis de vivienda que requiere de una crítica y un criterio que nos permita salir airosos de la situación. La crisis de la vivienda no se debe, como pueden pensar algunos, a que no se deja operar libremente al mercado y se le ponen trabas, pero tampoco se debe, como piensan otros, a que el mercado tenga fallos que deban ser atendidos. La crítica es más estructural: el problema de fondo es un diseño de Estado que deja en manos del mercado una necesidad tan importante y fundamental como es el acceso a la vivienda. El dilema no es regular o desregular, no es intervenir o no intervenir; siempre se regula, siempre se interviene por activa o por pasiva. El problema es un Estado trabajando para beneficio del mercado.

Así pues, si el origen de esta crisis es política, la solución también debe ser política: si, como salida de la crisis, decidimos caminar hacia un país donde el acceso a la vivienda sea fácil, seguro y barato, el criterio a seguir debe ser convertir a la vivienda en un derecho. Sabemos que una política de vivienda exitosa no puede reducirse a una medida mágica que, por sí sola, sea capaz de resolver un problema poliédrico que abarca numerosos aspectos. Necesitamos pensar de manera holística para plantear el horizonte hacia el cual queremos caminar.

Cada pequeño paso que se da, cada medida que se propone, debe estar encuadrada dentro de una visión más amplia y de un modelo que defina claramente cuál es el papel de la vivienda en la sociedad. Las cosas se hacen con un sentido; esto es, con arreglo a un fin y a un modo de entender el orden social. Hay que invertir mucho dinero durante mucho tiempo, hay que legislar, hay que promover la colaboración público-social con asociaciones sin ánimo de lucro y de lucro limitado, hay que dotarse de instrumentos financieros, hay que regular los precios y hay que frenar las operaciones especulativas. Hay que hacerlo todo al mismo tiempo y por todos los medios.

El objetivo es claro: aumentar la oferta de vivienda pública, aumentar la oferta de vivienda protegida del mercado, y también garantizar la seguridad residencial en el ámbito del alquiler privado. Esto es un código binario: si hay especulación, no hay acceso a la vivienda, y cuanto más rentable sea la vivienda, menos asequible será. Se ha discutido mucho en torno a la regulación de precios en el alquiler privado; ya es hora de que se incorpore a la discusión pública la introducción de una modalidad de contrato extendido y normalizado en muchos países de nuestro entorno, como pueden ser Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Bélgica, Países Bajos o Finlandia: hablamos del contrato de alquiler indefinido. El verdadero alquiler seguro, el verdadero tranquiler. Todos estos países, ¿también son franquistas?

En cualquier caso, no se habla de reflotar la renta antigua, ya que el contrato indefinido no se puede heredar. Cada año, la renta se actualiza según el índice del INE, existen causas establecidas para que el arrendador, en el caso de ser persona física, pueda recuperar la vivienda, y si el arrendador invierte en reformar y rehabilitar la vivienda, puede llegar a subir el precio hasta un 20% como máximo, aunque dependiendo de la aportación hecha.

Con el alquiler ocurre algo similar a lo que sucede con el trabajo. Quienes consideran que se facilita la contratación bajando salarios, reduciendo la indemnización por despido y precarizando las condiciones laborales, entienden que es bueno que suban mucho los precios del alquiler y que la duración del contrato dure poco tiempo. En ambos casos, se apuesta por la inestabilidad, la incertidumbre y la inseguridad.

Un contrato indefinido de alquiler es una buena noticia por varias razones:

En primer lugar, un contrato indefinido de alquiler aporta tranquilidad, seguridad y estabilidad. Como todos sabemos, las subidas disparadas en el precio del alquiler se dan al finalizar el contrato; por ese motivo, cuanto menos dura un contrato de alquiler, antes se dispara el precio del mismo. La finalización del contrato es la principal razón por la que se producen rotaciones y mudanzas involuntarias, ya que la subida en el precio de alquiler hace inasumible el coste.

Esta inseguridad permanente e incertidumbre en el tiempo impide forjar un hogar, asentarse y hacer planes en el medio y largo plazo. Pero el contrato indefinido no solo le ofrece estabilidad al inquilino, también se la ofrece al pequeño casero al garantizarle ingresos continuados en el tiempo y una reducción de las rotaciones.

Pongamos que hablo de Madrid. Lo que le perjudica al pequeño casero es la política que coloca a Madrid a la cabeza de España en desigualdad de ingresos. Le perjudican las políticas que dificultan el acceso a la vivienda, donde ya 15 de cada 100 madrileños sufren retrasos con los pagos de gastos relacionados con la vivienda habitual. Le perjudican las políticas que abandonan y reducen el parque de vivienda pública para no ofrecer alternativa habitacional a los inquilinos precarios.

En segundo lugar, un contrato indefinido de alquiler es, de facto, una regulación de precios mientras se permanece en la vivienda. Estabilizar el precio permite aumentar el ahorro y la renta disponible de las familias y también ayuda a mejorar la economía. La estabilización de los precios y la certeza en el medio-largo plazo permite aumentar la capacidad de ahorro, que, a su vez, es uno de los principales problemas para quienes desean comprar una vivienda. También aumenta la renta disponible, es decir, aumenta el dinero en el bolsillo, ya que menos parte de su salario se acaba yendo por el sumidero de la economía rentista, lo cual ayuda a dinamizar la economía local porque ese dinero, en lugar de irse en el alquiler, se ahorra o se gasta.

En tercer lugar, el alquiler indefinido es un freno a las operaciones especulativas porque convierte a la vivienda en un lugar para vivir. Con un contrato indefinido, Ana Botella e Ignacio González no podrían haber vendido viviendas públicas a fondos buitre. No sería posible la operación de fondos buitre con las viviendas de protección en Torrejón o Getafe. No sería posible la operación especulativa del fondo del primo de Aguirre en Tribulete7. ¿Y por qué no sería posible? Porque no se puede echar al inquilino para montar pisos de lujo, para montar viviendas turísticas o para doblar el precio del alquiler. La vivienda solo se puede usar para vivir en ella. Las personas físicas pueden recuperar la vivienda cuando quieran, dentro de los supuestos que establece la ley: para uso propio, para familiares, por impago o por uso indebido del inmueble.

En cuarto lugar, el alquiler indefinido cohesiona a la sociedad, genera barrio, construye comunidad y regenera los vínculos de la vecindad. Frente a las políticas disolventes de las ciudades, la política del arraigo y de echar raíces. El alquiler indefinido inaugura otra manera de habitar en el espacio, lo cual implica otra manera de ser en el tiempo. Habitar, habitación y hábitat comparten la misma raíz que significa perseverancia en el tiempo, hacer algo de manera reiterada: el alquiler indefinido permite hacer algo de manera reiterada en el tiempo sin miedo al mañana.

Nunca más una familia obligada a cambiar de colegio a su hijo porque se dispara el precio del alquiler, nunca más una mudanza involuntaria, nunca más barrios sin vecinos, nunca más consumir ansiolíticos por culpa del alquiler, nunca más dejarte el sueldo en el alquiler. Una pequeña modificación normativa supone un gran cambio en la vida de la gente: no cuesta dinero, es una cuestión de voluntad política y solo encuentra un opositor: quien pretenda especular de manera obscena con la vivienda. Funciona en media Europa, y hay que preguntarse: ¿por qué no puede funcionar en España?" 

(Jorge Moruno , blog,  05/12/25)