"La censura y control sobre la educación pública, plural, democrática e
inclusiva es una estrategia que los grupos fascistas han venido y vienen
haciendo en todos los países del mundo. (...)
Con ello consiguen cuestionar y desprestigiar la educación pública por
su capacidad de formar en valores democráticos y favorecer la igualdad
social, acusándola de adoctrinar; centrar el debate en la prioridad de
la decisión individual del progenitor (moral privada o religiosa y
“libre selección”) frente al derecho del menor (ética pública y bien
común); atacar el modelo de escuela pública sembrando la sospecha sobre
la labor del profesorado y socavando la relación de confianza entre la
familia y la escuela; impulsar el miedo (o, al menos, la prevención) del
profesorado de la pública que empieza a sentirse acosado y amenazado;
judicializar la escuela pública y cuestionar su labor educativa
integral, vía denuncias contra profesionales y centros (...)
Esta estrategia, difundida en España por el grupo fascista VOX, a
través del que ya muchos denominan “PIN Neandertal”, tiene un largo
recorrido. Es un clásico de la manipulación de los sistemas
autoritarios, presentando el control y la censura como un paternal
ejercicio de “protección de los menores”, incluso de sí mismos.
Con los
mismos esquemas, con las mismas falsas imágenes, con las mismas fake news
o mentiras y con los mismos vídeos, que se difunden en redes sociales y
grupos familiares de WhatsApp, donde niños y niñas “encantadores”,
desde Costa Rica a España, piden que en el colegio se dé matemáticas y
en casa se eduque en valores.
Son las estrategias de “lawfare” (guerra jurídica contra la democracia) (...)
Una de las primeras medidas de Bolsonaro, cuya ministra de familia
declaraba “las niñas de rosa y los niños de azul”, fue combatir la
educación en el respecto a la diversidad y contra el bullying
homofóbico, denominándola “kit gay”, utilizando para ello ‘fake news’,
en donde aseguraba que se pasaban películas porno gay en las escuelas.
La versión brasileña de este pin fue “Escuela sin partido”
que, según el militar, pretendía “acabar con la prevalencia de ideas de
izquierda en las aulas”, persiguiendo las ideas del gran pedagogo Pablo
Freire y estimulando a que los estudiantes grabaran las clases y
denunciaran a los profesores y profesoras que ellos considerasen que
cometían el delito de ‘adoctrinamiento ideológico’.
Dado que en España no pueden imponer este adoctrinamiento de una
forma directa, por ley como en Brasil o Bolivia, han optado por una vía
indirecta, el lawfare educativo: el acoso vía judicial (...)
Exigen una censura educativa previa, un nihil obstat propio
del nacional catolicismo de la dictadura franquista, para controlar que
los centros educativos públicos y los profesionales cualificados que en
ellos educan, no aborden “temas controvertidos”.
Lo cual, traducido en sus categorías, significa que el profesorado no
cuestione la homofobia, que no critique el racismo o la desigualdad,
pero que, por el contrario, las clases de religión sigan adoctrinando en
catolicismo, o que se promueva desde las administraciones educativas
neoconservadoras el militarismo o “jurar bandera” en los colegios, etc. (...)
Es su discurso del odio trasladado a la educación. El discurso del odio a
la diversidad, a la igualdad, a la justicia y los derechos humanos,
propio del fascismo.
Pero estas campañas de censura educativa tienen una finalidad añadida
que es clave. Sembrar la desconfianza sobre la educación pública.
Buscan cuestionar la labor de los profesionales de la educación, a
quienes acusan de adoctrinar. Profesionales que han accedido a su labor
docente por oposición, tras una formación universitaria certificada
(excepto los catequistas, que imparten todavía religión en todos los
centros, y son elegidos a dedo por los obispos). Este acceso garantiza
la diversidad de personas, de creencias y de ideologías que pueblan la
escuela pública y que trasladan la diversidad social en la que va a
convivir el alumnado.
Pero consideran que en la educación pública hay demasiada diversidad,
excesivo pensamiento crítico, mucha falta de “vigilancia y control”
sobre el profesorado, según ellos. Por eso, siguiendo la doctrina del lawfare educativo
ultraderechista, también incitan a niños y niñas para que graben a sus
docentes, de cara a denunciarlos. Quiere censurar la labor e instaurar
la vigilancia permanente de los profesionales de la educación pública.
Persiguiendo y demandando judicialmente quienes no se dobleguen a su
delirio.
Lo cual es un atentado no solo contra la autonomía de los centros
educativos sino, también y especialmente, respecto a la libertad de
cátedra de los docentes, que es un derecho fundamental recogido en la
Constitución. (...)
La educación pública está en manos de profesionales expertos y los
contenidos esenciales del currículum los definen la comunidad social y
educativa, a través de sus representantes públicos en el parlamento. No
es cada padre o madre quien tiene que decidir el currículo académico,
porque la educación está reglada y no está sometida a caprichos o
decisiones individuales. (...)
