“Una cosa es que la escuela pública no sea una escuela "nacional", en el sentido de ignorar las diferencias territoriales o lingüísticas o de imponer criterios políticos, y otra que pueda convertirse en escuelas "nacionalistas", excluyentes de todo lo que ayude a consolidar un Estado común al servicio de los ciudadanos. ¿Puede hacer algo el Gobierno para impedir esos peligros? Mejor aún, ¿quiere hacer algo al respecto? ¿Ha renunciado ya al concepto de escuela pública y se limita a garantizar una enseñanza gratuita? Conste que no es lo mismo, en absoluto, y que con excepción de Bélgica y Holanda, todos los países de nuestro entorno, Estados Unidos incluido, dan prioridad al cuidado de su red de escuelas públicas, sin renunciar nunca a vertebrar el país a partir de ese concepto.
En España, los expertos advierten de que uno de los mayores peligros que afronta la escuela pública es su marginalización, su conversión en el lugar donde se escolariza a los alumnos con especiales necesidades educativas: inmigrantes, gitanos, y en definitiva los más pobres e ineducados de la escala social. Un reciente y gran estudio del Colectivo Lorenzo Luzuriaga advierte de que ese fuerte proceso de deterioro está poniendo claramente en entredicho el futuro de la red.
En Madrid, según van llegando alumnos inmigrantes a la escuela pública, se impulsa la creación de escuelas concertadas a donde se van trasladando los alumnos españoles, o con familias que tienen mayores recursos y mayor nivel educativo. (…)
Luego algunos dirán que el problema es la inmigración ilegal. El problema, como siempre, es la falta de seriedad a la hora de afrontar los derechos ciudadanos” (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: Asuntos por los que votamos. El País, ed. Galicia, Opinión, 06/06/2008, p. 24)
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