"(...) Hoy, paradójicamente, algunos de los equipos más punteros del estudio
del cannabis en el mundo se encuentran en España, donde, por contra,
su uso medicinal y lúdico está prohibido.
Y ni el Gobierno saliente ni los anteriores han dado nunca la menor
muestra de pretender regularlo. Jamás ha habido una masa crítica de
presión política. Ni movilizaciones en la calle. Ni consenso social. Ni
liderazgo.
Una subcomisión parlamentaria propiciada por Ciudadanos y
Podemos para promover su regulación ha agonizado en el Congreso antes de
nacer. Y mientras, las cosas han comenzado a moverse a nivel mundial.
La marihuana está saliendo del armario.
Sigue siendo una desconocida. Apenas desde los sesenta (gracias al
químico israelí Raphael Mechoulam) sabemos que en su estructura dominan
dos principios activos: el THC (responsable del colocón) y el CBD (que
no es psicoactivo, no
sube, pero
atesora multitud de aplicaciones terapéuticas).
“El equilibrio entre ambos es clave para el bienestar del consumidor.
Por ejemplo, para no padecer brotes psicóticos, que pueden ser el mayor
peligro de esta planta, que, sin embargo, no mata por sobredosis, como
la morfina”, explica Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica en la
Universidad Complutense de Madrid y un número uno global del cannabis.
“Cuando lo consumes, es importante saber qué estás tomando, de qué
variedad, en qué cantidad y conocer su trazabilidad. Y qué efectos
secundarios e interacciones tiene. Y eso se logra con una regulación
estricta; con un producto estándar, seguro, controlado y bien envasado y
etiquetado. Y de calidad farmacéutica. En España existe un mercado
normalizado en torno al cannabis. Pero
está desregulado porque es ilegal.
Es la ley más infringida de nuestro país. Y eso es muy peligroso para
el que lo adquiere en el mercado negro. Y no sabe lo que toma. Yo hablo,
por ejemplo, de los pacientes. De 120.000 personas en España con
esclerosis múltiple, epilepsia, cáncer o dolor crónico que se lo
autoadministran. Y de los miles que aspiran a hacerlo. Necesitan lo
mejor. Y se les está negando. Pero se les recetan opioides. Que matan”.
Lo que tampoco conocía este periodista es que en torno a la imparable
legalización de su uso medicinal y recreativo (principalmente en Canadá y
Estados Unidos, pero con un creciente uso terapéutico en la UE, desde
Italia a Portugal y Alemania) ha surgido un suculento negocio global que
prevé mover en 2025 unos 50.000 millones de euros en todo el mundo. Y
5.000 millones en España.
Alrededor de ese cuerno de la abundancia se
está creando una industria que en cinco años ha pasado de la ilegalidad y
las rastas a cotizar en Bolsa con capitalizaciones superiores a las de
muchos valores del Ibex 35. Y donde las grandes corporaciones de la
distribución, alimentación, bebidas, tabaco, fármacos, software, biotecnología y fertilizantes, desde Coca-Cola hasta Philip Morris o Pernod, están tomando posiciones.
Nadie se quiere perder la fiebre del oro verde. Ya no hablamos de camellos trapicheando maría casera o chocolate culero,
sino de un nuevo sector económico, entre la industria médica, la del
ocio y la del bienestar, que ya cuenta con 75 millones de consumidores
legales (la ONU calcula el número de consumidores habituales en algo más
de 200 millones) y empieza a disponer de genetistas, químicos,
logísticos, contables, abogados, comunicadores, lobbies y fondos de inversión. Olvídense de los fumetas; desembarcan las corbatas.
Puro
business. Todo está por hacer. Para empezar, satisfacer
la demanda. El punto más débil del nuevo negocio. Al igual que la
carencia de equipos de gestión. Y de profesionales con habilidades en
cada escalón del proceso, agrícola, industrial y comercial. Las
proyecciones de beneficio asimilan los ingresos del negocio de la
marihuana cuando alcance su madurez al de la industria cervecera. Los
financieros dicen que es la mayor disrupción en el mercado
desde el nacimiento de Amazon.
En el redescubrimiento científico de esta planta, el cambio de
percepción de la sociedad hacia su uso y su boom económico, ha sido
clave la autorización hace tan solo cinco meses de su consumo en Canadá.
Es el primer Estado en regularlo en su conjunto (medicinal y
recreacionalmente) tras Uruguay (que lo hizo en 2013). Con una
diferencia: Canadá, icono de progresismo y modernidad, tiene uno de los
mayores PIB del mundo, forma parte del G 8, cuenta con una población de
37 millones de habitantes (de los que 5 millones consumen cannabis) y
una cifra de negocio en torno a la marihuana que ya supera los 6.000
millones de euros.
Su modelo de regulación es más liberal, más enfocado
al negocio y la captación de impuestos (que representan la mitad de la
facturación) que el estatista uruguayo.
El modelo capitalista también domina en EE UU, donde en 33 Estados ya es legal su uso medicinal, y en 10, además de en Washington DC, el lúdico (también denominado
adulto). Hoy, el cannabis emplea a 160.000 personas en EE UU.
Canadá no ha perdido el tiempo. Siguiendo el modelo de Noruega en el
sector del petróleo. Ya no se trata de bombear crudo o cultivar millones
de plantas, sino de crear una industria. “Tener el conocimiento y las
patentes (ya hay más de 600 en este negocio)”, como afirma Eduardo
Muñoz, catedrático de Inmunología y fundador de VivaCell, una pequeña
empresa cordobesa de biotecnología que investiga las capacidades
farmacológicas del cannabis en dolencias neurodegenerativas. Esta
compañía ha sido adquirida por Emerald, una multinacional canadiense de
la marihuana.
Canadá se ha hecho con el control del negocio.
Ha alumbrado en un lustro una veintena de corporaciones con una
estructura vertical que cubre todo el proceso del negocio del cannabis,
desde el científico hasta el agrícola, industrial y logístico: desde el
cultivo hasta la recogida, extracción, purificación, manufactura en las
distintas presentaciones (flores secas, aceites y cápsulas de gel) y su
distribución a través de los dispensarios, farmacias, clubes o páginas
web (también de su propiedad).
Todo en manos de un puñado de multinacionales. Nuevos oligopolios.
Que crean nuevas variedades botánicas rigurosamente registradas (y que
son víctimas incluso del espionaje industrial), adquieren y promueven
cultivos desde Colombia hasta Malta y Grecia, y desde Siria hasta
Portugal, Andalucía o Murcia (sin olvidar China, con plantaciones del
tamaño de 10.000 campos de fútbol), y engrasan su maquinaria para el día
en que se legalice el consumo recreacional en todo el mundo y no solo
el medicinal (que únicamente representa un tercio de los ingresos).
Será el gran pelotazo. En simbiosis con la industria del tabaco y el
alcohol, que cuenta con los canales de distribución; las herramientas de
marketing, publicidad y diseño, y los lobbies para
cabildear entre los políticos. Y sobrevivir. Como han hecho hasta ahora.
Juntos pueden convertir el cannabis en el negocio de la historia.
España se está quedando fuera de juego. “Podríamos ser la gran
plantación de Europa, la California del sur”, sentencia Pedro Pérez,
presidente de la asociación cannábica La Santa, en Madrid, fundada en
2011, una de las más veteranas y más machacadas por la policía.
Especialmente a partir de las sentencias del Tribunal Supremo y el
Tribunal Constitucional entre 2015 y 2018 contra este tipo de clubes de
consumidores de cannabis, que han provocado el cierre de centenares de
ellos. “Sabemos cómo hacerlo; tenemos el sol y la tradición y los
mejores bancos de semillas, y dimos una lección con nuestras
asociaciones, que suponían una apuesta por la regulación responsable,
pero seguimos estancados en la prohibición. Puede ser una ocasión
perdida”.
La empresa más poderosa del cannabis mundial es Canopy,
creada en Canadá en 2014 y con una capitalización bursátil superior a
los 15.000 millones de euros. Tiene como principal accionista a la
estadounidense Constellation, una de las mayores compañías de bebidas
del mundo. Canopy tiene una presencia monopolística en la UE a través de
un abanico de pactos y adquisiciones en España, Alemania, Dinamarca y
República Checa.
A continuación, por valor en Bolsa, Tilray, con
relaciones con la farmacéutica Novartis y participada por la primera
cervecera mundial, Anheuser-Busch InBev. Y detrás, Aurora (la primera
productora de marihuana, con 500 toneladas al año), Cronos (en cuyo
accionariado está Altria, la propietaria de la tabaquera Marlboro) y
otra docena de firmas cuyo valor no baja de la cota de los 1.000
millones. (...)
Ha entrado en juego una nueva raza de profesionales, los breeders,
los criadores, los magos de la alquimia cannábica. Son los más
anhelados por los oligarcas de la industria, que pagan por ellos
fichajes millonarios. Los breeders responden a cada demanda del mercado.
A la del gran público, que busca un producto básico, barato, de
hipermercado, y a la de un consumidor selecto, los sibaritas de la
marihuana, un nicho al que ya se compara con el exquisito sector de las
cervezas artesanales.
“Yo pretendo hacer el Vega Sicilia de la marihuana”, explica Sergio González,
breeder y responsable de la
asociación cannábica Nuestra Señora del Agua, de Zaragoza, y presidente de la plataforma Regulación Responsable, el
lobby por la legalización del cannabis, cuyo inspirador es el abogado madrileño Bernardo Soriano.
Sergio González tiene 35 años y una barba de Rasputín; estudió teleco,
trabajó en Google y cultiva desde los 17. Mientras hablamos, rodeados
de macetas con esquejes de nuevas variedades, fuma rosin, uno de los
extractos más puros del cannabis, con una concentración de THC del 80%.
Capaz de tumbar a un elefante. Lo produce él mismo. “Yo tengo un perfil
comercial. Y trabajo para que esto sea profesional. De cara a la
regulación, tenemos en España los conocimientos que nadie posee.
Procedemos de la ilegalidad, pero somos necesarios”.
—¿Por qué?
—Porque las corporaciones del cannabis necesitan cubrir una demanda
que se les está yendo de las manos. Y no saben cómo hacerlo. Aquí va a
pasar como con las tecnológicas y los hackers, que no contaban
con formación académica, pero tenían interés, pasión, conocimientos
prácticos y se sabían todos los trucos.
Y al final Telefónica y las
otras multinacionales han tenido que contratar a sus viejos enemigos por
una pasta. Eso está ocurriendo con nuestros bancos de semillas de
Barcelona o Málaga, una veintena de firmas (como
Positronics Seeds
o CBD Crew) que han pasado de la alegalidad a facturar entre 10 y 20
millones y representar un tercio del negocio mundial de semillas. España
se puede convertir en el vivero del mundo.
—¿Tanto?
—El 90% de lo que se vende en los coffee shop de Holanda ya
llega de Granada, Almería, Murcia o Cataluña. Y lo de Uruguay se ha
desarrollado aquí. Y en Alemania, que no tiene capacidad de producción,
están esperando nuestra marihuana. Hay inmensos cultivos ilegales en
España. De una docena de hectáreas en Teruel.
Y de 25.000 o 30.000
plantas en laderas de montes y naves abandonadas. Y parejas a las que
les pagan el alquiler y la luz para que cultiven. El negocio está ahí.
Hay que darse prisa. El problema es que se lo queden las farmacéuticas.
Tenemos que crear en España un modelo de economía social que beneficie a
todos y no solo a Wall Street.
¿Cómo debe ser el modelo de regulación del cannabis en España? ¿Debe
basarse en los derechos civiles, o en el negocio puro y duro? Con el
foco puesto en los ingresos fiscales de la industria, un informe de
David Pere Martínez Oró, coordinador de la
Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona,
concluye que el Estado español ingresaría hoy más de 3.300 millones de
euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad
Social. Esa cifra supera el presupuesto en sanidad de Castilla-La
Mancha.
Pablo Iglesias, líder de Podemos, la única formación política que
apuesta por la regulación integral, no accede a retratarse con un porro
en los labios, pero reconoce que se los fumó en sus años universitarios:
“Pero no me sentaba bien. Prefiero unas cervezas. Y no me siento
orgulloso. Los del alcohol no les podemos dar lecciones a los de la
marihuana. Fumarse un canuto es como entrar en un bar y tomarse una
copa. Ni más, ni menos”.
Curiosamente, en los razonamientos de Iglesias para apoyar la
legalización en España prevalecen los motivos económicos a los derechos
fundamentales. “Tengo claro que va a haber regulación, especialmente si
logramos un cogobierno con Pedro Sánchez tras las elecciones. Es un tema
trasversal en el que también podría estar Ciudadanos. La legalización
médica es de justicia.
El problema ya no es ese, sino que tenemos que
hacerlo antes que otros países. ¡Hacerlo ya! Si somos listos, España
podría tener unos grandes ingresos de explotación y fiscales. Se lo
arrebataría a los narcos. Y permitiría a la policía dedicarse a otra
cosa. España podría ser como Canadá pero en Europa: una referencia. Y
lograr que eso favorezca a todos y no a cuatro millonarios
farmacéuticos”.
El Gobierno saliente, presidido por Pedro Sánchez, al parecer no ha
tenido tan clara la certeza de Iglesias. La legalización no ha estado en
su hoja de ruta. Ni de lejos. Ante una reciente pregunta parlamentaria
de Ciudadanos al Gobierno a propósito de la posible regulación del uso
medicinal del cannabis, el Ejecutivo contestaba que la evidencia
científica para la legalización medicinal “es insuficiente y se está
esperando a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronuncie
sobre la cuestión”.
De regulación lúdica, ni una palabra. Y en cuanto a la medicinal, se
limitaba a ceñirse a los dictámenes negativos de la Agencia Española de
Medicamentos, uno de los organismos más opacos de la Administración,
refractario al uso medicinal del cannabis; es decir, a la utilización
terapéutica de la planta, en forma de flores o extractos, con receta
médica.
Que no es lo mismo que los medicamentos a base de cannabis,
apenas media docena en todo el mundo, de los que
solo uno está aprobado en España, el Sativex
(para personas con esclerosis múltiple, de la multinacional británica
GW Pharma, cuyo tratamiento puede alcanzar los 30.000 euros al año y
solo se suministra con receta de estupefacientes).
Situada en un edificio anónimo a las afueras de Madrid y con una
plantilla de 600 personas, la Agencia de Medicamentos, que dirige la
doctora en Farmacia María Jesús Lamas, está encargada de autorizar todos
los medicamentos y vigilar el sector en España. Incluidos los
estupefacientes.
“Nuestro trabajo consiste en determinar la ratio
beneficio/riesgo de cada nuevo medicamento que se nos presenta a examen,
es decir, que sus beneficios superen a sus efectos secundarios. Y
ninguno de los principios activos del cannabis ha demostrado en un
ensayo clínico (que puede durar 10 años y costar 1.000 millones) ser
superior que su alternativa farmacológica. Hacen falta ensayos. El
cannabis carece de evidencia científica. Y no tiene la necesaria
calidad, seguridad y eficacia”.
—Pero otros países de nuestro entorno han legalizado su uso, como en Alemania hace un año…
—Que otros hagan lo que quieran. Pero su eficacia no se ha valorado
de forma objetivable, medible, reproducible y cuantificable. Algo que
sienta bien no tiene que ser necesariamente un medicamento.
—Luego no van a legalizar su uso medicinal…
—No hay evidencia científica que justifique que el cannabis sea un
medicamento. Somos un organismo técnico. Y que el Gobierno de turno
decida.
Cerrojazo. Se acabó el encuentro. Lo paradójico es que, al tiempo que
la Agencia rechazaba de plano el uso medicinal del cannabis, autorizó
en octubre de 2016 la plantación de cannabis para su uso terapéutico
destinado a la exportación a una compañía española con una larga
tradición en la producción de opioides de uso farmacéutico. Es la
empresa más importante del mundo en cultivo de adormidera y su
transformación en derivados del opio.
Y su entrada en el sector del
cannabis es, de lejos, la operación más importante realizada en España
en el negocio de la marihuana. Nació en 1934 importando y transformando
opio y en 1973 se convirtió en una industria integral: desde el campo
hasta las farmacéuticas. Hoy produce un tercio de la morfina que se
consume en todo el planeta. Se llama
Alcaliber. Detrás está el millonario Juan Abelló.
Abelló, de 78 años, no concede entrevistas. Pero el ceo de Alcaliber,
José Antonio de la Puente, accede. Es la mejor muestra de los nuevos
tiempos del negocio del cannabis. No va en camiseta. Se trata de un
abogado especializado en finanzas, impecable en su traje gris a medida y
con un discurso profesional.
Desde el verano de 2018 Alcaliber ya no es
propiedad de Abelló, sino del fondo británico GHO Capital, domiciliado
en las islas Caimán y especializado en las inversiones en el sector
sanitario. Sin embargo, en una fulgurante operación paralela, el mismo
día que vendió Alcaliber, Abelló fundó Linneo Health, que atesora esa
única y preciada licencia otorgada por la Agencia de los Medicamentos
para cultivar y producir cannabis en España. Una mina de oro.
En septiembre de 2017 ya había cerrado un acuerdo con la canadiense
Canopy, la primera multinacional de la marihuana, para suministrarle
durante tres años materia prima y el principio activo purificado del
cannabis para usos farmacéuticos. “Es la evolución natural de nuestra
empresa; otra línea de negocio”, explica De la Puente.
“Siempre hemos
suministrado a grandes laboratorios. Exportábamos más de un 90%. Somos
los más importantes del mundo en opiáceos y ahora queremos serlo del
cannabis. Nuestro reto es convertir esa planta con propiedades
farmacéuticas en algo estándar para la industria, con destino a
Alemania, Canadá y EE UU. Y en el futuro, poner nosotros mismos esos
extractos en un espray o una cápsula de gelatina, desarrollar nuestras
variedades y hacer el proceso completo”.
—¿Cómo han conseguido el permiso para cultivar cannabis en España por
parte de la Agencia, cuando ha denegado más de un centenar de licencias
desde 2016 y algunas, como Phytoplant, se encuentra a la espera?
—Somos una compañía industrial farmacéutica, no agrícola, que es lo
que abunda en este sector que está naciendo. Somos industria y tenemos
plantaciones. Ya contamos con un invernadero del tamaño de ocho campos
de fútbol. Pero jugar en este negocio exige una calidad muy grande.
Nosotros la tenemos. Es un negocio muy regulado, muy discreto, porque
trabajas con un producto atípico.
Nosotros tenemos experiencia y
equipos. Y sabemos hacerlo bajo criterios farmacéuticos de máxima
calidad, bajo la certificación GMP (Good Manufacturing Practices). Vamos
cinco años por delante de nuestra competencia del cannabis. Jugamos en
otra liga.
En marzo de 2018, Linneo Health recibió 1.500 clones cedidos por la
canadiense Canopy. Llegaban en unos discretos contenedores con luz y
temperatura regulada. La compañía ya ha realizado su primera cosecha,
que se encuentra en proceso de extracción y purificación en su planta de
Toledo. “A finales de este año nos encontraremos en disposición de
entregar a nuestro cliente un producto válido y homologado. El mejor
cannabis”.
Su cliente no es exactamente Canopy, sino la filial alemana de esta,
la distribuidora de cannabis medicinal Spektrum. En estos tres años de
acuerdo con Canopy, Linneo Health aprenderá el negocio y Alemania, que
en 2017 legalizó el uso medicinal del cannabis, logrará cubrir una gran
demanda, financiada por su seguridad social, que las proyecciones sitúan
en un millón de consumidores al año.
Alemania (con un modelo de
regulación medicinal en el que se podría basar España) ha creado una
Agencia del Cannabis que no cultiva, sino que selecciona empresas que lo
hagan bajo estrictos estándares “y monitoriza el cultivo, producción,
cosecha, procesamiento, calidad, empaquetado y distribución del cannabis
a los mayoristas, las farmacias y los fabricantes.
Solo el cannabis de
calidad farmacéutica está autorizado para suministrarse a las
farmacias”, según el director de la agencia alemana, Werner Knöss.
Carola Pérez tiene 40 años y un enorme triángulo equilátero de
cicatrices en su espalda. Es el resultado de 13 operaciones. Desde niña
ha convivido con el dolor. Estuvo enganchada a la morfina. Hoy es
presidenta del
Observatorio Español de Cannabis Medicinal
y dirige la Asociación Dosemociones, de usuarios terapéuticos de la
marihuana. Cultiva sus plantas y duerme gracias al THC.
Es el icono de
la regulación medicinal en España y la comparan con el papel que tuvo
Pedro Zerolo en la legalización de los matrimonios entre personas del
mismo sexo. A su lado en la lucha, otra mujer, Araceli Manjón-Cabeza,
profesora de Derecho Penal y directora de la cátedra Drogas Siglo XXI de
la Universidad Complutense de Madrid. Carola Pérez concluye: “El pastel
se lo van a repartir las grandes corporaciones.
Y los que lo han
cultivado en la ilegalidad y creado nuevas variedades, y han estado en
la cárcel, se pueden quedar fuera en la hora del éxito. El lobby
farmacéutico tiene mucho poder. Y la lucha del cannabis no ha sido
profesional ni política. Ahora estamos organizados en torno a Regulación
Responsable. Y la próxima legislatura se nos tiene que escuchar. No es
un capricho. No es cuestión de colocarme. Es mera cuestión de
supervivencia”.
(Jesús Rodríguez, El País Semanal, 25/03/19)
