Al bloque de gobierno se le acumulan los frentes contrarios al gravamen extraordinario a la banca y a las energéticas... Repsol ha de realizar inversiones y tiene dinero para ello, pero dedica buena parte de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Una posición lógica desde el punto de vista de la compañía, pero no tanto desde el Estado. Esta visión recuerda demasiado a un modelo fallido... Desde el Gobierno señalan que, en un momento como este (se van a necesitar) 10.000 millones más, tiene sentido que las empresas ayuden... pero, Los fondos de inversión, presentes en la práctica totalidad de nuestras cotizadas, están exigiendo rentabilidades del 10% incluso a negocios ya maduros... Esa exigencia de rentabilidad, que es natural en cualquier negocio, deja de serlo cuando se vuelve demasiado rígida, y perjudica en la medida en que detrae recursos de la economía española para redirigirlos hacia ámbitos que no aprovechan al país... Europa necesita una notable inyección de capital, la prioridad debería ser el reforzamiento de las capacidades europeas y de los distintos países que integran la Unión, mucho más que la satisfacción de exigencias rigurosas por parte de accionistas... el de Repsol es uno de los muchos conflictos que vendrán: cómo y dónde destinar el capital y para qué supondrá ajustes complicados (Esteban Hernández)

 "Al bloque de gobierno se le acumulan los frentes contrarios al gravamen extraordinario a la banca y a las energéticas. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha expresado su posición en un artículo en términos muy duros, y más en la medida en que volvía contra el gobierno los argumentos que utilizaba para justificar el impuesto. Las medidas que están tomando son populistas, ahogan a la industria, continúan sin solucionar las superposiciones regulatorias, perjudican a las empresas y acabarán causando daños al estado del bienestar. Según Imaz, el gravamen destruirá empleos, en especial los industriales, y llevará a España a volcarse aún más en el modelo de servicios y en trabajos deficientemente retribuidos. Sin embargo, más allá del caso concreto de Repsol, la intención de Moncloa y su viabilidad formula grandes preguntas acerca de la economía de nuestra época y de la manera en que un país como España puede encontrar una salida beneficiosa en una era muy complicada.

El primer asunto se asienta en la veracidad de muchos de los argumentos que utiliza Imaz. La necesidad de fortalecer la industria, de invertir en ella y de potenciar un empleo más estable, así como de asentar las capacidades españolas, son aspectos muy relevantes en estos años. Desde el gobierno debería hacerse lo posible para favorecer ese reforzamiento y para impulsar una reindustrialización para la que nuestro país tiene muchas opciones si es capaz de aprovechar sus bazas energéticas. En ese orden, parece absurdo colocar trabas a las compañías ligadas a la industria.

Sin embargo, esa no es toda la realidad. En este sentido, la invocación de Repsol a que el Gobierno no presione más fiscalmente se produce en un contexto en el que el beneficio neto de la compañía ha sido de 1.626 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 14,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y en el que la energética ha anunciado un segundo programa de recompra de acciones y una reducción de capital. Repsol tiene 1.128 millones de euros comprometidos como dividendo en efectivo para 2025.

Repsol ha de realizar inversiones y tiene dinero para ello, pero dedica buena parte de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Una posición lógica desde el punto de vista de la compañía, pero no tanto desde el Estado. Esta visión recuerda demasiado a un modelo fallido, tanto a nivel interno como externo, la economía del trickle-down o del efecto derrame. Desde esta perspectiva, la reducción de impuestos a grandes empresas y a las clases con más recursos generaría consecuencias muy positivas para la sociedad, ya que esos beneficios revertirían en forma de inversión, lo que acabaría por mejorar la actividad económica y el nivel de vida de los ciudadanos de un país. Esta ha sido la teoría dominante en las últimas décadas, y continúa siéndolo.

Desde el Gobierno señalan que, en un momento como este (se van a necesitar) 10.000 millones más, tiene sentido que las empresas ayuden

Los efectos negativos de esta forma de entender la economía han sido abundantes: gran parte de la inversión ha tenido lugar en países fuera de la esfera occidental, lo que contribuyó enormemente a potenciar a China y a India, mientras que la mayoría de lo generado no ha tenido ningún destino productivo, ha ido a parar a los bolsillos de los accionistas o a inversiones en el ámbito financiero extractivo y ha empobrecido a una gran mayoría de los ciudadanos.

Por lo tanto, se conjugarían aquí tres lógicas: la necesidad de retribuir a los accionistas, la de realizar inversiones que son necesarias para que la compañía conserve la competitividad y la de los Estados de impulsar una economía más productiva.

Más allá del afán recaudatorio, este tipo de gravámenes incentivarían que los beneficios se reinvirtieran en el ámbito productivo

En un momento como este, en el que el Estado va a necesitar 10.000 millones más, tendría sentido, aseguran fuentes del bloque de gobierno, que empresas que han obtenido beneficios fruto de la coyuntura, ayuden en la recaudación: es imprescindible para unas cuentas públicas que a su vez serán presionadas no solo por las deudas pendientes sino por las exigencias de reducción del déficit de Bruselas. Recordemos que el efecto derrame ha tenido consecuencias muy distintas de las anunciadas: mientras los ciudadanos cada vez pagamos más impuestos, los sectores que más beneficios obtienen, gracias a la capacidad de las grandes firmas para evitar los límites territoriales, poseen mecanismos para evitar legalmente la imposición de los gobiernos. Al final, paga el ciudadano común.

Pero, más allá de lo recaudatorio, el gravamen tendría mucho sentido, aseguran, en la medida en que la política fiscal contaría con un propósito incentivador. La parte de los beneficios que se destinase a inversión productiva en el país podría deducirse, lo que animaría a destinar más partidas a ese objetivo, y desincentivaría la retribución a los accionistas. De este modo, se favorecería a la industria en lugar de beneficiar al rentismo.

Un momento distinto

El segundo asunto tiene que ver con las críticas de Escrivá, quien afirmó ayer que sería deseable “cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones”. Las palabras del gobernador del Banco de España se interpretan desde Sumar como una posición lógica de defensa del sector bancario, pero que carecen de sentido en la medida en que “los bancos españoles actualmente prácticamente no pagan el Impuesto sobre Sociedades a pesar de registrar beneficios históricos. Esto se debe a que aún se están descontando las pérdidas acumuladas por las Cajas que compraron a precio de saldo una vez saneadas por el contribuyente”.

¿La prioridad debe ser el reforzamiento de las capacidades europeas o la satisfacción de las exigencias rigurosas de los accionistas?

Sin embargo, y más allá de este elemento, señalan un problema grave que no solo afecta a los bancos. Los fondos de inversión, presentes en la práctica totalidad de nuestras cotizadas, están exigiendo rentabilidades del 10% incluso a negocios ya maduros. Esa presión perturba a muchas firmas, lo que lleva a disfunciones notables con el fin de aumentar los beneficios.

Esa exigencia de rentabilidad, que es natural en cualquier negocio, deja de serlo cuando se vuelve demasiado rígida, y perjudica en la medida en que detrae recursos de la economía española para redirigirlos hacia ámbitos que no aprovechan al país. En otro contexto, el asunto tendría ribetes menos preocupantes, pero ahora Europa necesita una notable inyección de capital, como ponían de manifiesto, de maneras distintas, Draghi y Letta, por lo que la prioridad debería ser el reforzamiento de las capacidades europeas y de los distintos países que integran la Unión, mucho más que la satisfacción de exigencias rigurosas por parte de accionistas. En un momento de debilidad y urgencia, son necesarias medidas muy distintas que las que se utilizaron en épocas de menor presión, y esta clase de impuestos van a ser necesarios.

Difícil de realizar

La realidad, sin embargo, pasa por algo más prosaico, la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo las medidas que entienden necesarias. En el caso español, los escollos para que el impuesto a los bancos y las energéticas cobre un carácter permanente son numerosos. Por más que el PSOE pretenda llevar adelante la propuesta, tendrá que saltar varios obstáculos. Sumar no será problema, como ERC y Bildu. Tampoco Podemos debería oponerse a esta clase de impuestos. Pero PNV y Junts son otra cosa. Los vascos se debaten entre las posiciones encontradas de empresas del ámbito energético radicadas su territorio. Iberdrola, más verde, que pagaría menos al tener parte de su actividad regulada, es menos hostil que Repsol, dedicada al petróleo y al gas. Se cree que la posición de los jeltzales no sería insalvable, ya que les puede convenir por recaudación. El problema es Junts, un partido de derechas que no ve con buenos ojos esta iniciativa y cuyo voto en contra impediría la aprobación de la medida.

En segundo lugar, está la redacción de la norma. Imaz tiene razón en que si el Gobierno camina por la vía del impuesto, la doble imposición haría que el TS pudiera anular la norma, con el coste que eso supondría para las arcas públicas. En Sumar afirman que se trata de un gravamen con destino finalista, lo que haría posible que no existieran correcciones posteriores desde los tribunales. Unas y otras cosas, el equilibrio parlamentario de fuerzas y el diseño de la norma hacen muy difícil que salga adelante. Demasiadas piezas que han de encajar.

Las soluciones distintas

El problema va mucho más allá de Repsol y de un gravamen. No se trata de si Imaz tiene razón o de si las empresas tienen que pagar más: se trata de cómo se va a recomponer España en una época internacional complicada, en la que las apuestas productivas se multiplican en los países con mayor potencia del mundo, en el que la energía (abastecimiento y coste) va a ser fundamental y en el que la industria va a jugar un papel relevante para que les vaya bien a los países. Congeniar las necesidades en juego resulta complicado, pero es claro que España necesita una dirección y un proyecto en el que no se puede mantener la misma mentalidad económica que en el periodo inmediatamente anterior. Si queremos sobrevivir en Europa, como afirmaba Draghi, van a hacer falta soluciones distintas, que levantarán ampollas a un lado y a otro. Los partidos van a tener que mover su marco económico, pero también las empresas tendrán que pensar de otra manera sobre la política. En este sentido, el de Repsol es uno de los muchos conflictos que vendrán: cómo y dónde destinar el capital y para qué supondrá ajustes complicados."               

(Esteban Hernández , El Confidencial , 23/10/24)

Cómo los políticos vascos dejaron de llevar corbata y lo que explica de España... las costumbres de las periferias (Guipuzcoa) asaltaron el centro (Bilbao). Si las prácticas no se extienden desde la urbe hacia el resto del territorio, sino al revés, es que algo se ha transformado... En muchos países la política se está haciendo contra las capitales y contra sus habitantes... una brecha que separa al usuario del caro coche eléctrico de París de la clase media baja de provincias, que se mueve en el contaminante y barato diésel... España es una anomalía en este sentido... las formaciones más jóvenes, como Podemos y Sumar, encontraron en las grandes ciudades sus principales apoyos. Vox también... eso no ha sucedido porque esa tendencia ha sido contrarrestada con un factor perturbador, el de los nacionalismos periféricos, lo que ha impedido que la tensión política entre el interior y la ciudad global se desarrollase... por la propia naturaleza de los nacionalismos periféricos, que establecían proyectos para sí mismos y se agotaban en sí mismos, y que, en consecuencia, no eran capaces de establecer alianzas con otros territorios y de vincular una oposición común al centro... Los gobernantes nacionalistas pueden insistir en que más cesiones servirán para paliar los problemas económicos de sus poblaciones, pero eso no es real. Gran parte del deterioro de su nivel de vida, de los problemas de los servicios públicos, del escaso recorrido de sus pymes, de los salarios de sus trabajadores y del aumento del precio de sus viviendas no tiene que ver con procesos autóctonos: son males estructurales... Cualquier territorio (Madrid, Cataluña, Euskadi, el que sea) que piense que aisladamente tendrá más opciones que amparándose en el conjunto del Estado, vive en la pura ilusión... en lugar de seguir negociando para obtener más, lo que difícilmente conseguirán cuando no lo hay, podrían pensar en qué pueden construir en conjunto con otras regiones o con la totalidad del país. Si cuentan con proyectos que puedan potenciar sus territorios a partir de la potenciación de lo común, es la hora de que presionen para intentar ponerlos en marcha, como le toca hacer, y más todavía en el futuro, a España en el seno de Europa... Hemos pasado demasiado tiempo actuando a partir de intereses localistas, y Madrid lo ha hecho en primer lugar, y eso dificulta enormemente pensar en una estrategia de posicionamiento común en un momento crucial. Por desgracia, seguimos enredados en discusiones sobre el pasado en lugar de comenzar a afrontar el futuro. Y es imprescindible, porque vamos tarde (Esteban Hernández)

 "Circula una explicación, probablemente cierta, acerca de cómo la corbata se dejó de utilizar por una mayoría de políticos vascos. Cuando Bildu comienza a adquirir poder institucional tras el final de ETA, la informalidad en la vestimenta se utilizó como un elemento diferencial por parte de sus representantes. La época, marcada también por el 15-M, ayudaba a esta tendencia, porque las rigideces formales comenzaban a ser mal percibidas por las poblaciones. Además, las costumbres sociales ayudaban, ya que era una prenda que se veía como incómoda y poco pragmática. En el caso vasco, hubo un elemento añadido, como fue el territorial. La capital económica de Euskadi es Bilbao, el lugar donde el mundo empresarial, el experto, el del establishment se concentra. Y en Guipúzcoa la corbata empezó a ser vista como una cosa muy de Bilbao y, por tanto, rechazable. Poco a poco, vestir sin corbata —salvo en ocasiones especiales—, fue haciéndose habitual en el espectro político vasco hasta convertirlo en la nueva norma.

Esta anécdota contiene más que una práctica estética, porque nos dice algo de los cambios en los tiempos. Normalmente, son las capitales, los centros de poder y de influencia económica y social, donde se fijan nuevas modas que después se extienden al resto de sus poblaciones: la gran urbe es el núcleo estético principal a partir del cual proliferan los gestos imitativos. En el caso de la corbata vasca, fue justo al revés: las costumbres de las periferias asaltaron el centro. Si las prácticas no se extienden desde la urbe hacia el resto del territorio, sino al revés, es que algo se ha transformado.

Así ha ocurrido electoralmente: la influencia del PNV sigue siendo grande en Vizcaya y en su capital, Bilbao, pero cada vez es menor en Guipúzcoa y Álava, donde Bildu ha ganado mucho terreno. La influencia del centro sobre las periferias es menor y estas empujan en otras direcciones.

En muchos países la política se está haciendo contra las capitales y contra sus habitantes

No es una tendencia únicamente vasca, sino general: ha recorrido insistentemente la política contemporánea en sus más amplios aspectos. Ha dado forma a muchos procesos electorales: los británicos votaron en contra de su centro, Londres, en la era del Brexit; en Francia, Macron domina París y Le Pen el interior; y esa brecha entre la capital y el resto del país la hemos percibido igual en las últimas elecciones de naciones tan dispares como Países Bajos, Argentina o Hungría. En EEUU, el interior del país contra las grandes ciudades costeras es una variable política indispensable para entender el voto.

No es un fenómeno causado por la habitual separación entre el entorno rural y el urbano, sino por la pérdida de influencia de los centros. Las sacudidas que viven los procesos electorales contemporáneos tienen en este asunto una de sus principales explicaciones. Hay muchos países donde la política se está haciendo contra las capitales y contra sus pobladores. Hay un mundo que separa a los grandes centros urbanos del resto, en cuanto a vitalidad económica, crecimiento, demografía y costumbres. Se han creado zonas cono posiciones materiales muy diferentes, pero también culturales y políticas. Si se quiere una metáfora de las distancias ideológicas, esa brecha que separa al usuario del caro coche eléctrico de París de la clase media baja de provincias, que se mueve en el contaminante y barato diésel, podría servir. En ese contexto, las opciones políticas dominantes en las periferias han ido creciendo sustancialmente.

La diana política

España es una anomalía en este sentido, porque estas variables políticas no operan, o lo hacen secundariamente, en general ligadas a comicios autonómicos, donde los grandes núcleos de población votan de una manera y los territorios alejados de ellos de otra. Cataluña y el mismo País Vasco son ejemplos recientes.

Las élites que se dan cita en Madrid son muy distintas de las que quedan en provincias

Sin embargo, la dinámica general no tiene lugar en el conjunto de España Si se hubieran seguido las tendencias internacionales, muchas de nuestras zonas en declive, esas que pierden población y cuyos jóvenes emigran, que precisan inversión que no encuentran y que ven decaer sus posibilidades de futuro, percibirían a la gran urbe española, Madrid, y a sus pobladores, como un problema. En la capital se ubican las empresas más importantes, las consultoras, los despachos de abogados, las agencias de publicidad, los medios de comunicación o las grandes universidades, por lo que las élites que en Madrid se dan cita en la capital son muy distintas de las que quedan en provincias, y desde luego, de los habitantes de estas. Madrid podría haberse convertido en una diana política, como Washington D.C. en EEUU, Londres en el Reino Unido, París en Francia o Bruselas en la UE.

Si hubiera ocurrido de esta manera, los partidos antisistema, o los políticamente más atrevidos, habrían crecido en provincias y habrían tenido menor recorrido en la ciudad. No ha sido así y las formaciones más jóvenes, como Podemos y después Sumar, encontraron en las grandes ciudades sus principales apoyos. Vox también suma un buen puñado de votos en ellas. Las condiciones parecían dadas para que se repitieran las dinámicas electorales occidentales, pero eso no ha sucedido.

Madrid D. F.

Y, en gran medida, porque esa tendencia ha sido contrarrestada con un factor perturbador, el de los nacionalismos periféricos, lo que ha impedido que la tensión política entre el interior y la ciudad global se desarrollase. Catalanes y vascos sí construyeron su política oponiéndose a Madrid: el intento de separarse de la gran urbe, cuando no de romper con ella, como ocurrió en el procés, ha vehiculado sus ofertas electorales. Esto tenía coartada ideológica, ya que Madrid era definido como el lugar en el que el franquismo y el centralismo continúan arraigados: es Madrid D.F., ese entorno que acapara los recursos, que vive en una atmósfera turbia, cuyas élites se niegan a compartir cualquier poder y que se resiste a los avances en la estructura territorial. Esta visión impulsó que en las últimas elecciones generales el voto de Cataluña y Euskadi se concentrase no solo a favor del PSOE, sino contra el previsible gobierno de PP y Vox.

El nacionalismo periférico ha ejercido de freno a la tendencia que ve la política desde la oposición entre la gran urbe y el resto del territorio

Ese discurso, sin embargo, era difícil que se extendiese por otras zonas de España y que la dinámica anticapital arraigase. En primer lugar, por la propia naturaleza de los nacionalismos periféricos, que establecían proyectos para sí mismos y se agotaban en sí mismos, y que, en consecuencia, no eran capaces de establecer alianzas con otros territorios y de vincular una oposición común al centro. Algo de eso aparece en el auge del BNG, la presencia electoral de nacionalismos como el valenciano o el balear o el ascenso de un Bildu que recibe votantes no soberanistas. Pero son movimientos todavía minoritarios y poco conectados.

En segundo lugar, el carácter de centro geográfico de Madrid, así como la organización radial de la estructura española, tiene su importancia, ya que permite que las conexiones de muchas comunidades sean de hecho más cercanas y estrechas con la capital. Eso favorece también que el sentimiento nacionalista español se rearme alrededor de Madrid. El nacionalismo periférico, pues, ha ejercido de freno en España a esa tendencia que ha construido la política internacional desde la oposición entre la gran urbe y el resto del territorio.

La principal idea nacionalista

Así las cosas, la tensión entre Madrid y las regiones rebeldes se ha articulado alrededor de una idea: las comunidades nacionalistas creían que un grado mayor de lejanía de Madrid, y, por tanto, de mayor autogobierno y más cesiones de competencias, traería un mejor nivel de vida a sus habitantes, permitiría un grado mayor de eficiencia en la gestión de los servicios públicos y aportaría más recursos para el desarrollo de su región. Cuando, como ocurrió en Cataluña, el número de cesiones no se estimaba suficiente, se lanzó el procés, en parte como instrumento de negociación para seguir avanzando por ese camino, en parte porque la crisis había generado una sensación creciente de que sus problemas económicos venían provocados por Madrid D.F., que les estaba robando sus recursos.

Al mismo tiempo, en España, había partidos que pensaban que la manera mejor de minar las bases del independentismo y de atraer a la esfera constitucional a votantes que oscilaban entre unas y otras posiciones, era conceder un mayor grado de autonomía. Esa era la posición de las formaciones progresistas: encontrar un encaje real de esas regiones mediante la negociación de un mejor marco para ellas, tejido a través del diálogo, contribuiría a que el impulso independentista disminuyera. Otros partidos afirmaban lo contrario, que no se podía seguir cediendo frente a exigencias cada vez más elevadas, pero cada vez que gobernaban y necesitaban los votos de los nacionalistas, no tenían problema en aumentar las cesiones.

En esa peculiar relación entre centro y periferia se ha movido la política española, en la que el elemento territorial ha sido el asunto nuclear durante mucho tiempo, y también ahora, por muchos motivos: de ahí parten, sin ir más lejos, los difíciles equilibrios entre el gobierno y sus socios de legislatura.

Sin embargo, han ocurrido muchas cosas durante los últimos años para que esta situación deba abordarse desde otros enfoques.

Ya no es verdad, si es que lo fue alguna vez

Esa idea del autogobierno como remedio a los males económicos y territoriales pudo ser cierta en algún momento, pero no hoy. Los gobernantes nacionalistas pueden insistir en que más cesiones servirán para paliar los problemas económicos de sus poblaciones, pero no es real. Gran parte del deterioro de su nivel de vida, de los problemas de los servicios públicos, del escaso recorrido de sus pymes, de los salarios de sus trabajadores y del aumento del precio de sus viviendas no tiene que ver con procesos autóctonos: son males estructurales. Ciertamente, Madrid D.F. puede haber salido beneficiada con estos nuevos tiempos, pero no es la causante de ellos. Se puede insistir en más cesiones y en otra articulación territorial, incluso en la independencia, pero solo servirá como instrumento electoral. Aquello en lo que estamos (y lo que viene) posee otras dimensiones.

Cualquier territorio (Madrid, Cataluña, Euskadi) que piense que en solitario tendrá más opciones que con el Estado, vive la pura ilusión

Las dificultades presentes son estructurales y parten de cambios sustanciales que están sucediéndose en la esfera internacional, con todas sus derivadas económicas, políticas y geopolíticas. En esta situación, el tamaño no es solo importante, sino que resulta crucial. En ese sentido, una iniciativa europea seria, integradora y contundente resultaría necesaria para volver a colocar al continente en el mapa de influencia mundial, y generaría muchos más beneficios si se hiciera en común que aisladamente. Hay muchas dudas de que eso ocurra. Y si no sucede, todavía serán más relevantes las iniciativas a nivel estatal para fortalecerse en una época que se adivina complicada. Cualquier territorio (Madrid, Cataluña, Euskadi, el que sea) que piense que aisladamente tendrá más opciones que amparándose en el conjunto del Estado, vive en la pura ilusión.

En esas circunstancias, los territorios periféricos e interiores de España —todos, no solo los nacionalistas— cuentan con varias opciones, que esencialmente se reducen a dos. Una consiste en continuar con la mirada pequeña y en seguir preocupándose por aumentar las competencias y gestionar en exclusiva los recursos de su territorio, pero eso provocará menor vitalidad económica, terciarización, aumento del precio de los bienes esenciales e incluso pérdida de influencia de sus élites —como les está pasando a las españolas—.

La otra posibilidad consiste en cambiar la posición. En lugar de seguir negociando para obtener más, lo que difícilmente conseguirán cuando no lo hay, podrían pensar en qué pueden construir en conjunto con otras regiones o con la totalidad del país. Si cuentan con proyectos que puedan potenciar sus territorios a partir de la potenciación de lo común, es la hora de que presionen para intentar ponerlos en marcha —como le toca hacer, y más todavía en el futuro, a España en el seno de Europa—. Hoy, las motivaciones que surgen de sentires identitarios tienen menos peso que el mero pragmatismo. En ocasiones como estas, a veces las corbatas dejan de utilizarse en las periferias y poco a poco esa costumbre se impone en el centro: lo de fuera cambia lo de dentro.

De este modo, podrían añadir energía a una España en exceso detenida en su pensamiento estratégico y en su visión a medio plazo. Hemos pasado demasiado tiempo actuando a partir de intereses localistas, y Madrid lo ha hecho en primer lugar, y eso dificulta enormemente pensar en una estrategia de posicionamiento común en un momento crucial. Por desgracia, seguimos enredados en discusiones sobre el pasado en lugar de comenzar a afrontar el futuro. Y es imprescindible, porque vamos tarde."                (Esteban Hernández , el Confidencial, 25/05/24)

‘Le PeNV’ en campaña electoral... la campaña electoral que hizo el Partido Nacionalista Vasco incluye elementos de la agenda ultraderechista europea, más cercanos a los planteamientos de Vox, de Marine Le Pen o de Giorgia Meloni, que a los de una hipotética derecha moderna. Sobresalen propuestas y discursos relacionados con el fantasma de la okupación de viviendas, los robos y la inseguridad ciudadana para promover una mayor presencia policial en la calle, la criminalización de las personas migrantes o la necesidad de controlar de forma más estricta las ayudas sociales, mientras se suavizan los impuestos a las grandes fortunas

"Las intervenciones del PNV en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación españoles suelen dejar, en el resto del Estado, una imagen de derecha abierta, plural y moderna. “Pero qué bien habla Aitor Esteban”, se suele escuchar. Hasta el punto que miembros de fuerzas de izquierdas de otros territorios, como Joan Baldoví de Compromís, han manifestado “beber de la escuela política del PNV”. Sin embargo, las políticas que aplican en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y los discursos en los que se mueven distan mucho de ello.

La precampaña y campaña electoral que está haciendo el partido nacionalista vasco incluye elementos de la agenda ultraderechista europea, más cercanos a los planteamientos de Vox, de Marine Le Pen o de Giorgia Meloni, que a los de una hipotética derecha moderna. Sobresalen propuestas y discursos relacionados con el fantasma de la okupación de viviendas, los robos y la inseguridad ciudadana para promover una mayor presencia policial en la calle, la criminalización de las personas migrantes o la necesidad de controlar de forma más estricta las ayudas sociales mientras se suavizan los impuestos a las grandes fortunas. Por no hablar de un eslogan de campaña, Indar Berria (fuerza nueva), que es, en sí, bastante sugerente.
Un cambio legal contra la okupación, casi inexistente en la CAV

Según datos del Gobierno Vasco, en la CAV hay 1.073.955 hogares; cifras publicadas del Ministerio de Interior dicen que unas 170 están ocupadas. Es decir, representan menos del 0,02% del total, así que no parece un temor muy realista eso de salir a comprar el pan y a la vuelta encontrarse con unos okupas en casa.

Pese a ello, es un hecho que tiene una cobertura claramente desproporcionada en los medios de comunicación estatales, pero también autonómicos, y que compra el marco discursivo de la ultraderecha europea. En Francia, Los Republicanos conservadores aprobaron con el apoyo de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen la creación de un delito específico para ello, con penas de hasta 3 años de cárcel y multas de 15.000 a 45.000 euros; en Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni endureció las penas de prisión hasta los siete años.

Contagiado por un discurso ultraderechista que no aborda los problemas reales que dificultan el acceso a la vivienda, el PNV propuso un mes antes de las elecciones vascas, en el Congreso español, un cambio legal rápido que permita ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de okupación. Los jeltzales agitaron la bandera del miedo, advirtiendo que “la ocupación de viviendas ocasiona un evidente perjuicio a sus titulares”, genera “problemas de convivencia” en el entorno, riesgo de incendios y una “paulatina degradación del entorno urbano o devaluación de los inmuebles próximos”.

El acercamiento a los planteamientos de la extrema derecha es evidente y para muestra, un botón. En el primer debate electoral televisado, el del pasado 9 de abril en RTVE, la candidata vasca ultraderechista, Amaia Martínez, valoró así la propuesta legal de los jeltzales: “Ahora el PNV se acerca a la propuesta de Vox”. En el Senado, por cierto, se aprobó la toma en consideración de una “ley antiokupas” del PP, que facilitaron las abstenciones de PNV y Junts.
La inseguridad ciudadana encarnada en una Carmen ficticia para justificar los abusos de la Ertzaintza

“Muy cerquita de aquí me paró Carmen, una mujer de sesenta y tantos años que tiene ya nietos. Y me paró porque habíamos quedado para hablar de dependencia, de cuidados para las personas mayores. Pero me comentó algo que realmente me preocupa y me enfada. Me dijo: ‘Imanol, tómate muy en serio lo de la seguridad, porque el otro día estábamos varias amigas y me robaron el móvil’. Es importante que con la seguridad no se juegue en este país, está por encima de otras muchas cosas. Las personas tenemos que ir tranquilos por la calle, tenemos que estar tranquilos cuando nuestros hijos y nuestras hijas salen por ahí de fiesta y luego vuelven a casa”. Lo dijo el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, en el mitin del primer día de campaña, el pasado viernes en el barrio bilbaíno de Errekalde.

Pradales pronunció estas palabras el mismo día que EH Bildu anunció un “giro de 180 grados” en el modelo policial de la Ertzaintza en el que se propone la creación de un programa piloto de patrulla sin armas, la especialización del cuerpo en diferentes delitos o ceder más poder a las policías municipales. Frente a esto, el candidato jeltzale apeló al caos y a la inseguridad para cerrar filas con la Ertzaintza, acorralada por los casos de abusos policiales que han ido saliendo a la luz en las últimas semanas: “Lo que hay que hacer es que las policías nos protejan y nos cuiden para que andemos tranquilos por la calle y no desarmarles. Al que hay que desarmar es al delincuente, al que la lía, al que la hace, no a la Ertzaintza ni a las policías locales”.

Son sonados los últimos ejemplos de violencia policial en los que los agentes han provocado el pavor y el rechazo de la ciudadanía en la calle: un hombre que falleció en febrero en una ambulancia en Astigarraga, tras la intervención de los Bizkor de la Ertzaintza y de cuyo cadáver Naiz sacó a la luz fotografías con marcas y lesiones, algunas compatibles con pistola Táser; un joven de 16 años gravemente herido en un ojo por una pelota de goma de la policía autonómica durante una carga en los Carnavales de Tolosa, proyectil sobre el que disponen de informes técnicos que desaconsejan su uso, como publicó Hordago; cargas brutales en la manifestación del 3 de marzo en Gasteiz en recuerdo de los trabajadores masacrados en 1976, en las que arremetieron con porras, balas de foam y con las propias furgonetas del cuerpo; el desalojo a golpes de los jóvenes que celebraban la Herri Unibersitatea en el campus de la UPV/EHU en Gasteiz; o la desproporcionada y racista agresión de decenas de agentes contra manteros en Bilbao horas antes del partido del final de la Copa del Athletic Club.

La inseguridad provocada en la calle precisamente por la Ertzaintza es bien conocida por las personas racializadas, como denunciaban en este medio desde Atxuri Harrera, AZET Etxebizitza Sindikatua y SOS Racismo Bizkaia. En un artículo, advertían de una “criminalización constante hacia personas migradas, racializadas y gitanas” y de la existencia de “abusos policías racistas” que quedan “en completa impunidad”. Alertaban que estos ataques y cacheos con criterios étnico-raciales generan miedo y sensación de inseguridad en las personas, fomentando “actitudes racistas difíciles de erradicar” y creando la “falsa necesidad de aumentar la seguridad con la presencia de todavía más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Pese a ello, la policía autonómica ha sido defendida a capa y espada por los miembros del Gobierno Vasco, tanto PNV como PSE.

Precisamente esa advertencia ante la supuesta inseguridad en las calles de la CAV está totalmente alineada con las declaraciones de la candidata de Vox, Amaia Martínez. En una entrevista electoral con El Correo, aseguraba: “Es que yo recuerdo los barrios y no eran tan inseguros. No lo dice Vox: cualquiera por la calle”.

Sin embargo, los datos, de nuevo, demuestran que el relato ultraderechista está alejado de la realidad. Las cifras de la Ertzaintza entre enero y septiembre de 2022 y 2023, compartidas en X por el senador Josu Estarrona (EH Bildu), reflejan que las infracciones relacionadas con la inseguridad ciudadana general caen: descendieron un 2,60% las que iban contra el patrimonio y el orden socioeconómico y un 10,77% los que van contra la seguridad colectiva. En cambio, la violencia machista, tan invisibilizada en los marcos discursivos de la extrema derecha, sí subieron de forma preocupante: un 7,9% los malos tratos habituales en el ámbito familiar y un 190,48% las agresiones sexuales.

Controlar las “paguitas” mientras se impulsa una fiscalidad para ricos

Las “paguitas”, ese concepto que popularizó Vox en el estado español, hace referencia a las ayudas que reciben las personas con pocos ingresos (o ninguno) para subsistir; en ningún caso se refiere a las grandes cuantías que reciben muchos de los concejales y diputados de un partido político que suele destacar por su absentismo y baja actividad parlamentaria. El PNV también se apunta al discurso de limitar los mecanismos de redistribución de la riqueza con el anuncio electoral de Pradales de crear una nueva Agencia Vasca de Gestión de Prestaciones Sociales para mejorar el “control” de las ayudas.

Con este ente se lanza un mensaje claro: si hay que mejorar el “control” es porque hay un cierto descontrol, es decir, personas con pocos recursos que están cobrando más de lo que deberían. La sombra de la “paguita” y del fraude sobre los que menos tienen. En el programa, se detalla que “permitirá identificar incompatibilidades y establecer un importe máximo personal o familiar en el cobro de todas las ayudas o prestaciones, garantizando que los recursos lleguen siempre a quienes más los necesitan”. No se alude a ampliar el presupuesto si fuera necesario, sino a destinarlo a los últimos, cuando los penúltimos no están mucho mejor. Guerra entre pobres.

Las dudas sembradas sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) también ponen el foco de la culpa sobre quienes menos tienen; se trata de un sueldo social para las personas sin recursos y un complemento para las pensiones y salarios bajos. En 2023 entró en vigor una nueva ley reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tras años de polémicas en los que se detectaron pagos “indebidos” por un problema de gestión de Lanbide. La consejera socialista de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, aclaró que, en todo caso, el fraude detectado era “ínfimo”: 230 casos entre 50.000 perceptores en 2022, es decir, un 0,46% del total; el sindicato ELA llegó a denunciar una “campaña de criminalización” que buscaba el recorte de “derechos sociales” y “hacer una sociedad más insolidaria, más racista y más indiferente ante los problemas de la gente”.

Además, en la última década también han ampliado de uno a tres los años que hay que estar empadronado para cobrar la RGI, dando a entender que personas de otros orígenes podrían estar haciendo un uso fraudulento de él. Algo que señaló, directamente, la candidata de Vox en la entrevista mencionada: “Hay que controlar la inmigración, que sea legal y ordenada. Y en las ayudas con la RGI hay muchos accesos fraudulentos. Hay vascos que lo pasan muy mal. Hay que ayudar primero al de dentro y priorizar a los de casa”. La eliminación de una ayuda similar en Italia, la Renta Ciudadana, fue una de las primeras medidas de Meloni para todas aquellas personas que consideraba aptas para trabajar.

El control y presión hacia las personas con menos recursos contrasta con la suavización del impuesto a las grandes fortunas. Si en el estado español se aplica el tipo máximo del 3,5% a los patrimonios superiores a 10,6 millones de euros, en el caso de la CAV este tributo se les cobrará a quienes superen los 16 millones. En los tres tramos inferiores también son más suaves los impuestos a los ricos vascos, especialmente en el caso de los radicados en Bizkaia, feudo del PNV: los que tienen de 3,2 a 6,4 millones, pagan el 1,7% en Araba y Gipuzkoa y el 1,5% en Bizkaia; de 6,4 a 12,8 millones, los primeros tienen un tipo del 2,10% y los segundos del 1,75%; a partir de los 12,8 y hasta los 16 millones, se les aplica un 2,5% en Araba y Gipuzkoa y un 2% en Bizkaia.

Si tiramos de hemeroteca, también encontraremos otros ejemplos que han mejorado la fiscalidad de los ricos. Por ejemplo, el pacto del gobierno PNV-PSE en minoría con el PP para aprobar los presupuestos vascos de 2018 y que rebajó el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 28% al 24%, lo que favorece sobre todo a las grandes compañías que son quienes alcanzan los tipos efectivos más bajos.

Fruto de esta medida, el impuesto sobre los beneficios de las empresas ha perdido más de la mitad de su capacidad recaudatoria desde la crisis que se inició en 2008, a pesar de que hoy tienen un nivel de beneficios más alto. Esta desfiscalización de las empresas con beneficios es especialmente grave en Bizkaia, que es el territorio histórico que, siendo el más grande, menos recauda por este concepto.

Más recientemente, tenemos la deflactación de tramos del IRPF en 2022. Tras ser evocada por Isabel Díaz Ayuso en una Comunidad de Madrid con competencias muy parciales en la materia, el PNV la aplicó en las haciendas vascas, ya que la regulación de este impuesto directo lleva décadas en manos de las diputaciones forales. El objetivo de la deflactación era compensar parte de la fuerte inflación, pero de la rebaja solo se beneficiaron las familias ricas; no tuvo ningún impacto sobre las rentas más bajas, exentas de pagar IRPF, y fue muy pequeño para las personas con salarios bajos y medios."

( Raquel Andrés Durà , El Salto, 11/04/24)

“En Osakidetza nos la van a dejar morir, vámonos a la privada”... el “cambio cultural” en Osakidetza: ambulancias y PAC sin médicos, ambulatorios cerrados en vacaciones, dilatadas listas de espera con especialistas y unas urgencias hospitalarias permanentemente colapsadas.

"El sábado de la final de la Copa del Rey, Miren —nombre ficticio— tuvo el segundo síncope en tres días. Desde hacía dos semanas vivía en casa de uno de sus hijos, porque desde mediados de marzo comenzó a experimentar un cansancio extremo y, tras los primeros despistes, aparecieron las pérdidas de memoria y los fallos cognitivos. En menos de un mes, Miren pasó de vivir sola, hacer las tareas del hogar, quedar con sus amigas e ir a bailar, a ser una persona dependiente que pensaba que vivía en los años 70.

El día anterior al partido, un día después del primer síncope, la médica de cabecera le colgó el teléfono a su hijo: “Poneos de acuerdo con los síntomas de vuestra madre”, espetó antes de dar por terminada la conversación de la cita telefónica. Hace año y medio, Miren, de 74 años, fue diagnosticada con un tumor benigno en el oído. Tiene que ser tratado con radioterapia, que aún no ha recibido. En respuesta parlamentaria a la representante de EH Bildu Rebeka Ubera, el Departamento de Salud aseguró el pasado 14 de julio que la lista de espera para medicina nuclear en la OSI de Ezkerraldea-Cruces es de 23 días de media.

Desde que Miren empezó con síntomas hace un mes, varios médicos de Osakidetza le dijeron a la familia que podía ser hipotiroidismo, demencia o depresión, entre otras cosas. En Urgencias le miraron el estómago, pero no la cabeza.

Tras el partido del Athletic, vino una ambulancia a casa para atender el segundo síncope. El médico no quiso trasladarla al hospital, alegando que la mujer tenía las constantes vitales estables. Fue el enfermero que, viendo el panorama y constatando los fallos cognitivos, les recomendó a los hijos fiarse de su instinto: “Insistid e insistid, sino no os harán caso”.

En Osakidetza trabajan entre 7.668 y 8.873. Los números varían según la fuente: el Departamento de Salud tira a la baja, el Ministerio de Sanidad, al alta. Según Osakidetza, solo 523 trabajadores compatibilizan su profesión en la sanidad privada, en respuesta parlamentaria al representante de Izquierda Unida Jon Hernández. Pero según la tabla Excel disponible en la web del Departamento de Salud, el número de médicos que trabaja en la privada se eleva a 1.058. Y no están todos, según ha podido comprobar este diario. La opacidad se ha vuelto política habitual dentro del Departamento de Salud, el cual prefiere hablar de un “cambio cultural” en Osakidetza: ambulancias y PAC sin médicos, ambulatorios cerrados en vacaciones, dilatadas listas de espera con especialistas y unas urgencias hospitalarias permanentemente colapsadas.

Miren pasó la noche de la Copa del Rey en casa, pero al día siguiente sus hijos la llevaron al Hospital de Cruces, insistiendo y fiándose de su instinto. La paciente estuvo más de 24 horas en boxes. Uno de sus hijos, desesperado, acabó pronunciando las palabras mágicas: “Nos la van a matar, vámonos a la privada”. No se fueron. Siguieron insistiendo y pidiendo que los médicos miraran el TAC que le habían hecho a su madre el miércoles anterior por el tumor benigno en el oído.

Los neurólogos miraron el TAC. Hasta entonces, nadie había valorado esa prueba reciente. Tras observarla, el lunes, a las 20h, le asignaron cama en planta y diagnóstico: hidrocefalia. El martes, Miren empezó a recibir tratamiento: le sacaron de la cabeza 200 ml de líquido. Los siguientes días, le siguieron drenando cantidades parecidas. Este lunes le quitaron el drenaje. Al aliviar la presión del cerebro, Miren empezó a mejorar rápidamente. Hoy jueves está prevista su operación para colocarle una válvula intracraneal.

Desde que está en planta, su familia asegura que el trato recibido por toda la plantilla, desde médicos a auxiliares de enfermería, es impecable. Hasta que consiguieron el ingreso, fue un calvario.

Más estudiantes (privados)

Medicina es la segunda carrera con la nota de corte más alta en la Universidad del País Vasco, le precede Biología Molecular. El coste de los 60 créditos del primer curso es de 1.135 euros. La supuesta falta de médicos ha sido una de las razones esgrimida por los colegios profesionales y los sucesivos gobiernos para contrarrestar las críticas hacia Osakidetza. El pasado curso, la universidad pública aumentó en 38 las plazas disponibles, pasando a un total de 368. Pero antes, el Departamento de Educación había dado permiso para ofertar Medicina en la universidad privada de Deusto, a 16.848 euros el curso (80 plazas). La carrera consta de seis cursos (101.088 euros, sin repetir asignaturas). La facultad abrió sus puertas en septiembre de 2020, con el IMQ como hospital universitario de referencia.

La semana pasada, a Jokin —nombre ficticio— le asignaron cita con traumatología general para el 30 de enero de 2025. Según la respuesta parlamentaria a Rebeka Ubera, la lista de espera para esta especialidad en la OSI de Donostialdea es de 143 días. Con 49 años y un trabajo activo, Jokin deberá esperar 290 días. Ha reclamado.

Lleva cojeando desde hace dos meses, debido al dolor que le produce una rozadura interna de un trozo de cartílago, según el resultado de la resonancia —realizada en seis semanas, debido a una cancelación—. El tratamiento a su cojera podría requerir, según la valoración de su médica de cabecera, de una intervención quirúrgica de 15 minutos. La artroscopia de rodilla oscila entre los 3.000 y 8.000 euros en la sanidad privada. Hay diez hospitales privados en el País Vasco, seis en Bizkaia, dos en Araba y dos en Gipuzkoa. Disponen de 2.104 camas y 66 quirófanos donde practican el 26% de las cirugías que se hacen en Euskadi, según los últimos datos de ASPE, la patronal de las clínicas privadas, ofrecidos en 2022. Sin contar las clínicas privadas de estética, dermatología, oftalmología y demás especialidades.

¿Cuánto tiempo se puede cojear sin pedir un presupuesto en la privada? ¿Y cuánto tiempo se puede vivir con el cerebro lleno de un líquido que no le corresponde estar ahí? El barómetro vasco, dependiente de Lehendakaritza, cuantifica en un 35% la preocupación social por la sanidad pública. El Deustobarómetro, de la Universidad de Deusto, lo eleva al 41%.

No tener cita hasta 2025 con el especialista —el cirujano requiere de otra cita—, que una médico de cabecera cuelgue el teléfono, que el facultativo de la ambulancia descarte el traslado de una paciente sin diagnóstico al hospital, es decir, la saturación en atención primaria y en urgencias hospitalarias, son consecuencia de la gestión y planificación política del Departamento de Sanidad, no de los propios sanitarios.

Sin embargo, la respuesta a esta situación es desigual. El Sindicato Médico de Euskadi solo ha respaldado dos jornadas de huelga en 2023 contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Es el más reacio a la hora de convocar el resto de huelgas sanitarias y del sector público registradas por sindicatos horizontales, y también por el sindicato de enfermeras, Satse. Son los propios centros de salud y las plataformas vecinales en defensa de la sanidad pública quienes organizan concentraciones periódicas en defensa de la sanidad pública, mientras los sindicatos horizontales pelean contra la elevada tasa de temporalidad y las externalizaciones. Mientras, las ambulancias están en huelga indefinida desde el 19 de febrero y las matronas del Hospital de Basurto han denunciado esta semana que el área de partos ha superado los 30º, ante la falta de equipo de aire acondicionado. Las condiciones para parir en un hospital privado son más agradables. Otra cosa son sus equipamientos humanos y técnicos si vienen mal dadas.

Miren tuvo suerte. Llegó a Urgencias con un TAC hecho. Paloma —nombre ficticio— no la tuvo. En mayo de 2022 empezaron las pruebas, y no fue operada hasta octubre de 2023. Un año y cinco meses (515 días, aproximadamente). También hidrocefalia. “Desde mayo que le hacen resonancia hasta noviembre, no le dan cita con neurocirugía para realizar diagnóstico”, explica una de sus hijas. Según la respuesta parlamentaria citada anteriormente, la lista de espera de neurología en la OSI de Basurto son 77 días. Y la de neurocirugía, solo 6 días. Como Miren, Paloma perdió su independencia y tuvo que ser cuidada 24 horas por sus hijas. Desesperadas, pidieron presupuesto a la sanidad privada para colocarle una válvula intracraneal.

Según alerta la asociación Amupheb, “el tratamiento de los pacientes con hidrocefalia salva y mantiene la vida del paciente. Si se deja sin tratar, la hidrocefalia tiene una tasa de mortalidad de entre 50 y el 60% y los que logran sobrevivir tienen importantes secuelas cognitivas con importante discapacidad intelectual, física y neurológica”.                 (Gesamí Forner, El Salto, 18/04/24)

La deriva hacia la privatización de la sanidad pública vasca... En su inicio, Osakidetza gozó de un gran prestigio, lo que le llevó a ser identificada como la joya de la corona... pero terminó imponiéndose, de la mano de la corriente neoliberal liderada por Iñaki Azkuna y Rafael Bengoa (PNV y PSE respectivamente) una transformación de la sanidad pública vasca en un modelo similar al de Margaret Thatcher en Inglaterra... Los síntomas de ese deterioro son muy claros: múltiples recortes en la atención, listas de espera escandalosas para poder recibir atención del médico de familia, del especialista o ser intervenido quirúrgicamente; centros sanitarios sin médico que ponen en riesgo la seguridad del paciente, urgencias hospitalarias colapsadas, pérdida de la calidad, etc... y ahora, a través de las Mutuas, pretenden crear dos sistemas de salud: uno, con más recursos, para las personas activas laboralmente y, otro, descapitalizado, para el resto de la población

 "Los que tenemos cierta edad hemos sido testigos de los logros de Osakidetza en sus primeros años y también de su deterioro programado en los últimos. En su inicio, Osakidetza gozó de un gran prestigio, lo que le llevó a ser identificada como la joya de la corona. Gran prestigio y una enorme capacidad que le permitió integrar hospitales privados, como el de Basurto (1992), en la red pública y construir otros, como el de Galdakao (1984), así como implantar una notable red de centros de Atención Primaria generando más infraestructura sanitaria pública. Por aquel entonces había una cierta planificación del sistema sanitario.

Pero, al final, lo que terminó imponiéndose de la mano de la corriente neoliberal liderada por Iñaki Azkuna y Rafael Bengoa (PNV y PSE respectivamente) fue una transformación de la sanidad pública vasca en un modelo similar al de Margaret Thatcher en Inglaterra.

De entrada, el Plan Azkuna, aprobado en 1993, derogó el decreto que exigía la dedicación exclusiva a los nuevos jefes de servicio (creada para evitar conflictos de interés) e introdujo un modelo de gestión empresarial y mercantil en Osakidetza. Una lógica neoliberal que transformó a las y los pacientes en clientes y cambió la forma de trabajo, basada en los criterios de salud pública y bienestar social actuando sobre los determinantes de salud, por objetivos de rentabilidad económica. Se empezó a entender la salud como un coste para las arcas públicas y no como un servicio público que respondía a un derecho básico como es el de la salud.

El Plan Azkuna planteó la reducción de costes mediante la privatización de prestaciones y la implementación los incentivos en función de resultados, orientada, sobre todo, a reducir gastos, etc. Por supuesto, dio un gran impulso a las políticas de concertación con la sanidad privada y frenó de raíz la participación comunitaria, que ni siquiera se mencionaba en el plan.

A partir de ahí, a lo largo de estos años se han ido aprobando leyes que han apuntalado y desarrollado estos criterios economicistas-mercantilistas en la gestión diaria de la sanidad pública. Entre otros, por su trascendencia en el proceso privatizador, vamos a señalar las siguientes:

• En la era Ardanza-Azkuna se aprobaron tanto la Ley 8/1997, de 26 de junio, referente a la Ordenación Sanitaria de Euskadi, como los Estatutos de Osakidetza, que pasaron a definir Osakidetza como un Ente Público de derecho privado e introdujeron la herramienta del Contrato Programa.
• Bajo la responsabilidad del consejero socialista Rafael Bengoa, otro de los grandes artífices de este proceso privatizador, el 23 de mayo de 2012 se aprobó el acuerdo de creación de las Unidades de Gestión Clínica, auténtico caballo de Troya para la privatización de los sistemas sanitarios públicos. También hay que señalar que en el 2019 se aprobó la ley por la que se crearon las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), integrando los hospitales y los centros de salud bajo una dirección hospital-centrista que ha ahondado en el abandono al que se ha sometido a la asistencia primaria (AP) casi desde el inicio. Una ley que ha sido muy cuestionada por sindicatos y organizaciones en defensa de la sanidad pública.
• A nivel estatal, en la privatización de Osakidetza, ha jugado un papel fundamental la ley 15/97, que nació para romper la sanidad pública y permitir la gestión privada de los recursos públicos sanitarios y socio-sanitarios.
• Por último, señalar dos artículos de la ley General de Sanidad (1986). Uno, el art. 67 que regula los convenios singulares, aquellos que se establecen con un hospital privado cuando en una localidad no exista hospital público, mientras se construye éste. Gracias a él, tenemos la clínica de la Asunción en Tolosaldea que nos cuesta 23 millones de euros. Un trasvase puro y duro de dinero público a la privada. El segundo, el artículo 90, donde se regulan los conciertos con la sanidad privada.

Todo este entramado de leyes estatales y autonómicas es el que ha dado cobertura legal a un proceso, lento pero continuo y planificado, de deterioro y privatización de Osakidetza con el objetivo de adelgazar la sanidad pública y engordar la sanidad privada. Su objetivo: satisfacer la avaricia y la codicia de empresas privadas (algunas ligadas a personas importantes del PNV como Jon Azua, Jon Darpón o Mikel Álvarez).

Por ello, derogar estas leyes privatizadoras y en especial la ley 15/97 es un objetivo de primer orden del movimiento en defensa de la sanidad pública.

¿De dónde viene la crisis de la sanidad pública?
Las últimas encuestas y el Deusto-barómetro sitúan al coste de la vida y el deterioro de Osakidetza como las principales preocupaciones de la ciudadanía en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).  También dejan claro que la ciudadanía quiere que su gestión sea pública y que es necesario aumentar la financiación y los recursos de la sanidad pública.

Los síntomas de ese deterioro son muy claros: múltiples recortes en la atención, listas de espera escandalosas para poder recibir atención del médico de familia, del especialista o ser intervenido quirúrgicamente; centros sanitarios sin médico que ponen en riesgo la seguridad del paciente, urgencias hospitalarias colapsadas, pérdida de la calidad, etc.

La sanidad pública y, más aún, la Asistencia Primaria se encuentran en una situación muy crítica con graves consecuencias para la salud de la población. Pero esta crisis ni es nueva, ni está provocada por el tensionamiento al que fue sometida Osakidetza durante la época más dura de la pandemia.

La crisis actual de Osakidetza viene de atrás y es la consecuencia natural de las políticas de recorte aplicadas por el gobierno vasco con el objetivo de deteriorar el sistema público para que las empresas sanitarias privadas hagan negocio con nuestra salud.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?
En primer lugar, debido a una financiación insuficiente de la sanidad pública y, sobre todo, de la Atención Primaria desde hace años. Aunque la consejera de sanidad y el lehendakari lo han negado sistemáticamente, es necesario invertir más y mejor.

El presupuesto sanitario está mal distribuido y no es suficiente: está por debajo de los países del entorno europeo con igual o similar capacidad económica medida en relación al PIB (Francia, Noruega, Suecia, Inglaterra). Mientras que en la CAV gastamos en sanidad un 5,7 %, en esos países gastan entre un 7 % y un 9 %. Estamos 1 674 millones por debajo de la media de esos países.

Es necesario incrementar la inversión para poder atender las necesidades crecientes de una sociedad muy envejecida, con un aumento de las enfermedades crónicas y de las y los pacientes con pluripatologías y que demandas de cuidados más complejos.

Y, sobre todo, se debe invertir mejor para poner a la Atención Primaria en el centro del sistema sanitario.Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, deberíamos incrementar el presupuesto sanitario hasta el 25 % para mejorar el nivel de salud de la población. Por ello hay que poner en valor la Atención Primaria, que es la que soluciona el 90 % de los problemas y necesidades de salud de la población.

Frente al modelo hospitalo-centrista imperante en la actualidad, que centra el interés en el tratamiento, se necesita un modelo basado en la prevención de la enfermedad de y la promoción de salud. Es en los centros hospitalarios donde se mueve el dinero y está el interés de las farmacéuticas y de las empresas de material médico y de la tecnología punta, pero la Asistencia Primaria soluciona el 90 % de los problemas de salud. Por ello, es urgente reforzar la Asistencia Primaria: genera menos gasto, ofrece mejores resultados en salud y genera más equidad.

Por otra parte, se han ido perdiendo los valores de la Atención Primaria y la medicina de familia. Ocurre, por ejemplo, con la accesibilidad; es decir, garantizar que cada persona, cada demanda, cada necesidad sea atendida en tiempo y de la forma que precisen; o, también, con la longitudinalidad; es decir, contar con la asistencia continúa de la misma persona profesional a lo largo de la enfermedad.

Hoy en día no se pueden garantizar debidamente estos valores debido a la falta de personal y a la sobrecarga de trabajo, lo que conlleva consecuencias negativas para la salud, tanto del personal sanitario como de las y los pacientes, así como una tasa de temporalidad muy alta (50 %) y una contratación de muy baja calidad (contratos cortos y una alta rotatividad) que no cubre todas las necesidades y hace que cada vez que nos atienda un o una profesional diferente.

Todos estos valores son muy importantes, tal y como se desprende de las múltiples investigaciones que han corroborado que una mayor continuidad y un mayor seguimiento por el médico de familia reducen las hospitalizaciones y el gasto farmacéutico, al tiempo que hace disminuir notablemente las visitas a Urgencias y la mortalidad de la población atendida.

Sin embargo, las políticas institucionales están orientadas a aumentar la atención telefónica en detrimento de la atención presencial, que es fundamental para un buen seguimiento y diagnóstico del paciente.

Aun cuando la superación de la pandemia permitía una vuelta a la normalidad en los centros de salud, con consultas presenciales como era habitual, Osakidetza decidió priorizar la atención telefónica muy por encima de la que hubo antes de la pandemia. Y la gente está cansada de que haya más consultas telefónicas de las que tendría que haber y haya poca accesibilidad al o a la médico de cabecera.

Sin embargo, la consejera del gobierno vasco, Gotzone Sagardui, sigue aferrada al impulso de un cambio cultural en nuestra relación con los servicios sanitarios basado en:

• Seguir recortando los horarios de atención en los centros de salud, que van a más (en tan solo dos años se han duplicado), y con periodos cada vez más amplios.
• Incrementar el número de centros sanitarios sin médico, cuando la muerte de una persona en el PAC de Laudio no ha hecho sino visibilizar las consecuencias que pudieran tener para la seguridad del o la paciente.
• Obligar a que la gente se tenga que desplazar a otras localidades para ser atendida.
• Implementar las consultas telemáticas, etc.

Medidas todas ellas recogidos en el estudio realizado por la consultora privada Grant Thorntonespecializada en realizar propuestas para allanar el camino a la privatización de la sanidad pública. Un estudio cuyo costó para las arcas públicas ascendió a más de 40.000 euros.

Como consecuencia de todo ello, las listas de espera para ser atendido por el o la médico de familia, especialista o ser intervenido quirúrgicamente son escandalosas; muy por encima de las que había en el período pre-pandemia.

Crecimiento de los seguros médicos privados
Todos estos recortes y el deterioro de la Sanidad Pública y de la Atención Primaria ha ido creando un panorama ideal para la expansión y crecimiento del sector privado de la sanidad.

Este crecimiento se ha dado a través de muy variadas formas de colaboración público-privadas: conciertos, auto-concertación u horas extras y derivaciones de pacientes a la privada para disminuir las listas de espera, etc. Un mercado que muchas administraciones y gobiernos facilitan y consolidan con sus políticas de reducir la sanidad pública a su mínima expresión.

¿Cómo lo hacen? El mecanismo siempre es el mismo: recortar el presupuesto destinado a la sanidad pública. Hay una relación muy directa entre el deterioro de lo público y el crecimiento de la privada. Si a una persona se le dificulta el acceso al médico de cabecera o a una atención presencial, si la demora es grande para ser intervenida quirúrgicamente, la gente, si dispone de medios económicos, intentará buscarse la solución suscribiendo un seguro privado. Son vasos comunicantes.

Así vemos que el deterioro del sistema público ha disparado el crecimiento de los seguros privados. Actualmente, el 24 % de la población de la CAV han contratado un seguro médico privado, un porcentaje que en Bizkaia es mayor: el 30,4 %, una de las tasas más alta del Estado. Este proceso se inició en el 2008 con la crisis económica y últimamente se ha disparado exponencialmente. A fecha de hoy, los seguros médicos privados se están forrando. Nunca antes empresas como Quirón, IMQ y Zorrotzaurre han tenido tanta gente.

Y su enriquecimiento va ligado al incremento de las desigualdades, ya que son servicios que sólo podrán suscribir quienes se lo puedan pagar. Por otra parte, estos seguros atienden a las personas que tienen menos patología, a una población de entre 20 y 60 años, con pólizas de poco riesgo y rentabilidad alta. Una persona jubilada o con patologías graves tiene más dificultades para suscribir un seguro privado debido a su coste es abusivo y difícil de aceptar. Por lo demás, estos centros privados no solucionan los problemas graves de salud.

Esta situación pone de relieve que la sanidad pública es la única que garantiza el derecho a la salud a toda la población, independientemente de su origen y del poder adquisitivo que se tenga. Además, lo hace de forma equitativa prestando especial atención a las personas más vulnerables de la sociedad. En este sentido, un sistema de salud público sólido actúa como un elemento redistributivo de la riqueza.

La sanidad no es una mercancía
A partir de la crisis económica-financiera del 2008, importantes poderes económicos y financieros (la OCDE, el FMI o el Banco mundial), descubrieron en los servicios públicos (sanidad, cuidados, educación y pensiones) nuevos y grandes nichos de negocio donde extraer grandes beneficios.

Objetivos que están siendo facilitados por diferentes gobiernos, entre los que se encuentra el gobierno vasco, con sus políticas neoliberales. Hoy asistimos a una intensa campaña del gobierno vasco y de la dirección de Osakidetza para legitimar las políticas de colaboración público-privadas como paradigma de eficacia y modernidad. Vienen a decir que lo que le interesa a la ciudadanía es que le operen, sin que importe ni dónde ni el cómo.

Sin embargo, ante unas listas de espera que se incrementan día a día, no podemos aceptar la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de derivar miles de pacientes a la sanidad privada, porque dicha propuesta no se plantea resolver los problemas estructurales de la red sanitaria pública y favorece la expansión de la sanidad privada con cargo al presupuesto público. Por esa vía, el año 2023 se gastaron 5 millones y medio de euros que más provecho hubieran tenido si se hubieran invertido para mejorar la situación en el sistema público de salud.

Además, medidas como esa no va a solucionar las listas de espera. Son pan para hoy y hambre para mañana, ya que no se abordan las causas estructurales que las generan.

Además, suponen, un mayor gasto para las arcas públicas que si se hiciera con recursos materiales y de personal propios. La solución a las listas de espera pasa por reforzar la sanidad pública y por un mejor aprovechamiento de los recursos públicos-propios.

Por ello, es necesario rechazar las políticas de colaboración público-privadas.

La privatización
Representantes del Gobierno Vasco y de Osakidetza nos mienten cuando insisten, una y otra vez, que todo va bien y que no hay recortes ni privatizaciones, mientras al mismo tiempo y por la espalda privatizan servicios como el de diálisis, el canal ciudadano (esa digitalización del sistema sanitario) o… los almacenes, con la construcción de una macro empresa privada con capital público, pero con gestión 100% privada. Según un reciente informe del Parlamento Vasco, el 95% de los abortos se continúa derivando a centros concertados.

Así pues, el proceso de privatización goza de buena salud y avanza a pesar de que recientemente y rigurosas investigaciones han demostrado que la privatización sanitaria ofrece peores resultados en salud:

• La investigación realizada en una extensa área de Italia demostró cómo el aumento de financiación en la sanidad pública conllevaba una notable disminución de la mortalidad evitable de la población atendida. Por el contrario, una financiación mayor a los centros sanitarios privados asociados no suponía ningún beneficio en términos de mortalidad.

• Los estudios y las evidencias han demostrado que los modelos neoliberales de países como EE UU, que son más caros, ofrecen peores niveles de salud y han creado un sistema sanitario dual, fragmentado y clasista: uno para la gente rica y quienes se lo puedan pagar y otro para las personas pobres y ancianas.

• En el Reino Unido, el estudio realizado por la universidad de Oxford demuestra, de forma contundente, que los periodos de mayor derivación a la sanidad privada (2012-2018) se ha correspondido con un aumento de la mortalidad evitable de la población.

Sin embargo, el Gobierno Vasco y Osakidetza van en dirección contraria al camino que sugieren estos estudios. En vez de reforzar la sanidad pública y la Atención Primaria, se tiende a agravar su situación de forma metódica y premeditada.

Situacion actual
Esto nos sitúa en un panorama en el que Osakidetza sufre un enorme deterioro y pérdida de calidad. Atraviesa una profunda crisis que ha dado lugar a que se creen Plataformas ciudadanas en Defensa de la Sanidad Pública en números pueblos y comarcas de Euskadi. Plataformas muy plurales en las que se integran asociaciones de vecinos, grupos sociales y sindicales, colectivos feministas, ecologistas, etc.

Por ello, la creciente preocupación y hartazgo de la ciudadanía, expresada en los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han participado en las movilizaciones realizadas en numerosos pueblos y capitales de la CAV, así como la pérdida del prestigio de Osakidetza y la pérdida de votos (del PNV) en las últimas elecciones, está obligando a los partidos que sostienen el actual gobierno a cambiar el discurso en torno a Osakidetza apremiados por la cercanía de las elecciones autonómicas.

Resulta un tanto cínico que quienes han estado gobernando las instituciones y Osakidetza durante décadas y han provocado consciente y premeditadamente esta situación, quienes han venido sosteniendo que todo iba bien, ahora, ante la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, nos digan que si renuevan el gobierno su prioridad va a ser dar solución a esos problemas; que de alcanzar la gobernabilidad, las esperas para ser atendido por el médico de familia no superaran dos días o que, si es urgente, se realizarán en el día. Eso sí, sin aportar ni aclarar cómo se logrará todo ello… Quizás, porque, una vez más, su solución se oriente a fortalecer la sanidad privada, activar viejas e ineficaces fórmulas como las peonadas-horas extras, o derivar pacientes a consultas médicas en las clínicas privadas debilitando a la sanidad pública.

Cuesta creer que quienes durante años vienen desmantelado la sanidad pública en beneficio de clínicas y seguros privados; quienes llevan años sin hacer nada para solucionar la falta de personal, especialmente de médicos de familia y pediatras, ahora tengan la llave de la solución; especialmente, cuando a través de las Mutuas, pretenden crear dos sistemas de salud: uno, con más recursos, para las personas activas laboralmente y, otro, descapitalizado, para el resto de la población.

Cuesta creer que quienes están en el origen del problema sean parte de la solución.

Poner la Asistencia Primaria en el centro del sistema sanitario
Una Asistencia Primaria que deje de ser la cenicienta del sistema sanitario; una Asistencia Primaria que fomente la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud; una Asistencia Primaria con presupuesto y plantilla suficiente, que nos dé una atención cercana, que recupere una atención presencial plena, fundamental para un buen seguimiento y diagnóstico del paciente, con unos tiempos de atención suficiente (como mínimo de 15 minutos) y con demoras para ser atendidos que no superen los  2 días.

Es urgente frenar este desmantelamiento de la sanidad pública. No podemos permanecer callados viendo como reducen la sanidad pública y la atención primaria a la mínima expresión como en EE UU, que parece ser su modelo.

Por eso, exigimos la implementación de un nuevo modelo de cuidados integral, 100 % público, universal, gratuito y de calidad que cubra todas las etapas de la vida, garantizando la accesibilidad y la equidad, colocando a las personas y la salud en el centro; que se amplíen las prestaciones sanitarias: atención mental, laboral, comunitaria, preventiva, bucodental, fisioterapia, geriatría, etc. Un sistema sanitario transparente en la información y democrático en su gestión, mediante mecanismos reales de participación ciudadana.

Exigimos al gobierno vasco, al PNV y al PSE que dejen de aplicar las políticas de recortes y de privatización, que dejen de mirar por los intereses de la sanidad privada.

Hoy es necesario y fundamental agruparnos, juntarnos para avanzar hacia movilizaciones lo más amplias posibles. Movilizaciones unitarias, abiertas y plurales a las que puedan sumarse la ciudadanía, los y las trabajadoras, las mujeres, la juventud y las y los pensionistas, así como todos aquellos colectivos sociales interesados en la defensa de una sanidad y unos servicios socio sanitarios públicos y de calidad."                

( Jose Ignacio Martinez y Jose Manuel Castaños, miembros del Movimiento de Pensionistas y de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la CAV, Viento Sur, 23/03/24)

El aire de superioridad que transmitía el PNV, hacia Euskadi y hacia el resto de España, ha quedado en entredicho. La pandemia fue una señal evidente de que ese teórico liderazgo no era tal... los jóvenes formados se marchan de Euskadi para encontrar mejores empleos y un porcentaje significativo de los que se quedan están en paro o tienen empleos precarios. Otros son específicos, como sus dificultades para atraer mano de obra cualificada, por el idioma... servicios emblemáticos de Euskadi, como su sanidad, sufren la falta de médicos y de personal, y sus trabajadores padecen una temporalidad elevada. Lo que era una seña de identidad, Osakidetza, es percibida ahora mucho peor por los vascos... su industria decae y no logra encontrar nuevas áreas de actividad que la suplan. Euskadi está siendo desplazado por la vitalidad financiera, inmobiliaria y de servicios de Madrid, por la potencia de zonas como la valenciana y por el auge de territorios andaluces, como Málaga... el PNV, y con él de Euskadi, llevan tiempo con una visión económica y política que ya no les garantiza un nivel de vida superior... La elección de Pradales confirma la falta de comprensión de esa realidad... su recetario es muy similar al de muchos alcaldes y presidentes de comunidades autónomas españolas. Su apuesta por el turismo, por las infraestructuras y por la logística es común en muchas regiones europeas, y a menudo sin éxito. También carece de un plan claro de desarrollo de la industria... ya no es posible sostenerse en una posición que les permita afirmar que en Euskadi se vive mejor (Esteban Hernández)

 "El PNV está viviendo momentos difíciles: su hegemonía en Euskadi está en riesgo. La posibilidad de que Bildu lo sobrepase electoralmente es real, lo que supondría un trauma significativo para un partido acostumbrado a imponer sus normas. Si ocurriera, lo más probable es que no conllevara la pérdida de la Lehendakaritza, porque resulta esperable que el PSE salga en su apoyo, pero la repercusión simbólica sería notable.

En ese escenario, el PNV está intentando una renovación que tapone las vías de entrada de Bildu. La sustitución de Urkullu por Imanol Pradales, un candidato más joven y menos conocido, responde a ese propósito. Otra cosa es, más allá de rostros y personajes, en qué se concreten las nuevas propuestas.

“Independentista con los pies en el suelo”

En la entrevista que Pradales concedió a ‘Las Mañanas de RNE’, expuso algunas de sus coordenadas programáticas, similares a las que había narrado a medios vascos y probablemente muy parecidas a las que escuchemos durante la campaña. El PNV propone un proyecto de país al que han sumado elementos transformadores, ligados a la sociedad que viene, como la transición ecológica, que conduzcan hacia un País Vasco “del bienestar, fiable y global”. Lanzó dardos a Bildu y a su teórica aceptación entre las capas más jóvenes (al colectivo joven "no le pueden seducir políticas de control y de imposición, ya que es rebelde, quiere ser libre e intenta evitarlas”), pero sobre todo ha puesto énfasis en evitar el eje izquierda derecha y en centrar el mensaje en las reivindicaciones competenciales.

La hoja de ruta para este “independentista con los pies en el suelo”, como se autodefine, es sencilla: “Hemos defendido el autogobierno de Euskadi desde principios de los 80, y es el elemento básico de construcción de este país, de sus políticas industriales y de sus políticas sociales. El Estatuto de 1979 sigue sin haberse cumplido íntegro 45 años después, porque falta la transferencia de la gestión de los aeropuertos, de los puertos y de la seguridad social. Y, a partir de ahí, habrá que trabajar en la actualización del Estatuto. Este es el camino trazado”.

El partido con sentido común

No parece un mensaje muy novedoso, pero es la clase de propuestas que pueden esperarse del actual PNV. Las señales de su declive no provienen únicamente de la llegada de nuevas generaciones a la política que ya están alejadas del terror etarra, ni del fracaso de las izquierdas no nacionalistas para ganar espacio frente a Bildu, que son factores que tienen su peso, sino del agotamiento de un modelo.

Desde la salida de Ibarretxe y con la entrada de la dirección actual, el PNV ha hecho valer un modelo discursivamente exitoso: es el partido que reúne los intereses empresariales con el bienestar de la población, la formación de derechas que alienta la protección social, el buen gestor pendiente de las infraestructuras necesarias y de proporcionar servicios públicos de calidad, y el hábil negociador con Madrid que alcanza mayores cotas de autogestión sin necesidad de estridencias. Además, las intervenciones de sus portavoces en el Parlamento han granjeado al PNV fama de partido razonable, moderado y con sentido común.

Sobre toda esta capa, hay una idea fuerza que Pradales señalaba en la entrevista, y que ha repetido en otras ocasiones: “La palanca del autogobierno, que fue la apuesta del PNV, nos ha traído una sociedad del bienestar con altos índices de calidad de vida”. Dicho de otra manera, en Euskadi se vivía mejor que en el resto de España, se gozaba de salarios más altos y de mejores servicios públicos gracias a las altas cotas de autogobierno y a que el PNV había sabido gestionar con eficacia.

El aire de superioridad

Sin embargo, ese aire de superioridad que transmitía el PNV, hacia Euskadi y hacia el resto de España, ha quedado en entredicho. La pandemia fue una señal evidente de que ese teórico liderazgo no era tal. Los datos de cada Comunidad fueron continuos y públicos, y en ellos se constataba que otros territorios habían gestionado mejor que el País Vasco, o mucho mejor, las distintas oleadas del Covid.

Euskadi ha sido relegada por la vitalidad financiera, inmobiliaria y de servicios de Madrid

Pero no fue solo eso. Los problemas se le acumularon al PNV en una legislatura complicada. Algunos de ellos son típicos de la época: los jóvenes formados se marchan de Euskadi para encontrar mejores empleos y un porcentaje significativo de los que se quedan están en paro o tienen empleos precarios. Otros son específicos, como sus dificultades para atraer mano de obra cualificada, por el idioma, o el efecto llamada que están generando las ayudas públicas existentes, más abundantes que en otras partes de España; la inmigración magrebí es la que más está respondiendo a esa oferta. Al mismo tiempo, servicios emblemáticos de Euskadi, como su sanidad, sufren la falta de médicos y de personal, y sus trabajadores padecen una temporalidad elevada. Lo que era una seña de identidad, Osakidetza, es percibida ahora mucho peor por los vascos.

 Por si fuera poco, tampoco los salarios parecen gozar de vitalidad. La conflictividad laboral ha sido elevada en esta legislatura, con numerosas huelgas de funcionarios, así como en empresas subcontratadas, y un tercio de las personas en riesgo de pobreza son trabajadores. Y tampoco han ayudado algunos escándalos de su gestión.

Como elemento final, su industria decae y no logra encontrar nuevas áreas de actividad que la suplan. Euskadi está siendo desplazado por la vitalidad financiera, inmobiliaria y de servicios de Madrid, por la potencia de zonas como la valenciana y por el auge de territorios andaluces, como Málaga.

La encrucijada del PNV

La renovación que promete la candidatura de Pradales no es otra cosa que un intento de seguir jugando el mismo papel que aseguraba al PNV la hegemonía. Pero esa posición es ya muy complicada: las tendencias de la época tienden a concentrar los recursos en las ciudades globales, como Madrid, y las vascas lo tienen muy difícil para escapar de esa ola general. Las exigencias adicionales, como el conocimiento de un idioma difícil, desaniman a personas con cualificación y talento para trasladarse a Euskadi. Además, carece de ese músculo financiero que Kutxabank le brindó en tiempos pasados a la hora de incentivar el desarrollo empresarial.

 Tampoco puede exigir mucho más al Estado. Es posible reclamar algunas de las transferencias pendientes, pueden redactar un nuevo Estatuto en el que figure el derecho a decidir, pero económicamente ya no tienen mucho margen. Han conseguido casi todo.

Esta es la encrucijada del PNV. Por utilizar un símil, al Euskadi Buru Batzar le ocurre como a esos hijos de clases medias altas y altas que se forman en universidades de prestigio y que, cuando emprenden sus trayectorias profesionales y brillan en ellas, lo atribuyen a su mérito. La posición de ventaja de la que partían parecía un asunto menor.

Ahora han cambiado dos cosas, y no son pequeñas: ese lugar de partida ya no es tan ventajoso, y las fórmulas estándar que llevan tiempo aplicando diligentemente, que aprendieron en esos lugares de prestigio, son ya mucho menos útiles. Esta época es diferente, ha traído otras realidades y las recetas que se aplicaban son poco efectivas.

Pradales suena a un tecnócrata predecible y eso, que antes era un valor, es ahora un problema: repite las mismas fórmulas que los demás

Esa es la causa del declive del PNV, y con él de Euskadi. Sus gobernantes llevan tiempo con una visión económica y política que ya no les garantiza un nivel de vida superior. Han sido, probablemente, el partido más tecnocrático de España, pero cuando las épocas cambian, hay que saber transformarse con ellas.

La elección de Pradales confirma la falta de comprensión de esa realidad. Conoce bien tanto el mundo empresarial como el institucional, pero su recetario es muy similar al de muchos alcaldes y presidentes de comunidades autónomas españolas. Su apuesta por el turismo, por las infraestructuras y por la logística es común en muchas regiones europeas, y a menudo sin éxito. También carece de un plan claro de desarrollo de la industria, más que el de sumarse a la ola de hubs tecnológicos que han terminado fracasando en tantas partes de España. Su reconversión verde es tan evidente como en cualquier otro lugar de la península, pero también se ve forzado por necesidades de sus empresas que obligan a tomársela con más calma. Y los capitales privados, también los de su territorio, no están realizando una apuesta evidente por Euskadi. Pradales suena a un tecnócrata predecible y eso, que antes era un valor, en esta época lleva a repetir las mismas fórmulas que los demás.

Sin vigor económico, no existe una capacidad real de mantener el equilibrio, que fue su signo distintivo, entre una notable actividad empresarial y los servicios públicos de calidad; tampoco es posible sostenerse en una posición que les permita afirmar que en Euskadi se vive mejor. Y, sin eso, los pilares del PNV se agrietan. Es cierto que Bildu, el otro partido con posibilidades de gobernar ha elegido jugar en el mismo terreno y ha nombrado candidato a otro tecnócrata. Pero eso, que quizá favorezca a los jeltzales, no es bueno para Euskadi. Hará sus problemas más profundos. Y, en ese instante, la tentación de volver al marco soberanista será mayor.

El PNV está viviendo momentos difíciles: su hegemonía en Euskadi está en riesgo. La posibilidad de que Bildu lo sobrepase electoralmente es real, lo que supondría un trauma significativo para un partido acostumbrado a imponer sus normas. Si ocurriera, lo más probable es que no conllevara la pérdida de la Lehendakaritza, porque resulta esperable que el PSE salga en su apoyo, pero la repercusión simbólica sería notable."                     (Esteban Hernández , El Confidencial, 05/04/24)

Eduardo Garzón: Voy a explicar el lío que hay con el tema de la caja única de la Seguridad Social a tenor del pacto entre el PSOE y PNV... en el acuerdo no se dice nada de la Seguridad Social, ni su traspaso, ni caja única, ni nada. Sólo que "traspasarán las materias pendientes"... o sea, la "gestión del régimen económico de la Seguridad Social", tal y como podemos leer en el Estatuto de Guernica (artículo 18.2) firmado en 1979. Han pasado 44 años y todavía no se ha traspasado... En otras palabras, el gobierno vasco recopilaría los datos, daría las órdenes de pago, sancionaría, etc. pero jamás podría alterar las "reglas de juego"... lo que se acordó traspasar es la gestión del sistema: la función ejecutiva, no la legislativa... no se va a traspasar la competencia legislativa de la Seguridad Social ni se va a romper la caja única... Traspasar esa competencia sería anticonstitucional... ergo no se rompería la caja única ni se pondría en riesgo la solidaridad entre ciudadanos como se inventa la derecha para boicotear la investidura

Eduardo Garzón @edugaresp

Voy a explicar el lío que hay con el tema de la caja única de la Seguridad Social a tenor del pacto entre el PSOE y PNV. Veréis que -para no variar- aquí lo único que hay es un ataque inventado e injustificado de la derecha para crear ruido y boicotear la investidura.

Para empezar, voy a ser tan revolucionario que me voy a leer el acuerdo firmado en vez de los titulares de los medios de derechas. Y, oh sorpresa, no se dice nada de la Seguridad Social, ni su traspaso, ni caja única, ni nada. Sólo que "traspasarán las materias pendientes".

¿Cuáles son esas materias pendientes de traspasarse? Pues, entre otras, se encuentra la "gestión del régimen económico de la Seguridad Social", tal y como podemos leer en el Estatuto de Guernica (artículo 18.2) firmado en 1979. Han pasado 44 años y todavía no se ha traspasado.

IMPORTANTÍSIMO entender que lo que se acordó traspasar es la gestión del sistema: la función ejecutiva, no la legislativa. En otras palabras, el gobierno vasco recopilaría los datos, daría las órdenes de pago, sancionaría, etc. pero jamás podría alterar las "reglas de juego".

Pero no por nada, sino porque la legislación de la Seguridad Social es una competencia exclusiva del Estado acorde a la Constitución Española (artículo 149.17). Traspasar esa competencia sería anticonstitucional.

De hecho, el Tribunal Constitucional tiene dos sentencias en las que se refuerza esa idea: (124/1989 y 195/1996). Así que no; no se va a traspasar la competencia legislativa de la Seguridad Social ni se va a romper la caja única.

Por si fuera poco con las limitaciones del marco jurídico, resulta que las cuestiones relacionadas con la Seguridad Social y las pensiones se suelen acordar políticamente en el Pacto de Toledo. Es inimaginable que se realice algo tan delicado sin contar con ese espacio.

Entonces, si está tan claro, ¿a qué viene todo este ruido? ¿en qué se basan los mensajes alarmistas? Pues básicamente en este comunicado del sindicato de inspectores de trabajo y seguridad social, la enésima organización que fuerza interpretaciones para torpedear la investidura.

Porque fijaos que se oponen a "que las CCAA puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones". Pues vale, pero es que eso no es lo que se ha pactado, porque eso es función legislativa, no gestión. Es una falacia de hombre de paja de libro.

A raíz de este comunicado todos los medios de derechas sacaron sus titulares alarmando con "el fin de la caja única de la Seguridad Social". Pero se trata de una mentira, un invento que no tiene ninguna base. El objetivo es político: meter más ruido para boicotear la investidura.

Hubo otro suceso que ha sido aprovechado por los medios para meter más mierda. La ministra de Hacienda dijo que el "traspaso no se había singularizado en el acuerdo" y que "esa materia implica dificultad". Y es cierto, no aparece explícitamente en el acuerdo y el tema es delicado

Y es que parece que el PSOE no quiere traspasar esa competencia porque es delicado (no por casualidad lleva 44 años sin hacerse), y por eso no aparece explícitamente en el acuerdo. Y el PNV sí quiere y mete presión fuera del acuerdo. Cada parte le habla a su parroquia.

Pero se llegue a transferir la competencia o no, la clave es que sería sólo la gestión, no la capacidad legislativa, ergo no se rompería la caja única ni se pondría en riesgo la solidaridad entre ciudadanos como se inventa la derecha para boicotear la investidura.

12:18 p. m. · 11 nov. 2023 385,9 mil Reproducciones

¡Que son de derechas! Por puro oportunismo, sectores de la izquierda intenta pintarnos de color progresista lo que no es otra cosa que una rancia derecha nacionalista. Tal y como plantea Enric Juliana “Si los votantes de Junts vivieran en Burgos votarían al PP o incluso a Vox”... PNV o Junts representan la derecha -o la derecha extrema- catalana y vasca “de toda la vida”. En sus valores, en la política económica que defienden, en su relación con los grandes centros de poder… son al 100% de derechas o muy, pero que muy de derechas... Alcanzar pactos con PNV o incluso con Junts es lícito, sobre todo si los números obligan a ello, y habrá que valorarlos por su contenido. Pero para justificar esos acuerdos no se puede eliminar, blanquear, el carácter extremadamente conservador, muy de derechas y en algunos casos muy reaccionario, que tienen ambas formaciones

 "La aritmética parlamentaria surgida del 23-J obliga a PSOE y Sumar, si quieren formar una mayoría de gobierno, a contar con el voto afirmativo del PNV y al menos con la abstención de Junts.

Hay que huir de la propaganda conservadora que califica estos pactos de “gobierno Frankenstein”. El PP lo haría si la inclusión de Vox en la ecuación no hiciera inviable esta opción.

Pero también de la confusión que pretende convencernos de que PNV o Puigdemont son en todo o en parte de izquierdas.

Representan la derecha -o la derecha extrema- catalana y vasca “de toda la vida”. En sus valores, en la política económica que defienden, en su relación con los grandes centros de poder… son al 100% de derechas o muy, pero que muy de derechas.

Hay quien incluye a PNV y Junts en un “bloque plurinacional y republicano” que sería el corazón de “un proyecto de izquierdas para España”. Y algunos analistas han planteado que Junts no es un partido al uso, sino una amalgama “donde conviven liberales, conservadores y también un sector de izquierdas”.

No es objeto de este artículo valorar las diferentes posiciones que avalan o niegan la plurinacionalidad, ni tampoco entrar en el debate sobre el tipo de régimen. Pero sí despejar una confusión interesada y dañina.

Alcanzar pactos con PNV o incluso con Junts es lícito, sobre todo si los números obligan a ello, y habrá que valorarlos por su contenido. Pero para justificar esos acuerdos no se puede eliminar, blanquear, el carácter extremadamente conservador, muy de derechas y en algunos casos muy reaccionario, que tienen ambas formaciones.

Comprobémoslo en las posiciones que han defendido y siguen defendiendo.

De la OTAN a los recortes

¿Qué postura plantean PNV o Junts en política internacional? Siempre al lado de los más poderosos, siempre en contra de los pueblos.

En su ADN está el apoyo cerrado a la OTAN, y a que España sea un peón sumiso de EEUU.

Se recuerda que, ante el referéndum de la OTAN en 1986, Pujol -ancestro de Puigdemont- puso todo su poder al servicio del triunfo del Sí, mientras Arzallus clamaba que “votaré bai [sí en euskera] aunque se hunda el mundo”.

Ahora, Andoni Ortuzar, cabeza de lista del PNV al Congreso, acaba de avalar el brutal aumento del presupuesto militar -11.000 millones anuales más- que exige Washington. Y el último congreso de Junts aprobó una moción que reafirmaba su “compromiso atlantista”.

Destacados representantes del entorno de lo que hoy es Junts consideraron que la victoria de Trump suponía “una ventana de oportunidades” que era necesario aprovechar para avanzar hacia la independencia. Y cuando Puigdemont viajó a EEUU se reunió con el círculo de congresistas republicanos más ultras, que son su base de apoyo en la superpotencia.

¿Qué pasó cuando a partir de 2010 Washington y Berlín impusieron en España una oleada de recortes? Que el PNV y CiU -de donde viene Junts- respaldaron buena parte de ellos.

CiU votó a favor del rescate bancario y el PNV se abstuvo aunque afirmó “estar sustancialmente de acuerdo”.

Ambos partidos avalaron con su abstención la reforma del artículo 135 de la Constitución, que impone pagar antes la deuda a bancos y fondos que las pensiones a los jubilados.

Y CiU votó a favor de la reforma laboral impulsada por Rajoy en 2012. Mientras que en Cataluña los gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra se colocaban a la cabeza de los recortes en sanidad y educación. Convirtiendo a Cataluña en la comunidad, junto a Madrid, donde más ha avanzado la privatización de la sanidad.

De derechas. Muy de derechas.

Junts, de la derecha clásica a la extrema derecha

Cuando Steven Forti, autor del libro “Ultraderecha 2.0” declaró que “Junts comparte muchos rasgos con formaciones de ultraderecha” se armó un escándalo considerable. Pero los hechos le han avalado.

El 29 de mayo de 2022 varias fuerzas independentistas de ultraderecha se reunieron para intentar formar una candidatura conjunta. En esa reunión estuvieron representantes de Junts y personalidades muy cercanas a Puigdemont.

Y cuando un pacto de izquierdas pretendió impedir que la xenófoba e independentista Aliança Catalana alcanzara la alcaldía de Ripoll, Laura Borrás intervino para que Junts facilitara el bastón de mando municipal a los ultras.

Tal y como plantea Enric Juliana “los votantes de Junts si vivieran en Burgos votarían al PP o incluso a Vox”. La política económica que defiende Junts no se diferencia en nada de la de Ayuso.

Quien dirige el área económica en Junts es Jaume Giró, que fue conseller de Economía por el partido de Puigdemont. Viene de ser un alto directivo de La Caixa. No hay nada más de derechas que un banquero.

Y antes que él, la voz económica de Junts fue Elsa Artadi, formada en EEUU junto a Sala-i-Martí que colabora con la FAES de Aznar porque comparte con él su reaccionario programa.

Cuando Junts interviene siempre lo hace para defender cosas de derechas. Cuando en Barcelona se aprobó una ley de vivienda que limitaba, aunque parcialmente, los alquileres, Junts presentó varias enmiendas que fueron consideradas por el Sindicato de Inquilinos “una traición que convierte la ley en papel mojado”.

Y en el último congreso Junts aprobó defender la rebaja del tramo más alto del IRPF, el que pagan los más ricos, del 50% al 45%, bonificar con el 99% el impuesto de sucesiones -la misma política de rebajas a los más ricos que defiende la comunidad de Madrid- y políticas “antiokupas” -con la misma propaganda de los sectores ultras que mienten para situar la ocupación y no la subida de hipotecas o alquileres como el gran problema-.

Definitivamente, no se puede ser más de derechas.

El PNV o la “gente de orden”

La tramitación de los impuestos a los “beneficios extraordinarios” de la banca y las energéticas da la medida de la jesuítica, y muy de derechas, postura del PNV.

Primero facilitó con su voto la aprobación de los dos nuevos impuestos. Y luego utilizó las enmiendas en el Congreso y el Senado para rebajarlos a su mínima expresión.

Las enmiendas del PNV suponían que bancos y eléctricas pagarían 2.000 millones menos de lo inicialmente acordado. Y, sorpresa, daban como resultado que Repsol, dirigida por Josu Jon Imaz, ex dirigente del PNV, no pagaría ni un solo euro, aunque declaró en 2022 beneficios por valor de 4.251 millones.

No es la única vez que se le ve la patita de derechas al PNV. Se ha planteado eliminar el impuesto de patrimonio, sumándose a la carrera encabezada por Ayuso de regalos fiscales a las rentas más altas.

Y la consejera de salud del PNV, Gotzone Sagardui, ha declarado que “la escasez de médicos obligará a desplazarse más lejos para ir al ambulatorio y a consultorios solo con enfermería”. Exactamente la misma política aplicada por Ayuso para degradar la sanidad pública. Y que también en Euskadi va a acompañada de un avance en la privatización sanitaria que muchas organizaciones vascas están denunciando.

Si PNV y Junts tienen valores de derechas, aplican políticas de derechas, mantienen posiciones políticas de derechas… es porque son de derechas. Muy de derechas. "

( Joan Arnau , De Verdad Digital, 14/08/23)