Según Adam Tooze, los "cuatro jinetes de la heterodoxia" que acechan a la economía son: nacionalizaciones, tipos de interés muy bajos, controles de precios y presión de los Estados sobre sus bancos centrales... en los entornos bursátiles y entre las élites financieras, esta crisis se ha encajado con mucha calma, la que aportan los beneficios extra, pero también con una extraña confianza en que será de corta duración... Gita Gopinath, execonomista jefe del FMI y profesora en Harvard, cree que no se trata tanto de que los mercados estén convencidos de que Trump vaya a dar marcha atrás y acepte una derrota en Irán, sino de que existe la confianza en que, como en otros momentos de crisis, los mercados contarán con un gran y duradero apoyo estatal. Si las cosas se ponen feas, los gobiernos acudirán al rescate... pero dado que el margen fiscal es limitado para un buen número de países, los gobiernos podrían desplegar estas medidas heterodoxas, para absorber el riesgo fiscal... Los dirigentes occidentales no se atrevían a sugerirlas, al menos en teoría, porque cuando llegaron las crisis algunas de ellas emergieron con la justificación de salvar la economía... Todos los Estados importantes han utilizado instrumentos heterodoxos en los últimos años y lo continuarán haciendo. Las nacionalizaciones de empresas en quiebra no han sido inusuales. Los gobiernos europeos seguirán inyectando dinero (unos más que otros, la capacidad fiscal alemana no es la misma que la española o la italiana), con los objetivos más diversos. El dogma alemán del déficit público cero lo han roto ellos mismos. La política industrial regresa de forma decidida... Esto no es una crisis, ni una sucesión de ellas, sino un cambio de orden. En la medida en que la circulación por los mares ya no es segura, en que la guerra ha hecho acto de aparición y que la carrera por el futuro entre EEUU y China, con especial énfasis en la inteligencia artificial, está lanzada, el orden anterior ya no es recuperable... En ese escenario, las medidas económicas heterodoxas aparecerán con más frecuencia y los países que las utilicen con mayor inteligencia abordarán la nueva época con mayor posibilidad de éxito (Esteban Hernández)

 "El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha pedido a sus ciudadanos que usen el transporte público, eviten los viajes, trabajen desde casa, disminuyan el consumo de gasolina y diésel, reduzcan las compras de bienes importados, utilicen lo mínimo posible los fertilizantes y no compren oro. El cierre de Ormuz está causando perturbaciones serias en su país, al igual que ocurre en otros Estados asiáticos. En Europa, se han encendido las luces, pero todavía no suenan las alarmas. Y en los entornos bursátiles y entre las élites financieras, esta crisis se ha encajado con mucha calma, la que aportan los beneficios extra, pero también con una extraña confianza en que será de corta duración. Ken Griffin, CEO de Citadel, así lo subrayaba en la conferencia Milken, aunque avisaba de que las perturbaciones se vivirán de forma distinta según el ámbito geográfico: EEUU es una potencia energética y el cierre no le genera dificultades de abastecimiento, al contrario que a otros países. Otra cosa es que el bloqueo termine dañando de manera prolongada a los países en desarrollo, en cuyo caso la sacudida se notaría también en la economía estadounidense. Griffin no parecía demasiado preocupado, lo que resulta significativo en un momento tan incierto.

Esa divergencia en la percepción del riesgo entre los dirigentes políticos y el entorno inversor es explicada por Gita Gopinath, execonomista jefe del FMI y profesora en Harvard, desde una perspectiva realista. No se trata tanto de que los mercados estén convencidos de que Trump vaya a dar marcha atrás y acepte una derrota en Irán, sino de que existe la confianza en que, como en otros momentos de crisis, los mercados contarán con un gran y duradero apoyo estatal. Si las cosas se ponen feas, los gobiernos acudirán al rescate. Sin embargo, esta vez es distinto, porque no es tan fácil diseñar políticas que sean fiscalmente sostenibles y que apoyen el crecimiento a largo plazo. Como subraya Gopinath, dado que el margen fiscal es limitado para un buen número de países, los gobiernos podrían desplegar medidas heterodoxas, como el control de precios, los tipos muy bajos y la presión sobre los bancos centrales para absorber el riesgo fiscal.

Son medidas que resultaban aceptables para las dictaduras, pero que cualquier régimen democrático se negaba a adoptar

En los últimos tiempos, cuando se debía afrontar una crisis, los gobiernos inyectaban dinero en la economía. El problema añadido, y se vio durante el covid, era que las ayudas estaban destinadas mucho más a respaldar a las empresas cotizadas y a sus accionistas que a generar actividad económica. Esa es también parte de la divergencia actual entre la macroeconomía y la vida cotidiana. Sin embargo, la capacidad de seguir aumentando la deuda no es ilimitada, por lo que los mercados financieros empezarán a exigir de manera muy activa que los presupuestos públicos se ajusten. Entonces es cuando podrán aparecer esos instrumentos que Adam Tooze denomina "los cuatro jinetes de la heterodoxia": nacionalizaciones, tipos de interés muy bajos, controles de precios y presión de los Estados sobre sus bancos centrales.

Son el tipo de políticas que los mercados desprecian y temen, y que han estado proscribiendo durante años. Los dirigentes occidentales no se atrevían a sugerirlas: eran medidas que resultaban aceptables en las dictaduras, pero que cualquier régimen democrático se negaba a adoptar. Al menos en teoría, porque cuando llegaron las crisis algunas de ellas emergieron con la justificación de salvar la economía.

La teoría y la realidad

Sin embargo, es muy posible que tales instrumentos se vuelvan más frecuentes en estos tiempos. Si el margen de la inyección fiscal se acorta, se buscarán otros caminos. Son las cosas que nadie quiere hacer, y que nadie sugiere, pero de las que se echa mano cuando el resto de caminos aparecen cerrados. Tooze insiste en que son medidas que no deben demonizarse, que pueden ser útiles en determinados contextos y que deben utilizarse con prudencia y de manera pragmática. En esencia, lo que está de fondo es el debate sobre si el Estado debe intervenir en la economía o si, como se insistía hasta ahora, hay que dejar que el mercado opere por sí mismo.

El carácter progresista de Tooze y de otros economistas que ven adecuadas estas medidas provoca que, a menudo, la discusión derive hacia la ideología, hacia un enfrentamiento entre las distintas formas de gestión económica que propugnan la izquierda y la derecha.

Las medidas heterodoxas han sido utilizadas por los Estados importantes desde hace tiempo. En un contexto difícil, serán más frecuentes

Pero esas discusiones son ociosas. Todos los Estados importantes han utilizado instrumentos heterodoxos en los últimos años y lo continuarán haciendo. Las nacionalizaciones de empresas en quiebra no han sido inusuales. Los gobiernos europeos seguirán inyectando dinero (unos más que otros, la capacidad fiscal alemana no es la misma que la española o la italiana), con los objetivos más diversos. Antes fue la crisis de las 'subprime', más tarde la del covid y ahora la energía y la necesidad de rearme. El dogma alemán del déficit público cero lo han roto ellos mismos cuando lo han necesitado. EEUU no solo ha impuesto aranceles, sino que está priorizando las empresas nacionales en ámbitos muy significativos y Trump está presionando a la Fed. Rusia está en economía de guerra. China es otro nivel en cuanto a la dirección de la economía desde el Estado. La política industrial regresa de forma decidida. Lo cierto es que las medidas heterodoxas han estado presentes en los Estados importantes desde hace tiempo, por lo que resulta esperable que, en un contexto de dificultad, amplíen su ámbito de acción.

Mientras tanto, Europa sigue con su idea de derivar recursos públicos para destinarlos al rearme al mismo tiempo que se ajustan presupuestos y se quieren reformar las pensiones para reducir el gasto estatal. Europa está centrada en acabar con la regulación excesiva, con la búsqueda del déficit cero, y con la reforma de los planes de pensiones para evitar que los 'boomers' les roben el futuro a los jóvenes. Es la idea continuamente presente del regreso a la normalidad: todas las medidas que se han tomado fueron forzadas por contextos excepcionales y, en la medida que desaparezcan, se volverá a la ortodoxia, al sentido común económico, a lo de siempre y a lo bien hecho. Pero habría que preguntarse si no es justo eso "de siempre" lo que ha creado vulnerabilidades extremas a Europa al promover economías excesivamente dependientes del exterior en áreas críticas; si la normalidad a la que se pretende volver no es más que el regreso a aquellas políticas que desindustrializaron Europa salvo en ámbitos muy limitados, no generaron fuentes de energía propia y dañaron el poder adquisitivo y el nivel de vida de la mayoría de sus ciudadanos.

Lo que está de fondo es la búsqueda de fórmulas que permitan a los Estados transitar por una época complicada con rumbo firme

En segundo lugar, esa idea de la excepcionalidad es absurda. Esto no es una crisis, ni una sucesión de ellas, sino un cambio de orden. En la medida en que la circulación por los mares ya no es segura, en que la guerra ha hecho acto de aparición y que la carrera por el futuro entre EEUU y China, con especial énfasis en la inteligencia artificial, está lanzada, el orden anterior ya no es recuperable. Las armas, las finanzas, el papel del dólar, la seguridad en el abastecimiento energético y la protección frente a las turbulencias internacionales suponen un cambio sustancial de dirección. En el mejor de los casos, EEUU y China traerán el orden de nuevo mediante la fijación de esferas de influencia propias; en el peor, iremos hacia una inestabilidad internacional continua. En ese escenario, las medidas económicas heterodoxas aparecerán con más frecuencia y los países que las utilicen con mayor inteligencia abordarán la nueva época con mayor posibilidad de éxito. Lo que está de fondo no es una pelea de la izquierda contra la derecha, sino la búsqueda de fórmulas que permitan a los Estados transitar con mejor rumbo por una época complicada. En ese escenario, será el pragmatismo lo que guíe las acciones de los gobiernos mucho más que la ortodoxia." 

(Esteban Hernández, El Confidencial, 14/05/26)

Política fiscal y combustibles en tiempos de guerra: La propuesta de aplicar un tipo del 0% en lugar de una exención de IVA permitiría a las grandes distribuidoras deducirse los costes de IVA soportados, trasladando todo el peso fiscal al Estado sin garantizar una bajada de precios... En tiempos de crisis, los productos básicos de alimentación presentan una demanda que no disminuye ante la subida de precios, permitiendo prácticas especulativas que afectan desproporcionadamente a las familias vulnerables... El mercado de combustibles es un oligopolio que maneja los precios. La rebaja impositiva suele ser absorbida como beneficio empresarial mediante el «colchón» que genera la reducción del impuesto... más de la mitad de los ingresos por impuestos al combustible (58% del Impuesto Especial y 50% del IVA) son percibidos por las Comunidades Autónomas... Existe una práctica de especulación donde la subida de precios es inmediata ante el aumento del coste del crudo, pero la bajada es significativamente más lenta... Frente a la ineficacia de las rebajas de IVA para controlar la inflación en productos como el pan, se plantea la intervención de precios como una medida utilizada históricamente en economías capitalistas bajo situaciones excepcionales... Vaciar las arcas públicas mediante rebajas fiscales ineficaces limita la capacidad del Estado para ofrecer ayudas directas a los sectores más vulnerables durante periodos de recesión (Ricardo Rodríguez)

 "Analiza de forma crítica las propuestas de rebajas fiscales en España, cuestionando la eficacia de reducir impuestos al combustible y los alimentos para combatir la inflación. Ricardo  sostiene que, en mercados controlados por grandes empresas, estas medidas suelen aumentar los beneficios empresariales en lugar de abaratar los precios para el consumidor final. Asimismo, aclara conceptos técnicos sobre la recaudación tributaria y explica por qué la propuesta de Juan Roig sobre un IVA al 0% favorece principalmente a los intereses de las grandes distribuidoras. Finalmente, el texto defiende que el Estado debe mantener sus ingresos para financiar ayudas directas y sugiere que la intervención de precios es más efectiva que los beneficios fiscales.

Los puntos clave identificados son:

• Ineficacia de las rebajas fiscales en oligopolios: La experiencia demuestra que la reducción de impuestos indirectos en mercados controlados por la oferta (como el de hidrocarburos) no se traduce en una bajada de precios para el consumidor, sino en un incremento de los márgenes de beneficio de las empresas.
• Desmitificación de la recaudación: Contrario a la retórica política que atribuye la recaudación exclusivamente al Gobierno central, más de la mitad de los ingresos por impuestos al combustible (58% del Impuesto Especial y 50% del IVA) son percibidos por las Comunidades Autónomas.
• La estrategia de Juan Roig (0% de IVA): La propuesta de aplicar un tipo del 0% en lugar de una exención de IVA permitiría a las grandes distribuidoras deducirse los costes de IVA soportados, trasladando todo el peso fiscal al Estado sin garantizar una bajada de precios.
• Bienes Giffen y demanda inelástica: En tiempos de crisis, los productos básicos de alimentación presentan una demanda que no disminuye ante la subida de precios, permitiendo prácticas especulativas que afectan desproporcionadamente a las familias vulnerables.

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1. Análisis de la Fiscalidad de los Hidrocarburos

El debate sobre el precio de los combustibles suele estar viciado por imprecisiones técnicas respecto a quién recauda y cómo se estructuran los impuestos.

Estructura Impositiva y Distribución

El precio del combustible en España integra dos figuras tributarias principales que no benefician exclusivamente al Ejecutivo central:

Impuesto	Naturaleza	Distribución a CCAA
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos	Cuantía fija por unidad (no porcentual)	58% del rendimiento
IVA (Tipo General 21%)	Porcentaje sobre el precio final	50% del rendimiento

Puntos críticos:

• Reserva Legal: Los impuestos no los establece el Gobierno (Poder Ejecutivo), sino el Parlamento (Poder Legislativo) por mandato constitucional.
• Efecto de la cuantía fija: Al ser el Impuesto Especial una cuantía fija, su peso porcentual sobre el precio final disminuye a medida que el precio del combustible aumenta.

El Mercado Oligopólico y la Incidencia Fiscal

La propuesta de eliminar o bajar impuestos para aliviar la inflación es analizada como ineficaz por las siguientes razones:

1. Control de la oferta: El mercado de combustibles es un oligopolio que maneja los precios. La rebaja impositiva suele ser absorbida como beneficio empresarial mediante el «colchón» que genera la reducción del impuesto.
2. Precios asimétricos: Existe una práctica de especulación donde la subida de precios es inmediata ante el aumento del coste del crudo, pero la bajada es significativamente más lenta (efecto pluma), incluso disponiendo de reservas compradas a precios inferiores.

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2. La Propuesta del IVA al 0% en la Alimentación

El análisis de la propuesta de Juan Roig (Mercadona) revela una distinción técnica fundamental entre «exención» y «tipo 0%», con implicaciones financieras profundas para el sector privado y el erario público.

Diferencia Técnica: Exención vs. Tipo 0%

• Exención de IVA: El vendedor no repercute IVA al cliente, pero no puede deducirse el IVA de sus propios gastos de producción y distribución. El coste del IVA soportado lo asume la empresa o se traslada al precio.
• Tipo 0% de IVA: El vendedor no repercute IVA al cliente, pero sí mantiene el derecho a deducirse la totalidad del IVA de sus costes. En este escenario, el Estado asume el coste total del IVA acumulado en toda la cadena de valor.

Impacto en la Gran Distribución

Esta medida favorece especialmente a las grandes empresas que pueden deducirse grandes volúmenes de IVA soportado, a diferencia de los pequeños minoristas en régimen de recargo de equivalencia, quienes no tienen opción de deducción. Al igual que con el combustible, no hay garantía de que el mercado traslade ese ahorro al consumidor final en lugar de engrosar sus beneficios.

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3. Dinámicas Económicas en Bienes de Primera Necesidad

El comportamiento del consumidor ante la crisis de precios en alimentación se rige por conceptos de elasticidad y tipología de bienes que facilitan la especulación.

Bienes Giffen y Alimentación Básica

En situaciones de precariedad extrema, ciertos alimentos básicos (pan, leche, patatas) actúan como bienes Giffen:

• Comportamiento: Ante una subida de precio, su demanda aumenta en lugar de disminuir.
• Razón: Las familias pobres deben renunciar a productos más caros (carne, pescado) para comprar más cantidad del producto básico, aunque este haya subido de precio, por ser todavía la opción más barata para subsistir.
• Riesgo: Esta inelasticidad de la demanda permite a los distribuidores mantener o subir precios incluso si se eliminan impuestos, ya que el consumo está garantizado por necesidad vital.

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4. Conclusiones y Propuestas de Política Fiscal

El análisis sugiere que las medidas coyunturales de bajada de impuestos indirectos son contraproducentes durante las crisis.

• Preservación de recursos públicos: Vaciar las arcas públicas mediante rebajas fiscales ineficaces limita la capacidad del Estado para ofrecer ayudas directas a los sectores más vulnerables durante periodos de recesión.
• Justicia Fiscal: Se propone una reforma estructural que consista en la reducción gradual de impuestos indirectos (regresivos) y el aumento de impuestos directos (progresivos). Esto permite una mejor redistribución y activa la economía al dotar de más recursos a quienes tienen mayor propensión al gasto por necesidad.
• Intervención de precios: Frente a la ineficacia de las rebajas de IVA para controlar la inflación en productos como el pan, se plantea la intervención de precios como una medida utilizada históricamente en economías capitalistas bajo situaciones excepcionales.
• Eficacia Económica y Conflictos: Se establece que la medida económica más efectiva para estabilizar la economía es evitar el inicio de guerras o trabajar activamente por su detención, eliminando así la causa raíz de las distorsiones de precios y suministros." 

(vídeo de Ricardo Rodríguez , Miguel Angel, neuronas rojas, 14/03/26)

Esto es serio: el precio del café está subiendo... Esta es una tendencia que veremos con mucha más frecuencia en el futuro. No solo con el café, sino con muchos alimentos que damos por sentados... en los últimos años, las cadenas de suministro mundiales de café han aumentado su vulnerabilidad frente al cambio climático, la especulación financiera y las crisis más amplias de la globalización neoliberal... Y luego están los aranceles... El resultado es que el precio del café está subiendo desde todos los frentes: el suministro es menos fiable, la producción es más costosa, la demanda está aumentando y la especulación está añadiendo inestabilidad... si queremos garantizar un futuro sostenible para las comunidades agrícolas de todo el mundo, debemos reconocer que el precio del café es un síntoma de un problema mucho más profundo en la forma en que está organizado nuestro sistema económico. La pregunta es: ¿está alguien dispuesto a hacer algo para crear estabilidad donde se necesita, para todos aquellos que dependen del café, sobre todo para sus ingresos, en todo el mundo? (Richard Murphy, Un. Sheffield)

 "Esta mañana vi este gráfico en el FT (...)

Destacan el aumento del precio del café en los Estados Unidos, y dicen:

"Para Estados Unidos, cuyos tostadores dependen de las importaciones para casi todo su suministro, los costos han aumentado aún más desde que el presidente estadounidense Donald Trump declaró un arancel del 50 por ciento sobre Brasil en julio. Brasil es el mayor productor mundial de café arábigo de alta calidad y, históricamente, suministró alrededor de un tercio de los granos consumidos en los Estados Unidos."

Añadieron:

"Según Vizion, un servicio de datos de envío, los envíos de café de Brasil a Estados Unidos se han reducido a la mitad en lo que va de año. El declive se aceleró en agosto, cuando las exportaciones de café de Brasil disminuyeron más del 75 por ciento con respecto a agosto de 2024."

Por lo tanto, no cabe duda de que parte de este aumento de precio se debe a que Trump está imponiendo aranceles, y en este caso, aranceles punitivos, a Brasil.

Pero, para alguien como yo, que se interesa por el café, porque lo consumo bastante y porque durante mucho tiempo ha sido un símbolo de muchas de las tensiones del desarrollo económico, es importante señalar que esta no es la única razón del aumento de los precios mundiales del café. El aumento de precios observado en EE. UU. podría ser excepcional y tener una causa particular, pero existe un problema subyacente en el precio del café, que en sí mismo merece atención por lo que revela sobre la forma en que se está desarrollando el mundo.

Por supuesto, no soy el único al que le gusta el café. El café es uno de los productos básicos más comercializados del mundo. A pesar de esto, en los últimos años, las cadenas de suministro mundiales de café han aumentado su vulnerabilidad frente al cambio climático, la especulación financiera y las crisis más amplias de la globalización neoliberal.

Brasil y Vietnam son los dos mayores productores de café, y ambos se han visto afectados por sequías, heladas y lluvias irregulares en los últimos años. Como gran parte del cambio en nuestro clima, estos fenómenos extremos ya no son eventos aislados. Son las consecuencias aparentemente predecibles del cambio climático, y están socavando la estabilidad de las cosechas de café. Esto se agrava porque el café solo se puede cultivar en zonas climáticas muy específicas, y como resultado, es muy sensible a este tipo de impactos. Una mala temporada en estos países provoca repercusiones en los precios de todos los cafés que visito.

Además, los informes que he estado leyendo últimamente (precisamente porque este mercado me resulta interesante) sugieren que los costes de producción del café han aumentado. Los agricultores se han enfrentado a un aumento de los costes de los fertilizantes, la energía, la mano de obra y el transporte. Incluso cuando las cosechas son buenas, estos mayores costes de producción hacen subir los precios. El aumento de los costes de envío desde la pandemia también ha influido en esto.

Al mismo tiempo, cada vez más personas toman café. Han descubierto justo lo que me gusta de eso. El consumo está creciendo, no solo en los mercados tradicionales, sino también, al parecer, en Asia y África, donde la urbanización y el aumento de los ingresos están creando nuevos consumidores. El café podría estar sufriendo un problema como forma de consumo ostentoso. Un cambio en los gustos hacia los granos de café de especialidad está exacerbando esta tendencia. El resultado es sencillo: hay más compradores compitiendo por suministros cada vez más inciertos.

Así que ahora, vamos a presentar a los villanos de la obra. El café se negocia en los mercados de futuros globales. Eso significa que las expectativas de futuras escaseces, o incluso los rumores de mal tiempo, pueden hacer subir los precios mucho antes de que se cosechen los frijoles. En teoría, este comercio proporciona estabilidad al permitir a los productores cubrir sus riesgos. En la práctica, a menudo amplifica la volatilidad a medida que los operadores entran y salen del mercado. Como siempre ocurre, los volúmenes de café negociados son mucho mayores que los volúmenes reales producidos: las ganancias especulativas y la extracción de las rentas resultantes son un factor importante en el aumento del precio mundial del café.

 Y luego están los aranceles.

El resultado es que el precio del café está subiendo desde todos los frentes: el suministro es menos fiable, la producción es más costosa, la demanda está aumentando y la especulación está añadiendo inestabilidad.

El café, entonces, no es solo una bebida. Proporciona una perspectiva a través de la cual podemos observar las presiones que configuran la economía global. El cambio climático, las frágiles cadenas de suministro, la financiarización y la desigualdad están presentes en la taza de café que quizás disfrutemos hoy. Y si queremos garantizar un futuro sostenible para las comunidades agrícolas de todo el mundo, debemos reconocer que el precio del café es un síntoma de un problema mucho más profundo en la forma en que está organizado nuestro sistema económico.

La pregunta es: ¿está alguien dispuesto a hacer algo para crear estabilidad donde se necesita, para todos aquellos que dependen del café, sobre todo para sus ingresos, en todo el mundo?" 

(Richard Murphy, Un. Sheffield , blog, 12/09/25, traducción Quillbot, gráficos y enlaces en el original) 

Cómo los supermercados municipales pueden combatir la inseguridad alimentaria y los desiertos alimentarios... Una de las propuestas más innovadoras de Zohran Mamdani para ayudar a abordar la creciente crisis del costo de vida en Nueva York, es abrir una tienda de comestibles de propiedad municipal en cada distrito... es una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles. Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles... una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles. Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles... La ciudad de Nueva York alberga más de dos docenas de barrios clasificados como desiertos alimentarios, donde las opciones de alimentos no saludables superan con creces a las nutritivas... Los precios de los alimentos en Nueva York han aumentado en más del 25 por ciento desde 2019. No se puede decir lo mismo de los salarios de los trabajadores, que se han estancado... La Iniciativa de Tiendas de Comestibles Rurales de la Universidad Estatal de Kansas brinda apoyo personalizado a las nuevas tiendas de comestibles, desde estudios iniciales de viabilidad e investigación de mercado hasta capacitación de empleados y gestión operativa, a través de una iniciativa estatal de alimentos saludables (Maya Khadr – Omar Ocampo)

 "La victoria sorpresa de Zohran Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York se debió a su enfoque en la asequibilidad. Una de sus propuestas más innovadoras para ayudar a abordar la creciente crisis del costo de vida en la ciudad es abrir una tienda de comestibles de propiedad municipal en cada distrito que amplíe el acceso a alimentos de buena calidad para los residentes a un precio asequible.

Contrariamente a las protestas públicas de los críticos, las tiendas de comestibles propiedad de la ciudad no son una idea novedosa o radical en Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos ya opera una red de supermercados de propiedad pública; las comunidades rurales de Kansas han experimentado con éxito con supermercados de propiedad municipal; y las grandes ciudades están explorando su potencial y trazando planes.

Las tiendas de comestibles de propiedad municipal son una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles.

Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles. Grandes cadenas de supermercados como Kroger y Whole Foods no se molestan en invertir en ciertas comunidades porque, a pesar de la demanda, los barrios de bajos ingresos carecen de la infraestructura y el poder adquisitivo necesarios para sostener sus negocios con fines de lucro. En cambio, los minoristas concentran o reubican sus supermercados en áreas donde pueden esperar una mayor tasa de rentabilidad, como los barrios suburbanos más ricos.

Ese incentivo de lucro crea un ciclo perjudicial que perpetúa un fenómeno conocido como "discriminación de supermercados", que deja a miles de comunidades desatendidas.

La ciudad de Nueva York alberga más de dos docenas de barrios clasificados como desiertos alimentarios. Estas localidades son predominantemente de población negra e hispana y dependen tanto de bodegas como de tiendas de un dólar para satisfacer sus necesidades de comestibles, creando "pantanos alimentarios" donde las opciones de alimentos no saludables superan con creces a las nutritivas.

La propuesta de Mamdani busca llenar el vacío dejado por el mercado. Está ofreciendo tiendas de comestibles de propiedad municipal como una opción pública para residentes de bajos ingresos en barrios que el sector privado ha abandonado. Si resulta elegido, Mamdani se ha comprometido a destinar 60 millones de dólares para apoyar su programa piloto de comestibles, centrándose en ampliar la accesibilidad y garantizar la asequibilidad en lugar de obtener beneficios. Las quejas sobre la rentabilidad son exageradas, dado que los supermercados del sector público pueden controlar los costes eliminando los márgenes de beneficio mediante exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles, el alquiler y las tasas de licencia.

El ahorro proyectado para los consumidores gracias a este programa ha tenido buena acogida entre los neoyorquinos. Los precios de los alimentos en Nueva York han aumentado en más del 25 por ciento desde 2019. No se puede decir lo mismo de los salarios de los trabajadores, que se han estancado y no han logrado mantenerse al ritmo del costo de los alimentos.

Los detractores de Mamdani señalan varios desafíos para gestionar una tienda de comestibles municipal de manera eficaz. Por ejemplo, los gobiernos locales pueden carecer de experiencia operativa o tener dificultades para comprar alimentos a los mayoristas a un precio competitivo. Pero estos desafíos no son insuperables.

 La Iniciativa de Tiendas de Comestibles Rurales de la Universidad Estatal de Kansas brinda apoyo personalizado a las nuevas tiendas de comestibles, desde estudios iniciales de viabilidad e investigación de mercado hasta capacitación de empleados y gestión operativa, a través de una iniciativa estatal de alimentos saludables.

“Antes se consideraba que el sector de la alimentación era un sector multigeneracional, donde el negocio pasaba de padres a hijos”, dijo la directora del programa, Rial Carver, a Inequality.org en una entrevista reciente. Pero con la creciente concentración del mercado en manos de un puñado de empresas dominantes, “ahora hay tenderos que entran en el negocio sin el conocimiento transmitido de generación en generación”. La necesidad de asistencia técnica es grande y hacemos todo lo posible para apoyarlos.

Los gobiernos e instituciones estatales y locales pueden encabezar o participar en programas que ayuden a las tiendas de comestibles municipales con conocimientos especializados del mercado, apoyo técnico e iniciativas estatales como el Programa de Acceso a Alimentos de la Comunidad de Colorado, que ayuda a los minoristas a acceder a alimentos a precios más bajos.

Los comisariatos militares son un excelente ejemplo de cómo la colaboración entre tiendas puede mantener precios competitivos. Al compartir proveedores entre su red de tiendas, pueden mantener precios entre un 25 y un 30 por ciento más bajos que las tiendas minoristas.

En Dakota del Norte, tres tiendas de comestibles y otras dos entidades se unieron en 2021 para formar Rural Access Distribution (RAD), una cooperativa de compras. Uno de los objetivos de la cooperativa es que las empresas compren alimentos al por mayor de forma conjunta para aprovechar los beneficios de los precios mayoristas. “También hay un restaurante [y] un distrito escolar que se ha unido a la cooperativa de compras”, añadió Carver. “Ven las ventajas de comprar a ese mayorista.” También puede servir para otros tipos de negocios.

Las tiendas de comestibles de Mamdani, propiedad de la ciudad, pueden adoptar una estrategia similar con otras tiendas de comestibles de Nueva York, formando o uniéndose a un consorcio, para aunar sus recursos y comprar alimentos en grandes cantidades y así acceder a precios mayoristas más baratos.

El supermercado St. Paul, una tienda de comestibles propiedad y operada por la ciudad de St. Paul en Kansas, es un ejemplo exitoso de tienda municipal. Tras la jubilación de Joe y Sue Renfro, el ayuntamiento decidió comprarlo. La tienda de comestibles lleva doce años funcionando como empresa municipal. Según la ciudad, el secreto reside en un amplio apoyo comunitario y un equipo de liderazgo eficaz, además del compromiso de la ciudad de seguir brindando apoyo financiero.

Los supermercados públicos no tienen que ser uniformes. Pueden adoptar diferentes estructuras organizativas dependiendo de los deseos de las partes interesadas de la comunidad, el nivel de apoyo de los residentes y los gobiernos locales. Los modelos varían desde cooperativas propiedad de los trabajadores y organizaciones sin ánimo de lucro hasta asociaciones público-privadas en las que se externalizan las operaciones.

Por ejemplo, la ciudad de Atlanta planea abrir dos tiendas de comestibles de propiedad municipal en asociación con el mercado de alimentos orgánicos Savi Provisions a finales de este año para combatir la inseguridad alimentaria. Las tiendas serán más que un simple lugar para comprar alimentos; también serán un centro comunitario y cultural con talleres y clases.

 En lugar de aceptar que los pequeños pueblos rurales y las comunidades históricamente marginadas carezcan de acceso adecuado a alimentos asequibles y de calidad en aras del beneficio corporativo, la propiedad pública replantea el debate abordando directamente el fallo del mercado. Las tiendas de comestibles de propiedad municipal también tienen el potencial de generar nuevos debates sobre los altos niveles de concentración del mercado en la industria y revivir la aplicación de la Ley Robinson-Patman para revertir la discriminación de precios de los mayoristas hacia las tiendas de comestibles municipales y más pequeñas.

Es posible que las tiendas de comestibles municipales de Mamdani registren pérdidas económicas en los primeros años, pero las opciones públicas no están diseñadas para generar beneficios. Están diseñados para proporcionar a los clientes un acceso adecuado a los productos de alimentación a un precio asequible.

El verdadero retorno de la inversión son mejores resultados en salud, vecindarios más fuertes, mayor rendición de cuentas a sus electores y la eliminación de los desiertos alimentarios para los más de 53 millones de personas que actualmente viven en ellos. Las tiendas de comestibles de propiedad municipal son un paso hacia la transformación del acceso a los alimentos y a los supermercados de servicio completo, de un privilegio a un derecho comunitario." 

(Maya Khadr – Omar Ocampo , C0unter Punch, 08/08/25, traducción Quillbot, enlaces en el original) 

Los banqueros centrales asumen que la avaricia de las empresas disparó la inflación desde 2021 y que es otra vez, en esta nueva etapa, el mayor riesgo, aunque directamente no mencionan “la inflación de vendedores” o “de beneficios”, que son conceptos que utilizan los economistas más críticos, y están prohibidos para la ortodoxia de la política monetaria... El análisis cualitativo proporciona mayor comprensión del razonamiento que subyace al optimismo de los ejecutivos respecto a su capacidad para convertir un shock de costes a nivel de toda la economía en una oportunidad para subir los precios y proteger o incluso aumentar las ganancias”, recoge Isabella M. Weber (Daniel Yebra)

 "Los principales banqueros centrales del mundo se han reunido esta semana en Sintra (Portugal), en el cónclave anual que organiza el Banco Central Europeo (BCE), y en el que la institución ha aprovechado para revisar su estrategia y sus herramientas de política monetaria —entre las que se encuentran los tipos de interés o la creación de dinero para comprar deuda pública y privada o remunerar a las entidades financieras privadas, y facilitar o restringir la financiación—. En definitiva, un poder inmenso.Las medidas de las empresas ante los aranceles: subir precios, nuevos mercados y sin despidos

El BCE apenas ha anunciado cambios, y se ha dejado caer en la autocomplacencia tras reaccionar con “contundencia” —en sus propias palabras— a la peor crisis de inflación de las últimas décadas, que ha provocado un daño histórico al bolsillo de las familias, sobre todo en 2022 y en 2023, mientras que las empresas han conseguido beneficios récord, especialmente los bancos comerciales.

Las declaraciones y los documentos de los bancos centrales hay que leerlos entre líneas. Es parte del lenguaje de la política monetaria, cuya influencia en los mercados financieros es instantánea y es capaz de rescatar o hundir al euro —y, por tanto, a todas las economías que comparten esta divisa— con solo una frase, como ocurrió con aquel “haré todo lo que sea necesario” de Mario Draghi, expresidente al que sucedió Christine Lagarde.

En los informes y discursos compartidos en los últimos días por el BCE y el resto de instituciones, no hace falta mucha interpretación para entender que los banqueros centrales asumen que la avaricia de las empresas disparó la inflación desde 2021 y que es otra vez, en esta nueva etapa, el mayor riesgo, aunque directamente no mencionan “la inflación de vendedores” o “de beneficios”, que son conceptos que utilizan los economistas más críticos, y están prohibidos para la ortodoxia de la política monetaria.

En el relato de la última crisis de inflación que ha hecho el BCE en la revisión de su estrategia, sin mencionar las consecuencias de la avaricia de las empresas, y de algunos sectores en concreto, sí que reconoce lo evidente. En 2021, en la salida de la pandemia, “las perturbaciones en el sector energético, alimentario y de la cadena de suministro [del comercio global] desempeñaron un papel especialmente importante en el repunte inicial de la inflación”, recoge este informe de la institución.

“Los factores de oferta, tanto globales como nacionales, fueron los que más contribuyeron a la inflación”, continúa. “Una transmisión inusualmente elevada de los costes de los insumos energéticos a los precios finales […] desempeñaron un papel importante en la transmisión de las perturbaciones”, prosigue el BCE. Finalmente, “los salarios reaccionaron a las subidas de precios con cierto retraso, lo que resultó en un aumento inicial de los beneficios de las empresas, pero a mediados de 2023 estos comenzaron a absorber un mayor crecimiento salarial”.

“El enérgico endurecimiento de la política monetaria en respuesta al repunte inflacionario [las subidas de los tipos de interés, que buscaban ahogar a las familias y a las empresas para rebajar así la inflación y que en los últimos meses la propia institución está revirtiendo por el frenazo del crecimiento económico] fue crucial para mantener ancladas las expectativas de inflación a largo plazo, evitar una espiral de precios y volver a acercar la inflación al objetivo de manera oportuna”, se autofelicita el BCE. Lo que no menciona el regulador financiero es que las subidas de los tipos de interés oficiales —que se trasladan al Euríbor y, por tanto, a las hipotecas— se unen a la inflación y ejecutan un golpe doble que se ceba con las familias más vulnerables.

Doble golpe a las familias: precios y tipos

La última Encuesta de Presupuestos Familias (EPF) del INE corrobora este daño multiplicado por dos (precios y tipos), ya que techo y comida se llevan el 60% del gasto de los hogares más pobres de nuestro país, 20 puntos más que de los que viven más holgadamente. Visto de otra manera. De cada 100 euros, en 2024, tras pagar el alquiler o la hipoteca, la luz, el gas, el agua y llenar la nevera, las familias más pobres solo gastaron cada mes 40 euros para otras partidas, como la factura del teléfono, la cultura o el dentista. O dándole otra vuelta, mientras las subidas de los precios de la vivienda y de los supermercados asfixian a los españoles más pobres, los hogares más ricos pueden permitirse dedicar uno de cada tres euros a ocio, restaurantes, hoteles y transporte. Por el contrario, las familias más vulnerables se dejan solo 16 euros de cada 100 de su gasto total en ir al cine, en cenar fuera de casa, en coger aviones…

Pero el BCE asegura que sus decisiones han conseguido domar la inflación y da el ciclo por cerrado, después de ocho recortes de los tipos de interés desde junio de 2024, cuando la tasa de referencia (la facilidad de depósito) estaba en el 4%, hasta el 2% actual. Ese máximo, que se alcanzó en el otoño de 2023, tras los incrementos desde el 0% de 2022, ha propiciado que los bancos comerciales de la zona del euro hayan conseguido beneficios récord en los últimos ejercicios por la ‘generosidad’ de la política monetaria y de esa tasa de facilidad de depósito. Un tipo de interés que remunera el exceso de liquidez de las entidades financieras como herramienta para establecer un suelo en el mercado de las hipotecas y de los préstamos en general.

Para el futuro, el BCE señala que “los cambios estructurales en curso pueden hacer que las perturbaciones de la oferta sean más frecuentes que en el pasado y generar mayor incertidumbre y volatilidad inflacionaria. Dichas perturbaciones podrían provenir, por ejemplo, de factores geopolíticos o del cambio climático”.

En esta mirada hacia adelante, la institución considera que, “en presencia de perturbaciones más frecuentes y de mayor magnitud, la volatilidad inflacionaria puede aumentar aún más, ya que las empresas ajustan los precios con mayor frecuencia”. Es decir, trasladan los aumentos de costes (energía, materias primas…), por ejemplo por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos, a los precios de venta, defendiendo o elevando sus márgenes de beneficio.

En este contexto, el BCE defiende su objetivo principal de mantener la inflación interanual en el 2%, con orientación de medio plazo. Distintas organizaciones y partidos políticos progresistas vienen pidiendo que a esta meta, el regulador añada otras, como la creación de puestos de trabajo —al igual que la Reserva Federal norteamericana— o el apoyo a la transición ecológica. “Esta revisión de la estrategia del BCE es una decepción autocelebrada que lleva al banco central a centrarse erróneamente en lo que, erróneamente, cree haber hecho bien”, denuncia Jordi Schröder Bosch, investigador de Positive Money Europe.

“El BCE se enorgullece de su papel en el control de la inflación, que en realidad se debió en gran medida a la caída de los precios de la energía. Otra realidad es que el aumento del precio de los préstamos, que impuso, tuvo consecuencias negativas precisamente para las inversiones verdes intensivas en capital”, añade. “Necesitamos que el BCE implemente la política directa y simple de reducir los costes de financiación para proyectos sostenibles. Esto permitiría al BCE desempeñar su papel clave y viable para ayudar a combatir el impacto del cambio climático y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, ambos cruciales para el cumplimiento de su mandato”, comenta Jordi Schröder Bosch.

El BCE sí que destaca en la revisión de su estrategia que, “sin perjuicio de la estabilidad de precios, en sus decisiones de política monetaria, el consejo de gobierno tiene en cuenta otras consideraciones relevantes para la ejecución de dicha política […]. Estos objetivos incluyen un crecimiento económico equilibrado, una economía social de mercado altamente competitiva que aspire al pleno empleo y al progreso social, y un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”.

La inflación de beneficios

La economista Isabella M. Weber, una de las investigadoras que primero demostró la avaricia de las empresas y la inflación de vendedores desde 2021, ha vuelvo a publicar un informe, recientemente, en el que incide en que “los shocks de costes que afectan a toda la economía son un mecanismo implícito de coordinación para los aumentos de precios”.

“Los shocks de oferta son ampliamente reconocidos como un factor determinante del reciente repunte inflacionario, pero el papel de las estrategias de precios de las empresas en la propagación de los shocks de costes de insumos sigue siendo controvertido”, dice la investigación de esta economista y de sus coautores.El Euríbor se estanca en junio en el 2,08% y rompe una racha de catorce meses de bajadas

“Los grandes shocks de precios de insumos (así como su coexistencia con restricciones de oferta) se correlacionan con sentimientos positivos expresados en las declaraciones de los ejecutivos sobre el aumento de costos. El análisis cualitativo proporciona mayor comprensión del razonamiento que subyace al optimismo de los ejecutivos respecto a su capacidad para convertir un shock de costes a nivel de toda la economía en una oportunidad para subir los precios y proteger o incluso aumentar las ganancias”, recoge la investigación."

(Daniel Yebra, Gaceta Crítica, 03/07/25, fuente eldiario.es) 

Los precios de los alimentos se han disparado estos últimos años en toda la Unión Europea. En marzo de 2023, la inflación en alimentos alcanzó la cifra récord del 15%. Los consumidores alemanes pagan casi un 30% más por los alimentos que en 2021, a pesar de la reducción de costos energéticos y de producción... Al mismo tiempo, la parte del precio minorista que llega al agricultor es cada vez menor... Un ejemplo sorprendente es la participación declinante de los agricultores en el precio del pan: en 1970 obtenían el 19,2% del precio de venta al público; en 2022, el porcentaje se había derrumbado al 5%... muchos productores de leche operan a pérdida y dependen de subsidios para sobrevivir... A los agricultores se les pide producir alimentos de alta calidad y al mismo tiempo proteger el medioambiente, el clima y los animales (a menudo, cumpliendo gravosas normas burocráticas). Pero conforme la creación de valor se aleja de los productores, los beneficios se concentran cada vez más en unos pocos procesadores y minoristas poderosos... no se ha dado respuesta suficiente a la cuestión central: garantizar precios justos en toda la cadena de valor... Se necesita un mecanismo de fijación de precios que comience en el productor; esto implica cuatro reformas fundamentales, empezando por el cumplimiento de obligaciones contractuales. En el caso particular de los productores lácteos, es común que entreguen sus productos sin saber qué precio se les pagará, algo que en la mayoría de los demás sectores sería impensable... En Alemania, cuatro minoristas controlan el 85% del mercado alimentario. Y también el sector de procesamiento está muy concentrado. Un informe de 2024 de la Comisión Alemana de Monopolios advertía de que la creciente concentración del mercado perjudica a productores y consumidores por igual... Los precios artificialmente bajos actuales son posibles mediante la sobreexplotación de los recursos naturales (tanto en Europa como en el resto del mundo), sumada a la falta de bienestar animal, la precariedad de la mano de obra migrante y una presión financiera implacable sobre los agricultores... Si Europa quiere seguir teniendo alimentos, debe lograr que la agricultura sea económica y ecológicamente sostenible; no con más subsidios, sino con condiciones de mercado justas y normas de sostenibilidad sólidas (Elmar Hannen, productor lechero)

 "Los precios de los alimentos se han disparado estos últimos años en toda la Unión Europea. En marzo de 2023, la inflación en alimentos alcanzó la cifra récord del 15%. Los consumidores alemanes pagan casi un 30% más por los alimentos que en 2021, a pesar de la reducción de costos energéticos y de producción.

Algunos economistas lo atribuyen a que los procesadores y vendedores minoristas están obteniendo beneficios inesperados, a expensas de los hogares de bajos ingresos. Al mismo tiempo, la parte del precio minorista que llega al agricultor es cada vez menor. Los productores alemanes, por ejemplo, sólo recibieron el 21,7% del precio minorista en 2021, y la cifra está en disminución. Un ejemplo sorprendente es la participación declinante de los agricultores en el precio del pan: en 1970 obtenían el 19,2% del precio de venta al público; en 2022, el porcentaje se había derrumbado al 5%.

Los productores de leche enfrentan desafíos similares. Entre 2014 y 2024, los precios de la leche quedaron sistemáticamente retrasados respecto del aumento de costos de producción. El resultado es que muchos establecimientos operan a pérdida y dependen de subsidios para sobrevivir.

A los agricultores se les pide producir alimentos de alta calidad y al mismo tiempo proteger el medioambiente, el clima y los animales (a menudo, cumpliendo gravosas normas burocráticas). Pero conforme la creación de valor se aleja de los productores, los beneficios se concentran cada vez más en unos pocos procesadores y minoristas poderosos.

Las protestas generalizadas de agricultores a principios de 2024 revelaron la profunda frustración de todo el sector agrícola de la UE. Pero la respuesta política fue decepcionante. Bajo presión de facciones conservadoras y liberales, se eliminaron las normas ambientales de la política agrícola común del bloque, lo que fue un duro golpe contra su ya frágil pilar ecológico. En tanto, no se ha dado respuesta suficiente a la cuestión central: garantizar precios justos en toda la cadena de valor.

Felizmente, esta cuestión comienza por fin a generar interés político. La UE está revisando su directiva sobre prácticas comerciales desleales y el reglamento sobre organización común de los mercados. Estas reformas son el resultado del «diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE» (un foro para la discusión de políticas puesto en marcha por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en 2024, que reunió a una amplia coalición de partes interesadas). El comisario de agricultura de la UE, Christophe Hansen, ha incorporado algunas de las recomendaciones a su agenda de políticas.

Pero para resolver los problemas de la cadena alimentaria europea no bastan cambios cosméticos. Se necesita un mecanismo de fijación de precios que comience en el productor; esto implica cuatro reformas fundamentales, empezando por el cumplimiento de obligaciones contractuales. En el caso particular de los productores lácteos, es común que entreguen sus productos sin saber qué precio se les pagará, algo que en la mayoría de los demás sectores sería impensable.

La legislación de la UE ya ofrece margen para reformas, de las que hay ejemplos en Francia y España, donde es obligatoria la firma de contratos escritos vinculantes. España incluso prohíbe vender por debajo del costo de producción. Pero en Alemania, los intentos de introducir medidas similares chocaron contra la resistencia del lobby agrícola y de sus aliados conservadores y liberales.

En segundo lugar, las cooperativas agrícolas también tienen que estar obligadas a firmar contratos. A pesar de sus principios fundacionales progresistas, muchas cooperativas ahora funcionan como grandes empresas convencionales que dan más importancia a minimizar los precios de compra que a proteger los intereses de los productores lácteos. Aun así, en países como Alemania (donde representan el 70% del procesamiento lácteo) siguen exentas de esa obligación.

En tercer lugar, hay que reforzar los derechos de las organizaciones de productores. Gigantes lácteos como Arla y DMK podrían controlar hasta el 13% del volumen de producción de leche en la UE una vez concretado su proyecto de fusión; pero las normas actuales de la UE limitan a sólo el 4% la cuota de mercado de las organizaciones de productores dirigidas por agricultores. A pesar de años de intensos debates, este desequilibrio persiste y dificulta una negociación justa.

Por último, las autoridades de la UE deben frenar la concentración del mercado minorista de alimentos. En Alemania, cuatro minoristas controlan el 85% del mercado alimentario. Y también el sector de procesamiento está muy concentrado. Un informe de 2024 de la Comisión Alemana de Monopolios advertía de que la creciente concentración del mercado perjudica a productores y consumidores por igual.

Pero a pesar de estos problemas, empiezan a surgir modelos prometedores. Un ejemplo es el reciente proyecto piloto de contrato tripartito en Alemania, que se basa en el modelo francés. En vez de que los productores entreguen productos a ciegas a los procesadores, que a su vez firman contratos separados con los minoristas, con el nuevo modelo las tres partes deben acordar de antemano la elección de los socios comerciales y firmar contratos a largo plazo (por lo general, de entre 3 y 5 años) con estructuras de precios claras.

El contrato tripartito contiene cláusulas que obligan a revisarlo en forma trimestral para adecuarlo a fluctuaciones del mercado y de los costos. Además de los precios, se ocupa de la presentación de los productos, las estrategias de comercialización y las normas sobre bienestar animal y sostenibilidad ambiental. Fomentando un sentido de responsabilidad compartida, promueve mejoras de calidad y una compensación justa. También ayuda a proteger a productores y consumidores contra la volatilidad del mercado, crea valor añadido en toda la cadena de suministro y ofrece una base para la definición de buenas prácticas que puedan llevarse a escala regional y nacional.

El único modo de que la agricultura europea siga siendo viable es que los agricultores puedan cubrir sus costos; por eso el Consejo Europeo de la Leche considera que el contrato tripartito es un paso importante hacia una estructura de mercado más justa y sostenible; y puede generar estabilidad de ingresos y seguridad en la planificación, con beneficios para todas las partes interesadas: agricultores, procesadores y consumidores (que hoy pagan de más por alimentos de bajo costo producidos en masa).

Una fijación de precios justa también mejorará la resiliencia de Europa frente a crisis, guerras y el cambio climático. Los precios artificialmente bajos actuales son posibles mediante la sobreexplotación de los recursos naturales (tanto en Europa como en el resto del mundo), sumada a la falta de bienestar animal, la precariedad de la mano de obra migrante y una presión financiera implacable sobre los agricultores. Puesto que muchos agricultores de la UE padecen cargas de deuda aplastantes y un encarecimiento de los insumos, no es de extrañar que menos del 12% tengan menos de 40 años.

Si Europa quiere seguir teniendo alimentos, debe lograr que la agricultura sea económica y ecológicamente sostenible; no con más subsidios, sino con condiciones de mercado justas y normas de sostenibilidad sólidas. Soluciones basadas en el mercado como el contrato tripartito son la prueba de que el cambio positivo es posible, siempre que Europa mantenga el rumbo."

(Elmar Hannen, productor lechero de tercera generación, Martin Häusling, productor lechero ecológico, Revista de prensa, 22/05/25, fuente Project Syndicate )

El Departamento de Justicia estadounidense demandó el martes a seis de los mayores arrendadores del país, acusándoles de utilizar un algoritmo de fijación de precios para colaborar indebidamente en la subida de los alquileres en todo el país.. Los fiscales federales alegan que los arrendadores han utilizado el software de fijación de precios RealPage para coludirse y subir artificialmente los alquileres.

 "El Departamento de Justicia demandó el martes a seis de los mayores arrendadores del país, acusándoles de utilizar un algoritmo de fijación de precios para colaborar indebidamente en la subida de los alquileres en todo el país.

La demanda amplía una denuncia antimonopolio presentada por el Departamento en agosto, en la que se acusaba al fabricante de software de gestión inmobiliaria RealPage de participar en una práctica ilegal de fijación de precios para reducir la competencia entre los arrendadores y disparar así los precios y los beneficios. Los funcionarios llevaron a cabo una investigación de dos años sobre la trama a raíz de un reportaje publicado en 2022 por ProPublica en el que se mostraba cómo RealPage ayudaba a los arrendadores a fijar los alquileres en todo el país de una forma que, según los expertos jurídicos, podría dar lugar a un comportamiento similar al de un cártel.

En conjunto, los seis arrendadores gestionan más de 1,3 millones de apartamentos en 43 estados y el Distrito de Columbia. Los fiscales ya han negociado un acuerdo con uno de ellos.

«Mientras los estadounidenses de todo el país luchaban por permitirse una vivienda, los arrendadores citados en la demanda de hoy compartían información sensible sobre los precios de los alquileres y utilizaban algoritmos para coordinarse con el fin de mantener alto el precio de los alquileres», declaró Doha Mekki, Fiscal General Adjunto en funciones de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. La demanda pretende poner fin a «su práctica de poner los beneficios por encima de las personas» y hacer que la vivienda sea más asequible.

 La acción legal es el último acontecimiento tras la investigación inicial de ProPublica. Desde 2022, varios senadores han presentado leyes para prohibir el uso de algoritmos similares al de RealPage y los inquilinos han presentado decenas de demandas federales. Ciudades de todo el país, como San Francisco, Filadelfia y Minneapolis, también han tomado medidas para prohibir que los propietarios utilicen algoritmos similares para fijar los alquileres.

El popular software de RealPage recopilaba información no pública sobre precios de varios administradores de propiedades y la introducía en un algoritmo común, que recomendaba un nivel de alquiler óptimo a quienes lo utilizaban, lo que infringía las normas que prohíben esa coordinación, alegaron los fiscales federales. También acusaron a los arrendadores de comunicarse directamente de forma indebida sobre sus precios a través de llamadas, correos electrónicos y participación en foros de «grupos de usuarios» organizados por RealPage.

Según las autoridades, la empresa presiona a los arrendadores para que utilicen una función de «aceptación automática» de su software y hace que a los administradores de fincas les resulte oneroso rechazar sus sugerencias.

La Vicepresidenta Senior de RealPage, Jennifer Bowcock, calificó el caso federal de «defectuoso» y dijo que la empresa está «comprometida a defendernos enérgicamente a nosotros mismos y a nuestros clientes contra las acusaciones del DOJ». RealPage ya ha cambiado su software para eliminar los datos no públicos, a pesar de su opinión de que su tecnología era legal y «procompetitiva», dijo.

«Ya es hora de dejar de culpar a RealPage -y ahora a nuestros clientes- de los problemas de asequibilidad de la vivienda, cuando la causa fundamental del elevado coste de la vivienda es la escasez de oferta, como hemos venido diciendo desde el principio», afirmó.

Tres de los arrendadores demandados en la acción de esta semana aparecieron en el reportaje de ProPublica de 2022, entre ellos el mayor arrendador del país, Greystar, y Camden Property Trust.

Camden CEO Ric Campo dijo a la organización de noticias en el momento en que el mercado de apartamentos en Houston, donde la compañía tiene su sede, era tan grande y diversa que «sería difícil argumentar que había algún tipo de fijación de precios.»

Pero cuando Camden adoptó la incipiente tecnología de fijación de alquileres en 2006, la empresa descubrió que sus beneficios crecían a pesar de que cada vez se mudaban más inquilinos.

«El efecto neto de aumentar los ingresos y echar a la gente fue de 10 millones de dólares en ingresos», declaró Campo a una publicación especializada entonces. (Más tarde dijo que esa cita no refleja cómo él o Camden ven a los inquilinos hoy en día).

Ni Campo ni Camden respondieron a una solicitud de comentarios.

Greystar, el mayor gestor y propietario de alquileres de Estados Unidos, dijo en un comunicado que estaba «decepcionado» de que el Departamento de Justicia añadiera a la empresa a la demanda.

«En ningún momento Greystar ha incurrido en prácticas anticompetitivas», señala el comunicado de la compañía con sede en Carolina del Sur. «Nos defenderemos enérgicamente en esta demanda».

El análisis de datos de 2022 de ProPublica también descubrió que Willow Bridge Property Company (anteriormente Lincoln Residential) gestionaba docenas de edificios en mercados que habían experimentado un rápido crecimiento de los alquileres. La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda del Departamento de Justicia.

Un propietario y gestor inmobiliario, Cortland, ya ha aceptado dejar de utilizar datos no públicos de la competencia para entrenar o ejecutar modelos de fijación de precios en virtud de un acuerdo con los fiscales federales. El acuerdo propuesto se ha sometido a la consideración del tribunal.

Cortland, con sede en Atlanta, gestiona más de 80.000 alquileres en 13 estados. Una investigación penal federal relacionada que condujo a un registro de su sede en mayo de 2024 se ha cerrado, dijo un portavoz.

El portavoz dijo que la compañía está «encantada» de anunciar el acuerdo.

«Creemos que solo pudimos lograr este resultado porque Cortland ha invertido años y recursos internos significativos en el desarrollo de una herramienta de software de gestión de ingresos patentada que no depende de datos de fuentes externas no públicas», dijo el portavoz.

El software de gestión de ingresos puede ayudar a los propietarios a gestionar los alquileres de forma «eficiente» y evitar la discriminación, dijo un portavoz de la demandada Cushman & Wakefield, que también es propietaria de la demandada Pinnacle. El portavoz dijo que, como mero gestor, la empresa no «fija la estrategia, los precios ni los objetivos de ocupación», ni decide qué software utilizar, ni si aceptar o no las recomendaciones de ningún software.

Blackstone no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Además de nombrar a los arrendadores como demandados en la demanda, también añadió a los fiscales generales de Illinois y Massachusetts como codemandantes, con lo que el número total de estados participantes asciende a 10. Entre ellos se encuentra el más poblado del país, California, con 17 millones de inquilinos.

RealPage afirmó que «menos del 10% de todas las viviendas de alquiler de EE.UU. utilizan el software RealPage para sugerir precios de alquiler, y las recomendaciones de nuestro software se aceptan menos de la mitad de las veces».

Pero un informe de la Casa Blanca de diciembre decía que esa cifra podría ser mayor. Decía que los datos de RealPage y del censo sugieren que hasta 1 de cada 4 alquileres en todo el país utiliza un algoritmo de precios de RealPage. Además, la penetración de la empresa es mayor en algunos mercados.

Utilizando modelos de cómo serían los mercados competitivos, los investigadores descubrieron que los precios algorítmicos cuestan a los inquilinos de las unidades en las que se utilizan 70 dólares más al mes, o el 4% del alquiler, de media. En seis grandes áreas metropolitanas, el coste supera los 100 dólares al mes, según el informe.

El informe calcula que el coste total añadido para los inquilinos por el uso de estos algoritmos en 2023 será de aproximadamente 3.800 millones de dólares.

RealPage afirma que el análisis está «plagado de suposiciones erróneas» y que la Casa Blanca nunca se puso en contacto con la empresa en relación con el informe.

El destino de la demanda del Departamento de Justicia bajo la administración entrante no está claro. El presidente electo Donald Trump ha nombrado a Gail Slater, veterana abogada antimonopolio y asesora económica de JD Vance, para dirigir la división antimonopolio del departamento."             

( Heather Vogell , Znetwork, 10/01/25, traducción DEEPL, fuente ProPublica , enlaces en el original)

Facua denuncia subidas ilegales en los precios de alimentos con el IVA reducido... La organización también ha cuestionado la "total inacción" del Gobierno para frenar estas irregularidades... el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no ha iniciado ningún expediente sancionador, a pesar de las "numerosas" denuncias presentadas por la asociación

 "FACUA-Consumidores en Acción ha señalado este martes que numerosos productos alimenticios con el IVA reducido han registrado aumentos de precio "ilegales" desde la implementación de la medida en enero del año pasado. La organización también ha cuestionado la "total inacción" del Gobierno para frenar estas irregularidades.

En un comunicado, FACUA ha destacado que la reducción del IVA, diseñada para impedir aumentos en los márgenes de beneficio de los productos incluidos, concluirá este 31 de diciembre. Según el colectivo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha llevado a cabo los controles que prometió al anunciar la medida. 

Asimismo, ha informado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no ha iniciado ningún expediente sancionador, a pesar de las "numerosas" denuncias presentadas por la asociación.

Monitoreo de precios en los productos básicos

El 30 de diciembre, FACUA llevó a cabo un monitoreo de los precios de diversos productos básicos de alimentación incluidos en la rebaja del IVA. El seguimiento abarcó seis grandes cadenas de supermercados: Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

El control se ha realizado a través de su página web y la revisión de las páginas de las cadenas. A principios de enero, la organización volverá a monitorear los precios para verificar si solo se refleja el aumento del impuesto o si se registran incrementos adicionales.

Aceite, huevos y frutas, con nuevos precios desde enero

El aceite de oliva será uno de los productos en los que los consumidores percibirán con mayor fuerza el aumento del IVA, que pasará del 2% al 4%. Este incremento se traducirá en un aumento de 13 céntimos en las botellas de un litro de aceite de oliva virgen extra de marca blanca. Actualmente, el precio en Carrefour y Alcampo es de 6,74 euros, en Mercadona, Dia y Eroski es de 6,75 euros, mientras que en Hipercor se encuentra a 6,89 euros.

El IVA del aceite de girasol aumentará del 7,5% al 10%, lo que implicará un aumento de cuatro céntimos en el precio de la botella de un litro de marcas como Hacendado, Alcampo, Diasol y Carrefour, que actualmente se venden a 1,75 euros.

Las pastas también verán un aumento en su IVA, que pasará del 7,5% al 10%. Así, el paquete de macarrones de 500 gramos, que actualmente tiene un precio medio de 1,32 euros, experimentará un incremento de tres céntimos tras la subida del impuesto. Por otro lado, los huevos, frutas, verduras y hortalizas pasarán del 2% al 4% de IVA a partir del 1 de enero. La malla de cinco kilos de patatas, que actualmente tiene un precio medio de 5,95 euros, verá un incremento de 12 céntimos debido a este ajuste en el impuesto.

La docena de huevos, que actualmente tiene un precio medio de 2,72 euros, experimentará un aumento de cinco céntimos. Por su parte, el kilo de lentejas pardina, que tiene un precio medio de 3,72 euros, se encarecerá en siete céntimos. Asimismo, el kilo de manzanas golden, que actualmente se vende a una media de 1,95 euros, subirá cuatro céntimos.

El aceite de oliva se abarató un 27% en 2024

Desde enero de este año, el precio del aceite de oliva de marcas blancas ha caído un 27%. Esto ha llevado a que el litro de aceite virgen extra de El Corte Inglés, Eroski y Carrefour, que a principios de año se vendía a 9,25 euros, ahora tiene un precio de entre 6,74 y 7,75 euros.

El aceite de girasol, por su parte, ha experimentado un aumento interanual de entre 20 y 30 céntimos por litro. La botella de la marca Hacendado ha subido de 1,45 euros en enero a 1,75 euros, lo que representa un incremento del 20%. Mientras tanto, las marcas Diasol y Carrefour han registrado un aumento del 13%, pasando de 1,55 euros a principios de año a 1,75 euros en la actualidad."                 (Público, 31/12/24)

Claudia Sheinbaum: Firmamos el Paquete contra la Inflación y la Carestía 2024-2025 con empresas productoras y comercializadoras de los 24 productos de la canasta básica... El compromiso es fijar el precio máximo en 910 pesos; esto representa 129 pesos de reducción respecto al acuerdo anterior, que fue de mil 39 pesos. Agradecemos esta importante colaboración en apoyo a la economía popular... (Eduardo Garzón: Éste es el camino: topar los precios de los productos esenciales para garantizar su consumo a todo el mundo y para evitar que un puñado de empresas se lucren a costa de empobrecer a la mayoría social)

Eduardo Garzón @edugaresp

Éste es el camino: topar los precios de los productos esenciales para garantizar su consumo a todo el mundo y para evitar que un puñado de empresas se lucren a costa de empobrecer a la mayoría social.

6:10 p. m. · 13 nov. 2024 4.389 Visualizaciones

 

Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein

Firmamos el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 2024-2025 con empresas productoras y comercializadoras de los 24 productos de la canasta básica. 

El compromiso es fijar el precio máximo en 910 pesos; esto representa 129 pesos de reducción respecto al acuerdo anterior, que fue de mil 39 pesos. Agradecemos esta importante colaboración en apoyo a la economía popular.

8:05 p. m. · 12 nov. 2024 405,2 mil Visualizaciones

El control de alquileres en España... las políticas fiscales acaban desviando recursos a propietarios y promotores de viviendas de alquiler... La creación de un parque público de alquiler a precios asequibles es la actuación más necesaria... las políticas de control directo tienen una influencia inmediata sobre los precios del alquiler y pueden ser positivas si se realiza un diseño eficiente de las mismas... mientras se consigue un crecimiento significativo del reducido parque de viviendas de alquiler social en España resulta necesario establecer controles temporales de precios del alquiler en las zonas mas afectadas por los aumentos de los precios del alquiler (Julio Rodríguez)

 "1.- La nueva estadistica de alquileres

 El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado el sistema estatal de índices de precios de referencia del alquiler, mediante Resolución publicada en el BOE de 15 de marzo de 2024. El origen de dicho índice está en el Real Decreto Ley 7/2019 (BOE de 5.3.2019), que estableció la creación del “Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda”. El sistema descansa en la información tributaria contenida en las declaraciones del IRPF, complementada con datos catastrales relativos a características físicas de los inmuebles. Los Ministerios de Vivienda y de Hacienda han explotado la información declarada a Hacienda sobre arrendamientos de vivienda habitual de los últimos años, y ello con datos disponibles desde 2015 a 2022. En dicho trabajo han colaborado otros organismos, entre ellos la Dirección General del Catastro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España.

  El ámbito geográfico ha sido el territorio fiscal común. Se ha excluido al País Vasco y a Navarra por disponer de un régimen fiscal diferente. La estadística realizada no incluye, pues, las viviendas de alquiler existentes en dichas comunidades autónomas. Se han eliminado las viviendas de alquiler que son propiedad de residentes en las dos autonomías citadas, y tampoco se incluyen  los precios de las viviendas poseídas por sociedades ni los precios de alquiler de viviendas de más de 150 metros cuadrados. Solo se han incluido datos correspondientes a viviendas colectivas.

La información se presenta desagregada en cinco niveles administrativos: secciones censales (26.294), distritos (4.668), municipios (2.960), provincias (48) y comunidades autónomas (15). Para cada unidad territorial se han publicado los datos anuales correspondientes a bienes inmuebles clasificados como vivienda colectiva. Los datos presentados son los relativos a número de viviendas, renta (Euros/m2-mes), cuantía (Euros/mes) y superficie (m2). La estadística obtenida tiene frecuencia anual. La base de datos han sido los 2,5 millones de inmuebles en los que se han declarado ingresos por arrendamientos de viviendas.

 El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado en marzo de 2024 los datos de referencia para diferentes enclaves territoriales que van desde la sección censal hasta la comunidad autónoma. Dicha publicación se extiende al periodo 2015-2022. Para este último ejercicio anual se ha dispuesto de información procedente de 1.952.061 “testigos” (viviendas).

En los datos publicados se ha realizado una estimación de los alquileres medios para el conjunto de España representado en el Sistema. La media ponderada de dicho conjunto de España de 7,9 euros/m2-mes en 2022. La cuantía media del alquiler fue de 569 euros/mes en 2022 para el conjunto de España representado. La cuantía más elevada por comunidades autónomas fue la de la Comunidad de Madrid (738 euros/mes) y la más reducida la de Castilla-La Mancha (350 euros/mes).

  El aumento acumulado nominal de los precios del alquiler entre 2015 y 2022 ascendió al 25,2%. El aumento deflactado con el índice de precios de consumo fue el 7,9%. Dicho crecimiento de los alquileres entre 2015 y 2022 fue muy inferior al publicado por los portales inmobiliarios, destacando el crecimiento del 58,7% registrado en el periodo citado por Idealista.com, el portal con mayor número de datos de alquiler (Gráfico). Los datos de los portales inmobiliarios se refieren a los precios de alquiler solicitados por los propietarios, que pueden diferir de los precios reales que figuran en los contratos de alquiler, por lo que es normal que exista diferencia entre la evolución de dichos indicadores.

2.- Sobre el control de los alquileres en España

La ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12 /2023) ha modificado la ley de arrendamientos urbanos a partir de su Disposición Final Primera. Así, cuando el propietario es un gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en Zonas de Mercado Residencial Tensionado será el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. En caso de un propietario  que no sea gran tenedor,la renta pactada al inicio del contrato no podrá exceder de la ultima renta de contrato  de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los ultimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la clausula de actualización de renta del contrato anterior.

En cada vivienda habitual los limites máximo y mínimo del precio de la vivienda de la sección censal correspondiente, obtenidos en el Indice de Precios de Referencia del Alquiler publicados por el MInisterio de Vivienda y Agenda Urbana,  son objeto de una corrección en la que se toman en consideración siete características importantes de cada vivienda individual. Entre tales características destacan la superficie, la antigüedad del edificio, la altura sobre rasante, la tenencia o no de ascensor, las vistas especiales, el estado de conservación.  Se ha establecido un algoritmo para la obtención de los citados niveles a partir de los precios de la sección censal y de los datos específicos de la vivienda a arrendar. No se conocen las ponderaciones con las que entran tales características.

 La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda  establece en el artículo 18.1 que las declaraciones de zonas de mercado residencial tensionado corresponden a las administraciones competentes en materia de vivienda, que son las Comunidades Autónomas, en virtud de los correspondientes estatutos de autonomía. Queda, pues, en manos de dichas administraciones publicas el que el control de precios del alquiler introducido en la ley citada se aplique en su territorio.

 Hasta el momento solo el ejecutivo de Cataluña se ha mostrado dispuesto a implantar el control de alquileres previsto en la ley 12/2023. Una Resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de 14 de marzo de 2024 (BOE de 15 de marzo de 2024) ha declarado a 140 municipios de Cataluña como Zona de Mercado Residencial Tensionado durante un periodo prorrogable de tres años a partir de la fecha citada. En dicha Resolución se define como gran tenedor de viviendas en dicha autonomía a quien sea titular de cinco o más viviendas.

  En las autonomías con gobiernos del Partido Popular no se aplicará, pues, dicho control de alquileres. En la Comunidad de Madrid varios de los grandes municipios de la misma van a solicitar al gobierno autónomo que se les considere como zona tensionada, petición que posiblemente será rechazada por parte de dicho gobierno.

3.- Sobre la presencia del control de alquileres en los paises desarrollados

  Un documento del Banco de España de 2020” (López-Rodríguez y Ll. Matea, “La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional”, enero) analizó las ventajas e inconvenientes de los diferentes instrumentos destinados a fomentar las viviendas de alquiler social, ante la situación de exceso de demanda en los mercados locales de alquiler. Según dicho documento las políticas de control directo tienen una influencia inmediata sobre los precios del alquiler y pueden ser positivas si se realiza un diseño eficiente de las mismas, aunque el mantenimiento prolongado de los controles puede afectar a la oferta de viviendas de alquiler.

 La creación de un parque público de alquiler a precios asequibles es la actuación más necesaria, debiendo evitarse la segmentación del mercado de vivienda. En el documento del Banco de España se considera que las políticas fiscales acaban desviando recursos a propietarios y promotores de viviendas de alquiler al actuar por el lado de la demanda.

El Banco de España señala, según datos de la OCDE, que existe alguna forma de control de los alquileres en 17 países y que otros diez países tienen un sistema de precios regulados del alquiler. Se han implantado regulaciones en zonas consideradas como tensionadas, destacando las introducidas en países de la relevancia de Alemania, Estados Unidos y Francia. El que en España se introduzca  una forma de regulación transitoria como la prevista no es, pues, un caso aislado ni extemporáneo.

  Resulta evidente que el aumento de la oferta de viviendas sociales de alquiler es el instrumento mas  adecuado para hacer frente al  fuerte aumento de los precios del alquiler, pero mientras se consigue un crecimiento significativo del reducido parque de viviendas de alquiler social en España  resulta necesario  establecer  controles temporales de precios del alquiler en las zonas mas afectadas por los aumentos de los precios del alquiler."

( Julio Rodríguez Lopez ,expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada. Economistas frente a la crisis, 24/03/24)

Así pactan os grandes supermercados o prezo do aceite de oliva: a especulacións das marcas brancas... 8 grandes supermercados seguen fixando o prezo do aceite de oliva de marca branca na mesma contía: 9,90 euros

"Tras medio ano e varias advertencias de asociacións de consumidores, 8 grandes supermercados seguen fixando o prezo do aceite de oliva de marca branca na mesma contía: 9,90 euros. En Portugal está un 12% máis barato.

Nos últimos meses, o prezo do aceite de oliva non deixou de subir e as familias cada vez teñen máis difícil acceder a este produto básico da gastronomía. Os factores ambientais e o contexto económico son os motivos polos que os lineais dos supermercados enchéronse de botellas e garrafas de aceite de oliva a prezos astronómicamente altos, creando unha conxuntura aproveitada por moitos supermercados para encarecer as súas marcas brancas cun acordo de prezos.

O prezo do aceite de oliva disparouse un 177,8% nos últimos dous anos e un 74,5% no último período (datos Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación) debido á inflación e á escaseza de produción do denominado "ouro líquido". Esta situación contáxiase ao carro da compra dos españois que ademais observan como, desde novembro, algúns dos principais retailers inflaron ao unísono o prezo das súas marcas brancas.

GRANDES SUPERMERCADOS COS MESMOS PREZOS

Así o evidencia o novo estudo elaborado por FITstore.es, firma de referencia no ecommerce de fit-food saudable, onde sinala como as grandes firmas de alimentación Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl e Mercadona presentan un prezo idéntico nas súas botellas dun litro de aceite de oliva de marca branca. Máis concretamente, as oito grandes cadeas de supermercados venden o litro de aceite de oliva da súa propia marca a 9,90 euros, cunha diferenza de tan só un céntimo en tres deles. Isto se replica en todas as modalidades de envase; "pactando" o prezo da garrafa de 3L en 29,55 euros ou da botella de 750ml en 8,09 (agás DIA).

Segundo denuncia o estudo difundido nas redes sociais de FITstore.es, estes grandes retailers poderían acordar esta práctica ilegal para aumentar a súa marxe de beneficio na distribución dos produtos á conta do peto dos consumidores. "O prezo no campo está máis alto, pero os retailers poderían estar a aproveitar a escalada de prezos para sacar unha maior rendibilidade ao comercio destes produtos básicos", indica esta firma.

Calquera acordo entre operadores para fixar prezos máximos en alimentos está prohibido por lei en España. Segundo a CNMC, tanto a Lei de defensa da competencia como o Tratado de funcionamento da Unión Europea "prohiben expresamente os acordos ou recomendacións de fixación de prezos ou outras condicións comerciais que restrinxan ou falseen a competencia".

Aínda que as contías nese momento eran inferiores, esta política de prezos xa foi denunciada o pasado novembro pola organización para a protección dos consumidores Facua, quen solicitan ás autoridades que investiguen se é unha acción acordada entre as grandes cadeas de distribución. Agora, mantiveron a práctica, pero seguiron incrementando os prezos das súas marcas brancas e o prezo do litro de aceite disparouse até os 8,37 euros de media, segundo datos do Goberno. Tan só entre xaneiro e febreiro deste ano, o litro de aceite encareceuse un 5,3% máis, segundo o Índice de Prezos de Consumo (IPC).

E O ACEITE QUE SE EXPORTA, MÁIS BARATO

Moitas das causas desta crise do ouro líquido están ligadas ao estado do campo, onde as colleitas debido á seca foron inferiores ás dos últimos anos. Pero tamén hai outros factores como a inflación desatada tras a crise enerxética e a guerra de Ucraína, a alta demanda fronte a pouca oferta e a especulación. "Non é normal que un alimento esencial sexa máis caro no país produtor que no país importador. Isto é a especulación que estamos a sufrir en España. Non fai falta que nos vaiamos moi lonxe xa que tan só mirando a Portugal dáse esta situación, o que empuxa a que moitos españois vaian até Portugal para comprar o mesmo aceite, pero até un 12% máis barato se nos fixamos nos prezos actuais", denuncia Luís Cañada, fundador de FITstore.es."               (Galicia Confidencial, 30/03/24)

¿Quién les teme a los controles de precios? En respuesta al shock energético, la Unión Europea ha impuesto un límite de precios general para el gas natural, y varios estados miembro le han puesto un tope a los márgenes de ganancias, los alimentos básicos y los alquileres, además de introducir impuestos extraordinarios... Pero a pesar de la adopción generalizada de controles de precios y del respaldo de algunos economistas prominentes, la corriente económica dominante sigue mostrando aprehensión respecto de cualquier política que pueda alterar las señales de precios... el miedo de los economistas a los controles de precios es infundado y puede tener consecuencias desastrosas. Alemania es un ejemplo útil... la crisis de 2022 ha representado una carga importante para la economía y la sociedad de Alemania. Condujo a una pérdida de producción de corto pazo del 4%, lo que dificultó la recuperación pospandémica del país y generó una caída económica comparable tanto con la pandemia como con la crisis financiera de 2008. Y, para los asalariados, el shock energético de 2022 representó la crisis económica más severa de Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (Tom Krebs, Isabella M. Weber)

 "¿Es hora de considerar la incorporación de topes de precios al equipo de herramientas económicas de emergencia? El alza sin precedentes de los precios de la energía como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado mucho examen de conciencia en Europa con respecto a la efectividad de las políticas tradicionales de estabilización económica. En respuesta a este shock energético, la Unión Europea ha impuesto un límite de precios general para el gas natural, y varios estados miembro le han puesto un tope a los márgenes de ganancias, los alimentos básicos y los alquileres, además de introducir impuestos extraordinarios.

Pero a pesar de la adopción generalizada de controles de precios y del respaldo de algunos economistas prominentes, la corriente económica dominante sigue mostrando aprehensión respecto de cualquier política que pueda alterar las señales de precios. En ninguna parte esta reticencia ha sido más pronunciada que en Alemania, donde el uso demorado de topes de precios efectivos podría tener implicancias políticas de amplio alcance.

En un documento de trabajo reciente, decimos que el miedo de los economistas a los controles de precios es infundado y puede tener consecuencias desastrosas. Alemania es un ejemplo útil, dada su alta dependencia del gas natural ruso y del impacto directo del shock energético de 2022 en su economía.

Si bien los economistas alemanes de la corriente dominante minimizaron los efectos del shock y se opusieron a cualquier política destinada a controlar la inflación de los precios de la energía, la crisis de 2022 ha representado una carga importante para la economía y la sociedad de Alemania. Condujo a una pérdida de producción de corto pazo del 4%, lo que dificultó la recuperación pospandémica del país y generó una caída económica comparable tanto con la pandemia como con la crisis financiera de 2008. Y, para los asalariados, el shock energético de 2022 representó la crisis económica más severa de Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Ese año, la tasa de inflación de Alemania se disparó a niveles nunca vistos desde los años 1970, superando con creces el crecimiento salarial nominal. Esto condujo a una caída anual de los salarios reales del 4% -la mayor caída interanual en la historia de posguerra del país-. Además de estas pérdidas de corto plazo, existe cada vez más evidencia de que la crisis energética le está causando un perjuicio de largo plazo a la economía alemana. La recuperación sigue siendo lenta y la producción y los salarios reales hoy están 7% y 10% por debajo, respectivamente, de los niveles prepandémicos.

Según el Fondo Monetario Internacional, Alemania fue la única economía desarrollada en experimentar un crecimiento negativo del PIB en 2023, mientras que las proyecciones de crecimiento para 2024 y 2025 son más bajas que las de la mayoría de las economías comparables. Estas pérdidas de ingresos sin precedentes, combinadas con una mayor incertidumbre, ayudan a explicar la ansiedad económica de los asalariados alemanes.

Por otra parte, estas tendencias contradicen las aseveraciones de los economistas de que Alemania ha capeado el shock energético con una naturalidad sorprendente, así como el comentario del ministro de Finanzas, Christian Lindner, de que llegó la hora de una “normalización” de la política fiscal. El establishment de la política económica parece demasiado ansioso por proclamar que la crisis quedó atrás e imponer medidas de austeridad potencialmente desastrosas.

El verano de 2022 es un ejemplo. En un principio, Alemania respondió de manera efectiva ante el shock energético lanzando un ambicioso programa de contratación pública. Pero los responsables de las políticas esperaron demasiado tiempo para introducir controles de los precios de la energía. A pesar del descontento por la caída de los estándares de vida y la abrumadora popularidad de los topes de precios energéticos, el gobierno alemán propuso un gravamen al precio del gas (Gasumlage), una medida que apoyaron los economistas que se oponían a los topes de precios.

La estrategia de “esperemos a ver” del gobierno alemán frente al shock de precios de la energía prolongó innecesariamente un período de mayor inseguridad económica y contribuyó a un marcado incremento en el apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland). El creciente ímpetu de AfD recién comenzó a flaquear después de que el gobierno cambió el curso e introdujo un freno de los precios de la energía como parte de un importante paquete de estabilización, conocido como Doppel-Wummus (“doble impacto”), en septiembre de 2022.

Una vez introducidos, estos topes de precios lograron proteger a los hogares del shock de Ucrania, pero el gobierno nunca estableció un tope de precios efectivo para la base industrial del país. El gobierno delegó la responsabilidad para el diseño del freno de los precios de la energía en un panel de economistas, la mayoría de los cuales se oponía fuertemente a cualquier medida más allá de simples pagos de suma fija al sector industrial. Esto implicó que las empresas manufactureras tuvieran poco incentivo para mantener la producción frente al alza estratosférica de los costos energéticos.

Es difícil sobreestimar las consecuencias calamitosas de esta política. La falta de una estrategia industrial coherente, sumada a la decisión de ajustar la política fiscal en medio de una crisis, podrían anunciar el fin de la proeza manufacturera de Alemania tal como la conocemos.

De todos modos, la pregunta sigue siendo: ¿podemos derrotar la oleada populista? Los potenciales beneficios económicos de los controles de precios de la energía -una respuesta política efectiva a los shocks energéticos alimentados por una incertidumbre de precios endógena- sugieren que la respuesta es afirmativa. Si bien los economistas de la corriente predominante suelen rechazar de llano los controles de precios, con el argumento de que, invariablemente, son subóptimos, la incertidumbre de precios inherente a los mega-shocks geopolíticos como la guerra en Ucrania subraya la necesidad de que los gobiernos reconsideren sus presunciones.

Sin duda, los topes de precios solo deberían utilizarse como un último recurso. Si bien brindan un alivio temporario, su efectividad depende de cómo los aprovechen los responsables de las políticas para enfrentar las escaseces de suministros. Es preferible generar reservas de materias primas esenciales a depender exclusivamente de medidas provisionales. De todas maneras, ganar tiempo es mejor que permitir que los shocks de oferta les causen estragos a nuestras economías y sociedades."

Tom Krebs, a former senior adviser at the German Finance Ministry, is Professor of Economics at the University of Mannheim and a member of the German Minimum Wage Commission. Isabella M. Weber, Associate Professor of Economics at the University of Massachusetts Amherst. Project Syndicate, 26/03/24)