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8.9.24

Dario Salvetti y sus 421 compañeros de GKN (Florencia, Italia) fueron despedidos el 9 de julio de 2021 por el fondo de inversión que en 2018 compró esta fábrica de automoción con el objetivo de deslocalizar la producción... ocupamos la fábrica y empezamos lo que en Italia se llama Asamblea Permanente Obrera... Después de producir chasis para Ferraris y Maseratis, están montando una cooperativa para producir bicis eléctricas y placas fotovoltaicas... La función de la Asamblea Permanente es guardar la maquinaria y no permitir que la fábrica sea destruida sin tener un plan de conversión (Gessamí Forner)

"Dario Salvetti y sus 421 compañeros de GKN (Florencia, Italia) fueron despedidos el 9 de julio de 2021 por el fondo de inversión que en 2018 compró esta fábrica de automoción con el objetivo de deslocalizar la producción. En octubre de 2023, Salvetti y sus compañeros volvieron a ser despedidos. Esta vez, por el segundo fondo de inversión que había recomprado GKN, también con la intención de desmantelarla. En ambas ocasiones, los trabajadores han ganado las demandas por despido improcedente en los tribunales, pero ¿qué es una victoria?, se pregunta este sindicalista italiano al que decenas de personas escucharon atentamente el martes en Bilbao.

Vino invitado por el sindicato LAB en el contexto del cierre de la fábrica vizcaína Mecaner. “No sabemos qué es la victoria realmente, pero hemos creado una lucha que va a ser un ejemplo. Y, como mínimo, hemos percibido la existencia de una alternativa”, afirma. Después de producir chasis para Ferraris y Maseratis, están montando una cooperativa para producir bicis eléctricas y placas fotovoltaicas. O, dicho a su manera, han conseguido “converger la lucha obrera con la lucha por la justicia climática”.

¿Qué ocurrió el 9 de julio de 2021?
Nos dijeron que iba a ser un día de vacaciones colectivas por una parada de la producción. A las 10.30h, cuando estábamos en esa pausa y no había obreros dentro de la fábrica, la empresa envió un mail a la organización sindical informando de que todos los trabajadores habíamos sido despedidos y que habían cerrado la fábrica definitivamente.

¿Cómo reaccionasteis?
En media hora, empezamos a agruparnos fuera de la fábrica. En una hora, todos estábamos allí. Era un golpe que estábamos esperando. Llevábamos años intuyendo que intentaban cerrarla, a pesar de que estaba en plena producción y que tenía líneas de producción nuevas con mucha inversión detrás —en concreto, 26 millones de euros—. Pero como obreros, éramos conscientes de la situación actual del sector de la automoción y de que el grupo internacional GKN había sido comprado por un fondo especulativo financiero.

¿Qué encontrasteis al llegar a la fábrica?
La custodiaban guardias privados vestidos sin uniforme, parecían un grupo de fascistas. La ocupamos y, desde ese día, empezamos lo que en Italia se llama Asamblea Permanente Obrera.

¿Cuántos trabajadores ocupasteis la fábrica?
Calculamos que unos 500, incluyendo a trabajadores indirectos. En la fábrica fuimos despedidos 422 obreros y unos 350 participamos activamente en la ocupación. Pero después de tres años de luchas, seguimos 150.

¿De quién es ahora la fábrica?
La titularidad es de otro fondo especulativo financiero. Pero llegó sin plan de producción ni capital, fue un movimiento muy sospechoso. Temíamos que, de nuevo, todo era una trampa para seguir con el desmantelamiento de la fábrica. Y así fue: en octubre de 2023 llegó la segunda ronda de despidos, que nuevamente fueron derrotados por la lucha y por los tribunales. Desde enero de 2024, seguimos sin recibir carga de trabajo ni sueldos, pero no hemos sido despedidos.

¿Las máquinas siguen dentro?
Sí.

¿Todas?
Sí. La función de la Asamblea Permanente es guardar la maquinaria y no permitir que la fábrica sea destruida sin tener un plan de conversión. Si con el nuevo plan llegan nuevas máquinas, las viejas pueden irse.

Habéis decidido constituiros como cooperativa y dejar de producir chasis para Ferraris y Maseratis para pasar a producir bicicletas eléctricas con remolque y placas fotovoltaicas. ¿Necesitáis otra maquinaria?
Sí y no. Alguna se podría reutilizar. La línea productiva de los chasis es muy difícil de reconvertir, porque es una línea de ensamblaje. Queremos construir una nueva línea para los paneles y empezar con soldadores los carro-bike.

¿Qué son los carro-bikes?
Bicis eléctricas que llevan remolque y pueden sustituir a las furgonetas en entornos urbanos.

¿Por qué es necesario que el movimiento obrero converja con el movimiento por la justicia climática, tal y como has defendido en la charla?
El movimiento climático sin abordar la producción no profundiza. Y la lucha contra los despidos sin recuperar la producción, tampoco profundiza. Así se creó esta convergencia, tras abrir la fábrica a los movimientos sociales y empezar a hablar. La primera etapa de la lucha, la de resistir a los despidos, fue la más fácil en realidad. Luego llegaron los meses con sueldo y de Asamblea Permanente en los que los obreros nos lo cuestionamos todo: desde el modelo de familia a por qué éramos una fábrica solo de hombres y por qué ensamblábamos automóviles. Todo lo que hemos aprendido estos años no lo hemos aprendido de un libro. Pero hemos aprendido a desenmascarar al capital: no hay lucha fuera de la lucha, todo converge.

En tres años habéis organizado siete manifestaciones multitudinarias, cinco conciertos y un certamen de literatura de working class. ¿Cómo llegasteis ahí?
Para que pudiéramos dormir, venían solidarios a guardar de noche la fábrica. Muchos eran estudiantes universitarios e investigadores. Mario, mi compañero de cadena de producción que estudió en la escuela, pasaba largas horas hablando con ellos y un día nos dijo: “Si vamos a converger, ¡converjamos del todo!”. Y decidió que había que montar una ‘convergencia cultural’, por lo que pidió a esos investigadores universitarios que organizaran la primera charla de la convergencia cultural: el papel del trabajo en el desarrollo del hombre paleolítico. Fue un éxito.

En aquellas noches teníais sueldos, pero luego ya no…
La lucha tiene un poder pedagógico muy fuerte, pero no debe ser idealizada. El periodo más fácil fue la primera etapa. Pero cuando paramos sin sueldo, algunos obreros empezaron a preguntarse qué comerían mañana. La lucha del fin del mundo será por los salarios, habrá desesperación. A pesar de que éramos obreros, no teníamos la costumbre mental de ser pobres, por lo que para algunos fue algo muy traumático.

¿Qué sueldos tenéis ahora?
Ninguno. El gobierno regional nos ha dado 3.000 euros en julio, es algo que se acaba rápido. Son meses que llevamos sin sueldo. Tenemos una caja de resistencia y el apoyo mutuo, pero es algo que no puede sustituir al salario [en vez de aceptar las donaciones de la caja de resistencia, se prestan el dinero de la caja, con el objetivo de devolverlo cuando la cooperativa funcione]. Nuestro plan industrial necesita siete millones y el objetivo es llegar a uno en septiembre mediante el accionariado popular.

¿Las instituciones os han ayudado en algo más?
El sector público no sabe o no quiere hacer una socialización de la fábrica. El sector público solo sabe socializar las pérdidas del capitalismo. Pero en estos tres años hemos aprendido otra cosa: la lucha obrera no solo radicaliza a los obreros, también a los técnicos de las instituciones, que necesitan sentirse involucrados en un objetivo social. El trabajo es una parte de la vida muy grande y es muy difícil pasar gran parte de la vida sin un objetivo social, aunque ganes un buen sueldo. Si no, te acabas quemando. Hemos presentado una ley para que el gobierno regional declare el suelo de la fábrica como público.

¿Qué habéis aprendido del movimiento feminista durante la convergencia de los movimientos sociales siendo una fábrica de casi solo hombres?
No sé si podemos decir que hemos aprendido algo. En una sociedad patriarcal como la nuestra el hombre nunca aprende realmente. Pero hemos estado escuchando al movimiento feminista y hemos intentado dejar que nos contamine con sus palabras y métodos de lucha. Una fábrica de casi solo hombres en Asamblea Permanente en lucha ha sido algo nuevo también para los movimientos sociales. Así que hemos aprendido algo todos juntos.

¿Cómo sobrelleváis estos tres años de intensidad emocional?
No puedo decir que bien ni mal. La lucha no es solo felicidad. Claramente hay un trauma. Es cómo preguntarle a un boxeador al que le dan golpes en un ring. Los golpes no son buenos, hacen daño. Y nos han hecho daño. Nuestra vida no existe más. A veces no puedo recordar las caras de muchísimos compañeros que se fueron, pero al final uno racionaliza que los despidos existen, que la pobreza existe y que la explotación existe. Así que el problema no ha sido la lucha, el sistema es el problema. Pero por lo menos hemos intentado responder a ese problema con la lucha. Alguna vez nos preguntamos si estábamos bien antes de los despidos, algunos compañeros incluso dicen que ha sido una suerte ser despedidos: por lo menos hemos dado un golpe a esa gente que cierra las fábricas y hemos creado, no una victoria, porque la victoria no se sabe qué es realmente, pero hemos creado una lucha que va a ser un ejemplo. Y, como mínimo, hemos percibido la existencia de una alternativa.

La convergencia de luchas.
Si la defensa de la fábrica no se convierte en una herramienta, se queda en una lucha un poco naïf y por ello hemos presentado un plan industrial que funciona. Una cooperativa es muy fácil de constituir, pero la verdad es un poco más complicada: el capital se expresa a través del mercado, de los bancos y de los precios. Es fácil para el capital vetarte. Porque el capital no solo defiende lo que hace, sino quién lo hace. Y el control obrero no le gusta al capital, por eso no invierten en un plan industrial rentable."                  ( Gessamí Forner , El Salto, 05/09/24)

15.7.24

Yolanda Díaz: La democracia en la empresa es la última frontera de la democracia efectiva... Pero, además, y sobre todo, es una obligación constitucional: El art. 129 de la Constitución (el que establece el derecho a la participación de los trabajadores/as en la empresa) es tan revolucionario como el art. 9.2 de la Constitución: ambos establecen la obligación de que los Poderes Públicos remuevan los obstáculos para alcanzar la democracia real y efectiva: en la sociedad (el art. 9.2) y también en la empresa (el art. 129)... Pero al mismo tiempo el art. 129 CE es un precepto de normalidad: es un artículo estructural, de consolidación de principios. Es el precepto que nos dice como debemos interpretar el derecho a la libertad de empresa del art. 38 CE. Nuestra Constitución nos ordena que la libertad de empresa funcione de la mano con el derecho a la participación de las personas trabajadoras en la empresa

 "Buenos días, es un placer estar esta mañana aquí, inaugurando este Curso de Verano de El Escorial coorganizado por Sumar, y que está dedicado a la democracia en la empresa, un tema muy antiguo que en los últimos años está teniendo una importancia muy especial.

Muchas gracias a quienes habéis hecho posible este Curso,

*Joaquín Goyache Goñi, Rector de la Universidad Complutense de Madrid

*Natalia Abuín Vences, Directora de los Cursos de Verano Complutense

*Y en especial a Agustín Santos, por coordinarlo desde Sumar

Durante los próximos días vais a hablar aquí de la trascendencia que tiene la participación de las personas trabajadoras en la empresa.

Algo indudable.

La democracia en la empresa es la última frontera de la democracia efectiva; es el último escalón para garantizar el Estado Social y democrático que somos.

Pero, además, y sobre todo, es una obligación constitucional: una obligación que tenemos pendiente desde 1978 y que debemos recordar especialmente en épocas de peligro involucionista, como la que ahora vivimos.

El art. 129 de la Constitución (el que establece el derecho a la participación de los trabajadores/as en la empresa) es tan revolucionario como el art. 9.2 de la Constitución: ambos establecen la obligación de que los Poderes Públicos remuevan los obstáculos para alcanzar la democracia real y efectiva: en la sociedad (el art. 9.2) y también en la empresa (el art. 129).

Pero al mismo tiempo el art. 129 CE es un precepto de normalidad: es un artículo estructural, de consolidación de principios.

Es el precepto que nos dice como debemos interpretar el derecho a la libertad de empresa del art. 38 CE.

Nuestra Constitución nos ordena que la libertad de empresa funcione de la mano con el derecho a la participación de las personas trabajadoras en la empresa.

En este Curso se hablará mucho de que la democracia en las empresas es la tendencia actual en derecho comparado y en el marco de la Unión Europea. Y es cierto.

Se hablará también de que la democracia en la empresa es un elemento de rentabilidad empresarial; que mejora la calidad de las empresas; que nos permite avanzar en una economía más firme y de más valor.

Y es cierto.

La experiencia española de los últimos años es el claro ejemplo de que los derechos sociales no son “un coste”, sino un pilar de crecimiento y estabilidad, incluso en parámetros macro (ejemplos del aumento de la contratación indefinida; el aumento continuado del SMI; disminución del paro; crecimiento económico…).

Pero creo que es importante establecer claramente la única línea en la que nos podemos y nos debemos mover, como Poderes Públicos y como sociedad: los derechos sociales y la democracia en la empresa no son una opción.

La pregunta no es: derechos sociales sí; o derechos sociales no.

La pregunta es: cómo vamos a hacer realidad el avance de los derechos sociales y la democracia en la empresa a lo que nos obliga nuestra Constitución, el derecho de la Unión Europea y nuestros compromisos internacionales, porque somos (y queremos ser) un Estado social y democrático de derecho.

La democracia en la empresa solo puede funcionar desde el trabajo digno y seguro. No se puede construir democracia en la empresa con personas trabajadoras amenazadas en su salud, con trabajos precarios y absorbentes.

La reforma laboral de 2021 ha supuesto un punto de inflexión en nuestra estructura social y empresarial, que tiene efectos a todos los niveles y que es reconocida internacionalmente.

Pero el camino no ha terminado, ni mucho menos. Y el siguiente reto del trabajo digno y sano, lo sabemos bien, es el del tiempo de trabajo. La mala gestión del tiempo de trabajo es, en sí misma, una forma de violencia; es el espacio maldito donde encontramos personas trabajadoras enfermas.

No nos engañemos:

las jornadas infinitas; la disponibilidad permanente; la renuncia al tiempo personal son simplemente “costes” para algunas empresas.

Si no garantizamos jornadas dignas estamos promocionando las empresas de mala calidad, algo que no nos podemos permitir.

No podemos permitirnos que el trabajo sea un espacio hostil, donde las personas trabajadoras deben competir con las máquinas y con otras personas trabajadoras tan amenazadas como ellas. Quienes más tienen que perder en este contexto hostil y amenazador son las personas trabajadoras más vulnerables, que son quienes no se pueden permitir perder un empleo. Y esas son las mujeres.

Las mujeres trabajadoras debemos continuamente “probar” que somos tan buenas y tan comprometidas como los hombres.

Y eso nos lleva a estar cada vez más solas en nuestros proyectos profesionales: muchas mujeres optan por no mencionar que tienen vida personal; optan, al final, por renunciar a su tiempo de vida y por seguir alimentando la bestia de la explotación y la discriminación.

El tiempo de trabajo no es una condición de trabajo más: es toda una declaración de principios. Es el más social y el más humano de los derechos laborales, porque nos garantiza salud efectiva y también igualdad efectiva.

El artículo 2 de la Carta Social Europea nos obliga a reducir la jornada laboral a medida que aumenta la productividad, como dinámica de funcionamiento económico ordinario. Permitidme que insista en esta idea de la Carta que se formula de modo rotundo y claro: Reducir la jornada laboral no es un mandato aislado o puntual, sino que es un mandato continuado.

Es un mandato con una lógica empresarial y económica aplastante; tan aplastante como es la lógica del aumento continuado del SMI que actualmente se encuentra establecido en la Directiva 2022/2041 de salarios mínimos adecuados y que España está cumpliendo a rajatabla. Y debe, por cierto, seguir garantizando.

En los tiempos de la inteligencia artificial no podemos mantener la misma jornada máxima que en los tiempos de las cadenas de montaje del fordismo.

Las máquinas nos hacen más productivas (es lógico y así debe ser).

Pero si no reducimos la jornada máxima de trabajo no permitimos que el trabajo humano se desarrolle donde debe:

- en el plano de la creatividad,

- de la formación continua,

- de la adaptabilidad a las circunstancias,

- de la responsabilidad

- y del verdadero compromiso con los proyectos empresariales sanos.

Cuando estamos enseñando a las máquinas a que se comporten como humanos es una verdadera paradoja (y una insensatez) que sigamos empeñados en que los humanos trabajemos como máquinas. No es sano, no es operativo y simplemente no funciona.

Se habla de la gran dimisión (o la gran jubilación, como también se está planteando en este momento), pero no podemos seguir negando lo evidente: la fidelización y el mantenimiento en el mercado de trabajo de las personas no se consigue apretando las tuercas de la vulnerabilidad, con malas pensiones y con trabajos donde las personas se juegan su salud.

Se consigue con trabajos dignos, con pensiones dignas y, sobre todo, con jornadas dignas. A los Poderes Públicos nos corresponde asegurar que las máquinas trabajen para las personas y no al contrario.

La jornada digna es una prioridad actualmente en la Unión Europea.

La Directiva de trabajo en plataformas y el reglamento de inteligencia artificial (ambos inminentes) apuntan claramente en esa dirección. Pero las jornadas dignas como exigencia de la Unión Europea viene de muy lejos y está consolidada desde hace mucho tiempo.

Por eso las personas trabajadoras no pueden estar a plena disponibilidad (Directiva 2003/88 y Reglamento de protección de datos 2016/679); por eso todas las personas trabajadoras tenemos derecho a saber cuándo tenemos que trabajar (directiva 2019/1152); y por eso tenemos derecho a que el trabajo se adapte a nuestras necesidades de cuidado (Directiva 2019/1158).

El mandato es muy claro: La jornada digna no se cumple si dejamos las cosas como están. Debemos reducir la jornada sin merma de salario; y debemos asegurar una flexibilidad horaria en doble dirección, para cuidar y para vivir.

Es incomprensible que la patronal española no quiera hablar de reducción de jornada. Y creo que procede decirlo alto y claro aquí, en este foro en el que estamos hablando de democracia en la empresa.

Si queremos construir una economía y un tejido empresarial sanos, que aspiren a la excelencia, a competir en calidad con los grandes de nuestra economía, no podemos seguir anclados en el viejo y falso debate de los costes.

La reducción de jornada no es un lastre de la productividad sino todo lo contrario.

Porque trabajar menos significa producir mejor, aprovechar mejor los recursos, tanto los materiales como los humanos.

Significa ser consecuente con una economía sostenible, donde ni nos dejamos las luces encendidas, ni quemamos los motores. Porque es lo mismo dejarse la luz encendida y quemar el motor que derrochar tiempo y talento.

Este rechazo visceral de la patronal a la reducción de jornada es un mensaje triste, pero sobre todo es un mensaje desesperanzador.

No hemos oído alternativas, ni planes, ni estudios. Solo viejos argumentos, viejos apegos y viejos miedos.

Queremos lo mismo y lo estábamos consiguiendo:

Después de la reforma laboral de 2021 y de los aumentos de SMI somos una economía mejor, con mejores empresas y con mejores expectativas económicas.

La responsabilidad social empresarial no debiera quedarse en la foto y en las buenas palabras, sino que debiera aspirar a mejorar de verdad la economía y la sociedad españolas.

Tiempo, salud e igualdad van unidos y son las tres caras del trabajo digno.

Es inútil hablar de democracia en la empresa si el trabajo es un lugar hostil a las personas, a su salud y a sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la no discriminación.

Debemos asegurar que en las empresas se reconoce el valor del trabajo de todas las personas, que no hay ningún tipo de violencia y que la dinámica de funcionamiento empresarial no solo reconoce y reniega de los estereotipos, sino que también está comprometida con su eliminación.

Hemos empezado a identificar los estereotipos de género relacionados con las brechas retributivas, y este ha sido un paso muy importante,

en España primero (RD 902/2020)

y en la Unión Europea después (Directiva 2023/970).

Ahora sabemos que debemos esforzarnos por ser verdaderamente objetivos en la forma en que valoramos el trabajo de las personas.

Lo establecen y lo explican nuestras normas actuales de transparencia retributiva, que son verdaderos manuales de conducta en clave de derechos fundamentales en la empresa.

Los estereotipos de género están detrás de la segregación, del techo de cristal, de la brecha retributiva, de las carreras profesionales irregulares, de la precariedad, de la brecha de pensiones y también de esa violencia sutil, que por llamarla micromachismo no deja de ser violencia.

El mundo de la empresa es el lugar ideal para luchar de modo efectivo contra los estereotipos, no solo los de género. Tenemos por delante el reto de la LGTBI fobia. Y para combatirlo ya hemos empezado a actuar en el marco del acuerdo social.

Pronto se aprobará la reforma del ET que reforzará el derecho de adaptación de las personas discapacitadas, que seguirá avanzando en una política de respeto y reconocimiento a las personas discapacitadas que tuvo su mayor exponente con la reforma del art. 49 CE y que ha tenido muchas otras manifestaciones en el ámbito del Derecho del Trabajo de los últimos cuatro años.

El derecho a la adaptación del trabajo a la persona es una obligación a la que nos insta la Unión Europea para las personas discapacitadas, pero también para las personas con responsabilidades de cuidado y para las personas que lo requieran por razones de salud.

Es un derecho de adaptación del trabajo a las personas que, como país, tendremos que empezar a plantearnos también para las personas por razón de su edad y por razón de su religión o convicciones, porque la democracia nos exige respeto a la diferencia y no exclusión.

En definitiva, estamos en un momento clave en la evolución del Derecho del Trabajo en el que la democracia en la empresa significa flexibilidad en doble dirección y respeto a la diferencia, en cualquiera de sus dimensiones.

Aspiramos a una modernización de la forma en que trabajamos, que supone más salud psicosocial y más atención a las personas. Eso es lo significa la flexibilidad en la doble dirección que nos exige la Unión Europea cuando nos requiere para que garanticemos el derecho a la adaptación del trabajo a las personas.

Modernizar las empresas y modernizar nuestra economía supone incorporar una nueva mirada al mundo de la formación:

no basta con que nuestra formación sea adecuada a las necesidades de las empresas (mucho se ha hecho al respecto y se seguirá haciendo);

además, es necesario que la cultura de la formación se instale en todas las empresas, independientemente de su dimensión o del sector al que pertenecen.

Y eso solo se puede hacer con leyes y con inversión pública.

Este país invierte mucho en formación y en políticas activas de empleo porque es la única manera de competir.

La reciente nueva ley de empleo (la ley 3/2023) ha instaurado nuevas dinámicas que tienen más capacidad de lucha contra el desempleo y mayor capacidad de integración laboral y de lucha contra la vulnerabilidad.

Pero, sobre todo, las nuevas políticas de empleo creen en la formación y la sitúan en el centro de la sociedad, de la vida de las empresas y de la vida de las personas.

La normativa laboral debe acomodarse a esta centralidad de la formación haciendo que todos los contratos laborales (todos!) tengan como contenido esencial la formación.

La reforma laboral de 2021 supuso un paso trascendental en la configuración de esta centralidad absoluta de la formación cuando creó el nuevo contrato formativo, que ahora, (al fin!) ya no sirve para abaratar costes ni para incrementar la precariedad juvenil como ha sucedido en España durante décadas.

Pero es necesario seguir avanzando para erradicar definitivamente la cultura del becario o becaria, que es tan antigua como aquella cultura de la España en blanco y negro del siglo pasado, llena de meritorios y de pasantes.

La modernización de nuestras empresas requiere instaurar la dinámica de la formación permanente, que es la única manera de generar una fuerza de trabajo motivada, adaptable y estable. La formación debe estar en lo bueno y en lo malo; y debe ser prevención, terapia y curación.

El paso final de esta formación “esencial” y “permanente” en la empresa será el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que debe inyectar dinámica formativa en cada derecho y en cada obligación de las empresas y de las personas trabajadoras.

Quisiera referirme ahora al tema de los permisos.

Tendemos a banalizar la cuestión de los permisos, como si fueran cosa de mujeres, de perdedores o de quienes “no se comprometen con el proyecto empresarial”.

Los que toman permisos son a menudo estigmatizados y culpabilizados del trabajo extra que “deben hacer” los que se quedan.

Creo que es urgente revelarnos contra esta concepción que nos enfrenta como clase trabajadora y que le hace el juego a las formas de gestión empresarial más caducas y más perversas. No podemos consentir esta demonización de quien ejerce sus derechos, cuando en el fondo lo que existe es una infradotación de las plantillas.

Las nuevas formas de gestión empresarial que nos requiere la Unión Europea son flexibles, porque existe la obligación de adaptación del trabajo a la persona.

Creo que es importante tener en cuenta esta visión humana de los permisos, sobre todo en un momento en que la Unión Europea nos exige compromiso.

Hace apenas unos meses entraron en vigor en España el permiso de fuerza mayor familiar y el permiso para las emergencias de personas convivientes.

Son permisos de gran importancia porque generan confianza en las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado, porque refuerzan las dinámicas de flexibilidad en doble dirección y porque espantan el fantasma del abandono.

Pero falta todavía en España desarrollar el famoso permiso parental de dos meses mediante una prestación de seguridad social adecuada.

Esto es lo que nos exige la Directiva 2019/1158 de conciliación.

Es un mandato que no podemos demorar y que debemos acometer con pleno convencimiento,

porque no podemos seguir sustentando nuestra política de conciliación en la excedencia,

-que es una expulsión del mercado de trabajo que ralentiza -la carrera profesional de las mujeres,

-que segrega,

-que incrementa la brecha retributiva

 -y que perpetua roles de cuidado.

Justo lo contrario de lo que nos exige la Unión Europea.

Hemos avanzado mucho en el ámbito de la igualdad de género (no voy a aburriros ahora con los datos de empleo o de brecha retributiva que son sobradamente conocidos).

Pero la igualdad real y efectiva requiere actuar en todas las dimensiones.

Eso es lo que significa la transversalidad de género. Los permisos, la conciliación, la corresponsabilidad son una parte esencial para la consecución de la verdadera igualdad, pero hay más espacios en los que seguir insistiendo y trabajando.

Uno de ellos es el trabajo a tiempo parcial, un trabajo en el que son mayoría las mujeres, y no precisamente por voluntad propia.

Tenemos que seguir mejorando las condiciones del trabajo a tiempo parcial para que no sea un gueto de las mujeres trabajadoras pobres.

Ya hemos empezado, estableciendo importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para hacer el trabajo a tiempo parcial más previsible. Ahora procede seguir avanzando

Y ya con esto concluyo,

Seguimos teniendo por delante el reto de la modernización de nuestro mercado de trabajo, pero ahora hablamos con nuevos términos y tenemos claros los pilares y las prioridades.

La democracia en la empresa,

los derechos fundamentales,

la transversalidad de género,

la igualdad real y efectiva,

la formación permanente,

la salud integral,

la prevención del riesgo psicosocial

o la soberanía del tiempo son conceptos que nos indican claramente el camino.

En eso estamos.

Muchas gracias."                 (Yolanda Díaz , Vicepresidenta segunda del Gobierno, Sin Permiso, 14/07/24)

28.12.18

Fraguas, convertido en un símbolo de la “autogestión” para repoblar el medio rural... así se frena a VOX


Repobladores de Fraguas, en Guadalajara
"Para unos son un grupo de okupas que se ha instalado, vulnerando la legislación medioambiental, en un enclave deshabitado del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 

Para otros, son un colectivo de repobladores que han trasladado al epicentro de la despoblación un proyecto serio y viable para devolver la vida a una aldea que hace muchas décadas que había dejado de latir.

El caso es que el colectivo de Fraguas  que se asentó en 2013 en este núcleo despoblado de la zona norte de Guadalajara ha recibido un amplio eco en los medios de comunicación -incluso de ámbito nacional- y, a lo largo de este año, ha encontrado un interés inusitado tratándose de un asunto vinculado al medio rural.



La Audiencia Provincial de Guadalajara  delibera desde el 14 de noviembre si ratifica o revoca la sentencia que, en junio pasado condenó a seis miembros del colectivo okupa Fraguas Revive  a una pena de un año y nueve meses de prisión por delitos contra la Ordenación del Territorio y Usurpación del Monte Público.  (...)

El proceso se inició al considerar la Junta de Castilla-La Mancha, administración competente en la ordenación del territorio, que la ocupación de Fraguas era ilegal al localizarse  en un área declarada parque natural y por vulnerar la normativa de montes y en materia urbanística. Desde la Administración regional consideran que "no es posible autorizar ni legalizar" construcciones en un lugar que ya no es un pueblo sino monte público.   (...)

Todo ello ha situado a Fraguas, que no es el único núcleo de la provincia de Guadalajara que alberga un proyecto de autogestión orientado a repoblar las zonas rurales, en el disparadero. Fraguas es un pueblo deshabitado desde que en los años 60 fue expropiado por el Estado. Ahora, varios de los antiguos pobladores de Fraguas no han dudado en respaldar al colectivo de repobladores.  (...)

La Junta ha denunciado la construcción parcial de varias viviendas, la instalación de placas solares y la toma de agua “de una conducción previa que alimenta un punto de agua contra incendios forestales”. La posición de la Administración es que se trata de una okupación inviable e ilegal al tratarse de un monte público de naturaleza rústica en el que la legislación no permite ya la urbanización.

 El colectivo de Fraguas defiende su tarea en este enclave: el respeto de las construcciones por el entorno, la sostenibilidad del proyecto de vida que defienden y la integración en un área natural conservada sin que ésta sufra alteraciones.  (...)

Gonzalo Aracil, uno de los miembros acusados, señaló a eldiarioclm.es: “queremos demostrar a la Junta el gran apoyo que mantiene todavía nuestro proyecto de repoblación de Fraguas y mostrar de nuevo nuestro rechazo a la condena porque es injusta”. 

Además, subrayó: “Nos acusan de ordenar el territorio, cuando fue ICONA quien cambió el uso a unas tierras de cultivo en los años 60 y vulneró la ley vigente de entidades locales, que prohibía embargar las calles de dominio público”.           (Rafael Gamo, eldiario.es, 22/12/18)

19.11.18

Alcoa: ¿cómo salvar una industria?

"Las plantas de Alcoa de Avilés y Coruña se ven abocadas al cierre, según anunció la empresa el pasado 17 de octubre. Cerca de 700 trabajadores directos perderían sus empleos ante el despido colectivo presentado.

 Lo que en un principio iba a ser un mes de negociación, el plazo acaba de ser alargado por un lado por la inasistencia de los trabajadores gallegos, dejando en solitario a los asturianos alegando que este ERE es ilegal; por otro, por el cambio de parecer en las últimas horas de la multinacional, que ahora abre la puerta a posibles compradores. 

Un futuro quizás algo menos negro del inicial, cuando no se daba ningún tipo de opción que no pasara por el cierre. Lo que se le pide al Gobierno de España es la intervención pública en la empresa para evitar su condena a muerte, lo que estaría para algunos sectores más que justificada.

Las declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sobre la no intervención estatal en la empresa aluminera Alcoa han desconcertado a propios y extraños, sobre todo por su referencia a regímenes comunistas. 

Las voces en contra de este comentario, incluso desde la propia Federación Socialista Asturiana a través de su secretario general, Adrián Barbón, se han dejado oír. Las respuestas se pueden resumir en una: los estados capitalistas también tienen esa capacidad para intervenir, o nacionalizar, que son cosas diferentes, empresas o sectores considerados estratégicos. 

Es más, como asegura el concejal de Somos Avilés Primi Abella, es algo contemplado por John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX: “La intervención estatal es la manera de moderar las dinámicas capitalistas. Y esto es algo que reconocen hasta los de derechas”. (...)

El reconocimiento de sectores estratégicos por parte del Estado sería básico para garantizar una política industrial y una estabilidad no solo económica, sino también social, a más largo plazo. Como ejemplo el hecho de países donde el sector energético es público, como Noruega, o EDF en Francia, “países nada comunistas, sobre todo Noruega, gobernado por la derecha después de 100 años de socialdemocracia”, apunta Primi Abella, partidario de la nacionalización y para quien las plantas amenazadas son “peones que generan beneficios para la matriz. Un Estado tiene que tener cierto control sobre la columna vertebral de la industria”.

 Para él, la nacionalización o intervención de determinados sectores daría una estabilidad a largo plazo por lo que supone de “defensa de los territorios, de trabajo y de futuro estable”, algo de lo que Asturias anda bastante escasa.

“La nacionalización sería discutible, pero por lo menos sí intervenir”, apunta David Rivas. La diferencia pasa por una gestión directa por parte del Gobierno o participada en un porcentaje determinado. “¿No intervino Aznar el mercado de la energía? ¿Qué hizo González con Rumasa? ¿Y qué ocurre con las expropiaciones?”, señala el profesor universitario. 

“Los estados tienen herramientas para crear economía y economía social que aporte tranquilidad. Y también para que, si usan nuestros recursos, si se van que los tengan que devolver”, apunta José Manuel Gómez de la Uz, presidente del Comité de Empresa de Alcoa-Avilés, en referencia a los veinte años de subvenciones tras la privatización de la empresa estatal Inespal. (...)

Para el cierre, la empresa no esgrime argumentos económicos, como afirma De la Uz, sino “organizativas, estructurales, por el mercado, por las plantas viejas… No les dejamos hablar en la reunión de negociación del martes 13, porque siempre dicen que no son viables, pero la empresa tiene beneficios. Estas plantas no son viejas y tienen la misma tecnología que otras de Europa”. 

La tecnología empleada en Avilés se conoce como Soderberg, “aunque dentro del aluminio hay otras más modernas, pero esta es de las más eficientes. Uno de los problemas de la planta en los últimos años es la falta de materias primas de buena calidad. Hablamos de desinversión”. Una desinversión que comenzó tras la inundación de 2010 que dio lugar a un parón de tres meses de la factoría.

 “Todo parecía apuntar al repunte de la alúmina. Cuando se arrancó y se vio que no levantaba precio, comenzó la desinversión”, explica De la Uz. Entre 2005 y 2006 la empresa llevó a cabo grandes inversiones sobre todo medioambientales y tecnológicas, que también garantizaban menos emisiones. Fueron las últimas.  (...)

Las industrias electrointensivas como Alcoa son grandes consumidores de energía. De hecho, esta multinacional consume el 5% de todo el Estado español, lo que supone un 40% de su factura. “Pagar todo el coste de la luz haría inviable la producción. Por eso en el norte de Europa funcionan con saltos hidroeléctricos o en Arabia con el petróleo. La luz aquí es mucho más cara. 

Pero todos quieren que la industria suponga el 20% del PIB y para eso hay que dar herramientas, tienes que ayudar de alguna manera”, añade De la Uz. Por ahora, el Gobierno contempla una subasta eléctrica de medio año. Este plazo provoca también inestabilidad y el interés de este tipo de empresas sería asegurarse un precio por un período bastante más largo.

El presidente del comité de empresa también advierte de que “Alcoa cierra y las demás empresas de consumo energético van detrás. Es un efecto sociológico, efecto rebote”.  (...)

Porque aquí no va a pasar lo mismo que con el carbón, no va a haber subvenciones millonarias venidas de Europa y despilfarradas en falsas reindustrializaciones de unas comarcas mineras desiertas, en eso tiene experiencia esta región. (...)"                     (Elena Plaza, El Salto, 15/11/18)

14.11.18

María cumplirá en enero 73 años. Siempre ha vivido en un piso “enorme” en el barrio de Sarrià. Pintaba, cantaba, “hacía travesuras y mucho el vago”. Tenía una vida acomodada.... Hace unos meses fue desahuciada del piso donde llevaba 50 años viviendo. Tiró de ahorros y en septiembre durmió por primera vez en un cajero...

"María cumplirá en enero 73 años. Siempre ha vivido en un piso “enorme” en el barrio de Sarrià. Pintaba, cantaba, “hacía travesuras y mucho el vago”. En su juventud estudió en escuelas de arte de Barcelona y París. Tenía una vida acomodada. Tuvo lujos, engaños y desengaños, cinco hijos y un giro inesperado en su vida. 

Hace unos meses fue desahuciada del piso donde llevaba 50 años viviendo. Tiró de ahorros y en septiembre durmió por primera vez en un cajero. “Cobro una pequeña pensión pero es imposible vivir en esta ciudad”, lamenta. A finales del pasado octubre y tras tocar fondo una noche de lluvia, las “cosas” empezaron a cambiar.

Lagarder Danciu es un sintecho de origen rumano y etnia gitana protagonista de varias polémicas. Activista, lucha por los derechos de los que no tienen hogar y fue uno de los líderes de la acampada que reivindicó los derechos de los indigentes en la Plaza de Catalunya. “Las administraciones no nos ayudan. Los sintecho tenemos que autogestionarnos”, asegura Danciu. 

El activista denuncia que el Consistorio pone en manos de empresas que “trafican con la pobreza” la gestión de los sintecho. “Es un negocio. Por ese motivo mi propósito era crear un albergue autogestionado por los propios indigentes”, aclara. Lagarder buscó un lugar y lo encontró. “No quería nada cerca del Raval. No tengo recursos para tratar a perfiles de consumidores de droga. Contactamos con Aurea Social, una cooperativa surgida tras el 15-M de carácter social... el local donde trabajan tiene una orden de desahucio. Decidimos compartir el espacio hasta que el banco nos expulse”, explica en el interior del recién creado albergue en la calle Sardenya, 263. 

Sus llamadas a través de las redes sociales permitieron conseguir colchones y toneladas de ropa. En el local había duchas y han instalado una lavadora. “Es un proyecto único en España. Estaba todo preparado para abrir el 1 de noviembre pero las lluvias hicieron que nos adelantáramos”, dice.

La última semana de octubre encontró a una mujer empapada y temblando dentro de un cajero. Era María. Se convirtió en una de las primeras en formar parte de un proyecto que han bautizado como “Welcome Sense Sostre Barcelona”. Tras ella llegaron muchos otros. 

Hoy son 25 y la cifra sigue creciendo. Ya hay lista de espera. “Sabemos que nos acabarán echando pero ya hemos visto algunos lugares que ocuparemos después. Este proyecto no tiene fin. Los sintecho nos autogestionaremos saliendo de las mafias que han impuesto las administraciones”, dice Danciu.

A las ocho cenan junto a los voluntarios y se van a dormir en dos habitaciones separadas. En una duermen las mujeres y las parejas y en la otra, los hombres. No se acepta el consumo de alcohol ni de drogas. A las ocho de la mañana se despiertan, desayunan y todos se marchan a buscarse la vida. Sus pertenencias quedan guardadas en unas taquillas.

Estaba pensado que cada plaza se limitara temporalmente una semana, pero se va ampliando. La disciplina interna intenta que todos participen en las tareas necesarias para sacar adelante el proyecto, como la cocina y la limpieza.

El pasado miércoles cocinó la cena María Ángeles, una mujer de 58 años, diabética, nacida en Extremadura pero que lleva 41 años viviendo en el Eixample “de alquiler”. Pagaba una renta antigua y de la noche a la mañana se encontró teniendo que pagar más de 1.000 euros por su piso. La echaron. “Primero mi pareja y yo tiramos con los ahorros. Luego, acabamos en un parque”, lamenta. 

“La calle es muy dura. No duermes. Estás continuamente en duermevela. Me han robado tres veces y una vez estuvieron a punto de violarme”, desvela. Tiene familia pero le avergüenza que sepan en qué estado se encuentra. “Somos el desecho de la sociedad. Nadie nos quiere. Ni siquiera Colau”, lamenta.

Por la puerta entran cuatro jóvenes originarios de Marruecos. Les envía una ONG. No hay plaza para dormir pero les ofrecen comida y mantas térmicas. Son cuatro MENA (Menor Extranjero No Acompañado). Forman parte del trasiego diario del centro, al que se suman vecinos con ropa y mantas.  (...)

No son las diez de la noche y los residentes empiezan a recoger la logística de la cena y a extender de nuevo los colchones por el suelo. Entonces aparece por la puerta una pareja de gitanos rumanos. Lagarder les reconoce. “No dormirán pero les hemos dejado la lavadora para hacer la colada”, asegura. Les acompaña a recoger la ropa limpia y les informa: “Podéis venir a ducharos”.

Es de noche y sigue lloviendo. “Aquí dormimos tranquilos”, admite María. Se gana la vida a diario cantando y haciendo dibujos a todo aquel que quiera comprarlos. Pero su vida está a punto de dar un nuevo giro. Una vecina del barrio de Sant Antoni ha pensado que ella podría hacer compañía a su madre. “Son de la misma edad”, alerta. Pronto se conocerán y, si “se llevan bien”, María tendrá un nuevo hogar."                   (Alfonso L. Congostrina, El País, 11/11/18)

13.11.18

Autogestión para salir del circuito de la pobreza...

"Levantarse y encontrar el desayuno servido; comerlo y que, después, sea un asistente quien recoja el plato; quizás, darse una ducha; luego a la calle. A la hora de comer, desplazarse a alguno de los centros donde dan algo caliente y más tarde, cuando anochece, volver al albergue para cenar- o quizás dirigirse a determinada parroquia o comedor donde se sabe que la comida es mejor, lo que, eso sí, implica un nuevo desplazamiento, un nuevo deambular por la ciudad. 

Esa es la realidad que se encuentran cientos de las personas sin vivienda en la ciudad de Barcelona; una rutina que les mantiene a cubierto pero en la que se integran, en muchos casos, como sujetos pasivos; una rutina de la caridad que deja al margen a su beneficiario. Claro que la alternativa es peor: en la calle uno apenas puede dormir, a uno le pueden robar o le puede agredir, uno pasa frío y se empapa. En 2018, 46 personas sin techo han muerto en Barcelona.

El circuito de la pobreza, como lo llama Lagarder Danciu, consiste en hacer que el sin techo vaya de un lado a otro de la ciudad para recibir asistencia sin incidir en sus necesidades de fondo. Activista de la causa desde hace años, Lagarder considera que este circuito acaba por volver aún más vulnerables a estas personas. 

Las hace sentir incapaces de valerse por si mismas ya que las aleja de la posibilidad de ejercer una tarea, de adquirir una responsabilidad, lo que a la postre, señala, las lleva a desvincularse aún más de sí mismas. Después de años intentándolo, al fin ha conseguido poner en práctica un proyecto, Welcome Sense Sostre (Bienvenidos, sin techo), el primer centro de acogida de Barcelona gestionado íntegramente por personas sin techo.

La iniciativa se puso en marcha el pasado 1 de noviembre. Ubicada en la planta baja de un espacio que actualmente pertenece a Aura Social, un centro social autogestionado situado junto a Sagrada Familia, ha adoptado como política no recibir ningún fondo público.

 Lagarder denuncia que el ayuntamiento destina más de 35 millones de euros anuales a combatir el problema de los sin techo (el doble de lo que se destinaba en la legislatura anterior) pero que este dinero no ha servido para aliviar el problema. Con la ayuda de los vecinos, que han aportado alimentos así como kilos y kilos de ropa, Welcome Sense Sostre quiere demostrar que la solución no solo pasa por el cuánto sino también por el cómo.  

Son las 8 pasadas y a esta hora la recepción está a rebosar: en ella se juntan algunos de los habitantes del centro de acogida, 27 en total, vecinos que se han acercado a ver cómo puede ayudar y voluntarios, cuya labor, básicamente, es acompañar a los sin techo, generar vínculos personales con ellos. 

Porque en lo que respecta al funcionamiento del centro, todo depende exclusivamente de sus inquilinos, algunos de los cuales, en este momento, ultiman los preparativos para la cena.

“Habitar en el circuito de la pobreza termina por esterilizar al individuo. Nuestro objetivo es darle herramientas, involucrarle en su propia salida de la calle empezando por hacerle asumir el cuidado y el mantenimiento de lo que ahora mismo es su hogar”, explica Lagarder.

 Limpiar el suelo y lavar las sábanas, ordenar el ropero, preparar la cena y el desayuno, recoger y fregar los platos...en cada uno de los espacios que componen Welcome Sense Sostre (dos salas para pernoctar, una de hombres y otra de mujeres, baños, un trastero y un comedor) figura una lista de tareas a llevar a cabo y el nombre de las personas encargadas de hacerlo cada día.

Cerca de las 9, los inquilinos y algunos voluntarios se sientan a la mesa y comienzan a servirse. La cena se interrumpe alguna que otra vez cuando llega un sin techo para solicitar plaza. Desde hace unos días, aquellos que llegan a Welcome sense sostre se han encontrado con la misma respuesta: no quedan sitios. 

 El espacio está lleno y la lista de espera es ahora mismo de más de 100 personas. Se les invita a sentarse en la mesa, a compartir la cena, aunque después deberán marcharse. Si la convivencia entre un grupo tan numeroso de personas es de por sí frágil, más lo es cuando estas personas vienen de la calle, donde han aprendido la necesidad de defenderse, de desconfiar.

Son varias las medidas que el proyecto ha tomado con el fin de mantener este difícil equilibrio: El alcohol y las drogas están prohibidas; tampoco se ha admitido a personas que sufren algún tipo de adicción o cuya salud mental está altamente deteriorada- en algunos casos se les ha dado cobijo temporalmente pero siempre a la espera de derivarlas a otros centros adecuados para tratar estas problemáticas. 

Señala Lagarder que la intención es crear un grupo cohesionado pero que los fines van más allá: “Queremos llevar nuestro proyecto al exterior, hacernos visibles, movilizarnos. Las personas que estamos aquí tenemos la obligación moral de luchar por los que están fuera”.  (...)"                    (Jorge García, Público, 12/11/18)

23.11.14

España tiene un nivel de espíritu emprendedor muy elevado, con una proporción muy alta de fracaso. Necesitan clientes, pero como la demanda es débil, no los van a encontrar

"(...) España, aunque no se tiene constancia de ello, tiene un nivel de espíritu emprendedor muy elevado. Aunque en cuanto a empresas creadas hay una proporción muy alta de fracaso. En un momento de recesión como este necesitas clientes, pero como la demanda es débil, no los vas a encontrar. 

La solución no pasa por crear cada uno su puesto. La encuesta del BCE que realiza a pymes revela que el principal problema de las empresas españolas es la falta de clientes. Sabes que por regla general el consumo está caído y las probabilidades de que salga mal es muy alta. La posibilidad de crear trabajo y renta y riqueza tiene que ir por otro lado.

Vamos ya para siete años de crisis, nadie la vio venir y nadie acierta a decir cuando terminará. ¿Cómo saldremos de esta crisis?

Atendiendo a los datos que leo, y al contrario de lo que dice el Gobierno, creo que esto va para largo. El problema fundamental de la economía española es el sobreendeudamiento privado, tanto de familias como de empresas. Esto se llama recesión de balance e impide que la actividad económica salga adelante. 

Una empresa, cuando tiene ingresos, los destina a saldar deudas y no a contratar trabajadores o a comprar nuevas máquinas. Y en las familias pasa lo mismo. Es un círculo vicioso del que no saldremos hasta que no se reduzca la deuda de familias y empresas. 

En 2010 empezó a disminuir, pero muy lentamente. A este ritmo necesitaríamos cinco o seis años para llegar a límites razonables de deuda. Necesitamos encontrar otra forma de hacer crecer la economía, una economía que no vaya destinada sólo a crecer sino a satisfacer actividades económicas y sociales de las personas. (...)"         (Entrevista a Eduargo Garzón, La Voz del Sur, 16/11/2014)

14.9.14

Las cooperativas son las que están aguantando mejor la crisis. Mantienen el empleo, y son capaces de generar empleo, de evitar el cierre de empresas

"(...) Fermín Peña, con apenas 14 años, empezó a trabajar en la empresa. Y lo sigue haciendo ahora, 38 años después. A punto estuvo, junto con el resto de la plantilla, de quedarse en la calle hace dos años, tras el cierre de Muebles Salcedo. Ahora ya no se llama Muebles Salcedo, sino Muebles Viana. Y la empresa es de los trabajadores.
 
La compañía se había ganado fama de combativa en repetidos ciclos de huelgas. No iba a ser tan fácil terminar con ellos. “Empezaron a decir que las cosas iban mal y los dueños decidieron cerrarla”, cuenta Peña a Diagonal. Al igual que otras 250.000 empresas desde el inicio de la crisis, Muebles Salcedo se veía obligada a echar el cierre.

Las perspectivas para los 132 trabajadores no podían ser peores. “En la época en la que estábamos y con los años que tenemos… había que agarrarse a algo. Si no era ahí, ¿dónde íbamos a trabajar? Salvo dos o tres, todos tenemos ya más de 50 años”, dice Fermín. Con el dinero adelantado que obtuvieron de la capitalización del desempleo, los trabajadores compraron la empresa y la convirtieron en cooperativa.

Una historia que se ha repetido desde el inicio de la crisis, en 2008, con diferentes nombres: Mec10, Profinox, Zero-Pro, El Nou Rals, Tafinox, Curvados Alzania… El número exacto de empresas ‘coope­rati­vi­za­das’ se desconoce, pero todos los que han estudiado el fenómeno coinciden en señalar que son cientos y que cada vez son más.

 Sólo en 2012, último año del que hay datos, los trabajadores se hicieron con el control de 150 empresas en quiebra o en riesgo de quiebra en Europa. La mitad de ellas se encontraba en España, según la Confederación Europea de Cooperativas de Trabajo. (...)

Muchas de las empresas cooperativizadas surgen de la capitalización del paro o de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, que deciden hacerse con la empresa. En otras ocasiones, la plantilla pacta con el propietario la transformación de la empresa en una cooperativa para evitar el cierre. 

Éste fue el caso de Cuin Factory, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde el mismo dueño se convirtió en uno más de los miembros de la cooperativa, cobrando lo mismo que todos los demás: 900 euros. 

En otros casos, los trabajadores víctimas de un ERE crean un nueva entidad y se quedan parte de los clientes o usuarios, como ocurrió con Musicop, una cooperativa creada por los 35 trabajadores despedidos de la Escuela de Música de Mataró (Barcelona), dependiente del Ayuntamiento. La nueva cooperativa no sólo se ha mantenido, sino que ha creado nuevos puestos de trabajo.

A pesar de este auge de empresas cooperativizadas, el fenómeno sigue sin ser significativo en relación a la destrucción de empleo provocado por la crisis. Según comenta Vilnitzky, las consultas para iniciar nuevas cooperativas se han triplicado en muchas comunidades autónomas. 

Pero a veces es demasiado tarde. “Cuando llegan a preguntar, es porque ya se han comido todo el paro, cuando ya estuvieron buscando y buscando trabajo… Entonces es cuando generalmente empiezan a pensar en armar algo propio. El problema es que cuando llegan a ello ya no tienen forma de financiarlo”, dice.

 “En Argentina no tienes paro, no tienes nada –continúa– en el momento en que te vas a quedar sin trabajo, la necesidad de luchar por tu puesto de trabajo es mucho mayor. El problema es que todavía en España hay gente que piensa que, si se queda sin trabajo, igual de aquí a unos meses consigue algo”. (...)

“Las cooperativas son las que están aguantando mejor la crisis”, afirma a Diagonal Juan Antonio Bernabéu, autor del libro Las cooperativas de trabajo asociado como solución a la reestructuración empresarial en épocas de crisis económica.

 “Las cooperativas mantienen el empleo, son capaces de generar empleo, de evitar el cierre de empresas. Esto se demuestra con las cifras”, argumenta Bernabéu. Hasta 2013, las cooperativas se habían limitado a destruir empleo con un ritmo ligeramente inferior al resto de empresas, pero el año pasado cambió la tendencia: por primera vez desde el inicio de la crisis, el número total de cooperativas crecía, un 23% más que el año anterior, confirman desde la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta).

Bernabéu argumenta que esta mayor resistencia de las cooperativas frente a las empresas tradicionales se debe a que tienen mayor capacidad de adaptación: “No son empresas al uso, son empresas participativas, democráticas, en las que todos los cooperativistas son dueños de la empresa, algo que les permite una agilidad de adaptación que no tiene ninguna empresa estándar”. 

Una capacidad de adaptación, reconoce, que tiene su reverso oscuro en la autoexplotación y formas muy diversas de entender el cooperativismo, en una gama que va desde empresas de tres empleados hasta un grupo como Mondragón, que en 2012 daba trabajo a más de 80.000 personas.

El motivo último de este crecimiento del cooperativismo y de las empresas ‘recuperadas’, resume Bernabéu, se halla en que se trata de un “modelo que en estos momentos está funcionando mejor que la empresa clásica”. También “de la necesidad de la gente, que no quiere quedarse sin trabajo”. Como el caso de Muebles Viana. “La empresa se iba cerrar… y nos agarramos a esto para poder tener trabajo. Y parece que hemos acertado”, dice Fermín Peña.

 En España no existen por ahora fábricas recuperadas por los trabajadores que hayan conseguido reiniciar la producción forzando la legalidad. Mucho menos que hayan conseguido, como en el caso argentino –donde existen 300 empresas recuperadas que dan trabajo a 10.000 personas–, que las autoridades expropien a los antiguos dueños para entregar la empresa a los trabajadores. Lo intentó la plantilla de T-Solar en 2013, que mantuvo ocupada esta fábrica de paneles solares de Ourense durante 129 días para evitar un ERE que afectaba a 170 personas.

 Pero tuvieron que abandonar la lucha cuando el juez ordenó el desalojo. “La ley no les ayuda, los jueces no les ayudan, sobre todo cuando hay grandes inversiones, maquinaria… La mayoría de las veces los trabajadores tienen que empezar de cero”, dice Mariana Vilnitzky."                 (Martin Cuneo, Diagonal, en Economía crítica y crítica de la Economía, 21/09/2014)

12.6.14

Sierra Noroeste: el despertar de los centros sociales autogestionados


 Uno de los centros de la Sierra Noroeste de Madrid. / Beatriz de Coro 

"Los pueblos de la Sierra Noroeste de Madrid, hasta hace poco lugares de segundas residencias, con gobiernos tradicionalmente en manos de la derecha, están viviendo su particular despertar con la llegada de nuevos vecinos e iniciativas.

 La creación de centros sociales autoges­tio­nados es una de ellas. Ejem­plos de ello son el centro social El Balcón en el Boalo, la asociación Sorcas en Moralzarzal o Disparate en Becerril de la Sierra.

Este último centro ha sido puesto en marcha por un grupo de mujeres que se decidieron a alquilar un local que llevaba cerrado más de 15 años. Todas ellas madres, algunas con familias numerosas, se empeñaron en la tarea de rehabilitarlo y convertirlo en un centro social de referencia en el entorno. “Hemos organizado desde comidas temáticas hasta jornadas zapatistas, talleres de foto,

pedagogía corporal. Tenemos cursos estables de yoga, pilates, inglés, costura, música, circo… –nos comenta Ana Toribio, una de sus impulsoras–. También tenemos préstamo de libros, ropa de segunda mano… Todo surgió de la necesidad de crear un espacio de todos y para todos”.

“Nos hemos dado cuenta de que si no es por este tipo de lugares no saldrían adelante ciertas propuestas”, explica Ruth Orta, otra de las impulsoras del centro. Sobre la dificultad de gestionar un proyecto así nos comenta: “No sería posible sin el apoyo de mucha gente”.

“Con el centro queríamos crear un lugar donde generar una oferta cultural alternativa, que el tiempo de ocio familiar no fuera irse a pasar la tarde del sábado al centro comercial. Frenar la cultura del consumo”, cuenta Clarisa Luna, también promotora de la iniciativa. En estas zonas, no muy bien dotadas de infraestructuras de transportes, la parada más cercana del autobús es a un centro comercial de Villalba.

“Creíamos que en estas zonas no había espacio para otras iniciativas porque siempre ha gobernado la derecha, pero nos hemos dado cuenta de que lo que sucedía es que no había espacios en los que confluir y conocernos.

 El hecho de que existan estos espacios hace que salgan cosas adelante, sociabilizas tu indignación y surgen iniciativas –comenta Juan Iribas, profesor de secundaria–. Es una oportunidad para demostrar que la gente se puede organizar por sí sola sin ayuda de las instituciones o de las administraciones”.

Entre las iniciativas que acoge este centro se encuentra Cambalhota, un proyecto educativo alternativo. “Cambalhota surge como un proyecto de pedagogía libre, activa, que nace de la búsqueda de un espacio diferente donde los niños y niñas puedan crecer y desarrollarse de manera respetuosa”, explica Jara Huichol, una de las responsables de su puesta en marcha. 

“Existe una carencia de este tipo de espacios tanto en la escuela pública como en la privada. Nosotras funcionamos como colectivo, familias y acompañantes, y gestionamos el proyecto conjuntamente”, afirma.

“No cuestionamos el modelo de educación pública, pero sí el modelo pedagógico de referencia hoy de la escuela pública. En el centro de nuestro pueblo con los recortes han tenido que suprimir la asignatura de Cultura Clásica e Imagen y Comuni­ca­ción, pero continúan Iniciativa Emprendedora y Re­li­gión con sólo dos alumnos en algunos cursos

 ¿Es este el modelo que queremos?”, dice Rosa Martín, con hijos en el centro público de la zona y miembro de la asociación. “A veces tenemos la impresión de defender una escuela pública que se ha convertido en un aparato de propaganda del partido de turno”. En este contexto estas iniciativas pretenden investigar otros modelos de participación en educación.

“Este tipo de iniciativas se dan porque lo público está gestionado por expertos que suelen estar muy desvinculados de la gente y no tienen en cuenta su capacidad de participación”, afirma Carlos de Castro, sociólogo, profesor de la Universi­dad Autónoma de Madrid “No se puede entregar la gestión de lo común a las empresas pero sí a asociaciones o colectivos que funcionen con arreglo a criterios de redistribución, reciprocidad y no de beneficios. Democratizar es abrir la posibilidad de participar a la gente en los asuntos comunes, las instituciones deberían estar abiertas para responder a esas necesidades”.         (Diagonal, 20/05/2014)

2.6.14

Red de Solidaridad Popular (RSP): Ayuda mutua contra la crisis

"Avanzan los proyectos de la Red de Solidaridad Popular (RSP) en un contexto de creciente paro y exclusión. En Palencia, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, la RSP local ha logrado que un particular les ceda por un año un terreno de 2.000 metros cuadrados (cerca del casco urbano) que llevaba seis años sin cultivarse.

 Se impulsará en estas tierras una iniciativa de huertos comunitarios. El 26 de abril, la RSP de Arganda del Rey recogió 300 kilogramos de alimentos para abastecer la “despensa solidaria” de la organización.

 Precisamente la Red inauguró en Cáceres, hace mes y medio, otro proyecto de comedor social y “despensa solidaria” en el barrio de la Mejostilla, con el fin de apoyar a las familias con menos recursos. Miembros de la RSP en Tetuán (Madrid) impartieron un taller antirrepresivo en Radio Almenara (emisora comunitaria de la zona norte de la capital)…

 La Red de Solidaridad Popular nace, según sus promotores, como una forma de dar respuesta urgente a la situación de emergencia que actualmente viven cientos de miles de personas.

 Pero más allá de satisfacer necesidades perentorias, el cometido último es “la transformación social desde una perspectiva netamente de izquierdas y alternativa al actual sistema capitalista”. El método es la autoorganización popular. Para ello, se definen como un actor más en el conjunto de movimientos sociales y se integran en el tejido asociativo de cada barrio.

 “No somos vanguardia, sino que organizamos la retaguardia, para que la gente que está en las luchas sociales también tenga cubiertas sus necesidades básicas”, afirman. Además, “la RSP no es un fin en sí misma; lo fundamental es la redistribución del trabajo y la riqueza”.

En el día a día, se organizan despensas solidarias, ayudas para libros y comidas de los escolares más necesitados, bancos del tiempo, cooperativas de autoempleo, proyectos de soberanía alimentaria, servicios jurídicos para apoyar a activistas represaliados, cajas de resistencia y repartos de ropa, entre otras iniciativas.

 En ningún caso estos proyectos tienen carácter benéfico ni asistencialista, ni caritativo, ya que se busca la implicación activa y la participación en los movimientos sociales de las personas que reciben apoyo. (...)

Un ejemplo del rapidísimo avance de la RSP lo constituye el grupo de Valencia. Ubicado en la zona norte de la ciudad, donde dispone de un local, se encuentra muy próximo a barrios de Valencia particularmente castigados por el paro y la pobreza (Orriols, Torrefiel, Benicalap, Marxalenes…). 

La RSP valenciana ha habilitado ya una despensa de alimentos, con grupos de recogida, preparación y reparto de bolsas para las personas/familias más necesitadas. Semanalmente se reparte a 62 núcleos familiares (en torno a 190 adultos y menores) una bolsa con frutas y verduras, yogures, huevos y arroz/pasta o legumbres; el aceite se raciona pero de modo que nunca falte. 

“No recibimos apoyo institucional ni de supermercados; los productos vienen de las donaciones de particulares y del trabajo de la gente de la Red”, destaca el coordinador de la RSP-Valencia, Antonio Parrilla. Otro de los criterios es que nadie dedique más de cuatro horas semanales al trabajo en la Red de Solidaridad Popular, para que no se descuiden otros aspectos como la búsqueda de empleo.

Unas 350 personas han colaborado en algún momento con la RSP valenciana. “Pero aquí todos somos necesarios y nadie imprescindible”, aclara Parrilla. Cada grupo de trabajo es soberano dentro de la Red. Un grupo de 15 personas trabaja en el “proyecto huerto”, que ha hecho posible el cultivo de 5.000 metros cuadrados de tierra.

 Han recogido -por el momento- acelgas, espinacas, cebollinos, lechugas, coles, brócoli, patatas o nabos, que después se incluyen en las bolsas que se reparten en la sede. El coordinador del “proyecto huerto”, José Luis Gasch, destaca que se reparten verduras frescas, “sembradas, cuidadas y recolectadas con criterios sostenibles y saludables”. Sin uso de productos químicos. 

 En algunos casos han recibido apoyo de los agricultores de la zona, por ejemplo, para un pedido conjunto de patatas ecológicas de Navarra. “O pagarles la gasolina a cambio de que te pasen el tractor por la parcela”.

En colaboración con algunas ONG, la Red de Solidaridad Popular en Valencia también trabaja en la iniciativa “armario solidario”, que consiste en buscar ropa, clasificarla (separar la que se halla en buen estado de la inservible) y organizarla en cajas para un posterior reparto. Hay, asimismo, una “cuenta solidaria”, que se abre únicamente en los momentos necesarios.

 Ahora, por ejemplo, para el “proyecto huerto”, pero también para apoyar las “Marchas por la Dignidad” del 22 de marzo o, en su caso, como “caja de resistencia” ante una huelga. Pero en principio, matiza Antonio Parrilla, “no queremos manejar dinero sino productos; intentamos que la cuenta no esté abierta de manera permanente, sino que se abra para fines concretos; preferimos, en fin, una bolsa de arroz a un euro”. (...)

Jaume Giner forma parte del grupo de Educación y advierte de las limitaciones (inevitables) del proyecto. “No podemos plantearnos un sistema de formación paralelo al estatal”. Ante la precariedad creciente en la educación pública, y la pauperización de las economías familiares, se han planteado la recogida de material escolar, sobre todo, en los diferentes Campus de la Universitat de València. 

También colaboran con los centros escolares fustigados por el tajo presupuestario o con los colegios en los que madres, padres y profesores se movilizan; clases de apoyo a niños y niñas, sobre todo de primaria; alimentos a los comedores escolares para los menores que no desayunan en sus casas… Pero también implicación en las “mareas verdes” contra los recortes y en las plataformas de apoyo a la educación pública. (...)"               (Enric Llopis, Rebelión, 21/05/2014)

13.3.14

La crisis ha empujado a la reconversión de empresas en cooperativas, tanto por cierres como por ERE

"En España hay por lo menos 75 empresas reconvertidas en cooperativa, y la mayoría se han constituido en los últimos cinco años, al albur de la crisis.

Es probable que haya más. Los datos provienen de los departamentos técnicos de ayuda a la creación de cooperativas de las federaciones que forman la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta).

Pero muchas de las empresas recuperadas no están inscritas en las federaciones, y no hay manera de saber si provienen de la quiebra de una empresa mercantil o de un ERE. O los obreros, nuevos dueños, no quieren que se sepa que la empresa ahora es propiedad de los trabajadores, por miedo a perder clientela.

Cuando se habla de empresas reconvertidas, muchos suelen recordar las fábricas en quiebra tomadas y ocupadas por los trabajadores argentinos, con protestas y manifestaciones, y la policía acechando, a la espera de desalojarlas.
En España, si bien ha habido casos de estos, la realidad es distinta. Lo que hay son empleos recuperados; y existen tantas experiencias distintas como empresas reconvertidas en cooperativa.

Por lo general, los conflictos como los argentinos son en España cooperativas históricas, creadas hace más de 30 años, como el caso de Gramagraf o Mol Matric, en Barcelona.
Muchas de las iniciativas de recuperación actuales, cuando hay una quiebra y un juez que gestiona la subasta, no llegan a buen puerto.

“Intentamos hacer campaña para que los trabajadores, cuando vean que se acerca la quiebra de su empresa, traten de llegar a un acuerdo con los dueños”, explica Gemma Soria, que gestiona los casos en la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de La Rioja. “Si llegan a la subasta, puede que sea demasiado tarde.

 Si hay máquinas en juego, depende mucho del juez y puede que gane un inversor externo y pierdan los trabajadores”.

Es el caso de Inoxgrup, una empresa reconvertida que se dedicaba a fabricar los bolígrafos Inoxcrom. Cuando la empresa entró en quiebra, un centenar de trabajadores presentaron una propuesta al juez para quedarse con la empresa. Pero el concurso lo ganó un inversor externo y se hizo con toda la maquinaria y el stock de material del almacén.

“Esas máquinas cuestan milloness de euros y los trabajadores no nos pudimos permitir ofertar más por ellas”, dice Jordi Villanueva, uno de los socios que crearon la cooperativa. Actualmente seis ex empleados intentan comenzar a trabajar, importando algunas de las piezas que antes fabricaban, y con la intención, en los estatutos, de ir recuperando poco a poco los trabajos de todo el equipo.

 “Los antiguos trabajadores le habíamos comprado antes la marca a la dueña”, agrega Villanueva. “Estamos en juicio con los nuevos dueños porque usan la marca, y legalmente no pueden”.

Muchas veces los conflictos se resuelven, sobre todo si cuentan con el apoyo de instituciones públicas, como es el caso de la cooperativa Mec2010, de Sabadell (Barcelona), o las metalúrgicas navarras Tafinox y Curvados Alzania, que lograron quedarse con la maquinaria y avanzar en la recuperación.

La formación de cooperativas en España también proviene de algunos de los grandes ERE llevados a cabo durante la crisis, y de la reducción de puestos de trabajo como parte de los recortes del Estado.

“Nosotros provenimos de la Escuela de Música de Mataró”, comenta Ignasi Gómez, uno de los socios de la cooperativa Musicop. “El Ayuntamiento despidió a los 35 profesores de la Escuela y sacó la gestión a concurso. Para su sorpresa, nosotros decidimos juntarnos en cooperativa y presentarnos”.

Inicialmente, la creación de Musicop representó claramente una bajada en salarios y derechos, pues el concurso preveía menos gasto. Pero los profesores no se quedaron de brazos cruzados y se aplicaron a otros concursos. Actualmente, gestionan varias escuelas de música y proyectos con ayuntamientos y centros culturales. En menos de un año ya son 40 trabajadores.

No todo son conflictos. En plena crisis, a veces los mismos dueños deciden cooperativizar la empresa, algo que les ayuda a llevar mejor la recuperación, como en el caso de la valenciana Industrias Manclús, dedicada a la construcción de campanarios.

Por otro lado, existen empresas que, siendo sanas, son transferidas a los trabajadores. Normalmente se trata de personas que se jubilan y deciden dejar la empresa a los obreros. O en algún caso, de personas que creen en el cooperativismo por sus valores.
Dentro de Europa, las cooperativas de trabajo francesas, reunidas en la federación Scop Entreprises, crearon un proyecto junto al Ministerio de Industria, diseñado especialmente para traspasar empresas sanas, cuyos dueños se jubilaban, como cooperativas.
Algunas comunidades autónomas, como Catalunya, Navarra, Murcia y la misma Coceta, han hecho esfuerzos específicos para la recuperación, con servicios especiales; guías para la transformación de empresas y acuerdos con las administraciones locales para facilitar los traspasos."             (eldiario.es, 09/03/2014)

18.2.14

La economía solidaria se organiza. Nace la Asociación de Redes de Mercado Social

"El pasado viernes 14 de febrero varias entidades que forman parte de la economía social y solidaria firmaron en Zaragoza un acuerdo por el cual se pone en marcha la Asociación de Redes de Mercado Social. Las entidades firmantes de este acuerdo se dividen entre aquellas de carácter territorial y las que tienen un componente sectorial. Las entidades territoriales firmantes del acuerdo fueron los mercados sociales de Aragón, Euskadi, Navarra y Madrid. 

Las entidades con carácter sectorial y con presencia en todo el Estado son REAS Red de Redes, Coop57, la Fundación Fiare, Seguro ético y solidario CAES, Som Energía, Centro de Información e Investigación en Consumo, Ecologistas en Acción y, por último, el periódico DIAGONAL.

El objetivo de esta iniciativa es la de crear una una entidad que, en palabras de Susana Ortega, del Mercado Social de Aragón, pretende “coordinar a nivel estatal las redes y entidades que fomenten una producción y un consumo justo, ecológico, inclusivo, social y solidario, y promover los instrumentos necesarios para desarrollar mercados sociales que pongan en el centro de las relaciones económicas a las personas y que fomenten prácticas más justas y democráticas, comprometidas con el entorno y basadas en la satisfacción de necesidades reales”.

Para comprender la magnitud de este acuerdo, Fernando Sabín, del Mercado Social de Madrid, apunta que “entre todas estas organizaciones sumamos más de 50.000 personas socias, 10.000 personas que trabajan en alguna de las más de 1.500 entidades organizadas alrededor de la economía solidaria”. 

Son varias las herramientas que ya están en marcha de cara al desarrollo de la Asociación de Redes de Mercado Social, herramientas como la certificación participativa, monedas complementarias, lugares de encuentro entre consumidores y empresas, además de puntos de distribución y logística alternativos. 

“Con estas herramientas queremos entre todas, ayudar a crear nuevas empresas, productos o ramas de actividad donde ahora mismo la economía solidaria no se haya presente, con el objetivo de cubrir una parte significativa de nuestras necesidades desconectando de la economía capitalista tanto como sea posible”, explica Clara Soler, de Fiare.

Por último, Leire Álvarez, de REAS Euskadi, nos comenta que “el Mercado Social tendrá el portal konsumoresponsable.coop como espacio de referencia que aunará información, formación, denuncia. También expondrá un catálogo con productos y servicios de economía solidaria de ámbito estatal que servirá para hacer "más accesible y sencillo ejercer desde las empresas, la administración pública o la ciudadanía un consumo responsable y diferenciado en valores y principios al de la economía capitalista”.             (Diagonal, en Rebelión, 18/02/2014)

28.11.13

La Malvarrosa propone un sistema alternativo que elimina intermediarios e impulsa el desarrollo rural

"En Benimaclet cultivan huertos urbanos, en El Carmen extienden los pulmones verdes a las terrazas, en Patraix difunden alimentos ecológicos cultivados en terrenos valencianos, en Velluters aprovechan solares para crear vida y así lo persiguen los vecinos de Marítimo-Ayora...

 Y ahora vecinos de La Malvarrosa se suman a esta corriente solidaria, respetuosa con el medio ambiente y crítica con el contexto histórico y económico por el que los ciudadanos pasamos: nace una nueva fórmula bautizada grupo de Consumo Responsable.

"Somos un grupo de vecinos de la Malvarrosa interesados en poner en marcha un sistema de consumo alternativo, respetuoso con el medio ambiente, ecológico, sostenible, social, que fomente relaciones directas entre productores y consumidores, elimine intermediario, impulse el desarrollo rural de nuestro ámbito geográfico y consolide circuitos cortos de comercialización", reza su carta de presentación. Trabajarán al "amparo" de la asociación de vecinos Amics de la Malva, sirviéndose de su local para el desarrollo logístico. 

Comienza el recorrido sondeando el interés vecinal para participar de esta innovación con la difusión de un formulario. Se pregunta a propósito del tipo de producto en el que los ciudadanos estarían interesados en producir, compartir, difundir y/o consumir (locales, ecológicos, de temporada, certificados..).  (...)

Los barrios de la ciudad se muestran cada vez más comprometidos por potenciar la producción local y autóctona y facilitar a pie de calle la relación entre ciudadanos y el autoabastecimiento, sin intermediarios ni encarecimientos evitables. 

Con este mismo espíritu evolucionan los grupos de autoconsumo que pueden tener distintos modelos de asociación. La característica común es que se autogestionan, contactando con productores directamente, realizando pedidos esporádicamente y organizando el reparto.

El precio justo, la reducción de emisiones contaminantes (desde el cultivo al transporte, pasando por el embalaje) y estrechar lazos sociales eliminando las barreras de la competitividad y el enriquecimiento de terceros, son las claves. 

Si las ciudades se hacen de ciudadanos, los de Valencia están emprendiendo un camino de conciencia y responsabilidad con el entorno y el vecino. Los barrios, desde las asociaciones de residentes y plataformas, están lanzando un claro mensaje. Valencia está preparándose para ser cada vez más autosuficiente."            (Pepa Gómez, VLC News, Rebelión, 28/11/2013)

26.11.13

España es el país europeo que registra más casos de compañías reflotadas por los trabajadores

"(...) De hecho, según los datos de la Confederación Europea de Cooperativas Industriales y de Servicios (Cecop-Cicopa), España lidera la recuperación de empresas por parte de los trabajadores en el territorio de la UE.

 El año pasado, las federaciones nacionales de cooperativas documentaron cerca de 150 casos en los 28 países que conforman la Unión, de los que la mitad, 75, se dieron en España, el país con la segunda mayor tasa de paro comunitaria, tras Grecia. 

Un modelo que, como apuntó Paloma Arroyo, directora de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, «permite, al mismo tiempo, generar riqueza local y que los trabajadores tengan control tanto de sus vidas como de sus empresas». (...)

«¿Cómo nos hemos repartido los cargos? ¡Todos a trabajar!»

 En vez de darse por vencidos, cuando la dirección de la factoría de aglomerados Privilege, con sede en Narón, anunció el concurso de acreedores, la plantilla se puso manos a la obra para no dejar la oportunidad de salvar la empresa. Con sus propias indemnizaciones y en el paro formaron una sociedad limitada, Seaquarz, y presentaron su propia oferta y plan de viabilidad al proceso de subasta de las instalaciones (...)

Aseguran que no son empresarios al uso. «¿Cómo nos hemos repartido los cargos? ¡Todos a trabajar!», bromean.


«La fórmula cooperativa es de las mejores para afrontar una crisis»

 El de Metal Unión es el mejor ejemplo de que esta crisis no es la primera en barrer empresas. A los socios de esta cooperativa les tocó la del 92, cuyos coletazos los dejaron sin trabajo dos años más tarde. Aunque la compañía para la que trabajaban tuvo que cerrar por quiebra, los trabajadores entendieron que, dimensionando la actividad, podía ser rentable. 

«Nos parecía lo más adecuado, porque era una forma de crear autoempleo», explica Antía Fernández, socia fundadora de la cooperativa junto a otros siete compañeros. Hoy, solo quedan tres, y las vacantes se han ido cubriendo con asalariados que, aunque podrían convertirse en socios, aún no han dado el paso, ya que deberían hacer una aportación al capital social y asumir los riesgos de los socios de no cobrar el mes que vayan mal dadas.

 Fernández defiende, pese a todo, las bondades de la fórmula cooperativa: «Es de las mejores para afrontar una crisis». Solo así se explica que una empresa que se dedica a montar hormigoneras sobre camiones haya salido intacta del tsunami del ladrillo. 

«Pasamos de fabricar 50 hormigoneras al año a la mitad, pero nos hemos abierto a otras actividades y tenemos clientes porque, en vez de cargar un 50 % al producto, le aplicamos un 20. No aspiramos al beneficio puro y duro, sino a un sueldo digno y ser felices en el trabajo», remarca.

«Un buen día llegamos y nos encontramos con que la puerta estaba cerrada»

 «Algo nos olíamos, había desavenencias en la dirección, pero un buen día llegamos y nos encontramos con que la puerta estaba cerrada». Marcos Jalda rememora cómo el cierre de Maquipes lo dejó a él y a otros veinte compañeros, literalmente, en la calle. Pero sus móviles no dejaron de sonar: «Los clientes seguían llamando y eso nos animó».

 La perspectiva de que el nicho de negocio seguía ahí, a su alcance, hizo que siete de ellos decidieran finalmente dar el paso y arriesgar su dinero en constituir una cooperativa, Zero-Pro, que fabrica maquinaria para la industria de la alimentación y que nació en la antesala de la crisis, en junio del 2008.

 Jalda reconoce que los tres primeros años fueron complicados, al tener que amortizar la inversión en maquinaria, pero que nunca les ha faltado carga de trabajo: «Tenemos las mesas llenas de presupuestos», apunta, y asegura que si no salen más proyectos es, simplemente, porque los clientes no consiguen que nadie financie las compras. 

... el núcleo de la cooperativa se mantiene intacto con los mismos socios que la fundaron, ya que recurren a subcontratas cuando tienen picos de producción

 La fe ciega de 44 operarios salva una compañía de «una gestión nefasta»

Cuando hace año y medio la falta de crédito -y «una gestión nefasta», según los trabajadores- empezó a estrangular a Grafinsa, la plantilla de la que estaba considerada la mejor empresa del sector en España y una de las mejores de Europa, no se quedó de brazos cruzados.

 Convencida de que la compañía era viable, se impuso como deberes no dejarla morir. Peregrinaron de puerta en puerta en busca de soluciones, se manifestaron y hasta protagonizaron una huelga para llamar la atención de las administraciones. Todo en vano porque la suspensión de pagos y posterior entrada en liquidación fue inevitable.

Pero su fe ciega en la viabilidad del proyecto, en la que terminó creyendo también el juez, les ha llevado a apostar su dinero para salvar 44 puestos de trabajo, tantos como integrantes de la plantilla se han convertido en socios de Vicusgraf, que es como han bautizado a la recién nacida sociedad.

 La han comprado por 2,8 millones, que son los créditos que se han subrogado. Los 250.000 euros que tienen que poner ya corren por cuenta de sus indemnizaciones que, junto con la venta de alguna maquinaria que les sobra, les permitirá también comprar las primeras materias primas. Empiezan con buen pie porque ya han recibido el primer pedido."           (La Voz de Galicia, 18/11/2013)