Yolanda Díaz: "No se trata de un retoque, es un cambio de paradigma"... "la actuación de Garamendi (el líder de la CEOE) ha sido determinante"... "piensen que el contrato por obra y servicio, que desaparece, podría durar hasta cuatro años; ahora el contrato temporal solo puede durar hasta 90 días, y el temporal por razones productivas tiene una duración máxima de seis meses"... La reforma laboral de 2021 da un vuelco a los contratos, equilibra la negociación colectiva y consolida los ERTE

 "La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido este viernes al paso de las críticas de aquellos que aseguran que la reforma laboral acordada por el Ejecutivo y los agentes sociales este jueves no deroga la del PP y no cumple con el acuerdo rubricado entre el PSOE y Unidas Podemos en 2020.

En una entrevista en la Cadena Ser la vicepresidenta ha defendido que esta modificación en el Estatuto de los Trabajadores "no se trata de un retoque, es un cambio de paradigma fundamental", y ha recomendado a los críticos de la reforma que "hay que ser prudentes y leer los textos".

 Preguntada sobre si es "menos ambiciosa" de lo que le hubiera gustado, la titular ha respondido que "en absoluto": "Siempre dije que se trataría que fuera de la mano del diálogo social y que la reforma saliera con acuerdo. Cuando compruebe el texto y observen el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y el componente 23, verán que cumplimos el acuerdo".

 También ha sido preguntada Díaz sobre la división con la que la patronal ha dado el visto bueno a la reforma laboral: "Me consta que han habido resistencias en la patronal, pero esto demuestra que los agentes sociales han estado a la altura de las circunstancias", ha respondido.

En este punto, Díaz ha relacionado estas resistencias del empresariado con las modificaciones que la reforma hace de los límites a la temporalidad y a los tipos de contrato: "Piensen que el contrato por obra y servicio, que desaparece, podría durar hasta cuatro años; ahora el contrato temporal solo puede durar hasta 90 días, y el temporal por razones productivas tiene una duración máxima de seis meses. Antes la sanción era por empresa, y ahora las sanciones por la vulneración de esta ley alcanzarán los 10.000 euros por cada trabajador en situación irregular".

 En este sentido, la vicepresidenta también ha asegurado que le consta que "la actuación de Garamendi (el líder de la CEOE) ha sido determinante". La titular de Trabajo ha insistido en que este acuerdo cumple con el acuerdo de coalición rubricado entre el PSOE y Unidas Podemos, y ha vuelto a precisar que aunque "técnicamente es imposible derogar la reforma del PP, porque si no nos quedaríamos sin colchón jurídico, políticamente se deroga la parte que iba en el acuerdo de Gobierno".

 "Nadie creía en este acuerdo, nadie creía que iba a ser a tres bandas. He dicho siempre que íbamos a cumplir con el plazo y que no íbamos a levantarnos de la mesa hasta que consiguiéramos el acuerdo", ha concluido la vicepresidenta."              (Entrevista a Yolanda Díaz, Alexis Romero, Público, 24/12/21)

 "La reforma laboral de 2021 da un vuelco a los contratos, equilibra la negociación colectiva y consolida los ERTE.

 El Ministerio de Trabajo se congratulaba este jueves del “acuerdo histórico” alcanzado la víspera con los sindicatos y la patronal, que según avanzó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, derogará “aspectos centrales” de la reforma laboral de 2012. Ya no son los “aspectos más lesivos” cuya supresión habían prometido tanto el Gobierno como los sindicatos pero, en palabras del vicesecretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, el preacuerdo incorpora “muchas” de las reivindicaciones sindicales. No todas, y Sordo advirtió de que CCOO no “renuncia” a ellas. 

Pero las que se han quedado en el tintero son las que ha frenado la CEOE a lo largo de la negociación. La patronal, tras dar luz verde al borrador casi definitivo del acuerdo en sus órganos ejecutivos, remarcaba que el texto consolida el modelo laboral actual y mantiene “intactos” un buen número de los mecanismos implantados con la reforma laboral del Gobierno del PP.

Aún falta por rematar la redacción definitiva, un texto de 48 páginas que fue aprobado por unanimidad en los comités ejecutivos de UGT y CCOO, pero que en los de la CEOE contó con la abstención de la patronal del campo (Asaja), de la automoción (Anfac) y las organizaciones empresariales de Madrid y Cataluña, según explican a infoLibre fuentes de la negociación. 

 El Gobierno pretende aprobar la reforma laboral en el Consejo de Ministros del día 28, lo que le permitiría cumplir con su compromiso de que quedara lista antes del 31 de diciembre, pese a que Bruselas ya ha dejado claro que no había plazo impuesto en esa fecha.

El texto planteado por el Gobierno, al que ha tenido acceso infoLibre, da una vuelta de calcetín a la reforma laboral de 2012 en las dos cuestiones que los sindicatos consideraban fundamentales: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación–. De forma que se reconoce que los convenios mantendrán su vigencia sin límite de tiempo, cuando hasta ahora estaba restringida a un año. Pero empresa y sindicatos tendrán que acudir a procedimientos de mediación y arbitraje si, al cabo de un año de negociaciones para renovar el convenio, no han conseguido un acuerdo.

La prioridad del convenio sectorial, en cambio, no será total. Los sindicatos han tenido que ceder que el convenio de empresa pueda seguir decidiendo el horario y la distribución del tiempo de trabajo, la adaptación de la clasificación profesional, las medidas de conciliación familiar y cómo se abonan las horas extraordinarias, tal y como se estableció en la reforma de 2012. Pero será en el convenio sectorial donde se determinarán los salarios, el punto fundamental. Al prevalecer durante la última década el convenio de empresa y establecer éste sueldos por debajo de los fijados en el convenio sectorial, la reforma del PP dispuso así de una poderosa herramienta de devaluación salarial.

En la subcontratación, uno de los caballos de batalla del Diálogo Social, la CEOE ha saludado que se mantenga “vigente el actual modelo de colaboración empresarial”. Pero desde ahora, el convenio colectivo para las empresas subcontratadas será el de la actividad que desarrolle, “salvo que exista otro convenio sectorial aplicable”. Con ese cambio, los sindicatos querían evitar la precariedad laboral y devaluación salarial ocasionadas por las empresas multiservicios gracias a la reforma de 2012. No obstante, cuando la subcontratista cuente con un convenio propio, será este el que se aplique.

Otro de los puntos donde se ha dado un vuelco a la reforma laboral de 2012 es que se ha derogado la disposición adicional introducida entonces en el Estatuto de los Trabajadores que permitía a las administraciones públicas ejecutar despidos colectivos. Amparados en esa modificación fueron despedidos cientos de trabajadores de empresas públicas –Tragsa, Aena, Renfe, Ineco, Telemadrid– y de las plantillas de laborales de muchos ayuntamientos –Jerez de la Frontera, Estepona–. La desaparición de esa posibilidad –bastaba con acreditar una “situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”– fue una petición de UGT en la mesa de negociación.

Temporales: máximo de seis meses

Pero quizá el mayor cambio en la ley laboral se va a producir en materia de contratación. Con el objetivo de acabar con el abuso del empleo temporal, que en España bate récords europeos –26%– los agentes sociales y el Gobierno han remodelado el catálogo de contratos existente. “El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido”. Una empresa sólo podrá ofrecer contratos temporales de dos tipos: los estructurales y los formativos. Y los estructurales únicamente podrán responder a dos causas: para aumentos ocasionales e imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda y para sustituir a otro trabajador.

El primer tipo de contrato temporal, “por circunstancias de la producción”, podrá tener una duración de un máximo de seis meses, ampliables a 12 si así lo recoge el convenio colectivo. En el caso de campañas comerciales –como las de navidad o rebajas– o agrícolas, no podrá tener una duración superior a 90 días. Es decir, en este punto han cedido tanto sindicatos como patronal: los primeros querían que se redujera a 60 días y la CEOE pedía 120. Además, sólo se podrán encadenar contratos temporales por un máximo de 18 meses en un periodo de dos años, cuando antes se permitía mantener a un trabajador en esa situación durante dos años en un periodo de 30 meses. 

En cualquier caso, la empresa tendrá que especificar en el contrato “con precisión” la causa y circunstancias concretas que justifican ese contrato temporal y “su conexión con la duración prevista”. Se intenta así acabar con la que ha sido la pauta general del empleo en España desde que se descausalizó la contratación a partir de 1984, cuando el Gobierno de Felipe González creó el contrato de fomento del empleo. Desde entonces y hasta ahora, ninguna reforma laboral ha conseguido rebajar ni por la mínima el 90% de contratos temporales que se firman todos los años en España.

Como medidas disuasorias adicionales, el preacuerdo establece sanciones para los empresarios que den de baja a sus trabajadores durante el fin de semana o las vacaciones con la intención de ahorrarse las cotizaciones a la Seguridad Social. La multa será del triple de la cuota por contingencias comunes. También se aumentan las sanciones para las empresas que contraten en fraude de ley: a partir de ahora se les multará por cada trabajador por el que hayan cometido la infracción, que se considerará grave. Además, en esos casos las sanciones aumentan y pasan a ser de entre 1.000 y 10.000 euros.

Un punto de controversia durante la negociación fue el establecimiento de límites cuantitativos en el número de trabajadores temporales de las plantillas. La CEOE rechazaba que se impusieran. Finalmente, serán los convenios colectivos los que acuerden “planes de reducción de la temporalidad” y “criterios” sobre la “relación adecuada” entre el volumen de temporales y la plantilla total de la empresas, así como sobre la conversión de temporales en indefinidos. Pero también podrán fijar “porcentajes máximos de temporalidad” y cuáles serán las consecuencias de su incumplimiento.

El Gobierno se compromete a hacer en enero de 2025 una evaluación del resultado de todas estas medidas en la contratación temporal. Y a repetirla cada dos años. Si no funcionan, el Ejecutivo deberá presentar a sindicatos y patronal una propuesta con medidas adicionales.

Adiós al contrato por obra y servicio

Otra novedad sustancial es que desaparece el contrato por obra y servicio, que supone el 40% de los temporales registrados cada año. Y se modifica el contrato fijo por obra del sector de la construcción, que podrá extinguirse por “motivos inherentes” al trabajador. Al afectado la empresa deberá hacerle una propuesta de recolocación, con formación incluida. Si se rescinde ese contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización del 7% del salario.

Por lo que se refiere a los fijos discontinuos, la CEOE ha conseguido que puedan celebrarse entre una ETT y un trabajador que va a trabajar cedido a otra empresa. Los sindicatos, que se compute como antigüedad toda la relación laboral, incluidos los periodos en que los trabajadores no están activos.

Los contratos de formación también se remodelan. A partir de ahora sólo habrá contratos formativos duales, que combinan clases con trabajo retribuido y que podrán ofrecerse a quienes tengan hasta 30 años, y contratos de prácticas. Los primeros no podrán durar menos de tres meses ni más de dos años. Su retribución no podrá ser inferior al 60% o 65% del salario fijado por convenio para la categoría ni inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Los contratos de prácticas no podrán durar menos de seis meses ni más de un año.

Ambos cotizarán a la Seguridad Social por todas las contingencias, incluido el desempleo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), otra de las reivindicaciones de los sindicatos. Pero en este capítulo se han dejado para su posterior desarrollo reglamentario muchos de los detalles de diseño, como los límites de edad en los duales para discapacitados o los cursos sobre digitalización y el número de contratos por centro de trabajo. Los dos tipos de contratos formativos tendrán bonificaciones del 50% en las cuotas a la Seguridad Social.

ERTE y Mecanismo RED: descuentos de cuotas y formación

La reforma laboral de 2021 alumbra finalmente el Mecanismo RED, como se ha bautizado a los ERTE permanentes. Seguirán existiendo los ERTE por causas económicas, productivas, organizativas y técnicas, como hasta ahora. Que permitirán reducir la jornada laboral de los trabajadores o suspender sus contratos a cambio de exoneraciones de cuotas para las empresas –20% sólo si proporcionan formación a los afectados– y de prestaciones de desempleo para las plantillas afectadas. Las empresas no podrán hacer horas extraordinarias ni subcontratar actividad ni hacer nuevos contratos mientras estén inmersos en estos esquemas de públicos de protección. Ni despedir durante los seis meses siguientes al fin del ERTE.

Pese a que ni empresarios ni sindicatos han visto nunca de buen grado que se incentivara mediante descuentos en las cotizaciones la reactivación de trabajadores en ERTE, la reforma incluye esa medida del Ministerio de Seguridad Social. Aunque la remite a una ley posterior.

También permanecen los ERTE de fuerza mayor, por impedimento o por limitación, que fueron creados durante la pandemia. Sus exenciones serán del 90%.

Los nuevos Mecanismos RED tendrán dos modalidades: cíclicos y sectoriales. Los primeros podrán durar un máximo de un año, y se activarán cuando la coyuntura económica sea negativa. Los segundos, cuando un sector o sectores sufran cambios que requieran la recualificación de sus trabajadores. Durarán un año pero se permitirán dos prórrogas de seis meses cada una. Pese a las quejas conjuntas de los sindicatos y la patronal, para activar los RED será necesaria una decisión del Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Pero al tiempo se crea una Comisión Tripartita del Mecanismo RED, en la que participarán sindicatos y patronal y que podrá solicitar la activación de estos esquemas. Además, se constituirá un Fondo RED de Sostenibilidad del Empleo, para atender las necesidades de financiación del mecanismo: exoneraciones de cuotas, prestaciones y formación. El fondo se nutrirá de los excedentes de ingresos por cotizaciones para el desempleo, las aportaciones de los Presupuestos del Estado y de fondos de la UE.

Los descuentos en las cuotas a la Seguridad Social de los RED de que disfrutarán las empresas serán del 60% durante cuatro meses, del 30% los siguientes cuatro meses y del 20% los cuatro posteriores en el caso de los mecanismos cíclicos, y del 20% en los sectoriales.

Finalmente, las empresas también han conseguido un aumento de sus créditos a la formación si se acogen a estos mecanismos. De entre 320 y 425 euros por persona dependiendo del tamaño de la empresa."                    (Begoña P. Ramírez, InfoLibre, 23/12/21)

¿Hay alguien ahí? Políticos de tertulia y tele-realidad sin ningún plan para la que se avecina

"(...) Y en eso estamos. En un país que para nada se ha recuperado de lo que se denominó crisis y que ahora parece instalado en una parálisis indecente. (...)

Mientras toda la ‘clase’ política muestra su poca clase, el mundo sigue girando. (...)

España tiene más de tres millones de parados. Todavía, sí. Cerca de un millón de familias que sobreviven en una economía descompuesta y sumergida, a dos millones y medio se les considera pobres de solemnidad y a otros ocho millones se les considera en riesgo de exclusión social. Súmale que aún hay un tercio de los jóvenes que permanecen aquí sin opciones laborales o a los pensionistas dejando de tomar su medicación por no poder atender el co-pago.

Piensa en los 10.000 trabajadores de banca que se veían tranquilos tras el mostrador y que ahora tienen una carta de despido sobre él. A todo esto, nuestro modelo productivo sigue siendo incapaz de incorporarlos a la economía del conocimiento. Además, por si fuera poco, ha nacido una clase social conocida en otros lugares del mundo pero inédita en Europa, llamada ‘el precariado’ y que conforman aquellos que, aun teniendo trabajo, viven en la miseria.

Que sus señorías sigan en sus meriendas es de aurora boreal. Un país que sufre el un desequilibrio histórico entre el aumento de los costes de vida y el descenso notable del poder adquisitivo de la mayoría. Un lugar donde el futuro de las generaciones más jóvenes sigue siendo incierto. (...)

España es un país increíble pero no es suficiente con decirlo. Ni siquiera hablando de que el sector turístico es el más potente del mundo. A este país, ahora, le hace falta compromiso con su futuro. Nada de lo conseguido es suficiente. Nada servirá. (...)

La unidad territorial es tan importante como la reducción de cualquier discriminación que viva un colectivo social. Una exhumación es tan relevante como conformar un pacto de gobierno. Estoy de acuerdo que esos debates se deben efectuar.

El problema es que sólo debatimos de eso y de lo que realmente se está fraguando nadie habla. La economía global está regando un campo ya inundado. En España es similar. La irrupción tecnológica en el campo laboral suele entrar de un modo desequilibrado. (...)

ero ellos a lo suyo. El impacto de robots, inteligencia artificial y aprendizaje automático va a llevarse por delante un modelo social y económico sin casi haberlo visto venir. Afectará a la población activa y las políticas públicas. Si la sociedad necesita menos trabajadores debido a la automatización y a la robótica, y muchas de las prestaciones sociales están ligadas a tener un empleo, ¿cómo va a percibir asistencia sanitaria y pensiones durante un periodo prolongado de tiempo la población no activa?

Y es que la experiencia nos demuestra que son un grupo muy peligroso. Los políticos son muy chungos en general. Me cuesta ver la diferencia entre ellos. Pocos se van y cuando se van no es por que han perdido la voz gritando a sus superiores que no se están centrando en el problema real, el de fondo, el del futuro de quienes les votaron. Excepto honrosas, y conocidas y cercanas excepciones, se van porque no les dan el cargo deseado o la relevancia esperada. (...)

Francia gasta 23 veces más que nosotros en preparar el coste social que conllevará la automatización de su industria. Lo curioso es como obviamos los avisos. Me peleo periódicamente en los medios en los que colaboro en televisión, radio o prensa, en que deberíamos hablar de esto y no tanto de las peleas navajeras de toda esta pandilla. Porque hay notas que atender. (...)

Es evidente, como dice la OCDE, que este mundo va a ser automático en una década. Se van a automatizar una cuarta parte de los trabajos existentes con nuevas tecnologías. Tecnologías que van a crear empleos nuevos, pero nadie está trabajando en lo que supone reciclar a los trabajadores para su reinserción o, en su defecto, en prever un escenario dónde se tendrá que atender una demanda social de trabajadores innecesarios. Este país está en manos de gente sin perspectiva, que leen muy poco y cuyo objetivo vital es maquillarse para salir en alguna tertulia de tele-realidad política. (...)

Visto lo que vemos, nos vamos a dar un hostión importante. Mira como dije en 2007. Pensar que llega julio, que luego agosto, que más tarde la incoherencia nos llevará a la falta de acuerdos y después a otras elecciones y dale a la rueda Manuel, me indica que vamos a estar un año en la parálisis más absoluta. Algunos dicen que sin política el país va mejor y eso no es verdad. Sólo se cumple en lo inmediato, pero como te decía antes, la economía tiene un ‘delay’ razonable. Lo que ahora no se hace, lo pagas con intereses en un tiempo. Y lo vamos a pagar. (...)

Los robots representan hoy una alternativa viable al trabajador humano. También va a pasar aquí. Los pedidos a entregar en robótica de servicios e industrial se amontonan en las fábricas europeas. En dos años los verás instalados y sustituyendo humanos. Lo grave no es eso. Lo realmente dramático es que nadie está preveyéndolo. La oportunidad no es sólo de productividad y eficiencia, es además de propuesta de una nueva economía donde las personas hagamos aquello que se nos da mejor: hacer de personas y no de máquinas.

¿Alguien pensando en esto?Vayamos por partes. Un sector que nos toca, el turismo. El turismo ocupa un 15% del empleo español. Casi nada. Un empleo cíclico y muy dependiente del contexto. Afecta al 12% del PIB por cierto. Un resfriado tipo Brexit o una incorporación masiva de automatizaciones en el sector se te ventila la creación de empleo de golpe.(...)

Supongo que nuestros políticos dan por sentada aquella máxima que se ha convertido en ‘mantra’: ‘la tecnología destruirá empleos, pero también creará otros nuevos y mejores’. Cierto, es posible que sea así, pero no lo va a ser por arte de magia o por ciencia infusa.

Lo que va a pasar, como no se activen modelos de sustitución, estructura ocupacional tecnológica y de habilidades humanas a desarrollar, es que la tecnología destruirá empleos y creará otros nuevos pero en mucha menor cantidad. (...)

Para que veamos la dimensión de la tragedia debemos comprender que, aunque la tecnología está revolucionando muchas empresas, lo hace transformando su manera de operar y no incrementando el número de puestos de trabajo.

La tecnología puede estimular la productividad y mejorar la eficiencia, pero lo consigue reduciendo el número de empleados necesarios para generar niveles de producción iguales o mayores. Podemos ver en videos y conferencias lo divertido de que un robot se mueva por un hospital o te atienda en un hotel, pero detrás de eso hay un verdadero cambio laboral que llega sin avisar. Bueno, si que avisa, otra cosa es que nadie esté escuchando. Suena a lejano, a algo que no te va afectar.

Los políticos parecen no saber que este es el peor momento para un trabajador que solo puede ofrecer conocimientos y habilidades ‘tradicionales’. Los ordenadores, los robots y otras tecnologías digitales están adquiriendo sus conocimientos y sus destrezas a una velocidad extraordinaria. Y superándolos.

¿Hay alguien preparando un modelo educativo para ese empleo del futuro? ¿Hay alguien estableciendo los criterios políticos para que se prepare el cuerpo laboral ante esas exigencias? Y lo que es peor, ¿hay alguien preparando un amortiguador social para un escenario sin empleo de calidad y de valor añadido? El futuro es factible de ser conquistado, de vivirlo con entusiasmo, de fabricar un ecosistema en el que las personas trabajemos en cosas que las máquinas no harán jamás, un lugar donde podamos ejercer la innovación puramente humana. (...)

El gran debate político debe hacer frente a este problema mayúsculo antes de que se acumulen millones de personas en un escenario marginal de individuos ‘subempleados’. El problema es que esto exige hacer política, en muchos casos a muy largo plazo. Para esta gente trabajar en plazos superiores a 4 años es mucho tiempo. Años luz." (Marc Vidal,blog, 18/06/19)

Atención a la dependencia: sí hay solución. El coste que supondría cambiar del sistema actual a un sistema basado en el derecho universal a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos sería de 5.700 millones. Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y el erario público recuperaría casi 4.500 millones solamente por el aumento de cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados... entonces, ¿cuál es el problema?

"(...) ¿Quién puede permitirse una residencia privada? Su coste mensual medio ronda los 2.000 euros (sin contar extras) (...) 

Contratar a una o a varias empleadas de hogar también está fuera del alcance de la inmensa mayoría. (...)

¿Qué decir de las cuidadoras familiares? (...) conviene recordar que la PCEF está sujeta a un tope de 387,64 euros/mes. (...)

En conclusión, el sistema actual es tremendamente injusto (...) Este sistema no es gratis ni mucho menos. Además del gasto en prestaciones, hay que contar el creciente gasto en desgravaciones relacionadas con la dependencia (ya 1.711 millones para dependientes mayores de 65 años en 2016)(...)

La buena noticia es que hay solución. El Instituto de Estudios Fiscales ha realizado un estudio (por las investigadoras Rosa Martínez, Mercedes Sastre y Susana Roldán) en el que se estiman las necesidades reales no cubiertas de atención a mayores de 65 años, utilizando datos de encuestas y tomando como referencia la atención proporcionada por el sistema sueco. 

En base a todo ello, se calcula el coste que supondría cambiar del sistema actual a un sistema basado en el derecho universal a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos (financiación y provisión pública).

Los resultados de este estudio son espectaculares: el incremento presupuestario neto total sería de 5.700 millones de euros. Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se reconvertirían los actuales empleos precarios en empleos públicos.

El estudio también estima que el erario público recuperaría casi 4.500 millones de euros solamente por el aumento de cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados directamente por el sistema; sin contar la contribución de otros nuevos empleos indirectamente relacionados ni la de aquellos a los que podrían acceder las mujeres que hoy no tienen empleo a tiempo completo por razones de cuidado. Hay que subrayar que estos nuevos empleos serían dignos y no contaminantes, lo que es crucial si queremos evitar, o mitigar, el colapso al que nos dirigimos por el cambio climático.

Las conclusiones de este estudio, publicado en la web del IEF (Papel de Trabajo 5/2018), no han sido rebatidas, pero tampoco han sido muy celebradas ni utilizadas, salvo por algunas asociaciones feministas y de trabajadoras del sector. Por tanto, es obligado preguntarse: ¿cuál es el problema? 

¿Cómo es posible este silencio ante la noticia de que es posible construir un sistema que atienda las necesidades, que asegure los derechos y que contribuya a la transición ecológica?

La respuesta es simple. En primer lugar, aunque el incremento presupuestario es perfectamente abordable, exige mantener el sistema de impuestos y aumentar su progresividad. Pero los partidos de derechas no hacen más que prometer bajadas generalizadas de impuestos, que sistemáticamente resultan mayores para las rentas altas y reducen la recaudación. 

Nos prometen que se ocuparán de la atención a la dependencia, ¿pero cómo? Sobre todo aumentando las desgravaciones por seguros privados y por cuidar a dependientes en el hogar, así como las prestaciones por utilización de servicios. Instrumentos que, como hemos visto, benefician sobre todo a la misma minoría de rentas altas. Así, esta minoría paga cada vez  menos y se beneficia cada vez más.

La patronal de la dependencia va en la misma línea (...)"                 (María Pazos Morán Investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales, Público, 25/04/19)

El problema de España es el empleo, y parece que se ha renunciado a solucionarlo... la mayoría de los problemas que tenemos en España, incluido el de las pensiones o el déficit, son consecuencia del enorme paro que soportamos

"¿Cuál es el verdadero problema de España? Para mí el verdadero problema que tenemos en España es el empleo, y no muchos otros temas de los que se suele hablar en las tertulias televisivas o en las declaraciones de los políticos. A veces incluso se llega a hablar de las pensiones como comenta mi compañero Alejandro, pero ese a corto plazo es más una consecuencia del problema que el verdadero problema.

De hecho creo que muchos otros problemas que tenemos en España se solucionarían si tuviéramos un mayor nivel de empleo. En España tenemos una tasa de desempleo espectacularmente alta comparada con nuestro entorno, pero no parece que nadie se encuentre con ganas de solucionarlo de verdad.  (...)

De hecho creo que los problemas de calidad del empleo se solucionarían fácilmente si hubiera tasas de empleo más altas. Los empleados cambiarían más fácilmente de empleador si estos no tuvieran tanto para elegir, penalizándose a aquellos que ofrecen peores condiciones laborales, que tendrían que cambiarlas o desaparecer.

No hay más que ver los comentarios que han surgido a partir de la noticia de una importante empresa que decía tener cientos de puestos sin cubrir, la respuesta de todos ha sido: ofreced más y mejores condiciones laborales. Todos entendemos la oferta y la demanda.

 

Pensiones y déficit, ambos se solucionarían con más empleo

Mi compañero Alejandro Nieto hablaba recientemente de que el gran problema que tenemos en España son las pensiones, dado que son cada vez más difíciles de pagar, y el déficit de la Seguridad Social es cada vez mayor. La pensión es un problema para aquel que tiene empleo, el que no lo tiene se preocupa más a corto plazo sobre cómo va a comer mañana (o pagar la vivienda) que como sobre cómo va a financiar su vida una vez que no pueda trabajar. Cuando tenemos las necesidades más a corto plazo cubiertas pensamos en el largo.

Pero es que con un mayor nivel de empleo, tendríamos millones de personas más cotizando y podríamos solucionar en buena parte las pensiones al inyectar dinero en el sistema. Es cierto que no soluciona el problema a largo plazo, pero seguramente sería una solución a corto. Además, estas personas desempleadas es posible que una vez alcanzadas cierta edad acaben solicitando una pensión no contributiva, luego el problema de las pensiones va a estar ahí.

De hecho el déficit público también considero que es un problema relativo a la falta de empleo. Más gente trabajando implicaría unos ingresos públicos superiores, no digo que eso sea la única solución, pero sí tendríamos a más gente pagando IRPF por sus ingresos, que además recibirían menos ayudas sociales, dado que podrían mantenerse por sí mismas. Incluso creo que podemos dar por hecho que consumirían más, luego tendríamos más ingresos por IVA e impuestos especiales.

 

Pero nadie parece querer solucionarlo

Lo que me preocupa no es tanto el nivel de desempleo, sino los pocos esfuerzos que parecen hacerse para solucionarlo. En general es un tema que se toma como accesorio en el debate político, que muchas veces suele estar centrado en otros asuntos.

Es cierto que es un problema bastante complicado de solucionar. Tenemos un mercado laboral dual, con trabajadores bien pagados por un lado y precarios por otro. Tenemos un problema de cualificación, que hace que muchas personas no puedan encontrar un trabajo adecuado a su cualificación y haya empresas a las que les cueste encontrar trabajadores aptos.

 Tammbién tenemos un problema de distribución territorial, con mucho más desempleo en ciertas zonas del país y desempleados que no parecen estar dispuestos a mudarse de su ciudad para mejorar, pero también es cierto que tenemos una capacidad infrautilizada y muchas personas que podrían estar aportando al sistema en cotizaciones e IRPF, pero que no consiguen un empleo.

El empleo debería de ser el punto central de la política actual, el gobierno que salga de las elecciones del 28 de Abril debería de centrarse en este punto como prioritario. El objetivo nacional para 2030 debería de ser tener una tasa de empleo normal, en la media de la OCDE o de la UE."          (Javier J. Navarro, El blog salmón, 09/04/19)

España sigue sin recuperar más de un millón de empleos perdidos con la crisis

"El mercado laboral español sigue sin recuperar un tercio del empleo que se destruyó con la crisis. La EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística) refleja cómo al cierre del tercer trimestre de 2018 había en España 19,52 millones de personas ocupadas, que son 2,57 más que los 16,95 de principios de 2014, cuando cesó la pérdida de empleo pero 1,03 menos de los que había al comenzar el otoño de 2008 (20,55).

La pérdida de ocupación en esos primeros cinco años y medio de crisis fue de 3,6 millones de personas, lo que reduce al 71,4% la mejora en los cuatro y medio siguientes de recuperación: para volver a los niveles de 2008 queda por generar un 28,6% del empleo perdido en términos cuantitativos, sin entrar en la calidad (jornada y temporalidad) del creado.

El retroceso es algo mayor en cuanto a las horas trabajadas: los 631,7 millones semanales de finales de septiembre de 2008 habían caído a un mínimo de 519,7 en la misma fecha de 2013 para subir a 587,8 el año pasado, según los datos dela EPA, lo que indica que de solo se han recuperado 68,1 de 112, es decir, el 60%.  (...)

Esos datos ponen sobre la mesa uno de los síntomas, o causas, de deterioro del mercado laboral español más plausibles, como es el troceo del empleo mediante jornadas incompletas y contratos de corta duración. El volumen de trabajadores crece en 2,25 millones de personas mientras el aumento de la tarea se sitúa en 1,7 millones de jornadas semanales de 40 horas; es decir, que se ocupan tres trabajadores donde hay trabajo para dos.  (...)

Menos empleo con más actividad económica

Estas tendencias se dan de manera simultánea a un intenso crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto), el indicador que refleja el aumento del volumen de negocio del país, cuyos registros se sitúan muy por encima de los previos a la crisis: la actividad económica es claramente mayor mientras el volumen de empleo resulta notablemente menor que antes de la crisis.  (...)

“Fue mucho el empleo que se destruyó, y va a costar mucho trabajo recuperarlo, aunque la tasa de desempleo haya bajado diez puntos”, explica Antonio González, coordinador de la Secretaría de Empleo federal de UGT, que destaca cómo, además, en los años de la crisis se produjeron más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido.

“Se perdió mucho empleo temporal, pero también mucho fijo: siete de cada diez fueron despidos improcedentes individuales, sin pasar por los controles de un ERE ni de un cese objetivo. No necesita ninguna justificación”, señala. 

El proceso comenzó en 2008, se aceleró después y repuntó más a partir de la reforma laboral, que redujo las indemnizaciones tanto en su cuantía, de 45 días por año trabajado a 33, como en la amplitud, que cayó de un máximo de 42 mensualidades a 24.  (...)

A eso se le añade la evolución de su calidad, que ha generado más de tres millones de precarios  que entran y salen del desempleo constantemente. De hecho 20 de los 22,3 millones de contratos visados el año pasado por los servicios de Empleo fueron temporales.

 “Recuperar el empleo de calidad es muy difícil. Hoy solo la mitad de los contratos indefinidos son de jornada completa. El resto son parciales o de emprendedores, en los que el 60% no supera el periodo de prueba de un año con despido a coste cero”, apunta González.

Esa mayor movilidad y rotación de los puestos se está traduciendo en “un proceso de sustitución de empleo fijo por otro más precario” al que se le añaden tendencias como la precarización de sectores públicos como la enseñanza y la ausencia de creación de ocupación en otros como la sanidad.   (...)

El modelo económico y laboral que se está imponiendo tras la crisis también está dejando en evidencia a las llamadas ‘locomotoras’ del país, entre las que únicamente Andalucía, con una recuperación del 94,7% del empleo perdido se acerca a las cifras de 2008 mientras ni Catalunya ni Madrid ni la Comunitat Valenciana superan el 80%.

Entre los territorios que mejor evolucionan se encuentran Murcia y Extremadura, con avances superiores al 80%, y también Navarra, que se acerca con un 78%. (...)"            (Eduardo Bayona, Público, 05/01/19)

Izquierda Unida propone “la creación directa de un millón de puestos de trabajo a través de un plan de carácter anual, con contratos de trabajo indefinidos y una remuneración inicial de 1.050 euros brutos mensuales”

"IU presenta hoy una propuesta de ley con el objetivo de prevenir y luchar contra la pobreza y, de esta manera, fomentar la inclusión social.   (...)

El objetivo es solucionar la lacra de que cerca de 12 millones de personas estén en riesgo de pobreza en España.

Para ello, IU propone, entre otras medidas, al Gobierno y resto de administraciones, “la creación directa de un millón de puestos de trabajo a través de un plan de carácter anual, con contratos de trabajo indefinidos y una remuneración inicial de 1.050 euros brutos mensuales”.

Con este programa de empleo público, la coalición liderada por Garzón pretende que los puestos de trabajo generados se centren en las áreas de servicios sociales, energías renovables, medio ambiente, culturales, deportivas y recreativas. 

Además, este Plan de Trabajo Garantizado se sufragaría a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque serán las las entidades locales en colaboración con la sociedad civil, los agentes sociales y el tercer sector a través de mecanismos transparentes de participación ciudadana quienes lleven a cabo la identificación de las actividades que generen los puestos de trabajo.

Para optar a los empleos se tendrá en cuenta, según la propuesta de IU, “la situación socio-económica, las personas desempleadas de larga duración, las emigradas que deseen retornar, las que tengan menores a cargo y las que residan en municipios rurales muy pequeños”.  

Las actividades a realizar no podrán ser “iguales a las desempeñadas por personal público con mayor remuneración“, ni suponer “destrucción de empleo público convencional”.

Creación de la Renta Mínima Garantizada

Además, esta propuesta recoge la creación de un sistema de Renta Mínima Garantizada (RMG) para aquellas personas mayores de 18 años que tengan unos ingresos menores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), este año cifrado en 736 euros mensuales, o para aquellos núcleos familiares cuyos ingresos totales sean menores al 75% del SMI para cada uno de sus integrantes, hoy valorado en 538 euros. 

En ningún caso la RMG sustituirá a prestaciones de carácter autonómico que perciba la persona beneficiada. Y, aunque será gestionada por las administraciones locales y autonómicas, estará recogida en los PGE.  (...)

Por último, la propuesta de IU desarrolla una serie de medidas en favor del desarrollo rural. La identificación de las zonas rurales más desfavorecidas y la puesta en marcha de medidas contra la exclusión es una de sus prioridades. 

Del mismo modo, se desarrollarán ayudas y deducciones para evitar el despoblación rural y en favor del arraigo y repoblación en estas zonas. También apuesta por políticas públicas que garanticen el acceso de calidad a la educación y resto de servicios públicos en estos territorios rurales.

Entre estas medidas, apuesta por un nuevo modelo agroalimentario. Para ello, se llevarán a cabo políticas en las que se “priorizará la agroecología de carácter local, un empleo de calidad e igualitario, así como la producción de unos alimentos sanos, todo ello desde el fomento de las cooperativa”.           (Sato Díaz, Cuarto Poder, 05/07/18)

¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para crear empleo?

"Uno de los fenómenos más interesantes y positivos para el país ha sido el surgimiento de nuevas fuerzas políticas enraizadas en los movimientos sociales y vecinales que han iniciado una dinámica de cambio a nivel municipal que está transformando España.  (...)

No es por casualidad que los países donde los ayuntamientos tienen menos poder sea también donde los Estados han estado más centralizados y donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre tales Estados. España (junto con Italia, Grecia y Portugal) es un claro ejemplo de ello.

Por el contrario, los países donde los ayuntamientos son más poderosos tienden a ser los países en los que las fuerzas progresistas han tenido mayor poder, como ha sido el caso de los países escandinavos, tales como Suecia y Noruega.

Cosas que podrían hacer los ayuntamientos para crear empleo

 (...) Y una de las políticas más interesantes es que a partir de la expansión de los servicios públicos municipales y su desprivatización que está ocurriendo en muchos de estos municipios, sus ayuntamientos están utilizando la actividad contractual de las autoridades locales para influenciar los salarios y condiciones de trabajo de la entidades y empresas que trabajan para el ayuntamiento, sean éstas públicas o privadas.

 Pero hay otras medidas que no se han introducido todavía en España, y que merecen explorarse. Me permito sugerir dos. 

Una es aprobar una norma de manera que en cualquier tipo de preparación de alimentos, la persona que maneja el dinero no pueda manejar el alimento (preparar el bocadillo y/o ofrecerle una tapa). 

Esta medida debería ser obligatoria, pues el dinero es muy anti-higiénico (no estoy haciendo una valoración moral sobre el dinero como tal, sino una observación higienista). (...)

Tal medida, además de mejorar la higiene en la provisión de alimentos, crearía mucho empleo, pues no permitiría que una persona que manipula los alimentos también manipulara el dinero. Y donde dicha medida se ha aprobado y llevado a cabo, se ha creado mucho empleo. Soy consciente de que se me dirá que las nuevas máquinas que se han estado instalando para poder pagar en los bares están ya eliminando a los trabajadores que hacían antes tal función. 

Ahora bien, el impacto ahorrador en fuerza de trabajo de dicha maquinaria se está exagerando, pues verán ustedes que siempre hay una persona detrás de la máquina para asegurarse de su correcto funcionamiento. En realidad, el objetivo mayor de tal inversión no ha sido tanto eliminar puestos de trabajo, sino controlar mejor la manipulación del dinero, pues siempre hay una persona que comprueba el uso y el funcionamiento de dicha máquina.

El control de la calidad de los restaurantes: otra medida higiénica y de creación de empleo

Otra medida de gran importancia -y de un gran impacto en el control de la higiene de los alimentos- es poner en la entrada de todo restaurante, la nota de salubridad e higiene del local y de la cocina provista por la inspección de salud pública de la ciudad. Si usted va a Nueva York, verá que estos locales tienen una letra, A-B-C y D (tienen que ponerla). Y si un restaurante tiene una C o una D, tiene problemas graves de imagen.

 Más de un restaurante famosísimo ha tenido que soportar el oprobio y vergüenza de tener una evaluación negativa. Se ha convertido en una carta de presentación de enorme valía. Y ha sido sumamente eficiente y popular. En realidad, siempre que las autoridades locales apuestan por la defensa de la salud de la población, el apoyo popular es enorme.

No hay asociaciones de restaurantes que puedan parar tales medidas. Ni que decir tiene que esta medida crearía muchísimo empleo en el área de inspección sanitaria, tema en el que las autoridades locales siempre encontrarán un gran apoyo.

¿Cómo se pueden pagar estas medidas?

 Sé que mucha gente se preguntará cómo se puede pagar todo esto. Y la respuesta no es difícil. Lo que las autoridades locales tienen que hacer es relacionar la popularidad de las medidas públicas (y, repito, que si estas medidas son para proteger la salud de la ciudadanía, garantizo pleno apoyo popular a ellas) con la fuente del dinero para pagarlas.

 Hace unos días di una charla en Palma de Mallorca sobre estos temas. Uno de los retos en tales ciudades o autonomías turísticas es precisamente obtener más fondos de los turistas para beneficiar a toda la población. La evidencia económica de que el monocultivo del turismo no es bueno para una ciudad, o para una autonomía, o para un país es enorme. 

He sido crítico con la excesiva dependencia que hay en España del turismo, el cual está dañando la calidad de vida de la mayoría de la población. Y lo que encuentro auténticamente escandaloso es que la sociedad y su Estado se beneficien muy poco de tal sector. El pago de 1 ó 2 euros por noche (el impuesto turístico) es indicativo de ello.

Para empezar, la tasa turística solo existe en dos Comunidades Autónomas, en Cataluña que surgió en 2012 y en Islas Baleares que surgió en 2016. Por tanto, el primer gran problema que hay que resolver es que se debería expandir la tasa turística al resto de España. 

No solo eso, nos encontramos que el pago de 1 ó 2 euros por noche (el impuesto turístico) es indicativo de lo poco que se beneficia la población de este sector. En Palma de Mallorca la tasa turística varía de 25 céntimos (campings) a 2 euros (hoteles) por noche y persona, una de las tasas más bajas en las zonas turísticas del mundo; en París, tal tasa oscila de 22 céntimos a 4,4 euros; en Bruselas de 2,15 a 8,75 euros; en Berlín la tasa turística representa el 5% de la factura de estancia por día y persona; en Ámsterdam también un 5%; en EEUU va de un 5% a un 7,5% de la factura, dependiendo del tipo de alojamiento; y así un largo etcétera.

 Y una nota interesante a añadir, es que tales fondos van al ayuntamiento para el uso que consideren apropiado. En España se distribuyen los fondos recaudados con las CCAA, como por ejemplo, ha sido el caso de Barcelona que pese a sus reiteradas peticiones de recaudar el 100% del impuesto, solo se queda con la mitad del mismo. Y ahí está parte del problema. 

Es esencial que en la muy necesaria redefinición de la Constitución Española se de mucha mayor autoridad y poder a los ayuntamientos. El caso del turismo es un claro ejemplo de ello. (...)"        

(Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 7 de julio de 2017, en www.vnavarro.org, 07/07/17)

Estimada Fátima Báñez: su reforma laboral explota a los trabajadores españoles... y ha llevado a 10 millones de personas al paro o al subempleo, es decir, al 45% de la oferta de trabajo potencial, record mundial. ¡Felicidades!

"Estimada Fátima Báñez, debo reconocer que usted nunca me deja indiferente. Una de dos, o no se entera de nada, o es una bromista de tomo y lomo que busca un hueco en el Club de la Comedia. (...)

Ante una pregunta del diputado de Unidos-Podemos Alberto Garzón, usted, estimada Fátima, como ministra de empleo, negó que en España hubiera salarios a jornada completa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 655 euros mensuales. (...)

Tuvo que ser un empresario, Antonio Catalán, quien fundara la cadena NH Hoteles, el que pusiera los puntos sobre las íes. Si bien hay más empleo que en 2011, sin embargo, se paga menos que entonces debido a su “queridísima reforma laboral”, señora Fatima. 

Como señala Catalán, "si este país no chuta es porque los empresarios no generan puestos de trabajo". Catalán ha sido muy crítico con la reforma laboral del ejecutivo del PP del que usted forma parte señora Báñez: "Hoy puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar.

 Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso, y lo digo con todas las letras: explotan". ¿Le queda claro, señora Báñez? Su reforma laboral, explota a los trabajadores españoles. Pero vayamos a los datos.

 El riesgo de pobreza aumenta tras la reforma laboral 

 Permítame señora Bañez compartir con usted los análisis del profesor de la Universidad Oviedo Florentino Felgueroso, nada sospechoso de heterodoxia, como sí lo es un servidor. 

Entre los años 2007 y 2013, y muy especialmente tras su “queridísima reforma laboral”, estimada Fátima, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión medidos por el indicador AROPE -at risk of poverty or social exclusión- aumentó en España en 2,6 millones, lo que supone nada más ni nada menos que el 55% del crecimiento neto de personas en esta situación en la UE27, y un 39% del crecimiento neto en la zona euro. ¡Eso sí que se llama ser campeones en algo, eh señora Báñez!

 ¿Sabía usted estimada Fátima que en pleno año de recuperación, 2014, el número de personas en riesgo de pobreza apenas ha disminuido? Esa es la herencia que nos va a dejar su queridísima reforma laboral. Por favor, absténganse de soltar esa sarta de estupideces sobre el empleo que España genera. 

La ciudadanía sabe perfectamente que empleo se genera en este país, muy especialmente los 26.690.853 españoles en edad de votar que no lo hicimos por ustedes, es decir, el 77% de la ciudadanía. (...)

Los economistas que analizan la economía estadounidense suelen utilizar una medida de tasa de paro muy conocida por sus siglas, U6, o "unemployment 6" y que refleja mejor la realidad del mercado laboral.

En ella se añade a la cifra de desempleados, las personas que trabajan a tiempo parcial, y aquellas con un contrato temporal de forma involuntaria, ya que no han encontrado un empleo a tiempo completo y con contrato indefinido. 

Pues bien señora Fátima, el profesor Florentino Felgueroso los publica y los mejora, ya que refina el cálculo de U6 al añadir otros trabajadores temporales involuntarios, obteniendo U7 o “unemployment 7”. Esta cifra, señora Fátima, supera los 10 millones de personas, es decir, el 45% de la oferta de trabajo potencial, récord mundial.

La pregunta que usted seguro me estará haciendo, es ¿qué propongo yo? Casi todo está inventado, señora Fátima. En el año 2002 el Instituto Aspen publicó un excelente informe premonitor titulado “Grow Faster Together. Or Grow Slowly Apart. How Will America Work in the 21st Century?” Bajo la dirección de David T. Ellwood, este estudio advertía de una crisis inminente del factor trabajo en los Estados Unidos. Detallaba las tendencias alarmantes que daban forma a las principales características de la fuerza laboral estadounidense: salarios estancados, escasez de mano de obra cualificada, envejecimiento poblacional.  (...)

Las propuestas del Grupo Aspen son exactamente las contrarias a las aplicadas por ustedes en estos lares querida Fátima. Son recomendaciones amplias con unos objetivos muy claros. 

Primero, cualquier persona que trabaje será capaz de escapar de la pobreza. 

Segundo, vamos a construir una fuerza de trabajo más cualificada y fomentar la movilidad ascendente. 

Tercero, restauremos la seguridad de los trabajadores, al tiempo que mejora la flexibilidad laboral. Cuarto, proporcionemos un lugar de trabajo mucho más propicio para las familias trabajadoras. 

Finalmente, repensemos la política de inmigración. 

Le recomiendo encarecidamente que lean las recomendaciones para alcanzar esos objetivos.

¿Sabe una cosa estimada Báñez? Hoy en día en nuestra querida España es más necesario que nunca nuevas élites audaces que promuevan una profunda reforma fiscal, una lucha sin cuartel contra los oligopolios patrios, y, muy especialmente, un cambio radical del actual marco energético. 

El objetivo es claro, iniciar una fase de incremento y modernización de nuestro aparato productivo, y todo lo que no sea esto será un billete con destino al desastre. Por eso ustedes no deberían continuar en sus puestos, pero la mezquindad de los partidos de la oposición, muy especialmente de eso que llaman la gestora del PSOE, les mantuvo en el poder. 

Ah, se me olvidaba, y ya con esto acabo estimada Fátima, le recomiendo un trabajo de 2014 del Fondo Monetario Internacional, me imagino que nada sospechoso para ustedes, ¿verdad? Se titula “Redistribution, Inequality, and Growth”, algo así como “Redistribución, Desigualdad y Crecimiento”, donde se demuestra que la baja desigualdad después de impuestos está altamente correlacionada con un crecimiento más alto y duradero, y que las políticas redistributivas no tienen un impacto negativo en el crecimiento, al revés el gasto en sanidad y educación es positivo.

 Por eso señora Báñez soy heterodoxo, y trato de combatir democráticamente las políticas económicas que ustedes defienden.

Reciba un cordial saludo, estimada Fátima. Espero no haberle aburrido, y, mucho menos, infortunado. Para cualquier comentario e intercambio de ideas no dude en contar conmigo."           (Juan Laborda, Vox Populi, 27/11/16)

Cerremos el INEM... apenas emplea al 1,7% del total de asalariados, frente al 70% en el Reino Unido. Las ETT privadas están a sueldo de las grandes empresas

"España tiene un gravísimo problema de empleo, de actividad y en general de las instituciones que operan en el mercado laboral. Sabiendo que el principal problema es de demanda, no hay capacidad productiva para absorber todo el excedente laboral, por lo que el crecimiento potencial de la economía cada vez es más pequeño. 

A ello contribuye, sin duda, el problema demográfico, el cual tiene dos vertientes. Por un lado, un envejecimiento acelerado y una bajísima tasa de natalidad, y por otro el nulo crecimiento de la población a corto plazo, dada nuestra política de inmigración y para con los refugiados.

 Por ende, tenemos un doble problema de oferta y demanda, que también se refleja en otros aspectos, como son los salarios, el escaso apego a la formación, y la nula capacidad de las instituciones públicas, pero tampoco las privadas, para recolocar a la gran masa de parados/as de larga duración que, ni reduciendo los salarios, ni contratando en régimen de semiesclavitud, son capaces de recualificar, ni emplear a esta mano de obra tan dócil y sacrificada.

 Las cifras de la EPA son lo suficientemente graves para que los partidos que aspiran a gobernar piensen seriamente en cerrar el instrumento público de intermediación laboral, en su estadio actual, y lo conviertan, de verdad, en algo útil para la sociedad. En 2015, el antiguo INEM, hoy SEPE, apenas intermedió con éxito en la obtención de un empleo en un porcentaje ínfimo, un 1,7%  (...)

Y lo peor es que la tendencia es decreciente, frente a otros países como el Reino Unido donde ese porcentaje es casi del 70%  (...)

 Por supuesto que estos trabajadores deberán ser recolocados en otros servicios para no hacerles culpables de un fracaso que es político y en parte de falta de medios.  (...)

Sin embargo, y tras poner en marcha este sector por parte del PSOE y el PP, ambos partidos comparten la filosofía de que el SEPE sobra en el mercado laboral, salvo para pagar prestaciones, y por eso han intentado crear una competencia privada, con un fracaso bastante notable, especialmente el modelo de las Agencias de Empleo, que siguen estancadas, sin modelo de funcionamiento, y con sospechas de presuntos tratos de favor para las entidades más grandes. 

Las ETT siguen teniendo un papel relativamente marginal en el mercado laboral, apenas un 3% del total, siendo su actividad principal la de conseguir empleos baratos, con mucha rotación y con condiciones que están en el límite del abuso. 

En sentido estricto, por tanto, la gran mayoría de empleos en España se consiguen a través de conocidos, familiares o por un contacto directo con las empresas, y el resto, todavía un porcentaje pequeño, a través de los portales de empleo (un 18,1% según la encuesta del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario).

Este mal funcionamiento del sistema público de empleo explica, en parte, la asimétrica distribución de los parados en España que, incluso controlando por los perfiles de formación y localización geográfica o por sexos, esta lacra se ceba especialmente entre los percentiles de renta más bajos fruto de la carencia de este capital relacional que mejora en hasta un 70% la probabilidad de ser contratado, por lo que mientras no haya un cambio drástico en el servicio público de empleo, no se mejorará la equidad en la distribución del paro en España.  (...)

Si el sector público no funciona, y el sector privado tampoco, el mercado laboral español está condenado a estar influenciado por el capital relacional que seguirá condenando a los sectores más vulnerables al desempleo estructural. Sigamos así y pronto ya no podremos pagar las pensiones y la pobreza se habrá apropiado de un porcentaje inaceptable para un país desarrollado."           (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 22/05/16)

Una inversión en energías renovables en España de un 1,5% del PIB, reduciría la emisión de CO2 un 60% en 20 años, creando 400.000 puestos de trabajo

"(...) el Ministerio de Trabajo del gobierno federal de EEUU (Department of Labor) ha establecido un programa, Rapid Response Services, que ofrece ayuda para el reciclaje de trabajadores y empleados de los sectores energéticos productores de CO2, con la ayuda de los Ministerios de Energía y Comercio (Departments of Energy and Commerce), para contribuir a la transformación de comunidades enteras, desarrollando nuevas áreas de actividad económica productoras de empleo.

 Uno de los casos más conocidos y exitosos fue el programa de reciclaje de los trabajadores de estaciones nucleares en Nevada, transformándolos en trabajadores de energía solar que, por cierto, crea más empleos y de mejor calidad que la energía nuclear.

Uno de los economistas con mayor conocimiento y reconocimiento en las áreas ambientales, el profesor Robert Pollin, de la Universidad de Massachusetts, ha documentado que las energías renovables crean más empleo que la extracción de fuentes de energía fósil.

El Instituto de Investigación de Economía Política de dicha universidad y el Centro para el Progreso Americano han publicado un estudio reciente, que está creando gran interés y debate en aquel país, que muestra que la creación de un fondo para el reciclaje de trabajadores hacia la creación de energías renovables, además de reducir la producción de emisiones contaminantes (gases de efecto invernadero, o GHG en sus siglas en inglés) un 40% en 20 años, crearía a la vez 4,2 millones más de puestos de trabajo, lo que sería una cantidad más que suficiente para absorber los 1,5 millones de trabajadores cuyo empleo se habría destruido al terminar la producción de combustibles fósiles (en EEUU, aproximadamente 212.000 trabajadores están empleados en la extracción del gas y del petróleo, y 79.000 en las minas de carbón. 

Si esta producción disminuyera un 20% y la producción de carbón descendiera un 50%, el número de trabajadores que perdería el puesto de trabajo sería de 100.000).

Este tipo de estudios deberían realizarse urgentemente en España, incluyendo Catalunya. En lugar de ello, la desatención es la característica que define la situación actual, resultado de la desidia, la incompetencia (que hay mucha) y la fe en el mercado, sin ser sensibles a los costes del cambio de las energías fósiles a las renovables, costes que deberían ser afrontados por el Estado (fuera este central, autonómico o local).  (...)

El cambio de un sistema energético basado en el carbón, el petróleo y el gas a uno que dependa de las energías renovables es un cambio enorme que requerirá una ingente actividad económica y creación de empleo. 

El mismo profesor Robert Pollin, que ha asesorado a Podemos en la redacción de su programa económico, ha calculado que una inversión en energías renovables en España equivalente a un 1,5% del PIB podría reducir las emisiones de CO2 un 60% en 20 años, creando a la vez 400.000 puestos de trabajo. 

Estos son los temas que deberían discutirse y que no se discuten en el desierto intelectual que caracteriza al establishment político-mediático del país.  (...)"        

 (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de diciembre de 2015, en www.vnavarro.org, 18/12/15)

¿Que por qué no ha habido nunca pleno empleo en España? Porque los poderes públicos no han realizado una política orientada al pleno empleo... como exige la Constitución

"Dentro del Título I de la Constitución española -De los derechos y deberes fundamentales- (...) De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.” 

Pero nunca en la historia de la actual Constitución española se ha producido una situación de pleno empleo (...)

Por consiguiente, ¿que por qué no ha habido nunca pleno empleo en España?  Lo diremos de nuevo y de todas las únicas formas posibles. Porque los poderes públicos no han realizado de manera especial una política orientada al pleno empleo. 

 Y porque, ahora, o en el instante siguiente en el que usted decida sentarse ante su televisor, cualquiera de los candidatos al próximo gobierno de la nación podrá aparecer disputando una simpática partida de futbolín, al tiempo que le confirma a un graciosillo cantante de rancheras/”periodista” que sí, que esta idea de mostrarse ante la gente así es total no solo porque le humaniza como representante político sino también porque le homogeneiza con el conjunto de los representados.

Será entonces cuando usted piense: “¡Y una mierda!, ¡siguiente candidato, por favor!” Tan solo aquél cuyo sueldo sirva para defender alguno de los artículos más mentirosamente bellos, por el momento, de nuestra Constitución."           (El Captor, 2015, 30 de noviembre, en Economía Española.)

Eduardo Garzón: debate televisivo sobre calidad del empleo en España

"En el programa Distrito Financiero enfrento mi opinión sobre la calidad del empleo en España con la de un periodista de Intereconomía. Los datos no dejan lugar a dudas: el poco empleo que se crea es de una calidad paupérrima. Que no nos engañen."         (Saque de esquina, 27/05/2015)

Establecer el derecho al trabajo garantizado por el Estado, a nivel central, autonómico o local

"España se ha convertido en uno de los países más desiguales, no solo de la Unión Europea, sino también de la OCDE, el club de países más ricos del mundo. ¿Por qué? Una respuesta que está adquiriendo gran visibilidad ahí donde se cocina la sabiduría convencional del país, se centra en las grandes limitaciones del sistema educativo en España. 

En realidad, tales limitaciones se consideran también la causa del escaso crecimiento económico de este país, que se explica por la falta de gente formada, familiarizada con las nuevas tecnologías y conocimientos, que pueda responder a las necesidades del mundo productivo, compitiendo así en el mercado internacional. 

Constantemente se acentúa el mensaje de que el sistema educativo no está configurado para ayudar al mundo empresarial, que se encuentra con gran necesidad de trabajadores cualificados que puedan competir con los otros países avanzados tecnológicamente. (...)

Un análisis del sistema productivo señala que no hay déficit de trabajadores cualificados ni de profesionales avanzados en España. En realidad, hay más de los que el sistema productivo requiere, lo que explica su elevado desempleo y su éxodo a otros países. 

Hoy el mayor número de puestos de trabajo continúan estando en los puestos de baja cualificación. Lo que precisamente se requiere es cambiar estos puestos de trabajo para darles mayor responsabilidad y creatividad en el desarrollo de sus funciones, una tarea poco prioritaria en el sistema empresarial.

¿Qué está ocurriendo?

La raíz del problema es la estructura económica del país, donde predominan los sectores de baja productividad. Pero esta situación en sí no tendría por qué ser un problema, pues sectores de baja productividad pueden convertirse en sectores de alta productividad mediante inversiones en el puesto de trabajo. 

Y ahí está el quid de la cuestión: la falta de inversión en mejorar los puestos de trabajo, una de las más bajas de la UE. El empresario no siente ninguna presión de invertir cuando le es tan fácil conseguir trabajadores mal pagados. Si le fuera difícil, invertiría más, para que cada trabajador produjera más. Y ahí está el meollo del problema. Salarios bajos determinan baja productividad.

Pero este entendimiento del problema que tiene la economía española desplaza el punto de atención del trabajador al empresario, el cual tiene mucho más poder que el primero. Ello explica que se hable muchísimo menos de intervenciones sobre el empresariado, incluyendo su gran acumulación de beneficios a costa de ofrecer salarios bajos. 

Ahí es donde aparece la raíz de la desigualdad, en la excesiva concentración de los beneficios en sectores muy minoritarios de la población. Pero las soluciones pasan por unas políticas fiscales mucho más intervencionistas y más redistributivas, tema tabú hoy en día.

Una medida que Juan Torres y yo sugerimos en el documento preparado para Podemos, que en su original se titulaba Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española, y que Podemos cambió a Un proyecto económico para la gente (del cual apenas se ha oído más), fue la de establecer el derecho al trabajo garantizado por el Estado, a nivel central, autonómico o local. 

Esta medida podría desarrollarse de muchas maneras (que detallamos en el documento), desde incentivar la creación de empleo por parte del sector privado a la provisión de empleo con financiación pública. Intentábamos con este tipo de medidas recuperar las políticas públicas que caracterizaron a los gobiernos socialdemócratas del norte de Europa, caracterizadas por alcanzar el pleno empleo con salarios altos y condiciones de trabajo satisfactorias (...)"            

(Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 23 de abril de 2015, en www.vnavarro.org, 23/04/2015)

No hay trabajo para todos, dada la matriz de producción que tenemos... o subsistir con subsidios, trabajo en negro y precario, o cambiamos la matriz de producción

"(...) la realidad más tozuda del mercado laboral español. Que no hay trabajo para todos, dada la matriz de producción que tenemos, el nivel formativo de los hogares, la propensión a contratar que tienen las empresas en España y los colectivos que más difícil tienen el acceso al mercado laboral.

Para ello les recomiendo que lean y consulten el magnífico resumen que la Revista Alternativas Económicas ha hecho en dos volúmenes con los 83 gráficos para entender la crisis y sus efectos. Ahí podrían saber que la tasa de empleo en España, ratio casi más importante que el desempleo, es del 54%, es decir apenas la mitad de la población activa está ocupada, otra cosa es que en qué condiciones.

 La media de la zona euro se sitúa en el 63%. Pero más preocupante es que en las mejores épocas de creación de empleo en España, años 2004, o 2005, dicha tasa de empleo apenas superaba el 60%, lo que da idea de las dificultades de España para alcanzar tasas de empleo compatibles con el pleno empleo. Alemania, Dinamarca, Reino Unido o Países Bajos alcanzan tasas de empleo superiores al 70%. (...)

¿Dónde se encuentra la gran diferencia con los países más avanzados?. Pues en colectivos concretos. Por un lado, la gran bolsa de trabajadores sin cualificación, parados de larga duración, jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. En materia de parados de larga duración, España colidera la UE con Grecia (18,4% en Grecia y 13,1% en España. 

Esta situación es particularmente grave en mayores de 45 años, más de 1,7 millones de desempleados, con una probabilidad de encontrar empleo que tiende a cero. En el grupo de 50 a 59 años, el 62% de mujeres y 59% de hombres eran parados de larga duración. (...)

En lo que respecta a la formación. En España el 35% del desempleo corresponde a trabajadores de baja cualificación, lo que ahonda el riesgo de pobreza absoluta entre dichos trabajadores. En cifras, más de 10 millones de desempleados en la UE tenían una formación inferior a la educación secundaria.

 Los jóvenes apuntan todavía a una peor situación. Casi el 70% de los jóvenes de 16 a 19 años estaba en paro al finalizar el año 2014, el 50% entre 20 y 24 años y el 32% de 25 a 29 años.

Todas estas cifras, y otras más cualitativas, configuran un panorama tenebroso en el mercado laboral español. Solo con construcción o servicios de bajo nivel añadido, donde se crea el poco y malo empleo que se genera, no es posible absorber todo el stock de trabajadores.

 Pero yendo más allá, ya no solo hay que recuperar el empleo perdido, es que habría que crear unos 3 o 4 millones adicionales para que la tasa de empleo y actividad llegasen al 70%.  (...)

Este problema no es únicamente español. EEUU ha alcanzado una tasa de paro del 5,5% con una tasa de actividad del 63%, la mínima desde hace muchos años. Las soluciones están claras. Para la gente joven más preparada, la emigración.

 El resto, subsistir con subsidios, trabajo en negro o precario, tirar de la familia y el abismo de la exclusión social. Ni siquiera creciendo al 3% alcanzaremos esas cifras, por lo que solo cabe no engañar y cambiar la matriz de producción."           (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 08/03/2015)