Las personas trans en las prisiones de Georgia están siendo obligadas a dejar la transición... Una demanda colectiva que representa a casi 300 personas encarceladas alega que la negativa del estado a permitir la atención de afirmación de género constituye un castigo cruel e inusual... tampoco se permitirá a las personas trans encarceladas pagar su propio tratamiento (Candice Norwood)

 "Un grupo de mujeres y hombres transgénero encarcelados han demandado a las autoridades penitenciarias de Georgia, impugnando una nueva ley que les impide recibir atención médica de afirmación de género. La demanda, presentada el viernes por la mañana, acusa al estado de violar la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

Cinco demandantes transgénero —dos hombres y tres mujeres— presentaron la demanda colectiva en nombre de casi 300 personas más en las prisiones estatales de Georgia, quienes argumentan que la ley estatal tendrá "consecuencias catastróficas". En algunos casos, está obligando a personas trans que ya han recibido terapia de reemplazo hormonal y otros servicios durante años a dejar la transición sin su consentimiento.

“Estamos en pleno proceso de ver cómo se adoptan políticas como esta”, dijo Chinyere Ezie, abogada principal del Centro para los Derechos Constitucionales, que presentó la demanda junto con el bufete Bondurant Mixson & Elmore LLP. “Es realmente lamentable, creo que ha costado y costará vidas humanas.” Creo que el plan es, en realidad, erradicar a las personas trans de la vida pública, y, contrariamente a la medicina, convertir el tratamiento de la disforia de género en una guerra cultural, en lugar de una necesidad médica seria que requiere tratamiento.

 En mayo, el gobernador republicano Brian Kemp firmó el proyecto de ley SB 185, aprobado por la legislatura estatal de mayoría conservadora, que prohíbe el uso de fondos o recursos estatales para cirugías, terapia de reemplazo hormonal, procedimientos cosméticos y otros tratamientos utilizados para abordar la disforia de género. La ley establece explícitamente que las personas encarceladas pueden seguir recibiendo tratamientos como la terapia de reemplazo hormonal si son médicamente necesarios para afecciones distintas a la disforia de género.

Ezie declaró a The 19th que los patrocinadores del proyecto de ley indicaron durante las audiencias que tampoco se permitiría a las personas trans encarceladas pagar su propio tratamiento. Su equipo también ha recibido este comentario de sus clientes, dijo. The 19th se puso en contacto con el Departamento de Correcciones de Georgia para confirmar si las personas trans encarceladas pueden pagar estos procedimientos por sí mismas.

 “El Proyecto de Ley 185 del Senado prohíbe el uso de fondos o recursos estatales para los siguientes tratamientos para reclusos estatales: A. Cirugías de reasignación de sexo o cualquier otro procedimiento quirúrgico que se realice con el propósito de alterar las características sexuales primarias o secundarias; B. Terapias de reemplazo hormonal; y C. Procedimientos cosméticos o prótesis destinados a alterar la apariencia de las características sexuales primarias o secundarias”, escribió Joan Heath, directora de comunicaciones del departamento.

"Por lo tanto, el Departamento de Correccionales de Georgia (GDC, por sus siglas en inglés) no puede usar recursos estatales para transportar a un delincuente para que sea atendido por un proveedor pagado a su propio costo, ni permitir que un proveedor pagado por un delincuente trate a dicho delincuente en una instalación del GDC", continuó.

La demanda legal presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales incluye detalles sobre los demandantes que describieron los efectos de la interrupción de su atención médica de afirmación de género. Según el Center for Constitutional Rights, una mujer trans llamada Fantasia Horton, encarcelada en la prisión estatal de Phillips, había estado recibiendo terapia hormonal desde 2019, pero se le interrumpió por completo tras la aprobación de la ley, a pesar de que se le había dicho que sus dosis disminuirían gradualmente antes de suspenderse.

“Debido a las políticas y acciones de los demandados al interrumpir su tratamiento, la Sra. Horton se encuentra ahora en grave riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos”, decía la demanda. “Hace tres años, tras perder el acceso a la terapia hormonal durante tan solo una semana debido al agotamiento temporal del suministro de terapia hormonal en su prisión, la salud mental de la Sra. Horton se desplomó y sus síntomas depresivos reaparecieron.”

La disforia de género es una condición reconocida por las revistas y profesionales médicos. Se define como la sensación de malestar o ansiedad que siente una persona cuando su género físico no coincide con su identidad de género. Esto puede provocar efectos a largo plazo en la salud mental, incluyendo periodos de depresión, pensamientos o actos de autolesión. La detransición forzada debido a la legislación antitransgénero, junto con las malas condiciones y la discriminación que a menudo experimentan las personas trans encarceladas, puede empeorar estas consecuencias para la salud mental. Desde un punto de vista físico, los médicos recomiendan que cualquier suspensión de la terapia de reemplazo hormonal se lleve a cabo de forma gradual durante tres a seis meses, en lugar de suspenderla de golpe.

 “Privar a las personas del acceso a terapias de afirmación de género mientras están en prisión constituye un castigo cruel e inusual y aumenta la probabilidad de abuso y consecuencias perjudiciales para la salud”, escribieron Jan T. Mooney, psicóloga con sede en Atlanta, y Mark Spencer, médico de medicina interna del área de Atlanta, en una columna de abril sobre el proyecto de ley de Georgia.

“La interrupción abrupta o el destete forzado de un tratamiento médico necesario y continuo supone un riesgo para la salud.” Los efectos físicos de la abstinencia hormonal van acompañados de malestar psicológico, que puede manifestarse como ansiedad, depresión e ideación suicida", continuaron.

La demanda colectiva llega 10 años después de que Ezie demandara por primera vez por otra prohibición de la atención médica de afirmación de género en las prisiones de Georgia. En ese caso, Ashley Diamond, una mujer transgénero negra, demandó al Departamento de Correccionales de Georgia en 2015 después de haber sido recluida en prisiones masculinas y de que se le negara el tratamiento hormonal.

El caso atrajo la atención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que en su momento declaró que las políticas generales que prohíben la terapia hormonal violan la Octava Enmienda “porque no prevén una evaluación y un tratamiento individualizados”. Diamond obtuvo una indemnización no revelada en 2016, y su caso provocó cambios en las políticas de Georgia destinados a facilitar un mejor trato a las personas transgénero encarceladas. Pero seis años después, Diamond volvió a demandar, alegando que el estado no le proporcionó atención médica adecuada ni la protegió de agresiones sexuales tras una segunda encarcelación. En última instancia, Diamond retiró la demanda para proteger su salud mental, según sus abogados.

Ver que los mismos problemas surjan de nuevo en 2025 es como estar "en una máquina del tiempo retrocediendo al pasado", dijo Ezie, quien representó a Diamond hace 10 años.

“Creo que es un sentimiento compartido por muchos activistas por los derechos trans”, dijo Ezie. "Da la sensación de que, en lugar de avanzar hacia el progreso en lo que respecta a garantizar los derechos básicos y la dignidad fundamental de las personas transgénero, ahora estamos luchando por aferrarnos a victorias legales muy básicas que, como saben, logramos, en algunos casos, hace décadas."

Ezie y el equipo legal del Centro para los Derechos Constitucionales confían en que los tribunales anulen la ley de Georgia, como ya han hecho en otros casos similares. Por ejemplo, Wisconsin promulgó una ley en 2005 que prohibía a los médicos de prisión proporcionar terapia hormonal o cirugía de afirmación de género a personas transgénero encarceladas bajo custodia estatal. Pero un tribunal federal dictaminó que negar esta atención médica constituye un castigo cruel e inusual. Otra demanda colectiva a nivel estatal en Colorado resultó en un acuerdo negociado entre el estado y el Departamento de Correcciones que exige una revisión de cómo alberga a mujeres transgénero encarceladas y cómo proporciona atención médica a todas las personas trans tras las rejas.

Si el Centro para los Derechos Constitucionales tiene éxito en Georgia, Ezie anticipa que aún quedará un largo camino por recorrer en el esfuerzo por desafiar las leyes y políticas anti-transgénero.

“Vamos a seguir utilizando los tribunales, vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir —como hicimos antes de la aprobación de este proyecto de ley— presionando contra proyectos de ley como este que buscan causar tanto daño evitable”, dijo. "Por eso luchamos."

 ( Candice Norwood , th19th, 08/08/25, traducción Quillbot, enlaces en el original)

POLITICO: El país que ha sido líder mundial en derechos de la mujer y LGBTQ+ ¿Cambiará con las elecciones del mes que viene? La sociedad española está profundamente sensibilizada con temas como la violencia contra las mujeres y la igualdad de género, y más de la mitad de la población se define como feminista... España es el país de los ocho encuestados que más acepta a las personas LGBTQ+... "Venimos de una dictadura oscura y gris, y el hambre de libertad es algo con lo que todo el mundo puede empatizar"... Sin embargo, la continuidad de España como bastión progresista no está en absoluto garantizada... La improbable transformación de España en la Escandinavia del sur podría frenarse o incluso revertirse si el consenso sobre la igualdad sigue derivando en confrontación y polarización... "España ha cambiado con una rapidez increíble. Y aunque eso es admirable, ha ocurrido a una velocidad que quizá no nos ha permitido consolidar esos cambios"

 "Carla Antonelli recuerda cuando ser gay en España podía llevarte a un campo de trabajo. (...)

Entonces algo cambió. Desde principios de siglo, España ha galopado hacia adelante en lo que a políticas progresistas se refiere. El otrora conservador país católico, conocido en todo el mundo como la cuna del machismo, abrazó una legislación de estilo escandinavo que promueve los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+.

En 2005, España se convirtió en el tercer país europeo en legalizar la igualdad matrimonial y el segundo en permitir la adopción por parejas del mismo sexo. Al mismo tiempo, los españoles se enfrentaron al sexismo adoptando una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres.

La legislación impulsó estos cambios decisivos, pero las actitudes de la población le siguieron.

Según una encuesta realizada en 2021 por la empresa de estudios de mercado YouGov, España es el país de los ocho encuestados que más acepta a las personas LGBTQ+: el 91% afirma que apoyaría a un familiar homosexual o bisexual, y el 87% que haría lo mismo si la persona fuera transgénero o no binaria. En la liberal Suecia, por el contrario, las cifras eran del 77% y el 73%. El desfile del orgullo de Madrid, que se celebra este sábado, es el mayor de Europa.

Asimismo, una encuesta de Ipsos de 2023 reveló que la sociedad española está profundamente sensibilizada con temas como la violencia contra las mujeres y la igualdad de género, y más de la mitad de la población se define como feminista.

"Venimos de una dictadura oscura y gris, y el hambre de libertad es algo con lo que todo el mundo puede empatizar", afirma Uge Sangil, presidente de FELGTBI+, la federación española de organizaciones LGTBI+. "También ayuda que seamos un pueblo ferozmente leal: Lucharemos hasta la muerte por nuestros seres queridos, y todo el mundo tiene un ser querido que es miembro de esta comunidad".

Sin embargo, la continuidad de España como bastión progresista no está en absoluto garantizada: Los activistas advierten de que si el país gira a la derecha, como se prevé que ocurra en las próximas elecciones nacionales del 23 de julio, el nuevo gobierno -posiblemente compuesto por conservadores y extrema derecha- podría intentar deshacer los logros del pasado reciente.

"Tenemos que organizarnos para votar ahora", afirma Sangil. "Pero también tenemos que estar preparados para movilizarnos y plantar cara a cualquier ataque contra nuestra comunidad".

El efecto Zapatero

EL FIN DE LA DICTADURA DE FRANCO abrió el camino a nuevas demandas de libertades civiles en España. Pero el momento decisivo para las mujeres y la comunidad LGBTQ+ no llegó hasta las elecciones de 2004, cuando el Presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero situó la igualdad de derechos en el centro de su campaña.

Parecía que el país estaba preparado.

A lo largo de los años 90, las personas LGBTQ+ lucharon por conseguir visibilidad y un sitio en la mesa. "En Estados Unidos, esas reivindicaciones estaban impulsadas por la crisis del sida, pero en España era distinto", explica Antonelli. "Personas como Pedro Zerolo [destacado activista LGBTQ+ fallecido en 2015] nos impulsaron a tomar conciencia de nuestro poder político".

Para los grupos de defensa de los derechos de la mujer, el principal catalizador llegó en 1997, cuando una mujer andaluza de 60 años llamada Ana Orantes apareció en una tertulia de la televisión regional y rompió un tabú de décadas al hablar abiertamente de los años de abusos físicos que había sufrido a manos de su ex marido.

Dos semanas después de que Orantes describiera cómo se había visto obligada a soportar "paliza tras paliza, un día tras otro", su ex marido se presentó en su casa, la roció con gasolina y la quemó hasta la muerte.

"Lo que le ocurrió a Ana Orantes resonó en toda la sociedad", dijo Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de España. "Desafió la idea de que este tipo de violencia era una cuestión de pareja, un problema privado: al quedar al descubierto de una forma tan brutal, la sociedad despertó al hecho de que tenía la responsabilidad de abordar estas situaciones".

Inmediatamente después de tomar posesión, Zapatero aprobó una ley integral sobre violencia de género, la primera en reconocer explícitamente que las mujeres merecen una protección especial porque están expuestas a la violencia "por el mero hecho de ser mujeres".

Tras la reforma, el número de feminicidios en España descendió de 71 en 2003 a 49 en 2022. Disposiciones de la legislación han garantizado que cada uno de esos asesinatos haya sido analizado para determinar cómo el Estado puede proteger mejor a las mujeres.

"Generaciones de mujeres españolas han demostrado que no quieren una sociedad tradicionalista en la que no tengamos ningún empoderamiento público, económico o político", dijo María Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, la principal organización no gubernamental feminista del país. "Y hemos tenido la suerte de contar con algunos gobiernos que se han comprometido a hacer posible ese cambio".

Carmona señaló que los esfuerzos de Madrid fueron inadvertidamente celebrados en el Convenio de Estambul de 2011 del Consejo de Europa sobre la prevención de la violencia contra las mujeres.  "Cuando llegó el momento de que España lo ratificara, descubrimos que el texto básicamente copiaba nuestra ley", dijo Carmona. "Fue el espaldarazo internacional más fantástico a nuestro trabajo".

Caos en la coalición

EL ACTUAL GOBIERNO ESPAÑOL -una coalición de izquierdas liderada por el presidente socialista Pedro Sánchez- se ha esforzado por mantener el impulso progresista del país, pero la controversia en torno a dos de sus leyes emblemáticas ha minado su apoyo.

La ley de libertad sexual del año pasado, defendida por el socio menor de la coalición, el partido de extrema izquierda Podemos, fue aplaudida por su refuerzo de las leyes de consentimiento. Pero también incluía una redefinición de la agresión sexual que creaba un vacío legal que reducía las penas de cárcel para algunos violadores convictos.

A pesar de la reducción de más de 1.000 penas y la puesta en libertad de más de 100 delincuentes -entre ellos, un hombre con 17 condenas por violación-, la ministra de Igualdad española, la política de Podemos Irene Montero, se negó a reconocer que había fallos en el texto del proyecto de ley y, en su lugar, culpó a "jueces sexistas" de manipular la legislación.

La acusación indignó a la judicatura española, incluido Carmona, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que también forma parte de uno de los tribunales especiales del país para la violencia de género. Según ella, el asunto revela una "falta de humildad" en el Gobierno.

"Estos ataques ponen en entredicho la credibilidad de todo el Poder Judicial español, que tanto ha trabajado para garantizar la igualdad en las últimas dos décadas", afirmó.

Un portavoz de Montero rechazó las críticas y dijo que el Ministerio de Igualdad no era responsable de los errores técnicos de la ley.

La indignación ciudadana acabó obligando a Sánchez a esquivar a sus socios de coalición, pactar con la oposición la reforma de la ley y reconocer que se habían cometido errores.

"Lo admito, he pedido disculpas por ello y lo hemos corregido", dijo. "Pero el compromiso del Partido Socialista y de la coalición progresista con el bienestar, los derechos y las libertades de las mujeres es inequívoco, absoluto y rotundo".

Polémica de otro tipo rodeó la aprobación el pasado febrero de uno de los proyectos de ley más avanzados del mundo en materia de derechos de los transexuales, que permite a cualquier persona mayor de 16 años cambiar su identidad de género en el registro civil sin someterse a un tratamiento hormonal de dos años ni obtener un diagnóstico de disforia de género.

Aunque la ley fue aclamada como un hito para los derechos de las personas transexuales, abrió enormes fisuras en el Gobierno, desatando luchas internas públicas entre los políticos de Podemos que la respaldaron y la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, del Partido Socialista, que argumentó que la legislación era una afrenta al movimiento feminista.

Antonelli, ex parlamentaria autonómica que abandonó el Partido Socialista en protesta por la gestión de la ley por parte de la dirección, acusó a Calvo de utilizar "la bandera del feminismo para entrar en una pelea absurda con el Ministerio de Igualdad para ver quién era más feminista".

Costosas polémicas

LAS CONTROVERSIAS RESULTARON COSTOSAS para Sánchez, ya que los partidos de derechas del país las aprovecharon para convertir las elecciones municipales del mes pasado en un referéndum sobre el Gobierno de coalición. El resultado fue desastroso para Podemos e importantes pérdidas para el Partido Socialista, que perdió el poder en la mayoría de las principales ciudades españolas, lo que llevó a Sánchez a convocar elecciones anticipadas.

Con los españoles acudiendo a las urnas el 23 de julio y la economía del país en plena forma, la derecha busca hacer la misma jugada una vez más, destacando los errores del Gobierno y las tensiones sociales resultantes.

Y la estrategia parece dar resultado: Los encuestadores prevén que el Partido Popular, de centro-derecha, sea el más votado, y que el partido de extrema derecha Vox -que ha prometido erradicar "la ideología 'woke'" en España- obtenga el apoyo suficiente para convertirse en un socio de coalición atractivo para los conservadores.

Aunque los dos partidos nunca han gobernado juntos a nivel nacional, los recientes acuerdos forjados entre el Partido Popular y Vox a nivel local y regional ofrecen una indicación de las políticas que podrían seguir en el gobierno.

En el gobierno regional de Valencia, los dos partidos acordaron suprimir toda mención a la violencia de género o a los derechos LGBTQ+. Y en capitales de provincia como Burgos, Toledo, Orihuela y Valladolid, han suprimido las concejalías de igualdad. Mientras, en municipios como Náquera y Torrijos, los nuevos ayuntamientos del Partido Popular-Vox han prohibido las banderas arco iris.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado presentarse como moderado y ha insistido en que Vox no pondrá condiciones a su forma de gobernar, pero poco a poco ha ido adoptando muchos de sus puntos de vista.

A principios de este mes, anunció que, si es elegido, eliminará el Ministerio de Igualdad, diciendo que "no estamos aquí para eso".

Desde entonces ha añadido que también derogará la legislación sobre transexualidad de Sánchez, justificando la medida diciendo que no debería ser "más fácil cambiar legalmente de género que sacarse el carné de conducir".

El Partido Popular y Vox declinaron hacer comentarios para este artículo.

Guerra cultural

EL SOCIÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICAL DE COMILLAS Agustín Blanco, que supervisa una encuesta anual sobre el sentimiento público de los españoles, dijo que la intención de voto no implica necesariamente un rechazo a las medidas progresistas de España ni indica que la coalición haya "ido demasiado lejos."

"El problema no ha sido la política, sino la comunicación", dijo. Añadió que los ministros de Podemos habían sido "excesivamente mesiánicos".

Cuando Zapatero aprobó su ley de igualdad matrimonial en 2005, expresó su "profundo respeto" por quienes se opusieron a la legislación. Pero Blanco dijo que el Gobierno de Sánchez, por el contrario, había respondido a los críticos con "arrogancia intelectual y moral" que había avivado la cuestión de la igualdad hasta convertirla en una guerra cultural, alienando a partes de la sociedad española.

Hay indicios de que la opinión pública está cambiando, al menos entre algunos españoles. Una encuesta de Ipsos de marzo reveló que el 53% del país cree que España ha ido tan lejos en la promoción de la igualdad de la mujer que está discriminando a los hombres.

Vox ha intentado sacar provecho del descontento, presentando la semana pasada una nueva valla publicitaria en Madrid en la que aparece una mano gigante arrojando un símbolo feminista y una bandera del orgullo a una papelera. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que encabeza la facción populista del Partido Popular, obtuvo recientemente la mayoría absoluta en la reelección haciendo campaña contra los "parásitos feministas"; este mes, anunció planes para revisar la legislación regional sobre derechos de los transexuales.

Mientras los progresistas españoles siguen confiando en que la legislación sobre violencia de género resistirá el cambio de gobierno, Sangil, de FELGTBI+, teme que el auge de la derecha traiga consigo más discursos de odio y, con ellos, más delitos de odio, que ya se han disparado en todo el país.

Recordó que el Partido Popular votó en contra de la igualdad matrimonial en 2005 y pasó siete años impugnando la ley en los tribunales; también señaló que desde que llegó al cargo en 2019, el alcalde de centro-derecha de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado a ondear la bandera arco iris en lo alto del ayuntamiento.

Sangil dijo que aunque el Partido Popular no entrara en un gobierno de coalición con Vox, seguiría "intentando descafeinar las leyes existentes o negándose a aplicar la legislación más reciente."

Pero "no podrán tocar derechos consolidados como la igualdad matrimonial", dijo. "Van a ir a por los derechos de los jóvenes transexuales, y contra las mujeres lesbianas y bisexuales".

La improbable transformación de España en la Escandinavia del sur podría frenarse o incluso revertirse, dijo Blanco, si el consenso sobre la igualdad sigue derivando en confrontación y polarización.

"España ha cambiado con una rapidez increíble", afirmó. "Y aunque eso es admirable, ha ocurrido a una velocidad que quizá no nos ha permitido consolidar esos cambios".

"Como la mayoría de los europeos, tendemos a pensar que el pasado no puede volver a repetirse", dijo Blanco. "Por experiencia histórica, eso es algo que no puedo asegurar".         (Aitor Hernández-Morales , POLITICO, 30/06/23; traducción DEEPL)

Los debates sin resolver de la ‘ley trans’... el feminismo rechaza “que el género se corresponda con vivencias íntimas”, ya que es una construcción cultural, y “que se pulverice el significado de la palabra mujeres... un intento de borrar a las mujeres, invisibilizando la categoría del sexo como eje de opresión [histórica de las mujeres]”... Creen que los informes deberían mantenerse “para probar la estabilidad de ese malestar de salud”. ¿Por qué mantener esos requisitos? Porque temen que se haga un uso perverso de la norma por parte de hombres que se inscriban como mujeres con diferentes propósitos... y creen que “nadie por debajo de los 18 debería poder autodeterminarse”

 "Este jueves, la llamada ley trans y la reforma del aborto han sido aprobadas definitivamente en el Congreso tras su paso por el Senado, de donde salieron la pasada semana con algunas enmiendas técnicas. El camino que han seguido ambas normas ha sido dispar, como también lo han sido los debates en torno a ellas. Ningún otro texto ha generado más tensión y mayor ruptura que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: en el Parlamento, en el Ejecutivo y en el movimiento feminista, donde una parte ha llegado a escindirse por ser contraria a la norma.

 Ahora que va a echar a andar, las críticas a la ley se han agudizado, en parte también por la sombra que proyectan las consecuencias “indeseadas” que ha tenido la otra ley estrella de esta legislatura, la de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, cuya aplicación desde el pasado octubre ha provocado más de 500 rebajas de penas a agresores sexuales.

Ese efecto de la ley del solo sí es sí ha hecho que las miradas desde la oposición, y también las de una parte del feminismo, vuelvan a centrarse en criticar el corazón de la norma: la autodeterminación de género en el Registro Civil, es decir, que una persona pueda cambiar su nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad; y sobre todo, que esto sea posible libremente también para los menores a partir de los 16 años. Entre los 14 y los 16, podrán inscribirse con consentimiento de madres y padres, y entre los 12 y los 14 con aval judicial.

En el debate en el Senado, el pasado miércoles, la senadora de Vox Yolanda Merelo calificó la norma como un “auténtico despropósito”, con cuestiones “que van a desencadenar una cascada de consecuencias nefastas”. Desde Gerda Bai, Koldo Martínez puso de manifiesto una crítica extendida hacía esta ley como hacia la del aborto, su tramitación de urgencia, según el senador, ambas “necesitadas” de “debate pausado, reflexión tranquila y deseo de consenso”. En el PP, la oposición a la norma ha sido firme desde el inicio. Y desde el feminismo, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, la cara más visible de la oposición a este texto, señala que “los paralelismos en la tramitación, contenido y objetivos de la ley del solo sí es sí y de la ley trans son inquietantes” y que “ambas están alejadas de los derechos de las mujeres”.

A continuación, un repaso a los principales debates, dudas y críticas generadas durante la tramitación de la norma:

Libre autodeterminación de género

La libre autodeterminación de género que reconoce esta ley se circunscribe al Registro Civil, y permite que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el DNI con su voluntad como único requisito. El trámite no es inmediato, la legislación establece un proceso que puede alargarse hasta cuatro meses en el que la persona ha de declarar esa voluntad en dos ocasiones, la inicial y una segunda vez. Hasta que la ley entre en vigor, era necesario presentar un informe médico con un diagnóstico de disforia de género y dos años de hormonación para cambiar el sexo en el DNI. La ley trans elimina estas condiciones: la disforia de género es un término médico que la OMS retiró ya en 2018 al dejar de considerar la transexualidad una enfermedad mental y los avances sociales se encaminan hacia la despatologización.

 El proyecto de ley tiene como objetivo eliminar cualquier requisito terapéutico para poder autodeterminarse en base “al principio de libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y constituye igualmente una proyección del derecho fundamental a la intimidad personal consagrado en artículo 18.1 de la Constitución”, según establece el preámbulo, que alude a dos sentencias del Tribunal Supremo en este sentido y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que “ha señalado que la prohibición de discriminación contemplada en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos comprende cuestiones relacionadas con la identidad de género y ha instado a que se garantice el cambio registral del sexo sin el requisito previo de sufrir procedimientos médicos tales como una operación de reasignación sexual o una terapia hormonal”.

Este paso que da la ley supone la cobertura de derechos para las personas trans, pero es también un paraguas para algo que ocurre desde hace años en 15 de las 17 comunidades autónomas, donde ya los mayores de 16 años tienen derecho a aparecer en los títulos educativos y en la burocracia sanitaria con el nombre y sexo sentidos. En todos los ámbitos en los que las administraciones autonómicas tienen competencia para expedir documentos, la libre autodeterminación ya funciona. Es así en toda España, excepto en Asturias y Castilla y León, ambas con proposiciones de ley que no han prosperado desde hace al menos cinco años, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

 Varias organizaciones feministas, con la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres a la cabeza, han hecho campaña contra esta realidad de facto y contra la posibilidad de que la autodeterminación se ejerza en el DNI. El principal argumento es que se trata de un “intento de borrar a las mujeres, invisibilizando la categoría del sexo como eje de opresión [histórica de las mujeres]”.

El grupo rechaza “que el género se corresponda con vivencias íntimas”, ya que es una construcción cultural, y “que se pulverice el significado de la palabra mujeres”. Alicia Miyares, una de sus portavoces, ve un problema grave en el diseño de la ley, y es que “a quien se dirige la norma es ‘a toda persona’, cuando el sujeto debería ser aquella que presente disconformidad hacia su sexo médicamente acreditada”. Creen que los informes deberían mantenerse “para probar la estabilidad de ese malestar de salud”. ¿Por qué mantener esos requisitos? Porque temen que se haga un uso perverso de la norma por parte de hombres que se inscriban como mujeres con diferentes propósitos.

Desde Alianza Contra el Borrado de las Mujeres insisten desde hace meses en que la normativa “no contempla salvaguarda jurídica que evite el fraude en los cambios de sexo registrales”. Según Miyares, podrían darse casos de este tipo de fraudes en oposiciones como las de Policía o Bomberos, donde los requisitos físicos son menos exigentes para las mujeres.

También en contra de la retirada de acreditación de la transexualidad emitió su informe el Consejo de Estado, donde incluyó que esos “informes médicos o psicológicos constituirían una garantía para el solicitante que debería ser mantenida en aras de la protección de la persona que libremente decide transitar de un sexo a otro”, y afirmó que “no parece necesario ni proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite, de un modo u otro, cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona”.

Desde el Ministerio de Igualdad responden que “respecto al marco de fraude de ley”, les “preocupa que se alimenten bulos y noticias falsas”. “En todo caso”, añaden, “es importante recordar que el objetivo de la ley es garantizar derechos y eliminar trabas que afectan a las personas trans. Los fraudes de ley se combatirán con los instrumentos jurídicos generales ante este tipo de comportamientos, como con cualquier ley”.

La seguridad jurídica de los menores

La autodeterminación para los menores está siendo el motivo de mayor disensión y tensión en el debate. Es libre a partir de los 16 años, pese a la oposición del Consejo de Estado ―el principal órgano consultivo del Gobierno― que planteó requerir aval judicial para todos los menores de 18. En su informe, se preguntaba si con el sistema propuesto “se va a favorecer que se tomen decisiones precipitadas, no asentadas en una situación estable de transexualidad, lo que, a la postre, podría terminar repercutiendo de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto”.

Y apuntó a países del entorno, en los que se “suele reconocer a los menores de edad legitimación para promover la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, cuando lo hace, incluye cautelas tales como la exigencia de que hayan cumplido 16 años y posean suficiente discernimiento (Bélgica y Portugal), cuenten con un certificado médico de disforia de género (Noruega) o articulen su solicitud vía jurisdiccional (Irlanda y Malta)”.

Y en ese mismo sentido habla Miyares, de Alianza Contra el Borrado, que afirma que “nadie por debajo de los 18 debería poder autodeterminarse”. Cree que el aumento en las cifras de transiciones en edades tempranas “responde a un fenómeno de contagio social” y que en muchos casos las razones “responden a que las niñas o adolescentes no encajan en las hormas de la feminidad”.

 El otro órgano consultivo que se pronunció sobre este asunto fue el Consejo General del Poder Judicial, que respaldó que fuera libre a partir de los 16 años, pero propuso un cambio en la franja de los 14 a los 16. Lo hizo porque “cuando el anteproyecto legitima a los menores de entre 14 y 16 años a solicitar la rectificación registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales, no cumple con el principio de especial protección de los menores de edad y, en términos de proporcionalidad, con la especial primacía de su superior interés”.

Atención médica y tratamientos hormonales

En la ley trans no se regula sobre tratamientos hormonales ni sobre cirugías, más allá de garantizar que el sistema “cubre las necesidades particulares de las personas LGTBI”. Sin embargo, el de los tratamientos ha sido uno de los mayores focos del debate. Tanto menores como adultos, cuando quieren comenzar un tratamiento hormonal o deciden hacer la transición, acuden a sus centros de salud y a las unidades de género especializadas de los hospitales, donde son médicos quienes, en última instancia, prescriben o no los tratamientos que consideren necesarios. Esto ocurre ya desde hace años en las autonomías, y nada de lo que se hace allí está afectado por la ley.

Deportes

El debate sobre las personas trans en el deporte, tanto en España como en otras partes del mundo, está abierto y ha provocado diversas polémicas. El Comité Olímpico Internacional (COI), en noviembre de 2021, sentó que era competencia de cada deporte y de su órgano de gobierno determinar de qué manera un o una atleta trans puede tener una ventaja desproporcionada respecto a sus compañeros. Y esto ha ido dando distintos resultados. El pasado verano la Liga Internacional de Rugby prohibió a las jugadoras trans participar en las competiciones internacionales, mientras que hace unos días, la Liga Mundial de Surf actualizó su protocolo con la recomendación de la International Surfing Association (ISA), y dejará competir a las mujeres trans según los niveles de testosterona. En Estados Unidos uno de los casos más conocidos es el de la nadadora Lia Thomas, que cuando transicionó a mujer empezó a tener marcas muy superiores a sus compañeras en pruebas universitarias y estas protestaron.

 El artículo 26 de la norma se limita a garantizar la igualdad en el deporte “con pleno respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en el deporte”.

El Poder Judicial entró en esta cuestión cuando aludió en su informe a si la ley podría propiciar una “excesiva atomización del ordenamiento jurídico, donde determinados colectivos pasan a ostentar un régimen privilegiado de protección, al margen del régimen general aplicable al resto de ciudadanos, con notable detrimento del principio de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley”. Es decir, si la especial protección de las personas LGTBIQ no generará discriminación en el resto de la ciudadanía y especialmente en las mujeres no transexuales.

 Un ejemplo de lo anterior, decía el informe, “se produce con las medidas referidas al deporte, actividad física y educación deportiva”. El Consejo “aprecia la voluntad de garantizar el pleno respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas trans y LGTBI en la práctica deportiva, pero considera indispensable introducir las cautelas necesarias a fin de evitar que la práctica de estas pueda suponer la discriminación de mujeres deportistas no transexuales, atendida la realidad de la diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es”.                 (Isabel Valdés , El País, 16/02/23)

Pablo Iglesias quiere seguir dirigiendo Podemos desde una radio… y Yolanda Díaz, trata de zafarse de su pupilaje... la ministra sabe que tendrá que acabar pergeñando una plataforma de acción política y formando candidaturas con las fuerzas disponibles. Y ahí es donde Pablo Iglesias pretende imponerse, amagando con dar al traste con todo “si no se respeta a Podemos”... El populismo siempre queda confinado en el corto plazo, los liderazgos supremos y el espíritu cortesano, y cuando llega al gobierno no sabe muy bien qué hacer. Ahora pagamos las consecuencias de esa deriva... parece razonable exigir un armisticio y una propuesta electoral centrada en demandas realizables, en las que se reconozca un electorado popular, juvenil y femenino. Algo así como el programa de un gobierno de las izquierdas en la actual tesitura europea y mundial... Pero el lastre de estos años puede arrastrarnos al fondo. Baste con el ejemplo de la “Ley Trans”, una aventura que tiene visos de acabar muy mal para la izquierda... La derecha más rancia se permite el lujo de abrazar el sentido común, y lo que será el sentir de muchas familias, mientras la izquierda, por el contrario, está reivindicando una policía religiosa que vele por el dogma queer. Tarde o temprano, para nuestra vergüenza y oprobio, esas leyes serán tumbadas por el Tribunal Constitucional por liberticidas y contrarias a los progresos de la igualdad entre hombres y mujeres... Si alguna radicalidad hay que mostrar hoy, es la de la determinación reformista... o sea, un programa destinado a reducir las desigualdades sociales, recomponer los servicios públicos, establecer una fiscalidad más exigente para grandes fortunas y corporaciones, y promover una industrialización acorde con la transición energética... En esa labor habría que poner ahora los cinco sentidos. Es hora de congelar aquellas cuestiones que, a falta de una reflexión suficiente, amenazan con estallarnos en las manos... La buena relación de “Sumar” con el movimiento obrero es sin duda insuficiente para diseñar un proyecto político. Pero constituye un buen inicio y una fortaleza que no habría que perder (Lluis Rabell)

 "(...) La posibilidad de renovar una mayoría progresista depende, pues, de lo que ocurra en ese ámbito de la izquierda. Concretamente, depende de cómo se resuelva el pulso entablado entre Podemos y “Sumar”, el proyecto aún en ciernes de quien fuera designada por el propio Pablo Iglesias para liderar y renovar ese espacio. 

Los episodios del desencuentro han sido ya abundantemente narrados. Sin duda, las marcadas personalidades de sus principales protagonistas están desempeñando un papel importante en esta crisis. Pablo Iglesias querría tutelar la reconfiguración de la izquierda… y Yolanda Díaz no es persona dócil, ni carente de criterio propio. El choque estaba servido desde el principio. Sin embargo, convendría ahondar en el trasfondo político de esa situación.

 Porque, justamente, es el peso desmesurado que adquieren los egos enfrentados lo que pone de manifiesto la naturaleza de los verdaderos problemas que aquejan a la izquierda: su fragmentación orgánica, la ausencia de una cultura compartida y de un horizonte estratégico… Por no decir, cuando menos en algunos casos, una llamativa indigencia ideológica. La responsabilidad, sin embargo, es más compartida de lo que parece. No nos precipitemos en arrojar la primera piedra. 

En la década anterior, resolvimos mal la tarea de recomponer una izquierda combativa, cuando intentamos recoger las energías y el espíritu crítico que liberó la oleada de indignación contra las políticas de austeridad. La práctica dilución de Izquierda Unida – puntuada de tensiones – en el marco de UP es buena prueba de ello. La izquierda de matriz comunista llegó a la gran recesión cansada, con un sentimiento de derrota histórica profundamente interiorizado, pidiendo a gritos un relevo generacional para encarar los desafíos del nuevo siglo. Pero lo que se produjo fue un reemplazo, repleto de desdeño hacia los predecesores. 

La indignación lo era contra el sistema económico y la arquitectura partidista que condenaban a la precariedad a una juventud cargada de diplomas universitarios. Pero lo era en cierto modo también contra una generación militante que no alcanzó sus sueños, ni evitó la pesadilla en que se veían sumidos sus hijos. Una generación fracasada, de la que no había gran cosa que aprender. El adanismo de la nueva hornada de dirigentes procedía de aquella “ruptura epistemológica”.

 El populismo de izquierdas desplegado por Podemos se impuso porque correspondía a “l’air du temps”. El anhelo socialista había quedado enterrado bajo los escombros del Muro de Berlín… y la nueva generación no venía para desenterrarlo. No había lugar para un programa propiamente dicho, sino para una sucesión de significantes vacíos, susceptibles de agrupar de modo amplio y transversal el descontento social: la gente frente a la casta. 

El lenguaje era radical, pero rehuía las caracterizaciones de clase. Los objetivos declarados no rebasaban la elemental defensa de los servicios públicos – batalla sin duda necesaria frente al neoliberalismo, pero que no definía un horizonte de superación del capitalismo. Incluso la denuncia del “régimen del 78” tenía menos de crítica de la transición que de reproche a quienes fueron incapaces de lanzarse al asalto de los cielos.             

Todo eso daba para montar una exitosa máquina de guerra electoral – lo que no fue poca cosa -, pero no para levantar un partido consistente. Es decir, una fuerza organizada, enraizada social y territorialmente, con una vida interna intensa, con una organicidad generadora de inteligencia colectiva, con unos cuadros capaces de leer los cambios en la situación y definir las tareas de cada momento. Todo eso, que resulta extraordinariamente complejo y requeriría una asimilación crítica de experiencias anteriores, sigue estando por hacer.

 El populismo, nervioso, táctico, confinado en el corto plazo, no permite desarrollar esa organicidad, ni tampoco reflexión transcendente alguna. Muy al contrario, favorece los liderazgos supremos y el espíritu cortesano. Nadie puede discutir de tu a tu con el gran timonel. Y una vez que éste llega al gobierno no sabe muy bien qué hacer en él. Ahora pagamos las consecuencias de esa deriva. 

 Pablo Iglesias quiere seguir dirigiendo Podemos desde una radio… y Yolanda Díaz, trata de zafarse de su pupilaje. Pero, más allá del prestigio adquirido por su buen desempeño al frente del Ministerio de Trabajo, sigue sin rebasar la fase de un proceso de escucha. Los rasgos laboristas mostrados en los primeros meses – sin duda la mejor baza que podía exhibir Yolanda Díaz – han ido perdiendo fuerza en aras de una apelación genérica a la esperanza de un futuro mejor. Por muchas simpatías que despierte, la ministra sabe que tendrá que acabar pergeñando una plataforma de acción política y formando candidaturas con las fuerzas disponibles. Y ahí es donde Pablo Iglesias pretende imponerse, amagando con dar al traste con todo “si no se respeta a Podemos”.

  ¿Qué cabe pedir a estos líderes? Que hagan lo necesario para evitar un estropicio en las próximas citas electorales y permitan reconducir un gobierno progresista durante otra legislatura. Es decir, que ganen tiempo. Porque los problemas que hay que resolver – o cuando menos, abordar – para recomponer una izquierda crítica así lo requieren. Encontrarse a la defensiva ante un agresivo gobierno de derechas, relamiéndonos las heridas y prodigándonos reproches unos a otros en medio de un clima general de desánimo, no sería desde luego el escenario más favorable para semejante tarea. 

Derrotados, no lucharíamos mejor. Evitar la dispersión, conservar el gobierno. En lo inmediato, no parece razonable exigir más que un armisticio y una propuesta electoral centrada en demandas y propuestas realizables, en las que se reconozca lo más ampliamente posible un electorado popular, juvenil y femenino. Algo así como el programa de un gobierno de las izquierdas en la actual tesitura europea y mundial.

 Pero ni lo imprescindible será tarea fácil. El lastre de estos años puede arrastrarnos al fondo. Baste con el ejemplo de las tensiones generadas en torno a la “Ley Trans”, una aventura que tiene visos de acabar muy mal para la izquierda. La derecha más rancia se permite el lujo de abrazar el sentido común – y lo que será el sentir de muchas familias – , denunciando que sus hijos e hijas se convertirán en víctimas de mutilaciones y tratamientos experimentales, y proclama que “les niñes no existen”. 

La izquierda, por el contrario, está reivindicando una policía religiosa que vele por el dogma queer. Tarde o temprano, para nuestra vergüenza y oprobio, esas leyes serán tumbadas por el Tribunal Constitucional por liberticidas y contrarias a los progresos de la igualdad entre hombres y mujeres.             La obstinación por aferrarse a una doctrina acientífica y misógina revela una cuestión de fondo que no tiene solución en el corto plazo, pero que no habría que perder de vista: esta izquierda no cree en una transformación revolucionaria de la sociedad y busca un perfil radical en corrientes de apariencia “disruptiva” – corrientes que, en el fondo, no hacen sino vehiculizar las tendencias disgregadoras del capitalismo de nuestro tiempo.

 ¿Cómo distinguirse de modo relevante del PSOE? La cuestión no es baladí. En la actual correlación de fuerzas – entre las clases como a nivel parlamentario -, en un estadio todavía incierto de la construcción europea, en medio de las amenazas que se ciernen sobre la democracia… el margen de actuación es estrecho; no cabe más que un programa de corte socialdemócrata y ajustado a los retos del cambio climático. 

O sea, un programa destinado a reducir las desigualdades sociales, recomponer los servicios públicos, establecer una fiscalidad más exigente para grandes fortunas y corporaciones, y promover una industrialización acorde con la transición energética. Y, en el plano institucional, un impulso a la federalización de España y de la Unión Europea. Si alguna radicalidad hay que mostrar hoy, es la de la determinación reformista. Sin rehacer sus fuerzas, su autoestima y sus esperanzas, la clase trabajadora no podrá aspirar a metas superiores. (...)

Las gigantescas contradicciones económicas y sociales que se acumulan en China, en la India, en Brasil o en Estados Unidos no podrán resolverse de manera evolutiva y pacífica. Tal vez guerras y grandes sufrimientos la precedan, pero es esperable alguna gran irrupción de los oprimidos en la arena política, capaz de subvertir las relaciones sociales y despertar las ansias de cambio en el mundo entero. ¡Qué lejos estamos de pensar en esos términos el devenir de la humanidad! A falta de utopías, una parte de la izquierda se deja mecer por distopías. No queda más remedio que tratar de desbrozar el camino. 

Aunque, muy probablemente, una rotunda clarificación de las ideas requiera que, aquí o allá, la propia lucha de clases libere nuevas energías. Trotsky decía que la revolución es un momento de sublime inspiración de la Historia. Pues bien, si la inspiración ha de venir a nosotros, mejor será que nos encuentre trabajando… en reformas que mejoren la vida de la gente y fortalezcan su espíritu cooperativo.

En esa labor habría que poner ahora los cinco sentidos. Es hora de congelar aquellas cuestiones que, a falta de una reflexión suficiente, amenazan con estallarnos en las manos. La clase trabajadora no reprochará a la izquierda que no tenga resueltos de antemano todos los interrogantes de nuestra compleja sociedad. Lo que no le perdonará es que no se comprometa con su dura vida cotidiana. La buena relación de “Sumar” con el movimiento obrero es sin duda insuficiente para diseñar un proyecto político. Pero constituye un buen inicio y una fortaleza que no habría que perder. Lo más urgente es poner coto a las querellas que merman la credibilidad del proyecto y el reconocimiento ciudadano de quien debe encabezarlo. (...)"                     (Lluís Rabell, blog, 10/11/22)

Así ha cambiado España: homosexualidad y personas trans, según el CIS

 "Casi 43 años después de que se despenalizara la homosexualidad en España, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera ley sobre derechos de las personas LGTBI y las personas trans. Lo ha hecho en la semana de celebración del Orgullo 2021 y tras un largo debate entre los socios de Gobierno sobre la autodeterminación de género.

El CIS no ha preguntado en los últimos meses a los ciudadanos su opinión sobre esta ley, como sí hizo en octubre de 2004 sobre la reforma del Código Civil aprobada al año siguente por la que se permitía contraer matrimonio a dos personas del mismo sexo: el 56,9% se mostraba a favor de la norma, prácticamente la misma proporción que cuando se pidió que los ciudadanos la evaluaran en 2007. Entonces, el 55,6% de los que la conocían la consideraron adecuada mientras que un 19,1% la tildó de excesiva. 

Muchos antes, sin embargo, en 1994, cuatro de cada diez españoles estaban en contra de que pudieran contraer matrimonio civil. Con otra pregunta, el CIS planteó a los encuestados en 2013 y 2016 por su grado de aprobación sobre que “dos personas del mismo sexo puedan casarse”, recabandoun rechazo «hasta cierto punto» o «por completo» de entre el 16% y el 20%. 

En 1980, en una encuesta realizada entre psiquiatras, el 50,9% de los encuestados consideraba la homosexualidad una “patología” que debía ser tratada. Catorce años después, en una encuesta general, el porcentaje de quienes lo calificaban de enfermedad descendió al 30,3% y, en 2004, quienes tenían esta idea eran ya una minoría: el 13,3%.

A lo largo de este tiempo, sin embargo, siempre se impusieron los encuestados que creían que era una opción libre y respetable (nunca bajó del 60%) frente a los que, sin calificarlo como una patología, pensaban que no era algo natural.

Dentro de las personas LGTBI, son bastantes menos las veces en que se ha preguntado a los ciudadanos por quienes son trans. En 2010, en una encuesta realizada a los jóvenes españoles, el 74,1% veía aceptable una operación de cambio de sexo en adultos. 

En ese mismo estudio, solo el 3,5% reconocía que tenía un amigo transexual frente a quienes aseguraban contar con colegas gays (54,6%), lesbianas (37,2%) o bisexuales (24,9%). Esta minoría también se repetía cuando les preguntaban por la orientación sexual de sus compañeros de clase, de trabajo, sus vecinos o sus familiares.

Personas LGTBI en la vida pública y el vecindario

En 1995, uno de cada diez encuestados estaba “muy de acuerdo” en que los homosexuales no desempeñaran puestos de responsabilidad en la vida pública. 

Se trata de un porcentaje similar al de quienes en 1994 aseguraban que les causaba mucha “incomodidad” tener a unos vecinos homosexuales (10,7%). Si se suman los que aseguraban que la molestia para ellos era “bastante” la cifra se eleva al 24,1%. Con el paso del tiempo, este grupo de personas terminó, no obstante, siendo residual (3,9%)."                  (María Blanco, Newtral, 29/06/21)

Por qué las feministas protestan contra la ‘ley trans’... porque nuestro país ya cuenta con una de las legislaciones más abiertas del mundo en materia de transexualidad... porque ¿en qué mejora la vida de una persona con disforia el hecho de que se suprima la necesidad de presentar informes médicos y psicológicos?... porque se debe exigir que no se permita cambiar de sexo a violadores o asesinos machistas, ni a hombres con antecedentes por violencia de género... ni permitir a internos de centros penitenciarios ser trasladados a módulos de mujeres mediante la expresión del sexo sentido...

"El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley basado en la «autodeterminación del sexo registral». Se trataría de un nuevo principio jurídico consistente en que cualquier persona pueda cambiar de sexo registral sin tener informes que acrediten que es transexual. 

Multitud de asociaciones feministas afirman que el principio de autodeterminación del sexo entra en contradicción con derechos constitucionales de las mujeres. Hemos de recordar que la Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva exige que la aprobación de cualquier norma se vea precedida por una reflexión acerca del potencial impacto de la misma sobre los derechos de las mujeres.

 Es necesario indicar que, a día de hoy, nuestro país cuenta con una de las legislaciones más abiertas del mundo en materia de transexualidad, en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos referimos a la vigente Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta ley permite que una persona transexual cambie de sexo en el DNI sin realizarse una cirugía genital y sin tratamiento hormonal, pues este último es prescindible por motivos de salud.

 Para obtener el cambio de sexo legal se exige únicamente un diagnóstico de disforia de género. Dicho diagnóstico es consistente con las más recientes directrices de la Organización Mundial de la Salud y el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Cuando una persona cambia de sexo en el Registro Civil adquiere derecho a recibir un trato idéntico al de cualquier persona que comparta su sexo legal.

La disforia es un sufrimiento inducido por la imposición social de estereotipos sexistas, que conduce al rechazo hacia el propio cuerpo sexuado. Dicho sufrimiento es acreditado por profesionales y tratado opcionalmente con modificaciones estéticas y cambios físicos sufragados por la Administración. 

Los cambios se acompañan de una modificación del sexo registral. Aunque nuestras leyes reconocen que el sexo es un hecho biológico objetivo, se permite el cambio de sexo registral como ficción jurídica excepcional que busca mejorar las vidas de las personas transexuales, aliviando su sufrimiento y facilitando su inserción social.

 Sin embargo, los nuevos y controvertidos proyectos de ley introducen un paradigma que interfiere con los derechos de las mujeres: el registro del sexo (elemento objetivo) se sustituye por el registro del género (personalidad). El sexo biológico se considera una ficción opresora, mientras que la afinidad con los estereotipos sexistas (masculinidad/feminidad) se considera la verdadera identidad de la persona, el verdadero sexo.

El feminismo ha denunciado que esta sustitución tiene un impacto negativo sobre las estadísticas que miden las desigualdades entre los sexos, sobre la integridad física de las mujeres presas, los espacios separados por motivos de seguridad, el derecho de las mujeres a la paridad política y al deporte equitativo, así como para la investigación sanitaria que contempla las diferencias físicas entre mujeres y hombres. Además, esta sustitución entra en conflicto con la prohibición de discriminación por razón de sexo, reconocida tanto en la Constitución como en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) de las Naciones Unidas. El sexo es un hecho material que condiciona la posición social inferior que se impone a las mujeres.

El filósofo del Derecho Robert Alexy expone los tres pasos que la jurisprudencia constitucional alemana ha establecido para resolver conflictos entre principios constitucionales de acuerdo con el de proporcionalidad. Situamos por un lado el principio de autodeterminación del sexo registral y, por otro, los derechos de las mujeres:

Primer paso: idoneidad.- Un derecho sólo puede ser limitado si hay un fin constitucionalmente legítimo que lo justifique.

¿Cuál es el derecho que va a ser limitado? El nuevo concepto, la autodeterminación de sexo, introduce limitaciones a los derechos preexistentes de las mujeres. ¿Cuál es el fin constitucionalmente legítimo que se alega para justificar su limitación? Se afirma que la “no discriminación de las personas trans”, pero la eliminación de los informes médicos y psicológicos más bien supone una discriminación contra estas personas, al privarlas de una atención sanitaria de calidad que profundice en los motivos de su disforia.

 Prescindir de los informes tampoco queda justificado por otros posibles fines constitucionales. La nueva legislación considera que los diagnósticos son una forma de tutelaje represivo que atenta contra la dignidad y libertad de las personas identificadas como trans. Coincidimos en que en el ámbito médico se producen pautas prejuiciosas, pero esto no se combate denostando a la profesión médica en su conjunto. Por otro lado, la disforia es una patología psicológica inducida por el sexismo social, de modo comparable a la anorexia. Como causa sufrimiento y rechazo al propio cuerpo sexuado (éste es el motivo por el que se pide la modificación registral del sexo), no debe desatenderse. No se acredita de modo suficiente que eliminar estos informes responda a un fin constitucionalmente legítimo.

Segundo paso: el medio más benigno.- Entre todas las limitaciones al derecho fundamental, se debe adoptar la más benigna con el mismo.

Como hemos señalado, lo que va a limitarse son los derechos de las mujeres que se aglutinan en el derecho a no ser discriminadas por razón de sexo y el derecho a la integridad física. Pero podríamos mencionar también la intimidad, la tutela judicial efectiva, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la protección de la salud y un largo etcétera (las implicaciones de la autodeterminación del sexo registral sobre las vidas de las mujeres son enormes).

 Si nos centramos en alguno de los ejemplos aducidos por el feminismo, como el impacto de la autodeterminación sobre la violencia machista, observamos que cabrían soluciones de cambio de sexo registral mucho más respetuosas con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, una solución legislativa que no permita cambiar de sexo a violadores o asesinos machistas, ni a hombres con antecedentes por violencia de género; o una legislación que revoque el cambio de sexo registral si tras este se produce un crimen de violencia contra las mujeres. Y, desde luego, cabe imaginar una legislación que no permita a los internos de centros penitenciarios ser trasladados a módulos de mujeres mediante la expresión del sexo sentido. 

Cabría pensar en una legislación del cambio de sexo que no borrara la existencia del biológico ni sus consecuencias jurídicas, de modo que las competiciones deportivas y marcas en oposiciones dependieran del sexo, al igual que las estadísticas, la investigación sanitaria, la paridad y otras medidas surgidas para compensar el impacto de la división sexual del trabajo, que está estrechamente unida a las cargas de cuidados impuestas sobre las mujeres madres.

Es imposible salvaguardar el contenido esencial de los derechos de las mujeres si aprobamos leyes absurdas como las ahora propuestas, basadas en que la idea errónea de que el sexo es algo subjetivo y personalísimo. El borrado jurídico del sexo material no es compatible con mantener el contenido esencial del derecho a la no discriminación por razón de sexo.

 3. Tercer paso: Proporcionalidad en sentido estricto.- Cuanto mayor sea el grado de afectación de un derecho, mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Ello requiere, a su vez, responder tres preguntas: a)¿Cuál es el grado de afectación del principio que se ve limitado?; b) ¿cuál es el grado de importancia de la satisfacción del principio que se le opone?, y c) ¿dicha importancia justifica la limitación?

Con respecto al grado de afectación, es muy alto si pensamos, por ejemplo, en el riesgo que corre una interna de un centro penitenciario si se permite que un agresor sexual ingrese en un módulo de mujeres invocando su sexo sentido, pues la indemnidad sexual no sólo de esa interna, sino de todas sus compañeras, corre grave peligro. El grado de afectación en el ejemplo del deporte también es enorme, pues introducir a un solo deportista con genética y forma física masculina equivale a permitir un caso de doping. En el deporte cada décima importa y un solo individuo con marcas excepcionales puede reventar el conjunto de la competición y desmotivar a todas las deportistas.

Permitir que cualquier hombre pueda cambiar su sexo legal mediante su mera palabra equivale a legalizar la discriminación sexual. La ley se convertiría en la facilitadora de la discriminación y la violencia, al atar de pies y manos a las víctimas potenciales y a los operadores jurídicos. Es como si todas las medidas anti-discriminatorias basadas en el sexo llevaran incorporada una cláusula que permite saltárselas sin consecuencias.

Si nos preguntamos, en segundo lugar, cuál es el grado de importancia de la autodeterminación retornamos de nuevo a la ausencia de justificaciones aportadas: ¿en qué mejora la vida de una persona con disforia el hecho de que se suprima la necesidad de presentar informes médicos y psicológicos? Más bien se priva a esa persona del derecho a una buena atención sanitaria (que no es la que te da la razón e incluso te facilita los medios cuando deseas dañarte, sino la que procura tu bienestar físico y psicológico respetando a la vez tu autonomía).

 La única ventaja racional que podría tener la supresión de esos informes es la de facilitar la burocracia, pero existirían otros medios más eficaces para agilizar el papeleo, así como para acortar las indeseables listas de espera. Eliminar los informes médicos y psicológicos carece de todo fin útil y dista mucho de poder definirse como derecho humano.

 Últimamente hemos leído notas de prensa que anuncian la intención del Gobierno de aprobar la autodeterminación de sexo, acompañándola de falsas garantías como una declaración registral acompañada de un par de testigos o sucedida por una espera de tres meses. La autodeterminación implica que no se exigiría cambiar de nombre, aspecto o vestimenta y no habría que acreditar una situación estable de transexualidad (tres meses no es ninguna situación estable). 

Al eliminarse los informes médicos y psicológicos, no habría modo de comprobar posibles motivaciones espurias y carecerían de relevancia jurídica los antecedentes penales conocidos de agresión sexual, pederastia o violencia de género. Cualquier cortapisa al cambio de sexo legal se consideraría una vulneración del derecho a la autodeterminación de la identidad. Al no haber diagnóstico, tampoco se descartarían trastornos psicológicos que pudieran conducir al rechazo temporal al cuerpo (autismo, esquizofrenia, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.).

Para concluir, dado que no ha quedado justificada la importancia de la autodeterminación y hemos expuesto la profunda limitación a los derechos de las mujeres (que supone el borrado de su contenido esencial), hemos de concluir que la autodeterminación no cumple con el principio de proporcionalidad."             

(Tasia Aránguez Sánchez . Profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, Agenda Pública, 21/06/21)

La LeyTrans tiene errores estructurales insalvables. Se basa en concepciones acientíficas como que el sexo, realidad biológica inmutable, puede elegirse. Es decir, permite falsearlo

 Laura Redondo @LauraRdondo

La #LeyTrans tiene errores estructurales insalvables. Se basa en concepciones acientíficas como que el sexo, realidad biológica inmutable, puede elegirse. Es decir, permite falsearlo. Así, un violador podría por su palabra falsificarlo y colarse en todo espacio. Es una barbaridad

 

 Una ley que se dirige a un colectivo y no tiene forma de garantizar con pruebas si se pertenece a ese colectivo se traduce en que se dirige a toda la población. Cualquiera podría acceder a sus cuotas, instrumentalizarla, y es una oportunidad criminal en si misma. No tiene sentido

 

 No ha pasado con una ley española que la definición de a quien va dirigida sea etérea y no se base en nada objetivo. Esto es porque ninguna antes se basaba en concepciones acientíficas propias de creyentes. El posmodernismo está poniendo en jaque a nuestro estado de derecho.

 

9:17 a. m. · 18 may. 2021

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Laura Redondo @LauraRdondo
En respuesta a @LauraRdondo

 Decirle a una niña o niño que por cómo quiere vestir o actuar es del sexo contrario es sexismo, viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad, y resulta en maltrato infantil. Llegar a medicarles, e incluso mutilarles es truncarles la infancia y la vida. Y eso pretenden. (...)

Por tanto, la decisión de hoy no va de derechos de nadie. No se mejora nada con una base sin evidencia científica. Hay ocurrencias que dañarán a mujeres,niñas y niños,homosexuales y transexuales. Y ya ha pasado en otros países y hay pruebas de sobra. No hay excusas. Es un troyano

Veremos en queda esto. Pero está claro que suceda lo que suceda dejará clara toda posición. No se puede ser de izquierdas , progresista y feminista y aprobar leyes ultraconservadoras, de retroceso cargadas de misoginia. “Por sus actos les conocerás”. Y no son tiempos de tibiezas. 

9:26 a. m. · 18 may. 2021
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