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17.11.15

¿De qué habla Hollande cuando pronuncia la palabra guerra?

"Los ataques de París han dejado sin palabras al mundo. Los calificativos se agotaron en minutos por la brutalidad de la actuación terrorista. (...)

Desde los atentados del 11-S la estrategia internacional contra el terrorismo global se ha basado, fundamentalmente, en el objetivo compartido por todos los países desarrollados de evitar que la violencia de raíz islamista atravesase sus fronteras.

 Ante la dificultad de acabar con un fenómeno tan incontrolable en sus comunidades de origen, se trataba de acotar sus efectos, de intentar que el terror no saliera de Oriente Medio, de Afganistán, de Pakistán o de Somalia. Aunque la rivalidad interreligiosa, los reajustes en la galaxia Al Qaeda y hasta la competitividad entre esta y el Estado Islámico han acabado multiplicando el peligro yihadista. Con un añadido. (...)

Es evidente que la guerra no puede quedar al albur de una especie de alistamiento moral a favor, en contra o por la indiferencia. Pero tampoco puede sojuzgar las conciencias que conforman las sociedades abiertas. Es por ello obligado que se conozca de qué se trata. De qué habla Hollande cuando pronuncia la palabra, y qué entendía Rajoy por ir a la raíz del problema del éxodo sirio o iraquí. 

Las sociedades democráticas no pueden afrontar la amenaza yihadista de manera dicotómica, apelando al sistema de derechos y garantías en las acciones a desarrollar en los países libres y dando rienda suelta a la utilización de la fuerza en las zonas controladas por el Estado Islámico.

 Como si los terroristas, los sospechosos de serlo o los procedentes de dichos lugares pudieran ser tratados como personas con derechos en un caso y pasaran a cosificarse en un grupo informe con el que acabar en el otro.

 La certeza de que los integrantes del EI no son precisamente sensibles a una aproximación pacifista hacia sus posesiones, ni a iniciativas de interposición, tampoco exime a los gobiernos que emprendan expresamente la guerra contra el Estado Islámico de dar cuenta de lo que hacen y no a bulto. 

Porque esa rendición de transparencia es el mínimo indispensable para que los gobiernos democráticos no se deshagan del Estado de derecho cuando actúan fuera de sus fronteras.

Es sabido que los victimarios necesitan hacerse las víctimas para soportarse a sí mismos. Ocurre hasta en las expresiones más patológicas del terror. Los asaltantes de París gritaban al parecer “Os vamos a hacer lo que nos hacéis en Siria”. 

El nosotros yel vosotros totalizan la realidad en un conflicto descarnado visto por ojos fanáticos. Por eso la asunción de la guerra como acción de Estado ha de renunciar al vosotros y conjugar el nosotros patrio con moderación y respeto a la libertad. El nosotrosvíctima tampoco puede ser objeto de una leva moral."               (Guerra sin lenguaje, de Kepa Aulestia en La Vanguardia, en Caffe Reggio, 17/11/15)

11.1.13

Los registradores de la propiedad carecerán de límites para interferir en la vida de las personas y controlarán el ejercicio de derechos civiles y políticos, como el de asociación y el de fundación

"La privatización del Registro Civil contenida en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros es solo la punta del iceberg de un propósito de mayor calado. La génesis y el contenido del anteproyecto revelan una ambición inaudita de controlar la vida de los ciudadanos. (...)

Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y quién sea beneficiario del mismo, si somos socios de una asociación o somos fundadores o patronos de una fundación… 

En fin, todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, vinculados al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos constitucionales, quedarán en manos de un cuerpo de funcionarios que, además, se cuida de evitar cualquier control público. ¿Su responsabilidad? Solo ante la Historia.

Para conocer la génesis del anteproyecto basta hacer una consulta a la web de la poderosa asociación de registradores, Arbo (http://www.arbo.org.es/), que desvela cómo los beneficiarios del espléndido regalo se han encargado de prepararlo, ejerciendo funciones de promoción legislativa propias del Ministerio de Justicia. (...)

El anteproyecto atribuye a los registradores la llevanza de todos los registros jurídicos. En concreto, sumarían a la llevanza del Registro de la Propiedad y del Mercantil, el Registro Civil, el de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, el de Actos de Última Voluntad, el de Asociaciones y el de Fundaciones de ámbito estatal, entre otros. Se crea un monstruo, un gran registro, al estar todos interrelacionados. (...)

¿A qué obedece este afán acaparador? En primer lugar obedece a motivos económicos. Así se ha reconocido en las respuestas del Ministerio de Justicia a las primeras críticas; aludiendo a las maltrechas economías de los registradores, golpeados por el estallido de una burbuja inmobiliaria que contribuyeron a crear, con demoledoras consecuencias para las economías de los ciudadanos. Recuérdese que el debate sobre los desahucios tiene uno de sus focos en la reforma de la Ley Hipotecaria.  (...)

Para ello se atribuyen al Colegio de Registradores funciones esenciales de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección. Corporación a la que se califica como un órgano permanente y soberano en el que participan democráticamente los registradores. 

Reflejo nítido de la máxima aspiración de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial: ser independientes y hacerse con una importantísima parcela de poder real sobre los ciudadanos. Un Estado dentro del Estado. Ya quisieran los independentistas tamaño reconocimiento de soberanía.  (...)

Pese a sus diferencias, todos los registros obedecen a un interés público en el tráfico jurídico, inmobiliario, mercantil, financiero, industrial o intelectual. Nadie objetaría el carácter público de la función registral. 

Pero esa función se desempeña por los Registradores de la Propiedad de manera singular, pues en ningún otro país son al tiempo funcionarios y profesionales, que el anteproyecto convierte en una especie de jueces, sin dependencia jerárquica.

 Unos funcionarios que cobran por inscribir y por consultar lo inscrito, que mercantilizan la información del registro mediante el artificio de la publicidad formal, autodenominados controladores —gatekeeper— de los mercados y árbitros de la legalidad en una sociedad que se atreven a calificar de despersonalizada y escasamente moral.

Grave es agredir a los ciudadanos con descalificaciones como estas y sumar privilegios a su ya privilegiada posición. Privatizan registros pagados con nuestros impuestos (como el Civil o el de Asociaciones), para explotarlos en beneficio propio. 

Pero lo más grave es que están en juego derechos fundamentales y libertades civiles. Atado y bien atado, España se convertirá en un Estado registral, que entrega a los registradores el derecho a la privacidad, el derecho a contraer matrimonio, el derecho de asociación, el derecho de fundación. 

Un Estado en que los registradores carecerán de límites para interferir en la vida de las personas y controlarán el ejercicio de derechos civiles y de derechos políticos, como el de asociación y el de fundación. 

Un Estado en el que el marco de las libertades civiles deja de referirse al Estado constitucional, para referirse al Estado registral. Una invención cuasi mística de poder frente al ciudadano. ¿Qué tienen que decir a esto el legislativo y el judicial?"              ( , El País, 9 ENE 2013)

10.2.12

Con el aborto ¡ya hemos pasao!

"Querido J:
 
Sabrás que el nuevo gobierno, al mes de organizarse, ha querido ya dejar su particular marca del Zorro en la cansada piel ideológica de España. El encargado ha sido el ministro Gallardón y el motivo la ley del aborto. Al parecer los gobiernos no pueden pasar sin estas tomatinas.

Un gran especialista en abrir conflictos, que aunque se agriaran nunca dejaban de ser pueriles, fue el presidente Zapatero. El gobierno popular no ha tardado en seguirle.

Evidentemente en una España sometida a la EPA, al déficit y a la prima de riesgo, la ley del aborto y sus presuntos conflictos éticos y técnicos es un problema indistinguible en el fondo de armario estadístico

. Pero no hay duda de que la apertura de estos conflictos tiene para los gobiernos dos virtudes: da fe de vida de la nueva época y procura aliento a la militancia (¡ya hemos pasao!) y afloja la presión sobre los verdaderos y arduos problemas de la coyuntura."               (Diarios de Arcadi Espada, 12/02/2012)

8.11.10

En cuanto a los derechos fundamentales, España figura en quinto lugar mundial

"Se trata de la aparición de un primer informe, circunscrito a 35 países, de índices cuánticos que aspiran a calibrar cómo se lleva a cabo la traducción a la práctica de los principios fundamentales del Estado de derecho, tal y como se derivan de los convenios internacionales relevantes y desde la óptica del ciudadano normal y corriente. (...)

En este primer informe, España ha sido seleccionada entre los países de alta renta junto con Australia, Austria, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, Singapur y Suecia. Forma parte también de un grupo regional determinado: Europa Occidental y América del Norte. No es mala compañía.

A diferencia de otros ejercicios de estadística comparada, los resultados no se engloban en un único índice sintético.

Se exponen según los nueve parámetros a tenor de los cuales se analiza el funcionamiento y la praxis del Estado de derecho (rule of law): los poderes más o menos amplios de los gobiernos; la mayor o menor ausencia de corrupción; una legislación clara, estable y conocida; la situación en materia de orden y seguridad; el estado de protección de los derechos fundamentales; el carácter más o menos abierto del aparato gubernamental; la eficacia de la legislación y de la Administración; la mayor o menor facilidad de acceso a la justicia civil y la eficacia de la justicia penal.

En esta perspectiva comparada sobresale un dato. En lo que se refiere a la situación de los derechos fundamentales España figura en quinto lugar, tanto regionalmente hablando como en el mundo. Está por delante de países tan emblemáticos como Australia, Japón, Francia y Estados Unidos. Le superan solo Austria, Suecia, Holanda y Canadá.

España descuella también en dos parámetros esenciales. Uno es el de la limitación de los poderes gubernamentales. Otro, la facilidad de acceso a la justicia civil. En el primer caso ocupa el quinto puesto regionalmente (por delante de, ¡qué le vamos a hacer!, Estados Unidos y Francia) y el séptimo en el mundo.

En el segundo, está en cuarto puesto (por delante de Canadá, Francia, Japón y, ¡de nuevo!, Estados Unidos) y el séptimo en el mundo.

Ciertamente, en relación con el resto de los parámetros, España baja, pero no deja de mantener un puesto honroso. En lo que se refiere a la carencia de corrupción, y a pesar de los estragos del caso Gürtel y otras lamentables "hazañas" de parecido tenor, figura en noveno lugar en el mundo y, desde luego, por delante (¡otra vez!) de Estados Unidos.

Su peor score (ocupa el decimoquinto puesto en el mundo, aunque el séptimo regionalmente) se refiere al carácter más o menos abierto del Gobierno. En los demás parámetros se encuentra en los puestos décimo o decimosegundo en el mundo, pero siempre entre los siete mejores del entorno.

No se traen a colación estos datos para entonar un canto ombliguista y de nacionalismo corto. Muy al contrario. Si el objetivo último de las políticas públicas estriba en mejorar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, es obvio que aún queda por avanzar en aspectos fundamentales. (...)

No figuran varios muy importantes de los miembros occidentales de la Unión Europea (por ejemplo, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido). Es obvio, por consiguiente, que en cuanto se les considere, habrá desplazamientos en los rankings respectivos.

Ello no obstante, en el informe se han considerado países nada desdeñables con respecto a su tradición y experiencia democráticas. No incurriré en un ejercicio de autoflagelación si afirmo que muy superiores a las españolas, que fueron cortadas por una guerra civil y una larga y sangrienta dictadura de la que hoy muchos quisieran olvidarse. ¡Cómo si fuera posible rehuir la reflexión sobre 40 años de nuestra historia contemporánea y sus secuelas!

Por otro lado, alienta el ánimo comprobar que nuestro país va por delante de otros que habitualmente se nos ponen como modelos. A nuestros particulares neocons, que tomando prestada la idea a Miguel Ángel Aguilar parecen ser más norteamericanos que si hubieran nacido en Virginia o Kentucky, les desazonará quizá que España haya dejado atrás, en poco más de 30 años, a una de las cunas de la democracia occidental.

También la dejó, por cierto, hace ya muchos años en materia de protección médica y social, esa que ahora algunos querrían desmantelar." (ÁNGEL VIÑAS: El Estado de derecho en España. El País, opinión, 05/11/2010, p. 31)

"La ONU sitúa a España en el puesto 20º en calidad de vida.

El mundo es un lugar mucho mejor que en 1990. Es la principal afirmación de las Naciones Unidas, que ayer presentó su último ranking sobre el Desarrollo Humano, que lidera Noruega. El puesto 20º lo ocupa España, que avanza un puesto con relación a la medición anterior, efectuada en 2005, y se sitúa por delante de países como Reino Unido, Hong Kong o Italia.

Pero que las personas sean por lo general más saludables, educadas y ricas que hace 20 años, no evita que haya un aumento de la desigualdad. (...)

Todo sumado, el índice de desarrollo humano subió un 18% de media en las últimas dos décadas, y un 41% si se compara con 1970. Los que registraron las mejoras más significativas fueron Nepal, China, Indonesia, Arabia Saudí, Laos, Túnez, Corea del Sur, Argelia y Marruecos.

Solo en tres cayó, si se compara con hace cuatro décadas: República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue. En la cabeza de la tabla se mantiene Noruega, con un IDH de 0,938 puntos. Le siguen Australia y Nueva Zelanda. EE UU, la mayor potencia económica, está en cuarto lugar.

España mejora un puesto respecto a 2005 y cuatro desde 1980. Se coloca entre Dinamarca y Hong Kong. El IDH español es de 0,863 puntos." (El País, 05/11/2010, p. 36)

23.5.08

De lo teórico de la ley a la vivienda concreta ¡Que sorpresa!

“Un juez francés aplica la ley que da derecho a exigir vivienda.

La justicia francesa ha reconocido por primera vez el "derecho exigible a tener vivienda", una figura creada por el Gobierno de Dominique de Villepin que consiguió aprobar en el Parlamento el 5 de marzo de 2007. En respuesta a la crisis surgida aquel invierno por la situación de miles de personas sin techo, el Ejecutivo introdujo este derecho en la legislación, aunque hasta ahora seguía en el limbo de lo teórico, a pesar de que centenares de personas lo han invocado para intentar conseguir una vivienda pública. (…)

Jean-Baptiste Eyraud, presidente de la asociación Derecho a la Vivienda, considera que la decisión judicial es una auténtica sorpresa…. En opinión de Eyraud, la decisión del juez forzará al Estado a proporcionar los medios para que se aplique la ley y se construyan más viviendas sociales.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 22/05/2008, p. 6)

3.4.07

El Certificado de Buena Conducta polaco, como en tiempos de Franco

La campaña emprendida por los Kaczynski para borrar cualquier señal de comunismo en Polonia está encontrando cierta resistencia en las universidades. La de Varsovia, la mayor del país y de tinte más liberal, ha exigido que se suspenda la Ley de la Lustración -obliga a entre 400.000 y 700.000 periodistas, funcionarios, directores de escuela y profesores universitarios, nacidos antes de 1972, a confesar si colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista que gobernó el país hasta 1989- hasta que el Tribunal Constitucional dictamine si es o no legal. Mientras, la Universidad de Cracovia, más conservadora, afirma que acatará la norma, pero con algunas precauciones.

El rector de esta universidad, la más antigua del país, obtuvo este miércoles el respaldo del claustro para pedir a los profesores del centro que entreguen sus solicitudes a la universidad para conseguir su certificado de limpieza política, pero que esperará también a entregarlas a su vez a las autoridades hasta ver qué decide el Constitucional… Quien no se presente su solicitud se enfrenta a una sanción de hasta 10 años de inhabilitación en el cargo. (El País, Internacional, 30-03-07, pp. 8)

24.2.07

¡Tendrán que llegar virgenes a la noche de bodas, las profesoras!

El Constitucional avala el despido de docentes de religión por su vida privada. El recurso trataba del caso de una mujer que vivía con un hombre que no era su marido. (El País, 23/02/07, pp. 42)

Si los profesores de religión tienen que comportarse según el "ideario católico", los profesores de anarquismo tienen que practicar el amor libre ¡Hurra!

4.1.07

La Egalité más vale tarde que nunca

El "derecho a la vivienda", como el "derecho al trabajo", es reconocido por el ordenamiento legal francés desde 1946 pero hasta ahora era un derecho del que nadie era legalmente responsable. Según Villepin, "el Estado garantizaría ese derecho" pero pudiendo siempre "delegar la materialización de la responsabilidad en las colectividades territoriales que lo deseen"... Francia reconoce el derecho a exigir al Estado una vivienda ante los tribunales... Villepin promete que todos los franceses podrán acceder a un alojamiento digno en 2012. (El País, París - 04/01/2007, pp. 6)

Esto era lo que querían los jacobinos de la Revolución Francesa (y de las sucesivas). Derecho a comer, a un techo, a un trabajo, a un dinerillo, a unas luces... lo que hoy sería una RENTA BÁSICA, la que te permita sobrevivir.