Nunca las comunidades autónomas habían contado con tantos recursos: 234.000 millones de euros en 2025... Esta mejora continuará en 2026 gracias a las entregas a cuenta que aumentarán un 7%, por encima de la inflación prevista... Son buenas noticias pero las Comunidades Autónomas no quieren crear un parque público de viviendas, persisten las listas de espera sanitarias, la educación pública se deteriora y faltan viviendas asequibles... Entre los motivos están las privatizaciones promovidas por el PP (Carlos Martín Urriza)

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

1/7 Nunca las comunidades autónomas habían contado con tantos recursos: 234.000 millones de euros en 2025, 83.000 millones más que en 2018. Descontando la inflación sus ingresos han crecido un 25,4% y en terminos per cápita un 19% real frente al 15,8% de los 8 años anteriores

2/7 Esta mejora continuará en 2026 gracias a las entregas a cuenta que aumentarán un 7%, por encima de la inflación prevista, hasta alcanzar la cifra récord de 157.000 millones. Más financiación debería significar mejores servicios públicos.

 3/7 Estos mayores recursos son fruto de la política económica del gobierno que ha protegido el empleo, subido el SMI, impulsado los ERTE y los fondos europeos, y apostado por la inversión, innovación y energías renovables. Gracias a ello España es líder en crecimiento en Europa.

 4/7 Además, se trata de un crecimiento repartido: La renta media disponible de los hogares creció un 9,4% real entre 2018 y 2025 Se recortó el riesgo de pobreza y el nº de hogares que no llegan a fin de mes Las pensiones mínimas, las PNCs y el IMV han ganado poder de compra

 5/7 Son buenas noticias pero falta resolver: 

 - La insuficiente participación de los salarios en la productividad 

- Los márgenes abusivos de bancos, energéticas y grandes empresas de la alimentación 

 - La crisis de acceso a la vivienda 

- El deterioro de los servicios públicos

6/7 Porque a pesar del gran aumento de recursos en las CCAA: persisten las listas de espera sanitarias, la educación pública se deteriora y faltan viviendas asequibles Entre los motivos están las privatizaciones promovidas por el PP: que encarecen la prestación de los servicios

 7/7 En vivienda, las CCAA del PP no quieren crear un parque público de viviendas. Por el contrario, se dedicarn a vender las viviendas protegidas y rechazan aplicar la Ley de Vivienda sin ofrecer ninguna alternativa eficaz. Ni dejan hacer, ni hacen.

9:23 p. m. · 21 jun. 2026 ·656 Visualizaciones

"El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo" (Antonio Maestre)

 "(...) El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. (...)"

(Antonio Maestre, eldiario.es, 21/06/26) 

Alberto González Amador, el novio de Ayuso, en 2019 vivía con su familia en un piso de 90 m². Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para lujos. Entre 2020 y 2023 ingresó 8,1 millones de euros... La vida da muchas vueltas... De esos 8,1 millones en cuatro años, 4,7 los pagó Quirón Prevención. Los ingresos se disparan a partir de 2021. El año en que se conoce su noviazgo con Isabel Díaz Ayuso... Hay otros dos millones de euros que también tienen relación indirecta con Quirón. Son la comisión por la compraventa de mascarillas en 2020... En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención... La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo... Se explica muy fácil... Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020... un mes después, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL... así Camino se quita de en medio. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria... en diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros... ¿Por qué? Este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino, para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones... Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación... Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino... los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. Casi el 10% de todo el gasto sanitario madrileño (Ignacio Escolar)

"La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del polimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico: casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar." 

(Ignacio Escolar, eldiario.es, 20/06/26, gráficos en el original)

La privatización tiene muy buena prensa, ¿Por qué será? Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y número tres del Gobierno de la Comunidad, y su amigo constructor cobraban una «mordida» de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha... Promovieron 19 centros en Madrid, donde la trama Púnica actuaba... el mismo Granados que señala a Esperanza Aguirre como responsable de la corrupción en la Púnica (Javier Chicote y SER)

"Francisco Granados y su socio, David Marjaliza , diseñaron el negocio perfecto para lucrarse mediante la construcción de colegios concertados. Según testigos y documentos presentes en la investigación de la trama Púnica, el exsecretario general del PP de Madrid y su amigo constructor cobraban una «mordida» de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha.

El pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro que se dedica a promover colegios concertados y luego venderlos a las cooperativas de profesores que los gestionarán. El dueño de esta empresa, Alfonso Ferrón del Río, está imputado por estos pagos. ABC ha intentado recabar su versión de los hechos pero no ha habido respuesta. En cuanto a Granados y Marjaliza, números uno y dos de la trama, están en prisión incondicional desde el estallido de la operación Púnica, el pasado 27 de octubre.

El esquema era siempre el mismo. Francisco Granados, que fue secretario general del PP de Madrid y número tres del Gobierno de la Comunidad usaba sus influencias políticas para que los ayuntamientos madrileños, entre ellos el que él mismo gobernó, Valdemoro, cedieran el suelo a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio para el municipio. Antes de la puesta en marcha, Alfedel aseguraba a los profesores -sus clientes- que el centro educativo iba a recibir el concierto por parte del Ejecutivo regional.

Por estos tratos de favor, Alfedel pagaba una comisión que oscilaba según las características del colegio. Lo habitual es que la cifra fuera más cercana a los 900.000 que a los 1,2 millones, según las fuentes consultadas por ABC. La comisión se enmascaraba mediante un contrato falso de consultoría entre Alfedel y una sociedad de David Marjaliza, número dos de la trama Púnica. De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba las comisiones, siempre presuntamente, a través de facturas falsas, pero con una apariencia legal. Así no había que manejar dinero negro. Alfedel ha promovido 20 centros, 19 de ellos donde la trama Púnica actuaba, la Comunidad de Madrid (18) y Cartagena.

Además, otra de las empresas de Marjaliza, la constructora Obrum, era la encargada de construir el colegio. El negocio, con la excusa de la educación, estaba en el suelo. La investigación trata de acreditar ahora cómo Marjaliza hacía llegar su parte a Granados, en metálico o, como apuntan las pesquisas de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, en especie: entregándole inmuebles, facilitándole plusvalías u otras prebendas.

Granados puso en marcha este mecanismo en su pueblo, Valdemoro, donde Alfedel ha construido nada más y nada menos que cuatro colegios, tres de ellos bajo el paraguas del exsecretario general del PP de Madrid. Granados fue alcalde del municipio madrileño entre 1999 y 2003. De hecho, según documentos de los que ha tenido conocimiento ABC, el propio Granados firma de su puño y letra, como alcalde de Valdemoro, la venta de las parcelas de uno de los colegios, Hélicon. El entonces regidor vendió el suelo público a Alfedel por medio millón de euros, un precio muy ventajoso teniendo en cuenta que estamos hablando de 27.000 metros cuadrados.

Los otros dos colegios concertados de Alfedel en Valdemoro -Nobelis y Valle del Miro- se promovieron después de que Granados dejara la alcaldía para convertirse en consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. No obstante, el político siguió controlado todo el negocio del suelo en Valdemoro. Su sucesor en 2003 e impulsor de Nobelis y Valle del Miro, José Miguel Moreno, amigo personal y subordinado de Granados, también está imputado en Púnica. El cuarto colegio que Alfedel promovió en Valdemoro es el Lagomar, aunque éste se impulsó en la etapa del PSOE, anterior a la llegada de Granados (1999). Curiosamente, la esposa de David Marjaliza es cooperativista de este centro educativo.

El responsable de la promoción de los colegios, Alfonso Ferrón del Río, apenas arriesgaba: tenía garantizado el suelo y el concierto y quien terminaba pagando por los terrenos y por la construcción era la cooperativa de profesores a la que trasladaba los contratos y que finalmente gestionaría el colegio. Alfedel solo era el intermediario, el conseguidor. Su página web deja muy claro en qué consiste su trabajo: «Alfedel se encarga de realizar todas las gestiones necesarias para la adquisición del terreno, la obtención de licencias municipales, la obtención de autorizaciones y la concesión de los conciertos educativos».

La empresa cobraba a los profesores alrededor de un siete por ciento del valor final del colegio, según revelan a este diario fuentes conocedoras del negocio. Teniendo en cuenta que cada colegio de Alfedel ha costado entre 15 y 30 millones de euros, la comisión de Alfonso Ferrón del Río ascendía hasta los 2,1 millones de euros, de los que alrededor de la mitad iban directamente a la sociedad consultora de David Marjaliza, amigo personal de Granados, a través de facturas ficticias.

En los contratos que Alfedel firmaba con las cooperativas de profesores, el constructor del colegio venía impuesto, Obrum, una de las principales sociedades investigadas en la trama Púnica. Así lo aseguran profesores consultados por ABC. Luego, la cooperativa se subrogaba a la hipoteca del colegio, además de poner dinero de su bolsillo. Los cooperativistas, alrededor de 80 en algunos colegios, aportan unos 50.000 euros cada uno para asumir los primeros gastos. Luego, año tras año, van pagando la hipoteca. (...)

Otro de los centros que promovió Alfedel está en Torrejón de Velasco (Madrid), cuyo alcalde, Gonzalo Cubas, fue arrestado en la operación Púnica. En este caso el ayuntamiento vendió la parcela también por un precio muy ventajoso: menos de 300.000 euros por 8.500 metros cuadrados de suelo público, según denuncia a ABC la portavoz socialista, Silvia Bonilla: «Fue un precio demasiado bajo para el valor que tenían en ese momento los terrenos».

El negocio de Granados, Marjaliza y Alfedel era tan redondo que ni siquiera había que corromper a los alcaldes: promover colegios concertados se presentaba como un valor para el municipio y una apuesta del PP.

Alfedel S.L. es el acrónimo de Alfonso Ferrón del Río, administrador y socio único de la empresa. Se define como un «profesional con amplia experiencia en el ámbito educativo y empresarial». Con sede en un chalet de Valdemoro, el municipio de Granados, Alfedel ha promovido 20 colegios concertados, 19 de ellos donde la red Púnica tenía influencia:18 en la Comunidad de Madrid, epicentro del caso, y uno en Cartagena, donde está una de las ramificaciones. Los madrileños se ubican en Valdemoro (4), Boadilla del Monte (2), Villanueva de la Cañada, Majadahonda, Aranjuez, Arganda del Rey, Paracuellos del Jarama, Pinto, San Martín de la Vega, Sevilla La Nueva, Villaverde, Alalpardo y dos municipios con alcaldes detenidos: Torrejón de Velasco y Parla. El único fuera del «área Púnica» está en Mallorca."

( javier chicote, ABC, 10/03/25)

 

"Granados señala a Esperanza Aguirre como responsable de la corrupción en la Púnica.

Más de una decada después el que fue consejero de Presidencia en tiempos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha declarado este miércoles como acusado en el caso Waiter Music, una pieza separada de la Púnica.

Se investigan contrataciones, supuestamente irregulares, de conciertos entre 2004 y 2014 para las fiestas de municipios madrileños gobernados por el PP. En su declaración Granados ha señalado a la expresidenta Aguirre y a quien fue vicepresidente, Ignacio González, como los responsables de estar detrás de la trama de corrupción.

El periodista de Tribunales en Radio Madrid, Alfonso Ojea, explica los detalles de esta causa en este video.

 https://www.youtube.com/shorts/YuGchwJ3YPI

(SER, 21/05/26) 

La repentina aparición en España de numerosas universidades privadas está directamente vinculada con los esfuerzos de la Fundación Heritage en todo el mundo y muy especialmente en algunos países europeos como España para atraer a jóvenes a circuitos cerrados de conocimiento, en los que se combate, como en una auténtica guerra, el pensamiento liberal. Las universidades privadas a las que prestan ayuda pueden estar vinculadas a otros centros, como Colegios de Abogados, o think tanks antiliberales, y procuran ofrecer rápidas salidas profesionales a sus estudiantes. Es frecuente que esas universidades tengan acuerdos con empresas para facilitar las prácticas. Por ejemplo, compañías como Deloitte, Atresmedia, Repsol o Cuatrecasas suelen participar en este tipo de acuerdos... Su objetivo es acabar con el Estado liberal, algo que creen a su alcance si establecen tres o cuatro objetivos inmediatos. Opinan que los grupos liberales están siendo incapaces de defender su ideología, paralizados por la virulencia del ataque que reciben (Soledad Gallego-Díaz)

 "El próximo 11 de marzo la Fundación Heritage, uno de los principales centros estadounidenses de difusión y apoyo a las teorías y prácticas ultraconservadoras, organizará un debate sobre inmigración con tres invitados estadounidenses, un senador y dos especialistas en seguridad fronteriza, dirigido especialmente a España. Es solo una de las actividades que organiza la fundación, especialmente en América Latina y Europa. Hace pocos días, por ejemplo, la Red Política por los Valores (PNfV, por sus siglas inglesas) celebró en Bruselas una reunión a la que asistieron, entre otros, el presidente electo de Chile. Su objetivo es expandir la agenda de extrema derecha del movimiento Make America Great Again (MAGA) y para ello cuenta con fuertes apoyos económicos y una decidida y pública voluntad de acción.

La PNfV se define como “una plataforma global de representantes y líderes políticos de todo el mundo que promueven y defienden activamente los valores de la familia, la vida y la libertad”. En la práctica, la red despliega, sobre todo, una política de miedo al feminismo, que creen esencial para avanzar en un ataque más amplio contra los principios básicos de las democracias liberales en todo el mundo, explica la web Politico.

En la reunión de Bruselas habló Alvino-Mario Fantini, director de la revista European Conservative, una publicación húngara con oficinas en Bruselas, Viena y Roma y muy relacionada con la Fundación Heritage. Fantini dejó claro en qué consiste su trabajo: desafiar a las élites progresistas y construir instituciones paralelas. Escuelas. Sí, universidades privadas. “Necesitamos universidades alternativas”. Fantini pidió “hacer el trabajo necesario para salvar la cultura del Occidente judeocristiano”. Y por “trabajo necesario” se refería a una actividad incesante en América y Europa para desautorizar el pensamiento liberal. A la Fundación Heritage y a PNfV no les preocupan los pequeños grupos de extrema izquierda. Su objetivo es acabar con el Estado liberal, algo que creen a su alcance si establecen tres o cuatro objetivos inmediatos. Opinan que los grupos liberales están siendo incapaces de defender su ideología, paralizados por la virulencia del ataque que reciben. Por eso, piensan, hay que aprovechar el momento y actuar con todas las armas a su alcance. Por ejemplo, están decididos a aplicar los blockchain (mecanismos de registro digital que se usan para las criptomonedas) para crear sistemas de almacenamiento anónimos, transacciones privadas y para compartir información. “Necesitamos mecanismos de votación basados en blockchain, que también puede usarse para hacer movilización política sin ser vigilados”, explicó Fantini.

La repentina aparición en España de numerosas universidades privadas está directamente vinculada con los esfuerzos de la Fundación Heritage en todo el mundo y muy especialmente en algunos países europeos como España para atraer a jóvenes a circuitos cerrados de conocimiento, en los que se combate, como en una auténtica guerra, el pensamiento liberal. Las universidades privadas a las que prestan ayuda pueden estar vinculadas a otros centros, como Colegios de Abogados, o think tanks antiliberales, y procuran ofrecer rápidas salidas profesionales a sus estudiantes. Es frecuente que esas universidades tengan acuerdos con empresas para facilitar las prácticas. Por ejemplo, compañías como Deloitte, Atresmedia, Repsol o Cuatrecasas suelen participar en este tipo de acuerdos.

En octubre de 2025 había en España 50 universidades públicas y 46 privadas, pero el número de las privadas puede aumentar, sobre todo en comunidades autónomas como la madrileña, donde cuentan con la mirada favorable de las autoridades. Algunas de esas universidades privadas, tanto en España como en otros países europeos, están relacionadas con think tanks ultraconservadores. En Francia, por ejemplo, ha aparecido uno nuevo, denominado Western Arc, parecido a la Unión Británica por la Libertad de Expresión, y ambos recomendados por la Fundación Heritage para que reciban el respaldo del Departamento de Estado de EE UU. Western Arc no oculta sus objetivos inmediatos: “No somos un simple think tank. Somos una institución transatlántica dedicada al renacimiento civilizatorio, cultural y espiritual de Occidente: una identidad profundamente arraigada, la transmisión de lo sagrado y la belleza, y la verdadera soberanía de los individuos, las familias y las naciones. Inspirada en la profundidad europea (de Dante a Scruton) y la eficiencia estratégica estadounidense (Heritage, Claremont), la misión de Western Arc es resucitar el alma de Occidente frente al desarraigo tecnocrático y globalista”. Lo preside Nicolas Conquer, portavoz del Partido Republicano en Francia." 

(Soledad Gallego-Díaz , El País, 22/02/26) 

Lo que viene desde Argentina... Cuanto menor sea el salario en el coste de producción, mucho mejor. Sin que se vincule esto con la capacidad de consumo y, por tanto, con efectos sobre la demanda. Si las empresas ganan más, el objetivo se cubre, a pesar de los costes sociales... En tal aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores... Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público. El relativo control de la inflación se ha conseguido a partir de una contracción brutal de la demanda agregada, y una pérdida de la calidad de vida... ese modelo argentino en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos el de Madrid sería el más representativo... El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden (Carles Manera)

"   Uno de los paraísos del capitalismo en su estado extremo tiene su sede: Argentina. No es el único emplazamiento, pero sin duda constituye una muestra muy elocuente de este neocapitalismo, bautizado como anarcocapitalismo, en el que se critica la intervención del Estado en economía, pero se recurre a ese Estado para todo lo que se adscriba a negociaciones de carácter privado. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la administración Trump. El planteamiento económico de Javier Milei es claro: él ha manifestado reiteradamente su admiración por los economistas austríacos y por sus concepciones de la política económica, básicamente monetaria, si bien Milei no ha entendido nada de la visión que esos economistas tenían en relación con el ciclo económico. 

 

Lo que está desplegando Milei ofrece recordatorios de las tesis más acendradas de esa Escuela Austríaca en Economía y, en particular, de uno de sus principales próceres, Friedrich Hayek. En un estudio publicado en 1931 (Preciosyproducción, este es el título), Hayek seguía defendiendo los preceptos básicos del patrón-oro, cuyas reglas, aplicadas a una economía en depresión a raíz del crac de 1929, demostraban un fracaso estrepitoso. En ese contexto, la tesis de Hayek descansaba en no bajar los tipos de interés, toda vez que eso infería un mensaje engañoso al mercado, habida cuenta que las empresas podían alargar la estructura de la producción, pero sin ahorro efectivo. Éste, para el austríaco, solo proviene del ahorro real, mientras el crédito bancario excesivo va a conducir a ajustes bruscos y a crisis económicas. La intervención pública no se contempla, y debe ser un mercado sin cortapisas lo que facilite el crecimiento de la economía, bajo la única vigilancia de la autoridad monetaria. En tal sentido, no ha lugar a una inversión pública que pueda generar déficit público, al tiempo que se contempla el salario como un precio más con el que “jugar”.

            Ambos elementos derivados de los preceptos de Hayek, la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual. De hecho, el salario se convierte para Milei en un precio relativo más del sistema y se determina por la productividad marginal del trabajo. Este axioma, curiosamente, es siempre invocado; pero no cuando la productividad del trabajo es más elevada y los salarios se pretende mantenerlos estáticos: aplicando ese baremo, éstos deberían subir acorde a la productividad. 

Pero la regla no funciona siempre, y el componente político y de posición en la estructura productiva –la fuerza empresarial frente a la debilidad sindical, por ejemplo– es determinante. En esas coordenadas, la filosofía económica de Hayek se desliza hacia estas conclusiones: si los salarios son rígidos por la acción de los sindicatos y por la intervención estatal, el ajuste que debe imputarse a la economía se dificulta. Son cortapisas a una economía con la radicalidad del libre mercado en sus manifestaciones más extremas. La posibilidad política de limitar al máximo los costes laborales unitarios y, especialmente, los salarios, se viste con el planteamiento de avanzar en la competitividad empresarial. Cuanto menor sea el salario en el coste de producción, mucho mejor. Sin que se vincule esto con la capacidad de consumo y, por tanto, con efectos sobre la demanda. Si las empresas ganan más, el objetivo se cubre, a pesar de los costes sociales.

            En tal aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios, conforman un paquete de factores de carácter regresivo, con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas. Este es el modelo que un gran elenco de economistas neoliberales tiene en la cabeza, con la promesa de mejores desempeños económicos.

            Pero este tipo de política económica se puede aplicar de una manera efectiva si se vive en un régimen dictatorial, con censuras políticas, limitaciones de movimientos, laminación de la libertad de expresión y prohibición de sindicatos y partidos políticos. De hecho, muchas de las medidas adoptadas en el régimen del dictador chileno Augusto Pinochet por parte de economistas formados bajo la tutela de Milton Friedman, se inspiraron en la obra de Hayek que hemos citado, junto a la más filosófica Camino de servidumbre. Milei trata de seguir esa senda, que proporcionó para Chile datos macroeconómicos transitoriamente positivos, con un elevadísimo coste social y una represión terrible. El gobierno de Milei puede tener problemas para hacer efectivas esas líneas de actuación, si tenemos en cuenta las protestas callejeras que ya se están generando. Veremos las respuestas sindicales. Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público. El relativo control de la inflación se ha conseguido a partir de una contracción brutal de la demanda agregada, y una pérdida de la calidad de vida.

            La base de ese modelo argentino, que en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos –el de Madrid sería el más representativo–, promueve la destrucción gradual pero inexorable de la economía pública, la privatización de los servicios esenciales –sanidad y educación– y el apoyo a las iniciativas privadas con capital público que se detrae de asignaciones presupuestarias que deberían canalizarse hacia hospitales, universidades, escuelas y servicios sociales. Todo invocando la libertad. 

El Estado –fijémonos de nuevo en Argentina– es abyecto; pero ese Estado se pliega a las instituciones económicas internacionales –y en gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos– para poder subsistir. Las premisas del mercado libre, sin ataduras, solo sirven para una sociedad general a la que se dice defender; el Estado, por el contrario, es útil para esos mismos dirigentes si tras sus puertas se hallan contratos, subvenciones y descargas fiscales. Sería muy positivo que la población supiera qué se esconde tras soflamas como el enaltecimiento de una libertad sin que se cualifique, o sobre encendidas diatribas a favor de una patria cuyo contenido real debe rellenarse, más allá de las banderas u otros utensilios. El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden."                                (carlesmanera , blog, 20/02/26)  

Ayuso se queda sin su Rasputín y sus locos seguidores... fue engatusada por un gurú con barba y actitud excéntrica al que entregó el control de la Consejería de Educación... Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú y líder del clan de los 'Pocholos', unos jóvenes sobradamente mal preparados y sometidos a sus enseñanzas, muy dados a la la cultura del esfuerzo y la meritocracia, y por lo tanto, incapaces de entregar la Ley de educación en los plazos marcados... o sea, un grupo de pijos sin ningún conocimiento especializado en las materias de sus competencias (Iñigo Sáenz de Ugarte)

 "El PP afronta la realidad de que la líder infalible que nunca se equivoca y el mejor ariete contra el sanchismo fue engatusada por un gurú con barba y actitud excéntrica al que entregó el control de la Consejería de Educación

El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'

Hay que ver lo mucho que le gusta a Isabel Díaz Ayuso la cultura del esfuerzo y la meritocracia. Hasta se lamentó en público por la situación de los jóvenes, porque “lo tienen todo” y “les falta cultura del esfuerzo, que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones”. Será por eso que había colocado al frente de la Consejería madrileña de Educación a unos jóvenes sobradamente mal preparados y sometidos a las enseñanzas de un extravagante gurú con el fin de reorganizar el sistema educativo de la comunidad.

De entre todas las historias inimaginables que rodean a la presidenta de Madrid, no hay ninguna más delirante que la conocida esta semana. Ha quedado patente que la Consejería era incapaz de sacar adelante una polémica ley de universidades que contaba con la oposición de los rectores, asfixiados por la falta de recursos económicos. Después de retrasar la decisión durante meses, Díaz Ayuso se ha visto obligada a reconocer el fracaso y destituir a su consejero, Emilio Viciana –su primer cese en el Gobierno desde que llegó al poder en 2019–, lo que ha provocado varias dimisiones en su equipo. Todos ellos formaban parte del llamado Clan de los Pocholos. A pesar del nombre, no era una banda delictiva, sino un grupo de pijos sin ningún conocimiento especializado en las materias de sus competencias.

“Quiero a los mejores para Madrid. No tienen por qué ser solo del Partido Popular”, decía en 2021 sobre el Gobierno que quería formar. No se le ocurrió otra cosa tiempo después que subcontratar la política de educación a un escritor y director de teatro llamado Antonio Castillo Algarra. Decir que su figura estaba rodeada de misterio es quedarse muy corto. Pasaba por ser una especie de gurú personal de la presidenta a la que alimentaba con ideas para sus discursos relacionados con la cultura o la historia de España. No fue hasta noviembre de 2025 cuando un artículo de El País desveló su influencia en la política de Ayuso que esta había mantenido en secreto.

Su relación se remonta a varios años atrás. “Conocí a Isabel Díaz Ayuso por casualidad –dijo en una entrevista–, cuando ella era una chica que formaba parte del equipo de Cristina Cifuentes (que fue presidenta hasta 2018). Yo me puse a despotricarle sobre la cultura del PP y ella, muy atenta, me escuchó y puso mucho interés. Nos hicimos amigos”. Existe una foto de ambos publicada en el Instagram de Castillo y hecha en el Día de la Constitución de 2019.

A través de una academia de preparación de oposiciones y una compañía teatral, Castillo formó una red de acólitos –que algunos llaman ahora “secta” en el PP– de la que salieron varios de los peones instalados en la Consejería de Educación. Son tres diputados y dos directores generales que ahora han cogido la puerta de salida en solidaridad con el consejero cesado. Quizá haya sido por órdenes directas de Castillo. Eso revela que Ayuso aceptó incluir en sus listas electorales a varios de los nombres que le propuso él, un ejemplo evidente de su capacidad de influencia en la líder del PP madrileño. Rasputín tenía mano hasta en las decisiones más sensibles de la zarina de Madrid.

En la entrevista citada, Castillo se presentaba como un diletante aficionado a varias disciplinas artísticas sin ser precisamente un genio en ninguna de ellas. A pesar de eso, convenció a Ayuso de que pusiera en marcha un Ballet de la Comunidad de Madrid y ella le obligó a ser uno de los tres codirectores, según su versión. Si le preguntaban si estaba en contra de la “especialización”, respondía: “No me gustan las barreras, cuando se habla, por ejemplo de teatro, hasta se diferencia si es teatro de texto, teatro gestual… cuando es algo que debe tratar de ser todo uno. Huyo del concepto de hiperprofesionalización e hiperespecialización, algo a lo que denomino el bárbaro especialista”.

Lo malo es que sus seguidores también desdeñaban a los bárbaros que redactan las leyes. El consejero Viciana se saltó los plazos marcados para sacar adelante la ley. Llevaban arrastrando el tema en silencio desde hace un año, aunque ahora en el PP reconocen que el texto estaba mal redactado y contenía fragmentos con un claro sesgo político e impropios de un proyecto de ley. En junio de 2025, Ayuso aún decía que “la nueva ley de universidades ayudará a promover centros libres, sin censura, sectarismo ni endogamia”. Para entonces, se supone que conocía su texto o principios generales."

( Iñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 19/02/26) 

El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden... la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual... en ese aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios... con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas. Este es el modelo que un gran elenco de economistas neoliberales tiene en la cabeza... Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público... ese modelo argentino en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos, el de Madrid sería el más representativo (Carles Manera)

 "Uno de los paraísos del capitalismo en su estado extremo tiene su sede: Argentina. No es el único emplazamiento, pero sin duda constituye una muestra muy elocuente de este neocapitalismo, bautizado como anarcocapitalismo, en el que se critica la intervención del Estado en economía, pero se recurre a ese Estado para todo lo que se adscriba a negociaciones de carácter privado. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la administración Trump. El planteamiento económico de Javier Milei es claro: él ha manifestado reiteradamente su admiración por los economistas austríacos y por sus concepciones de la política económica, básicamente monetaria, si bien Milei no ha entendido nada de la visión que esos economistas tenían en relación con el ciclo económico. Lo que está desplegando Milei ofrece recordatorios de las tesis más acendradas de esa Escuela Austríaca en Economía y, en particular, de uno de sus principales próceres, Friedrich Hayek. En un estudio publicado en 1931 (Precios y producción, este es el título), Hayek seguía defendiendo los preceptos básicos del patrón-oro, cuyas reglas, aplicadas a una economía en depresión a raíz del crac de 1929, demostraban un fracaso estrepitoso. En ese contexto, la tesis de Hayek descansaba en no bajar los tipos de interés, toda vez que eso infería un mensaje engañoso al mercado, habida cuenta que las empresas podían alargar la estructura de la producción, pero sin ahorro efectivo. Éste, para el austríaco, solo proviene del ahorro real, mientras el crédito bancario excesivo va a conducir a ajustes bruscos y a crisis económicas. La intervención pública no se contempla, y debe ser un mercado sin cortapisas lo que facilite el crecimiento de la economía, bajo la única vigilancia de la autoridad monetaria. En tal sentido, no ha lugar a una inversión pública que pueda generar déficit público, al tiempo que se contempla el salario como un precio más con el que “jugar”.

Ambos elementos derivados de los preceptos de Hayek, la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual. De hecho, el salario se convierte para Milei en un precio relativo más del sistema y se determina por la productividad marginal del trabajo. Este axioma, curiosamente, es siempre invocado; pero no cuando la productividad del trabajo es más elevada y los salarios se pretende mantenerlos estáticos: aplicando ese baremo, éstos deberían subir acorde a la productividad. Pero la regla no funciona siempre, y el componente político y de posición en la estructura productiva –la fuerza empresarial frente a la debilidad sindical, por ejemplo– es determinante. 

En esas coordenadas, la filosofía económica de Hayek se desliza hacia estas conclusiones: si los salarios son rígidos por la acción de los sindicatos y por la intervención estatal, el ajuste que debe imputarse a la economía se dificulta. Son cortapisas a una economía con la radicalidad del libre mercado en sus manifestaciones más extremas. La posibilidad política de limitar al máximo los costes laborales unitarios y, especialmente, los salarios, se viste con el planteamiento de avanzar en la competitividad empresarial. Cuanto menor sea el salario en el coste de producción, mucho mejor. Sin que se vincule esto con la capacidad de consumo y, por tanto, con efectos sobre la demanda. Si las empresas ganan más, el objetivo se cubre, a pesar de los costes sociales.

En tal aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios, conforman un paquete de factores de carácter regresivo, con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas. Este es el modelo que un gran elenco de economistas neoliberales tiene en la cabeza, con la promesa de mejores desempeños económicos.

Pero este tipo de política económica se puede aplicar de una manera efectiva si se vive en un régimen dictatorial, con censuras políticas, limitaciones de movimientos, laminación de la libertad de expresión y prohibición de sindicatos y partidos políticos. De hecho, muchas de las medidas adoptadas en el régimen del dictador chileno Augusto Pinochet por parte de economistas formados bajo la tutela de Milton Friedman, se inspiraron en la obra de Hayek que hemos citado, junto a la más filosófica Camino de servidumbre. Milei trata de seguir esa senda, que proporcionó para Chile datos macroeconómicos transitoriamente positivos, con un elevadísimo coste social y una represión terrible. 

El gobierno de Milei puede tener problemas para hacer efectivas esas líneas de actuación, si tenemos en cuenta las protestas callejeras que ya se están generando. Veremos las respuestas sindicales. Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público. El relativo control de la inflación se ha conseguido a partir de una contracción brutal de la demanda agregada, y una pérdida de la calidad de vida.

La base de ese modelo argentino, que en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos –el de Madrid sería el más representativo–, promueve la destrucción gradual pero inexorable de la economía pública, la privatización de los servicios esenciales –sanidad y educación– y el apoyo a las iniciativas privadas con capital público que se detrae de asignaciones presupuestarias que deberían canalizarse hacia hospitales, universidades, escuelas y servicios sociales. Todo invocando la libertad. El Estado –fijémonos de nuevo en Argentina– es abyecto; pero ese Estado se pliega a las instituciones económicas internacionales –y en gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos– para poder subsistir. 

Las premisas del mercado libre, sin ataduras, solo sirven para una sociedad general a la que se dice defender; el Estado, por el contrario, es útil para esos mismos dirigentes si tras sus puertas se hallan contratos, subvenciones y descargas fiscales. Sería muy positivo que la población supiera qué se esconde tras soflamas como el enaltecimiento de una libertad sin que se cualifique, o sobre encendidas diatribas a favor de una patria cuyo contenido real debe rellenarse, más allá de las banderas u otros utensilios. El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden."

(Carles Manera , Economistas frente a la crisis, 15/02/26)  

“O responsábel do desmantelamento do sistema sanitario é o diñeiro, a complicidade entre as multinacionais e a Xunta”... A principal demanda é denunciar que non é posíbel que a poboación teña que agardar 15 días ou case un mes para ser atendida nun centro de saúde. Iso é inaceptábel, ao igual que acontece coa xente que está enferma e está pendente dunha intervención quirurxica ou dunha consulta cun profesional especializado... Son listas de agarda falsas, son mentira, a realidade non é o que di a Xunta, senón que hai un 40% máis da poboación que está en espera de ser atendida... Máis de 40% dos ingresos dos hospitais privados proveñen do diñeiro público. Se os cartos públicos non fosen destinados aos centros privados, o cambio sería impresionante. Habería máis diñeiro para contratar máis persoal, para ampliar os centros, para aumentar o números de camas... agora todo o mundo é consciente da situación. Porque cando quere ir ao centro de saúde a unha cita co seu médico de familia o que se atopa é que non pode. A inmediatez que tiña antes a atención sanitaria desapareceu (Manuel Martín)

 "—Este domingo desde a plataforma SOS Sanidade Pública tedes convocada unha manifestación en defensa dun sistema sanitario de calidade na Galiza. Como enfrontades a mobilización? 

 Parece, por todo a información que estamos recollendo dos colectivos e das localidades, que vai ser unha gran mobilización. As plataformas locais están moi activas, en algúns casos están facendo feches nos centros de saúde como foi no Condado-A Paradanta ou en Seixo-Marín. Hai bastantes autobuses flotados e varios concellos fixeron declaracións ou ben aprobaron en pleno o apoio á manifestación. Ao igual que as Deputacións gobernadas pola esquerda.  

Pensamos que todo isto fará que haxa moita xente na manifestación, cousa que é lóxico dado que cada vez a poboación está máis danada polas políticas da Xunta da Galiza. Tendo graves problemas para ir aos centros de saúde, para acceder aos PAC, coas longas listas de agarda,... En fin, a situación é tan grave que a poboación vai responder o chamamento das organizacións que convocamos a mobilización.  

A dúbida máis importante vai ser o tempo. As borrascas, os temporais e a choiva fan pensar que a xente terá problemas para acudir. Mais agardamos que iso non aconteza e a que a xente veña porque estamos a defender un dereito tan importante como é a sanidade pública. A pesar da choiva, temos que facer chegar a Xunta da Galiza e a Consellaría de Sanidade que a cidadanía non está disposta a aturrar este desastre no que están a converter un sistema sanitario que funcionaba razoabelmente. 

—Falaba vostede dos problemas que hai no sistema sanitario público. Cales son as principais reclamación desde SOS Sanidade Pública? 

 A principal demanda é denunciar que non é posíbel que a poboación teña que agardar 15 días ou case un mes para ser atendida nun centro de saúde. Iso é inaceptábel, ao igual que acontece coa xente que está enferma e está pendente dunha intervención quirurxica ou dunha consulta cun profesional especializado.  

Son listas de agarda falsas, son mentira, a realidade non é o que di a Xunta, senón que hai un 40% máis da poboación que está en espera de ser atendida. Isto conforma un malestar moi grande e probabelmente sexa un dos principais problemas que temos na sanidade pública galega.  

Tamén hai outros problemas moi graves como é a derivación de pacientes en cantidades inxentes aos centros privados que están nas mans de multinacionais e empresas privadas, que son amigos e cómplices da Xunta.  

—Neste senso, desde a Plataforma teñen denunciado en varias ocasións o aumento dos fondos destinados á sanidade privada. Como afecta o sistema público a privatización sanitaria? 

 A culpa e o responsábel do desmantelamento do sistema sanitario é o diñeiro, a complicidade e a alianza entre as multinacionais e a administración sanitaria da Xunta da Galiza, gobernada polo PP. 

Máis de 40% dos ingresos dos hospitais privados proveñen do diñeiro público. Se os cartos públicos non fosen destinados aos centros privados, o cambio sería impresionante. Habería máis diñeiro para contratar máis persoal, para ampliar os centros, para aumentar o números de camas, as cales foron reducidas de maneira importante pola Administración do PP. Esta é unha parte importante do colapso das urxencias sanitarias.  

— Ao longo de 2025 agromaron moitas mobilización locais, tanto semanal como quincenalmente, para denunciar os recortes sanitarios nos centros de saúde dos concellos. Pensas que estas concentracións son unha mostra de que a sociedade galega é consciente do estado no que se atopa o sistema sanitario galego?

Antes tiñamos un problema para trasladar a opinión pública e a xente os problemas que había coas listas de agarda. As listas de agarda inflúen especialmente para as persoas que teñen doenzas e que precisan unha atención máis exixente do sistema sanitario. Porén, agora todo o mundo é consciente da situación. Porque cando quere ir ao centro de saúde a unha cita co seu médico de familia o que se atopa é que non pode. A inmediatez que tiña antes a atención sanitaria desapareceu.  " 

(Alba Regueiro , Nós, 01/02/26) 

2025, el año de los efectos de la privatización sanitaria... el Hospital público de Torrejón, pidiendo a trabajadores que rechacen pacientes para que cuadren las cuentas, ha servido para ver las consecuencias de la privatización sanitaria... “En el listado de pacientes por atender, junto a su nombre, aparecía un color. El color indicaba si era residente del área de salud o si venía de fuera. Me vinieron a decir que lo que nos interesaba era hacer más pruebas a las personas que estaban fuera de área”... Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio (Sara Plaza Casares)

"2025 acaba con una negativa del Partido Popular para crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, propuesta por la oposición, sobre los desmanes ocurridos dentro del Hospital público de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. El gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso se negaba a investigar semanas después de que El País revelara unos audios en los que se escuchaba al CEO de la empresa gestora, Pablo Gallart, pidiendo a varios jefes de servicio que priorizaran las ganancias por encima de la atención a pacientes cuyos tratamientos resultaban más costosos. En otras palabras, que rechazaran pacientes para ganar más dinero.

Audios que han levantado una polvareda y que han puesto en evidencia lo que muchas y muchos llevan tiempo denunciando: la privatización sanitaria va en detrimento de la calidad asistencial y así lo reflejan diversas investigaciones. Una revisión de la literatura publicada en The Lancet en 2024 encontró un aumento de la mortalidad evitable en aquellas regiones en las que se había pasado por una privatización de los servicios sanitarios. Además, un paper de 2021 publicado en Health Care Management Review, demuestra que los procesos de privatización conllevan una reducción de las plantillas que puede afectar a la calidad de la asistencia sanitaria.

Todo esto se daba en la sombra hasta que el escándalo de Torrejón saltaba a las portadas. Pero el modelo público privado lleva instaurado en el Estado español desde hace algunas décadas, concretamente desde 1999, cuando se creó el Hospital de la Ribera en Valencia, conocido como Hospital de Alzira y que bautizaba este modelo, en el que la administración cede un terreno y la empresa construye y gestiona el centro. La adjudicataria, Ribera Salud, ha gestionado varios hospitales públicos bajo esta fórmula y mantiene la gestión de dos: el Hospital Universitario de Torrejón y el Hospital de Vinalopó. En este tiempo ha perdido la gestión de cuatro hospitales de la Generalitat Valenciana: el que inauguraba la saga, el Hospital de la Ribera, además del Hospital Universitario de Torrevieja, el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud (Denia). Concesiones que tocaron a su fin y que empezaron a ser revertidas por el gobierno saliente del pacto del Botànic (PSOE- Compromís).

El modelo Alzira aterrizaba en la Comunidad de Madrid con fuerza de la mano de los gobiernos del PP de Esperanza Aguirre. El hospital de Torrejón, inaugurado en 2011, era el décimo que estrenaba la que era presidenta de la Comunidad de Madrid bajo el mantra de la colaboración público-privada.

Rosa—nombre ficticio— extrabajadora de este hospital explicó a El Salto diversas estrategias utilizadas por este hospital para ganar más dinero. Entró a trabajar en este centro en Urgencias en 2019. “En el listado de pacientes por atender, junto a su nombre, aparecía un color. El color indicaba si era residente del área de salud o si venía de fuera. Me vinieron a decir que lo que nos interesaba era hacer más pruebas a las personas que estaban fuera de área”, explica.

Vicente Losada, portavoz de la Auditaría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), calificaba las declaraciones del CEO de Torrejón como “esperables”. “A estas alturas de la película no creo que a nadie se le escape que la prioridad número uno de una empresa privada, que está gestionando un hospital, es la obtención de beneficio. En las declaraciones del CEO de Ribera Salud hay una coherencia máxima. Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio”, expresaba en un artículo para El Salto.

 

Una sanidad que camina hacia la privatización

Mientras, el modelo de privatización sanitaria, asentado sobre las conocidas como “colaboraciones público-privadas”, crece a pasos agigantados en todo el Estado. Según un estudio presentado por el Ministerio de Sanidad tras el escándalo de Torrejón, uno de cada tres hospitales de los que operan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) están en manos privadas y su número ha aumentado un 36,8 % en la última década: de 106 en 2011 a 145 en 2023. Además, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023.

En consecuencia, el gasto total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6 % entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 mil millones de euros y constituyendo la subida más importante de todo el sistema hospitalario en ese periodo.
La privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el último informe de FADSP Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades

Sin embargo, la privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el 11º Informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las Comunidades Autónomas Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades. El informe, que valora otros aspectos más allá de la colaboración público-privada, como la contratación de seguros privados o el gasto sanitario de bolsillo per cápita, y asigna una puntuación a cada comunidad, indica que otras como Andalucía o el País Valencià han incrementado sus puntos en un 30% desde 2019.

Desde FADSP valoran que el informe muestra una gran “desigualdad” entre autonomías, "lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural “ de evolución de los Sistemas Autonómicos de Salud sino que responde a políticas explicitas de privatización algunas de larga evolución, como Madrid, Cataluña o Baleares.

Este mismo informe indica que según los últimos datos disponibles España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30 % del total y hasta un 3 % del PIB, frente al 21 % y 2,2 % de la OCDE respectivamente.
Las derogaciones pendientes

Pero, ¿cómo hacer frente a la situación? Tras el escándalo de Torrejón la Ministra de Sanidad, Mónica García anunció una norma para “limitar” la colaboración público-privada. Una propuesta de norma, llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no es nueva: en mayo de 2024 salía a consulta pública una escueta ficha con un esbozo de su contenido.

La norma incluiría la derogación de la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la famosa Ley 15/1997, que abrió la puerta a la privatización de servicios y que fue refrendada en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el partido socialista), a excepción de IU y BNG.
 

Hoy se propone una nueva ley que debe ser más ambiciosa, tal y como explicaban expertas a El Salto. La norma no parte de la filosofía de acabar con la privatización sanitaria, sino de acotarla. Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, explicaba que si la ley no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio.

En 2026, la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud deberá aprobarse en el Consejo de Ministros. Tras esto tendrá que atravesar diferentes obstáculos en el Congreso, ante la complicada aritmética parlamentaria. Desde el Ministerio de Sanidad trasladan a El Salto que harán todo lo posible para que esta ley sea aprobada y lo sea en esta legislatura. Se dejarán la piel en ello. Veremos qué depara el próximo año."

(Sara Plaza Casares , El Salto, 31/12/25)

Sí, yo también tenía un seguro médico privado –hasta que me enfermé... un día un doctor jovencito me dijo lo peor que me han dicho en mi vida, que tenía ELA, y me dio una cita con un neurólogo en una clínica Quirón... y este señor neurólogo rápidamente me transfirió a su consulta en un hospital público de la capital. O sea: a la semana del diagnóstico de ELA, la sanidad privada dejó de atenderme, y durante estos tres o cuatro años la sanidad pública se ha ocupado de mí con un cuidado que nunca deja de maravillarme... Lo quiero contar porque, por desgracia, es exactamente lo mismo que le pasó a la gran mayoría de mis compañeros de enfermedad: en cuanto cada uno de ellos fue diagnosticado de ELA, su seguro médico lo mandó a la Seguridad Social, y adiós muy buenas... Y lo cuento como ejemplo de algo que todos sabemos aunque disimulemos: que la medicina privada española se deshace de ti cuando más la necesitas, que allí se acaba todo ese cuento de elegir. Ese debe ser el famoso concierto público-privado: el privado te cobra, el público te atiende... ya es momento de dejar de hacernos los tontos: quieren instalar una salud de primera para los ricos y una de segunda o tercera para los demás. Sería coherente: es lo que hacen con todo. ¿Seremos privados de nuestra sanidad? ¿O debo decir privatizados? ¿Nos privatizarán, nos privarán? Ahora argumentan que la sanidad privada cubre ese 30% que la pública no “alcanza” a cubrir. No alcanza porque las administraciones privatistas no le dan los presupuestos que necesitan. Sería fácil derivar los miles de millones que entregan a las empresas privadas hacia la mejora del servicio público y entonces esas privadas no tendrían siquiera la excusa de su supuesta necesidad (Martín Caparrós)

 "Sí, yo también tenía un seguro médico privado –hasta que me enfermé.

Somos tontos. Somos rematadamente tontos; pelotudos, dirían en mi otro pueblo. Tenemos algo que casi todo el mundo envidia y estamos intentando destruirlo. No, claro que no es el sol; todavía no inventamos la tecnología necesaria para eso. Y además el sol lo tiene cualquiera; esto, nosotros y muy pocos más.

Yo no lo sabía. Cuando llegué a España por última vez, hace doce años, estaba preocupado: tenía que conseguir un seguro médico porque venía de la Argentina, un país donde la sanidad pública —que era excelente 60 años atrás— fue sistemáticamente destruida por diversos gobiernos liberales privatistas y ahora solo atiende a los pobres, esa mitad de la población que no puede pagarse otra cosa y que por eso, según la lógica actual, recibe una atención decididamente inferior —y vive menos.

Así que, aprensivo de mí, pijo de mí, enseguida me busqué un seguro. Tras tentativas fracasadas, alguien me dijo que la Asociación de la Prensa de Madrid tenía uno bueno; pensé que podría afiliarme y disfrutar de él. Cuándo al fin logré que me inscribieran —no fue fácil, no tengo diploma de periodista así que no debo serlo—, me mandaron a ver a un médico para contarle mi historia clínica y le hablé de mi stent y mis juanetes; dos días después me llamaron para decirme que no iban a aceptarme porque tenía “condiciones preexistentes”.

A los 60 años es difícil no haber preexistido aunque sea un poco. Monté ligeramente en cólera y alguien de la APM me organizó una cita con un gerente de la empresa que me negaba el seguro. El señor, muy atildado, muy amable, cuarentón en escritorio sin papeles, decidió explicarme la cuestión y fue muy claro: mire, aquí en España la medicina pública es muy buena, entonces nosotros para tener clientes tenemos que cobrar barato porque, si cobráramos más, todos se quedarían en la pública. Así que nuestras cuotas son bajas, pero entonces no podemos darnos el lujo de tener enfermos muy enfermos; si nuestros socios estuvieran enfermos no nos cerrarían las cuentas. La explicación me pareció intachable —sobre todo desde el punto de vista de las ratas de puerto.

En público, sus explicaciones suenan más presentables, más caritativas. Pero hay una cuenta simple e innegable: la pública, cuando te da cualquier servicio, no necesita ganar plata; la privada, sí. O sea que cada acto de la privada le cuesta al paciente, directa o indirectamente, más caro que el mismo acto en la pública, porque hay que sumarle la ganancia de los dueños, su razón de ser. Para contrarrestar esta evidencia inventaron aquel viejo mito de que la empresa privada hace las cosas mejor que la administración pública. A veces las hace, a veces no. En cualquier caso, el mito es bobo: ¿no confiamos en el Estado para sacarnos las amígdalas pero sí para manejar nuestros misiles, nuestras centrales atómicas y todo lo demás? El mito es bobo, y todavía más bobo cuando se refiere a la sanidad pública española, cuyo único gran problema es que las empresas privadas —y sus políticos más privados aún— quieren destruirla.

(Ahora argumentan que la sanidad privada cubre ese 30% que la pública no “alcanza” a cubrir. No alcanza porque las administraciones privatistas no le dan los presupuestos que necesitan. Sería fácil derivar los miles de millones que entregan a las empresas privadas hacia la mejora del servicio público y entonces esas privadas no tendrían siquiera la excusa de su supuesta necesidad.)

Aquel gerente, al fin, aceptó negociar: me harían un seguro que excluiría cualquier consecuencia de mi stent. Podría enfermarme un poco, pero no del corazón; no lo hice. Sí tuve problemas menores, algún huesito roto, el dolor de una hernia no muy grave hasta que, en 2021, empecé a sentir una debilidad inexplicada. Fui a mi hospital privado de referencia y me tuvieron muchos meses llevándome de aquí para allá sin entender o animarse a entender que tenía la famosa ELA. Hasta que al fin un día un doctor jovencito me dijo lo peor que me han dicho en mi vida y me dio una cita con un neurólogo en una clínica Quirón de los suburbios y este señor neurólogo rápidamente me transfirió a su consulta en un hospital público de la capital.

O sea: a la semana del diagnóstico de ELA, la sanidad privada dejó de atenderme, y durante estos tres o cuatro años la sanidad pública se ha ocupado de mí con un cuidado que nunca deja de maravillarme. Los privados, en cambio, desde ese día desaparecieron. Deben haber quedado muy satisfechos de poder aplicar una vez más su mecanismo habitual: si no estás muy enfermo, yo te atiendo; si estás enfermo en serio, vete a que te recoja papá Estado.

Lo quiero contar porque, por desgracia, es exactamente lo mismo que le pasó a la gran mayoría de mis compañeros de enfermedad: en cuanto cada uno de ellos fue diagnosticado de ELA, su seguro médico lo mandó a la Seguridad Social, y adiós muy buenas.

Y lo cuento como ejemplo de algo que todos sabemos aunque disimulemos: que la medicina privada española se deshace de ti cuando más la necesitas, que allí se acaba todo ese cuento de elegir. Ese debe ser el famoso concierto público-privado: el privado te cobra, el público te atiende. Y el problema se complica: ahora mismo varios gobiernos regionales están degradando la sanidad pública, con menos presupuesto y menos atención, para que estas empresas ocupen su lugar. Así quieren cargarse el mejor patrimonio —el mejor patrimonio— que tenemos los españoles: la certeza de que, cuando llegue la necesidad, seremos atendidos y cuidados: que todos seremos atendidos y cuidados. La sanidad pública solía ser el principal —si no el único— principio igualitario serio que teníamos: a la hora de la hora, el rico y el pobre entraban al mismo quirófano. Hay pocos vínculos que cohesionen una sociedad tanto como ese, y muy pocos países lo mantienen; no entiendo la indiferencia de millones ante la posibilidad de perderlo.

La cuestión es muy clara y, por una vez, es realmente política –no como los insultos y tonterías que suelen decirse esos señores y señoras para que no pensemos en asuntos como este. Digo, realmente política: cada partido hace su tarea. El partido de derechas trabaja sin descanso para aumentar las ganancias de las grandes empresas, que para eso están los partidos de derechas. Mientras tanto, se supone que el partido de centroizquierda defienda a los ciudadanos del abuso de esas grandes. Para eso están, pero no es seguro que siempre suceda. Y ese es el problema: con frecuencia, la derecha hace lo que debe hacer y no lo dice mientras la izquierda dice lo que debe decir y no lo hace.

Por eso, también, la despreocupación, este desinterés con que miramos cómo nos lo roban. Es brutal: no me gustan las grandes trompetas pero estoy convencido de que la subsistencia de la sanidad y la educación públicas —con todas sus consecuencias— será el tema más importante que nuestra sociedad enfrentará en los próximos años. Por eso, supongo, ya es momento de dejar de hacernos los tontos: quieren instalar una salud de primera para los ricos y una de segunda o tercera para los demás. Sería coherente: es lo que hacen con todo. ¿Seremos privados de nuestra sanidad? ¿O debo decir privatizados? ¿Nos privatizarán, nos privarán? Costó mucha lucha mantener estos espacios fuera del modelo capitalista despiadado; sería terrible que los dejáramos apoderarse también de eso –y creo que, por una vez, depende de nosotros. Nosotros, a veces, puede ser una palabra fuerte.

Hijos e hijas, nietos y nietas y demás entenados nos miran desde allá, 2050. Con las brumas del tiempo, no se alcanza a ver si sus caras son de agradecimiento o de desprecio."

 (Martín Caparrós , El País, 18/12/25) 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha conseguido convertirse en centro universitario adcrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)... supone "la entrada de la privatización de los estudios de esta universidad"... habrá una nueva universidad dentro de la Complutense que ofrecerá la misma titulación pero a precios privados. "Habrá titulados en Derecho de primera y segunda categoría"... la alfombra roja se la ha puesto el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en pleno proceso contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que el ICAM ha ejercido como acusación popular... Pocos días antes de conocer la la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, el pasado 11 de noviembre, el gobierno madrileño aprobó la orden por la que se autoriza el Centro Universitario ICAM... La UCM solicitó en diciembre de 2023 la adscripción de este centro, las gestiones se han acelerado estos últimos meses, este acelerón coincide en el tiempo con la personación del ICAM en el proceso contra el ex Fiscal General del Estado por la filtración de datos personales del novio de la presidenta madrileña... Y ha sido ahora, en pleno noviembre, mientras se celebraba el juicio contra García Ortiz, cuando la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de este nuevo centro universitario con carácter privado, con precios que pueden cuadruplicar las tasas de estos estudios en la propia Complutense (Laura Gutiérrez)

 "El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha conseguido un hito en el mundo universitario español. Se ha convertido en el primer colegio profesional de nuestro país en conseguir la luz verde de una administración autonómica para poder convertirse en centro universitario. En este caso, la alfombra roja se la ha puesto el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en pleno proceso contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que el ICAM ha ejercido como acusación popular. Pocos días antes de conocer la la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, el pasado 11 de noviembre, el gobierno madrileño aprobó la orden por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario ICAM a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Un hito histórico", según el propio Colegio de Abogados madrileño, y todo un negocio ya que este nuevo centro universitario podrá impartir el grado de Derecho y tres másteres vinculados a la profesión con precios que pueden cuadruplicar las tasas de estos estudios en la propia Complutense.

La UCM solicitó en diciembre de 2023 la adscripción de este centro tras pasar por su consejo de gobierno un mes antes. Es decir, el procedimiento se inicia bajo el Real Decreto de 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades, que se ha modificado recientemente para endurecer los requisitos para la puesta en marcha de este tipo de centros. Bajo esta normativa, la Comunidad de Madrid es la única administración capacitada para poder aprobar este centro. Las gestiones se han acelerado estos últimos meses hasta su aprobación definitiva a mediados de noviembre. Este acelerón coincide en el tiempo con los movimientos que el ICAM ha dado en el proceso contra el ex Fiscal General del Estado por la filtración de datos personales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En abril de 2024, el ICAM anunció su personación como acusación popular en el proceso que se ha seguido en el Tribunal Supremo. Y ha sido ahora, en pleno noviembre, mientras se celebraba el juicio contra García Ortiz, cuando la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de este nuevo centro universitario con carácter privado. El juicio se celebró entre el 3 y el 13 de noviembre. El gobierno de Ayuso autorizó la adscripción el día 11 y se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 14, con el juicio ya terminado y solo 6 días antes de conocer el fallo del Alto Tribunal. El Colegio de Abogados de Madrid pidió que se condenara a García Ortiz a cuatro años de cárcel, tres años de inhabilitación y una multa de 81.000 euros.

Fuentes de la UCM consultadas por la SER aseguran que la Universidad no ha informado de manera oficial a la comunidad educativa de esta nueva adscripción, que supone, según estas mismas fuentes, "la entrada de la privatización de los estudios de esta universidad", inmersa estos días en una movilización masiva de profesores y estudiantes por la situación financiera de la que es la mayor universidad de España por número de alumnos. El impulso de un nuevo centro universitario adscrito a la UCM supondrá que habrá una nueva universidad dentro de la Complutense que ofrecerá la misma titulación pero a precios privados. "Habrá titulados en Derecho de primera y segunda categoría", apuntan estas fuentes. La oferta académica de ICAM Universidad la componen el Grado en Derecho y el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura, enseñanzas que están verificadas e implantadas en la universidad, y los planes de estudios del Máster Universitario en Derecho de la Construcción y el Máster Universitario en Reestructuraciones e Insolvencias, enseñanzas que actualmente no están verificadas. Una vez que el nuevo centro se inscriba en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, la Fundación Madrimasd, deberá evaluar estos planes. El nuevo centro necesitará una autorización de la Comunidad de Madrid para poder iniciar sus actividades. La previsión del ICAM es que los primeros títulos oficiales puedan empezar a ofrecerse en 2026.

Además, al frente del proyecto se encuentra Ricardo Alonso, catedrático de Derecho Administrativo y de la UE y exdecano de la Facultad de Derecho de la UCM."

(Laura Gutiérrez , SER, 27/11/25)

¿Qué significa el Estado de bienestar? Es el núcleo básico de las democracias europeas, el gran salto civilizatorio que las derechas quieren por todos los medios clausurar... así en las comunidades gobernadas por las derechas se está produciendo una escasez de medios dedicados a lo público, que trae causa en una insuficiente inversión en estos servicios sociales... pues los sectores sociales y económicos que son hegemónicos en los partidos de derechas no quieren asumir los tributos que son necesarios para mantener unos servicios públicos de alto nivel... así, nuestra presión tributaria está varios puntos por debajo de la media europea... cuando para disfrutar de unos servicios públicos como Dios manda el nivel de recaudación del Estado debe de rondar el 40% del producto interior bruto... Para qué les sirve a los trabajadores y trabajadoras que les suban los sueldos un 2% o 3% —que sin duda debe lograrse— si luego tienen que suscribir un seguro privado, que les cuesta más, con el fin de evitar una lista de espera insoportable, o tener que asumir gastos “extras” en la educación de sus hijos y no digamos ante la renta de los alquileres... aunque el Gobierno ha ha transferido a las comunidades autónomas la friolera cifra de 300.000 millones de euros más que en el pasado y sería interesante conocer a qué se han dedicado tan suculentos fondos... no hay nada más urgente que garantizar algunos de los que componen el Estado de bienestar, mutándolos de derechos meramente declarativos en fundamentales como pueden ser la sanidad, la vivienda o las pensiones, como ya ocurre con parte de la educación. Sería una contribución memorable a que nuestro Estado social no sea desguazado por aquellos que no creen en él... sin olvidar que el deterioro de los servicios sociales, al mismo tiempo que empuja el voto hacia la extrema derecha —pues esta lo liga con los supuestos abusos de los emigrantes—, acaba impulsando el sistema político hacia crecientes formas de autoritarismo Ahora que se habla tanto de blindar derechos no hay nada más urgente que garantizar algunos de los que componen el Estado de bienestar (Nicolás Sartorius)

 "1. No hay un hecho más grave hoy en España y Europa que el deterioro provocado y progresivo que se está produciendo en el Estado de bienestar o modelo social europeo. El escándalo en la sanidad andaluza por la falta de cribados ante los posibles cánceres de mama de miles de mujeres; las excesivas listas de espera por carencia de medios materiales y humanos en el conjunto de la sanidad pública; la falta de personal sanitario y la precariedad en sus condiciones de trabajo; el fenómeno acreditado de que en ciertas comunidades autónomas —en especial Madrid— avanza la privatización de la enseñanza, ahogando las finanzas de las universidades públicas, mientras surgen como setas los centros particulares, son algunos ejemplos de cómo se están deteriorando los derechos sociales recogidos en nuestra Constitución.

De otra parte, leemos y oímos las inquietantes declaraciones de políticos de la derecha poniendo en cuestión el derecho esencial de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, o el no menos fundamental a una vivienda digna, al oponerse a una intervención y/o regulación estatal en la materia. Todo lo anterior con la finalidad de propiciar el avance de la privatización y abrir camino al suculento negocio que se viene haciendo con las “derivaciones” y “concertaciones” a intereses particulares a costa del erario público. Este fenómeno empieza a estar presente en el conjunto de la UE cuando gobernantes de Alemania, Francia y otros países declaran abiertamente que el modelo social europeo es insostenible, mientras aceptan dedicar el 5% del PIB al rearme. Cuando en realidad lo insoportable es el grado de desigualdad al que hemos llegado y cómo las multinacionales y los multimillonarios no pagan conforme a su riqueza y renta.

2. Porque ¿qué significa el Estado de bienestar o social? En mi opinión, es el núcleo básico de las democracias europeas, el gran salto civilizatorio que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial y que las derechas quieren por todos los medios clausurar. Este contenido de derechos sociales, inexistente en otras latitudes, fue asumido por nuestra Constitución de 1978, una vez conquistada la democracia, cuando en el art. 1 dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Es decir, que además de garantizarse libertades civiles, se reconocen unos derechos sociales que si son erosionados se está corroyendo la propia democracia. Ahora bien, como consecuencia de la construcción de la España de las Autonomías, los elementos esenciales de este Estado de bienestar son competencia de las comunidades autónomas —la sanidad, la educación, etc.—.

Se trata de un modelo autonómico, que ha venido funcionando más o menos razonablemente hasta hace pocos años. Los problemas han surgido como consecuencia de un doble fenómeno que ha puesto en crisis el referido modelo. De un lado, las grandes calamidades que se han abatido sobre la sufrida España —crisis económicas, epidemias, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios— han desvelado que las CC AA no están en condiciones de hacerles frente, sobre todo ante la incompetencia, negligencia, falta de previsión y desfachatez demostrada en algunos casos y, muy especialmente por la Generalitat valenciana ante la dana que asoló dicho territorio. Catástrofes que me temo se repetirán en el futuro y que exigirán la intervención de un Estado más potente —¡qué habría pasado sin la Unidad Militar de Emergencias!— y una mejor cooperación, claramente federal, entre las instituciones involucradas. No obstante, lo más nefasto es la evolución de unas derechas que gobiernan en la mayoría de las CC AA y que no creen en el Estado de bienestar, en unos términos que garantice unos servicios públicos de excelencia y no una especie de “beneficencia” para menesterosos.

Lo cierto es que en las comunidades gobernadas por las derechas se está produciendo una escasez de medios dedicados a lo público, que trae causa en una insuficiente inversión en estos servicios sociales debido a la obsesión de los partidos conservadores por bajar los impuestos. Y es bastante evidente que, si los servicios públicos no son excelentes, la tendencia hacia lo privado irá en aumento, sobre todo para quien pueda pagárselo. ¿Y cuál es la raíz de esta cuestión? La respuesta es bastante sencilla, los sectores sociales y económicos que son hegemónicos en los partidos de derechas no quieren asumir los tributos que son necesarios para mantener unos servicios públicos de alto nivel. La prueba es que la única propuesta clara y sostenida del programa de la derecha es bajar impuestos, porque por lo visto vivimos en un “infierno fiscal”, cuando nuestra presión tributaria está varios puntos por debajo de la media europea. No sé si el personal sabe que para disfrutar de unos servicios públicos como Dios manda el nivel de recaudación del Estado debe de rondar el 40% del producto interior bruto, al tiempo que se administre, obviamente, con probidad y eficacia.

Lo penoso del caso no es solo que se perjudique a la mayoría ciudadana cuando se deterioran los servicios sociales, sino que además es una manera aviesa de reducir los salarios reales del conjunto de los trabajadores. Porque, como es conocido, el nivel de vida no depende sólo del sueldo o salario directo que se percibe, sino también del indirecto, en forma de prestaciones y servicios que se utilizan gratuitamente —la sanidad, la educación y otros—. Para qué les sirve a los trabajadores y trabajadoras que les suban los sueldos un 2% o 3% —que sin duda debe lograrse— si luego tienen que suscribir un seguro privado, que les cuesta más, con el fin de evitar una lista de espera insoportable, o tener que asumir gastos “extras” en la educación de sus hijos y no digamos ante la renta de los alquileres. Lo enigmático del asunto es que el Gobierno afirma que ha transferido a las comunidades autónomas la friolera cifra de 300.000 millones de euros más que en el pasado y sería interesante conocer a qué se han dedicado tan suculentos fondos, o es que se los han regalado a las CC AA para que hagan con ellos lo que les salga de los telenguendengues.

3. Ahora que se habla tanto de blindar derechos no habría nada más urgente que garantizar algunos de los que componen el Estado de bienestar, mutándolos de derechos meramente declarativos en fundamentales como pueden ser la sanidad, la vivienda o las pensiones, como ya ocurre con parte de la educación. Sería una contribución memorable a que nuestro Estado social no sea desguazado por aquellos que no creen en él, pues da la impresión de que el Gobierno no tiene instrumentos para evitar tal estropicio democrático. Sin olvidar, un efecto “colateral”, altamente nocivo, que consiste en que este deterioro de los servicios sociales, al mismo tiempo que empuja el voto hacia la extrema derecha —pues esta lo liga con los supuestos abusos de los emigrantes—, acaba impulsando el sistema político hacia crecientes formas de autoritarismo. Unas veces los llaman “iliberales”, otras “democracias autoritarias”, es decir Estados mínimos en la prestación de servicios públicos y máximos en las intervenciones represivas, en el fondo formas dictatoriales. Posible remedio: expandir la democracia en todas direcciones." 

(Nicolás Sartorius , El País, 13/11/25)

La privatización sale cara y empeora la vida de los trabajadores en España... Un ejemplo paradigmático es el de la sanidad pública. El gasto sanitario por habitante apenas ha mejorado en los últimos 15 años, mientras que los indicadores de atención al paciente han ido empeorando de forma paulatina en las últimas dos décadas... el coste para las arcas públicas de financiar el mismo tratamiento médico es hasta seis veces mayor en la concertada que en la pública. Por ejemplo, actuar sobre una hernia cuesta menos de 700 euros en la pública y casi 3.400 euros en la concertada. “Se trata de una ineficiencia del gasto público que conlleva un elevado coste de oportunidad porque ese exceso de dinero utilizado de manera ineficiente se detrae de prioridades sociales”... Las mayores listas de espera en la sanidad son una consecuencia de la privatización... por lo que se produce una clara exclusión de parte de la población del uso de servicios públicos... “Puede darse al demorar plazos en citas o pruebas -como ha quedado latente en el cribado del cáncer de mama en Andalucía- o excluir directamente a grupos sociales, con dramáticas consecuencias”... La ausencia o reducción de oferta pública en determinadas especialidades médicas, al tiempo que se impulsa la oferta privada en dichas especialidades, supone la exclusión de parte de la población del acceso a dichos servicios... ¿Todo ello redunda en el bolsillo de la ciudadanía? Sin duda alguna, se extiende el uso de seguros privados de salud entre la población ante el deterioro de lo público... la escasez de oferta pública de FP o de másteres universitarios excluye a muchas familias de estos servicios y les obliga a pagar más de su bolsillo o a endeudarse para acceder a la educación superior (CC. OO)

 "La privatización de los servicios sale cara a toda la sociedad, pero en especial a la clase trabajadora, porque incrementa incluso los gastos a los que se enfrentan hogares y familias. Así lo concluye un informe técnico de CCOO, centrado en las privatizaciones de bienes y servicios. La deriva privatizadora siempre conlleva un mayor coste público, deterioro en la calidad de los servicios, y aboca a la exclusión de parte de la población y un mayor coste para la ciudadanía.   

Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Discurso asegura, al respecto, que las privatizaciones “siempre salen caras, social y económicamente, como individuos y como sociedad: encarecen el servicio para las arcas públicas, porque empeoran la calidad de los servicios para los ciudadanos o porque excluyen a muchos ciudadanos de acceder a ellos”. En su opinión, “no son pocos los factores que empobrecen al común, perjudican la convivencia y empeorando la calidad de vida de todos y todas”.

Un ejemplo paradigmático de estas conclusiones es el de la sanidad pública. El gasto sanitario por habitante apenas ha mejorado en los últimos 15 años, mientras que los indicadores de atención al paciente han ido empeorando de forma paulatina en las últimas dos décadas.

Mayor coste para el erario público y para los hogares

El primer factor que se puede analizar es cómo se incrementa el coste público a la hora de proveer un servicio. Y es que el coste para las arcas públicas de financiar el mismo tratamiento médico es hasta seis veces mayor en la concertada que en la pública. Por ejemplo, actuar sobre una hernia cuesta menos de 700 euros en la pública y casi 3.400 euros en la concertada. “Se trata de una ineficiencia del gasto público que conlleva un elevado coste de oportunidad porque ese exceso de dinero utilizado de manera ineficiente se detrae de prioridades sociales”, explica Gutiérrez.

La acción privatizadora y enajenadora del común no ofrece mayor calidad del servicio. Las mayores listas de espera en la sanidad, en las que en la actualidad hay más gente y tienen que esperar casi el doble en el caso de las primeras consultas especializadas o de las intervenciones quirúrgicas no urgentes que hace dos décadas, son una consecuencia de la privatización.

Unido a lo anterior, se produce una clara exclusión de parte de la población del uso de servicios públicos. “Puede darse al demorar plazos en citas o pruebas -como ha quedado latente en el cribado del cáncer de mama en Andalucía- o excluir directamente a grupos sociales, con dramáticas consecuencias”, ejemplifica el responsable sindical. La ausencia o reducción de oferta pública en determinadas especialidades médicas o educativas, al tiempo que se impulsa la oferta privada en dichas especialidades, supone la exclusión de parte de la población del acceso a dichos servicios.

¿Todo ello redunda en el bolsillo de la ciudadanía? “Sin duda alguna”, responde Carlos Gutiérrez, “por ejemplo, la escasez de oferta pública de FP o de másteres universitarios excluye a muchas familias de estos servicios y les obliga a pagar más de su bolsillo o a endeudarse para acceder a la educación superior”.

Así, el gasto nominal por hogar afectado en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 € a 2.085 €, a la vez que se ha incrementado el número de hogares que cursan a este tipo de formación. “Igualmente, la privatización de los másteres incrementa el coste para cada hogar afectado en casi 1.600 €”, apunta. Además, se extiende el uso de seguros privados de salud entre la población ante el deterioro de lo público. Hoy en día uno de cada cuatro hogares tiene un seguro privado."                (CC. OO. 27/10/25)