"La lucha contra la inmigración se ha impuesto en la agenda de la mayoría de los Estados europeos, y parece haberse convertido en una evidencia que pocas voces cuestionan abiertamente. Si hay una "batalla cultural" que la extrema derecha está ganando, es esta: la idea de que la inmigración es un problema que hay que abordar, de manera más o menos humana según la tendencia política de cada quien. Sin embargo, nos parece esencial afirmar que la inmigración es un hecho positivo, que somos capaces de acoger a más personas y que debemos hacerlo. Lo que está ocurriendo actualmente en España demuestra que este proyecto es posible y que cuenta con el apoyo de toda una parte de la sociedad civil. Este reportaje de nuestro cronista Pablo Castaño, que vive en Barcelona, pone rostro a lo que demasiado a menudo se trata a distancia e ilustra el apasionante proceso de regularización, surgido en gran medida de una movilización popular y respaldado por una buena parte de la población.**
Walter lleva cinco años en España, sin permiso de residencia ni trabajo. Es colombiano, una de las tres principales nacionalidades de migrantes en el país, junto con personas originarias de Marruecos o Rumanía. Walter hace cola frente al Teatre Lliure de Barcelona, pero no para asistir a una obra: viene a buscar el certificado de vulnerabilidad, necesario para el procedimiento de regularización excepcional iniciado el 16 de abril mediante un decreto del gobierno de Pedro Sánchez. El café del teatro está gestionado por Mescladís, una de las asociaciones autorizadas para expedir este certificado. Esto lleva a cientos de personas a hacer cola en este tranquilo y verde barrio de Montjuïc, donde suelen convivir los visitantes de museos y auditorios, los turistas que visitan el castillo donde las tropas franquistas fusilaron al presidente de Cataluña en 1940 y, escondidos bajo los árboles de la colina, asentamientos de chabolas donde sobreviven con dificultades decenas de personas, muchos de ellos jóvenes migrantes.
La situación de Walter es diferente: ha logrado ganarse la vida encadenando durante años trabajos de limpieza, reparto de paquetes y en la construcción. Pero en condiciones inferiores a los mínimos legales y, en algunos casos, sin ser pagado: «Me he encontrado con diferentes personas con malas intenciones que se aprovechan de esta situación: al ver que hay gente sin papeles, los hacen trabajar y luego no quieren pagar el salario», cuenta, con una expresión más resignada que enfadada. Ya ha intentado regularizar su situación por la vía ordinaria, pero no lo ha conseguido porque «sin papeles no te dan un contrato, y sin contrato no te dan papeles». La normativa española sobre inmigración exige un precontrato de 30 horas semanales durante un mínimo de un año para obtener un permiso de residencia y trabajo por arraigo social. Una condición que excluye a cientos de miles de personas, condenadas a trabajos a tiempo parcial con salarios miserables.
La fundación Funcas estima que en 2025, 840.000 personas vivían en España en situación administrativa irregular, de las cuales 9 de cada 10 son originarias de países americanos. El gobierno estima que aproximadamente 500.000 se beneficiarán del procedimiento de regularización excepcional, aunque nadie se atreve a dar una cifra exacta. Una única certeza: tendrán derecho a un permiso de residencia y un permiso de trabajo todas las personas que vivían en España antes del 1 de enero de 2026 y que puedan justificar al menos cinco meses de residencia continuada en el país. En total, alrededor de 10 millones de personas nacidas en el extranjero residen en España, lo que supone el 20% de la población total.
**Una victoria de la movilización popular**
El actual procedimiento de regularización ha llamado la atención internacional en una Europa que va en dirección opuesta, la de poner palos en las ruedas a los trabajadores migrantes, aunque ello suponga engrosar la masa de trabajadores sin derechos. Pero el decreto adoptado el 14 de abril pasado por el gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Sumar no surge de la nada: es consecuencia de un largo proceso de movilización social iniciado en 2021 por Regularización Ya, una coalición de colectivos antirracistas y de migrantes a la que se han sumado hasta 900 movimientos y asociaciones de todo tipo.
«Durante el confinamiento de 2020, vimos claramente que las personas en situación administrativa irregular quedaban totalmente excluidas del paraguas social tan alabado por el gobierno», cuenta Redwan Baddouh, uno de los portavoces de Regularización Ya, en referencia a medidas como los mecanismos de reducción temporal de empleo para empresas afectadas por los confinamientos, que salvaron del desempleo a miles de trabajadores. «En ese contexto de pandemia, enviamos una carta al presidente del gobierno pidiendo la aprobación de una regularización excepcional. La carta nunca recibió respuesta.» Así comenzó un largo periplo de lucha en las calles y en los pasillos del parlamento, que duraría cinco años. Ante la falta de respuesta de Sánchez, la coalición presentó, con el apoyo de los partidos a la izquierda del PSOE, una proposición de ley a favor de la regularización, pero esta fue rechazada por el Partido Popular, Vox y el propio PSOE. España vivía entonces una auténtica crisis social a raíz de la pandemia, con una tasa de pobreza que alcanzó el 65% en 2021 entre la población migrante originaria de fuera de la Unión Europea.
Tras estos primeros reveses, la idea de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgió entre los movimientos de migrantes. Se trata de un mecanismo de participación directa previsto por la Constitución española de 1978, pero que rara vez ha prosperado debido al gran número de firmas necesarias y a que los grupos parlamentarios pueden simplemente rechazar la iniciativa mediante una votación. Regularización Ya debía afrontar un desafío adicional: «recoger medio millón de firmas de ciudadanos españoles, es decir, que los extranjeros con permiso de residencia no podían firmar, solo los ciudadanos españoles. No podíamos quedarnos en nuestras comunidades, había que ir a buscar las firmas de los blancos», relata Baddouh. Pero, en una época de ascenso de la extrema derecha y de creciente xenofobia en Europa, ¿se lograría hacer firmar a medio millón de españoles para regularizar a migrantes?
El 19 de febrero de 2022 se lanzó públicamente la recogida de firmas y, en diciembre de ese mismo año, Regularización Ya presentó en el Congreso de los Diputados más de 700.000 firmas, convirtiéndose así en una de las ILP con más apoyo en casi cinco décadas de democracia. «Hubo momentos en los que pensamos que no lo lograríamos. Pero lo conseguimos, e incluso superamos el objetivo, fue impresionante», recuerda Baddouh. «Fueron los colectivos de migrantes los que recorrieron las calles para pedir firmas. En Madrid, por ejemplo, las trabajadoras del hogar se implicaron mucho. En Barcelona, Top Manta» (un colectivo de vendedores ambulantes), subraya el activista, que también elogia a las cientos de organizaciones que apoyaron la iniciativa, así como a la Iglesia católica: «Hay que decirlo, se implicaron, tanto en la recogida de firmas como en las negociaciones con los grupos parlamentarios.»
Fernando Redondo, director del departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, afirma que «la Iglesia se sumó a partir de los valores del Evangelio, del principio del bien común y de la dignidad de las personas. Durante la pandemia, muchos de los que seguían cultivando los campos y cuidando a los mayores eran migrantes». El portavoz católico confirma que «la Iglesia empujó al PP a aceptar que esta iniciativa entrara en el Parlamento». En abril de 2024, todos los grupos parlamentarios excepto Vox votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa, prueba de la fuerza social adquirida por el movimiento. El año anterior, el partido de extrema derecha había obtenido el 12% de los votos en las elecciones generales, convirtiéndose en el tercer grupo parlamentario del Congreso, y la xenofobia había entrado de lleno en el debate político español.
Pero, con la toma en consideración, comenzó otro calvario parlamentario. La falta de consenso en un parlamento fragmentado bloqueó la iniciativa durante más de un año. «El PSOE nunca apoyó la ILP», precisa Baddouh. «Decían que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo no permitía una regularización excepcional, pero era una excusa barata; consultamos a la Comisaria de Asuntos Interiores y nos respondió que era competencia de cada Estado miembro.» Por su parte, el PP y Junts (partido catalán de centro-derecha) habían votado a favor de la toma en consideración pero se negaban a transformar la iniciativa en ley, a pesar del apoyo a la regularización de la Iglesia y de la patronal. Finalmente, en enero de 2026, Podemos anunció un acuerdo con el gobierno para aprobar la regularización por decreto. «Un gol marcado desde el medio campo», en palabras de Vicky Canalla, otra portavoz de Regularización Ya.
Y una esperanza para trabajadores como Arturo, que también está realizando los trámites para la regularización. Peruano, trabajaba para un concesionario de automóviles en su país, pero en Barcelona ha trabajado como repartidor con una furgoneta. «Las jornadas laborales eran de doce, quince horas... El viernes me dijeron que ya no había trabajo y me quedé sin empleo», lamenta. De la regularización espera «un apoyo para vivir tranquilo, tener un trabajo y no pensar que un día me digan "no"... Tener derechos».
**Un procedimiento administrativo y ciudadano**
Arturo, que migró solo a Barcelona y sufrió un robo durante sus primeros meses en la ciudad, acudió a una de las oficinas del ayuntamiento para obtener el certificado de vulnerabilidad. En este soleado día de mayo, nadie hace cola frente a la Fira, un pabellón que suele albergar ferias comerciales y que hoy acoge a los funcionarios municipales encargados de tramitar los certificados. Nada que ver con las primeras semanas del procedimiento, donde se formaron larguísimas colas alrededor de los puntos de tramitación de solicitudes.
El ayuntamiento de Barcelona ha atendido a más de 27.000 personas durante el primer mes, según los datos facilitados por la directora de Derechos Sociales, Marta Clari, quien destaca que el municipio creó en enero «un grupo técnico para preparar el dispositivo». Ante la diversidad de origen de los solicitantes —un cuarto de los residentes en Barcelona es de origen extranjero, más de 180 nacionalidades conviven en la ciudad—, el ayuntamiento facilitó fichas informativas en 6 idiomas diferentes, pero la barrera del idioma sigue siendo muy visible en la cola de la oficina municipal de Sant Miquel, en el centro de la ciudad, donde algunos solicitantes no hablan ni español ni catalán. Los solicitantes, algunos de los cuales esperan desde hace tres horas, miran con poco interés a los periodistas extranjeros que captan imágenes y testimonios de un proceso que ha llamado la atención de Europa.
A pesar de los esfuerzos descritos por la funcionaria del ayuntamiento, Xavier (nombre ficticio), trabajador del servicio municipal de acogida a inmigrantes, denuncia lentitud, improvisación y mala gestión a nivel municipal. «Los criterios cambian cada dos minutos, los servicios se han visto desbordados, entras en la página web y es imposible encontrar la información», denuncia, furioso por la falta de preparación y la mala planificación que atribuye al ayuntamiento. La directora reconoce que los primeros días «hubo muchas aglomeraciones de personas» frente a las oficinas municipales y «algunas personas pasaban la noche en el lugar». La imagen de cientos de personas durmiendo alrededor de las oficinas de la administración se repitió en toda España durante los primeros días tras la aprobación del decreto, que fija un plazo de solo dos meses y medio para presentar los documentos. «Las primeras semanas fueron un desbordamiento total», confirma Redwan Baddouh, de Regularización Ya, «la gente no sabía dónde obtener el certificado de vulnerabilidad, las asociaciones y los ayuntamientos tenían que coordinarse».
La decisión del gobierno español de exigir en el último momento un certificado de antecedentes penales no ayudó: su obtención depende de la diligencia de los gobiernos de los países de origen de los migrantes y de los consulados españoles en el extranjero. Los argelinos se cuentan entre los que han encontrado más dificultades, como cuenta Miriam, mientras hace cola frente a la oficina municipal de Sant Miquel. «Llevo tres años viviendo en Barcelona. Nosotros, los argelinos, tenemos muchos problemas con el certificado de antecedentes penales: hay que ir al tribunal, luego al Ministerio de Asuntos Exteriores, luego al consulado de España en Argelia», relata. Como no puede salir de España, ha tenido que hacer un poder a un familiar. A esto se añade la dificultad de obtener una cita en los consulados españoles en el país magrebí, un ejemplo del calvario que viven muchas personas para obtener el tan ansiado permiso de residencia y trabajo. Las vidas de Walter, Arturo y Miriam son muy diferentes, pero todos afirman haber tenido miedo de ser detenidos por la policía, un miedo que esperan dejar atrás muy pronto.
La regularización no ha sido solo un procedimiento administrativo, se ha convertido en un acontecimiento ciudadano. Miles de voluntarios han colaborado con diferentes asociaciones —51 solo en Barcelona— autorizadas por la administración para expedir los certificados de vulnerabilidad. Una de ellas es Tere, que colabora con Mescladís en la terraza del Teatre Lliure de Montjuïc, mientras que en el café contiguo un grupo de jóvenes migrantes recibe formación en hostelería y restauración. «Lo supe por Instagram y vine a una reunión. Creo que la mejor manera de usar mi tiempo es ayudar a la gente; no me parecía humano que se inventara un papel en el último momento y eso retrasara el procedimiento y causara angustia a gente que solo quiere trabajar y vivir su vida», cuenta durante una pausa de su servicio de cuatro horas, en el que recoge los datos de decenas de solicitantes y les entrega su certificado, sellado por la asociación.
Uno de ellos es Walter, que, tras hacer cola frente a la oficina municipal instalada cerca de la antigua plaza de toros Monumental, vio su solicitud rechazada porque no estaba empadronado en Barcelona. Supo por un amigo que Mescladís también los expedía, pidió cita y en pocos minutos salió con el último papel que le faltaba para hacer su solicitud. «En Bogotá, mi familia tenía un taller de costura; ahora me gustaría hacer un curso de electricidad», cuenta Walter, quien, como muchos otros solicitantes, ha decidido pagar a un abogado «para que sea seguro», aunque solo una tasa de 38 euros es obligatoria para hacer la solicitud.
Otra barrera que encuentran los inmigrantes en situación irregular: no disponen del certificado electrónico necesario para realizar el trámite en línea, por lo que los voluntarios también piden cita en su nombre. Las 700.000 firmas recogidas en menos de un año y la implicación de muchos ciudadanos españoles para facilitar la regularización del mayor número posible de trabajadores migrantes contrastan con la creciente presencia de la xenofobia en el debate público. Desde finales de la década de 1980, y sobre todo durante el boom inmobiliario de principios de los 2000, se han aprobado en España siete regularizaciones excepcionales, algunas bajo gobiernos conservadores. Pero fue en una época en la que la inmigración estaba poco politizada, mientras que hoy las encuestas atribuyen un 17% de la intención de voto a Vox, que ha hecho del racismo su principal eje discursivo.
**Los impactos políticos y económicos de una regularización excepcional**
«La extrema derecha se posiciona frontalmente en contra de la regularización, vinculándola al concepto de prioridad nacional, importado de Francia», explica Guillermo Fernández, profesor en la universidad Carlos III especializado en extrema derecha. «Vox quiso hacer de la regularización un eje de confrontación tras algunos meses en los que estuvo en gran dificultad por su vínculo con Donald Trump», un personaje considerado una amenaza para la paz mundial por el 80% de los españoles, según una encuesta reciente. La extrema derecha ha lanzado dos rumores, según el investigador: «la idea de que los regularizados obtendrán automáticamente la nacionalidad y que la izquierda quiere reemplazar a la población española y constituir un nuevo electorado», explica, mientras que los recién regularizados no podrán votar en las elecciones generales ni autonómicas y el proceso de obtención de la nacionalidad es mucho más largo y complejo.
Pero la regularización también le ha servido a Pedro Sánchez «para generar un debate internacional y seguir posicionándose como el modelo de la izquierda europea», considera Fernández. Un beneficio político que contrasta con el papel que ha desempeñado su partido, según Regularización Ya. «Si hubiera dependido solo del Partido Socialista, esta regularización no se habría producido», sentencia su portavoz, Redwan Baddouh, que también critica que «los sindicatos mayoritarios no se implicaron en esta ILP; ni en la recogida de firmas, ni en la exigencia de su adopción cuando estaba en el Congreso. Se aprobó gracias al trabajo de influencia política que hicimos desde los movimientos sociales». El activista hace un paralelismo con el feminismo para argumentar el impacto político que puede tener la regularización, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha: «No hay ninguna lógica en decir que no hay que dar derechos a las mujeres porque eso alimentaría a la extrema derecha. Las personas migrantes están totalmente expuestas; cuantos más derechos tengamos, más tendrá que morderse la lengua la extrema derecha.»
Lo que está claro es el impacto económico y social considerable que tendrá que más de medio millón de personas, que a menudo trabajan ilegalmente, obtengan un permiso de trabajo. Liliana Reyes, secretaria de migraciones del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña, defiende que «hay que permitir y garantizar el acceso al trabajo formal y a los derechos. Constatamos todo tipo de abusos cuando no tienen papeles, en sectores como la limpieza, la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y los cuidados». También exige «acelerar la homologación de títulos extranjeros», un obstáculo al que se enfrentan muchos trabajadores migrantes cualificados. Es el caso de Miriam, arquitecta argelina, que, tras obtener su permiso de trabajo, deberá iniciar el largo camino para homologar su título por la administración española. La sindicalista también reclama agilizar los procedimientos ordinarios de regularización, «que se realicen en los plazos previstos por el reglamento y que los recursos sean suficientes», y califica de «discutible» la exigencia de dos años de residencia antes de obtener el permiso de residencia y trabajo por arraigo social. Una huelga convocada por el sindicato en los servicios de atención a extranjeros al inicio del proceso de regularización provocó duras críticas por parte de Regularización Ya: «Pusieron palos en las ruedas», denuncia Baddouh.
Incluso la patronal ve con buenos ojos la regularización excepcional. Yessika Aguilar, directora de Relaciones Laborales de la patronal catalana Foment del Treball, afirma que «las empresas necesitan la migración como el agua que bebemos para mantener nuestra economía» y vincula «el fenómeno migratorio al desafío demográfico» que representa el envejecimiento de la población española. Aguilar espera que la regularización atenúe «la dificultad que tenemos para cubrir ciertos perfiles profesionales». Según el Servicio Público de Empleo, entre los sectores donde los empleadores tienen más dificultades para encontrar trabajadores se encuentran la construcción y la hostelería y restauración. Mientras que en la construcción los salarios son más altos que la media, la hostelería es uno de los sectores más precarizados de la economía española, con salarios bajos y contratos que generalmente no superan el año.
El Banco Central Europeo atribuye el 80% del crecimiento del PIB español entre 2019 y 2024 a la inmigración, lo que explica el apoyo generalizado de la patronal y los sindicatos a la regularización. Esto solo perjudica «a los explotadores», concluye la portavoz de Comisiones Obreras, que pide que, tras el procedimiento, «las empresas contraten en las condiciones previstas por el convenio colectivo de cada sector». Nada garantiza que todos los trabajadores que actualmente se ven obligados a trabajar sin contrato y en condiciones degradadas obtengan un contrato legal tras su regularización administrativa, porque España tiene una economía sumergida del 24%, la tercera tasa más alta de la Unión Europea. Pero, al menos, en unos meses, cientos de miles de personas dejarán de tener miedo a ser detenidas y expulsadas, tendrán derecho a entrar y salir libremente del país y podrán defender sus derechos desde la misma posición legal que el resto de trabajadores, no dos escalones por debajo."
(Pablo Castaño, FrustrAtion, 11/06/26, traducción Deeñ Seek, enlaces en el original)
