"De entre las mayores estafas de la transición española que siguió a la
muerte de Franco, parece que nadie quisiera abordar la que probablemente
reviste más gravedad:
la pervivencia sin alteración alguna al frente de
nuestra economía del mismo empresariado franquista, arcaico,
burocratizado, esclerótico y esclavista que dominó el país por regalía
del Estado durante décadas y que solamente había visto amenazados sus
privilegios en los turbulentos pero esperanzadores años de la Segunda
República.
Un empresariado parasitario, rentista en el peor sentido de
la palabra, compuesto por familias de ineptos y débiles mentales, al que
nadie, y menos que nadie los grandes sindicatos, ha pedido cuentas
nunca.(...)
Por el contrario, los grandes empresarios españoles se limitan a
contrataciones masivas de trabajadores sin derechos y con bajos salarios
en los días de prosperidad, para luego despedirlos también masivamente
cuando se precipita la crisis.
De modo que jamás invierten en mejoras
tecnológicas ni en empleo cualificado; pueden competir con los talleres
multitudinarios de esclavos del Tercer Mundo, pero jamás podrán hacerlo
con la moderna industria europea.
Su participación en sectores
tecnológicos más avanzados ha de basarse, significativamente, en la
subcontratación, sobre todo para cazar las correspondientes subvenciones
y desgravaciones fiscales.
Las empresas alemanas representan a
la moderna burguesía industrial centroeuropea en un mundo capitalista
en crisis, por supuesto. Pero es que nuestra tragedia estriba en no
haber alcanzado ni tal punto del desarrollo histórico; nosotros llamamos
empresarios a un estamento que concibe su función de liderazgo social
como la de señores feudales, o aún peor, porque ni siquiera asumen la
obligación de proteger a sus vasallos de enemigos exteriores.
Poco puedo decir yo de los empresarios alemanes; imagino que el profesor
Höhler sabrá de lo que habla. Pero sí podría ofrecer, quizá, testimonio
de cierto valor acerca de los empresarios españoles, con los que he
tenido que tratar a lo largo de más de veinte años de ejercicio como
funcionario de Hacienda (soy, efectivamente, un gastador de folios y
bolígrafos, según la representación del universo de Joan Rosell).
Mi experiencia, si es que posee algún valor, desmiente por completo la
imagen habitual de los gestores de las grandes empresas privadas como
águilas de las finanzas, incluso en la versión de ejecutivos despiadados
y manipuladores geniales. La ética, desde luego, no es una virtud que
uno vea florecer en demasía, pero tampoco el talento abunda.
Gordon
Gekko, el personaje de Michael Douglas en la película Wall Street , es
una figura diabólica y épica que despierta en nosotros en idéntica
proporción temor y reverencia, pero en nuestro país no se corresponde
con ningún tipo real. En nuestra realidad, su lugar lo ocupan vulgares
mamarrachos que basan su enriquecimiento en el tráfico de influencias
facilitado por políticos y funcionarios convenientemente sobornados.
Por supuesto, en este alto nivel, lo que llamo mi experiencia se limita
a los efectos de las decisiones empresariales. Los ejecutivos no
acostumbran a tratar personalmente con simples funcionarios gastadores
de folios y bolígrafos. Pero la cosa no mejora mucho si se desciende al
escalón de los abogados, los contables y los departamentos financieros,
salvo honrosas excepciones.
Desde el principio me pareció insólito el
escaso esmero que nuestras empresas privadas ponen en la organización de
sus cuentas. No es raro que, si uno desea conocer cómo se ha elaborado
el balance de una sociedad mercantil, tenga que acabar hablando por
teléfono con un administrativo o un auxiliar de la empresa porque el
director financiero o el jefe de contabilidad no saben responder a
preguntas concretas y elementales.
No es raro tampoco que las empresas
rehagan sus cuentas anuales varias veces, y tengan que depositar media
docena de modificaciones en el Registro Mercantil en apenas unos meses e
instar otras tantas rectificaciones completas de la declaración de
Impuesto sobre Sociedades.
Porque se ajustaron mal los desfases del Plan
General Contable de 2007, porque no se saben calcular las provisiones,
porque se ignora lo más básico del funcionamiento del IVA, porque se les
colaron dos milloncitos en una amortización, o contabilizan
invariablemente mal las primas que cobran los directivos, o porque,
simplemente, alguien de la empresa olvidó formalizar la solicitud de
devolución de medio millón de euros.
En la medida en que, salvo los
jóvenes becarios, uno va viendo desfilar por la oficina a los mismos
abogados y contables, es de esperar que, cuando la empresa pierda dinero
por las pifias de contabilidad, a quien se despida sea al auxiliar o al
administrativo.
Por semejantes meteduras de pata podría
abrirse expediente de responsabilidad patrimonial a cualquier
funcionario público y exigirle que pagara de su bolsillo el quebranto
económico que fuese consecuencia directa de sus errores. Claro que, en
la Administración Pública, igual que en la empresa privada, los
directivos suelen quedar a salvo de responsabilidad.
Y no es de
extrañar, por ello, el fenómeno de la llamada «puerta giratoria» entre
el sector público y el privado: para moverse con soltura a un lado y
otro de la puerta, si se dispone de la adecuada agenda de relaciones con
el poder, el grado de incompetencia es perfectamente homologable.
Ahora
bien, en la Administración Pública aún pervive un nivel mínimo de
solvencia técnica que desaparecerá tan pronto como, según los anhelos de
Joan Rosell, se consiga que los funcionarios no afectos al régimen sean
enviados a su casa, con o sin subsidio.
La ineptitud en la
contabilidad y la gestión fiscal de las empresas no es más que un caso
particular de la ineptitud generalizada. Los grandes empresarios
españoles constituyen una casta carente de responsabilidad; las
catastróficas consecuencias de su inutilidad las pagan con pérdidas de
derechos millones de trabajadores y trabajadoras que sí cumplen en su
abrumadora mayoría y de manera diligente la tarea que les compete, así
como casi todos los contribuyentes con su ruina. (...)
Son los empresarios los que no entienden la importancia del talento y
los culpables del subdesarrollo industrial español. Acerca de este
extremo, ha escrito con mayor conocimiento de causa que yo mi buen amigo
Manuel Martínez Llaneza («¿Empresarios o diazferranes? », Rebelión, 24
de febrero de 2011).
Como él, creo que Díaz-Ferrán, a quien los patronos
tuvieron al frente de su organización más representativa hasta el
final, es ni más ni menos que la expresión más fiel de lo que es, o lo
que se entiende que es, un empresario español. Cabe temer que lo que le
diferencie con muchos de sus colegas sea solamente que a él ya lo han
desenmascarado.
¿Recuerdan ustedes alguna propuesta de la CEOE,
una sola, de mejora en la organización de la producción industrial,
alguna idea para aprovechar mejor la capacidad de los equipos técnicos,
alguna reforma que no vaya de incrementar directamente su beneficio por
empobrecimiento de los trabajadores? De manera más general, ¿en qué
consiste en España la actividad empresarial exactamente?, ¿en conseguir
del Estado la posibilidad de pagar salarios más bajos, despedir más
barato, pagos de subvenciones y rebajas de impuestos y cotizaciones
sociales, amén del regalo de trozos del sector público a medida que
arruinan los sectores económicos que se les habían regalado antes?
Finalizado el franquismo, y aún en los últimos lustros de la dictadura,
las Administraciones públicas les cedieron miles de millones de
plusvalías en el sector inmobiliario, a costa del derecho a la vivienda
de millones de ciudadanos, a costa de la quema del territorio y la
destrucción del entorno natural y a despecho del artículo 47 de la
Constitución.
Hicieron reventar el sector inmobiliario y, con él,
dinamitaron la totalidad de la economía. Ahora exigen cobrarse la
suculenta pieza de la educación y la sanidad, sobre la que harán
barbecho si se les consiente.(...)
Entonces, ¿cuál es, en suma, la aportación del empresario: sólo
engordar su cuenta corriente y disfrutar de la compañía del rey en las
cacerías y de los ministros en los banquetes? Y si no hay ninguna
aportación del empresario, ¿por qué no prescindir de él?
Nosotros, la gente de a pie, sabemos que, aunque nuestros gobernantes no
lo crean cuando lo dicen en sus actos de propaganda, éste es un gran
país.
La inmensa mayoría de nuestros carpinteros hacen muy bien su
trabajo, igual que los fontaneros, los transportistas y los conductores
de autobús; tenemos a magníficos profesores y a los mejores médicos del
mundo, a investigadores de enorme prestigio y a entregados policías
municipales y bomberos. Somos millones de ciudadanos y ciudadanas
honrados y laboriosos dispuestos a poner nuestro saber y nuestro
esfuerzo al servicio de la prosperidad común.
La desdichada
rémora que nos paraliza es que hayamos confiado durante demasiado tiempo
el poder económico a aquellos pocos que, llamándose a sí mismos
empresarios, no saben hacer absolutamente nada. La esperanza estriba en
que cada día más gente se está percatando de la trampa." (
Ricardo Rodríguez,
Rebelión, 22/02/2013)
