Más de cien banqueros juzgados se han librado de la cárcel tras un rescate cuyo coste ya supera los 100.000 millones

 "El inminente cierre de la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, con la decisión de qué directivos se sientan en el banquillo por la ampliación de capital de 2016, marca un cambio de época justo cuando se cumplen doce años del anuncio del rescate bancario, mentado oficialmente por vez primera en un decreto del 4 de febrero de 2012, y casi quince de la primera intervención de una caja de ahorros, la de Castilla-La Mancha, en marzo de 2009 y tras fracasar su fusión con Unicaja.

¿En qué consiste ese cambio de época? Básicamente, en que, salvo que una eventual condena en el caso Popular acabara conllevando algún tipo de responsabilidad civil subsidiaria para el Estado, este habrá dejado de soportar los costes de recolocar el negocio de los bancos quebrados (para no dejar tirados a sus usuarios) y en que los directivos de estos perderán cualquier capacidad de enjuagar operaciones fraudulentas con dinero público antes de que Hacienda, el Banco de España o algún damnificado pueda hallar pruebas de ellas.

El primero de esos dos ámbitos, el de los costes del rescate para el erario público, sigue creciendo tras haber superado los 100.000 millones de euros como consecuencia del aparataje diseñado para afrontarlo por los gobiernos de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como ministro de Economía.

El otro, el de las responsabilidades penales de los directivos de las entidades financieras que fueron objeto de rescate y de reestructuración, está cerrado con un balance de algo más de un centenar de absoluciones, que se suman al centenar y medio de exoneraciones de imputados previas a los juicios orales, y apenas una veintena de condenas que en muchos casos permitieron a sus destinatarios eludir el ingreso en prisión.

Más de 200 investigados y solo veinte entre rejas

Tres de cada cuatro condenados a penas de prisión de más de dos años se concentran en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, en el que, no obstante, otros 48 fueron absueltos o se les asignaron penas inferiores al bienio, cuyo cumplimiento puede eludirse cuando se carece de antecedentes y no se reincide.

La principal condena firme de las black, un sistema de remuneración, o quizás de saqueo, por el que los miembros del consejo de administración disponían de una tarjeta de crédito con la que podían gastar lo que quisieran en lo que quisieran, recayó sobre el exministro popular Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión.

Su antecesor en la presidencia de la caja, Miguel Blesa, que había sido condenado a seis años de cárcel por la Audiencia de Madrid, se suicidó antes de que el Supremo se pronunciara sobre su recurso. Él y Rato encabezaban una lista de quince castigados con penas que conllevaban el ingreso en la cárcel.

El que fuera consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, fue objeto de varias sentencias condenatorias, una de ellas de tres años y ocho meses por causar un agujero millonario en la entidad.

A la cárcel por no devolver el dinero

También llegaron a ser encarcelados cinco miembros de la cúpula de NovaCaixaGalicia, tres de ellos condenados por prepararse un retiro millonario mientras pedían ayudas públicas para la entidad, otro por hacer la vista gorda y uno más por encargarse de la parte jurídica del fraude.

La Audiencia Nacional, que más tarde acabaría excarcelando al expresidente Julio Fernández Gayoso por su avanzada edad, les impuso sendas penas de dos años de prisión que no pudieron eludir por no haber desembolsado los 22 millones con los que deberían haber indemnizado a la entidad.

La devolución del dinero cobrado de más, 26,8 millones de euros en este caso, fue lo que permitió eludir la prisión a cuatro directivos de Caixa Penedés tras ser condenados a penas de hasta dos años de prisión.

Y lo mismo ocurrió, aunque con sendas multas de menos de 30.000 euros, con los expresidente y exdirector general de Caja Castilla-La Mancha, Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, y con dos directivos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Paralelamente, el Supremo revocaba las condenas de cuatro años de prisión que la Audiencia de Zaragoza había impuesto a cuatro directivos de la CAI, mientras que los 41 miembros de la cúpula de Caixa Catalunya juzgados, con el exministro Narcís Serra a la cabeza, como presuntos responsables de un agujero de 720 millones de euros eran exonerados en la Audiencia de Barcelona.

La mayoría de los casos sobre el hundimiento de las cajas de ahorro que llegaron a juicio acabaron con absoluciones para el conjunto de los acusados, como ocurrió en el de la ampliación de capital de Bankia previa a su quiebra, o con penas que no conllevaban el encarcelamiento.

La factura del rescate sigue creciendo tras superar los 100.000 millones

El reflote de esa entidad, que desde su intervención en mayo de 2012 ha quedado como paradigma del fiasco financiero en España, le costó al Estado 26.000 millones en números redondos, una cifra que suponía un tercio de los 73.000 en los que hace casi cinco años el Banco de España cifraba la cuantía del rescate bancario.

Esa cifra no ha sido actualizada oficialmente desde la nota del 20 de noviembre de 2019, aunque sí lo ha hecho el trabajo de algunos economistas como Carlos Sánchez Mato, que la sitúan en 100.194 millones de euros al cierre de 2022 y a la espera de que tanto la Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o banco malo  y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) presenten sus cuentas de 2023.

El grueso de esa cifra, 79.587 millones, corresponde a la capitalización de entidades (57.813) y a los esquemas de protección de activos (12.3157), a lo que se añaden 5.878 en créditos fiscales diferidos (DTA), la capitalización de la Sareb (2.192) y el coste de las preferentes de Caixa Catalunya y las cajas gallegas (1.387).

Completan el cuadro los 15.032 millones de pérdidas (3.411) y deterioro de activos (11.621) del banco malo, otros 1.505 en avales y garantías a distintas entidades financieras y 4.070 más en otros gastos asociados al rescate, una factura que a fecha de hoy proyecta más perspectivas de incremento que de merma.

"La Sareb perdió otros mi millones solo en el primer semestre del año pasado, con lo que la cifra actualizada va a ser superior", explica el economista, que destaca el incremento de más de 25.000 millones de euros que ha tenido el coste del rescate en cinco años.

También llama la atención sobre otro aspecto: "No hay en la Administración una web que ofrezca estos datos para que el ciudadano los tenga a su disposición. Llevan años soltando tinta como los calamares para que la gente no pueda conocer el coste real del rescate".

"Al principio no computaban las pérdidas iniciales de las Sareb porque decían que iba a ganar dinero. Y tampoco entraban las del Fondo de Garantía de Depósitos alegando que era una entidad privada cuando en realidad está dentro del perímetro de las administraciones", anota."                 (Eduardo Bayona, Público, 17/02/24)

Aún pagamos el rescate bancario... El once de diciembre es una fecha que no queremos recordar; es y será durante años un cumpleaños aciago. El estado español, especialmente los autónomos, trabajadores y pensionistas, los que más contribuyen proporcionalmente al erario público, tuvimos que abonar ese día 3.643 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)... la Unión Europea, ese año, facilitó una línea de crédito de 100 mil millones de euros para rescatar a la banca española. El Gobierno del PP utilizó unos 41.333 millones mientras vaciaba la hucha de la Seguridad Social e impulsaba los recortes más draconianos que se recuerdan... el Estado español ha devuelto al organismo comunitario 24.898 millones de euros, (60,2% del préstamo inicial)... debemos 16.400 millones de euros que se abonarán en cuatro pagos anuales. De no hacerlo la garantía ofrecida por el ejecutivo fueron las pensiones públicas... estaba al frente del gobierno Mariano Rajoy, siendo su ministro de Economía Luis de Guindos: los dos afirmaron por activa y por pasiva que el rescate bancario no le costaría ni un euro al erario público. En realidad la financiación de la deuda se hizo también en forma de recortes en pensiones, dependencia, sanidad y educación... el préstamo europeo se destinó a rescatar a Bankia, Catalunya Caixa, Nueva Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Caja 3 Liberbank…. Ninguna de estas entidades sobrevivió. Su supervivencia hubiera permitido devolver los créditos europeos. No era este el objetivo del rescate, se pretendía concentrar el capital en muy pocos bancos, controlados todos ellos por los grandes fondos de inversión internacionales. Han sido los auténticos beneficiarios del rescate (Eduardo Luque)

 "El once de diciembre es una fecha que no queremos recordar; es y será durante años un cumpleaños aciago. El estado español, especialmente los autónomos, trabajadores y pensionistas, los que más contribuyen proporcionalmente al erario público, tuvimos que abonar ese día 3.643 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este instrumento fue creado en 2012 para proporcionar ayuda financiera a los países de la zona euro en dificultas financieras.

Como recordaremos la Unión Europea, ese año, facilitó una línea de crédito de 100 mil millones de euros para rescatar a la banca española. El Gobierno del PP utilizó unos 41.333 millones mientras vaciaba la hucha de la Seguridad Social e impulsaba los recortes más draconianos que se recuerdan.

Fue el ex presidente Zapatero en 2011 quien abrió las puertas a los recortes al modificar, con el apoyo del PP y UPN, el artículo 135 de la Constitución por presiones de Alemania. El cambio constitucional obligó al gobierno a pagar primero las deudas antes que crear y ampliar el colchón social. El PP, cuando llegó al poder, sólo tuvo que seguir el camino iniciado por el PSOE.

Bajo esa premisa el Estado español ha devuelto al organismo comunitario 24.898 millones de euros, (60,2% del préstamo inicial). La cantidad prestada se recibió en dos partes, el Gobierno del PP recibió el 11 de diciembre del 2012 la cantidad de 39.468 millones y el 5 de febrero del 2013 otros 1.865 millones para reestructurar el sector financiero y salvar (que no se hizo) las cajas de ahorro quebradas.

Desgraciadamente aún no hemos acabado de pagar, debemos 16.400 millones de euros que se abonarán en cuatro pagos anuales. De no hacerlo la garantía ofrecida por el ejecutivo fueron las pensiones públicas. En 2027 acabaremos de pagar y comenzaremos a devolver los préstamos Next Generation. Una gran parte de ese dinero, como hemos señalado en múltiples ocasiones, no es a fondo perdido como se nos dijo, hay que devolverlo con intereses y comisiones. 

En 2012 estaba al frente del gobierno Mariano Rajoy, siendo su ministro de Economía Luis de Guindos: los dos afirmaron por activa y por pasiva que el rescate bancario no le costaría ni un euro al erario público. En realidad la financiación de la deuda se hizo también en forma de recortes en pensiones, dependencia, sanidad y educación. Mientras, y en un ejercicio de cinismo a los que nos habituó el expresidente afirmaba: “es un crédito a la banca que va a pagar la banca”. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría apuntaba:[1] “se hace con un objetivo, que no cueste un euro al contribuyente”; por su parte el ministro De Guindos repetía: “esto no cuesta nada a los contribuyentes españoles”. MENTÍAN.

Como recordaremos el préstamo europeo se destinó a rescatar a Bankia, Catalunya Caixa, Nueva Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Caja 3 Liberbank…. Ninguna de estas entidades sobrevivió. Su supervivencia hubiera permitido devolver los créditos europeos. No era este el objetivo del rescate, se pretendía concentrar el capital en muy pocos bancos, controlados todos ellos por los grandes fondos de inversión internacionales. Han sido los auténticos beneficiarios del rescate puesto que prácticamente todo corrió a cargo del erario público. Los fondos como BlackRocK o Vanguard se han posicionado con tal intensidad que hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son los que dirigen el sistema político y financiero en nuestro país.

Finalmente los grandes bancos adquirieron o absorvieron a bajo costo las instituciones en riesgo. El caso de la absorción de Bankia por la Caixa fue paradigmático. La Caixa se quedó con enormes activos inmobiliarios que ahora están revalorizándose. Su venta, sobre todo en las grandes urbes, genera unos dividendos extraordinarios a los que el gobierno de turno renunció a cobrar. El “gobierno progresista” no quiso construir una banca pública sobre la extinta Bankia. Nuestro país es de los pocos que no tienen banco público digno de ese nombre. Paradójicamente ministros que procedían de IU e incluso situados más a su izquierda callaron, desaparecieron y enmudecieron por el foro. El debate no era ese, estaba ocupado por el problema “Trans” y la cultura de la cancelación.

Pero todo esto no es suficiente para el capital transnacional. Era necesario limitar aún más el margen de maniobra de los gobiernos; así la Unión Europea decidió que se deben sumar como deuda pública los activos inmobiliarios de todas las cajas quebradas. Al desprenderse el Estado español de estos activos y haber asumido su rescate, la Unión Europea nos impone que sean considerados como déficit público. Como consecuencia la deuda pública crece. De ello se deriva una paradoja; la Unión Europea nos puede llegar a multar por un déficit excesivo siendo ella la responsable en parte del mismo. Para sumar un despropósito sobre otro, ahora se impone la vuelta al ajuste financiero del 3%. Es el argumento que utilizará la UE, si es que sobrevive a la crisis ucraniana, para promover nuevas políticas de ajuste.

Es sangrante observar cómo la mayor parte del dinero inyectado se ha perdido para siempre.  Como decíamos, uno de los casos más paradigmáticos fue  el de Bankia. El gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, hizo un regalo mayúsculo a la Caixa que pudo absorberlo a coste cero, al igual que había sucedido con otras entidades cuando gobernaba el PP. El rescate bancario bajo Rajoy nos había costado 32.610 millones. De ese dinero se dieron por perdidos (en palabras de Nadia Calviño, la ex ministra) 28.133 millones (el 86,2% del total). En este país estamos muy acostumbrados a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias.

La gran paradoja es el estruendoso silencio de la izquierda política y sindical. La lucha cainita y el relato electoral les ocupan todas las energías. Es por eso que nadie menciona el enorme desfalco a las clases trabajadoras y a los pensionistas que ha supuesto la “salvación” de la banca. Nadie, a la izquierda a la izquierda del PSOE, exige responsabilidades. Estamos huérfanos de alternativas. La izquierda, como lo definiría Domenico Losurdo, está ausente del debate social."                              ( Eduardo Luque , El Viejo Topo, 14/02/24)

El último revés judicial a la gestión económica del PP de Rajoy agrava el agujero millonario que dejó de herencia... El Estado perdió 50.000 millones en el rescate a la banca de 2012, tuvo que engordar su deuda otros 35.000 en 2022 tras el fiasco de la Sareb, ha tenido que pagar sanciones, devolver el canon de las eléctricas y ahora tendrá que restituir las subidas de impuestos a las empresas que las reclamasen... una primera aproximación apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, aproximadamente, un 0,5% del PIB

 "El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas. Este jueves, el Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado): limitar las deducciones de las grandes empresas.

La cantidad total que tendrá que restituir el nuevo de Gobierno de coalición a las compañías que reclamasen estas subidas de impuestos, según lo prevé la sentencia del Tribunal Constitucional, se desconoce. “Tenemos que analizar la resolución”, aseguran fuentes del actual Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero una primera aproximación, si se asume que todas las empresas han reclamado, apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, si se atiende a los 1.000 millones que Hacienda reconoció que se ingresaron extraordinariamente con el Impuesto de Sociedades en 2016, y se multiplica por los 7 años que ha estado vigente esta medida, de 2016 a 2023.

Aproximadamente, se trataría de un 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto), cuando el objetivo es volver a dejar el déficit en el 3%, según obligan las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), a partir de este 2024.

Fue la Audiencia Nacional la que cuestionó esta norma y llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional al entender que un Real Decreto-Ley no podía regular “elementos esenciales del Impuesto de Sociedades”, que solo se podría transformar a través de una norma con rango superior de ley. Un motivo similar que llevó al mismo tribunal a anular otra reforma fiscal de Montoro de ese mismo año: el pago adelantado del Impuesto de Sociedades.

Otra de las grandes medidas de Cristóbal Montoro y el ejecutivo de Mariano Rajoy que tumbó el Constitucional fue la amnistía fiscal de 2012, a la que según los datos de Hacienda se acogieron en torno a 30.000 españoles. En ese caso el pleno también declaró su inconstitucionalidad pero limitó los efectos a los que no hubieran regularizado su situación para preservar la “seguridad jurídica”.

El rescate a la banca que no iba a costar ni un euro

A la cantidad que cueste la sentencia reciente del Tribunal Constitucional hay que sumarle otras derrotas judiciales en España y en la UE de decisiones que tomaron Rajoy y sus principales responsables económicos, como Montoro o Luis de Guindos, que hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Este último y la vicepresidenta de aquel momento, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaron en 2012 el histórico rescate a la banca “que no costaría ni un euro” de dinero público, según aseguraron entonces. Finalmente, implicó cerca de 50.000 millones en pérdidas para el Estado, según ha contabilizado el Banco de España.

En 2022, también por culpa de la gestión del rescate, el anterior Gobierno de coalición tuvo que engordar la deuda pública de nuestro país en otros 35.000 millones. En este caso, por el fiasco de la Sareb, conocida como el “banco malo”, según exigió Eurostat (la institución de estadística de la UE). La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se diseñó para asumir el ladrillo tóxico de la banca rescatada, bajo control privado. Sin embargo, fracasó y desde el mismo 2022 ha quedado en manos públicas.

A este fracaso contribuyeron la polémica gestión de los contratos con terceros —los llamados servicers— para dar salida a esa cartera de inmuebles y un derivado para cubrirse de teóricas subidas de tipos de interés que dio como resultado unas pérdidas de 3.000 millones. Ese swap se contrató durante la presidencia de Belén Romana, de la máxima confianza de Luis de Guindos y hoy consejera del Banco Santander.

Modelo 720

También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que supone otro roto millonario para las cuentas públicas. También fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros” mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.

A principios de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el “desproporcionado” régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.

Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos, se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.

Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.

Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.

Con ese régimen sancionador, “extremadamente represivo”, según el TJUE, los bienes y derechos no declarados se consideraron ganancias patrimoniales no justificadas, con sanciones por el 150% de su valor y sin posibilidad de prescripción. En 2023, Hacienda reconoció la “nulidad absoluta” de las sanciones, y abrió la puerta a reclamar su devolución, que podría alcanzar hasta los 70 millones en total.

El IVA de las CCAA

Hace dos años, Hacienda también resolvió otro “problema heredado” del Gobierno de Rajoy, al compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.

Montoro implantó entonces un nuevo sistema electrónico (el Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro de ese tributo que hizo que las autonomías acabaran ingresando 11 meses de IVA en lugar de 12 por ese ejercicio. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez no dio solución al problema, al condicionar la devolución de ese dinero a tener aprobados unos Presupuestos, varias comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal reconoció en 2021 el derecho a ser compensadas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, abriendo la puerta a una catarata de reclamaciones.

Como resumió gráficamente un fiscalista que conoce las tripas de la Administración, Montoro “hizo el animal, pero cuadró las cuentas y el marrón se lo come ahora otro”.

Canon hidroeléctrico

Otra sentencia similar fue la que dictó el Tribunal Supremo sobre el canon hidroeléctrico que aprobó el Gobierno del PP, de nuevo, en 2012, aunque no se implementó hasta 2015. En abril de 2021, el Tribunal Supremo daba la razón a las eléctricas en una decisión que ha obligado a devolver a las compañías del sector 1.907,67 millones por la recaudación de ese canon entre 2013 y 2020. Ese importe se reintegró a las empresas en plena crisis de precios de la luz y se cargó al déficit público, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de finales de 2021 para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia.

El canon grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales de mayor tamaño. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (se dijo en su momento) el multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico, aunque los fondos van a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en 500 millones, y posteriormente, en 1.400 millones, pero la cifra final ha sido muy superior. El Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014) y decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso, cosa que no ocurrió.

Castor y autopistas

También emana de otra sentencia del Supremo uno de los más polémicos agujeros relacionados con el sector energético: el pago a la banca de la indemnización de 1.350 millones de euros que adelantaron las entidades a ACS por el fallido almacén de gas Castor. Es el dinero que el Alto Tribunal obligó al Estado a abonar a finales de 2020 a Santander y CaixaBank tras cancelarse los pagos, a través del recibo del gas, del adelanto que hicieron a la promotora del almacén por su clausura en 2014.

La indemnización deviene de la resolución de adjudicación del silo en 2008, con el socialista Miguel Sebastián como ministro de Industria, que incluía una cláusula por la que en caso de extinción de la concesión, ACS tendría derecho a recibir una compensación aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

Pero el importe acabó asumiéndolo el Estado porque, cuando se decidió hibernar la instalación en 2014, tras una sucesión de terremotos, el entonces ministro José Manuel Soria aprobó a toda prisa un Real Decreto-Ley para indemnizar a ACS cargando su coste, con intereses, a la tarifa del gas. El decreto fue declarado inconstitucional en 2017, lo que dejó sin cobertura los pagos que hasta entonces se habían hecho a la banca.

Al agujero del Castor se suman las millonarias reclamaciones en tribunales de arbitraje de inversores afectados por los recortes a las renovables, que llegaron a alcanzar los 10.000 millones de euros, de los que hasta ahora se ha evitado el pago de 6.100 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica; o los más de 500 millones que hubo que devolver a las eléctricas por el bono social vigente entre 2013 y 2016, aunque en este caso el importe lo costearon los consumidores de electricidad. Y está por determinar la factura del rescate de las autopistas de peaje quebradas por la crisis financiera de 2008 y actualmente en manos del Estado, que “no costará un euro al ciudadano”, según dijo a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

El anterior Gobierno de coalición calculó a finales del año 2021 un coste provisional de 1.021 millones, una estimación que está sujeta a un largo proceso administrativo y judicial, resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requieren las infraestructuras, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones de terrenos y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

Esos más de 1.000 millones son un cálculo a la baja, dado que el propio Gobierno reconoció que la factura final podría situarse en hasta 3.305 millones. Los acreedores, fondos de inversión y constructoras, aseguran que las compensaciones podrían ascender a 4.500 millones. Aquí PSOE y PP también se culpan respectivamente del fiasco. Los socialistas lo atribuyen al modelo privatizador de José María Aznar, responsable de promover esas infraestructuras. Y los populares, a la falta de celo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de pleitear en los tribunales por los sobrecostes de los terrenos expropiados, lo que benefició a familias como los Franco, los Serrano Suñer o los Abelló."                      (Daniel Yebra / Antonio M. Vélez, eldiario.es, 18 de enero de 2024)

España pagó 3.643 millones más del rescate bancario que no era un rescate y que no nos costaría nada

 "En junio de 2012, España enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con hacerla colapsar. Los rumores sobre la posible ruptura del euro y las crecientes dudas sobre la salud de su sector bancario, destrozado por la burbuja inmobiliaria, llevaron al gobierno de Mariano Rajoy a pedir ayuda a la Unión Europea. Para evitar el coste político de una nefasta gestión, se prometió a la nación que el rescate no costaría un euro a los contribuyentes. Sin embargo, estas palabras eran meras promesas vacías. El rescate bancario en España ha tenido un precio, y es un precio que el pueblo español sigue pagando.

Mariano Rajoy afirmó que no era un rescate, era «un crédito a la banca que va a pagar la banca». La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que se hacía con el objetivo de que «no costara un euro al contribuyente». Estas afirmaciones eran tranquilizadoras en un momento de crisis, pero resultaron ser falsas. Se rescataron bancos, empresas privadas, y el coste lo asumimos entre todas y todos.

El Tesoro español ha pagado hasta la fecha 24.898 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que representa el 60,2% de la ayuda total recibida. Además de estas cifras astronómicas, se han pagado unos 3.276 millones de euros en intereses y comisiones entre 2012 y 2023. Quedan pendientes otros 16.435 millones de euros, que deben ser reembolsados en los próximos años, junto con intereses adicionales.

La triste verdad es que la mayoría del dinero inyectado en el rescate bancario se ha perdido para siempre o es de difícil recuperación. De los 24.096 millones de euros aportados a Bankia, solo se consideran recuperables unos 6.340 millones. Los 2.192 millones inyectados a la Sareb se han dado por perdidos. Del rescate a otras entidades, se han perdido 28.133 millones, el 86,2%. Este dinero podría haber aliviado la factura del MEDE y habría ayudado a sanear las finanzas públicas.

La historia del rescate bancario en España debe servir como recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión financiera del país. Las promesas de que el rescate no costaría nada resultaron ser una falacia, y el pueblo español está pagando las consecuencias. Es fundamental aprender de estos errores para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y para exigir responsabilidad a quienes tomaron decisiones erróneas.

El rescate bancario en España fue acompañado de promesas de que no tendría costo para los ciudadanos, pero la realidad es que ha dejado una factura astronómica que el país sigue pagando. La falta de transparencia y la negación de la verdad no son la forma de abordar los problemas financieros. Aprender de estas lecciones es crucial para garantizar un futuro financiero más sólido y para asegurarse de que las promesas vacías no vuelvan a engañar al pueblo español."

(Javier F. Ferrero. Attac España, 03/01/24; Artículo original publicado en spanishrevolution.net)

Los bancos centrales de la zona euro, que son entidades públicas, pagarán aproximadamente 140.000 millones de euros a la banca privada europea. De estos, a la banca española le corresponderían cerca de 10.000 millones, que pagará el Banco de España. Esta enorme cifra solo se refiere al pago de intereses por los depósitos que la banca mantiene en su banco central, en el Banco de España para la banca nacional. Equivale aproximadamente al 1% del PIB de la zona euro... es probable que el Bundesbank tenga que recibir una inyección de capital público (un rescate)... Todo esto supone una redistribución de rentas desde el Estado al sector privado. Desde los Tesoros nacionales, a través de sus bancos centrales, hacia la banca. Con ese dinero los Estados podrían afrontar muchas necesidades de sus ciudadanos... De seguir así, el Eurosistema tendrá que suprimir o reducir sus transferencias por dividendos a los gobiernos nacionales. Según una estimación de Paul de Grauwe, esta pérdida de ingresos de los gobiernos nacionales será del orden del 1% del PIB de la zona del euro y, de no hacer nada, dará lugar a un aumento del déficit público equivalente, lo que requerirá una austeridad fiscal adicional en el futuro... ¿Tiene que ser así? Rotundamente no. Sigamos haciendo preguntas: ¿por qué debe remunerarse a la banca por mantener reservas líquidas en el banco central? hasta antes de 2000, la práctica general era no remunerar los saldos de la banca. Esto tenía sentido: la banca no remuneraba los depósitos a la vista de sus clientes, y facilitaba liquidez a la economía real, a las empresas y hogares. Es difícil encontrar una justificación económica racional por la que la banca deba ser remunerada por el Estado por mantener su dinero en el banco central mientras que las empresas y hogares deben aceptar no ser remunerados

 "Este año el Eurosistema, los bancos centrales de la zona euro, que son entidades públicas, pagarán aproximadamente 140.000 millones de euros a la banca privada europea. De estos, a la banca española le corresponderían cerca de 10.000 millones, que pagará el Banco de España. Esta enorme cifra solo se refiere al pago de intereses por los depósitos que la banca mantiene en su banco central, en el Banco de España para la banca nacional. Equivale aproximadamente al 1% del PIB de la zona euro.

¿Cómo se obtiene esa cantidad?

No se puede hacer un cálculo exacto de la cifra final que abonaran los bancos centrales de la eurozona a la banca. Dependerá de la evolución de los tipos de interés y del nivel de depósitos de los bancos en el Eurosistema. Pero no es difícil hacer un cálculo razonable.

A cierre de marzo, los bancos tenían depositados 4.035.917 millones de euros en el Eurosistema. Más de cuatro billones, sí. Suponiendo que esa cifra se reduzca algo este año, y un tipo medio del 3,50% para este 2023 (mayor si los tipos siguen subiendo) obtenemos la cifra de 140.000 millones.

Estos depósitos son en gran parte consecuencia de las compras de bonos que el Banco Central Europeo (BCE) realizó en la última década, enmarcadas en las políticas monetarias extraordinarias (la llamada quantitative easing o QE). Pero hasta hace poco más de un año los bancos centrales no pagaban nada por esos depósitos (en la jerga, “facilidad de depósito”, sic) pues los tipos estaban al 0% e ¡incluso negativos! Pero la inflación apareció, lo que no es sorprendente, y empezaron a subir los tipos de interés. A cierre de 2022 estaban al 2,5%, ahora al 4%.

¿Producirá pérdidas en los bancos centrales?

Si, y cuantiosas, porque lo que pagarán a la banca por sus depósitos es mucho, y no podrán neutralizarlo con el rendimiento de sus inversiones. Buena parte de la cartera de bonos de los bancos centrales tiene tipos de interés muy bajos, nulos e incluso negativos. El impacto neto de ambos efectos se traducirá en importantes pérdidas en las cuentas de resultados de los bancos centrales.

Por ejemplo, es probable que el Bundesbank tenga que recibir una inyección de capital público (un rescate), cómo ha informado la agencia que audita a los organismos públicos alemanes.

¿Es importante todo esto?

Muy importante. Todo esto supone una redistribución de rentas desde el Estado al sector privado. Desde los Tesoros nacionales, a través de sus bancos centrales, hacia la banca. Con ese dinero los Estados podrían afrontar muchas necesidades de sus ciudadanos.

De seguir así, el Eurosistema tendrá que suprimir o reducir sus transferencias por dividendos a los gobiernos nacionales. Según una estimación de Paul de Grauwe, esta pérdida de ingresos de los gobiernos nacionales será del orden del 1% del PIB de la zona del euro y, de no hacer nada, dará lugar a un aumento del déficit público equivalente, lo que requerirá una austeridad fiscal adicional en el futuro.

¿Tiene que ser así?

Rotundamente no. Sigamos haciendo preguntas: ¿por qué debe remunerarse a la banca por mantener reservas líquidas en el banco central? ¿Es necesaria esta remuneración para realizar la política monetaria? ¿Existen procedimientos de política alternativos que eviten realizar grandes pagos de intereses a la banca?

Muchos economistas dan por sentado que los depósitos de los bancos en su banco central deben ser remunerados. Pero esto es un fenómeno reciente. Antes del inicio del euro en 1999, la mayoría de los bancos centrales europeos, con excepción del Bundesbank, no remuneraban los saldos que excedían el coeficiente de caja obligatorio de la banca. Presionado por el Bundesbank, el BCE inició esta práctica en 1999. La Reserva Federal de EE UU no introdujo la remuneración hasta 2008, en plena crisis.

Es decir, hasta antes de 2000, la práctica general era no remunerar los saldos de la banca. Esto tenía sentido: la banca no remuneraba los depósitos a la vista de sus clientes, y facilitaba liquidez a la economía real, a las empresas y hogares. Es difícil encontrar una justificación económica racional por la que la banca deba ser remunerada por el Estado por mantener su dinero en el banco central mientras que las empresas y hogares deben aceptar no ser remunerados.

El pago de intereses sobre los depósitos a la banca tiene otra consecuencia desafortunada. Transforma la deuda pública a largo plazo en deuda a corto plazo. La mayoría de los bonos del Estado en manos del Eurosistema se han emitido a tipos de interés muy bajos, incluso nulos o negativos. Esto implica que los gobiernos que los emitieron están protegidos durante algún tiempo de las subidas de los tipos de interés. Al pagar un tipo de interés del orden del 4% por las reservas bancarias, y reducir así los ingresos públicos, el banco central transforma ahora esta deuda a largo plazo en deuda a muy corto plazo, lo que obliga a un aumento inmediato del pago de intereses sobre la deuda consolidada del gobierno y el banco central. No veo ninguna buena razón económica para que un banco central haga esto.

Hay alternativas planteadas por algunos economistas. Por ejemplo, una política mejor sería combinar la venta sostenida de bonos del Estado con el aumento coeficiente de caja obligatorio a los bancos en el banco central. Si los saldos de los bancos no se remuneraran muchos comprarían deuda pública u otros activos. El actual coeficiente de caja obligatorio está en mínimos históricos, solo un 1%, y podría subirse claramente.

Además, si se avanza en la reducción del enorme balance del Eurosistema, vendiendo parte de los bonos que poseen los bancos centrales, es cierto que se materializarán pérdidas hasta ahora latentes, pero se reducirían los saldos de los depósitos de la banca en los bancos centrales reduciendo en consecuencia los pagos por intereses.

Concluyo. La situación actual, que no tiene precedentes históricos, además de injusta, indica problemas de competencia en el sector bancario, problemas en la estructura financiera de Europa, y problemas en la gestión e instrumentación de la política monetaria. Por el bien de todos, los silentes bancos centrales deben enfrentar la situación actual y corregirla. Pero, sobre todo, son los políticos quienes deben reaccionar: esto es un asunto político de primer orden que no debe dejarse solo en manos de los técnicos.

“Hay verdades más inverosímiles que las mentiras” decía recientemente un político portugués. Y, añado, pero no por ello dejan de ser verdad. Y la aquí expuesta lo es, casi increíble y muy incómoda."                 

(Carlos Arenillas es economista y fue vicepresidente de la CNMV. El País, 07/07/23)

¿Y qué pasa con la banca en la sombra? ¿Se puede confiar en las grandes firmas de auditoría que revisan las cuentas de los bancos? Las actividades en la sombra de los grandes bancos de la zona euro constituyen el 13% de su balance, es decir, mucho más que sus fondos propios. Esto se refiere en particular a los mayores bancos de la zona euro: BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale, BPCE en Francia, Deutsche Bank en Alemania, ING en los Países Bajos, Santander en España y UniCredit en Italia... está claro que los bancos privados son muy frágiles porque su única preocupación es obtener las mayores ganancias posibles lo antes posible. Se esperan nuevos episodios de crisis bancarias en el futuro. Es urgente socializar todo el sector bancario (Eric Toussain)

 "(...) ¿Y qué pasa con la banca en la sombra más conocida por la expresión inglesa shadow banking?

Esta es una cuestión esencial. Las actividades financieras de la banca en la sombra se realizan principalmente en nombre de los grandes bancos por empresas financieras creadas por ellos. Estas sociedades financieras (SPV, money market funds...) no reciben depósitos, lo que les permite no estar sujetas a la reglamentación y regulación bancarias. Por lo tanto, son utilizados por los grandes bancos para escapar de las regulaciones nacionales o internacionales, en particular las del Comité de Basilea sobre fondos propios y ratios prudenciales. El shadow banking es el complemento o corolario del banco universal.

Las cantidades financieras que gestiona la banca en la sombra son mucho más voluminosas que las que aparecen en el balance de los bancos. En caso de crash en las actividades bancarias en la sombra, hay inevitablemente un efecto de contagio en la salud de los bancos. Un informe reciente ⁶ del Banco Central Europeo lo dice claramente. Según este estudio del BCE, las actividades en la sombra de los grandes bancos de la zona euro constituyen el 13% de su balance, es decir, mucho más que sus fondos propios. Esto se refiere en particular a los mayores bancos de la zona euro: BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale, BPCE en Francia, Deutsche Bank en Alemania, ING en los Países Bajos, Santander en España y UniCredit en Italia.

¿Se puede confiar en las grandes firmas de auditoría que revisan las cuentas de los bancos?

A nivel mundial hay 4 grandes firmas de auditoría Deloitte, EY (Ernst & Young), KPMG, PwC (PricewaterhouseCoopers). Cada una de ellas es el resultado de múltiples fusiones de empresas, las más antiguas de las cuales se remontan a mediados del siglo XIX.

Muchos escándalos jalonan la historia de estas firmas de auditoría y los conflictos de intereses son numerosos. Sus errores son monumentales. Para tomar solo un ejemplo reciente. KPMG se encargó de auditar las cuentas de los 3 bancos estadounidenses que quebraron en marzo de 2023: Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic. Ahora bien, en su informe de febrero de 2023, KPMG declaró que la situación de estos bancos y su cuenta no tenía problemas y emitió un certificado de buena salud. El Financial Times dedicó un artículo a este caso bajo el título “ KPMG es objeto de una revisión exhaustiva como principal auditor del sector bancario tras la quiebra de tres prestamistas” (“ KPMG under scrutiny as banking sector’s largest auditor after trio of lender failures”, artículo de pago publicado en línea el 3 de mayo de 2023 bajo el título “Three failed US banks had one thing in common: KPMG”).

Según el FT, ha habido un conflicto de intereses entre altos funcionarios de KPMG y funcionarios de al menos dos de los tres bancos en quiebra. Los directores generales de Signature Bank y First Republic eran antiguos altos empleados de KPMG. También está la situación de Keisha Hutchinson, que fue la principal responsable del equipo de auditoría de KPMG en Signature Bank en 2020 y que unos meses después fue reclutada por el banco como directora del departamento de evaluación de riesgos en 2021. Fue contratada para este puesto por Signature Bank apenas dos meses después de firmar el informe de auditoría de 2020 como representante de KPMG. Las reglas de la Securities and Exchange Commission (SEC), que es el principal órgano de control de los bancos en los Estados Unidos, imponen un período de reflexión de 12 meses antes de que un empleado de una firma de auditoría sea contratado por una empresa en un papel de supervisión de la información financiera. Por lo tanto, este plazo no se cumplió.

En cuanto al Silicon Valley Bank, los depositantes iniciaron un proceso judicial contra KPMG acusándola de haber permitido al Banco no declarar a los clientes la depreciación de sus activos cuando esto es lo que causó en parte la quiebra ⁷.

Obviamente, sería un error confiar en los boletines de salud y moralidad publicados por las principales firmas de auditoría, en particular KPMG, Deloitte, EY (Ernst & Young) y PwC (PricewaterhouseCoopers).

En cuanto a la salud del sector bancario privado, está claro que las autoridades bancarias no han establecido realmente el orden y que los bancos privados son muy frágiles porque su única preocupación es obtener las mayores ganancias posibles lo antes posible. Se esperan nuevos episodios de crisis bancarias en el futuro. Es urgente socializar todo el sector bancario⁸."                       (Eric Toussain  , Viento sur, 17/Jun/2023)

¿Tienen EE UU y Europa los medios para hacer frente a la crisis bancaria? Los fondos propios del Credit Suisse se desvanecieron como la nieve al sol en unas semanas o incluso días... 17 mil millones de francos suizos se redujeron a cero durante el fin de semana del 18 y 19 de marzo de 2019... los depositantes norteamericanos retiraron 500 mil millones de dólares de sus cuentas en el primer trimestre de 2023 (Eric Toussain)

 "(...)  Volviendo a Estados Unidos, la FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation (Agencia Federal de Seguros de Depósitos) creada en julio de 1933 es la agencia federal que hasta hoy tiene la responsabilidad de garantizar los depósitos en los miles de bancos que se benefician de la garantía del Estado, también se encarga de controlar la seriedad de la actividad de los bancos en cuestión.

En caso de quiebra o rescate bancario, la FDIC aprovecha sus recursos para asegurar la garantía de los depósitos. En marzo de 2023, las quiebras del Silicon Valley Bank y del Signature Bank costaron a la FDIC 20 mil millones de dólares. La quiebra de First Republic que se produjo en abril le costó a la FDIC 13 mil millones de dólares adicionales. (...)

Los recursos de la FDIC son proporcionados por los bancos que garantiza. Obviamente, estos recursos son demasiado débiles para hacer frente a nuevas quiebras, pero la FDIC no quiere reconocer que la situación es problemática. (...)

Hay que tener en cuenta también que los depositantes retiraron 500 mil millones de dólares de sus cuentas en el primer trimestre de 2023. Esta es la mayor retirada que se ha producido en los últimos 40 años. Estas retiradas masivas multiplican las posibilidades de quiebra bancaria en los Estados Unidos, ya que obligan a los bancos a proporcionar liquidez, que no tienen en cantidades suficientes para hacer frente a los riesgos que asumen, a los clientes cuando retiran su dinero. Como no tienen suficiente liquidez disponible de inmediato, los bancos a menudo tienen que vender valores con urgencia. Esta venta es regularmente sinónimo de pérdidas, que, si son demasiado grandes, provocan la quiebra porque los fondos propios son completamente insuficientes. Sin embargo, como hemos visto, una quiebra supone un recurso al FDIC, ya casi seco, para salvar al banco en cuestión. (...)

Los bancos estadounidenses, como los bancos de otros continentes, están jugando constantemente con los depósitos de sus clientes asumiendo altos riesgos para obtener el máximo beneficio a corto plazo. Los más grandes acechan a los bancos medios para comprarlos a precio de ganga y aumentar su potencia. El mayor banco estadounidense, JPMorgan, acaba de comprar First Republic.

¿Son los bancos europeos más fuertes que los de Estados Unidos?

No está nada claro. La quiebra de Credit Suisse ⁴ está ahí para mostrárnoslo. El Deutsche Bank, que es uno de los grandes colosos con pies de arcilla, está permanentemente al borde del precipicio. Y no es el único banco que está en esta situación.

Contrariamente a las afirmaciones de que los fondos propios de los bancos europeos son lo suficientemente altos como para hacer frente a los riesgos de pérdidas, son demasiado bajos para hacer frente a grandes pérdidas. La ponderación de los activos por el riesgo les permite mentir sobre la parte real de sus fondos propios en relación con su balance. Es un método de cálculo autorizado por el comportamiento cómplice de las autoridades encargadas de la regulación y la seguridad bancaria. Este método de cálculo permite a los bancos afirmar que la relación entre sus fondos propios y su balance es superior al 12%, cuando en realidad oscila entre el 3 y el 6% ⁵. Esto significa que si un banco sufre una pérdida del 3 al 6% de todo su balance, se encuentra al borde de la quiebra.

El Credit Suisse, justo antes de su quiebra en marzo de 2023, afirmaba que la relación entre sus fondos propios y su balance era del 18%. Sin embargo, sus fondos propios se desvanecieron como la nieve al sol en unas semanas o incluso días. En sus fondos propios, el Crédit Suisse incluía, con el acuerdo de la autoridad bancaria y el comité de Basilea, los famosos AT1 que ascendían a 17 mil millones de francos suizos. Se redujeron a cero durante el fin de semana del 18 y 19 de marzo de 2019. 

 En efecto, un AT1 es una obligación convertible. Los AT1 son vendidos como obligaciones por las empresas que los emiten para financiarse. Es un título de deuda para su comprador, da derecho a un interés garantizado. El interés es más alto que para un bono normal, generalmente oscila entre el 5 y el 8%. En el caso de Credit Suisse, el tipo de interés era del 8%, lo que es alto e indicaba que el comprador corría un riesgo. En efecto, estas obligaciones pueden convertirse en equities, es decir, en acciones, por lo tanto, capital de riesgo. Los AT1 son el producto de la crisis de 2008. Mientras que eran títulos de deuda, fueron aceptados por las autoridades de supervisión bancaria como parte del capital de la empresa y, por tanto, de sus fondos propios. Las autoridades lo hicieron para permitir que los bancos pudieran aumentar artificialmente sus fondos propios teniendo que intentar realizar un aumento de capital.

 ¿Está bien asegurada la garantía de los depósitos en los bancos europeos?

 Desde el punto de vista financiero, esto está lejos de ser así. También hay que tener en cuenta que no existe un fondo europeo de garantía. Cada fondo es un fondo nacional. (...)"     (Eric Toussain  , Viento sur, 17/Jun/2023)

El silencio es elocuente: Suiza sigue sufriendo las consecuencias de la quiebra bancaria... El país alpino está tratando de procesar exactamente qué salió mal con Credit Suisse y qué hacer con los banqueros que lo llevaron al borde del abismo... sobre todo porque sólo han pasado 15 años desde el propio rescate público de UBS... "El contribuyente tiene que salvar un banco, donde la gente ganó mucho dinero, y ahora nadie es responsable. Esa es la sensación"... El fracaso hace "dudar de la estabilidad que siempre decimos que tiene Suiza". La estabilidad pareció desvanecerse en un fin de semana

 "En una de las plazas más ricas de Europa, dominada por la imponente sede de un enorme banco internacional que se desintegró hace apenas unas semanas, los hombres y mujeres impecablemente vestidos que entran y salen de las relucientes oficinas están presos de una omertà mafiosa.

"No conseguirá nada de nadie", dice uno de ellos con una firmeza que pretende poner fin a cualquier conversación antes incluso de que empiece. Domina el código informal del silencio. Su amigo le arrastra lejos, a través de las puertas de un segundo banco mundial, el que rescató al primero por 3.000 millones de francos suizos.

Es la Paradeplatz de Zúrich, la ciudad más grande de Suiza. Aquí se encuentra Credit Suisse, cuya quiebra en marzo, después de 167 años, podría haber desencadenado una crisis mundial si UBS no se hubiera visto obligada a intervenir y hacerse cargo. Las recriminaciones comenzaron casi de inmediato. Ahora, entre el traqueteo de los tranvías y las chocolaterías de lujo, esta plaza del siglo XVII podría rivalizar con el Vaticano en cuanto a la forma en que ha descendido la niebla del secretismo.

Si se permanece allí el tiempo suficiente, puede oírse de vez en cuando algún susurro sobre la desaparición del que fuera un gran banco. Especulaciones, nada más. Cotilleos sobre las repercusiones políticas o lo que podría ocurrir con las primas, intercambiados mientras se toma un café cargado y se echa un vistazo furtivo por la mañana temprano al Financial Times o al Neue Züricher Zeitung. Pero no con los de fuera, por supuesto, y menos aún con los que se acercan con un cuaderno de periodista en la mano.

 Es fácil reconocer a los banqueros de la capital financiera suiza: traje azul perfectamente entallado, gabardina de un solo pecho, maletín de mano (de cuero, preferiblemente). ¿Y qué hay de la desaparición de Credit Suisse? "No podemos hablar de ello", dice uno de ellos mientras toma un espresso con un colega.

Al doblar la esquina, un hombre más joven fuma detrás de la sede del banco, que sigue en pie en el extremo norte de Paradeplatz. También rechaza todas las preguntas: "Para eso tenemos las comunicaciones corporativas".
Nadie es responsable

Hay una razón para tanto silencio. El país alpino, conocido por su máxima discreción en su papel de banquero de los ricos del mundo, sigue intentando procesar exactamente qué salió mal, y qué hacer con las personas que llevaron a Credit Suisse al borde del abismo.

El público está "muy enfadado", según Tobias Straumann, catedrático de Historia Moderna y Económica de la Universidad de Zúrich, sobre todo porque sólo han pasado 15 años desde el propio rescate público de UBS.

"El contribuyente tiene que salvar un banco, donde la gente ganó mucho dinero, y ahora nadie es responsable", dijo. "Esa es la sensación".

Con las elecciones nacionales de octubre a la vuelta de la esquina, la cuestión es quién será el destinatario de esa sensación. ¿Sólo los propios banqueros? ¿Los reguladores que los vieron arder en llamas? ¿Los políticos que establecieron las normas en primer lugar? ¿Todos ellos?

El Parlamento suizo ha empezado a ejercer su autoridad, rechazando la petición del Gobierno de aprobar una línea de crédito de emergencia para respaldar la adquisición. Pero eso fue en gran medida simbólico. En junio decidirá si crea una comisión parlamentaria, que podría convocar a los implicados para interrogarlos.

 "Mi predicción sería que, a corto plazo, no va a pasar gran cosa", dijo Straumann. "Pero probablemente después de las elecciones, entonces se verá una coalición más grande que realmente haga algo".
Mercado porcino

El hecho de que algunos banqueros de Credit Suisse planeen demandar por las primas perdidas no ayudará a mejorar el ánimo de la opinión pública. Hace unos cientos de años, Paradeplatz era conocida como Säumärt - mercado de cerdos, y ahora las acusaciones de hocicos en comederos son cada vez más comunes en el discurso público.

Céline Widmer, diputada socialdemócrata suiza, ha pedido que se prohíban las primas a los banqueros y que se aumenten los requisitos de capital de las entidades crediticias para hacerlas más seguras. En su opinión, el organismo suizo de vigilancia financiera también debería tener mayores poderes sancionadores.

"Fue el comportamiento de los bancos lo que [demostró] que no son responsables", dijo sobre lo que salió mal en Credit Suisse.

Las autoridades suizas se encuentran bajo un intenso escrutinio. Aunque impidieron que la quiebra del banco desencadenara un contagio financiero más amplio, el gobierno y los reguladores se enfrentan a preguntas sobre por qué no intervinieron antes.

 Credit Suisse tenía problemas desde hacía años, pero en unos pocos días de marzo perdió rápidamente la confianza de los mercados financieros en medio del pánico generalizado por las quiebras bancarias en Estados Unidos.

Según la Ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, el banco se habría quedado sin dinero sin la precipitada adquisición por UBS, ya que los clientes retiraron sus depósitos y sus acciones y los precios de los bonos se hundieron.

El Gobierno prometió asumir hasta 9.000 millones de francos de pérdidas en caso necesario y el banco central suizo ofreció 100.000 millones de francos de liquidez.

Las decisiones tomadas durante ese fin de semana crucial para la fusión -incluida la eliminación de 16.000 millones de francos de bonos de Credit Suisse por parte del organismo suizo de supervisión financiera, invirtiendo la jerarquía habitual de pérdidas en una quiebra- están siendo impugnadas judicialmente.

Esos inversores, cuyos bonos ahora no valen nada, han obtenido una victoria anticipada al forzar la publicación de un decreto de emergencia impugnado.
Un monstruo bancario

Y la vida podría complicarse para el otro banco con sede en Paradeplatz ahora que ha engullido a su rival.

"Con UBS hemos creado un monstruo", afirma Thomas Borer, antiguo embajador suizo en Alemania, que representa los intereses de los tenedores de bonos de Credit Suisse, que han sido eliminados en la absorción.

"Ahora es uno de los mayores bancos del mundo en gestión de patrimonios. No somos uno de los países más grandes del mundo. ¿Cómo debemos regularlo? En eso se centra ahora el debate".

 La investigación parlamentaria podría conducir a ese debate, e incluso los herméticos banqueros suizos están dispuestos a ello.

"Apoyamos que se lleve a cabo una revisión independiente, completa y abierta de estos hechos", declaró August Benz, subdirector ejecutivo de la Asociación Suiza de Banqueros.

La quiebra de Credit Suisse ha provocado "ciertas emociones", dijo Benz, pero espera que una investigación ayude a Suiza a elegir "las medidas adecuadas" en respuesta a la quiebra del banco. Benz rechazó la idea de que un banco mundial como UBS sea demasiado grande para el país.

"Alemania tiene un [banco sistémico mundial], Italia tiene uno, España tiene uno, [Holanda tiene uno] y Suiza parece que tendrá uno", dijo.
Se acabó la estabilidad

De vuelta a las calles de Zúrich, la sede central de Credit Suisse es un visible recordatorio de la incertidumbre provocada por su quiebra, con la mirada puesta en UBS, al otro lado de Paradeplatz.

"Es una gran institución que desaparece de repente", dice Reinhard Berger, químico de 36 años, esperando el tranvía.

A unas manzanas de distancia, Eliane Christen, ingeniera de patentes de 35 años, se muestra melancólica. El fracaso le hace "dudar de la estabilidad que siempre decimos que tiene Suiza", afirma. La estabilidad pareció desvanecerse en un fin de semana."            (Hannah Brenton , POLITICO, 26/05/23; traducción DEEPL)

Los culpables de las recientes crisis bancarias fueron sus directivos... sus retribuciones “estaban vinculadas a ganancias a corto plazo y rendimientos de capital que no incluían la medición del riesgo”. En otras palabras, “los gerentes tenían más incentivos financieros para centrarse en los beneficios a corto plazo que en una sólida gestión de riesgos”... son los principales causantes de las quiebras bancarias”... pero no pasa nada... El Banco Mundial estimó que entre 2007 y 2013, más de 100 bancos europeos fueron rescatados con un coste neto de las ayudas estatales de 241.000 millones de euros

 "Las recientes quiebras bancarias de los bancos Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic, en Estados Unidos, y Credit Suisse, en Suiza, han vuelto a sacudir la economía de millones de ciudadanos al evidenciar su fuerte dependencia de las finanzas. En el caso de Estados Unidos ha llamado la atención el extenso y crítico informe del vicepresidente de la Reserva Federal, Michael S. Barr, sobre las causas de las crisis del 28 de abril. Un examen que no elude responsabilidades, efectuado tan solo unas semanas después de los acontecimientos que empezaron el 10 de marzo.

Barr señala dos problemas. Los directivos “pusieron las ganancias a corto plazo por encima de una efectiva gestión de riesgos” y las retribuciones de los ejecutivos “estaban vinculadas a ganancias a corto plazo y rendimientos de capital que no incluían la medición del riesgo”. En otras palabras, “los gerentes tenían más incentivos financieros para centrarse en los beneficios a corto plazo que en una sólida gestión de riesgos”.

 El historiador Stanley M. Guranlick consideraba hace pocos días en Financial Times a los ejecutivos bancarios como “los principales causantes de las quiebras bancarias”. Para remediar esta situación proponía la creación de un fondo de contingencias al que los directivos bancarios aportarían la parte de sus retribuciones que superase 20 veces el salario medio de sus empleados. Si el banco quebraba, todo el fondo se convertiría en un activo del banco quebrado para apoyar su saneamiento. Si el banco no quebraba, recibirían sus aportaciones durante su jubilación. La limitación de 20 veces el salario medio se inspiraba en una observación de JP Morgan durante el pánico financiero de 1907, que indicó que los ejecutivos que ganaban más de 20 veces el salario medio “probablemente estarían más atentos a su propia riqueza que a la salud de su empresa”.

Este periódico recordaba este fin de semana que las retribuciones del principal directivo de los dos mayores bancos españoles, Santander y BBVA, superó el año pasado en 200 veces el salario medio de sus empleados.

 Algunos analistas consideran que Europa no ha sufrido estos episodios traumáticos debido a su mejor regulación y supervisión. Conviene recordar, sin embargo, que las reparaciones bancarias han sido muchísimo más costosas en Europa que en Estados Unidos, donde recuperaron casi todas ayudas. El Banco Mundial estimó en su Global Financial Development Report 2019 /2020 que entre 2007 y 2013 más de 100 bancos europeos fueron rescatados con un coste neto de las ayudas estatales de 241.000 millones de euros. El análisis se basaba en datos de Eurostat, cuyo último informe, que incluye hasta finales de 2022, eleva la cifra del dinero público gastado en salvar bancos a 264.568 millones de euros. La mayor parte corresponde a las entidades españolas que han costado 74.228 millones de euros, el 28,57% del total. Los ciudadanos con hipotecas tienen además sus propias razones para temer al mundo financiero tras constatar las subidas del euríbor desde el 1,09% en 2022 al 3,76% el pasado abril, lo que se ha traducido en subidas de 300 euros mensuales."                (Andreu Missé, El País, 08/05/23)

Michael Roberts: La razón de la aceleración de la inflación de los dos últimos años hay que buscarla en la restricción de la oferta, tanto en la producción como en el transporte, en parte por los bloqueos de la cadena de suministro tras el desplome de la COVID, en parte por la guerra entre Rusia y Ucrania y en parte por el bajísimo crecimiento de la productividad en los principales sectores de bienes de la economía mundial... En los dos últimos años se ha producido un aumento medio de los precios de alrededor del 15% (y mucho mayor en energía y alimentos). La tasa de inflación general de las principales economías acaba de empezar a remitir debido al fin de los bloqueos de la oferta y a que las principales economías se están desacelerando rápidamente hacia una recesión y los ingresos reales están cayendo. Las políticas monetarias de la Fed y del BCE no han sido los motores de la reducción de la inflación. Y, sin embargo, los dirigentes de los bancos centrales siguen repitiendo como loros que este doloroso proceso de subidas de los tipos de interés no puede evitarse y que es la única forma de reducir la inflación... El impacto de las subidas de tipos de los bancos centrales no ha sido tanto la reducción de la inflación, como la aceleración de la caída de las economías, y la generación de una crisis bancaria a medida que los bancos más débiles se hunden ante el aumento de los costes de los préstamos y la caída de los precios de los activos de renta fija que poseen

 "Los dos principales bancos centrales de las economías capitalistas avanzadas, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo (BCE), han vuelto a subir esta semana sus tipos de interés "oficiales".  El tipo de interés oficial fija el suelo para todos los tipos de interés de los préstamos en estas economías.  Ambos bancos centrales subieron sus tipos otro 0,25%, de modo que el tipo de la Reserva Federal se sitúa ahora en el 5,25% y el del BCE en el 3,7%.  Esto contrasta con el 0,25% y el 0% respectivamente de hace dos años.

El objetivo declarado de estas subidas es "controlar" la inflación y volver a situar los elevados tipos actuales en el supuesto objetivo del 2% que tienen ambos bancos centrales.  Yo y otros hemos argumentado firmemente, con pruebas, que esta política de endurecimiento monetario tendrá poco efecto en la reducción de la inflación porque las causas de la inflación no residen en una oferta monetaria excesiva (la teoría monetarista) o en unos salarios excesivos que hacen subir los precios (la teoría keynesiana). Ninguna de estas teorías está respaldada empíricamente.

La razón de la aceleración de la inflación de los dos últimos años hay que buscarla en la restricción de la oferta, tanto en la producción como en el transporte, en parte por los bloqueos de la cadena de suministro tras el desplome de la COVID, en parte por la guerra entre Rusia y Ucrania y en parte por el bajísimo crecimiento de la productividad en los principales sectores de bienes de la economía mundial.  La escasez de oferta ha permitido a las multinacionales productoras de energía y alimentos subir los precios hasta extremos extremos -véanse los enormes beneficios de las grandes petroleras-.  Las empresas han repercutido estos costes de las materias primas en subidas de precios para el "consumidor final", principalmente los hogares.  Han sido los beneficios los que más se han beneficiado de la espiral inflacionista, no los salarios.  Los salarios reales (es decir, una vez deducida la inflación) han caído en casi todas las economías en los dos últimos años.

En los dos últimos años se ha producido un aumento medio de los precios de alrededor del 15% (y mucho mayor en energía y alimentos).  La tasa de inflación general de las principales economías acaba de empezar a remitir debido al fin de los bloqueos de la oferta y a que las principales economías se están desacelerando rápidamente hacia una recesión y los ingresos reales están cayendo.  Las políticas monetarias de la Fed y del BCE no han sido los motores de la reducción de la inflación.  Y, sin embargo, los dirigentes de los bancos centrales siguen repitiendo como loros que este doloroso proceso de subidas de los tipos de interés no puede evitarse y que es la única forma de reducir la inflación. Recordemos los comentarios del economista jefe del Banco de Inglaterra Huw Pill: "De alguna manera, en el Reino Unido, alguien tiene que aceptar que está peor y dejar de intentar mantener su poder adquisitivo real haciendo subir los precios, ya sea mediante salarios más altos o repercutiendo los costes de la energía a los clientes, etc.".

Si se excluye la caída de los precios de la energía y los alimentos, las tasas de inflación subyacentes en Estados Unidos y Europa siguen siendo "rígidas".  De hecho, la inflación "subyacente" sigue siendo cercana al 6% interanual en ambas zonas, más del triple del objetivo de los bancos centrales del 2% de inflación.

El impacto de las subidas de tipos de los bancos centrales no ha sido tanto la reducción de la inflación como la aceleración de la caída de las economías y la generación de una crisis bancaria a medida que los bancos más débiles se hunden ante el aumento de los costes de los préstamos y la caída de los precios de los activos de renta fija que poseen

En Europa, la fuerte caída de la demanda de préstamos, tanto por parte de los hogares como de las empresas, es un signo revelador del impacto del endurecimiento monetario, mientras que la liquidación del histórico banco suizo Credit Suisse es un indicador de que la crisis bancaria no se limita a Estados Unidos.

Cae la demanda de préstamos en la eurozona

En Estados Unidos, la historia es similar.  Allí la crisis bancaria continúa, primero con la quiebra de First Republic Bank la semana pasada, absorbido por JP Morgan con edulcorantes del gobierno; y luego, inmediatamente después de la última subida de la Fed, la noticia de que otro banco californiano, PacWest, había pedido financiación extra para sobrevivir. El índice bursátil de los bancos pequeños se ha desplomado, ya que los inversores temen que se produzcan nuevas quiebras.

A pesar de ello, Jay Powell, jefe de la Fed, sostiene que la crisis bancaria está bajo control (al igual que la inflación) y que también se evitará la recesión de la economía estadounidense, a pesar de que los propios economistas de la Fed prevén una "leve recesión" en los dos próximos trimestres de este año, antes de cualquier recuperación.  De hecho, a pesar de la debacle bancaria, la Fed ha vuelto a reducir sus tenencias de bonos (es decir, a endurecer el crédito).

Balance de la Reserva Federal en miles de millones de dólares

Pero tras el tono confiado de Powell se esconde la incertidumbre.  Parece probable que la Fed posponga nuevas subidas y confíe en que la inflación baje sin más medidas.  En la rueda de prensa de la Fed, Powell comentó: "Quiero decir que hay una sensación de que, ya sabes, estamos mucho más cerca del final de esto que del principio.  Que, ya saben, como he mencionado, si suman todo el endurecimiento que se está llevando a cabo a través de diversos canales, tenemos la sensación de que nos estamos acercando o quizás ya hemos llegado".  Pero también dejó claro que tampoco había perspectivas de reducción del tipo de interés oficial.  Así que el dolor continuará.

El BCE fue aún más duro.  La presidenta del BCE, Lagarde, dijo en su rueda de prensa que "no estamos haciendo una pausa y tenemos más camino por recorrer. Continuamos con el proceso de subidas. Estamos de viaje y aún no hemos llegado". Fue explícita al afirmar que el objetivo del BCE era reducir la economía.  "La inflación general está bajando y la concesión de créditos se está ralentizando.  Pero esta política monetaria más restrictiva aún no ha afectado a la 'economía real'.  Tenemos que ver cómo se desarrolla esa parte del proceso".

Los trabajadores, sobre todo en Europa, luchan denodadamente por recuperar sus pérdidas de ingresos reales obteniendo un aumento salarial.  Pero eso sólo puede significar menores beneficios si no aumenta la productividad de la mano de obra.  Y el crecimiento de la productividad está cayendo en Estados Unidos, un 2,7% en el primer trimestre de este año, y más o menos plano en la eurozona.

Los márgenes de beneficio (beneficio por unidad de producción), que alcanzaron máximos históricos el año pasado, están retrocediendo y el crecimiento total de los beneficios empresariales se está ralentizando rápidamente.

Esto acabará provocando caídas de la inversión productiva y quiebras entre las empresas más pequeñas y débiles.  Las tasas de inflación descenderán entonces (aunque seguirán siendo más altas que antes del COVID), pero sólo a costa de un aumento del desempleo y de la recesión."                      ( Michael Roberts, Brave New europe, 04/05/23; traducción DEEPL)

La tercera y mayor quiebra bancaria de EE.UU. en poco más de un mes tendrá probablemente consecuencias... La primera es que JP Morgan es aún más grande que nunca. Lo de demasiado grande para quebrar es ahora un hecho. Nunca se permitirá que JP Morgan quiebre... Tampoco First Republic. Sus accionistas podrían desaparecer, pero la realidad es que, en lo que respecta a sus clientes, el banco sigue funcionando. La pretensión de que sigue existiendo un sector bancario privado en Estados Unidos, y en países como el Reino Unido, es ahora una farsa. Cuando los depositantes saben que no corren ningún riesgo al colocar fondos en cualquier lugar de los mercados financieros porque el Estado les garantiza que no perderán por muy malo que sea el banco que elijan, la idea de que existe un mercado competitivo está definitivamente acabada... Lo que sería mejor sería un reconocimiento del hecho de que la banca estadounidense no es lo que pretende ser. No es una actividad del sector privado... Utiliza capital público y la mercancía que tiene que vender se la proporciona el Estado sin coste alguno, como fue el préstamo de 50.000 millones de dólares a JP Morgan... Tiene que haber una nueva conciencia. Esta es que el gobierno es el responsable último de toda la creación de dinero. Los bancos son simplemente sus agentes

 "El pasado fin de semana se produjo la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos. Como informaba ayer el FT, el banco estadounidense First Republic fue cerrado con la participación activa de los reguladores bancarios estadounidenses, y sus depósitos de 93.500 millones de dólares y la mayoría de sus activos fueron vendidos a JPMorgan Chase. El banco recibió un préstamo federal de 50.000 millones de dólares para facilitar la operación.

El acuerdo significaba que todos los depositantes, incluidos los que superaban el límite de 250.000 dólares del seguro, conservaban el acceso a su dinero. Se calcula que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE.UU. tuvo que desembolsar 13.000 millones de dólares para financiar la operación.

La tercera y mayor quiebra bancaria de EE.UU. en poco más de un mes tendrá probablemente consecuencias.

La primera es que JP Morgan es aún más grande que nunca. Según la ley de competencia estadounidense, este acuerdo no debería haberse permitido. Hace a JP Morgan demasiado grande. Pero el pragmatismo se impuso. Demasiado grande para quebrar es ahora un hecho. Nunca se permitirá que JP Morgan quiebre.

Tampoco, en efecto, First Republic. Sus accionistas podrían desaparecer, pero la realidad es que, en lo que respecta a sus clientes, el banco sigue funcionando. La pretensión de que sigue existiendo un sector bancario privado en Estados Unidos, y en países como el Reino Unido, es ahora una farsa. Cuando los depositantes saben que no corren ningún riesgo al colocar fondos en cualquier lugar de los mercados financieros porque el Estado les garantiza que no perderán por muy malo que sea el banco que elijan, la idea de que existe un mercado competitivo está definitivamente acabada.

Otro mito que también se rompe definitivamente es la idea de que los bancos dependen de los mercados de capitales para financiarse. Lo que está claro son dos cosas. En primer lugar, JP Morgan dependía de un préstamo del gobierno para financiar esta operación. En segundo lugar, First Republic (y ahora JP Morgan) se basó en el apoyo financiero explícito del gobierno para llevar a cabo sus operaciones de toma de posesión, apoyo que ahora le ha costado al gobierno estadounidense 13.000 millones de dólares. Los bancos del Reino Unido hacen exactamente lo mismo. Aquí la garantía de los depósitos es de 85.000 libras, pero en realidad (como sabemos por la experiencia de la quiebra de Northern Rock), es ilimitada. Pretender que los bancos son algo más que una extensión del Estado ahora es bastante ridículo.

En ese caso, habría que preguntarse por qué se les permite ganar tanto dinero a costa de todos nosotros. (...)

Lo que sería mejor sería un reconocimiento del hecho de que la banca estadounidense no es lo que pretende ser. No es una actividad del sector privado. No se comporta como debería hacerlo el sector privado. Utiliza capital público y la mercancía que tiene que vender se la proporciona el Estado sin coste alguno, como fue el préstamo de 50.000 millones de dólares a JP Morgan. Hasta que no se reconozcan estos hechos, la farsa continuará y las decisiones se tomarán sobre bases erróneas, amenazándonos a todos.

Tiene que haber una nueva conciencia. Esta es que el gobierno es el responsable último de toda la creación de dinero. Los bancos son simplemente sus agentes. El cableado del sistema tiene que reflejar este hecho. Ahora no es así. Y los que se están beneficiando de la pretensión van a aferrarse a ella el mayor tiempo posible. Corresponde a los economistas heterodoxos y a los que realmente entienden de dinero dejar claro que se pueden tomar mejores decisiones. Entonces, un día, esas mejores opciones podrían ocurrir."

(Richard Murphy. Profesor de Contabilidad en la Escuela de Gestión de la Universidad de Sheffield. Brave New europe, 04/05/23; Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)

La alargada sombra del rescate... Para reducir la factura del rescate financiero, o más bien aplazarla, un mecanismo fundamental fue el aval del Estado a los activos fiscales diferidos... En 2013, el Estado estableció un régimen fiscal singular para los activos fiscales de los bancos... avalamos una parte de los activos derivados de las pérdidas bancarias, unos 30.000 millones de euros, en activos fiscales, que pasaron a computar como capital... en 2017 y 2018, las pérdidas del Banco Popular originaron la conversión de estos activos en devoluciones contra el Tesoro Público, por unos 1.400 millones de euros... Posteriormente, en 2021 volvió a ocurrir, algunos bancos solicitaron, en la declaración del impuesto de sociedades de 2020, la conversión de sus activos financieros en devoluciones del impuesto de sociedades por importe de 1.160 millones de euros. Esta cifra es superior al ingreso neto del impuesto de sociedades de todas las entidades de crédito en el impuesto de sociedades de 2020

 "Un país, y también una economía, necesitan un sistema financiero. Durante la gran burbuja que vivió la economía española a principios de siglo, muchas entidades, especialmente cajas de ahorro, concedieron muy mal los créditos, y asumieron riesgos excesivos. Para rescatar a los depositantes de las entidades financieras, los españoles tuvimos que pagar decenas de miles de millones de euros de nuestros impuestos. Sin embargo, el coste más importante fue dejar sin liquidez varios años a muchas empresas. El BCE se equivocó subiendo los tipos en tiempos de Trichet, pero lo peor fue que la liquidez no llegó porque las tuberías, el sistema financiero, estaba roto.

Para arreglar las cañerías, hubo que recapitalizar bancos y cajas, con un dinero que el Estado no tenía, porque en 2012 los mercados financieros, tras el colapso de Bankia, se cerraron para España. Este es el origen del rescate financiero o “préstamo en condiciones favorables”, que España tuvo que solicitar a sus socios europeos. Para reducir la factura del rescate financiero, o más bien aplazarla, como veremos, un mecanismo fundamental fue el aval del Estado a los activos fiscales diferidos (deferred tax assets, DTA) de las entidades de crédito.

Un activo fiscal diferido es una anotación en la contabilidad que, habitualmente, reconoce el derecho a pagar menos impuesto sobre los beneficios en el futuro. Así, si un banco concede un crédito de 100 y no se le devuelve entonces puede reconocer sólo 70 de pérdidas, compensándolas con un derecho a pagar 30 euros menos de impuesto de sociedades en el futuro. Por supuesto, si las cosas van mal, y el banco tiene pérdidas y, más aún, si entra en liquidación, este “derecho a pagar menos impuestos por los beneficios en futuro” no vale nada. Por eso, los supervisores en todo el mundo reducen del capital regulatorio, del mínimo que necesitan los bancos para operar, estos “activos fiscales diferidos”.

En 2013, el Estado estableció un régimen fiscal singular para los activos fiscales de los bancos. Esta es una de las razones por las que la Banca tiene un tipo efectivo inferior en el impuesto de sociedades, aunque el tipo nominal sea más elevado, el 30%. Pero, además, el Estado, es decir los demás contribuyentes, avalamos una parte de los activos derivados de las pérdidas bancarias, unos 30.000 millones de euros, en activos fiscales, que pasaron a computar como capital. Esto permitió utilizar menos importe del rescate financiero, ahorrándonos deuda pública, intereses de esa deuda, y probablemente condiciones más duras.

Como el mundo no es un casino, la Banca no siempre gana y, a veces, pierde. Por eso, en 2017 y 2018, las pérdidas del Banco Popular originaron la conversión de estos activos en devoluciones contra el Tesoro Público, por unos 1.400 millones de euros. Posteriormente, en 2021 volvió a ocurrir. Según el informe de principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado de la Intervención General, algunos bancos solicitaron, en la declaración del impuesto de sociedades de 2020, la conversión de sus activos financieros en devoluciones del impuesto de sociedades por importe de 1.160 millones de euros. Esta cifra es superior al ingreso neto del impuesto de sociedades de todas las entidades de crédito en el impuesto de sociedades de 2020.

Una devolución de un importe que nadie ha ingresado es un gasto, o una subvención a cargo de los demás contribuyentes. Los avales no son gratis, al menos no siempre."               (Francisco de la Torre Díaz es Inspector de Hacienda, El País, 27/03/23)