Merz establece una medida novedosa, ya que el 0,5 % de los ingresos brutos de los trabajadores (un porcentaje que irá en aumento y alcanzará el 2 % en 2031) se deberá destinar a un fondo público de pensiones que se invertirá en los mercados de capitales. Parte del capital recaudado por el Estado dependerá, para su sostenibilidad, de los vaivenes de los mercados financieros... el dinero colocado en ese sector suele ir a parar a Wall Street en lugar de destinarse a la economía productiva del país o de la misma Europa... una reforma que incrementará el coste social que los empresarios deben afrontar. El canciller argumenta que es la única manera de garantizar que las pensiones sean sostenibles a largo plazo. No solo deberán afrontar lo que el Estado les pide, sino lo que los mercados de inversión demandan. Un sobrecoste... Las pymes están operando en un mercado que cada vez exige más gastos y tampoco tienen a nadie que las defienda. No son el votante objetivo de los progresistas, y quienes prometen acoger sus intereses, caso de las derechas, defraudan sistemáticamente cuando gobiernan. Esto explica también el malestar contemporáneo: si las medidas que se no toman no ayudan a los trabajadores, pero tampoco a las pymes, ya que se recargan sobre un ámbito y sobre otro los costes, es normal que tanto a izquierda como a derecha el malestar aumente. AfD crece en Alemania... Milei también se está cargando las pequeñas y medianas empresas argentinas.Todo se hace más caro para todos cuando lo público no funciona o deja de estar presente... Berlín debe invertir grandes cantidades en armamento en los próximos años, en parte para paliar el declive de su industria, y desea unas cuentas públicas que hagan posible destinar grandes cantidades de capital a ese sector (Esteban Hernández)

"Las reformas que ha propuesto Friedrich Merz han merecido las felicitaciones de buena parte de la política tradicional europea, así como de importantes sectores económicos. Un editorial de ‘Financial Times’ ha celebrado expresamente la iniciativa del gobierno alemán y la ha calificado como “una medida ambiciosa que podría tener implicaciones positivas en toda Europa”.

Merz pretende, entre otras reformas, que los 67 años sean la edad mínima de jubilación y que se restrinja significativamente el derecho de jubilarse anticipadamente a quienes han cotizado 45 años, pero no han alcanzado todavía la edad legal para pasar al retiro. Al mismo tiempo, establece una medida novedosa, ya que el 0,5 % de los ingresos brutos de los trabajadores (un porcentaje que irá en aumento y alcanzará el 2 % en 2031) se deberá destinar a un fondo público de pensiones que se invertirá en los mercados de capitales. Parte del capital recaudado por el Estado dependerá, para su sostenibilidad, de los vaivenes de los mercados financieros.

Más de 16 M de personas se jubilarán en los próximos 10 años en Alemania, pero solo 12,5 M se incorporarán al mercado

Los argumentos empleados para justificar las reformas se basan en proyecciones, ya que se estima que más de 16 millones de personas se jubilarán en los próximos 10 años en Alemania, mientras que solo 12,5 millones se incorporarán al mercado laboral. La insostenibilidad de las pensiones reaparece como elemento central de las cuentas públicas. Es cierto que son cifras un tanto dudosas: los economistas no saben cómo estaremos el año que viene, pero se dan por buenas estimaciones de mucho mayor aliento. En lo que se refiere a las pensiones, además, las previsiones han sido un fracaso en los últimos 20 años. Se realizaron entonces estimaciones muy similares que se basaban en proyecciones demográficas. Resultaron fallidas: el número de ocupados aumentó en lugar de disminuir ya que la inmigración aportó la mano de obra que era precisa.

El sobrecoste

Estas reformas, sin embargo, responden también a otros objetivos, muy ligados al momento germano. Berlín debe invertir grandes cantidades en armamento en los próximos años, en parte para paliar el declive de su industria, y desea unas cuentas públicas que hagan posible destinar grandes cantidades de capital a ese sector. Otros países europeos tienen problemas similares, y agravados por el peso de la deuda. La exigencia general de que el gasto en prestaciones públicas se ajuste está muy presente, y más cuando, con lo que recauda el Estado, hay que devolver lo recibido e invertir en el desarrollo de las economías nacionales.

El propósito de Merz no se agota con las pensiones, sino que apunta hacia una reforma del estado de bienestar que incluye la sanidad pública y la atención a los mayores, así como a los subsidios por desempleo. Básicamente, consiste en que los ciudadanos se vayan haciendo cargo cada vez de mayores partes de la provisión de bienes necesarios, desde sanidad, hasta educación, pasando por las pensiones y los seguros ante situaciones de necesidad. Lo privado cada vez tendrá más peso y lo público se debilitará aún más, a pesar de que los ciudadanos seguirán pagando al Estado.

Es llamativo que Alemania impulse una reforma que incrementará el coste social que los empresarios deben afrontar

Los votantes conservadores son muy favorables a este tipo de medidas, que ven con muy buenos ojos, ya que entienden que fortalecen la economía. Sin embargo, en una situación complicada como la presente, se ven cada vez más expuestos a las subidas de precios, al retraso en la jubilación y en las menores prestaciones en un momento en que la vida se vuelve muy cara. La atención médica, por ejemplo, se encarece significativamente para los jubilados, incluso para aquellos cuyas pensiones son elevadas, porque deben destinar cada vez más recursos a pagar la atención médica, los medicamentos y todo aquello que el seguro no cubre. Hay distintas señales que muestran cómo las clases medias altas deben pagar cada vez más por la educación de sus hijos, por sus viviendas o simplemente para mantener el nivel de vida de clase media alta. Funciona en cascada y la sanidad en España es un buen ejemplo: dado que la pública está muy saturada, cada vez más personas contratan un seguro privado. Pero estos también han llegado al límite de su capacidad (y están pauperizando a unos médicos a los que retribuyen muy escasamente), por lo que, si se quiere tener atención sanitaria rápida en un especialista, se ha de pagar la consulta íntegra, igual que si no se tuviera seguro. En otro caso, se le atenderá, pero en fechas bastante más lejanas. Todo se hace más caro para todos cuando lo público no funciona o deja de estar presente.

Lo llamativo, en este contexto, es que el gobierno alemán haya aprobado una reforma que incrementará el coste social que los empresarios deben afrontar. El canciller argumenta que es la única manera de garantizar que las pensiones sean sostenibles a largo plazo. No solo deberán afrontar lo que el Estado les pide, sino lo que los mercados de inversión demandan. Un sobrecoste.

Trabajadores y pymes

Para la izquierda, esto debería ser una línea roja, ya que se colocará parte de lo aportado en fondos que impulsan el tipo de gestión que deteriora las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. También para las fuerzas nacionalistas, ya que el dinero colocado en ese sector suele ir a parar a Wall Street en lugar de destinarse a la economía productiva del país o de la misma Europa.

Las derechas contemporáneas, cuando gobiernan, no cumplen con lo prometido, salvo en lo que afecta a los mercados

Pero también debería sonar mal a las derechas. Una de las quejas más frecuentes de los empresarios (además de los impuestos) es la carga excesiva que deben soportar por las cotizaciones de sus empleados. Las pequeñas y medianas empresas señalan este punto con insistencia. Esos colectivos esperaban del gobierno alemán que reformase el sistema de forma que aliviase su situación económica y va en dirección contraria.

Esta es una deficiencia de las derechas contemporáneas, que no cumplen lo que prometen, salvo para los mercados. La derecha moderada no benefició ni a los trabajadores ni a los pequeños y medianos empresarios, ya que en los últimos años ha subido los impuestos cuando gobierna. En España, Rajoy fue un ejemplo. Trump ha irrumpido en la Casa Blanca con un buen montón de medidas que han recortado impuestos, pero la economía no ha mejorado para la gente común. En algunos casos es peor, porque Milei se está cargando las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Las pymes están operando en un mercado que cada vez exige más gastos y que les deja menos margen y tampoco tienen a nadie que las defienda. No son el votante objetivo de los progresistas, y quienes prometen acoger sus intereses, caso de las derechas, defraudan sistemáticamente cuando gobiernan. Esto explica también el malestar contemporáneo: si las medidas que se no toman no ayudan a los trabajadores, pero tampoco a las pymes, ya que se recargan sobre un ámbito y sobre otro los costes, es normal que tanto a izquierda como a derecha el malestar aumente. AfD crece en Alemania."

(Esteban Hernández , El Confidencial, 05/07/26)  

El desarrollo de un sistema mixto de financiación proporcionada por cotizaciones e impuestos como el que se está estableciendo en España no es ninguna extravagancia... “las pensiones contributivas son el principal instrumento igualador de las diferencias de renta en España”... Las pensiones son el mecanismo más eficiente de nuestro modelo social. Nuestro problema de no es de un exceso de generosidad. Hacen falta más impuestos para asegurarlo y reducir las desigualdades (Andreu Missé)

 "Un reciente y oportuno estudio titulado Preocupada y un tanto desorientada: la sociedad española ante las pensiones, elaborado por Funcas, pone al descubierto el bajo nivel de conocimientos de los ciudadanos sobre las pensiones. Solo uno de cada ocho españoles conoce cómo se financian las pensiones. Este desconocimiento dificulta la comprensión de la llamada generosidad del sistema. Diferentes estudios demuestran que por término medio la Seguridad Social devuelve más de lo aportado a ella. Esta alta rentabilidad del sistema público español es la base sobre la que se apoyan los análisis para justificar la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

El sistema español de pensiones públicas es un sistema de reparto. Las cotizaciones de las empresas y los trabajadores se destinan inmediatamente para pagar las pensiones. Como en los últimos años estas aportaciones han sido insuficientes, ha sido necesaria una creciente aportación del Estado para equilibrar el sistema.

La participación del Estado en la financiación de las pensiones, cuyos ingresos fundamentales provienen de los impuestos, no resulta nada excepcional. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se consolidaron dos grandes modelos de la Seguridad Social, basados en el reparto. El sistema alemán, establecido originariamente por el canciller Bismarck, en 1881, en el que los ingresos proceden de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Es el seguido, con determinadas particularidades por Francia, Italia y España. Por el contrario, en el Reino Unido, se implantó un modelo público también de reparto, diseñado por William Beveridge en 1942, cuya financiación se realiza a través de impuestos. En este contexto, el desarrollo de un sistema mixto de financiación proporcionada por cotizaciones e impuestos como el que se está estableciendo en España no es ninguna extravagancia.

La extraordinaria relevancia de las pensiones en el conjunto de la economía española implica que no se puedan analizar de forma aislada. Las pensiones públicas en España son el mayor instrumento de redistribución de la renta. Un estudio referencial, Los efectos redistributivos de las prestaciones sociales y los impuestos: un estado de la cuestión, realizado en 2020 por los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó, concluía que “las pensiones contributivas son el principal instrumento igualador de las diferencias de renta en España”. No obstante, la reducción del 20,27% de la desigualdad por efecto de las pensiones en España, fue superada por otros países con sistemas más generosos, como Alemania (27,13%), Italia, (25,25%) y Francia (24,60%) con datos de 2018.

La situación ha mejorado significativamente en España en los dos últimos años, con subidas de las pensiones mínimas y no contributivas del 12% y 15,4%, respectivamente. A pesar de ello y de la implantación del Ingreso Mínimo Vital, la pobreza severa ha seguido creciendo hasta alcanzar a 4,1 millones de personas y la infantil sigue estancada en el 34,6%, según la Red de Lucha contra la Pobreza. Las pensiones son el mecanismo más eficiente de nuestro modelo social. Nuestro problema de no es de un exceso de generosidad. Hacen falta más impuestos para asegurarlo y reducir las desigualdades." 

(Andreu Missé , El País, 13/10/25) 

Lo había validado la propia Comisión Europea; lo habían refrendado el Fondo Monetario Internacional y la propia OCDE. La reforma que habían introducido José Luis Escrivá y Pedro Sánchez aprobada en marzo del 2023 solucionaría durante décadas, eso querían que creyéramos, el problema de las pensiones en nuestro país... Sólo hace 12 meses que avalaron los anteriores informes; las medidas aún no han hecho efecto, pero ya se pretenden modificar... No nos equivoquemos; las instituciones europeas están en pie de guerra contra sus ciudadanos. Necesitan cada vez nuevas fuentes de ingresos. Es necesario sostener los altísimos niveles de corrupción, que salpican a las más altas instituciones de la Unión como la Comisión Europea (la compra de las vacunas toca de lleno a la propia Ursula von der Leyen) y, especialmente, mantener viva la guerra en Ucrania... Vivimos una auténtica ofensiva de las instituciones europeas cuyo objetivo no es otro que introducir recortes sociales para financiar sus actuales y futuros conflictos. El ejército y el rearme europeo es ya un gigantesco pozo sin fondo donde caen sin control alguno los impuestos de los trabajadores y pensionistas europeos (Eduardo Luque)

 "Porque no hay dos sin tres: Bruselas ataca de nuevo.

Lo había validado la propia Comisión Europea; lo habían refrendado el Fondo Monetario Internacional y la propia OCDE. La reforma que habían introducido José Luis Escrivá y Pedro Sánchez aprobada en marzo del 2023 solucionaría durante décadas, eso querían que creyéramos, el problema de las pensiones en nuestro país. Rememorando a Cervantes sería como aplicar el bálsamo de Fierabrás al “problema de las pensiones”.

Bruselas dio por buenos los cambios introducidos: entre ellos, la subida anual del IPC, o el nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI) cuyo objetivo era nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Una vez más vemos como las instituciones europeas se desdicen. Y, como los malos augures que preguntaban al César qué convenía que dijeran los sacrificios, los nuevos adivinos, revestidos de una aparente cientificidad matemática, pronostican nuevas calamidades.

Sólo hace 12 meses que avalaron los anteriores informes; las medidas aún no han hecho efecto, pero ya se pretenden modificar. Paradójicamente los datos macroeconómicos de la economía española son buenos: en números de trabajadores dados de alta en la s/s, en ingresos por cotizaciones y en niveles de crecimiento del PIB….

La propuesta de la Comisión Europea en el informe de envejecimiento 2024 (Ageing Report) sorprende a propios y extraños. Los analistas del BBVA, nada proclives a ideas socializantes, señalan una grave carencia en el estudio. Bruselas no ha contemplado los ingresos adicionales que establece la reforma de Escrivá: el Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI), el incremento de ingresos derivado de la introducción de la cuota de solidaridad para los salarios más altos, la subida de la base máxima de cotización, ni la reducción de los gastos impropios a la que se ha comprometido el gobierno…

Todo apunta a que las reformas propuestas adolecen del rigor que se les debería suponer. ¿Cómo es posible que los datos que eran buenos hace pocos meses ahora no lo sean?

No nos equivoquemos; las instituciones europeas están en pie de guerra contra sus ciudadanos. Necesitan cada vez nuevas fuentes de ingresos. Es necesario sostener los altísimos niveles de corrupción, que salpican a las más altas instituciones de la Unión como la Comisión Europea (la compra de las vacunas toca de lleno a la propia Ursula von der Leyen) y, especialmente, mantener viva la guerra en Ucrania.

Vivimos una auténtica ofensiva de las instituciones europeas cuyo objetivo no es otro que introducir recortes sociales para financiar sus actuales y futuros conflictos. El ejército y el rearme europeo es ya un gigantesco pozo sin fondo donde caen sin control alguno los impuestos de los trabajadores y pensionistas europeos.

Es un asalto coordinado. Primero fue el Banco Mundial allá por 1994 quien en sus informes dio el pistoletazo de salida para la privatización de las pensiones públicas. El Fondo monetario Internacional tomó el relevo a continuación llegando a pronosticar, no menos de siete veces en los últimos 15 años, la quiebra de las pensiones, Por último, y más recientemente, ha sido la OCDE quien criticó al ejecutivo porque la hucha de las pensiones estaba casi vacía. Olvidó intencionadamente su papel: fue esta organización internacional la que validó y aplaudió (en época de Rajoy) el uso impropio del Fondo de Reserva.

Ahora, en el nuevo informe sobre envejecimiento que ha presentado la Comisión Europea se afirma lo contrario de lo que se anunció hace tan solo 12 meses.

Mientras, se negociaba la privatización de las pensiones que aprobó el Parlamento español el año pasado; Bruselas bendecía la operación como una solución al denominado ”problema de las pensiones”.

En realidad, y tal como habíamos denunciado, no era sino un primer paso para una reforma mucho más amplia y mucho más profunda de todo el sistema público de pensiones. El objetivo de la Unión Europea es reducir su cuantía, un objetivo que va mucho más allá de la mera privatización.

El informe de Bruselas sobre envejecimiento insiste en que los desequilibrios financieros obligarán a nuestro país a realizar nuevos ajustes a partir del año 2026, unos 12.000 millones de euros/año (prácticamente una paga de los jubilados actuales). En este momento, según las cuentas de este organismo europeo, la nómina mensual de pensiones en nuestro país alcanza unos 13.000 millones por 14 pagas. De nuevo la justificación es la necesaria disminución del déficit público; Bruselas nos obligaría a que el gasto en pensiones no sobrepasase el 13,3% del PIB.

Según esos cálculos el costo de las pensiones en relación al PIB ascendería, si no se introducen sus medidas, al 17,3% del PIB en 2050. Para descender en el 2070 ¡¡¡dentro de 46 años!!! al 16,7%. Curiosos técnicos estos que son incapaces de acertar con la inflación en el trimestre inmediato, pero que, tras “sesudos” análisis, saben cuál será el peso de las pensiones en el PIB dentro de casi medio siglo.

Basándose en esos cálculos, al superar la frontera del 15% tal como señala la propia ley de Escrivá, se dispararía un sistema automático de recortes (unas 8 décimas) para alcanzar el citado 13,3% del PIB.

La Comisión Europea pretende de forma progresiva varios objetivos: la reducción de la Tasa de Prestación (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio) que habría de bajar del 64% en 2022 al 51% en 2070. También se busca aumentar sustancialmente la Tasa de Dependencia (porcentaje de mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar) lo que equivale a un aumento de los años de trabajo en 4,8 años. Las jubilaciones, en ese momento y con esa propuesta, superarían los 70 años. También se propone no indexar las pensiones al IPC anual con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, y por último se busca la reducción de la Tasa de sustitución (porcentaje entre el último salario recibido y la primera pensión, que actualmente hemos conseguido que se mantenga muy por encima del 80%)

la Comisión Europea sostiene –no puede ser de otra forma– que los responsables son los pensionistas por haber impuesto la retirada del factor de sostenibilidad aprobado por el PP y conseguir ligar, aunque con ligeras pérdidas de poder adquisitivo, las pensiones al incremento del IPC.

La comisión (no olvidemos que está controlada por el PP europeo) considera inconcebible que las pensiones subieran en el 2022 un 8,5%. Las instituciones europeas con su miope vista suspiraban por el 0,25% Impuesto por Rajoy.

Atados como estamos a la rueda de los fondos Nex generation, Bruselas vuelve a chantajearnos. Si queremos recibir el cuarto pago, unos 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia, debemos introducir ajustes que recorten el gasto en pensiones. Este paquete se llevaría al Consejo de Ministros el 20 de mayo.

El Ejecutivo obedecerá las órdenes provenientes de Bruselas y es por ello que la ministra Sáez envío en el mes de abril un documento a los agentes sociales en el que ya se proponen ideas nuevas sobre «un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión”.

Las reacciones de Bruselas muestran que la lucha pensionista ha conseguido algunas victorias, que aunque parciales, cuestionan los planes de los grandes grupos de poder financieros. Desde COESPE sabemos que no ha sido poco lo conseguido porque el enemigo es enorme. Vamos a seguir perseverando porque nuestras acciones muestran que es posible conquistar victorias, aunque sean pequeñas.

Con nuestras fuerzas y a pesar de la oposición de las grandes burocracias sindicales y algunos partidos políticos a los que molestamos, estamos metiendo miedo, son ellos los que han de demostrar la validez de sus argumentos porque nosotros les estamos ganando el relato."                            (Eduardo Luque, Ramon Franquesa  , el Viejo Topo, 07/05/24)

La baja contribución fiscal española da para financiar las pensiones y el resto de funciones del Estado holgadamente. El conflicto no es entre mayores y jóvenes sino entre quienes no pagan los impuestos que deben y los jóvenes que tendrán que asumir la deuda pública que les endosan los que no pagan. A la cabeza de esta baja contribución están las grandes corporaciones... La misma estrategia siguieron con la inestabilidad en el empleo. Entonces nos contaban que los indefinidos les robaban los derechos a los temporales y la solución era recortar su indemnización por despido. Los empresarios no tenían ninguna responsabilidad... Afortunadamente tras la reforma laboral esa idea tóxica es hoy una idea zombie, pero hay que ve el tiempo que hemos perdido y el sufrimiento que podíamos haber ahorrado (C. M. Urriza)

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

(1/4) La baja contribución fiscal española da para financiar las pensiones y el resto de funciones del Estado holgadamente. El conflicto no es entre mayores y jóvenes sino entre quienes no pagan los impuestos que deben y los jóvenes que tendrán que asumir

(2/4) …la deuda pública que les endosan los que no pagan. A la cabeza de esta baja contribución están las grandes corporaciones que financian fundaciones especializadas en transformar los conflictos de clase en conflictos intraclase y salir de rositas.

(3/4) La misma estrategia siguieron con la inestabilidad en el empleo. Entonces nos contaban que los indefinidos les robaban los derechos a los temporales y la solución era recortar su indemnización por despido. Los empresarios no tenían ninguna responsabilidad

(4/4) Afortunadamente tras la reforma laboral esa idea tóxica es hoy una idea zombie, pero hay que ve el tiempo que hemos perdido y el sufrimiento que podíamos haber ahorrado

9:43 a. m. · 24 mar. 2023 5.712 Reproducciones
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Mientras la espiral de confrontación parece irreversible, el secretario general de la CFDT pide una tregua para evitar una explosión generalizada : «Hay que poner la ley en suspenso, aplazarla»... en cuatro o cinco años hemos pasado de un sistema universal que ofrecía algunas ventajas a los trabajadores modestos a una reforma paramétrica que los penaliza... La extrema derecha se alimenta de dos pilares fundamentales: la desconfianza en las instituciones y el resentimiento social, que hunde sus raíces en el desprecio del trabajo y el sentimiento de abandono de los servicios públicos. Hoy en día, todo está reunido en Francia para que se produzca una catástrofe. La confianza en las instituciones es muy baja y el resentimiento social es intenso... La cuestión no es si Marine Le Pen llegará al poder. El cohete ya ha despegado, ahora hay que hacer que se desvíe de su órbita para evitar que llegue a su destino... Debemos incluir a los trabajadores más modestos en el modelo social que estamos construyendo para mejorar la distribución de la riqueza, incluidas las rentas más altas. Para ello es necesario reabrir los espacios democráticos... Parece que vamos hacia la catástrofe. Pero aún tenemos los medios para crear un efecto dominó en la otra dirección

 "Una conversación con Laurent Berger, el secretario general de la CFDT(...)

Desde hace dos meses, Francia está inmersa en un movimiento social de gran intensidad. Usted es Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos. ¿Cómo explica el vigor del movimiento, que ha cristalizado en torno a la cuestión de la edad de jubilación -y los malentendidos que podría suscitar- a los alemanes, los españoles y los italianos? 

En Francia, el tema de las pensiones siempre ha sido muy complicado porque nunca hemos tenido la madurez necesaria para construir un sistema sencillo; seguimos teniendo una superposición de varios sistemas. Cada vez que hemos intentado reformarlo, no hemos conseguido hacerlo más eficaz y más justo. Como todos los sistemas de pensiones de reparto, depende de la demografía y de la fortaleza económica. En Europa existe el prejuicio de que los franceses nunca habrían querido reformarlo. Y sin embargo, hace 20 años, algunos asalariados cotizaban durante 37 años y medio, mientras que pronto lo harán durante 43 años. No podemos decir que no hemos hecho reformas de las pensiones. Se han hecho esfuerzos, pero no se ha unificado el sistema.  

(...) este déficit no tiene nada que ver con la situación de los regímenes de pensiones en 2003 o en 2014. El desequilibrio anual estimado es de 10 a 12 mil millones de euros. Cada año se pagan 353 mil millones de euros en prestaciones. Se trata de un 3%, es decir, no como para poner en grave peligro el sistema de pensiones de reparto.

El Presidente de la República, en lugar de proponer una reforma cualitativa como había anunciado que haría en 2017 y empezó a hacer en 2019, decidió, durante la campaña presidencial de 2022, optar por una reforma paramétrica imponiendo trabajar hasta los 65 años. Esta elección preocupa a todos los sindicatos. En 2019, cuando se discutió la reforma sistémica, hubo resistencia pero solo de algunos sindicatos, mientras que otros estaban más bien de acuerdo con la reforma.

 Hoy, el Presidente de la República se empeña en una reforma puramente paramétrica destinada a equilibrar el presupuesto, sin ninguna consideración por la justicia social. Ha olvidado que propone esta reforma en un periodo post-pandémico. 

¿En qué sentido?

En Francia, como en toda Europa, se ha revalorizado el lugar de trabajo, y las profesiones poco reconocidas se han revalorizado a los ojos de toda la población, porque nos hemos dado cuenta de que nuestros sistemas se basaban en ellas. Ahora esta reforma, que sólo afecta a la edad legal de jubilación, afecta sobre todo a estas profesiones. Si has estudiado hasta los 22 años y has cotizado durante 43, no te afecta esta reforma porque te vas a ir a los 65 de todas formas.

Estamos asistiendo a la revuelta de esa parte de la población. Una categoría que estuvo muy presente durante el periodo pandémico: los trabajadores de los sectores sanitario, asistencial, social, de producción alimentaria, de residuos, comercial y de limpieza se rebelan ante la idea de trabajar dos años más. Todas estas profesiones fueron las primeras beneficiarias de un sistema universal. De hecho, si la edad legal de jubilación es baja, esto permite que las personas que empezaron a trabajar antes -a menudo en trabajos más difíciles- también se jubilen antes. Aumentar la edad de jubilación en dos años elimina esta ventaja de estas profesiones, mientras que no afecta a las profesiones intermedias y a los directivos. En resumen, en cuatro o cinco años hemos pasado de un sistema universal que ofrecía algunas ventajas a los trabajadores modestos a una reforma paramétrica que los penaliza.

¿El conflicto social que está incendiando el país es producto de una ruptura institucional?

La búsqueda del compromiso social, ya de por sí poco asentada en nuestro país, está completamente ausente de la situación actual. Desde el principio, el Presidente de la República y el gobierno buscaron un compromiso político con la derecha, con los republicanos. Este compromiso se basaba en un enfoque presupuestario del sistema de pensiones con ajustes para que hubiera algunas excepciones en función de la dureza del trabajo y de la duración de la carrera, pero eran excepciones mínimas. 

Así que no hubo búsqueda de un compromiso social. No hubo negociación sobre los 64 años. En un mundo laboral sacudido por el periodo post-pandémico, eso incendió la situación. El gobierno no creía que esto fuera a ocurrir. 

¿Cree que hubo un fallo por parte del gobierno a la hora de leer el contexto político interno?

El 3 de enero, en la última reunión que mantuve con la Primera Ministra sobre la consulta de las pensiones, le dije que provocaría un verdadero rechazo de la opinión pública. Ella replicó que la opinión pública estaría de su lado… Sin embargo, este es el noveno día de movilización, y hemos asistido a tres de las mayores manifestaciones desde los años 1980. En un país acostumbrado a las manifestaciones masivas, es la prueba de un descontento poco frecuente. Estas movilizaciones son generalizadas y, sobre todo, diversas en su sociología y geografía. En algunos lugares se han registrado cifras de movilización sin precedentes, incluso en las subprefecturas. El mundo laboral expresa su rechazo a la reforma.

 Esto se explica por la ausencia de diálogo, la injusticia de la medida y la incomprensión de una movilización social de estos dos meses y medio. Se lo digo a mis compañeros alemanes, españoles e italianos: entre el anuncio de la reforma el 10 de enero y hoy, en dos meses, todavía no ha habido ninguna reunión intersindical con la Primera Ministra ni con el Ministro de Trabajo.  (...)

La relación con el trabajo ha cambiado. Hay que darse cuenta de que el mundo del trabajo en nuestro país está dividido en dos: por un lado, los que quieren trabajar hasta tarde, las profesiones intelectuales, y por otro, los sectores -no sólo las profesiones manuales, sino también a veces las intelectuales- que ya no pueden más. Durante el confinamiento, se tomó conciencia del lugar del trabajo en la vida. Hacer que la primera reforma social pospandémica no trate del trabajo sino de las pensiones crea un clima incendiario. No debería sorprendernos que acabe estallando.  

El gobierno repite con frecuencia que no ha sabido explicar la necesidad de esta reforma. Si seguimos su razonamiento, la oposición a la reforma no proviene de una falta de explicación, sino de una falta de necesidad de esta reforma. 

En general, es necesaria una reforma de las pensiones que haga más justo el sistema y que cierre el desequilibrio. Esto es lo que habíamos empezado a hacer. Esta reforma, en cambio, no es necesaria porque sólo tiene en cuenta el aspecto presupuestario. En la actualidad, apenas ahorraría 10.000 millones de euros: es absolutamente absurdo arriesgarse a sumir a Francia en el caos por tan poco. 

¿Cómo se explica que el Presidente esté dispuesto a arriesgar tanto por tan poco?

Desde el principio, esta reforma era un objeto político. Emmanuel Macron quería competir con la derecha en las elecciones presidenciales y para ello recogió la principal propuesta de Valérie Pécresse, mientras que él mismo, en 2019, dijo que no había que retrasar la edad legal de jubilación mientras la tasa de empleo de las personas mayores fuera tan baja. (...)

Cuando escuchas al Presidente de la República en la entrevista del miércoles, no habla de trabajo. Habla de forma altisonante, tecnocrática, no encarna nada. Me llamó la atención que dijera el miércoles pasado que había que hablar del desgaste y de la dificultad del trabajo. ¡Esto debería haberse hecho mucho antes! En octubre propusimos al gobierno que hiciera una gran ley sobre el trabajo, el empleo y las pensiones, pero nadie quiso oír hablar de ello. No hubo búsqueda de compromiso social sino, por el contrario, una elusión del trámite parlamentario. El resultado es una cólera social que se ha convertido en cólera democrática. (...)

¿Cuánto tiempo puede durar esta situación?

Estamos en una situación de bloqueo. El Presidente pensó que su discurso calmaría los ánimos pero, en realidad, este discurso ha motivado a las tropas. Desde el jueves por la noche, el gobierno ha empezado a comprender que estamos en una situación difícil. En la carta intersindical les habíamos advertido de que la situación era explosiva.  (...)

Usted menciona las propuestas que hizo para una Ley de Empleo y Pensiones. ¿El problema de esta reforma no está también vinculado al hecho de que no logra inscribirse en una visión más general?

El programa del candidato Macron para 2022 no presentaba un rumbo ni una visión vinculada a las transformaciones que estamos viviendo. No hay ninguna reflexión sobre el modelo económico que queremos construir, que sea competitivo pero que integre el factor principal del desarrollo de la economía baja en carbono, que debería ser la primera prioridad, y el mantenimiento de un sistema social protector. 

La crisis que atravesamos implica tres retos: el calentamiento global, el aumento de las desigualdades y un problema democrático. Estamos en una sociedad cansada. Al día siguiente de las elecciones presidenciales, dije que el Presidente no podía fingir que la cuestión social no existía. Su eslogan era «con ustedes», pero no pasó nada. En realidad, como vimos durante su último discurso, era «sin ustedes y lo asumo». 

Nuestro sistema institucional no acepta dar poder a los diferentes actores sociales del país. En el ámbito del trabajo y de la ecología, de la democracia, necesitamos trazar perspectivas, tener una columna vertebral, que es lo que nos falta hoy. No se puede hacer todo solo. No se puede ser de izquierdas y de derechas: cuando se gobierna, no existe el «al mismo tiempo». Nos falta un marco y una reflexión sobre la legitimidad de los actores para que ellos mismos encuentren las soluciones. No se actúa sobre el trabajo simplemente haciendo una ley.  (...)

La intersindical está hoy estructurada y es responsable -porque la violencia de los últimos días no es obra nuestra-. Nos consternan, como a todo el mundo. Hemos llegado a un callejón sin salida en nuestra concepción del papel de la socialdemocracia en nuestro país. Estamos a la espera: tenemos una situación impensable, estamos a la espera de que se rompa definitivamente. Aún estamos a tiempo de dar marcha atrás e intentar evitar una huida hacia adelante. 

¿Qué propone para evitar el riesgo de una explosión? 

Hay que poner la ley en suspenso, aplazarla. Podríamos pedir no la retirada de la ley, sino su suspensión. Esto nos permitiría buscar y encontrar un compromiso social más inteligente. Pero, por desgracia, no hemos llegado a ese punto. Eso exigiría que el Presidente de la República reconociera que su idea no era pertinente, lo que no corresponde realmente a su manera de actuar, a su estado de ánimo.(...)

¿Cree que la Reagrupación Nacional puede salir reforzada de esta secuencia? A un año de las elecciones legislativas europeas de mayo de 2024, ¿existe la posibilidad de que Meloni produzca un efecto dominó?

La extrema derecha se alimenta de dos pilares fundamentales: la desconfianza en las instituciones y el resentimiento social, que hunde sus raíces en el desprecio del trabajo y el sentimiento de abandono de los servicios públicos. Hoy en día, todo está reunido en Francia para que se produzca una catástrofe. La confianza en las instituciones es muy baja y el resentimiento social es intenso.

La cuestión no es si Marine Le Pen llegará al poder. El cohete ya ha despegado, ahora hay que hacer que se desvíe de su órbita para evitar que llegue a su destino. Para ello, debemos tener en cuenta los objetivos económicos y ecológicos que nos hemos fijado. Debemos incluir a los trabajadores más modestos en el modelo social que estamos construyendo para mejorar la distribución de la riqueza, incluidas las rentas más altas. Para ello es necesario reabrir los espacios democráticos. 

En Francia, siempre olvidamos que la democracia tiene tres dimensiones. En primer lugar, la democracia representativa, que es fundamental. En segundo lugar, la democracia social, con los cuerpos intermedios que sirven para representar los intereses contradictorios que recorren una sociedad y ponerlos frente a frente para crear los compromisos necesarios para mantener viva una democracia. Por último, la tercera dimensión es la participación y la escucha de la población. Esta dimensión es más importante que antes porque la educación ha hecho su trabajo y estamos más conectados; esto es lo que se expresa a través del aspecto territorial de la movilización. Tenemos que articular las tres. Necesitamos llevar esta visión del método democrático y su contenido. Parece que vamos hacia la catástrofe. Pero aún tenemos los medios para crear un efecto dominó en la otra dirección."

  (Entrevista a Laurent Berger, secretario general del sindicato CFDT, Gilles Gressani, Pierre Ramond , El grand continent, 25/03/23)

¿Qué le pasa? En su entrevista televisada, las palabras de Macron eran torrenciales, imparables, hasta el punto de cortar continuamente las preguntas de los periodistas, mientras agitaba sus manos enérgicamente y remarcaba sus palabras con golpes en la mesa... además Macron culpó a los parados de vivir a costa de sus compatriotas que sí trabajan. Para solucionar esto aseguró que su gobierno redactará una ley para reformar la prestación por desempleo. Mientras las calles ardían, Macron anunciaba una nueva ofensiva antisocial... Los periodistas encargados de entrevistarle, se miraban el uno al otro, atónitos... Macron disfruta de su ‘momento Thatcher’... Libération lo llamó en su portada «el gran atizador»... y la escalada de tensión social ha llevado al Financial Times a hablar de cambio de régimen

 "La estrategia se conoce con el acrónimo TINA: There is no alternative. La puso de moda Margaret Thatcher en los años ochenta para imponer sus reformas antisociales, la privatización de los servicios públicos, el desmantelamiento de los sindicatos y la flexibilización de todos los mercados, con especial incidencia en el del trabajo, que efectivamente ablandó a porrazo limpio. El presidente francés, Emmanuel Macron, utiliza desde hace meses la misma retórica para justificar su antipopular reforma de las pensiones, que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

«Si hay algo que lamento es no haber sabido convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de esta reforma», explicaba el pasado miércoles en una entrevista televisada. «No me gusta tener que hacerla. Me gustaría no tener que haberla hecho», añadía en una intervención que, previamente, los analistas pensaban que estaba programada para apaciguar los ánimos en el país. Ocurrió lo contrario. El presidente remarcó que, constitucionalmente, este es su último mandato (traducido: que no tiene nada que perder) y que llegará hasta las últimas consecuencias para imponer su reforma. «Y si tengo que cargar con la impopularidad, cargaré con ella», aseguró.

 Diez millones de espectadores vieron la entrevista con el presidente. El 70% no quedó satisfecho con sus explicaciones, según un sondeo de Harris Interactive. Entre los votantes de izquierda, de hecho, creció la indignación cuando Macron comparó a los manifestantes con los seguidores de Trump y Bolsonaro que asaltaron las sedes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, respectivamente. Al día siguiente, según los sindicatos, más de 3,5 millones de franceses y francesas salían a la calle para continuar con las movilizaciones (1,09 millones según el Ministerio del Interior). La escalada de tensión social ha llevado al Financial Times a hablar de cambio de régimen y a preguntarse si Francia no estará caminando hacia la VI República. 

Las manifestaciones han subido tanto de intensidad que el rey de Inglaterra, Carlos III, ha pospuesto su visita oficial a Francia, prevista para el próximo domingo. La imagen del día fue la de la fachada del ayuntamiento de Burdeos en llamas. Y es significativo que se trate precisamente de Burdeos, ciudad burguesa por antonomasia, gobernada por corporaciones conservadoras durante más de 70 años de manera ininterrumpida (en 2020 se rompió la hegemonía y hoy gobiernan Los Verdes).

 Las palabras del presidente echaron gasolina al fuego del descontento social, que se extendió rápidamente por todo el país. No en vano, Libération lo llamó en su portada «el gran atizador». Según Gérald Darmanin, ministro del Interior, el jueves se arrestó a 457 manifestantes. También informó de que 441 policías y gendarmes fueron heridos en el curso de las protestas. Si mencionó la dureza ejercida por las fuerzas del orden, que dejaron imágenes igualmente impactantes, fue para señalar que eran casos puntuales y «fruto del cansancio».

 «La extrema izquierda no ganará», repite sin cesar Darmanin, señalando públicamente a quien considera su principal enemigo. En el saco de la extrema izquierda incluye el macronismo a todo aquel que propugne una mayor justicia fiscal, no sólo a quienes prenden fuego a los contenedores. Y se da la paradoja de que esa supuesta «extrema izquierda» fue la que le cortó el paso a Marine Le Pen y aupó a Macron a la presidencia. Esa misma que hoy es comparada con trumpistas y bolsonaristas, un desprecio que podría fomentar la abstención en las próximas elecciones. Pero ya que Macron no puede ser reelegido, su preocupación por un ascenso de la ultraderecha es relativa. (...)

Lo de obligar a la gente a trabajar es algo que también deslizó Macron en su entrevista. El objetivo durante su segundo mandato, dijo, es alcanzar el pleno empleo, y culpó a los parados de vivir a costa de sus compatriotas que sí trabajan. Para solucionar esto aseguró que su gobierno redactará una ley para reformar la prestación por desempleo. Mientras las calles ardían, Macron anunciaba una nueva ofensiva antisocial. Los periodistas encargados de entrevistarle, Marie-Sophie Lacarrau y Julien Bugier, se miraban el uno al otro, atónitos. Esperaban ver a un presidente pedagógico y conciliador pero se encontraron a un gobernante inflexible. Arrogante, sobrado, despreciativo, según otras consideraciones.

 Desde que compareció en televisión se han sucedido los análisis sobre el discurso de Macron, tanto de sus palabras (torrenciales, imparables, hasta el punto de cortar continuamente las preguntas de los periodistas) como de su lenguaje no verbal. El presidente agitaba sus manos enérgicamente y remarcaba sus palabras con golpes en la mesa, golpes que sonaban aún más fuertes por el efecto de las alianzas que portaba. Pero fue otro complemento percutante el que ha acaparado la atención de las redes sociales: un reloj de lujo de la marca Bell & Ross (valorado en algo más de 2.000 euros) que el presidente se retiró discretamente de la muñeca tras golpear varias veces, de forma involuntaria, la mesa con él.

 El reloj dio pie para retomar una vieja acusación contra Macron: la de ser el presidente de los ricos. El debate puede parecer populista, pero en el fondo no lo es y, de alguna manera, entronca también con su discutida reforma de las pensiones. Cuando llegó al Elíseo en 2017, el presidente (ex gerente de la banca Rothschild & Cie) retiró el impuesto a las grandes fortunas y lo sustituyó por uno que simplemente gravaba las propiedades inmobiliarias. Este impuesto recauda entre 0,5 y el 1,5% de esta riqueza a los poseedores de grandes patrimonios. En cambio, los trabajadores con los sueldos más bajos pagan una media del 30%. Además, mientras exoneraba a los millonarios, Macron subía el impuesto a los combustibles, lo que, a la postre, contribuía a empobrecer a muchos trabajadores (sobre todo transportistas y agricultores) y acabó por desencadenar la crisis de los chalecos amarillos.

Su primera ministra, Élisabeth Borne, tras rehuir al parlamento y aprobar por decreto la reforma de las pensiones (por el famoso artículo 49.3), y después de superar por los pelos una moción de censura, clamaba en la Asamblea contra la alternativa que propone la izquierda. Porque, efectivamente, y al contrario de lo que exponía en su día Margaret Thatcher y hoy expone Macron, sí hay alternativa al déficit de las pensiones. «Hay que ser claro sobre las alternativas y se pueden resumir en dos palabras: matraque fiscale», decía Borne. Esta porra fiscal, manejada contra las grandes fortunas, es inaceptable para el macronismo. Esquivarla es, de hecho, su esencia, su verdadera razón de ser. La de los manifestantes también, sólo que en su caso la porra no es metafórica sino real, y la empuña un antidisturbios."                    (Manuel Ligero , La Marea, 24/03/23)

'Él no escucha'... Francia echa humo contra Macron por eludir la votación parlamentaria del texto de la reforma de las pensiones... "Eso lo incendió todo... Ahora incluso los ejecutivos nos apoyan", dijo Xavier Pacot, un trabajador de 40 años de la central nuclear de EDF en Gravelines... Los sondeos muestran que no es ni mucho menos el único, más del 60 por ciento de los encuestados dijo que la negativa de Macron a mostrar cualquier señal de retroceso inflamó la situación... "Hay un lío en el país por su terquedad", dijo Gregory Lewandowski, de 51 años, ingeniero electrónico del campeón industrial francés Thales

 "Las protestas masivas golpearon Francia el jueves, instando al gobierno a retirar una controvertida revisión de las pensiones y atacando al presidente francés Emmanuel Macron por forzar la reforma en el parlamento.

Las huelgas afectan a sectores como el transporte público, las escuelas, las centrales energéticas y las refinerías. En París, los manifestantes comenzaron a reunirse en la plaza de la Bastilla -el lugar donde comenzó la revolución francesa- rodeados por el humo de salchichas a la parrilla y petardos, y ruidosas canciones de rap francés.

A última hora de la tarde, la situación empezó a tornarse violenta en París, cuando algunos manifestantes se enfrentaron a la policía.

Los manifestantes protestan no sólo contra la reforma -que elevaría la edad de jubilación de 62 a 64 años y ampliaría las cotizaciones para obtener una pensión completa-, sino también contra la decisión del Gobierno de eludir la votación parlamentaria del texto la semana pasada ante el temor de no contar con los votos suficientes en el Parlamento.

"Eso lo incendió todo", dijo Xavier Pacot, un trabajador de 40 años de la central nuclear de EDF en Gravelines, al norte de Francia. Pacot dijo que la polémica medida parlamentaria avivó la oposición contra el gobierno. "Ahora incluso los ejecutivos nos apoyan", añadió.

Las protestas se producen un día después de que Macron se atrincherara para defender su reforma de las pensiones y la maniobra constitucional en una entrevista televisiva. Pacot vio la entrevista con sus compañeros en el piquete de Gravelines, pero no quedó satisfecho con las explicaciones de Macron.

Los sondeos muestran que no es ni mucho menos el único.

Según un sondeo publicado el jueves por la consultora Elabe, más del 60 por ciento de los encuestados dijo que la negativa de Macron a mostrar cualquier señal de retroceso inflamó la situación.

"Es un lío en el país por su terquedad", dijo Gregory Lewandowski, de 51 años, ingeniero electrónico del campeón industrial francés Thales.

Eludir la votación parlamentaria "ha añadido una capa adicional al enfado de la gente. Demuestra que no escucha a sus ciudadanos", argumentó. "La gente está aquí por diferentes razones. Es un descontento general con la inflación, las condiciones laborales. Corre el riesgo de convertirse en algo mayor".

Durante su primer mandato, Macron se enfrentó a violentas protestas del masivo movimiento de los Chalecos Amarillos, que duraron meses.

En su entrevista de esta semana, el presidente francés insistió en que había una diferencia entre los manifestantes pacíficos "legítimos" y los actores violentos. También advirtió contra una revuelta al estilo del Capitolio el 6 de enero. "No toleraremos ningún estallido", dijo.
Fuerzas antidisturbios caminan hacia manifestantes rodeados de fuegos artificiales durante una manifestación | Alain Jocard/AFP via Getty Images

Las huelgas comenzaron en toda Francia a principios de 2023 y continuaron esta semana. El Gobierno de Macron sobrevivió a una moción de censura el pasado lunes con sólo nueve votos de margen, lo que arroja dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para seguir gobernando el país.

En la entrevista televisiva, el presidente francés lamentó haber "fracasado en convencer a la gente", pero también dijo que no tenía planes de sustituir a la actual primera ministra, Elisabeth Borne.

Entre los opositores al Gobierno también hay quienes no se ven afectados inmediatamente por la reforma.

Lou Samson, una estudiante de secundaria que protestaba en la plaza de la Bastilla con sus compañeros de clase, dijo que luchaba "por mis padres y por nuestro futuro" y que esperaba "más violencia" si el gobierno no daba marcha atrás.

Carmen Michalak, de 62 años, antigua gestora de caja del grupo nuclear Orano, no se verá afectada por la reforma, pues ya está jubilada. "Cuando protestamos, no lo hacemos sólo por nosotros, sino por los demás. Todo el mundo debería tener derecho a disfrutar de su tercera edad", declaró, antes de salir para unirse al desfile de manifestantes."                (Giorgio Leali, POLITICO, 23/03/23)

Piketty : Macron se equivoca de época y nos hace perder el tiempo. Aplica recetas totalmente inadaptadas al mundo de la década de 2020, como si se hubiera quedado intelectualmente anclado en el mundo anterior a la crisis de 2008, Covid y Ucrania... el contexto actual es de desigualdad creciente, hiperprosperidad de la riqueza y crisis climática y energética. Urge invertir en educación y sanidad e instaurar un sistema económico más justo, en Francia y en Europa... Macron ya ni siquiera intenta fingir y jugar a modernizador del Estado social: la reforma de las pensiones de 2023 pretende simplemente recaudar dinero, sin ningún objetivo de universalidad ni de simplificación... Al debilitar el Estado social en lugar de ampliarlo, el gobierno está debilitando el país y su lugar en el mundo... La gran lección de la historia es que la prosperidad proviene de la igualdad y la educación, no de perseguir la desigualdad... El Estado social y mundial debe basarse en una revisión del sistema económico y fiscal mundial, en la que los actores mundiales más ricos (multinacionales, multimillonarios) sean gravados en beneficio de todos. Esta es la manera de reactivar el Estado social tanto en el Norte como en el Sur y de salir de las contradicciones actuales

 "Digámoslo sin rodeos: Macron se equivoca de época y nos hace perder el tiempo. Aplica recetas totalmente inadaptadas al mundo de la década de 2020, como si se hubiera quedado intelectualmente anclado en la época de la euforia de los mercados de los años 90 y principios de los 2000, el mundo anterior a la crisis de 2008, Covid y Ucrania. Sin embargo, el contexto actual es de desigualdad creciente, hiperprosperidad de la riqueza y crisis climática y energética. Urge invertir en educación y sanidad e instaurar un sistema económico más justo, en Francia y en Europa, y más aún a escala internacional. Pero el gobierno sigue aplicando una política antisocial de otra época.
 
En materia de pensiones, Macron había intentado en 2019 promover la idea de una pensión "universal", con una unificación de las reglas entre los regímenes, que son efectivamente demasiado complejas. El problema es que apoyaba una pensión universal muy desigual, que a grandes rasgos perpetúa las desigualdades abismales de la vida laboral hasta la muerte. Muchas otras pensiones universales son posibles, haciendo hincapié en las pequeñas y medianas pensiones, con una tasa de sustitución variable en función del nivel salarial, todo ello financiado por una tasa progresiva sobre la renta y el patrimonio (con la introducción, por ejemplo, de una tasa CSG del 2% sobre las 500 mayores fortunas, que por sí sola aportaría 20.000 millones de euros).
 
Hoy Macron ya ni siquiera intenta fingir y jugar a modernizador del Estado social: la reforma de las pensiones de 2023 pretende simplemente recaudar dinero, sin ningún objetivo de universalidad ni de simplificación. Es incluso la más opaca de las reformas paramétricas que se podía imaginar. Las nuevas normas sobre las carreras largas son totalmente confusas. La llamada medida sobre las pequeñas pensiones de 1.200 euros afectará al final a menos del 3% de los pensionistas, y el gobierno habrá tardado un año en llegar a esta cifra todavía muy aproximada, a pesar de que dispone de todo el aparato del Estado y gasta miles de millones en consultoras. La realidad, que ya es imposible ocultar, es que los esfuerzos recaerán sobre todo en las mujeres con salarios bajos y medios, que tendrán que trabajar dos años más en empleos difíciles y mal pagados, cuando aún están en activo.
 
Más allá de estas injusticias y de todo el tiempo perdido con las pensiones, el desbarajuste social y económico de la presidencia Macron se encuentra en otros ámbitos.  Si nos fijamos en la evolución de los recursos de la enseñanza superior, vemos que el presupuesto por estudiante ha disminuido un 15% en Francia en los últimos diez años. En lugar de repetir los powerpoints de McKinsey sobre la nación start-up, el Gobierno haría bien en meditar sobre la lección básica de toda la historia económica, a saber, que es la inversión en formación la fuente de la prosperidad.
 
En general, la construcción del Estado del bienestar fue un enorme éxito histórico en el siglo XX, y hay que seguir construyendo sobre este logro. Es gracias a un poderoso movimiento de inversión en educación, sanidad e infraestructuras públicas que hemos logrado tanto una mayor igualdad como una mayor prosperidad que nunca antes en la historia. Los recursos públicos movilizados en educación se han multiplicado por diez, pasando del 0,5% de la renta nacional en los países occidentales antes de 1914 a alrededor del 5-6% desde los años 1980-1990.

A mediados del siglo XX, Estados Unidos era, con diferencia, el líder educativo mundial (con un 80% de un grupo de edad con estudios secundarios largos en 1950, frente al 20-30% en Francia o el Reino Unido en la misma época), y por eso era también el líder económico. Todo esto se hizo con desigualdades fuertemente comprimidas, gracias a la progresividad fiscal: el tipo máximo del impuesto sobre la renta alcanzó el 81% de media en todo el Atlántico de 1930 a 1980. Evidentemente, esto no ha perjudicado a la excepcional productividad de la primera economía mundial, sino todo lo contrario.
 
La gran lección de la historia es que la prosperidad proviene de la igualdad y la educación, no de perseguir la desigualdad. Las disparidades razonables de ingresos pueden justificarse (digamos, de uno a cinco), pero las desigualdades estratosféricas no sirven para nada al bien público. Esta lección se ha olvidado, y la inversión social y educativa se ha estancado durante 30 años, mientras que el número de estudiantes ha aumentado. No hay que buscar más razones para el estancamiento de la productividad.

 Al debilitar el Estado social en lugar de ampliarlo, el gobierno está debilitando el país y su lugar en el mundo. También pasa por alto un punto de inflexión histórico, que es la transición del Estado social-nacional al Estado social-global (o social-federal). En el siglo XX, el Estado social se desarrolló principalmente en el marco nacional, olvidando a veces magníficamente las desigualdades Norte-Sur. Esto es tanto más problemático cuanto que el enriquecimiento occidental nunca habría podido tener lugar sin una integración internacional muy fuerte y sin la explotación, a menudo brutal, de los recursos naturales y humanos disponibles a escala mundial. 

Ya no es posible ignorar las consecuencias de los daños medioambientales causados por el enriquecimiento del Norte (incluidas, por supuesto, Rusia y China). El Estado social y mundial debe basarse en una revisión del sistema económico y fiscal mundial, en la que los actores mundiales más ricos (multinacionales, multimillonarios) sean gravados en beneficio de todos. Esta es la manera de reactivar el Estado social tanto en el Norte como en el Sur y de salir de las contradicciones actuales."                 (Thomas Piketty, Le Monde, 14/03/23)

La reforma de las pensiones marca el futuro político de Sánchez y de Macron... España y Francia son dos países que han optado por modelos de pensiones diferentes. El Gobierno de coalición español apuesta por que coticen más quienes mejores sueldos tienen... Macron ha preferido alargar la edad laboral de los franceses, lo que lógicamente ha sido visto como un abuso por buena parte de la ciudadanía. De momento a Sánchez le está yendo bien... Macron, sin embargo, tiene al pueblo y a los agentes sociales en contra. Las políticas que uno y otro están aplicando se han convertido en la prueba definitiva de que los europeos piden más ideología progresista y menos conservadora... Sánchez tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones... Macron no revalidaría la presidencia y tendría que ceder ante la extrema derecha de Le Pen

 "Mientras en Francia millones de ciudadanos salen a la calle a defender sus pensiones, en España el Gobierno de coalición ha dado un gran paso adelante, con el aval de los sindicatos, a la hora de reforzar nuestro sistema de jubilaciones. Pedro Sánchez sacó pecho ayer tras el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos y el visto bueno de Bruselas para la reforma de las pensiones, cuya “revalorización” defiende como “la mejor forma de garantizar un retiro digno” para la mayoría social. (...)

Una consigna sobre la que ha girado buena parte del discurso de Sánchez, que ha cargado contra el Partido Popular, recordando la “respuesta neoliberal” que este dio desde el Gobierno a la crisis financiera.

El clima social en España parece controlado, pero en Francia ocurre todo lo contrario. Las aguas bajan revueltas, las manifestaciones se suceden y el Ejecutivo Macron parece estar más contra las cuerdas que nunca. La polémica reforma de las pensiones del Gobierno sigue adelante. El Senado francés dio luz verde a última hora de este sábado al controvertido proyecto impulsado por el presidente galo, a pesar de las multitudinarias protestas que se han sucedido en las últimas semanas en contra de esta medida, que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El Gobierno defiende los cambios como la única vía factible para garantizar el equilibrio financiero del sistema para 2030, ya que, si no se hiciera nada, estima que en una decena de años se acumularía un déficit de cerca de 150.000 millones de euros.

Tan solo unas horas antes de la aprobación de la ley, un millón de personas se manifestaban en toda Francia, según los convocantes, que precisaban que 300.000 de ellas se habrían concentrado solamente en las calles de París, si bien la Policía de la capital gala cifra en 48.000 los asistentes en la ciudad, mientras que el Ministerio del Interior ha confirmado 368.000 manifestantes en 251 concentraciones y manifestaciones en todo el país. La reforma es rechazada por los sindicatos, que piden hacer una “consulta” mientras el proyecto avanza en el Senado mediante un procedimiento acelerado. (...)

España y Francia son dos países que han optado por modelos de pensiones diferentes. El Gobierno de coalición español apuesta por que coticen más quienes mejores sueldos tienen y por dar la posibilidad al trabajador que se jubila de que escoja entre dos tramos a la hora de empezar a cobrar la pensión: elegir entre el período de cómputo actual de 25 años o ampliarlo a 29 pudiendo quitar los dos de peor cotización. Por su parte, Macron ha preferido alargar la edad laboral de los franceses, lo que lógicamente ha sido visto como un abuso por buena parte de la ciudadanía. De momento a Sánchez le está yendo bien con el plan Escrivá (hasta cuenta con el beneplácito de los sindicatos).

 Macron, sin embargo, tiene al pueblo y a los agentes sociales en contra. Las políticas que uno y otro están aplicando se han convertido en la prueba definitiva de que los europeos piden más ideología progresista y menos conservadora. Habrá que ver cómo se traducen ambos programas, el español y el galo, en las urnas en las próximas citas electorales. Sánchez se encuentra en una situación apurada (la derecha le saca dos puntos en las encuestas) pero con posibilidades de ganar. De celebrarse comicios hoy mismo, quizá Macron no revalidaría la presidencia y tendría que ceder ante la extrema derecha de Le Pen."                          (Marcos López , Diario16, 13/03/23)

Las claves del acuerdo de pensiones: se basa en un gran refuerzo de los ingresos del sistema, principalmente a través de las cotizaciones a los salarios más elevados, ahora muy exentos en España. Además, finalmente se plantea un periodo de cómputo opcional y mejoras en las pensiones mínimas y otras medidas favorables para las mujeres, lo que descarta los recortes y amplía la protección social... Bruselas cambia de rumbo y avala una reforma de pensiones progresista para España

 "Ya hay una reforma de pensiones consensuada en el Gobierno. Las dos fuerzas de la coalición progresista han cerrado este jueves por la noche una propuesta común, que están planteando a los agentes sociales esta mañana. El cierre de la reforma se basa en un gran refuerzo de los ingresos del sistema, principalmente a través de las cotizaciones a los salarios más elevados, ahora muy exentos en España. Además, finalmente se plantea un periodo de cómputo opcional y mejoras en las pensiones mínimas y otras medidas favorables para las mujeres, lo que descarta los recortes y amplía la protección social, según los detalles conocidos por elDiario.es.

El último paquete de cambios ha quedado ampliado finalmente a más materias de las inicialmente planteadas a través de la negociación dentro del Ejecutivo, pero no solo. También se ha producido un importante intercambio con varios socios de la investidura, principalmente ERC y EH Bildu, así como los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

A continuación, se resumen las principales medidas de esta última fase de la reforma:

1) Periodo de cómputo opcional

Para las próximas dos décadas, se plantea que los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión u otra opción, elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente durante doce años a partir de 2026, explican fuentes del diálogo social. A partir de 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

La ampliación del periodo de cómputo será así solo opcional de partida –frente al anterior planteamiento de la Seguridad Social– y beneficiará principalmente a los trabajadores con carreras laborales más inestables, como aquellos que hayan estado en varias temporadas en desempleo, ya que podrán descartarse dos años del cómputo (en realidad las peores 24 mensualidades de su carrera, meses que no tienen por qué ser consecutivos).

2) Los salarios más altos cotizarán más

España aumentará en los próximos años lo que cotizan los salarios más elevados, ahora exentos de contribuir desde los 4.500 euros brutos mensuales, unos 54.000 anuales. A partir de esa cantidad no contribuyen nada, también con la lógica de que más tarde hay pensiones máximas establecidas. Este límite en su contribución a la Seguridad Social es de los más bajos de Europa, retratando a España como uno de los países donde menos cotizan los salarios altos.

A partir de ahora, ese límite (la base máxima de cotización) subirá poco a poco entre los años 2024 y 2050. ¿Cuánto aumentará? El IPC anual y se le sumará una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Este mayor aporte se verá compensado con aumentos de la pensión máxima a futuro.

Además, se establecerá una cotización de “solidaridad” por encima de este límite, que se detalla en el siguiente punto.

3) Cuota de “solidaridad” para los salarios muy elevados

Para las remuneraciones muy altas, por encima de la base máxima de cotización que va a ir creciendo, se establecerá una “cuota de solidaridad” a la Seguridad Social. Esta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Se apuesta así porque los beneficiarios de salarios muy elevados contribuyan más al sistema de pensiones que el resto de trabajadores.

4) Aumento de la pensión máxima

El incremento de lo que cotizan los salarios más altos por el auge de la base máxima se traducirá en una subida de la pensión máxima a futuro. Las pensiones máximas se revalorizarán anualmente con el IPC, como todas las pensiones, más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulados cada año hasta 2050. A partir de ese año y hasta 2065 “habrá incrementos adicionales” de la pensión máxima, pero que no se concretan ya, según fuentes de la negociación.

5) Subida de las pensiones mínimas y no contributivas

Las pensiones más bajas del sistema, muchas que afectan a mujeres, aumentarán en los próximos años, como reclamaban sindicatos, Unidas Podemos y socios de investidura. Como se hizo con el salario mínimo (SMI), se establece una senda de subida para los próximos años.

Las pensiones mínimas contributivas alcanzarán “el 60% de la renta mediana” correspondiente a un hogar con dos adultos, “tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo”, indican desde la negociación de pensiones. El plazo para iniciar estos aumentos arrancará el próximo año, en 2024, y debe alcanzarse en “2027”.

Además, también se establece una senda de subida para las pensiones no contributivas, para personas sin el mínimo cotizado para una pensión. En este caso, la meta se sitúa en alcanzar “el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal”, también en el año 2027. Estas pensiones son relevantes en otro ámbito, el ingreso mínimo vital, ya que su subida es la referencia para el alza anual de la renta mínima estatal.

6) Mejora de “lagunas” que beneficia a las mujeres

Se refuerza el modelo actual de “cobertura de lagunas”, para periodos de vacío o interrupciones en la carrera laboral, algo afecta sobre todo a las mujeres porque asumen más los cuidados familiares. Se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (que suman cuatro años), pero además se incluye una mayor cobertura durante más años.

A partir del mes 49, se cubrirá en general con el 50% de la base mínima, como venía ocurriendo, pero para las mujeres por cuenta ajena se mejora esta cantidad: se cubrirá el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (es decir, hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima desde el mes 61 y hasta el 84 (siete años).

7) Aumento del complemento por brecha de género

El complemento de brecha de género de las pensiones, que sustituyó al anterior complemento de maternidad de Rajoy invalidado por la justicia europea, se incrementará “un 10%, adicional a la revalorización anual” en los próximos dos años, 2024 y 2025."                 (Laura Olías  , eldiario.es, 10 de marzo de 2023)

 

"Bruselas cambia de rumbo y avala una reforma de pensiones progresista para España.

 Hasta hace nada había un manual en Bruselas. ¿Que hay deuda o déficit de más? Se recortan pensiones, prestaciones sociales; y se despiden funcionarios. Alexis Tsipras [ex primer ministro de Grecia] sabe bien de eso. Y también Mariano Rajoy, quien pidió el rescate del sistema financiero, mientras aprobaba reformas laborales “agresivas”, en palabras de Luis de Guindos, subía el IVA además de implementar una reforma de las pensiones con un factor de sostenibilidad y un mecanismo de subidas anuales que suponían su semicongelación inmediata y recortes a futuro. (...)

El manual de Bruselas, aquel de los hombres de negro, la troika y de quienes compartían su visión del mundo al frente de los gobiernos de la UE, pasaba por la ortodoxia liberal de los recortes, los ajustes y las privatizaciones.

 Pero llegó una pandemia, y demostró que la calidad de la sanidad, derivada de la inversión pública y de los impuestos, marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y llegaron unos desajustes presupuestarios para afrontar una crisis social, sanitaria y económica. Tanto la Comisión Europea como los 27 países de la UE decidieron apostar por abrir el grifo del gasto público y por crear un nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones de euros emitiendo deuda y con nuevos impuestos europeos para su repago –Next Generation EU–.

El paradigma había cambiado. ¿Hasta cuándo va a durar? Es la pregunta recurrente. Pero, de momento, parece que persiste. Y, a cuenta de la crisis causada por la invasión rusa de Ucrania, la UE incluso ha aprobado la excepción ibérica para que España y Portugal puedan desacoplar el precio del gas de la factura de la luz y reducir los precios. Además, en la semana próxima se espera una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, algo impensable hace un año; como también era impensable que la UE limitara los beneficios de las grandes energéticas y pusiera un tope al precio del gas.

Políticas diferentes, con el aval europeo

España ya ha recibido 12.000 millones de euros en fondos europeos a cambio de una reforma laboral inédita, pactada con sindicatos y patronal. La reforma de Yolanda Díaz, a la que se opuso la derecha –también ERC y Bildu– y que salió por un voto equivocado de un diputado del PP, es la primera de las aprobadas en España que recupera derechos, en lugar de recortarlos.

 Algo similar está ocurriendo con la reforma de las pensiones, cuya aprobación ha ido por partes, siempre de la mano de Bruselas por estar vinculada al fondo de recuperación, pero en la que desde el inicio el Ejecutivo de coalición mostró su voluntad de volver al consenso social y político y acabar con los recortes unilaterales que impuso el PP en 2013. El artífice para ello, el ministro José Luis Escrivá, de perfil técnico y un gran conocedor de la Seguridad Social fruto de su mandato al frente de la AIReF, organismo independiente, fundamental para Bruselas, que ahora tendrá la responsabilidad de proporcionar, cada tres años, los datos económicos sobre la evolución del sistema de pensiones para, en función de eso, graduar el aporte de las cotizaciones sociales.

La reforma de pensiones supone 10.000 millones de euros, una vez que se publique en el BOE dentro de los parámetros acordados con la Comisión Europea, y, por primera vez también, no es una reforma que afronte los retos del retiro del baby boom y el envejecimiento de la población desde el recorte de derechos. Es más, la reforma consta de una primera parte, que recuperó la indexación anual con el IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que ya está en vigor, recibió el visto bueno con Bruselas y tuvo su compensación económica.

 Y, en todo caso, pone el foco en algo novedoso dentro de las negociaciones comunitarias. Al contrario de Francia, donde el país está encendido por la reforma de Emmanuel Macron, la solución en España no pasa por alargar la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque ahora se está poniendo el foco en el refuerzo del sistema desde los ingresos, no gracias a la merma del gasto.

Los equilibrios económicos pueden obtenerse de dos maneras, por la vía de los ingresos –recaudación– o por la vía de los gastos. El librillo habitual de los maestrillos de la década pasada, se centraba fundamentalmente en el recorte del gasto por la recaudación por la vía de los impuestos indirectos, los más injustos –el IVA–, pues no son progresivos y son iguales para todo tipo de rentas.

Así, la reforma pactada por el ministro José Luis Escrivá en Bruselas y acordada con Unidas Podemos, no pasa por recortar el gasto ni retrasar la edad de jubilación, que ya se hizo en España en 2011, hasta los 67 años de forma progresiva. Ni siquiera decreta la ampliación generalizada del cómputo de años para la pensión, como había estado defendiendo hasta hace poco. La reforma se centra en aumentar los cotizaciones de quienes más ganan, es decir, de quienes más cobran, los cuales, a su vez, se verán beneficiados de un aumento de las pensiones más altas. Aunque también se aportará una parte sin retorno, solo en el caso de los salarios muy elevados, a los que se asignará una “cuota de solidaridad”.

A pesar de este aumento en las cotizaciones más altas, el coste por empleado en España está muy por debajo de la media comunitaria, como explicaba el ministro Escrivá con datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE. (...)

En términos de costes laborales por hora, esa subida de 37 céntimos sigue dejando los de España muy por debajo de los de nuestros vecinos: 6 euros por debajo de Italia, y en torno a 15 por debajo de Alemania y Francia. No hay pérdida de competitividad, y sí más protección social

 Unidas Podemos ha celebrado ampliamente el acuerdo alcanzado con Escrivá para la reforma de las pensiones y han subrayado en especial ese cambio por parte de Europa. Fuentes del grupo confederal y de la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz defendían este viernes que es “muy importante” que en Bruselas se haya entendido que existen fórmulas para la reforma de las pensiones que “no pasan por el recorte”. “Es histórico, es dar un vuelco a los mecanismos”, señalan estas fuentes.

Este ala del Gobierno reivindica este “cambio de paradigma” y se ha repetido por varios miembros de la formación: “Demuestra que lo que siempre hemos dicho era posible”. (...)"                (Andrés Gil / Irene Castro  , El País, 11 de marzo de 2023)

¿Qué está provocando la crisis social en Francia? Las enormes manifestaciones contra la "reforma" de las pensiones tienen su origen en el resentimiento acumulado contra el mandato de Macron, el gobierno más neoliberal de las últimas cuatro décadas... desmantelando la legislación laboral y debilitando a los sindicatos, reduciendo las ayudas a la vivienda para los más pobres, limitando los derechos de los desempleados y ahora "reformando" las pensiones para ahorrar dinero. Al mismo tiempo, ha reducido los impuestos de los más ricos y está multiplicando los recortes en el impuesto de sociedades y en las cotizaciones a la Seguridad Social. Es una receta para las revoluciones... Macron está exacerbando la tensión y alimentando la radicalización de la sociedad francesa... parece probable que la reforma salga adelante. Pero habrá ampliado la brecha entre el pueblo y las élites y aumentado de nuevo el potencial de resentimiento popular contra el sistema. Desgraciadamente, eso beneficia sobre todo a la extrema derecha, que se ha hecho políticamente dominante en las clases populares

 "El 10 de enero, la Primera Ministra francesa, Elisabeth Borne, presentó un proyecto de reforma de las pensiones, cuya principal característica es el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. El proyecto ha suscitado una gran movilización, basada sobre todo en una amplia unidad sindical, poco frecuente en Francia, con un panorama sindical muy fragmentado. (...)

Hemos sido testigos de las mayores manifestaciones en Francia desde hace tres décadas, incluso mayores que las de noviembre-diciembre de 1995. Particularmente llamativas han sido las de las pequeñas ciudades: un poco como los gilets jaunes de 2018-19, se trata de una revuelta de la France profonde, aunque las modalidades sean muy diferentes.

Los sondeos son claros: el 72% se opone a la reforma, casi el 80% de los menores de 65 años. Lo mismo ocurre con el 78% de la población activa, y los directivos sólo se oponen un poco menos. Los únicos que están, ligeramente, a favor son... los pensionistas.

 ¿Por qué? Hay tres razones principales. Cansancio de "reformas

En primer lugar, desde hace 40 años, los sucesivos gobiernos piden a los franceses que acepten "reformas" que reducen los derechos sociales. Éstas han degradado los servicios públicos de sanidad, educación, transportes, etc., al tiempo que han erosionado el poder adquisitivo y empeorado las condiciones de trabajo. No han acabado, como se había prometido, con la desindustrialización, ni han detenido el deterioro de las cuentas exteriores de Francia, ni han elevado su escasa innovación. Y los franceses están hartos.

Precisamente en este momento, debido al defectuoso sistema institucional de la quinta república, se encuentran gobernados por el gobierno más neoliberal de esas cuatro décadas. El presidente reelegido, Emmanuel Macron, está convencido de que, si todos estos retrocesos sociales no han reforzado la "competitividad" de la economía francesa, no es porque las políticas fueran erróneas; más bien, Francia no ha ido lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido en esta dirección.

Desde 2017, Macron ha sido fiel a su palabra: desmantelando la legislación laboral y debilitando a los sindicatos, reduciendo las ayudas a la vivienda para los más pobres, limitando los derechos de los desempleados y ahora "reformando" las pensiones para ahorrar dinero. Al mismo tiempo, ha reducido los impuestos de los más ricos y está multiplicando los recortes en el impuesto de sociedades y en las cotizaciones a la Seguridad Social. Es una receta para las revoluciones...

El sistema electoral de la quinta república permite a Macron, tras haber recibido el apoyo en primera vuelta de sólo una quinta parte de los votantes potenciales en las elecciones presidenciales de 2022, disfrutar de todo el poder durante cinco años. Debilitado por su primer mandato, no consiguió sin embargo esta vez traer tras de sí una mayoría parlamentaria absoluta. Pero pretende consolidar su mayoría tratando la reforma de las pensiones con Les Républicains, el partido de la derecha tradicional, que defiende firmemente este tipo de recortes del gasto social.

Con ello, Macron está exacerbando la tensión y alimentando la radicalización de la sociedad francesa. Antes de la pandemia, los gilets jaunes ya se habían convertido en el movimiento social más duradero y violento de Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

Cabría pensar que esto habría servido de lección. Sin embargo, apenas salido de Covid-19 y en medio de la guerra de Ucrania, Macron ha decidido una reforma del seguro de desempleo y esta reforma de las pensiones, para reducir de nuevo el gasto social y los derechos de los asalariados. De ahí el rechazo masivo, aunque, canalizado por los sindicatos, adopte una forma muy diferente a la de los gilets jaunes.

Particularmente injusta

El segundo factor es que esta reforma es particularmente injusta. El sistema francés de pensiones se articula en torno a dos parámetros principales: la edad mínima de jubilación (actualmente 62 años) y la duración mínima de cotización necesaria para obtener una pensión completa-42 años, con un aumento previsto a 43 años en 2035. (Además de elevar la edad mínima de jubilación a 64 años, según la propuesta este umbral se adelantaría a 2027).

El proyecto es especialmente injusto, ya que penalizaría a quienes empezaron a trabajar, y a cotizar, pronto. Suelen ser las personas con los salarios más bajos, las condiciones de trabajo más duras y la esperanza de vida más corta, mientras que los que han estudiado en la universidad, y ya habían tenido que dejarla después de los 64 años, se verán poco afectados. El gobierno se ha visto obligado a proponer algunas modificaciones para limitar la injusticia, pero no son fácilmente accesibles y siguen existiendo muchos problemas.

Esto es lo que escandaliza a la opinión pública. Tanto más cuanto que Macron había explicado largamente durante su primer mandato que no tomaría una medida así, porque era demasiado injusta. Hemos tenido reformas de las pensiones una y otra vez: en 1993, en 2003, en 2010... Cada vez el Gobierno jura que es la última y que el sistema estará a salvo durante décadas. Y cada vez vuelve unos años más tarde para endurecer de nuevo el sistema.

Es cierto que el porcentaje del producto interior bruto dedicado a las pensiones en Francia, un 15,9% (incluida la invalidez), es de los más elevados de Europa, aunque por detrás de Grecia e Italia. Pero esto refleja el pasado.

Para el futuro, gracias a las reformas ya introducidas, Francia es por el contrario uno de los únicos países de la Unión Europea donde, a pesar del envejecimiento de la población, la parte de las pensiones en el PIB debería disminuir, según la Comisión Europea. En 2070, Francia ya no ocuparía el tercer puesto en este aspecto, sino el noveno, cerca de la media de la UE.

Dado el aumento de la proporción de pensionistas entre la población, esto implica un fuerte deterioro para los futuros pensionistas. Los ciudadanos lo han comprendido perfectamente. Por eso no aceptan que el Gobierno quiera ir aún más lejos, para recortar otros 0,7 puntos porcentuales del PIB del gasto en pensiones.

Además, mientras que la edad mínima legal de jubilación se sitúa en la parte baja del espectro de la UE, lo que determina principalmente la edad efectiva de jubilación en Francia es la duración de las cotizaciones. Esta edad efectiva de jubilación ya está aumentando rápidamente y seguirá haciéndolo con la llegada a la jubilación de las primeras generaciones con acceso masivo a la enseñanza superior. Incluso sin reforma, alcanzará los 64 años en los próximos años.

Por todas estas razones, los ciudadanos no ven la urgencia de tal reforma. Si el problema de equilibrar el presupuesto de las pensiones en los próximos años es limitado, se podrían aumentar ligeramente las cotizaciones de empresarios y trabajadores.
Malas condiciones de trabajo

Por último, una tercera dimensión explica la fuerte resistencia de los franceses a trabajar más tiempo cuando se hacen mayores: sus malas condiciones de trabajo. Aunque Francia cuenta con una legislación laboral muy completa y numerosos convenios colectivos, se caracteriza por una tasa de sindicación muy baja, poderes muy limitados para los representantes de los trabajadores, ausentes en casi todas las pequeñas empresas, y una inspección de trabajo esquelética. Todo ello va acompañado de un estilo de gestión autoritario y jerárquico, de tipo feudal.

Esto se traduce en unas condiciones de trabajo -entorno físico, estrés y ritmo de trabajo, presión psicológica- mucho peores que en los países germánicos y nórdicos, como se puede observar fácilmente en las encuestas de Eurofound. In extremis, con 3,4 muertes por cada 100.000 empleados, Francia fue en 2019, según Eurostat, el país de la UE (más Noruega y Suiza) donde más se corría el riesgo de perder la vida en el trabajo, por delante de Bulgaria.

El Gobierno de Macron ni siquiera intentó mejorar la situación. Al contrario, en 2017 suprimió los comités de salud y seguridad que existían en las empresas de más de 50 empleados. No es de extrañar que los franceses deseen dejar de tener que trabajar en esas condiciones lo antes posible.

Ampliar la brecha

Cuando las manifestaciones alcancen su apogeo el 7 de marzo, una huelga prolongada y generalizada no parece el escenario más probable. La situación económica no es buena y las pérdidas de poder adquisitivo asociadas ya han sido importantes, por lo que los trabajadores probablemente dudarán en lanzarse a semejante aventura. Los estudiantes, que a menudo actúan como catalizadores de movimientos sociales de gran envergadura en Francia, no parecen muy movilizados al respecto, lejos de sus jóvenes mentes.

¿Podría el gobierno dar marcha atrás en 64 años, para renovar los lazos con la CFDT en particular? Sería razonable, pero poco probable. Macron ha hecho de esta "reforma" un símbolo de su capacidad para cambiar el país. La medida es también clave para su alianza con la derecha tradicional. Además, dispone de los medios institucionales para imponer esta ley en el Parlamento.

Por tanto, parece probable que la reforma salga adelante. Pero habrá ampliado la brecha entre el pueblo y las élites y aumentado de nuevo el potencial de resentimiento popular contra el sistema. Desgraciadamente, eso beneficia sobre todo a la extrema derecha, que se ha hecho políticamente dominante en las clases populares."                     

(Guillaume Duval,  antiguo redactor jefe de Alternatives Economiques, Social Europe, 01/03/023)