Tres 'desokupas' detenidos por atacar con gas pimienta y palos a la inquilina de uno de los últimos corralones del centro de Sevilla... el ataque se ha producido cuando ella salió a buscar agua, porque la tiene cortada, al igual que la luz, a causa de un incendio provocado hace unas semanas, y de pronto irrumpieron desde la azotea seis hombres provistos con palos y botes de gas pimienta, se introdujeron en su vivienda y agredieron a las personas que había dentro en ese momento... La inquilina asegura que los desokupas iban acompañados de una mujer y una niña, a quienes introdujeron en su vivienda con el propósito de que se quedaran en ella como si fuera su casa... "Han entrado como si fueran los GEO. Han tumbado a la gente que estaba en la vivienda, luego los han echado a la calle a golpes y les han vuelto a rociar con gas pimienta"... esto supone "una vuelta de tuerca en un acoso inmobiliario escandaloso", sin que ninguna autoridad haya aún intervenido para evitarlo (Santiago F. Reviejo)

 "Tres hombres vinculados a una empresa desokupa han sido detenidos esta tarde por la Policía Nacional tras haber atacado con gas pimienta y causado heridas a ocho personas que trataban de impedir que desalojaran a la única inquilina que permanece en las viviendas de uno de los últimos corralones del casco antiguo de Sevilla, donde se proyecta la construcción de un hotel y pisos turísticos.

Según ha manifestado a Público la arrendataria, Estefi Yeah, el ataque se ha producido cuando ella salió a buscar agua, porque la tiene cortada, al igual que la luz, a causa de un incendio provocado hace unas semanas, y de pronto irrumpieron desde la azotea seis hombres provistos con palos y botes de gas pimienta, se introdujeron en su vivienda y agredieron a las tres personas que había dentro en ese momento.

La inquilina asegura que los desokupas iban acompañados de una mujer y una niña, a quienes introdujeron en su vivienda con el propósito de que se quedaran en ella como si fuera su casa. "A mí me rociaron con gas pimienta en la cara desde muy cerca y aún me arde la piel", ha dicho Estefi a este periódico.

"Han entrado como si fueran los GEO. Han tumbado a la gente que estaba en la vivienda, luego los han echado a la calle a golpes y les han vuelto a rociar con gas pimienta", ha manifestado por su parte el abogado de los agredidos, Rafael Ibáñez, quien asegura que hay al menos ocho personas que han recibido asistencia en un centro de salud a causa de las heridas sufridas, algunas de las cuales han tenido que ser incluso derivadas a un hospital, entre ellas una que recibió una fuerte patada en el abdomen cuando protestaba por lo sucedido.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Público la detención de tres personas a raíz de estos incidentes, supuestamente desokupas, aunque sin confirmar su identidad ni la causa exacta de la detención ni los cargos que se le hayan podido imputar. Según el abogado, a uno de los detenidos se le intervino un bote de gas pimienta.

En el mismo corralón de la calle Castellar donde se produjo el ataque tiene su sede una empresa desokupa, García Seguridad Integral, que ha alquilado seis de los locales del inmueble para guardar los enseres que retira tras el vaciado de pisos y naves, otra de las actividades que ofrece en su carta de servicios. Esta empresa, que se publicita como especialista "en seguridad y desocupación, siempre dentro de un marco legal y con un enfoque resolutivo", fue contratada por la propietaria del inmueble para vigilarlo y evitar que "se meta gente", tal como reconoció su propietario a este periódico.

Robo de móviles, un portátil y documentación

La única inquilina que permanece en las viviendas de este corralón asegura que durante el ataque le han robado un ordenador portátil, documentación personal, entre ella informes médicos, y tres teléfonos móviles de las personas que se encontraban en la vivienda cuando fueron agredidos por los desokupas.

No es la primera vez que esta inquilina, artista multidisciplinar de carpintería, imaginería contemporánea y pintura, sufre ataques de los desokupas. Hace unas semanas prendieron fuego a una maleta rellena con lana debajo de unos contadores, lo que le dejó sin suministro de luz y agua, un acoso que, según ella, empezó desde que la empresa propietaria del inmueble dejó de cuidar el edificio con el objeto de echar a los inquilinos y ponerlo a la venta, tras lo cual empezó a sufrir directamente el hostigamiento de la empresa de seguridad ubicada en el mismo corralón.

Su abogado considera que este ataque supone "una vuelta de tuerca en un acoso inmobiliario escandaloso", sin que ninguna autoridad haya aún intervenido para evitarlo y aclarar lo que está sucediendo en el corralón de la calle Castellar, tras haber sido presentadas decenas de denuncias por agresiones, coacciones, amenazas y otros delitos.

A juicio de Rafael Ibáñez, los propietarios del inmueble son los que están induciendo estos ataques de una empresa desokupa, porque están detrás de un "pelotazo inmobiliario" de muchos millones de euros, que ya tiene nota en el Registro de la Propiedad para la construcción de un hotel y pisos turísticos en el corazón del casco antiguo de Sevilla, en el que está afectado también un colegio de enseñanza concertada.

Un estado paralelo en el casco antiguo de Sevilla

"En mitad del casco antiguo de Sevilla se ha montado un estado paralelo sin que se tomen medidas", denuncia el abogado. La inquilina que permanece en el inmueble advierte, por su parte: "Esto es tremendo, pero vamos a resistir más que nunca, hasta que se haga justicia, porque esto está resistiendo por la lucha de muchas personas contra la especulación inmobiliaria".

El Sindicato de Inquilinas y la Asamblea por la Vivienda de Sevilla consideran que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ambos gobernados por el PP, deberían implicarse en la defensa de los derechos de los vecinos que permanecen en estos corralones, "buscando la recuperación esencial de un espacio esencial para comprender la cultura" de la ciudad.

Los corralones son antiguas edificaciones industriales de baja intensidad, con patios interiores característicos de la estructura urbana de Sevilla en torno a los cuales se disponen talleres artesanales y viviendas en régimen de arrendamiento. La mayoría se localizaban en el sector noreste del casco histórico, donde la presión inmobiliaria ha ido reduciendo progresivamente su número.

Según el Sindicato y la Asamblea por la Vivienda, una de los propietarias de los corralones de Castellar, Garages Santa Inés, tiene embargado parte del inmueble por impagos a Hacienda y quiere vender su parte a la otra empresa propietaria y mayoritaria, Arenas de la Bellida, y por eso necesita desalojar el edificio para que se destine a uso turístico.

Parte de estos corralones también se ha utilizado como aparcamiento de coches y en una página web se publicitan de la siguiente manera: "Colindando con los muros del Palacio de Dueñas (propiedad de la Casa de Alba), en pleno corazón del casco antiguo de Sevilla, se encuentra uno de los espacios con más personalidad de la ciudad: los corralones de la calle Castellar". 

(Santiago F. Reviejo , Público, 07/07/26)

Malos tiempos en los barrios de Madrid, donde los desahucios nunca se detienen... “Me insultan, me amenazan y me cortan los cables de la luz si consiguen colarse en el portal. Se dedican a meter miedo a toda mi familia... Suelen venir cuatro, dos se quedan en el portal y otros dos llaman a la puerta, me insultan o me ofrecen dinero por salir”, explica. La última amenaza es que establecerán “controles de acceso” para que se vaya, lo que consiste en instalarse frente al domicilio para que nadie entre ni salga... Madrid, laboratorio de la ‘desokupación’.. Con tarifas que van de los 2.000 a los 4.000 euros por recuperación, las empresas dedicadas a expulsar inquilinos proliferan sin control y usan la coacción. En la Comunidad se vacían seis viviendas al día... La presencia de este tipo de empresas se ha multiplicado en zonas de la capital como Vallecas, San Blas, Vicálvaro o Villaverde, sembrando el temor entre quienes los ven llegar. En 2023, en una corrala en ruinas de la calle Azucenas de Tetuán, siete miembros de la empresa APD Security Iberia fueron detenidos tras un intento de desalojo en el que llegaron a hacerse pasar por agentes. Cuando fueron detenidos después de estar acosando a un inquilino, llevaban defensas extensibles, puños americanos, un cuchillo y espray de pimienta (Jacobo García)

"Malos tiempos en los barrios de Madrid, donde los desahucios nunca se detienen. Este miércoles fue desalojado en Vallecas Adolfo, de 60 años, junto a su hija y su nieto. La semana que viene está previsto otro desahucio, la siguiente otro y el día 22 otro más, durante un mes negro para el barrio, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tres lanzamientos en Vallecas en apenas un mes. En Madrid, la escena se repite por diferentes distritos, en Usera, Tetuán o Carabanchel, afectados por órdenes judiciales que en la Comunidad de Madrid vacían un promedio de seis viviendas diarias, según datos del Consejo del Poder Judicial.

De la mano de los desahucios ha crecido también el negocio de las compañías de desokupación, un universo de empresas ligadas a gimnasios, clubes de boxeo y empresas de seguridad privada que se mueven en un limbo legal combinando el matonismo con la negociación. Una dinámica que se extiende por otras comunidades como Cataluña, Castilla la Mancha, Andalucía o Valencia, confirman distintas asociaciones de vecinales consultadas.

“La semana pasada me echaron pegamento en la cerradura y el martes me cortaron los cables de la luz”, dice Ghita Hachemi, inquilina de la calle Membezas, en Entrevías, justo en el momento en que un técnico entra en casa para devolverle la electricidad tras dos días a oscuras. “Todas las semanas llegan hasta la puerta y la golpean, me insultan o me ofrecen dinero”, explica.

Hachemi paga mensualmente al BBVA el importe acordado con el banco en concepto de alquiler social. Sin embargo, hace un año su casa fue vendida a un nuevo dueño que la quiere fuera cuanto antes y como ella no tiene dónde irse, él ha contratado a D&A, una empresa de desokupación que tiene la misión de sacarla de su casa.

Aunque la empresa no está dada de alta ni existe en el registro de sociedades, es habitual en el sector que estas compañías aparezcan, cambien de nombre, se disuelvan y vuelvan a aparecer con nuevas siglas registrándose con un capital social de 3.000 euros.

‘Bastión Desokupación’, ‘Horus Desokupa’, ‘Rekupera’, ‘D.I.O. Express’, ‘Servi-Okupas’, ‘Recupera tu Inmueble Madrid’, ‘Antiokupa Tarraco’, ‘DesokupaCyL’, ‘Desokupación 365’ o ‘Desokupa y Recupera’ son los nombres de algunas de estas empresas que se anuncian ahora con agresivas campañas en redes prometiendo expulsar de forma legal a los inquilinos en menos de 24 horas.

Con tarifas que van de los 2.000 a los 4.000 euros por recuperación, “han vuelto a aparecer como setas”, dice Diego Sanz, miembro de la PAH. “Van cambiando los nombres, pero es la misma gente. Surgieron con la pandemia, después desaparecieron muchas, pero ahora vemos que han regresado con fuerza”, dice sobre un negocio que ha crecido notablemente en el último año siguiendo la estela de la famosa Desokupa de Daniel Esteve.

Esteve, exboxeador y empresario de seguridad, fue la primera marca que en 2016 convirtió la recuperación extrajudicial de viviendas ocupadas en un negocio reconocible y mediático que añadía a sus controvertidos métodos una agenda política contra muchas de las medidas sociales del Gobierno. Su fórmula combinó intimidación física, negociación con los ocupantes, vídeos en redes y una estética de fuerza que le dio notoriedad pública. A partir de ese modelo fueron apareciendo nuevas empresas con métodos parecidos: desde la vigilancia a la mediación y el acoso.

En el caso de Vallecas, los principales clientes no son ni fondos ni bancos, sino pequeños especuladores que adquieren las viviendas a precios muy bajos porque tienen “bicho dentro”, como se refieren despectivamente a quién ahí reside. La vivienda de Ghita Hachemi, un piso de 70 m2 donde viven matrimonio y cuatro hijos, se vendió por 73.000 euros y ahora está a la venta por 113.000. Una operación redonda si logra expulsarla a la familia.

“Me insultan, me amenazan y me cortan los cables de la luz si consiguen colarse en el portal. Se dedican a meter miedo a toda mi familia. Mi hija ha faltado al último examen debido a un ataque de ansiedad provocado por estos salvajes”, explica. Ghita y sus cuatro hijos viven en Entrevías desde 2014 y hasta 2024 tenía un contrato que se renovaba cada año. Cuando la vivienda cambió de manos, ella siguió pagando el alquiler, pero comenzó el asedio. “Suelen venir cuatro, dos se quedan en el portal y otros dos llaman a la puerta, me insultan o me ofrecen dinero por salir”, explica. La última amenaza es que establecerán “controles de acceso” para que se vaya, lo que consiste en instalarse frente al domicilio para que nadie entre ni salga. Después de varias llamadas, este periódico no ha logrado obtener la versión de la empresa de desokupación en los teléfonos proporcionados.

Según Juan Carlos González, gerente de Horus Desokupa, “en el sector hay mucho intrusismo y ha crecido de forma desmedida en el último año”, dice vía telefónica desde Toledo, adonde se ha desplazado para expulsar a un “inquiokupa”. “Cada poco tiempo surgen continuamente empresas de dos o tres personas que trabajan de cualquier manera por cuatro duros”, señala.

Los métodos

Sobre su polémica forma de operar, defiende que todo es legal. “Nosotros nos dedicamos a mediar y, según el tipo de persona, utilizamos unos métodos u otros y, por supuesto, también ofrecemos dinero, pero está claro que a nadie le gusta que estemos cuatro días delante de la puerta”, dice. “No cortamos servicios ni cerraduras, pero sí es legal montar un ‘control de acceso’ si contamos con el permiso del resto de vecinos”, añade. Para estos casos, suelen subcontratar empresas de seguridad, que son las que están legalmente autorizadas para ello. “Nos denuncian con frecuencia, pero siempre son todas desestimadas y nunca hemos sido condenados”, aclara sobre su empresa, una de las veteranas del sector, con cuatro años de vida.

“Estaba desesperado. Llevo dos años aguantando a un tipo que no quiere pagarme y necesito ese dinero porque es mi único ingreso”, dice el dueño de un inmueble en Tetuán que prefiere no dar su nombre, pero que ha recurrido a una de estas empresas a principios de año. “Tengo una hipoteca que no puedo pagar y la justicia no funciona. No son empresas que me gusten ni es la mejor opción, pero tengo tanta rabia acumulada que solo quiero acabar con esto cuanto antes. Ellos cumplen una función que ni los juzgados ni la policía hacen. Llevo dos años esperando y, si lo hubiera sabido, hubiera llamado antes”, resume este casero, que recuperó su casa después de pagar 2.000 euros a un inquilino moroso.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro de estas empresas dedicadas a la desokupación, que tienen como objeto social la mediación, pero que en muchos casos incluye coacciones y amenazas, y varios de sus empleados han terminado en disturbios allí donde desembarcan. Unas veces por el uso de métodos violentos, otras por portar armas y otras por hacerse pasar por falsos policías para intimidar.

Otro de los trabajos habituales para las que son contratadas es el de “testar un inmueble”, o sea, tantear para un comprador si el inquilino que está dentro “es un okupa de patada en la puerta que puede ser desalojado en pocas horas o alguien que se declarará vulnerable y, por tanto, lo más probable es que el proceso judicial para lograr el desahucio se alargue durante años. En ese caso aconsejamos no comprar”, explica el gerente de Horus Desokupa.

La presencia de este tipo de empresas se ha multiplicado en zonas de la capital como Vallecas, San Blas, Vicálvaro o Villaverde, sembrando el temor entre quienes los ven llegar. En 2023, en una corrala en ruinas de la calle Azucenas de Tetuán, siete miembros de la empresa APD Security Iberia fueron detenidos tras un intento de desalojo en el que, según fuentes policiales, llegaron a hacerse pasar por agentes. El jefe fue acusado de usurpación de funciones públicas por mostrar una placa falsa; los demás, de coacciones y tenencia ilícita de armas. Cuando fueron detenidos después de estar acosando a un inquilino, llevaban defensas extensibles, puños americanos, un cuchillo y espray de pimienta. Dos años después, en octubre de 2025, la misma empresa volvió a aparecer en Puente de Vallecas: una pelea entre vecinos y empleados de APD acabó con 16 detenidos, diez de ellos trabajadores vestidos de negro con el logotipo de la compañía, y tres heridos, incluido el propietario de la vivienda. Más viral aún se hizo el caso de DesokupaCyL, que se equivocó de piso y de portal en Lugo y comenzó a insultar y acosar a un señor que nada tenía que ver con la casa que pretendían desokupar."                         (Jacobo García , El País, 05/07/26) 

Horus Desokupa acosa y agrede durante meses a una anciana en San Blas para forzarla a abandonar su vivienda... Han vandalizado sistemáticamente la instalación de la luz en el cuarto de contadores del edificio, robado diferenciales y arrancado cables para dejarla completamente a oscuras y sin calefacción en pleno invierno, cuando necesita estar conectada a un respirador para dormir debido a sus problemas de salud... La quiebra de las redes comunitarias allana el terreno para los ‘desokupas’... “La impunidad de quienes acosan a Rosita hace unos años habría sido impensable porque el tejido de barrio era mucho más sólido" (Alejandra Mateo Fano)

"La violencia ejercida contra Rosita ha escalado hasta llegar a cortarle los suministros haciéndose pasar por técnicos eléctricos y cortando el cable neutro de los contadores, lo que provocó el pasado mes de diciembre que se quedara sin luz. Para esta anciana sin apoyos familiares, que necesita estar conectada a un respirador para dormir debido a sus problemas de salud, tener cortes de suministros constantes no sólo atenta contra su tranquilidad y seguridad sino, directamente, contra su vida.

“Han vandalizado sistemáticamente la instalación de la luz en el cuarto de contadores del edificio, robado diferenciales y arrancado cables para dejarla completamente a oscuras y sin calefacción en pleno invierno. La compañía de la luz se lava las manos y se niega a hacerse cargo de las reparaciones, alegando que las agresiones y sabotajes se producen después del diferencial, por lo que consideran que los daños son responsabilidad económica de Rosita. Lo que está sufriendo no es un corte por impago, es un ataque deliberado”, explican desde el Sindicato.

Debido a que Horus Desokupa tiene la llave del cuarto de contadores del edificio, pueden sabotear los suministros a placer y con total impunidad, ya que además ni las instituciones ni la propia Policía han actuado en todo este tiempo para defender a Rosita. Ya en noviembre de 2025 esta empresa trató de expulsar a una familia de su residencia en Bilbao a través de amenazas y extorsiones pero el músculo del tejido barrial logró impedirlo. En aquel momento un rentista había intentado echar a los inquilinos y, para acelerar el proceso de expulsión, contrato a estos ‘matones a sueldo’. Pero el caso de Rosita es algo más atípico porque se desconoce la identidad de la persona o empresa que ha contratado a Horus para ‘hacer el trabajo sucio’ a través de prácticas intimidatorias.

Se desconoce la identidad de quién contrató al grupo de desokupación

El Sindicato tan solo tiene constancia de que, en la última nota simple a la que han tenido acceso, aparece una empresa inmobiliaria a la que se le ha asignado la tramitación de la herencia. Se llama Wills & Laws gestion internacional de herencia SL (también firman como Grupo Hereda) pero ésta ha negado toda relación con el grupo fascista y ha reiterado su desvinculación respecto a ellos a través de emails intercambiados con las activistas.

Se trata de una entidad que gestiona herencias de descendencia desconocida, buscando a posibles herederos. Horus Desokupa dejó recientemente a Rosita una tarjeta de esta empresa en su casa. “Tenemos una llamada haciéndonos pasar por clientes en el que decíamos que teníamos una herencia en forma de inmueble, había un familiar pero que había una persona habitándolo. Dijeron que ellos llegados al punto se encargarían de contratar a una empresa de desokupación para expulsar al inquilino”, desliza Celia, activista y militante del Sindicato.

En las últimas notas simples del Registro de la Propiedad, tal y como ha podido comprobar este medio, la casa sigue a nombre de la propietaria original desde 1997 (es decir, la madre de su expareja). No hay constancia tampoco de que un familiar haya reclamado el inmueble en forma de herencia en los 16 años que lleva viviendo desde que falleció su expareja. “Unos supuestos herederos o terceros no identificados han contratado a esta empresa de matones sin tener título firme alguno sobre la vivienda, que sigue apareciendo en el registro a nombre de la propietaria original, fallecida hace más de 30 años”, expresan.

El Sindicato ha tenido que denunciar a la Horus por sus prácticas violentas y han ampliado la denuncia en varias ocasiones porque los ataques no paran de sucederse. Las actuaciones encajan, aseguran desde el Sindicato, en los delitos de coacciones (art. 172 CP), acoso inmobiliario (art. 173.1 CP), daños, amenazas y allanamiento, con el agravante de obrar contra una persona mayor y dependiente (art. 22.4 CP). “A un compañero le amenazaron con que le iban a disparar y le han puesto una orden de alejamiento, a Rosita la han amenazado también de muerte y la han acusado de haber asesinado a su ex pareja para hacerse con el piso, le han rayado la madera de la puerta llamándola peyorativamente ‘puta’. También han dicho que iban a tirarla por la ventana”, afirma el Sindicato.

La quiebra de las redes comunitarias allana el terreno para los ‘desokupas’

Grupos como Horus campan a sus anchas cada vez con más libertad a medida que se engrosa el negocio de la vivienda. Los barrios, que antes contaban con nutridas redes informales de apoyo mutuo, viven un proceso creciente de fragmentación de los tejidos comunitarios. Estas estructuras orgánicas servían en muchos casos de protección cuando una vecina se veía amenazada, pero con el paso de los años las dinámicas individualistas han ido ganando fuerza: “La impunidad de quienes acosan a Rosita hace unos años habría sido impensable porque el tejido de barrio era mucho más sólido. Nosotras hemos estado algún día gestionando porque le habían puesto silicona en la cerradura y había vecinos que salían a decirnos ‘qué coño estáis haciendo aquí, estáis haciendo mucho ruido’ en lugar de preguntar qué pasa o cómo pueden ayudar. Ahora cada uno está a lo suyo y no se preocupa por lo que le ocurre al de al lado”, lamenta Celia.

El auge de discursos de extrema derecha que criminalizan a quienes resisten en sus viviendas ha sentado un marco securitizante que legitima las agresiones de estos grupos. La seguridad ciudadana se interpreta falsamente como un problema acuciante de los barrios que sólo quienes ejercen el monopolio de la violencia pueden solventar. Eso sí, tomándose la justicia por su mano y amedrentando a personas como Rosita, cuya vulnerabilidad ha sido certificada por parte de los servicios sociales. “Antes te encontrabas cuatro nazis en tu puerta y reaccionabas, ahora parece que están haciendo su trabajo porque se ha creado un falso relato de que hay inseguridad, y lo único que se ha conseguido es más presencia policial en los barrios y una impunidad absoluta hacia estos grupos”, destaca la activista.

Y así, mes a mes se multiplican los desahucios invisibles, los cuales ni figuran en las estadísticas oficiales ni cuentan con una respuesta institucional. Ante la acción violenta de estas entidades que siguen el modelo de Desokupa, desde Sistema 161 recomiendan crear grupos de afinidad cuando empiezan los primeros signos de hostigamiento, que puedan acudir rápidamente en caso de que las amenazas se incrementen, mantener una buena relación con otros inquilinos del mismo edificio, instalar un control de acceso en las zonas comunes (algo que precisa del permiso de la comunidad en las áreas compartidas) y disponer de grabaciones de todas las actuaciones ilegales."    

(Alejandra Mateo Fano  , El Salto, 12/03/26)  

Muere en las calles de Villalba una mujer que había sido desahuciada por el Ayuntamiento en septiembre, sin orden judicial, in aviso previo e impidiendo a las vecinas recoger sus pertenencias, emparedando inmediatamente el edificio... En aquel momento las inquilinas se encontraban negociando realojos con Sareb ya que el bloque presentaba numerosos desperfectos derivados de la dejación de mantenimiento por parte de la Sareb... La mañana del 30 de septiembre la alcaldesa de Villalba, Mariola Vargas, lanzó el Decreto 7389/2025 con el que hizo valer el desalojo. De acuerdo a la AVV, este decreto “carece de base jurídica alguna... “no fue más que una excusa para hacerle el trabajo sucio a la SAREB y obtener rédito político a costa de la violencia contra las personas más vulnerables”. La Asamblea de Vivienda de Villalba lamenta la muerte de esta vecina pero advierten que no es la primera vez que sucede en este municipio. Recuerdan la muerte por hipotermia de Alfonso, de 59 años, semanas después de haber sido desalojado, el 4 de diciembre de 2020... “Cuando decimos que los desahucios matan, esto no es sólo un lema sino una realidad”

"La mañana de este pasado miércoles 10 de diciembre falleció Montse, una vecina de Collado Villalba de 63 años de edad. La mujer se encontraba en situación de calle desde el pasado 30 de septiembre, fecha en la que el Ayuntamiento de este municipio ejecutó un desalojo, sin orden judicial, del bloque de la calle Trinidad, 19. Así lo refiere la Asamblea de Vivienda de Villalba (AVV) en un comunicado de este jueves.

A raíz de haberlo hecho público integrantes de la Asamblea, quienes venían siguiendo algunos casos de aquellas gente que se quedaron sin casa, han conseguido hablar con otras personas que vieron a Montse el lunes. Estas relatan que cuando la encontraron estaba en el suelo e intentaron ayudarla pero que no se podía tener de pie, probablemente sufría de hipotermia y de llevar tiempo sin comer. Como les fue imposible levantarla y la vieron en tan malas condiciones, llamaron a la ambulancia.

“Cuando decimos que los desahucios matan, esto no es sólo un lema sino una realidad”, denuncian desde AVV. Y vuelven a recordar lo que sucedió aquel 30 de septiembre: el Ayuntamiento de Villalba desalojó el bloque de Trinidad 19, propiedad de SAREB, sin aviso previo e impidiendo a las vecinas recoger sus pertenencias, emparedando inmediatamente el edificio, incluso con mascotas dentro, como narraron las propias vecinas a una emisora de radio local. En aquel momento las inquilinas se encontraban negociando realojos con Sareb ya que el bloque presentaba numerosos desperfectos derivados de la dejación de mantenimiento por parte del banco malo.

La mañana del 30 de septiembre la alcaldesa de Villalba, Mariola Vargas, lanzó el Decreto 7389/2025 con el que hizo valer el desalojo. De acuerdo a la AVV, este decreto “carece de base jurídica alguna. El único artículo que se cita en ese decreto, el 21.1 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, no reconoce a los alcaldes la potestad de desalojar de cualquier manera”. Aseguran que la alcaldesa solo se amparó en un informe del área de Sanidad y que esto “no fue más que una excusa para hacerle el trabajo sucio a la SAREB y obtener rédito político a costa de la violencia contra las personas más vulnerables”.

La Asamblea de Vivienda de Villalba lamenta la muerte de esta vecina pero advierten que no es la primera vez que sucede en este municipio. Recuerdan la muerte por hipotermia de Alfonso, de 59 años, semanas después de haber sido desalojado, el 4 de diciembre de 2020. En declaraciones a medios de la concejala de Servicios Sociales de entonces, Yolanda Martínez Pardillos, culpó a Alfonso de su muerte: “esta persona tenía distintas patologías de base [...] No acudía a las citas, no quería ningún alojamiento alternativo y no aceptaba ningún tipo de ayuda”.

“Es muy doloroso tener que repetir, por enésima vez, que dejar en la calle a las personas empeora drásticamente su salud y reduce su esperanza de vida”

Consideran que el caso de Montse ha sido “aún más hiriente” ya que acusan que el propio Ayuntamiento no envió a Servicios Sociales a cubrir el desalojo de Trinidad 19 ni para hacer un seguimiento de las personas desahuciadas. Algunas de ellas acudieron a este recurso el 6 de octubre, en representación del bloque, pero salieron con las manos vacías. “Es muy doloroso tener que repetir, por enésima vez, que dejar en la calle a las personas empeora drásticamente su salud y reduce su esperanza de vida”, subrayan desde AVV.

En sus declaraciones sobre la reciente muerte de la mujer, Mariola Vargas ha vuelto a repetir, de alguna manera, las palabras de Martínez Pardillos: “Esta señora no tenemos constancia de que haya aparecido por Servicios sociales, en su libertad, así lo decidió”. A pesar de que ha tenido palabras que lamentan la muerte de Monste, defiende su actuación del desalojo del bloque de la calle Trinidad, en septiembre pasado: “Ojalá hubiera sido conocedora de la situación en la que estaban viviendo los vecinos de la calle Trinidad para haber actuado con más celeridad...lamento no haber actuado antes y me propongo estar vigilante de todas las personas que estén en situaciones parecidas para ver si podemos actuar y no ocurran estas cosas”. Sin embargo, de acuerdo al seguimiento que ha hecho colectivo de vivienda, los Servicios Sociales del Ayuntamiento no han ofrecido ninguna alternativa a quienes quedaron en la calle.

 

Alcaldesa antiokupa

Mariola Vargas accedió al gobierno en 2014 en sustitución de Agustín Juárez y desde entonces ha formado gobierno en 2015, 2019 y 2023 y es presidenta del PP local. La regidora puso en marcha la llamada Oficina Antiocupación en julio de 2021 pero tuvo que cerrarla en menos de un año por denuncias de la AVV y de la concejala Eva Morata, de Cambiemos Villalba. Y es que Vargas adjudicó un contrato de 15.000 euros al empresario Salvador Palazón Marquina, que a su vez subcontrató el servicio de manera ilegal –según el colectivo por el derecho a la vivienda y la querellante– a Toni Miranda, un blogger y única cabeza visible de la autodenominada Organización Nacional de Afectados por la Ocupación (ONAO). En sus primeros tres meses de funcionamiento, la nueva oficina municipal abriría 121 expedientes de naturaleza “desconocida”.

Gracias a que la asamblea de vivienda y la oposición villalbina solicitaron al Ayuntamiento información sobre la justificación y beneficiarios del contrato, la Oficina Antiocupación tuvo que cerrar en enero de 2022. A través de una respuesta en el pleno, el concejal de seguridad, Miguel Aisa, detalló que la beneficiaria del contrato era una empresa de desocupación de inmuebles llamada Desocupaciones técnicas, cuyo administrador único es Salvador Palazón Marquina, y quien a su vez subcontrató a Morillas. “El caso de la Oficina es un ejemplo claro de la creciente connivencia lucrativa entre políticos, mafias de la desokupación y pseudo-comunicadores que viven del cuento”, señaló entonces la Asamblea de Vivienda de Villalba en un comunicado, que por entonces celebraba la imputación de Mariola Vargas por ocultar información. “La alcaldesa mintió sobre el verdadero beneficiario del contrato y no reconoció que pidió dos presupuestos a un mismo empresario hasta que la Asamblea de Vivienda lo hizo público”, señala la AVV.

 

Decaen Servicios Sociales en Villalba

El noviembre de este año la Asamblea de Vivienda de Villalba presentó su informe “Administrar la pobreza, controlar las vidas” en el que hace un análisis de la situación del los Servicios Sociales de este municipio. En él reflejan datos como que el Ayuntamiento Collado Villalba invierte solo 39,33€ por persona anualmente en Servicios Sociales, frente a los 323,36€ de la Comunidad de Madrid o los 372,23€ de media en todo el Estado español. Asimismo dan cuenta de que la lista de espera para conseguir una cita se incrementara de 30 a 45 días de 2022 a 2023; que haya una trabajadora social por cada 5.471 habitantes, tres veces menos que la recomendación oficial, y que el Programa de Alojamiento Alternativo, a pesar de estar recogido en normativa, no existe.

En cuanto a los presupuestos de ayudas de Servicios Sociales, 500.949,66€, indican que supera por poco el medio millón de euros aprobados en el pleno de noviembre 2025 para el complemento salarial a la Policía Local. “La política municipal de odio al pobre es su bandera, y llega a extremos como provocar la muerte de una vecina desahuciada por ellos mismos y a quien no acompañaron desde Servicios Sociales”, denuncia la AVV sobre la acción del gobierno municipal."

(Susana Albarrán Méndez, , El Salto, 12/12/25)

Imputan por acoso inmobiliario en un bloque de Lavapiés a varios altos cargos de un fondo buitre... es la primera querella colectiva presentada en España por un delito de 'mobbing' inmobiliario e investiga las conductas abusivas de fundadores, directivos y trabajadores de Elix Rental Housing... “Es una praxis que están replicando muchos fondos. Se toman la justicia por su mano para extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”... Las obras “están haciendo imposible vivir en Tribulete” y algunos vecinos ya se han visto obligados a abandonar el edificio. También han sufrido cortes de suministros y algunos conviven con goteras y desperfectos en sus casas (Nerea Díaz Ochando)

 "Nueva pequeña victoria judicial para los vecinos de Tribulete 7. El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite su denuncia por acoso inmobiliario con el fondo de inversión Elix Rental Housing como imputado. Se trata de la primera querella colectiva presentada en España por un delito de 'mobbing' inmobiliario.

Después de más de un año de lucha, los vecinos de este bloque de Lavapiés han visto los primeros resultados de su movilización. Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las decenas de familias afectadas presentaron el escrito judicial el pasado 22 de mayo y han conseguido que la Justicia les dé la razón.

Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que el juzgado ha admitido a trámite, ha incoado diligencias previas y se ha abierto una investigación. Se ha citado a declarar como presuntos responsables de este acoso inmobiliario a varios altos cargos del fondo buitre. Según ha detallado, “a uno de sus socios fundadores, a uno de sus directos, a dos trabajadores, al arquitecto y al jefe de obra”. Todos los altos cargos y trabajadores de Elix Rental Housing investigados han sido citados el próximo 19 de febrero.

Jacinto ha narrado que no se trata de un caso aislado: “Es una praxis que están replicando muchos fondos”. “Se toman la justicia por su mano para extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”, asegura. En el caso de Tribulete, la abogada asegura que hay indicios más que suficientes para “entender que hay acoso, hostigamiento, daño sobre sus propios bienes y una gran afectación moral”.

La socimi completó la compra del bloque en marzo de 2024 e inició obras en noviembre, con la mayoría de inquilinos todavía viviendo en el edificio. Las obras “están haciendo imposible vivir en Tribulete” y algunos vecinos ya se han visto obligados a abandonar el edificio. También han sufrido cortes de suministros y algunos conviven con goteras y desperfectos en sus casas.

Cabe reseñar, que este acoso se produce sobre la vivienda habitual, por lo que a nivel legal tendría mayores implicaciones, tal y como ha explicado la abogada en la rueda de prensa. De hecho, los vecinos continúan pagando sus rentas “religiosamente” cada mes.

Cristina Gómez, una de las vecinas del bloque, ha celebrado este nuevo paso: “Estamos contentos con que el proceso esté avanzando y no perdemos de vista que, al final, es como un pequeño hito dentro de esta lucha que es gigante, por eso estamos esperanzados”. Sin embargo, admite que “las fuerzas empiezan a flaquear”, ya que son muchos meses soportando las conductas abusivas del fondo.

Tribulete es uno de los edificios más significados y contestatarios de entre los que han sido adquiridos por fondos o sociedades inmobiliarias en la capital, una tendencia creciente ante el lucrativo negocio de los alojamientos turísticos o temporales. El bloque se ha organizado para celebrar conciertos, representar el problema sacando los muebles a la calle o hasta acoger un funeral por la muerte de los barrios con actuación de Biznaga incluida. Ahora reclaman “que se acabe la impunidad”. 

(Nerea Díaz Ochando , eldiario.es, 03/12/25)

Las claves de la impunidad de las empresas de desokupación... el Consejo General del Poder Judicial recoge tan solo tres sentencias condenatorias contra empresas de desokupación, ¿por qué no prosperan las denuncias? Muchos afectados nunca llegan a denunciar. Ya sea por miedo o por falta de recursos. Estamos hablando de particulares en situación de vulnerabilidad -que no disponen del pulmón económico para impulsar la acusación- contra empresas que muchas veces cuentan incluso con su propio bufete de abogados o pertenecen a un conglomerado que ofrece también estos servicios. La distancia es insalvable"... desde el CAES lanzan una recomendación esencial: grabarlo todo. "Cada vez que se presentan en tu casa a increparte, a lanzar amenazas, a dañar cualquier elemento de la vivienda"... una sentencia condenaba a AMA Desokupa por un nuevo delito de coacciones leves a una multa de 210 euros... "Mientras no se sensibilice y legisle contra estos negocios y no se les impongan sanciones a la altura de sus prácticas, seguirán saliendo demasiado rentables" (Inés García Rábade)

 "Son los sicarios del sector inmobiliario", sentencia Juan Carlos, vecino del barrio del Pilar, en Madrid. "Matones que, mediante el uso de la violencia, de diferentes tácticas de acoso e intimidación, consiguen salirse con la suya", sigue denunciando. Expulsando a cada vez más inquilinos de sus hogares. Seguro que alguna les suena: Desokupa, Bastión Desokupa, Desokupa Espress, AMA Desokupa… Asistimos al boom de las empresas, servicios, despachos y consultorías de desokupación. De mediación entre propietarios e inquilinos. Muchas veces por la fuerza, claro. Tal y como se han cansado de repetir asociaciones vecinales y por el derecho a la vivienda. "Es un problema que nos afecta a todos. Incluso a los que creen que no les va a llegar", advierte el inquilino en conversación con Público. Condenando a vecinos de toda la vida a marcharse de sus casas, de sus barrios. Incluso de sus ciudades.

En el caso de Juan Carlos, todo empezó hace dos años. A raíz del fallecimiento de la que era su casera. Después de más tres décadas residiendo en el piso, una de las herederas le convocó a una comida. Para hablar. "Me sonó raro, pero acudí", relata el inquilino. Se lo soltó tal cual. "Quería que desalojáramos la vivienda enseguida. Mejor ayer que mañana", refiere. Con una semana de margen y con el contrato de alquiler todavía en activo. "Fue como una jarra de agua fría. ¿A dónde íbamos a ir? ¿Con qué dinero?", hace memoria el vecino. Pidió tiempo. Para encontrar otro piso y para hacer la mudanza.

La pesadilla fue a más cuando se sentó por primera vez a buscar piso. Consultando anuncio tras anuncio. "Sabía que el mercado de la vivienda estaba imposible, pero no era consciente del dramatismo de los precios y de los requisitos", sostiene el inquilino, que repentinamente se quedó también sin trabajo. Era una tras otra. "Me echaron de la empresa después de 15 años. Y ya sí que no tenía opciones", se lamenta. Durante todo este proceso, la casera nunca dejó de insistir, de presionar. Hasta que, en enero del año pasado, les llegó el primer burofax. Y una amenaza: había decidido optar por "la vía de en medio".

Un día, tocaron al telefonillo en el portal. Traían un paquete a su nombre. "Cuando abrí la puerta, me encontré a tres hombres enormes y vestidos de negro, al estilo militar", describe el inquilino. "Venimos de parte de la propietaria. Estáis aquí de okupas. Tenéis que firmar este acuerdo y marcharos", les increparon los sujetos. Todo con malas formas, con actitud agresiva y con amenazas de por medio, asegura el vecino. "Metiéndonos miedo". D.I.O. Express, así se llama la empresa a la que representaban. No fue la única vez que se presentaron en su casa. Aporreando y gritando al otro lado de la puerta, esperando a la salida del edificio. "Llegaron a llenarnos de pegamento la cerradura", señala el inquilino. El miedo se convirtió en una constante en su día a día. "Nunca sabes cuándo van a aparecer ni lo que son capaces de hacer", explica el afectado.

Juan Carlos, inquilino: "Te das cuenta de que nadie vela por los derechos del inquilino. Los de Desokupa quedan de héroes; nosotros de delincuentes"

Les acabó denunciando. Primero en la comisaría; luego ante la Fiscalía. Lo hizo con el asesoramiento del Sindicato de Inquilinas de Madrid. En una denuncia a la que se sumó otra familia afectada. Por las mismas prácticas y por parte de la misma empresa. Lo que no sabían es que le tocaría enfrentarse a un nuevo camino plagado de obstáculos. "Nos suspendieron la primera vista por un error del propio juzgado. Habían mezclado dos causas abiertas contra la misma empresa", comenta Juan Carlos. "Luego nos llegó una sentencia desfavorable sin que se hubiera llegado nunca a celebrar el juicio. Evidentemente esa sentencia se anuló", continúa enumerando.

"Cuando por fin nos convocaron a juicio, ni siquiera comparecieron todos los acusados. Tampoco testificaron los policías que habían acudido a nuestra vivienda a detenerlos en una ocasión. Y no se presentaron todas las pruebas que habíamos aportado", denuncia el inquilino. Todo fue en vano. En abril, les llegó la sentencia definitiva. Les habían absuelto. "Sientes una revictimización y una impotencia que no le deseo a nadie. Ahí te das cuenta de que nadie vela por los derechos del inquilino", se desahoga Juan Carlos al otro lado del teléfono. "Ellos quedan de héroes; nosotros de delincuentes", sentencia tajante.

Público se ha puesto en contacto con D.I.O Express para pedirle su versión sobre el caso. Este periódico también le ha preguntado qué tipo de prácticas utilizan para garantizar el "desalojo de okupas en 48 horas" que anuncian en su página web. Y si esas prácticas incluyen, como recoge la denuncia de Juan Carlos, fórmulas de intimidación y acoso. Por último, este diario ha querido saber si la entidad ha recibido más denuncias de este tipo. Cuántas y con qué resultado.

"Nuestros métodos son totalmente legales", asegura Francisco Fernández, propietario de la empresa. "Yo dispongo de una titulación de mediador. Y lo que hacemos es precisamente eso: iniciar una mediación extrajudicial para intentar obtener la salida voluntaria del ocupante, ya sea en calidad de inquilino deudor, de inquilino precario o de okupación ilícita", desarrolla el empresario.

Sobre el caso de Juan Carlos, sí que lo reconoce como un trabajo propio. "Hicimos exclusivamente dos visitas. Y enseguida se rescindió el contrato con nuestro cliente, que lo ha judicializado por su cuenta. Había cosas que no nos acababan de cuadrar", esgrime Fernández. "En la primera visita se toca el timbre, nadie abre la puerta y a los cinco minutos aparecen ocho patrullas de policía. Sin haber hecho nada", relata el empresario. "Después de eso, se hizo una última gestión, con la Policía Nacional presente, para intentar llegar a un acuerdo, ofreciendo a los inquilinos tiempo y una ayuda económica. Lo rechazaron todo", concluye.

En ocho años en activo -continúa- han recibido unas 20 o 25 denuncias, ninguna de ellas con recorrido en los juzgados. "Eso demuestra que no utilizamos métodos ilícitos: ni armas, ni placas falsas, ni grupos paramilitares", sentencia. Aunque con matices: "Hemos tenido un par de empleados, ya despedidos, que detectamos en su momento que incurrían en estas prácticas. Pero no es, bajo ningún concepto, nuestra política de empresa".

Un negocio blindado en los tribunales

¿Hay muchas denuncias contra empresas de desokupación? ¿Qué recorrido suelen tener en los tribunales? "Al final es imposible conocer con exactitud su volumen", valora para Público Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "Por una parte, muchos afectados nunca llegan a denunciar", desarrolla el abogado. Ya sea por miedo o por falta de recursos. "Este segundo supuesto afecta demasiado al recorrido de las denuncias, incluso cuando llegan a producirse", explica Palomo. "Estamos hablando de particulares en situación de vulnerabilidad -que no disponen del pulmón económico para impulsar la acusación- contra empresas que muchas veces cuentan incluso con su propio bufete de abogados o pertenecen a un conglomerado que ofrece también estos servicios. La distancia es insalvable", denuncia el letrado del CAES.

Para el abogado penalista Eloi Castellarnau la clave está en que se trata de "un fenómeno joven". "La avalancha de denuncias contra este tipo de prácticas se concentra en los últimos cuatro o cinco años, por lo que muchas siguen en tramitación. Por tanto, no se dispone todavía de suficiente jurisprudencia", evalúa en conversación con Público el letrado. Más allá de eso, las empresas de desokupación disponen de sus propios subterfugios. "La mayoría actúan bajo esa especie de paraguas legal que les proporciona el propietario cuando les firma un contrato para interlocutar con las personas que residen en el domicilio", comienza explicando Castellarnau.

Otra de las claves: el adiestramiento. "Pocas veces incurren en una agresión física. La mayoría practican una intimidación más bien ambiental, que es más difícil de demostrar", apunta el abogado. Un extremo con el que coincide Palomo: "La falta probatoria es lo que lastra la mayoría de las denuncias". Para evitar este extremo, desde el CAES lanzan una recomendación esencial: grabarlo todo. "Cada vez que se presentan en tu casa a increparte, a lanzar amenazas, a dañar cualquier elemento de la vivienda", enumera Palomo. Una sugerencia que sí aplican las propias empresas de desokupación. "Graban sus actuaciones y luego suben a redes algunas partes cortadas y descontextualizadas. Lo que les viene bien de cara a blanquear su imagen", juzga el letrado del CAES.

Eloi Castellarnau, abogado penalista: "Actúan bajo el paraguas legal que les proporciona el contrato con el propietario"

Las trabas no terminan ahí. "En muchos casos, la cosa se queda en una denuncia personal contra los dos o tres sujetos que han acudido presencialmente a la vivienda o contra su cara más mediática, sin alcanzar a la sociedad que hay por detrás",  explica Castellarnau. Una confusión que favorecen los nombres legales con los que estas empresas se inscriben en el Registro Mercantil. La conocida Desokupa de Daniel Esteve es un caso evidente. Su denominación social poco tiene que ver con su nombre comercial: Conciencia y Respeto 1970, S.L.

"Esto responde también a que, cada vez más, no son empresas independientes, sino un componente más de entramados vinculados a múltiples servicios", indica Palomo. Seguridad, vigilancia, venta y alquiler inmobiliario, asesoramiento jurídico… Muchos de ellos complementarios. "Es una forma de, por un lado, diluir responsabilidades y, por otro, asegurar todos los frentes del negocio", concluye el abogado del CAES. Un negocio redondo. Solo en el año 2023, la empresa de Esteve llegó a facturar, según sus propias cifras, 1,1 millones de euros. De los que Esteve recibía más de 100.000 como salario personal.

Las condenas, una rara avis

"Las denuncias rara vez prosperan. Y, cuando lo hacen, no suelen terminar en sentencias condenatorias en firme", subraya Palomo. Salvo en casos muy residuales. Tres, en concreto. Así lo recoge el Centro de Información del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ). La primera condena contra las prácticas de una empresa de desokupación llegaba durante el verano de 2022. Una sentencia que señalaba a dos trabajadores de Bastión Desokupa por un delito leve de coacciones, recogido en el artículo 172.1 del Código Penal y multado, en este caso, con 90 euros. La segunda se dictaba en septiembre del año pasado. El propietario y dos empleados de Desocupaciones Mallorca eran entonces condenados por otro delito de coacciones leves y uno más de amenazas. De nuevo, con la imposición de unas multas bastante asumibles. 180 euros por el primero; 480 por el segundo.

Víctor Palomo, abogado del CAES: "Desokupar sigue saliendo demasiado rentable. En términos económicos y jurídicos"

Una tercera sentencia se firmó hace apenas unas semanas, el 22 de septiembre, todavía pendiente de la resolución del recurso de apelación. Ese día, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Granada condenaba a la administradora de AMA Desokupa, Ángela Jiménez Mendoza, por un nuevo delito de coacciones leves. 210 euros y a correr. "Ese es el precio que pagas por aprovechar la situación de vulnerabilidad de un inquilino para acosarle, amenazarle e intimidarle, a veces incluso por medio de la violencia física", se lamenta Palomo. "Mientras no se sensibilice y legisle contra estos negocios y no se les impongan sanciones a la altura de sus prácticas, seguirán saliendo demasiado rentables. En términos tanto económicos como jurídicos", concluye el abogado.

Público ha contactado a AMA Desokupa, la única de las tres empresas que todavía no tiene una condena en firme, para preguntarle si reconocen las prácticas descritas en la sentencia y si forman parte de su protocolo habitual de actuación. Este diario ha querido saber además si la empresa ha recibido más denuncias de este tipo y, en caso afirmativo, cuántas y con qué trayectoria en los tribunales. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la entidad no ha ofrecido respuestas." 

(Inés García Rábade , Público, 18/10/25) 

La Justicia condena a AMA Desokupa por coacciones en Granada... AMA Desokupa intentó sacar a la fuerza a las personas que se encontraban dentro del edificio; además, impidieron el acceso de comida y agua al mismo... (Aurora Báez Boza)

"El pasado 20 de enero, una veintena de miembros de la empresa AMA Desokupa intentaron desalojar de forma ilegal el CSOA La Madriguera, ubicado en la calle Azacayas de Granada. Durante la jornada, AMA Desokupa intentó sacar a la fuerza a las personas que se encontraban dentro del edificio; además, impidieron el acceso de comida y agua al mismo. El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Granada ha reconocido la ilegalidad de este acto y ha condenado a la administradora de AMA Desokupa, Ángela Jiménez Mendoza, por el delito de coacciones leves.

Una resolución que para la abogada de la acusación particular, María Gallego Cano, es “insuficiente”, ya que no considera delito el establecimiento de un control de acceso “utilizado para amedrentar a los residentes” y tampoco condena “a las personas que contrató la empresa”. Sin embargo, Gallego reconoce que es “un paso frente a prácticas que vulneran derechos fundamentales”. Además de a Jiménez Mendoza, la acusación señalaba a la propietaria del edificio y a los empleados de AMA Desokupa por amenazas; sin embargo, la Justicia no ha reconocido estos hechos y han quedado absueltos.

AMA Desokupa sigue ejerciendo su actividad, como denunciaba una familia de la localidad alavesa de Amurrio, que en junio denunció que decenas de empleados de Jiménez Mendoza intentaron echarles de su casa de forma ilegal. En 2022, el Servicio Andaluz de Empleo otorgó a AMA Desokupa una subvención de 1.925,00 €. En ese mismo año, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública otorgaba una ayuda de tres mil euros para implementar el KIT digital en la empresa de desokupación. AMA Desokupa también se encarga de servicios de seguridad privada y, según expone en su LinkedIn, entre sus clientes se encuentran la Diputación de Granada y el Archivo Histórico de la ciudad.

La Red de Observación de Granada, perteneciente al colectivo Defender a Quien Defiende, denunció decenas de graves vulneraciones de derechos contra los manifestantes por parte de los agentes de la ley durante el intento de desalojo coordinado entre agentes de la Policía y la empresa AMA Desokupa el pasado enero."

(Aurora Báez Boza , El Salto, 22/09/25)

Desokupa Control intenta echar a una familia de su casa en Sevilla ilegalmente... “Me dijeron que si no nos íbamos, nos iban a poner un control de acceso en la puerta”... “Cuando puse la denuncia, un policía me dijo que si me ponían un control de acceso en la puerta, no iba a poder hacer mucho, que si podíamos plantearnos entrar por la casa de una vecina”

 "El pasado nueve de septiembre, Eduardo se encontraba en su casa en Sevilla Este, un barrio de la capital andaluza, cuando llamaron a la puerta. Su mujer abrió y se encontró a cinco hombres con polo negro; en la esquina superior derecha de cada prenda, un emblema hexagonal con un fondo rojigualdo fracturado por arriba por la imagen de un puño y donde se pueden leer dos palabras: Desokupa Control. Frente a la puerta se encontraba además otro individuo que decía ser el nuevo propietario del inmueble. “Mi mujer entró corriendo asustada, con un ataque de ansiedad, buscándome a mí”, relata Eduardo. Este vecino recuerda su encuentro con la empresa de desokupación: “Me dijeron que me tenía que ir o por las buenas o por las malas, que mi casa no era mía, que yo era un okupa, intentaron amedrentarnos”.

Eduardo y su familia llevan 27 años viviendo en esta casa. Hace unos años casi perdieron su hogar a través de una ejecución hipotecaria; sin embargo, gracias a la dación en pago, pudieron quedarse en el inmueble a través de un alquiler social. Tras este episodio, el sevillano presentó una denuncia en la policía en la que, además del relato, expone que “ha realizado todos los meses el respectivo pago del alquiler” y que cuenta con los justificantes para poder enseñarlos a cualquier institución. “Me dijeron que si no nos íbamos, nos iban a poner un control de acceso en la puerta”, explica Eduardo. La familia está viviendo este proceso con mucha dificultad y preocupación: “Estamos con las carnes abiertas, lo estamos pasando francamente mal”. A la hora de denunciar la situación, este vecino señala no haber tenido una respuesta concreta por parte de los agentes policiales: “Cuando puse la denuncia, un policía me dijo que si me ponían un control de acceso en la puerta, no iba a poder hacer mucho, que si podíamos plantearnos entrar por la casa de una vecina”.

Los hombres identificados como Desokupa Control entregaron a Eduardo una “notificación” que consiste en una octavilla sin valor jurídico alguno en la que se puede leer: “Estás ocupando la vivienda de forma irregular”, junto a un número de teléfono y una cuenta de Instagram. En los registros empresariales no se ha encontrado ninguna compañía que responda a esa denominación; en sus redes sociales se autodefinen como “especialistas en recuperación de vivienda” y lanzan mensajes para promocionar sus actuaciones como “Si no quieren salir, nosotros le enseñamos la puerta”.

La propiedad del inmueble era del fondo Divarian, que en 2023 comenzó un proceso judicial contra Eduardo y su familia. Hace unos meses la casa cambió de propiedad, y la misma no ha heredado el proceso abierto. El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla había decretado el desahucio de la familia; sin embargo, la defensa de Eduardo ha presentado alegaciones a esta resolución, que aún se encuentran en proceso de dirimirse y, según la Audiencia Provincial de Sevilla, la deliberación se hará el próximo 20 de octubre, por lo que la orden de desahucio aún no está en firme. “Es muy angustiante, no tenemos donde ir”, expone el vecino.

Según los últimos datos del INE del 17 de septiembre, en el segundo trimestre de 2025 Andalucía se encuentra a la cabeza en cuanto a desahucio de viviendas con un total de 948 ejecuciones. En 2024 se produjeron en Sevilla un total de 675 desahucios, más de la mitad a personas alquiladas. Decenas de empresas de desokupación operan en el Estado español gracias a la falta de regulación al respecto; en febrero de este año, el Congreso, gracias a la abstención del PSOE, rechazaba la propuesta de ilegalizar este tipo de compañías." 

(Aurora Báez Boza , , El Salto, 18/09/25) 

Una empresa de desocupación amenaza a los últimos afectados por la dana acogidos por la Generalitat... Este lunes 8 de septiembre ha cerrado sus puertas el Centro de Atención Temporal de Emergencia (CATE), situado en Burjassot... En esas instalaciones se ha atendido a las personas que se vieron sin alternativa habitacional tras el paso de la dana... quedaban alrededor de 15 residiendo en el centro... Según denuncian varias de las personas que estaban residiendo en la instalación, el pasado 3 de septiembre recibieron la visita en sus habitaciones del administrador del edificio, un portavoz de la propiedad (la empresa Small Rent), junto a dos trabajadores de una empresa de desocupación. Los afectados han presentado una denuncia en comisaría por amenazas... “Nos dijeron que eran de una empresa de desocupación, que venían a mediar y que querían asegurarse de que nos íbamos a ir, de muy malas formas y delante de mis hijos de apenas dos años”... El precedente es el desalojo de una nave en Aldaia, cuando treintena de personas migrantes, víctimas de la dana, se refugiaron durante meses en una nave abandonada, hasta que sufrieron un violento desalojo por parte de un grupo de desocupación... fueron atacados con gas pimienta y porras, además de sufrir graves agresiones en el proceso de desalojo ilegal (Tomás Muñoz)

 "Este lunes 8 de septiembre ha cerrado sus puertas el Centro de Atención Temporal de Emergencia (CATE), situado en Burjassot, un espacio que fue puesto en marcha por la Conselleria d’Igualtat que dirige la vicepresidenta Susana Camarero y que ha sido gestionado por Cruz Roja en un edificio alquilado de propiedad privada. En esas instalaciones se ha atendido a las personas que se vieron sin alternativa habitacional tras el paso de la dana. Aunque el recurso tiene capacidad para unas 180 personas, quedaban alrededor de 15 residiendo en el centro en el momento de su clausura.

Según denuncian varias de las personas que estaban residiendo en la instalación, el pasado 3 de septiembre recibieron la visita en sus habitaciones del administrador del edificio, un portavoz de la propiedad (la empresa Small Rent), junto a dos trabajadores de una empresa de desocupación. Los afectados han presentado una denuncia en comisaría por amenazas. Según recogía el diario Levante, uno de los residentes, Diego, afirma: “Nos dijeron que eran de una empresa de desocupación, que venían a mediar y que querían asegurarse de que nos íbamos a ir, de muy malas formas y delante de mis hijos de apenas dos años”.

Según los datos de la Conselleria d’Igualtat, las personas que llegaron al CATE lo hicieron derivadas por los servicios sociales municipales, que no podían ofrecer recursos propios. De las más de 180 personas atendidas, algunas han cerrado el periodo en el CATE al regresar a sus casas o iniciar una nueva vida junto a sus familiares, y cerca de 100 han salido del centro con una alternativa habitacional estable proporcionada por la administración.

Desde la Conselleria que dirige Susana Camarero aseguran que a todas las personas se les ha ofrecido alternativa habitacional y, en concreto, señalan que Diego las habría rechazado, un extremo que él desmiente: “En ningún momento me he negado a abandonar el centro antes del cierre del mismo, estoy esperando una resolución de ayuda al alquiler para poder ir a un piso con mi familia”. Ésta está a la espera de tramitar una ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Manises, donde residían antes de la dana.

Por su parte, desde CGT denuncian la clausura de este centro y la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas, que se van a ver abocadas a situación de calle. Además, la organización se ha mostrado “sorprendida e indignada” por la forma de actuar del propietario que “se presentó sin pedir permiso junto a dos miembros de una empresa de desokupación para amenazar a las familias con que iban a tener problemas si no abandonaban el edificio antes de las 12 de la noche del lunes 8 de septiembre”.

Desde la organización anarcosindicalista reclaman a Cruz Roja una “respuesta contundente a la forma de hacer de estas empresas parafascistas de desokupación”.

El precedente del desalojo de una nave en Aldaia

Una treintena de personas migrantes, víctimas de la dana, se refugiaron durante meses en una nave abandonada de Aldaia, hasta que sufrieron un violento desalojo por parte de un grupo de desocupación. El pasado junio fueron atacados con gas pimienta y porras, además de sufrir graves agresiones en el proceso de desalojo ilegal.

El grupo de matones personas accedió al interior de la fábrica ataviado con unos chalecos fluorescentes, similares a los que utiliza la policía judicial, para hacerse pasar por agentes de este cuerpo. Según denuncarion las víctimas, la agresión fue brutal e incluso uno de los moradores tuvo que saltar desde una de las ventanas para escapar, temiendo por su vida, lo que le provocó graves heridas." 

(Tomás Muñoz , El Salto, 10/09/25)

Consejos legales contra las empresas de desokupación: No pueden entrar en tu casa... no tienes obligación de dar información ni de firmar ningún documento... es recomendable grabar las conversaciones... si la policía acude, insiste en que tome los datos de estas personas si están amenazándote o coaccionándote con intimidación... para hacer un control de acceso necesitan el permiso de la comunidad de vecinos… si te han amenazado, lesionado, han entrado en tu casa sin permiso, te han roto puertas, ventanas o mobiliario es importante que denuncies y vayas al médico... contacta con colectivos o asociaciones que defiendan el derecho a la vivienda si sufres amenazas o intimidación para que abandones tu casa... actúan en diferentes fases: la de vigilancia, la de negociación –con coacciones, amenazas y mentiras– y hasta la de intimidación física (Pastora Filigrana)

 "El negocio de la desokupación está en auge, cuenta con mucha visibilidad en medios de comunicación y redes sociales y proliferan anuncios publicitarios de este tipo de empresas en todos los barrios obreros del país, desde cartelería hasta folletos en los parabrisas de los coches. El servicio que ofertan es el desalojo de personas que habitan una vivienda sin título más rápido que un juzgado y sin papeleo legal. Ofrecen una mediación con quienes habitan los inmuebles y un servicio de control de acceso para evitar que las personas vuelvan a entrar en la vivienda cuando la abandonan. La visibilidad de estas empresas corre paralela a los alarmistas discursos sobre la ocupación de vivienda, que hace que la opinión pública crea que hay casi 1.000 veces más ocupaciones de las que existen.

En la práctica, vemos que este servicio actúa numerosas veces al margen de la legalidad y sólo viendo la estética que presentan sus promotores es fácil concluir que están más cerca de un grupo parapolicial que de un servicio de mediación extrajudicial. Los relatos y denuncias recopilados durante estos años narran que actúan en diferentes fases: la de vigilancia, la de negociación –con coacciones, amenazas y mentiras– y hasta la de intimidación física. Las actuaciones de estas empresas no diferencian entre tipos de habitantes; pueden actuar frente a personas que han ocupado una vivienda abandonada, inquilinos morosos, inquilinas que están al corriente de sus pagos pero la propiedad no quiere esperar al fin del contrato, o vecinas de rentas antiguas protegidas por la antigua ley de alquileres.

Ante esta situación cada vez es más urgente acabar con la impunidad con la que actúan estas empresas y frenar los discursos de criminalización y odio contra los grupos más vulnerables, como la inmigración y las personas con menos recursos, sobre los que sustentan sus negocios.

Con este ánimo hacemos esta recopilación de consejos legales sobre tus derechos frente a las empresas de desokupación.

1. No pueden entrar en tu casa. El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio protege a las personas de las intromisiones ilegítimas en sus viviendas. En tu casa no entra quien tú no quieres. Este derecho fundamental solo puede ser suspendido si la autoridad (la policía o los funcionarios del juzgado) cuentan con una orden judicial que autorice la entrada en tu domicilio. Ni siquiera la policía puede entrar en un domicilio sin una orden judicial, mucho menos trabajadores de una empresa de desokupación. Si entran en contra de tu voluntad están cometiendo un delito de allanamiento de morada, que es mucho más grave que ocupar una vivienda abandonada y por supuesto más grave que atrasarse con los pagos de las rentas de alquiler, que ni siquiera es delito. Estos delitos de allanamiento de morada pueden denunciarse y más abajo contaremos cómo. 
2. No tienes obligación de dar información ni de firmar ningún documento. Una de las prácticas que denuncian las personas víctimas de este tipo de empresas es que en algunas ocasiones ofrecen un dinero a cambio de firmar alguna documentación y facilitar datos personales. Es importante saber que no existe ninguna obligación legal de ceder a estas peticiones, sea cual sea la situación de titularidad de la vivienda. Si existe un procedimiento judicial abierto por el título de la vivienda, será el juzgado quien requiera esta información y ninguna otra autoridad.
3. Es recomendable grabar las conversaciones que se tengan con las personas que se identifiquen como trabajadores de la empresa de desokupación. Si existen amenazas, coacciones o algún tipo de intimidación, las grabaciones servirán para probar los delitos si se deciden a denunciar. El Tribunal Supremo permite aportar como prueba válida en un juicio estas grabaciones siempre que la persona que las aporte participe en la conversación.
4. Pide a la policía que identifique a las personas de la empresa de desokupación si hay ocasión. Es muy probable que si en tu puerta se presenta gente de este tipo de empresas, algún vecino o vecina llame a la policía alarmados por la estética o las formas. También es posible que seas tú quien llames a la policía. Si la policía acude, insiste en que tome los datos de estas personas si están amenazándote o coaccionándote con intimidación. Estos datos serán muy válidos para las futuras denuncias.
5. Para hacer un control de acceso necesitan el permiso de la comunidad de vecinos. Dentro de los servicios que ofertan estas empresas a los propietarios de la vivienda está poner un control de acceso, es decir, disponer a sus trabajadores a modo de vigilantes de seguridad para impedir que la personas vuelva a entrar en la vivienda cuando salgan. Si pretenden establecer este tipo de vigilancia en zonas comunes del edificio, debes contactar con la comunidad de vecinos y explicar la situación. Sin su autorización no pueden llevar a cabo este control de acceso dentro del edificio.
6. Si te han amenazado, lesionado, han entrado en tu casa sin permiso, te han roto puertas, ventanas o mobiliario es importante que denuncies y vayas al médico. a) Si tienes lesiones físicas o sufres algún daño psicológico como episodios de ansiedad tras un encuentro con una empresa de desokupación, es importante ir a un centro de salud para que te atiendan y documenten en un parte médico las lesiones. b)Para denunciar recomendamos acudir al Juzgado de Guardia que corresponda a tu localidad. Puedes interponer la denuncia en tu nombre o puede acudir otra persona por ti siempre que tenga un poder de representación especial. No es obligatoria la intervención de abogado/a o procurador/a para interponer la denuncia, aunque si se quiere puedes llevarlos. La interposición de la denuncia es gratuita. La denuncia puedes realizarla por escrito o de forma verbal. Es importante que relates de forma detallada los hechos y que aportes la documentación que pueda probar lo que cuentas, como fotos, facturas de daños y partes médicos de lesiones.
7. Y sobre todo, organízate. Contacta con colectivos o asociaciones que defiendan el derecho a la vivienda si sufres amenazas o intimidación para que abandones tu casa. Los sindicatos de inquilinas, las plataformas de defensa de la vivienda, o las asociaciones vecinales son espacios donde puedes contar tu situación y encontrar asesoramiento y apoyo para defender tus derechos.

La privatización de la justicia que supone la proliferación de estos grupos parapoliciales amenaza a las sociedades democráticas. Acabar con el negocio de la desokupación no es solamente responsabilidad de quienes sufren el acoso en su vivienda sino de todas aquellas personas que queremos seguir viviendo en sociedades democráticas donde se respeten los derechos fundamentales."                        (Pastora Filigrana    , CTXT, 10/02/2025)