"El pasado 20 de enero, una veintena de miembros de la empresa AMA Desokupa intentaron desalojar de forma ilegal el CSOA La Madriguera, ubicado en la calle Azacayas de Granada. Durante la jornada, AMA Desokupa intentó sacar a la fuerza a las personas que se encontraban dentro del edificio; además, impidieron el acceso de comida y agua al mismo. El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Granada ha reconocido la ilegalidad de este acto y ha condenado a la administradora de AMA Desokupa, Ángela Jiménez Mendoza, por el delito de coacciones leves.
Una resolución que para la abogada de la acusación particular, María Gallego Cano, es “insuficiente”, ya que no considera delito el establecimiento de un control de acceso “utilizado para amedrentar a los residentes” y tampoco condena “a las personas que contrató la empresa”. Sin embargo, Gallego reconoce que es “un paso frente a prácticas que vulneran derechos fundamentales”. Además de a Jiménez Mendoza, la acusación señalaba a la propietaria del edificio y a los empleados de AMA Desokupa por amenazas; sin embargo, la Justicia no ha reconocido estos hechos y han quedado absueltos.
AMA Desokupa sigue ejerciendo su actividad, como denunciaba una familia de la localidad alavesa de Amurrio, que en junio denunció que decenas de empleados de Jiménez Mendoza intentaron echarles de su casa de forma ilegal. En 2022, el Servicio Andaluz de Empleo otorgó a AMA Desokupa una subvención de 1.925,00 €. En ese mismo año, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública otorgaba una ayuda de tres mil euros para implementar el KIT digital en la empresa de desokupación. AMA Desokupa también se encarga de servicios de seguridad privada y, según expone en su LinkedIn, entre sus clientes se encuentran la Diputación de Granada y el Archivo Histórico de la ciudad.
La Red de Observación de Granada, perteneciente al colectivo Defender a Quien Defiende, denunció decenas de graves vulneraciones de derechos contra los manifestantes por parte de los agentes de la ley durante el intento de desalojo coordinado entre agentes de la Policía y la empresa AMA Desokupa el pasado enero."
Una resolución que para la abogada de la acusación particular, María Gallego Cano, es “insuficiente”, ya que no considera delito el establecimiento de un control de acceso “utilizado para amedrentar a los residentes” y tampoco condena “a las personas que contrató la empresa”. Sin embargo, Gallego reconoce que es “un paso frente a prácticas que vulneran derechos fundamentales”. Además de a Jiménez Mendoza, la acusación señalaba a la propietaria del edificio y a los empleados de AMA Desokupa por amenazas; sin embargo, la Justicia no ha reconocido estos hechos y han quedado absueltos.
AMA Desokupa sigue ejerciendo su actividad, como denunciaba una familia de la localidad alavesa de Amurrio, que en junio denunció que decenas de empleados de Jiménez Mendoza intentaron echarles de su casa de forma ilegal. En 2022, el Servicio Andaluz de Empleo otorgó a AMA Desokupa una subvención de 1.925,00 €. En ese mismo año, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública otorgaba una ayuda de tres mil euros para implementar el KIT digital en la empresa de desokupación. AMA Desokupa también se encarga de servicios de seguridad privada y, según expone en su LinkedIn, entre sus clientes se encuentran la Diputación de Granada y el Archivo Histórico de la ciudad.
La Red de Observación de Granada, perteneciente al colectivo Defender a Quien Defiende, denunció decenas de graves vulneraciones de derechos contra los manifestantes por parte de los agentes de la ley durante el intento de desalojo coordinado entre agentes de la Policía y la empresa AMA Desokupa el pasado enero."
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