El estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio, con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” (Salvador García Soto)... Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho, el narco más buscado del país (Heraldo)

 "Junto al horror y la tragedia que se volvió viral en el rancho Izaguirre, al exponer a nivel internacional el drama humanitario que vive México por las desapariciones, hubo otra cosa que también se sabía, se veía y que muchos, desde los gobernantes hasta los empresarios o la misma sociedad, preferían no hablar de ello o si lo hacían era solo por lo bajito: el estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio, con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Atrás quedaron los cacicazgos políticos de la era priista y los grupos dispersos de la era panista, que siempre navegaron entre los acuerdos y el dominio de los cárteles sinaloenses que se asentaron en Guadalajara y la convirtieron en una de sus plazas favoritas para vivir y para lavar sus millonarias fortunas ilícitas. La caída de Ignacio “Nacho” Coronel, abatido en 2010 por el Ejército en el exclusivo residencial Colinas de San Javier de Zapopan, marcó el fin del control sinaloense y ese mismo año emergió con fuerza el capo que se adueñó de Jalisco y que, sin ser jalisciense, hasta se apropió del nombre del estado para nombrar a su organización: “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Al ver el descontrol y las fracturas que ya empezaban en el Cártel de Sinaloa, Oseguera, que trabajaba para ellos y había formado un grupo llamado “Los Mata Zetas”, con el que Coronel había mantenido a raya las intenciones de los Zetas de apoderarse de Jalisco y de Guadalajara, no lo dudó y abandonó a los sinaloenses para crear su propia organización, algo que supieron bien en las áreas de inteligencia y seguridad del gobierno de Peña Nieto, pero que por omisión o colusión dejaron pasar, permitiéndole al Mencho sentar las bases de la que en pocos años sería considerada “la organización más violenta y dominante del narcotráfico en México”.

Hábil para la estrategia y conocedor de la importancia de crear sus propias redes políticas, el ascenso de Nemesio Oseguera como capo mayor del narcotráfico estuvo acompañado primero del gobierno panista de Emilio González, pero después apoyaría el regreso del PRI a la gubernatura con el triunfo del asesinado Aristóteles Sandoval, en cuyo gobierno se afianzó el CJNG y al que después asesinaron sus sicarios en un bar en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.

Pero muy pronto “El Mencho” entendió que tenía que forjar sus propias redes en la política local y comenzó a apoyar el ascenso de figuras que, junto al partido emergente que en 2013 era Movimiento Ciudadano, empezaron a desplazar a la clase política tradicional en Jalisco, para dar paso al gobierno de Enrique Alfaro. En los seis años de la primera administración emecista terminaría de concretarse el secuestro total del estado por parte del CJNG y de Nemesio, que convirtió a Jalisco en su feudo, su negocio, su centro de operaciones y su refugio, el lugar donde ha podido moverse entre pueblos y sierras del sur sin ser nunca detenido o molestado por las autoridades federales y con el pleno conocimiento de las autoridades locales.

Mientras Alfaro construía una nueva clase política y gobernaba entre pleitos, polémicas y su mal carácter, El Mencho se apropiaba de todos y cada uno de los 125 municipios de Jalisco, dominaba Guadalajara, Zapopan y toda la zona metropolitana, convertía a Puerto Vallarta en paraíso de drogas y lavado de dinero, mientras iba imponiendo a las alcaldías los directores de seguridad y poniendo bajo su servicio a las policías municipales de todo el estado y a las propias policías y fiscalías estatales.

El gobierno federal lo sabía y lo consentía; el gobierno estatal tenía pactos inconfesables y la sociedad jalisciense y tapatía, acostumbrada a vivir siempre con la presencia y el dinero de los narcos, disfrutaba la bonanza económica que llenaba de edificios, plazas comerciales, fraccionamientos exclusivos y antros, muchos antros para mover la droga, a las principales ciudades del estado.

Las llamadas “cuatro letras” comenzaron a ser no sólo una marca comercial, con todo y hologramas en sus paquetes de droga, sino el principal referente de poder en el estado. Los ejércitos del Mencho, formados con adiestramiento militar y con una disciplina y una filosofía que raya en el fanatismo, empezaron a patrullar el estado y a confirmar su poder sometiendo y dominando a cualquiera que se resistiera o pretendiera desconocer el poder del “señor”.

Desde Jalisco, ya con su feudo bien afianzado, Nemesio Oseguera mandó a sus ejércitos a controlar Michoacán, Guanajuato y todo el Bajío. Penetró Aguascalientes y parte de Zacatecas, llegó hasta la Ciudad de México y logró también arrebatarles a los tamaulipecos del Golfo el control de varias aduanas y ciudades fronterizas con Estados Unidos. Hoy no hay narco más buscado y menos encontrado o perseguido que Oseguera Cervantes.

Los 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos por su captura hablan claramente de que El Mencho es hoy, ya sin el Mayo Zambada que negocia en Estados Unidos, El Chapo Guzmán refundido en cadena perpetua, sus rivales sinaloenses peleando una guerra intestina y la próxima ejecución de Caro Quintero por la justicia estadunidense, el principal capo y cabeza del narcotráfico mexicano.

Lamentablemente con su sangrienta leyenda viva y sus pactos políticos que lo mantienen a salvo en la era de la 4T, Nemesio Oseguera no sólo se apropió de Jalisco y lo volvió, de ser un lugar de residencia y operación de narcos a convertirse en un narcoestado, sino que también con toda la impunidad que le dieron los gobernadores priistas y emecistas, con el apoyo y protección del gobierno federal en los dos últimos sexenios, secuestró y pervirtió a la juventud jalisciense, mientras cambiaba la fama del estado, tierra de folclor, trabajo y cultura, por la de la entidad con mayor número de desaparecidos en México y la sede de los campos de exterminio para el mundo.

NOTAS INDISCRETAS…

Con la promesa pública de que “por el bien del país se conocerá toda la verdad” de lo que sucedía en el Rancho Izaguirre, el fiscal Alejandro Gertz anunció que la investigación que está iniciando la FGR y que hoy recibirá de la Fiscalía de Jalisco todos los peritajes, expedientes y hasta las instalaciones aseguradas en Teuchitlán, no ocultará nada sobre lo que se realizaba en ese rancho, donde las madres buscadoras de Guerreros de Jalisco dicen haber visto “tres crematorios” y haber encontrado restos de osamentas humanas. Lo de las osamentas lo confirmó el fiscal en su conferencia de prensa, pero sobre los crematorios dijo no tener todavía los elementos para afirmar o negar si existen o existieron. Con una disposición de responder a preguntas de la prensa que hace mucho no se le veía, más allá de sus fugaces apariciones en las mañaneras presidenciales, Gertz Manero dijo todo y a la vez no dijo nada; pero eso sí, anticipó que vienen acciones legales y posibles denuncias contra la Fiscalía de Jalisco y sus directivos y ministerios públicos que incurrieron en omisiones graves a la hora de asegurar y preservar una posible escena de delito. También respondió al comentario de un reportero diciendo que él no iba a construir una “verdad histórica” a modo de la que creó la PGR de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, y de lo más rescatable que comentó el fiscal fue su reconocimiento de la gravedad de este rancho y de lo que ahí se asoma –algo que no reconocen en el gobierno— y a partir de ahí en varias ocasiones Gertz insistió en que “se va a saber toda la verdad” y que eso tiene que ser “lo más pronto posible y por el bien del país”. Al final el fiscal compró tiempo para su investigación, lo que no está claro si pudo comprar, porque esa no se vende en botica, es la credibilidad en su eficiencia y autonomía…Producto de los golpeteos internos en Morena y en la 4T, ayer arreciaron las versiones difundidas por personajes del propio gobierno federal, que apuntaban a la salida de Zoé Robledo de la dirección del IMSS. La solicitud de licencia que presentó ayer el diputado federal, Carlos Ulloa, hizo pensar que el cercanísimo exsecretario particular de la presidenta Sheinbaum llegaría al IMSS a sustituir al chiapaneco. Todavía por la tarde las fuentes morenistas insistían en la salida de Zoé y se hablaba de la llegada de Ulloa o incluso del ascenso de Jorge Gaviño, actual secretario general. En medio de los rumores cada vez más insistentes, a Zoé Robledo se le vio salir ayer por la tarde de Palacio Nacional y antes de subir a su camioneta, les contestó a los reporteros que lo acosaban con la pregunta de su salida: “Sigo en el IMSS, sigo en el Instituto”, balbuceó el director que un par de horas antes de acudir a la oficina presidencial había publicado un tweet donde se dejaba ver en una reunión en el instituto. Lo que sí se confirmó ayer fue que Carlos Ulloa se integró al gabinete de su exjefa, la presidenta, como nuevo director de Birmex, a donde llega luego de la corrupción de funcionarios de esa agencia del sector salud que favorecieron a amigos en las licitaciones de medicamentos, causando un desfalco de hasta 13 mil millones de pesos, según informó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Es decir que, aunque no quiso o no pudo remover a una de las herencias que le dejó su antecesor, la Presidenta va poco a poco colocando a sus colaboradores de confianza en posiciones del gabinete…Y hablando de trascendidos, nos cuenta una integrante del Servicio Exterior Mexicano que entre los diplomáticos de la cancillería se da por hecho que el ministro Alberto Pérez Dayan ya agarró “hueso” y que, a cambio de aquel voto suyo que impidió que la Suprema Corte de Justicia entrara a analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, el jurista habría pedido y obtenido el codiciado exilio dorado de una embajada. Pero no cualquier embajada, Pérez Dayán sería propuesto por la presidenta Sheinbaum como embajador de México en España, para sustituir al ex priista Quirino Ordaz. Ese sería el premio para Pérez Dayan, nos dicen los embajadores, por su voto en aquella sesión histórica en la que se salvó el último dique para la controvertida Reforma Judicial. Bien decía el ex que “traición con embajada se paga” o ¿cómo era?... Los dados mandan otra Serpiente Doble. Seguimos de bajada." 

(Salvador García Soto , El Universal, 20/03/25) 

 

" La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país.

El epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco (oeste de México), donde un operativo federal en Tapalpa, una pequeña localidad al sur de Guadalajara, que culminó con la muerte del líder criminal, desencadenó bloqueos viales y vehículos incendiados en varios puntos del estado, y que se han mantenido a lo largo del día.

Posteriormente, los llamados 'narcobloqueos' se extendieron a estados vecinos. En Michoacán y Colima (oeste) se reportaron unidades atravesadas en vías federales, mientras que en Guanajuato (centro) circularon imágenes de negocios incendiados.

También se registraron incidentes en Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero, Chiapas y Quintana Roo (sur), según pudo constatar EFE y el reporte de autoridades.

En medio de los disturbios, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó oficialmente la muerte del líder del CJNG durante el operativo en Tapalpa, e informó que la acción contó con trabajos de inteligencia y cooperación con Estados Unidos.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el "código rojo" y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército. Además, anunció la suspensión temporal de eventos masivos, transporte público y de las clases presenciales el lunes 23, como medida preventiva por la violencia.

Las clases presenciales también han sido oficialmente suspendidas el lunes en los estados de Nayarit, Michoacán, Colima (oeste), Veracruz y algunas zonas de Oaxaca (sur).

En Puerto Vallarta (Jalisco), las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales, mientras que el Aeropuerto de Guadalajara informó que mantiene operaciones normales bajo un fuerte resguardo de fuerzas federales.

La violencia también llevó a la cancelación del concierto de la artista estadounidense Kali Uchis, programado para este domingo en la ciudad de Guadalajara, capital del estado, y la Liga MX reprogramó dos partidos de fútbol en el estado.

La situación ha tenido impacto también a nivel internacional, ya que Estados Unidos instó a sus ciudadanos a permanecer en sus domicilios en Jalisco y en zonas de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero ante los bloqueos; mientras que Canadá se declaró "profundamente alarmado" por los enfrentamientos y pidió evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta. Durante la tarde, autoridades mexicanas señalaron que continúan los operativos para restablecer la circulación en al menos 21 vialidades afectadas en Jalisco.

Operación con ayuda de EEUU

Hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles por los bloqueos, aunque las autoridades mantienen el despliegue de seguridad ante posibles nuevas reacciones.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse "informados y en calma", tras el operativo que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal."   (Heraldo, 25/02/26)

El liderazgo mexicano ha trazado una línea pública: ninguna intervención militar extranjera en territorio mexicano... Esta postura no es mero nacionalismo; es una necesidad institucional. Una vez que se concede la autoridad operativa, es difícil revertirla... Washington presiona para que fuerzas o agentes de inteligencia estadounidenses acompañen a las unidades mexicanas, lo que capta la esencia del momento; la solicitud no es simbólica, sino jurisdiccional... México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no solo negocia intereses; negocia el perímetro de su autoridad... el problema de los cárteles se está replanteando, pasando de ser una tragedia compartida a una prueba de tensión para la soberanía... La Doctrina Monroe es una perspectiva a través de la cual Washington puede interpretar las decisiones sobre puertos, telecomunicaciones, infraestructura, inversión e incluso regulaciones en la región. Introduce una segunda capa: la narrativa del competidor externo... México se verá presionado no solo para combatir a los cárteles, sino también para demostrar que su modernización económica no crea puntos de apoyo para China... La postura óptima de México en este entorno no es ni la rebeldía ni la acomodación. Es una soberanía disciplinada: una cooperación medible y rápida, acompañada de un límite estricto en torno al control operativo... Washington puede exigir "acciones tangibles" y, al mismo tiempo, dar a entender que solo la presencia estadounidense puede validarlas. México debe responder con una capacidad estatal lo suficientemente visible como para satisfacer la demanda de resultados, a la vez que lo suficientemente protegida institucionalmente como para preservar la autoridad... En esta encrucijada, la pregunta decisiva no es si México puede cooperar. Es si México puede institucionalizar la cooperación de una manera que le niegue a Estados Unidos el argumento de que la acción unilateral es necesaria... Si México tiene éxito, convertirá la proximidad en una ventaja negociada y mantendrá intacta la integración sin aceptar la subordinación. Si fracasa, el hemisferio entrará en una fase de creación de precedentes donde las excepciones operativas "temporales" se convertirán en la nueva base y donde el lenguaje de la asociación enmascarará una erosión discreta de la soberanía (Guilherme Schneider)

 "México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no sólo negocia intereses: está negociando el perímetro de la autoridad.

México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no solo negocia intereses; negocia el perímetro de su autoridad. El lenguaje de la Doctrina Monroe es importante porque reordena lo que Washington considera legítimo en su propio hemisferio. Cuando la primacía se convierte en el principio explícito, los socios no son simplemente socios; se convierten en variables en una ecuación de seguridad donde los resultados se juzgan por el cumplimiento y la rapidez.

Ese cambio ya es visible en el caso de México: el problema de los cárteles se está replanteando, pasando de ser una tragedia compartida a una prueba de tensión para la soberanía. En esta lógica, la pregunta ya no es si Estados Unidos y México cooperan, sino si México acepta la presencia operativa definida por Estados Unidos como el precio del acceso y la estabilidad. Informar que Washington presiona para que fuerzas o agentes de inteligencia estadounidenses acompañen a las unidades mexicanas capta la esencia del momento; la solicitud no es simbólica, sino jurisdiccional. 

El liderazgo mexicano ha trazado una línea pública: ninguna intervención militar extranjera en territorio mexicano. Esta postura no es mero nacionalismo; es una necesidad institucional. Una vez que se concede la autoridad operativa, es difícil revertirla; el costo de la legitimidad interna es permanente, mientras que las ganancias en seguridad siguen siendo inciertas y políticamente transferibles en Washington. México entiende que las concesiones más costosas son las que cambian el precedente.

Sin embargo, el discurso bélico no necesita convertirse en guerra para ser estratégicamente efectivo; solo necesita volverse plausible. Las alertas de la FAA sobre "actividades militares" en zonas conectadas con México y el corredor del Pacífico funcionan como un mecanismo de normalización; acostumbran a los mercados y al público a una suposición general de riesgo militar, incluso cuando la relación formal sigue siendo de cooperación. Bajo una doctrina de dominio hemisférico, la ambigüedad misma se convierte en una herramienta.

Aquí es donde la encrucijada de México se agudiza: su influencia es real, pero estructural, no teatral. La integración industrial norteamericana no es un eslogan abstracto; es la coreografía cotidiana de las cadenas de suministro, la mano de obra, la logística y los flujos energéticos. Interrumpirla también perjudicaría los intereses estadounidenses, pero eso no elimina la amenaza; cambia el estilo de negociación y empuja a México a un juego de ritmo donde la credibilidad se construye mediante resultados técnicos y desempeño institucional, mientras se niega a hacer concesiones que transfieran autoridad.

La Doctrina Monroe también introduce una segunda capa: la narrativa del competidor externo. El objetivo declarado de la doctrina, de negar posicionamiento estratégico a competidores no hemisféricos, no se limita a Venezuela. Es una perspectiva a través de la cual Washington puede interpretar las decisiones sobre puertos, telecomunicaciones, infraestructura, inversión e incluso regulaciones en la región. 

México se verá presionado no solo para combatir a los cárteles, sino también para demostrar que su modernización económica no crea puntos de apoyo que Washington pueda etiquetar como riesgos estratégicos. En la práctica, esto puede llevar la política industrial al ámbito de la seguridad.

La postura óptima de México en este entorno no es ni la rebeldía ni la acomodación. Es una soberanía disciplinada: una cooperación medible y rápida, acompañada de un límite estricto en torno al control operativo. El intercambio de inteligencia, la disrupción financiera, la interdicción de precursores químicos, el rastreo de armas y la extradición pueden enmarcarse como actos soberanos que producen resultados compartidos. Lo que debe resistirse es la redefinición del territorio mexicano como un entorno operativo permisivo para la proyección de fuerzas estadounidenses.

La paradoja que México debe gestionar es la paradoja central del nuevo momento: lo técnico se ha vuelto político, y lo político se expresa cada vez más a través de procedimientos técnicos. Washington puede exigir "acciones tangibles" y, al mismo tiempo, dar a entender que solo la presencia estadounidense puede validarlas. México debe responder con una capacidad estatal lo suficientemente visible como para satisfacer la demanda de resultados, a la vez que lo suficientemente protegida institucionalmente como para preservar la autoridad.

En esta encrucijada, la pregunta decisiva no es si México puede cooperar. Es si México puede institucionalizar la cooperación de una manera que le niegue a Estados Unidos el argumento de que la acción unilateral es necesaria. La Doctrina Monroe es una doctrina de legitimidad, no solo de poder. Por lo tanto, la respuesta de México debe ser una doctrina de competencia: la demostración de que la soberanía no es un obstáculo para los resultados, sino la condición para obtener resultados sostenibles.

Si México tiene éxito, convertirá la proximidad en una ventaja negociada y mantendrá intacta la integración sin aceptar la subordinación. Si fracasa, el hemisferio entrará en una fase de creación de precedentes donde las excepciones operativas "temporales" se convertirán en la nueva base y donde el lenguaje de la asociación enmascarará una erosión discreta de la jurisdicción."

(Guilherme Schneider , Other News, 19/01/26)

Un año de gobierno Sheinbaum: la presidencia de Sheinbaum podría definirse como un mandato con dos objetivos principales: supervisar el surgimiento de un nuevo institucionalismo que canalice el poder democrático y reanimar el desarrollismo capitalista impulsado por el Estado, una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones adaptada al siglo XXI... su apoyo sigue siendo relativamente sólido en todos los grupos demográficos. A pesar de los temores de que careciera del carisma de su predecesor, su estilo más tecnocrático ha demostrado tener su propio atractivo... La continuidad de los pilares fundamentales del programa de AMLO —ampliación del bienestar social, lucha contra la corrupción, economía nacionalista— se ha combinado con nuevos énfasis que reflejan los diferentes antecedentes de Sheinbaum. La elevación de las cuestiones relacionadas con la mujer a la importancia de un ministerio, por ejemplo, o la reducción de la edad de jubilación de las mujeres en reconocimiento de las disparidades laborales entre géneros, han consolidado a Sheinbaum como una líder por derecho propio... La recién elegida Corte Suprema presenta interesantes posibilidades para una verdadera independencia judicial... Sheinbaum ha continuado con la orientación asistencialista de su predecesor, con la introducción de becas universales para la escuela primaria el próximo año y el aumento de las pensiones en función de la inflación... y se ha comprometido a construir 1,1 millones de viviendas en seis años. Las viviendas cuestan entre 35 000 y 60 000 dólares, con préstamos sin intereses disponibles para los trabajadores que ganan hasta el doble del salario mínimo, y se da prioridad a las poblaciones desfavorecidas. Se prevé que el programa genere aproximadamente 600 000 puestos de trabajo en la construcción al año. Una peculiaridad de esta renovada prestación pública es que se está llevando a cabo sin un crecimiento económico significativo y sin estar impulsada por la deuda. En cambio, se basa en la reestructuración presupuestaria y el aumento de la recaudación de impuestos... El Plan México, presentado en enero, representa un renacimiento selectivo de la industrialización por sustitución de importaciones adaptada a la era contemporánea de las cadenas de suministro y el comercio globalizados. Con una inversión de 277 000 millones de dólares, distribuida en 2000 proyectos que abarcan objetivos económicos, sociales e industriales, la iniciativa es una de las estrategias de desarrollo más ambiciosas de México en las últimas décadas... Influenciado por el marco del «Estado emprendedor» de Mariana Mazzucato, la idea es que el Estado configure activamente la dirección económica de México a través de objetivos orientados a misiones, al tiempo que despliega «capital paciente» en sectores estratégicos... Por el momento, Sheinbaum cuenta con el apoyo necesario para perseguir estos objetivos (Edwin F. Ackerman)

 "Claudia Sheinbaum tomó el mando hace un año en plena euforia. Con el 60 % de los votos y una mayoría cualificada para su partido MORENA en ambas cámaras, la presidenta mexicana asumió el cargo en octubre de 2024 con un índice de aprobación de alrededor del 70 %, una cifra que no solo ha mantenido, sino que durante algunos meses ha superado, alcanzando el 80 %, lo que la convierte en una de las líderes más populares del mundo. Con un mandato claro, Sheinbaum ha impulsado una serie de reformas constitucionales, ha ampliado los programas de bienestar social y ha sabido manejar con éxito la tensa relación con la Administración Trump. Sheinbaum, cuyo mandato como alcaldesa de Ciudad de México (2018-2023) se caracterizó por una reducción del 40 % en la tasa de homicidios, también ha hecho avances en el notorio problema del crimen organizado en el país: aunque la violencia regional sigue siendo elevada y el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha empañado cualquier triunfalismo, el Gobierno de Sheinbaum puede presumir de una reducción del 37 % en los homicidios.

El ciclo político que comenzó con la elección en 2018 del predecesor y mentor político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por una importante legitimidad democrática. Según la Encuesta de Confianza de la OCDE, publicada recientemente, el 54 % de los mexicanos tiene una confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno federal, muy por encima de la media del 39 %. Una encuesta de Gallup del año pasado indicaba que la «confianza en el Gobierno nacional» había aumentado del 29 % al 61 % desde que MORENA llegó al poder, y que la «confianza en la honestidad de las elecciones en México» había aumentado en 25 puntos. El Pew Research Center también ha demostrado que la «satisfacción de los mexicanos con su democracia» se ha disparado en 36 puntos entre 2017 y 2019. Esta legitimidad se basa en los logros del pacto social posneoliberal de MORENA: la «Cuarta Transformación» de AMLO, una renovación nacional concebida en la línea de los levantamientos históricos, comenzando por la lucha por la independencia en el siglo XIX. Durante el mandato de López Obrador, los salarios reales aumentaron casi un 30 % y más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.

Sin embargo, la construcción de la «segunda planta» de la transformación, como Sheinbaum ha descrito su misión, ha puesto de manifiesto tensiones cruciales que acosan al proyecto populista de izquierda: ampliar el bienestar con un aparato estatal en ruinas; aplicar estrategias neodesarrollistas en medio de una crisis ecológica cada vez más grave; aprobar una reforma fiscal progresista en un contexto de estancamiento del crecimiento económico; liberar a la economía mexicana de su condición de subordinada en los circuitos transnacionales del capital sin abandonar los mercados globales tout court. Estas cuestiones interrelacionadas ponen de manifiesto no solo las particularidades del caso mexicano, sino también los límites estructurales y los dilemas estratégicos a los que se enfrentan las fuerzas progresistas en todo el mundo.

Las segundas plantas también requieren una ingeniería diferente y una adaptación a tensiones que no eran evidentes en la planta baja. Sheinbaum ha tenido que lidiar, en primer lugar, con el clásico problema de los titulares de tener que hacer campaña y gobernar, como ella misma dice, «con continuidad y cambio». Como abanderada de la Cuarta Transformación, posee un peso simbólico que la empodera y la limita a la vez. Debe ser una líder, debe renovar y reconstituir el bloque gobernante, pero tiene que hacerlo al tiempo que redobla su adhesión al legado de AMLO. A nivel político, esto implica no solo poner a prueba si el obradorismo puede funcionar sin su homónimo, sino también establecer la infraestructura institucional necesaria para un orden político transformado. A nivel económico, esto ha supuesto un equilibrio entre la soberanía y la integración en el mercado global, agravado por las presiones contradictorias que emanan del vecino del norte de México. Hasta ahora, la presidencia de Sheinbaum podría definirse como un mandato con dos objetivos principales: supervisar el surgimiento de un nuevo institucionalismo que canalice el poder democrático y reanimar el desarrollismo capitalista impulsado por el Estado, una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones adaptada al siglo XXI.

¿Cómo sobrevive un movimiento construido en torno a una figura carismática tras su marcha? AMLO, que fundó MORENA en 2011 y fue una figura omnipresente en la política mexicana hasta que cedió la presidencia el año pasado, ha abandonado el centro de atención y se ha retirado a su bucólica finca de una hectárea en Palenque, Chiapas. Hasta la reciente publicación de un vídeo promocionando la publicación de un libro, no había hecho ninguna declaración pública desde que dejó la presidencia. El vacío ha provocado sin duda incertidumbre y una reorganización de las alianzas políticas, y ha avivado el temor entre la base del partido de que MORENA esté siendo invadida por oportunistas influyentes. Pero las intrigas políticas han sido sorprendentemente leves. Mientras tanto, aunque los datos son escasos, las bases de apoyo de Sheinbaum parecen ser similares a las de AMLO. Según la encuesta de Mitofsky/El Economista, que desglosa el apoyo por categoría profesional, Sheinbaum es más popular entre las amas de casa, con un 81 %, seguidas de los trabajadores del sector informal, los jubilados y los campesinos, todos ellos por encima de la media nacional del 72 %. En marcado contraste, su apoyo es más débil entre los empresarios (55 %) y los profesionales (56 %), con una diferencia de 26 puntos entre el extremo superior e inferior de la escala de ingresos. Esta estratificación se cruza con el nivel de estudios: el 75 % de las personas con un nivel educativo más bajo apoyan a Sheinbaum, frente al 69 % de los titulados universitarios. Pero su apoyo sigue siendo relativamente sólido en todos los grupos demográficos. A pesar de los temores de que careciera del carisma de su predecesor, Sheinbaum ha demostrado que no solo puede mantener, sino también aumentar el número de seguidores de MORENA. Su estilo más tecnocrático ha demostrado tener su propio atractivo entre los sectores acreditados que se habían alejado en la segunda mitad del mandato de AMLO.

La continuidad de los pilares fundamentales del programa de AMLO —ampliación del bienestar social, lucha contra la corrupción, economía nacionalista— se ha combinado con nuevos énfasis que reflejan los diferentes antecedentes de Sheinbaum. La elevación de las cuestiones relacionadas con la mujer a la importancia de un ministerio, por ejemplo, o la reducción de la edad de jubilación de las mujeres en reconocimiento de las disparidades laborales entre géneros, han consolidado a Sheinbaum como una líder por derecho propio. Sin embargo, la tarea más urgente ha sido avanzar en el marco institucional necesario para la Cuarta Transformación. Lo más destacado es que Sheinbaum ha supervisado la aplicación de una importante reforma judicial, que ha transformado la forma de seleccionar a los jueces en todos los niveles, desde los tribunales locales hasta el Tribunal Supremo.

La confianza de la ciudadanía en los tribunales, conocidos por sus arraigadas redes nepotistas, es baja. A finales de 2022, las revelaciones sobre reuniones secretas entre la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y líderes de partidos de la oposición sugirieron una coordinación política inapropiada. La Suprema Corte también ha anulado leyes clave, como la relativa a la soberanía energética, por motivos procesales superficiales. Cuando AMLO anunció su «Plan C» —buscar una mayoría de dos tercios en el Congreso en las elecciones de 2024 para aprobar dieciocho reformas constitucionales— vinculó explícitamente la participación democrática al cambio institucional. La posterior victoria aplastante de MORENA, que le aseguró no solo la presidencia, sino también la mayoría cualificada necesaria en el Congreso y las legislaturas locales, proporcionó lo que sus partidarios consideran un mandato claro para la reforma sistémica.

La esencia de las reformas es sencilla. Todos los cargos judiciales están ahora sujetos a elección popular. Si bien las elecciones judiciales existen en diversas formas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde los jueces hacen campaña abiertamente siguiendo las líneas del partido para puestos electivos en algunos estados, y aproximadamente la mitad de los estados eligen a sus tribunales supremos, el alcance del enfoque de México no tiene precedentes, ya que abre todos los cargos judiciales a la elección, incluidos los puestos en la Suprema Corte de Justicia. Las críticas se han centrado en varias preocupaciones clave. La pésima participación del 13 % en las primeras elecciones judiciales, celebradas en junio, plantea serias dudas sobre la legitimidad democrática, un problema que, según los partidarios de MORENA, refleja la falta de promoción de las nuevas elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral (que también impone restricciones estrictas a los titulares de cargos públicos, incluido el presidente, para promover el voto). La continuidad de la baja participación sin duda deslegitimaría la reforma, pero cabe señalar que los bajos índices de participación en las elecciones judiciales son un problema en las democracias consolidadas. Los temores sobre la influencia de los cárteles de la droga en la selección judicial —aunque graves, dados los retos de seguridad a los que se enfrenta México— se aplican igualmente a las elecciones locales existentes, al igual que las afirmaciones de que los votantes carecen de los conocimientos suficientes para evaluar a los candidatos.

La principal objeción a las elecciones judiciales hace hincapié en el riesgo de «captura política». El Financial Times observó que «la nueva Corte Suprema de México estará compuesta exclusivamente por jueces nombrados por la coalición gobernante», mientras que The Economist advirtió que los veteranos están siendo sustituidos por «novatos y partidistas». Si bien es lógico suponer que la mayoría de los jueces elegidos tienen cierta afinidad ideológica con el Gobierno —aunque no necesariamente una conexión partidista orgánica—, esto no es consecuencia del diseño de la reforma, ni necesariamente un signo de «captura política»: al fin y al cabo, los altísimos índices de aprobación de Sheinbaum hacen que no sea de extrañar que los jueces de izquierdas también sean populares. En cuanto a la acusación de que la coalición de Sheinbaum monopolizó las nominaciones, los procedimientos de selección de candidatos fueron boicoteados sistemáticamente por la oposición, que se retiró cínicamente del proceso para luego alegar que había sido excluida. La reforma estipula que los candidatos se seleccionan al azar de listas separadas elaboradas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno. Pero el poder judicial se negó a elaborar una lista de posibles candidatos en señal de protesta; su poder de preselección se transfirió entonces al Senado, donde la coalición gobernante tiene una mayoría cualificada.

Más revelador aún es el fracaso de la oposición a la hora de articular una visión alternativa coherente. Tras sufrir una derrota catastrófica en 2018 y 2024 —hasta el punto de que sus antiguos rivales, el PRI y el PAN, ahora hacen campaña en coalición—, los partidos tradicionales se vieron obligados a defender la separación de poderes de forma abstracta, sin poder explicar cómo el anterior sistema de nominación presidencial y ratificación por el Congreso garantizaba una independencia genuina. Sus intentos de equiparar el gobierno mayoritario con el autoritarismo sonaron, por tanto, huecos. ¿Denunciarían el supuesto fin de la separación de poderes si pensaran que sus jueces favoritos tienen posibilidades de ganar?

La reforma transgrede menos las normas establecidas de lo que podría parecer a los observadores internacionales: a diferencia de la reverencia cuasi religiosa que rodea al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el máximo tribunal de México carece de profundas raíces históricas, ya que fue reconstituido en la década de 1990 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo. No obstante, las reformas suponen una profunda reinvención de la democracia y el poder institucional. La recién elegida Corte Suprema presenta interesantes posibilidades para una verdadera independencia judicial. Su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena de la izquierda rural autónoma con un historial de representación de comunidades marginadas, puede situarse incluso a la izquierda de MORENA en determinadas cuestiones. Su reciente contratación del abogado que representa a los estudiantes de Ayotzinapa —un caso infame relacionado con la desaparición de cuarenta y tres estudiantes en 2014 que terminó en conflicto con el gobierno de AMLO— señala una posible independencia de la influencia ejecutiva. Los mandatos escalonados de 8 a 15 años, determinados por la proporción de votos, crean un amortiguador contra los rápidos cambios políticos y evitan la sustitución total de los tribunales con cada ciclo electoral. Detrás de estas batallas institucionales se esconde una pregunta fundamental: ¿quién determina los límites de la participación democrática en una era de creciente desigualdad y captura institucional por parte de la clase alta? The Economist lamenta la cesión del tribunal a «partidistas», pero la protección que la anterior Corte Suprema otorgó a evasores fiscales adinerados, como el magnate de los medios de comunicación Ricardo Salinas Pliego, demuestra que las instituciones formalmente independientes dirigidas por expertos supuestamente imparciales pueden, de hecho, servir a los intereses de una élite reducida.

Junto con la reforma del poder judicial, Sheinbaum ha continuado con la orientación asistencialista de su predecesor, con la introducción de becas universales para la escuela primaria el próximo año y el aumento de las pensiones en función de la inflación. El Gobierno se ha comprometido a construir 1,1 millones de viviendas en seis años, muchas de ellas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que anteriormente se dedicaba principalmente a la concesión de hipotecas. Las viviendas cuestan entre 35 000 y 60 000 dólares, con préstamos sin intereses disponibles para los trabajadores que ganan hasta el doble del salario mínimo, y se da prioridad a las poblaciones desfavorecidas. Se prevé que el programa genere aproximadamente 600 000 puestos de trabajo en la construcción al año.

Una peculiaridad de esta renovada prestación pública es que se está llevando a cabo sin un crecimiento económico significativo y sin estar impulsada por la deuda. En cambio, se basa en la reestructuración presupuestaria y el aumento de la recaudación de impuestos. Esto podría situar al proyecto en una posición política más sólida que sus homólogos de la primera ola de la Marea Rosa, que dependían del auge de las materias primas y quedaron expuestos cuando este decayó. Sin embargo, añade presión para encontrar oportunidades de crecimiento. En este caso, la necesidad de un equilibrio entre la soberanía y la integración global se ha hecho especialmente evidente, agudizada por las amenazas de Trump de imponer aranceles y las disputas sobre la renacionalización del sector eléctrico, que incumple las normas comerciales del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Hay que reconocer que Sheinbaum no ha respondido a las payasadas de Trump defendiendo el orden neoliberal global, como han hecho muchos líderes de todo el mundo. En cambio, ha propuesto una reformulación de la relación entre el Estado y el mercado.

El Plan México, presentado en enero, representa un renacimiento selectivo de la industrialización por sustitución de importaciones adaptada a la era contemporánea de las cadenas de suministro y el comercio globalizados. Con una inversión de 277 000 millones de dólares, distribuida en 2000 proyectos que abarcan objetivos económicos, sociales e industriales, la iniciativa es una de las estrategias de desarrollo más ambiciosas de México en las últimas décadas. El plan persigue simultáneamente la sustitución de importaciones y la expansión de las exportaciones, aprovechando las tendencias de nearshoring y las tensiones entre Estados Unidos y China, en lugar de rechazar por completo los mercados mundiales. En contraste con las aleatorias bravuconadas arancelarias de Trump, la administración de Sheinbaum está reinstaurando algunos aranceles estratégicos, en particular sobre las importaciones asiáticas, acompañados de algunas políticas industriales. Su objetivo es garantizar que el 50 % del suministro y el consumo nacionales en industrias seleccionadas, como la textil, sean «Made in Mexico» .

Se hace especial hincapié en sectores estratégicos, como los semiconductores, la industria aeroespacial, los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y los vehículos eléctricos. El plan exige que el 54 % de la generación de electricidad siga bajo control público, al tiempo que se aceleran los permisos para las energías renovables. (Sheinbaum, antigua científica climática, ha mantenido la inversión en combustibles fósiles, con la paradójica esperanza de que sus ingresos ayuden a pagar la transición energética). La expansión de la infraestructura energética incluye 145 proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de aumentar la capacidad de generación. La inversión en infraestructura es un componente crucial, con 3000 kilómetros de nuevas vías férreas previstas, incluidas líneas de pasajeros que conectarán la Ciudad de México con Querétaro y Pachuca, y fondos para reparar 4000 kilómetros de carreteras federales. El plan de Sheinbaum también incluye la inversión en infraestructura hídrica, desde la modernización de los sistemas de riego hasta proyectos de limpieza de ríos.

Sin embargo, el Plan México no se limita a la inversión pública. Influenciado por el marco del «Estado emprendedor» de Mariana Mazzucato, que posiciona al gobierno como creador de mercado en lugar de regulador pasivo, la idea es que el Estado configure activamente la dirección económica de México a través de objetivos orientados a misiones, al tiempo que despliega «capital paciente» en sectores estratégicos. En lugar de limitarse a corregir las fallas del mercado, el objetivo es que el Estado mexicano establezca nuevos mercados mediante garantías de contratación pública e inversiones en infraestructura que «atraigan» capital privado.

Por el momento, Sheinbaum cuenta con el apoyo necesario para perseguir estos objetivos: la oposición de derecha sigue siendo relativamente débil. Sin embargo, se está radicalizando. Después de pasar las últimas elecciones presidenciales fingiendo apoyar la agenda de bienestar social de AMLO («los programas se quedan, MORENA se va» era uno de sus lemas), dos derrotas electorales masivas han dejado a la derecha buscando una nueva estrategia. En su reciente cambio de imagen, el PAN, de centro-derecha, se ha inclinado por el magnate de los medios de comunicación Salinas Pliego, que parece pasar la mayor parte del día en X repostando contenido reaccionario. Recién salido de una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a pagar décadas de impuestos evadidos, está listo para entrar en la contienda política. Por su parte, el PAN desempolvó un viejo eslogan en su cambio de imagen en octubre: «Patria, Familia y Libertad». Las apuestas por el éxito de Sheinbaum, ya de por sí altas, siguen creciendo."    

(Edwin F. Ackerman , New Left Review, 05/12/25, traducción DEEPL) 

¿Un golpe de estado inminente en México? El 15 de noviembre, protestas incendiarias azotaron más de 50 ciudades de México... Sheinbaum ha denunciado que las violentas manifestaciones fueron «un movimiento promovido desde el extranjero contra el gobierno». Hay sólidas razones para creer que esto fue así... un amplificador local clave de las protestas fue el medio de comunicación Animal Político, una rama de la Fundación Nacional para la Democracia (NDD), una fachada declarada de la CIA... Además, el expresidente mexicano Vicente Fox asistió a las protestas. Otro partidario destacado fue el oligarca Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México... Washington parece estar nuevamente tramando la caída del gobierno venezolano... Sheinbaum, quien se opone firmemente a las maquinaciones estadounidenses en Latinoamérica, representa un obstáculo importante para lograr ese objetivo. Es lógico que el Imperio deba neutralizarla primero, antes de apuntar su mira a otros lugares de la región... Puede que no sea casualidad que el recrudecimiento de la agitación antigubernamental, con apoyo extranjero, que se desató en México se produjera poco después de que se rumoreara que la administración Trump estaba considerando enviar fuerzas y agentes de inteligencia estadounidenses al país para llevar a cabo agresivas operaciones encubiertas supuestamente dirigidas a los cárteles... Algunos drones que utilizarían las fuerzas especiales requieren operadores en el terreno para su uso eficaz y seguro. Una acción similar se planteó previamente en abril, lo que provocó una firme reprimenda de Sheinbaum... además, Sheinbaum ha desmentido públicamente las afirmaciones del presidente estadounidense sobre la existencia de pruebas que vinculan al líder venezolano Nicolás Maduro con el narcotráfico... Sheinbaum podría ser destituida por Washington porque, desde la perspectiva de la CIA, la mano dura de la presidenta mexicana contra los cárteles locales podría estar teniendo demasiado éxito para su propio bien. Es notable que estos esfuerzos no se hayan llevado a cabo en gran medida en coordinación con Washington... el veterano investigador del estado profundo, Peter Dale Scott, revela que es difícil, si no imposible, prosperar en el narcotráfico sin la protección de la CIA... Un ejemplo palpable de este fenómeno lo constituye el extraordinario ascenso del Cártel de Guadalajara. A cambio de una comisión del 25% de sus ganancias, el Cártel de Guadalajara quedó exenta de repercusiones legales... No se sabe si Sheinbaum, sin darse cuenta, ha infringido las normas en su lucha contra el crimen organizado en su país. Sin embargo, las violentas protestas han proporcionado a Washington una munición enormemente útil... Trump dijo que la acción militar «para frenar las drogas» allí «me parece bien» (Kit Klarenberg)

 "El 15 de noviembre, protestas incendiarias azotaron más de 50 ciudades de México. Los medios occidentales adoptaron universalmente la narrativa que la descontenta «Generación Z» local buscaba para desahogar su ira justificada contra el gobierno, la corrupción y los supuestos vínculos de la administración con los cárteles de la droga. Las imágenes de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes se extendieron como la pólvora, y muchos medios destacaron ampliamente que la revuelta dejó al menos 120 heridos. Pocos reconocieron que la abrumadora mayoría de los heridos —100— eran policías.

Un reportaje del New York Times dejó en claro los designios insurreccionales de quienes causan el caos en las calles de México. «El objetivo de esta marcha es precisamente destituir a la presidenta y demostrar nuestra indignación, que el pueblo no la apoya», dijo un manifestante. Curiosamente, la cobertura mediática del alboroto estuvo ausente de cualquier reconocimiento de la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que los líderes occidentales solo pueden fantasear. Las encuestas a lo largo de su primer año en el cargo indican que entre el 70% y el 80% del público la apoya.

Sheinbaum ha denunciado que las violentas manifestaciones fueron «inorgánicas», «pagadas» y «un movimiento promovido desde el extranjero contra el gobierno». Hay sólidas razones para creer que esto fue así. Por ejemplo, un amplificador local clave de las protestas y la supuesta brutalidad policial fue el medio de comunicación Animal Político . El Instituto Nacional Demócrata (NDI), una rama de la Fundación Nacional para la Democracia (NDD), una fachada declarada de la CIA , incluye a la organización entre sus «socios». El periódico mexicano Milenio ha documentado en detalle la cuantiosa financiación estadounidense del medio de noticias.

Además, el expresidente mexicano Vicente Fox asistió a las protestas y publicó extensamente en redes sociales en apoyo a los manifestantes. En 2001, recibió el Premio Anual a la Democracia de la NED. Otro partidario destacado fue el oligarca Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México . En marzo de 2023 , en colaboración con la oscura Atlas Network , fundó la Universidad de la Libertad para promover los principios del libre mercado, el desarrollo empresarial y la innovación en el país.

Atlas Network comprende una red de think tanks libertarios, financiados por importantes corporaciones estadounidenses, con vínculos profundos y sólidos con fundaciones y agencias de inteligencia occidentales, incluyendo la NED. La propia Red destina millones anualmente a «apoyar a organizaciones pro libertad» en todo el mundo. Un beneficiario histórico de su generosidad es el Centro para la Difusión de Información Económica (CEDICE), con sede en Venezuela, que operó en la vanguardia del golpe de Estado orquestado por Estados Unidos en abril de 2002 que derrocó temporalmente al presidente electo Hugo Chávez.

Hoy en día, Washington parece estar nuevamente tramando la caída del gobierno venezolano. Un enorme despliegue militar en todo el país y acciones beligerantes en el Caribe, supuestamente destinadas a frustrar las operaciones de narcotráfico dirigidas por Caracas, podrían ser presagios de una invasión total. La admirada Sheinbaum, quien se opone firmemente a las maquinaciones estadounidenses en Latinoamérica, representa un obstáculo importante para lograr ese objetivo. Es lógico que el Imperio deba neutralizarla primero, antes de apuntar su mira a otros lugares de la región.

‘Justificación legal’

Puede que no sea casualidad que el recrudecimiento de la agitación antigubernamental, con apoyo extranjero, que se desató en México se produjera poco después de que se rumoreara que la administración Trump estaba considerando enviar fuerzas y agentes de inteligencia estadounidenses al país para llevar a cabo agresivas operaciones encubiertas supuestamente dirigidas a los cárteles. El 3 de noviembre, la NBC informó que esta «nueva misión» representaría una ruptura con el enfoque de anteriores gobiernos estadounidenses, que hasta entonces habían «desplegado discretamente equipos de la CIA, militares y policiales» para «apoyar a las unidades locales de la policía y el ejército» en la lucha contra las bandas de narcotraficantes.

Si la misión recibe luz verde definitiva, el gobierno planea mantener el secreto y no hacer públicas las acciones asociadas, como ha hecho con los recientes atentados con bombas contra barcos sospechosos de traficar drogas. Bajo la nueva misión, las tropas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para atacar laboratorios de drogas, así como a miembros y líderes de cárteles. Algunos drones que utilizarían las fuerzas especiales requieren operadores en el terreno para su uso eficaz y seguro.

Una acción similar se planteó previamente en abril, lo que provocó una firme reprimenda de Sheinbaum. La presidenta declaró: «Estados Unidos no va a venir a México con militares. Cooperamos, colaboramos, pero no habrá una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado». Sin embargo, NBC señala que si bien Washington «preferiría coordinarse con el gobierno mexicano en cualquier nueva misión contra los cárteles de la droga… las autoridades no han descartado operar sin esa coordinación».

Una acción militar estadounidense en México sin la aprobación estatal representaría una violación absolutamente flagrante y sin precedentes de la soberanía del país. Además, a petición de Washington, Sheinbaum ya ha desplegado 10,000 soldados en la frontera con Estados Unidos, ha incrementado significativamente las incautaciones de fentanilo y ha extraditado a 55 altos cargos de los cárteles a Estados Unidos. Sin embargo, estas escaladas parecen insuficientes, lo que plantea dudas obvias sobre si hay un motivo oculto tras la nueva misión de la administración Trump, para la cual personal militar de élite y de la CIA aparentemente ya ha comenzado a entrenarse.

Una explicación podría ser que Sheinbaum representa un potente obstáculo para el cambio de régimen en Caracas, un objetivo monstruoso que Trump persiguió durante gran parte de su primer mandato y que se ha intensificado en los últimos meses. Sheinbaum ha desmentido públicamente las afirmaciones del presidente estadounidense sobre la existencia de pruebas que vinculan al líder venezolano Nicolás Maduro con el narcotráfico, ha pedido un diálogo constructivo entre ambos y ha condenado repetidamente los ataques aéreos extrajudiciales estadounidenses contra barcos que supuestamente transportaban drogas, que han causado la muerte de decenas de personas potencialmente inocentes.

Estos ataques, que comenzaron en septiembre, se perciben ampliamente como un preludio a una invasión estadounidense a Venezuela y se han llevado a cabo con frecuencia en aguas territoriales mexicanas. Además de admitir abiertamente que no están seguros de que las embarcaciones atacadas transporten narcóticos y de que se desconoce la identidad de las víctimas, los funcionarios de la administración Trump han tenido dificultades para justificar legalmente los ataques mortales. El 30 de octubre , se convocó una sesión informativa bipartidista clasificada en el Congreso, en la que representantes del gobierno intentaron explicar sus razones.

Los asistentes de ambos partidos políticos estadounidenses a las primarias «no quedaron satisfechos con el nivel de información proporcionada, ni mucho menos con el nivel de justificación legal», se quejó el republicano Mike Turner. Por su parte, la demócrata Sara Jacobs declaró: «No estoy convencida de que lo que dijeron fuera exacto», concluyendo que la estrategia del gobierno «en realidad no se trata de abordar» el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos ni de desmantelar las redes de narcotráfico en Latinoamérica. Sus comentarios podrían ser más esclarecedores de lo que pretendía.

‘Grandes problemas’

Además de despejar una base para invadir Venezuela, Sheinbaum podría ser destituida por Washington porque, desde la perspectiva de la CIA, la mano dura de la presidenta mexicana contra los cárteles locales podría estar teniendo demasiado éxito para su propio bien. A los seis meses de asumir el cargo, la policía y las fuerzas de seguridad desmantelaron 750 laboratorios de drogas en todo el país, arrestaron a cerca de 20.000 miembros de cárteles e incautaron más de 140 toneladas de narcóticos. Los capos de la droga que evadieron la captura se han visto obligados a esconderse, mientras sufren pérdidas multimillonarias.

Es notable que estos esfuerzos no se hayan llevado a cabo en gran medida en coordinación con Washington. Esto plantea la posibilidad de que individuos y grupos atrapados en la cruzada anticartel de Sheinbaum —que ha sido elogiada en muchos ámbitos— podrían, de una u otra forma, haber estado trabajando para o con la CIA. Las investigaciones del veterano investigador del estado profundo, Peter Dale Scott, revelan cómo, desde la Segunda Guerra Mundial, el componente central del éxito de cualquier cártel internacional de la droga ha sido mantener constantemente una relación clandestina con la inteligencia estadounidense.

De hecho, según Scott, es difícil, si no imposible, prosperar en el narcotráfico sin la protección de la CIA. Un ejemplo palpable de este fenómeno lo constituye el extraordinario ascenso del Cártel de Guadalajara . Tras su fundación a finales de la década de 1970, el grupo se convirtió rápidamente en uno de los mayores proveedores de drogas de Norteamérica. La clave de su éxito fue su vínculo encubierto con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de México, creada por la CIA y con la que mantenía una estrecha relación.

A cambio de una comisión del 25% de las ganancias del Cártel de Guadalajara, la ultraviolenta organización de la droga no solo quedó exenta de repercusiones legales, sino que también recibió el apoyo activo del DFS. A principios de la década de 1980, las iniciativas antidrogas conjuntas entre Estados Unidos y México se centraron deliberadamente exclusivamente en pequeños narcotraficantes, eliminando así la competencia del Cártel. Como resultado, para 1982 México había reemplazado a Colombia como el principal proveedor de marihuana de Estados Unidos y suministraba hasta el 30% de la cocaína del país. Durante todo este tiempo, la CIA y la DEA no hicieron nada, a pesar de conocer plenamente las actividades del Cártel.

Guadalajara podría seguir operando hoy, de no ser por el secuestro, la brutal tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique Salazar en febrero de 1985. Las acusaciones de que la CIA y el FDS conspiraron en su asesinato para ocultar su complicidad con el narcotráfico latinoamericano han abundado desde hace tiempo. Sin embargo, el asesinato de Salazar fue tan espantosamente salvaje que generó una considerable presión pública y política estadounidense para que las autoridades mexicanas llevaran a los responsables ante la justicia. En cuatro años, varios de los líderes del Cártel fueron encarcelados y la empresa quebró.

No se sabe si Sheinbaum, sin darse cuenta, ha infringido las normas en su lucha contra el crimen organizado en su país. Sin embargo, las violentas protestas han proporcionado a Washington una munición enormemente útil. Al comentar sobre los disturbios, Trump comentó : «Vi la Ciudad de México el fin de semana. Hay grandes problemas allí… No estoy contento con México». Añadió que la acción militar «para frenar las drogas» allí «me parece bien». Puede que se haya disparado la primera salva de una nueva guerra estadounidense."

( Kit Klarenberg, blog, 24/11/25, traducción Gaceta Crítica)

Editorial de La Jornada: DEA, injerencismo desbocado... The Washington Post reveló que la Administración de Control de Drogas (DEA) sugirió perpetrar ataques militares en territorio mexicano, entre los que se incluían asesinatos selectivos de presuntos líderes de cárteles y la destrucción de infraestructura que, a juicio de la agencia, fuera usada por el crimen organizado. La intervención armada en México fue promovida por el entonces director interino de la agencia, Derek S. Maltz... la información del rotativo reafirma el carácter de la DEA como uno de los organismos del gobierno estadunidense más propensos al injerencismo, la violación abierta de la legalidad internacional, la aplicación extraterritorial de la ley, las ejecuciones extrajudiciales y otros excesos inaceptables en un estado de derecho... El impulso de la agencia para que Washing-ton violara la integridad territorial mexicana y llevara adelante operaciones militares ilegales en nuestro país ratifica una vez más el acierto de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020, que exigía poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones... La DEA nunca perdonó al ex mandatario que haya terminado el uso de México como patio trasero para sus actividades encubiertas, las cuales no redundaron en ninguna disminución del trasiego de estupefacientes y, por el contrario, se dieron en un marco de complicidad con Genaro García Luna, a quien hoy las autoridades estadunidenses mantienen preso por tráfico de cocaína. Por ello, los intentos de agresión revelados ayer deben entenderse en el marco del continuo golpeteo político con que la agencia busca debilitar a los gobiernos mexicanos... En momentos en que Washington ya ha presumido el hundimiento de tres embarcaciones en las cercanías de Venezuela y el asesinato de sus tripulantes sin aportar prueba alguna de que se encontraran cometiendo algún delito o pertenecieran a algún grupo criminal, es imperativo insistir en que matar a personas por su supuesta participación en el tráfico de drogas, sin hacer intento alguno por detenerlas, procesarlas y demostrar su culpabilidad no es una forma de aplicación de la ley, sino la puesta en práctica de la piratería imperial y un crimen en sí mismo

 "The Washington Post reveló ayer que, en las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump, la Administración de Control de Drogas (DEA) sugirió perpetrar ataques militares en territorio mexicano, entre los que se incluían asesinatos selectivos de presuntos líderes de cárteles y la destrucción de infraestructura que, a juicio de la agencia, fuera usada por el crimen organizado. La intervención armada en México fue promovida por el entonces director interino de la agencia, Derek S. Maltz, quien se expresó “totalmente a favor” de atacar los laboratorios de producción y a los cabecillas de los grupos criminales, pero fue descartada por la Casa Blanca y el Departamento de Defensa, ahora renombrado Departamento de Guerra.

Aunque la información del rotativo no resulta sorprendente, reafirma el carácter de la DEA como uno de los organismos del gobierno estadunidense más propensos al injerencismo, la violación abierta de la legalidad internacional, la aplicación extraterritorial de la ley, las ejecuciones extrajudiciales y otros excesos inaceptables en un estado de derecho.

El impulso de la agencia para que Washing-ton violara la integridad territorial mexicana y llevara adelante operaciones militares ilegales en nuestro país ratifica una vez más el acierto de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020. Dicha iniciativa estableció la obligación de los agentes de otros gobiernos y de las embajadas acreditadas en México cuyo personal realice actividades en materia de seguridad nacional de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, con lo que puso fin al libertinaje con que se manejaron los espías estadunidenses durante las administraciones neoliberales, el cual alcanzó niveles escandalosos en el calderonato.

La DEA nunca perdonó al ex mandatario que haya terminado el uso de México como patio trasero para sus actividades encubiertas, las cuales no redundaron en ninguna disminución del trasiego de estupefacientes y, por el contrario, se dieron en un marco de complicidad con Genaro García Luna, a quien hoy las autoridades estadunidenses mantienen preso por tráfico de cocaína. Por ello, los intentos de agresión revelados ayer deben entenderse en el marco del continuo golpeteo político con que la agencia busca debilitar a los gobiernos de la Cuarta Transformación con el propósito de recuperar sus capacidades para actuar arbitrariamente en persecución de objetivos que nada tienen que ver con el combate a los cárteles.

En momentos en que Washington ya ha presumido el hundimiento de tres embarcaciones en las cercanías de Venezuela y el asesinato de sus tripulantes sin aportar prueba alguna de que se encontraran cometiendo algún delito o pertenecieran a algún grupo criminal, es imperativo insistir en que matar a personas por su supuesta participación en el tráfico de drogas, sin hacer intento alguno por detenerlas, procesarlas y demostrar su culpabilidad no es una forma de aplicación de la ley, sino la puesta en práctica de la piratería imperial y un crimen en sí mismo que merece una condena tajante por parte de todo gobierno, organismo multilateral, organización de la denominada sociedad civil e individuo comprometido con la vigencia de las leyes y el respeto a los derechos humanos.

Desde México, es urgente revisar la relación con la DEA y evaluar la pertinencia de poner en pausa toda colaboración con la agencia en tanto no se comprometa de manera explícita y creíble a conducirse con apego a las leyes mexicanas y dejar de lado la mentalidad neocolonial que guía sus acciones."

(Editorial de La Jornada, 20/09/25) 

Antón Losada dijo, en 24Horas, que el ataque a una narcolancha venezolana, en aguas internacionales, es el fin del derecho internacional... Trump lo hizo porque quiso hacerlo, sin más... Yo añadiría que es el fin de la que queda del mismo, de los últimos flecos del derecho... Como editorializa La Jornada: Sin importar si se comprueba o desmiente que los tripulantes se dedicaban al trasiego de drogas o que el navío hubiera partido de Venezuela, el hecho es que 11 personas fueron masacradas sin que representaran peligro alguno para el buque estadunidense y sin que se intentara siquiera su captura y presentación ante la justicia, que es lo procedente en un estado de derecho: a los delincuentes se les detiene y se les enjuicia; no se les ejecuta a sangre fría... Hasta los gobernantes latinoamericanos más cercanos al trumpismo deben apreciar que el hemisferio entero queda en riesgo si se naturaliza la idea de que la “guerra contra las drogas” y la etiqueta del “narcoterrorismo” facultan a una potencia extranjera a realizar ejecuciones extrajudiciales

 "La flota naval enviada por Estados Unidos al sur del Caribe para amedrentar a Caracas atacó una embarcación supuestamente dedicada al tráfico de drogas y asesinó a sus 11 tripulantes. El presidente Donald Trump afirmó que el navío había partido de Venezuela y que las víctimas pertenecían al grupo criminal Tren de Aragua, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, habló de una “organización narcoterrorista designada” para justificar la letalidad de la operación. Por su parte, el ministerio de Comunicación e Información venezolano puso en duda la autenticidad de las imágenes difundidas por Washington y señaló como muy probable que hayan sido generadas por aplicaciones de inteligencia artificial.

Sin importar si se comprueba o desmiente que los tripulantes se dedicaban al trasiego de drogas o que el navío hubiera partido de Venezuela, el hecho es que 11 personas fueron masacradas sin que representaran peligro alguno para el buque estadunidense y sin que se intentara siquiera su captura y presentación ante la justicia, que es lo procedente en un estado de derecho: a los delincuentes se les detiene y se les enjuicia; no se les ejecuta a sangre fría. En este sentido, el episodio constituye un inquietante recordatorio de las implicaciones de incluir a cárteles (reales o imaginarios) en la lista de organizaciones terroristas extranjeras elaborada por la dependencia que encabeza Rubio: se trata de una medida que desplaza la cooperación policial hacia lógicas de guerra y habilita el uso de fuerza letal extraterritorial con una laxitud incompatible con el derecho internacional y los derechos humanos. La sustitución del debido proceso por operaciones militares sumarias normaliza el abuso de poder dentro de Estados Unidos y el despliegue de prácticas neocoloniales en el resto del mundo.

Horas antes de que se diera a conocer esta agresión, Trump afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado el envío de tropas estadunidenses a territorio mexicano porque está muy asustada por los cárteles, que, sostuvo, dirigen México. Estas aseveraciones son completamente falaces, además de ofensivas y contrarias a la civilidad que debe regir las relaciones internacionales, máxime entre naciones que se dicen aliadas y comparten la mayor relación comercial del planeta. La mejor prueba de su falsedad es que desde hace años el gobierno de México ha hecho mucho más contra el narcotráfico que su par estadunidense: mientras aquí se registran decomisos récord de estupefacientes, precursores para su elaboración y laboratorios criminales, la Casa Blanca facilita el tráfico de armas que mantiene en pie al crimen organizado y profundiza el marco legal que hace de Estados Unidos uno de los mayores centros de lavado de dinero a nivel global, como admiten las propias autoridades financieras de ese país.

Es imperativo condenar en los términos más enérgicos tanto la matanza como la lógica injerencista detrás de ella, así como las declaraciones irresponsables de Trump y sus funcionarios. Corresponde exigir una investigación independiente sobre la masacre, garantías de no repetición y establecer una postura unánime en torno al respeto irrestricto a la soberanía y los derechos humanos en todo operativo de combate a la delincuencia. Hasta los gobernantes latinoamericanos más cercanos al trumpismo deben apreciar que el hemisferio entero queda en riesgo si se naturaliza la idea de que la “guerra contra las drogas” y la etiqueta del “narcoterrorismo” facultan a una potencia extranjera a realizar ejecuciones extrajudiciales.

Por último, vale preguntarse si es pertinente recibir en México a Marco Rubio, un personaje abiertamente comprometido con el derrocamiento de los gobiernos que no se someten a Washington, el racismo, la xenofobia y la violencia de Estado, antivalores que no tienen cabida en nuestro país."

(Editorial La Jornada, 03/09/25) 

 

"Trump eleva la tensión con Venezuela: once muertos en un ataque a una lancha con la excusa de que transportaba droga.

 Nada más regresar a la Casa Blanca, Donald Trump había dejado la puerta entreabierta a una posible acción militar en el extranjero gracias a la recalificación vía orden ejecutiva los cárteles de drogas como grupos terroristas. Ahora, el presidente estadounidense tantea si puede cruzar ese umbral que creó, y lo hace con Venezuela como laboratorio: 11 muertos en un ataque de EEUU contra un barco que salía del país sudamericano y que presuntamente llevaba drogas. Las víctimas, según Trump, pertenecían a la banda criminal El Tren de Aragua, uno de los grupos que el presidente catalogó como banda terrorista en la orden ejecutiva que firmó el pasado 20 de enero. 

“Que esto sirva de aviso a cualquier persona que esté pensando en llevar drogas a Estados Unidos de América”, ha dicho Trump en una publicación en Truth Social horas después del ataque. En el post también compartía el vídeo en que se ve cómo las fuerzas estadounidenses apuntan y disparan contra la embarcación.

 La acción militar supone una escalada sin precedentes en las crecientes tensiones con Caracas. El mes pasado, Estados Unidos desplegó en los límites de las aguas del país latinoamericano una flotilla de tres destructores Aegis de misiles guiados, además de submarinos y aviones. Todo ello, justificado bajo una supuesta lucha contra los narcotraficantes latinoamericanos, incluido un grupo venezolano llamado Cartel de los Soles, que los funcionarios de Trump acusan a Maduro de liderar. 

En esta ocasión, Trump, también ha acusado a Maduro de liderar el Tren de Aragua (TDA): “El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, narcotráfico, trata sexual y actos de violencia y terror a través de Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

Antes del ataque de este martes, Venezuela ya había movilizado sus tropas en la frontera y ha llamado al alistamiento ante una posible intervención militar extranjera. "Si Venezuela fuera agredida, nos declararíamos en lucha armada y república en armas", dijo el presidente Nicolás Maduro este lunes a la prensa. 

A pesar de que el temor a una intervención militar de EEUU flota en el aire, y de que a Trump le gusta apostar alto, no es tan probable que eso vaya a suceder. En medio del anuncio a bombo y platillo del ataque, el presidente estadounidense se ha cuidado de especificar que la acción se ha llevado a cabo en “aguas internacionales”. Atacar a otro país, aunque fuera para luchar contra el narco, iría contra la promesa de sacar a Estados Unidos de los conflictos internacionales. "No creo que sea cierta la idea de una invasión", apuntaba la semana pasada James Story, el principal diplomático estadounidense para Venezuela entre 2018 y 2023. Story destacaba que Trump, en general, se oponía a "interferir militarmente en los asuntos de otros países".

Ahora bien, que esa posibilidad no llegue a materializarse no quiere decir que Trump no la use para tantear hasta dónde puede expandir los límites de su poder y cómo puede usarla como arma de presión diplomática. En cierto modo, el presidente estadounidense quiere escalar la estrategia que está aplicando con el uso de la Guardia Nacional dentro de sus dominios a las relaciones con determinados países latinoamericanos. 

 Dentro de Estados Unidos, la amenaza de una militarización como la que sufre Washington pretende quebrar a otros bastiones demócratas como Chicago o Nueva York, a la vez que busca crear un precedente judicial para justificar el uso de los militares para gestionar el orden público. Fuera, el fantasma de una intervención militar puede funcionar como palanca para obtener réditos políticos. Es lo mismo que ha estado haciendo hasta ahora Trump con los aranceles. 

En el centro de todo ello sigue estando la narrativa de la lucha contra las drogas. Este argumento ha servido de comodín para justificar cualquiera de sus políticas, ya sean económicas, migratorias o de seguridad. Trump aplicó aranceles a China, Canadá y México citando la entrada de fentanilo como causa; ha detenido y deportado migrantes, muchas veces basándose solamente en sus tatuajes, bajo la acusación de pertenecer a cárteles como el Tren de Aragua; y ahora, parece querer usarlo como arma de presión diplomática. 

Ahora el foco de la tensión está en Caracas, ya sea por el temor al estallido de un conflicto militar, o bien por el intento encubierto de Washington de provocar un cambio de régimen. 

Los halcones del Partido Republicano y los aliados de Trump han celebrado las provocaciones militares como prueba de la determinación de la Casa Blanca de poner fin a los 12 años de gobierno de Maduro. "Sus días están contados", declaró recientemente Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump ,animó a Maduro a huir a Moscú.

México, también en el punto de mira

Pero Venezuela no es el único sitio donde Trump está presionando. México también nota en la nuca el aliento del fantasma de una posible intervención militar. Desde que  Trump regresó a la Casa Blanca, los funcionarios de su gobierno han agitado este fantasma.

En febrero, en la primera llamada con los oficiales del gobierno mexicano, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya insinuó la idea de una intervención militar si las autoridades del país no ponían solución al problema del narco. La conversación incomodó e indignó a los oficiales de México pero también granjeó concesiones a Washington: la entrega extraordinaria por parte de México ese mismo mes de 29 jefes de bandas de narcotráfico que enfrentan cargos en Estados Unidos. Un gesto que se ha ido repitiendo cada vez que Trump ha apuntado hacia su vecino. 

Cuando se conoció la autorización secreta del Pentágono para llevar a cabo operaciones militares fuera de EEUU contra el narco, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tuvo que salir a calmar a la población. "Estados Unidos no vendrá a México con su ejército", dijo Sheinbaum a principios de agosto. La presidenta mexicana afirmó que su gobierno había sido informado de la orden ejecutiva, pero insistió: "No tiene nada que ver con la participación de ninguna fuerza militar ni ninguna institución en nuestro territorio. No hay riesgo de que invadan nuestro territorio”.

Algunos senadores como el republicano Ted Cruz quieren que México lidie con el narco como hizo Nayib Bukele con las maras en El Salvador. Sheinbaum está navegando en las erráticas presiones de Trump para que ponga fin al narcotráfico, mientras el miedo de una invasión sigue preocupando a la población. Este lunes, en su discurso del estado de la Unión, la dirigente mexicana dijo que el país está dispuesto a firmar acuerdos de seguridad con su vecino sobre inmigración y la lucha contra los cárteles, pero “sin subordinación”. Además, anunció que a finales de esta semana recibiría al secretario de Estado, Marco Rubio."

(Antònia Crespí Ferrer , Público, 03/09/25) 

El despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno en México sería un desastre... La línea roja actual de Sheinbaum, de no permitir que las tropas estadounidenses operen en México, coloca a Estados Unidos en una posición en la que se arriesgaría a entrar en una lucha que no puede ganar de manera realista. Estados Unidos probablemente se limitaría a bombardeos selectivos, pero la reciente desventura en Yemen, donde Estados Unidos intentó debilitar la insurgencia hutí, ilustró las limitaciones y el costo desproporcionado de depender exclusivamente de la superioridad aérea... existen innumerables ejemplos de campos de batalla modernos, como la guerra de Israel en Gaza, que ponen de manifiesto el considerable riesgo de víctimas civiles en las campañas de bombardeo... décadas de migración mexicana ha cambiado el rostro demográfico del suroeste estadounidense, ¿es prudente seguir una estrategia que pueda generar indignación dentro de la comunidad mexicano-americana? No hay que buscar más allá de los recientes disturbios provocados por las deportaciones del ICE, donde los manifestantes incendiaron infraestructuras y ondearon banderas mexicanas (Robert Torres)

 "Según un informe reciente del New York Times, el presidente Trump ha autorizado al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos. Trump sentó las bases legales para esta directiva poco después de asumir la presidencia para un segundo mandato, cuando emitió una orden que designaba a ciertos cárteles de la droga como terroristas globales. La orden acusaba específicamente a grupos criminales latinoamericanos como el Tren de Aragua y La Mara Salvatrucha (“MS-13”) de amenazar “la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.

Resulta desalentador ver al presidente Trump mostrar una voluntad de renunciar a la diplomacia en favor de un enfoque militarizado que podría violar la soberanía del mayor socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos debe priorizar la diplomacia en la relación bilateral entre Estados Unidos y México en lugar de apresurarse a una desestabilizadora aventura militar con su vecino.

Estados Unidos se encuentra actualmente en una crisis de opioides sintéticos. Una gran cantidad de fentanilo ingresa al país a través de la frontera sur y mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Voces dispares han debatido sobre cómo mitigar el devastador efecto de los opioides sintéticos. El congresista Dan Crenshaw (R-TX) recientemente catalogó la guerra contra las drogas como una "guerra contrainsurgente" y posteriormente pidió el establecimiento de una "Iniciativa de Seguridad Norteamericana", que se basa en su ampliación de 2024 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que permite a la inteligencia estadounidense vigilar a los afiliados de los cárteles en territorio nacional. El quid de la cuestión del argumento de Crenshaw es que los cárteles mexicanos de la droga ahora se asemejan a una "insurgencia terrorista" y que el Congreso debería armar al ejército mexicano y, con la aprobación de México, desplegar fuerzas estadounidenses junto a sus homólogos mexicanos en México.

Aunque Crenshaw afirma que la actual administración de México es "un socio dispuesto" en los esfuerzos conjuntos para combatir la actividad de los cárteles, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró recientemente los claros límites de esa cooperación. Sheinbaum aclaró que la colaboración entre Estados Unidos y México continuaría, pero afirmó que "Estados Unidos no vendrá a México con el ejército".

De hecho, la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno, o incluso las operaciones de bombardeo estadounidenses en México, probablemente tendrían consecuencias desastrosas. La línea roja actual de Sheinbaum, de no permitir que las tropas estadounidenses operen en México, coloca a Estados Unidos en una posición en la que se arriesgaría a entrar en una lucha que no puede ganar de manera realista. Estados Unidos probablemente se limitaría a bombardeos selectivos, lo que en sí mismo plantea interrogantes sobre la violación de la soberanía de un país vecino. La reciente desventura en Yemen, donde Estados Unidos intentó debilitar la insurgencia hutí, ilustró las limitaciones y el costo desproporcionado de depender exclusivamente de la superioridad aérea.

Además, existen innumerables ejemplos de campos de batalla modernos, como la guerra de Israel en Gaza, que ponen de manifiesto el considerable riesgo de víctimas civiles en las campañas de bombardeo. Con décadas de migración mexicana, tanto legal como ilegal, a Estados Unidos que ha cambiado el rostro demográfico del suroeste estadounidense, ¿es prudente seguir una estrategia que pueda generar indignación dentro de la comunidad mexicano-americana? No hay que buscar más allá de los recientes disturbios provocados por las deportaciones del ICE, donde los manifestantes incendiaron infraestructuras y ondearon banderas mexicanas.

También hay que considerar las consecuencias estratégicas a largo plazo. México alberga un escepticismo de larga data hacia Estados Unidos, un sentimiento compartido en toda Latinoamérica. Programas estadounidenses como la Operación Cóndor, de la época de la Guerra Fría, en la que gobiernos latinoamericanos utilizaron tecnología de bases de datos informatizadas supuestamente proporcionada por la comunidad de inteligencia estadounidense, causaron alrededor de 60.000 muertes. Iniciativas adicionales de contrainsurgencia lideradas por Estados Unidos podrían dañar aún más la reputación de Estados Unidos en toda la región." 

(Robert Torres ,  FPIF, 28/10/25, traducción Quillbot)

¿Invadirá Estados Unidos a México? ¿Está Trump faroleando? Trump lleva mucho tiempo con la idea de perseguir a los narcotraficantes en México... The New York Times informa que ha firmado una directiva secreta al Pentágono que podría llevar al despliegue de fuerzas aéreas y terrestres estadounidenses en México u otros países... Lo más relevante es la oposición del país objetivo, México en este caso. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, es inflexible en este tema. “Estados Unidos no va a venir a México con el ejército.”... El precedente es el envío de tropas estadounidenses en 1989 para arrestar al líder panameño, Manuel Noriega... Es posible que la administración actúe unilateralmente de la misma manera que asesinó al comandante militar iraní, el general de división Qassem Soleimani, en un ataque con dron estadounidense en enero de 2020... Trump puede estar faroleando, pero con sus políticas económicas en serios problemas y el caso Epstein sin resolverse, creo que es totalmente posible que actúe impulsivamente en México (Mel Gurtov)

 "Los límites de la amistad

Donald Trump demuestra una y otra vez a los líderes extranjeros que confiar en las relaciones amistosas carece de sentido. Recientemente, India, Canadá, Ucrania y Brasil descubrieron que, contrariamente a lo esperado, Trump no se deja influir por vínculos históricos ni por intereses comunes a largo plazo. Los tratará como adversarios si ello le reporta una ventaja inmediata. Ahora México se une a la lista.

Trump lleva mucho tiempo con la idea de perseguir a los narcotraficantes en México. The New York Times informa que ha firmado una directiva secreta al Pentágono que podría llevar al despliegue de fuerzas aéreas y terrestres estadounidenses en México u otros países, con el pretexto de combatir el terrorismo, una designación que el Departamento de Estado comenzó a utilizar una vez que Trump asumió el cargo. Como mínimo, la orden de Trump plantea numerosas cuestiones legales, prácticas y de política exterior, tales como la intervención armada en otro país, la falta de autorización o incluso consulta del Congreso, el asesinato de civiles en el extranjero y el uso de las fuerzas armadas en lugar de las agencias de aplicación de la ley para luchar contra el narcotráfico.

Lo más relevante es la oposición del país objetivo, México en este caso. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, es inflexible en este tema. “Estados Unidos no va a venir a México con el ejército.” Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”, dijo. Tampoco una invasión estadounidense "forma parte de ningún acuerdo, ni mucho menos", añadió. “Cuando se ha planteado, siempre hemos dicho que no.” En abril rechazó la solicitud de Trump de permitir que las fuerzas estadounidenses ingresaran a México para atacar a los cárteles de la droga. Está claro que Trump no acepta un "no" por respuesta.
Una política agresiva hacia Latinoamérica

El precedente del envío de tropas estadounidenses en 1989 para arrestar al líder panameño, Manuel Noriega, por cargos de narcotráfico, es instructivo. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la invasión como una “flagrante violación del derecho internacional”. Sin embargo, el ejército estadounidense ha participado en operaciones antidrogas durante años, aunque generalmente en cooperación con gobiernos latinoamericanos, incluido el de México. Ahora, el Secretario de Estado Marco Rubio afirma el derecho de la administración "a utilizar otros elementos del poder estadounidense, las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo". Aquí no se menciona la participación del Congreso ni la necesidad del consentimiento del país objetivo. Es posible que la administración actúe unilateralmente de la misma manera que asesinó al comandante militar iraní, el general de división Qassem Soleimani, en un ataque con dron estadounidense en enero de 2020.

Es altamente improbable que las oficinas legales del Pentágono intenten frenar tales acciones unilaterales. Las oficinas de los asesores jurídicos y los auditores de justicia se han debilitado tanto bajo el mandato de Trump que es probable que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que insiste en unas fuerzas armadas más musculosas, ignore las directrices legales.

La muy cuestionable designación de pandillas mexicanas y venezolanas como grupos terroristas se inscribe en una política hacia Latinoamérica que presenta cualquier situación indeseable como una amenaza a la seguridad nacional, justificando así las acciones ilegales de Estados Unidos. Esas acciones incluyen la exigencia de que Brasil abandone el juicio contra el líder golpista Jair Bolsonaro o se enfrente a aranceles del 50%, las deportaciones de presuntos pandilleros a El Salvador sin el debido proceso legal, el embargo en curso contra Cuba y la recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas últimas amenazas de invasión revelan una política latinoamericana puramente negativa y agresiva que provocará reacciones airadas en gran parte de la región, donde los temores al Coloso del Norte siguen muy vivos.

 ¿Está Trump faroleando?

Trump puede estar faroleando, pero con sus políticas económicas en serios problemas y el caso Epstein sin resolverse, creo que es totalmente posible que actúe impulsivamente en México. La política de distracción ya está en marcha, sin importar que la cooperación de México en materia de migración y los cárteles de la droga haya sido efectiva. Hasta la directiva de Trump, según se informa, sus funcionarios creían que las relaciones con Estados Unidos estaban mejorando. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo en julio que la gran reducción del flujo de drogas y de los cruces fronterizos se debía a "una frontera segura" y a "una mayor colaboración entre Estados Unidos y México".

Esa colaboración desaparecerá con una invasión. “Si Estados Unidos hace esto sin el consentimiento de México, la relación retrocederá cien años”, dijo Todd Robinson, quien fue subsecretario de Estado para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley en la administración Biden. Los mexicanos deberían saber que no pueden confiar en un presidente estadounidense que ignora los hechos y no tiene reparo en cambiar de política de la noche a la mañana." 

(Mel Gurtov , Znet, 10/08/25, traducción Quillbot,