El narcoestado peruano: Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con quince ministros con antecedentes por diversos delitos... empezando por el primer ministro, Luis Galarreta, con causas pendientes por lavado de dinero, abuso de autoridad y organización criminal, e investigado por fraude electoral y nombramiento ilegal... el exprocurador Julio Arbizu expresó que "claramente quienes han gobernado en los últimos 10 años son una confluencia de organizaciones criminales y partidos que representan a organizaciones criminales o intereses criminales”

"Procesos. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reportó investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Por su parte, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, declaró haber afrontado 51 investigaciones, mientras que el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó haber tenido 20 investigaciones. En tanto, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, consignó haber sido sentenciado por lesiones culposas.

Las declaraciones juradas presentadas por los integrantes del Gabinete Ministerial que lidera Luis Galarreta muestran que varios ministros consignaron investigaciones fiscales y procesos judiciales por corrupción, abuso de autoridad y hasta hurto. 

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, registra dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también consigna haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal. El ministro del Interior, César Astudillo, mantiene una investigación activa por el presunto delito de peculado. Asimismo, declaró antecedentes por lesiones graves.

Otro integrante del gabinete con investigaciones vigentes es Alberto Beingolea, quien registra procesos por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.

El resto de ministros reportó investigaciones o procesos concluidos, aunque en algunos casos sin precisar mayores detalles. El ministro de Justicia, César Álvarez, indicó que afronta acusaciones constitucionales en curso, pero no especificó a qué hechos corresponden.

El canciller Carlos Espá consignó investigaciones por cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó haber sido sentenciado por lesiones culposas y registró además antecedentes por falsedad ideológica y estafa.

El ministro Rafael Belaunde no detalló las investigaciones que consignó. Sin embargo, explicó que uno de los casos se originó por un error del BBVA, entidad que posteriormente —según su versión— le remitió una carta de disculpas al reconocer que él fue el agraviado por la falsificación de su firma.

En el sector Educación, José Chang declaró haber afrontado ocho investigaciones por presuntos delitos relacionados con usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas.

Uno de los mayores registros corresponde al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por desobediencia y abuso de autoridad, además de casos por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, informó haber tenido 10 investigaciones, de las cuales cuatro corresponden a abuso de autoridad y resistencia a la autoridad, tres a negociación incompatible, además de procesos por lavado de activos, delitos ambientales y cohecho pasivo propio.

En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey Rey, registró un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput Moore, consignó investigaciones por tráfico de influencias y colusión agravada.

 Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones, aunque no precisó los delitos materia de dichos casos.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli Ruiz, reportó 10 investigaciones, entre ellas tres por delitos contra la administración pública, dos por abuso de autoridad, además de procesos por negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de funcionarios.

El nuevo ministro de Vivienda del gobierno de Keiko Fujimori, Mauricio Arnillas, fue sentenciado por causar lesiones graves y abandonar a un amigo tras un accidente ocurrido en 1996. Este hecho ha sido reconocido por el propio ministro.

Como parte de la condena, Arnillas recibió una pena suspendida de un año. Según su versión, en 2009 se emitió una resolución que lo absolvió.

La sentencia figura en su declaración jurada presentada como nuevo titular del Ministerio de Vivienda. “Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para que la atendieran y también a recibir atención, porque me fracturé las costillas. Luego, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa”, explicó a La República en 2022, cuando postulaba por Fuerza Popular a la alcaldía distrital de Arequipa.

Al respecto, el exprocurador Julio Arbizu expresó que el simple hecho de tener personas investigadas en cargos importantes refleja cómo Keiko Fujimori llevará el Gobierno.

“Me parece que es una absoluta contradicción con el propio discurso de la señora Fujimori, que ha dicho que se va a luchar frontalmente contra la corrupción y tiene un gabinete con 15 sujetos que, por lo menos, han tenido investigaciones o procesos por delitos de corrupción”.

Arbizu, añadió que, el fujimorismo que ahora empieza, es el mismo que se encontró en la sombra durante años anteriores. “Yo creo que claramente quienes han gobernado en los últimos 10 años son una confluencia de organizaciones criminales y partidos que representan a organizaciones criminales o intereses criminales”, sostuvo.

Ante los diferentes cuestionamientos, uno de ellos por la falta de experiencia de los ministros de Defensa, Cultura, Transportes, Mujer y Salud, la presidenta Keiko Fujimori salió en su defensa y dijo que sí tienen el perfil para dirigir el sector.

“Se ha definido al gabinete el primer día, si recordamos épocas anteriores se demoraban muchísimos días, la convocatoria que se ha hecho para el Consejo de Ministros son personas que tienen gran experiencia en su sector y en política”, dijo. “Lo que hemos priorizado es la capacidad de resolver los problemas para los ciudadanos, las críticas son naturales cuando hay un nuevo gabinete, pero cada uno de los ministros demostrará los competentes que son para sus sectores”, exclamo."

( Carlos Villacorta , Mauricio Muñoz , La República, 31/07/26) 

Perú: Hoy nos encontramos con un extenso movimiento de respuesta social, que no sigue a ninguna ideología definida y, sin liderazgo alguno... se trata del despertar de un país al que las élites nunca se tomaron el trabajo de entender... los movilizados contra el régimen de Boluarte son jornaleros o trabajadores, pero son sobre todo comerciantes, pequeños empresarios, campesinos dueños de sus tierras, estudiantes universitarios hijos de campesinos, miembros de comunidades y también desposeídos, empobrecidos por las empresas extractivas... La burguesía chola se subleva... a caballo entre los sentidos colectivistas originarios y el sentido de aislamiento social promovido por el liberalismo económico descontrolado, que conduce la certidumbre de que cada uno se las tiene que arreglar solo... Y así, sus aspiraciones no son las de un vivir bajo un Estado poderoso como podría ser la apuesta socialista (o comunista), sino las de poder desarrollar sus capacidades, individuales o colectivas, para lograr afirmarse social, cultural y económicamente, con todas las ventajas de las élites que los desprecian, pero afirmados en sus raíces y sus lugares... Pedro Castillo, campesino maestro rural, parece haber sido el gatillo que aguardaba hace tiempo el mundo contenido en la informalidad económica, cultural, social, lingüística... Verse de pronto entronizados elevó las expectativas de una enorme marea social diversa pero unida por la común marginación obra de un grupo cerrado, identificado con Lima, neoeuropeo... Por mediocre, corrupto y sin rumbo que haya sido el gobierno de Castillo, el trato que recibió fue humillante y racista... lo que vemos es a una burguesía chola, comerciante semiurbana y urbana, pequeña inversionista, agrocomerciante, profesional, mayormente en el mundo informal, que busca irrumpir con fuerza para intentar dar a sus hijos las mismas oportunidades que tienen las minorías neoeuropeas que acaparan todo el poder... puede devenir en la revolución de una burguesía chola (al modo del tercer Estado durante la revolución francesa), por acercarnos a una idea conocida

 "Un sentido común entre los grupos de mayor poder económico y social en el Perú, y que acapara los espacios del Estado en dictadura, es el de calificar de “izquierda” a todo lo que se mueve en contra de lo que piensan, creen o defienden. Esto es característico, además, de toda extrema derecha, antidemocrática por definición, que necesita siempre de un discurso maniqueo y absoluto para evitar cualquier debate.

La palabra “izquierda” les es útil para poder, de inmediato, desplazarse hacia el terruqueo o –peor– el ninguneo, con matiz abiertamente racista, de los opositores, que resultan siempre ser manipulados, ignorantes, etc. (...)

Mala fe. Los dueños del poder no han inventado nada, solo acuden al repliegue común a todos aquellos que se aferran no solo a sus privilegios sino a sus hábitos y modos de vida que les aterra cambiar, y que es el sentido común de todos los conservadores de la Historia. (...)

De esa suma de prejuicios nacen los motivos que hoy se instalan con fuerza entre sectores de las clases medias y entre todo el sector más dominante, pero –nuevamente– todo importado de Europa: ese es el principal problema. Y es lo que hace que su matriz sea profundamente racista.

 Un ejemplo para entender los desencuentros de origen y que persisten lo podemos buscar, como al azar, en un caso reciente, que me cupo la posibilidad de seguir: el juicio a los indígenas awajún y wampís involucrados en los eventos que culminaron en la masacre de Bagua en 2009. Ocurrió que, “durante el juicio a los indígenas, los jueces debieron retardar el proceso, porque la intérprete wampís Dina Ananco Ahuananchi expresó la necesidad de que se explicara a los encausados cada uno de los términos en que consistía la acusación. Ocurre que la mayoría de los indígenas no entendía por qué estaban siendo enjuiciados”. Entre los encausados razonaban: “A mí me provocan, me invaden, reacciono, me defiendo, y el más grande me castiga encima”.

 Isaac Paz, el intérprete awajún, explicaba: “Los awajún y wampís siempre van al origen de las cosas, a la causa de las cosas. ¿Cuál fue el inicio? Un juez awajún hubiera juzgado a los que entraron, a los que invadieron”. Es decir, a los responsables políticos en el Estado: el entonces presidente Alan García, la entonces ministra del Interior Mercedes Cabanillas…

Con solo este ejemplo podemos explicarnos el abismo que distancia a los múltiples pueblos del Perú de las élites dominantes, que pueden situarse a la derecha o a la izquierda, es igual. Y reparar en que el problema, de una manera más profunda y compleja, trata, aunque no se puede/quiere ver, de relaciones distintas, de un lado y del otro, con la tierra. (...)

Aníbal Quijano describe lo que son nuestras repúblicas independientes en América Latina y el Caribe, como “esta extraña paradoja: una sociedad organizada en términos coloniales, donde los ejes coloniales no sólo no son desmontados, sino que se reafirman y encostran”.

Los que emergen

Hoy nos encontramos con un extenso movimiento de respuesta social, pero también profundamente emotiva, y con objetivos muy concretos, que no sigue a ninguna ideología definida y, además, sin liderazgo alguno. Una repentina explosión de respuesta a siglos de olvido y rechazo y a sinrazones nacidas del predominio de una sola herencia cultural, impuesta desde la colonia como absoluta, mientras se rechaza la pluriculturalidad originaria.

Todo para sustentar ideológicamente la explotación del otro y de su tierra. Una respuesta que nace, igualmente, de las entrañas de muchos pueblos, hartos finalmente, y a lo que la propaganda conservadora insiste –por interés político– en llamar “izquierda”.

 Cuando, en realidad, se trata del despertar de un país al que nunca se tomaron el trabajo de entender más allá de la morfología y los dones de su subsuelo.

Si analizamos las características generales de las personas que se movilizan en las manifestaciones contra el régimen de Boluarte y el Congreso de la República, vemos que hay efectivamente jornaleros o trabajadores de ese tipo, pero son sobre todo comerciantes, pequeños empresarios, campesinos dueños de sus tierras, estudiantes universitarios hijos de campesinos, miembros de comunidades y también desposeídos, empobrecidos –con apoyo del Estado– por las empresas extractivas. Aymaras, chancas, quechuas, asheninkas, awajún, etc., y mestizos, todos sumergidos en el limbo cultural al que la educación formal y el ambiente social los ha sumergido. Unidos por el mismo adversario, sin embargo. (...)

Ese multitudinario mundo está unido por el común desprecio que recibe de las élites que gobiernan desde la capital.

 Pero ese mundo sí se conoce a sí mismo. Y hoy, que tiene la influencia de treinta años de sentido común individualista promovido por el liberalismo económico descontrolado y simultáneamente mercantilista, ha creado personajes sinérgicos, a caballo entre los sentidos colectivistas originarios y el sentido de aislamiento social a que conduce la certidumbre de que cada uno se las tiene que arreglar solo. Un encuentro mal tejido entre el ser real en el mundo informal, y el deber/querer ser que la formalidad de pocos ofrece como ideal inalcanzable.

 Y así, sus aspiraciones no son las de un vivir bajo un Estado poderoso como podría ser la apuesta socialista (o comunista), sino las de poder desarrollar sus capacidades, individuales o colectivas, para lograr afirmarse social, cultural y económicamente, con todas las ventajas y prerrogativas de las élites que los desprecian, pero afirmados en sus raíces y sus lugares. (...)

Esa aproximación distinta hacia la tierra marca la diferencia fundamental entre los dos mundos. Y, a pesar de la disposición del mundo mayoritario a incorporarse a la cultura dominante, al ser esta disposición rechazada siempre, los mundos no solo se apartan, se afirman permanentemente como extraños, sino que, a pesar de generar incluso economías interconectadas por la necesidad, son por definición diferentes. La colonialidad del poder tiene esta característica que podemos reconocer como ecológica, donde el ecocidio es también parte de la forma de imposición de los pocos sobre los muchos ajenos.

Es el problema central que Quijano identifica como el nudo arguediano: identidad, modernidad y democracia son las aspiraciones que “no pueden lograrse uno tras otro. No pueden lograrse los unos sin los otros”.     

Esta revolución no es “de izquierdas”

La situación es como sigue. “La recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Perú en 2020 (15,2%) estuvo por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (21,9%) (…) y por debajo del promedio de la OCDE (33,5%)”. Es lo que aporta el 25% formal, cuya cúspide empresarial se beneficia con la mayor parte del jamón y paga los menos impuestos que puede.

Mientras que el 75% del país informal vive en el paraíso de Milton Friedman, sin regulación alguna, sin pagar impuestos, pero pagando los salarios que le da la gana, sin pagar o recibir beneficios ni seguros, devastando también en algunos casos, y aportando por esta vía, más los impuestos indirectos, a los ingresos del Estado. Según el INEI, “el sector informal aporta el 18% al valor total de todos los productos producidos”. A lo que hay que sumar lo que no se contabiliza, pero ingresa de todas maneras al sistema financiero, sin que nadie pregunte de dónde viene.

A este mundo de la informalidad le llama el economista Francisco Durand el colchón que permite que la macroeconomía luzca exitosa. Un mundo en el que circula mucho dinero ilegal pero mayoritariamente no delictivo, y que –para que quede claro el financiamiento de las movilizaciones– en todos los lugares del país, de manera espontánea, ha acumulado fondos suficientes en bolsas que permiten mantener la oposición al régimen.

Ahora bien, el debate sobre formalizar al informal es un debate hipócrita, porque no conviene al estado de las cosas. ¿Qué se haría del sector formal con ese ejército de trabajadores y pequeños empresarios?: simplemente no hay sitio. ¿Qué se haría de ese mundo informal con las cargas que necesariamente requiere el Estado para atender lo elemental? No sobreviviría.

El mundo de la informalidad produce situaciones de explotación extrema, humanamente insoportables. Lo hemos visto todos en los casos de trágicas pérdidas de vidas por descontrol de los “emprendimientos” informales. Es decir que tampoco es deseable desde la perspectiva de una sociedad democrática, que es el valor al que todos aspiramos.

No pretendemos dar respuestas a esas interrogantes por nuestra cuenta, porque queremos, más bien, explicar por qué creemos que todo aquel dilema puede estar encontrando vías de solución por su propia cuenta. Vamos adelantando: quizá estemos camino de romper el nudo arguediano.

La rosca y la nueva burguesía chola

El caso de Pedro Castillo, campesino maestro rural elevado a presidente de la República, más allá de su propia consciencia sobre la imagen que proyecta, parece haber sido el gatillo que aguardaba hace tiempo el mundo contenido en la informalidad económica, cultural, social, cultural, lingüística. El margen social para el que nunca hay tiempo ni recursos.

Verse de pronto entronizados elevó las expectativas de una enorme marea social diversa pero unida por la común marginación obra de un grupo cerrado, identificado con Lima, neoeuropeo, y con el gobierno desde la capital de la República. Por mediocre, corrupto y sin rumbo que haya sido el gobierno de Castillo, el trato que recibió el personaje, antes incluso de que mostrara sus pocas capacidades para gobernar, fue degradante, humillante y flagrantemente racializado, racista.

La vacancia de Castillo, formalmente legal y consecuencia de una acción a la que, al parecer, fue conducido con engaños pueriles, nunca fue entendida como lo que la formalidad legal establece, sino como la conclusión de todas las agresiones y maltratos recibidos antes por parte del pequeño grupo dueño del poder en la capital y que, en estos tiempos, se encuentra empoderado en el Congreso de la República como sostén de una dictadura militarizada.

 Suma –este grupo– de antigua burguesía capitalina, ya lo dijimos, y de nuevos ricos y sus representantes provincianos. Sostenidos por la fuerza de un dinero acumulado en ese mundo de las finanzas que –hasta hoy– los sublevados no logran percibir con claridad. Falta eso… Y dirigencias de las fuerzas armadas y policiales ideologizadas a la extrema derecha, pero también con tramas de corrupción sobre las que ya ha habido bastante prensa. Esa es la rosca gobernante, que usa a Boluarte como escudo.

 La revuelta popular, espontánea, sin azuzadores ni dirigencias, con una agenda no ideológica sino práctica, que incluye disolución del Congreso, renuncia de Dina Boluarte a la presidencia  y elecciones generales en 2023, a lo que se suma ahora demanda de justicia para los asesinados por la represión con balas, implica también la afirmación de la población mayoritaria, la de la informalidad y la marginación, en su demanda de ser reconocidos. Varios dicen: “Que respeten mi voto”, lo que no es necesariamente respaldo a la figura del expresidente vacado, sino al principio del valor de ese voto, que se resiente como despreciado.

En ese marco general, lo que vemos es a una burguesía chola, comerciante semiurbana y urbana, pequeña inversionista, agrocomerciante, profesional, mayormente en el mundo informal, que busca irrumpir con fuerza para intentar dar a sus hijos las mismas oportunidades que tienen las minorías neoeuropeas que hoy acaparan todo el poder de decisión. Y que busca acceder a los espacios donde se definen los modos de vida, las orientaciones generales culturales, las estrategias económicas, los modos y fondos de la educación, el acceso igual a la salud, pública o privada, y la posibilidad de hacer, finalmente, el Estado de la sociedad pluricultural nacida de la biodiversidad que lo produjo.

 Pero, además, que todo ello no transcurra solo en Lima u otra ciudad costera, sino de manera equivalente en cada lugar del país: una descentralización de verdad, desde abajo, desde la producción, la organización social, el mercado local, y el Estado para todos y en todos lados, y no la comedia burocrática fallida que hoy nos desorganiza.

En esa movilización sin liderazgo único, sino de liderazgos múltiples pero objetivos políticos muy definidos, la figura de Castillo ha sido tan solo el pretexto para manifestarse finalmente. Pero, al mismo tiempo, por sus mismas características de espontaneidad, tal movilización con controles locales o dispersos permite que pequeños grupos con intereses propios traten de sacar provecho de la circunstancia o incurran en actos vandálicos, lo que proporciona argumentos para la represión de la dictadura que, característicamente y desbordada, o inventa situaciones o generaliza situaciones particulares reales con la ayuda de los medios. (...)

Es, pues, un enorme destacamento de productores urbanos, agricultores, comerciantes, profesionales y quienes aspiran a serlo, que hoy reclaman su lugar en lo que me atrevo a sugerir que puede devenir en la revolución de una burguesía chola –al modo del tercer Estado durante la revolución francesa, por acercarnos a una idea conocida y cuya similitud es posible en el estado colonial– que hace tiempo está esperando su hora.

Nada menos a la izquierda que eso."                  

(David Roca Basadre es escritor y periodista peruano. CTXT, 21/01/23)

Perú roto... Dos versiones contradictorias de una realidad compleja... La crisis social y económica en Perú entregó el poder a un personaje inédito. Hoy mismo, el poder ha retornado a las manos de siempre, pero al costo de lo que parece una fractura social, de u n momento en que se rompen los acuerdos de convivencia... que parecen alentar la resurrección de un fantasma bastante real, el senderismo, y la aparición de un actor que ha sido gravitante en la vida política peruana: las Fuerzas Armadas

 "Pedro Castillo disolvió el Congreso, y al poco fue destituido por el mismo Congreso y apresado por orden de la Fiscalía. A partir de ese día, 7 de diciembre, Perú se convirtió en un país en el que parecen instalarse dos versiones contradictorias de la realidad.

La versión de Dina Boluarte, sucesora de Castillo, así como de la mayoría de los medios de comunicación, consiste en señalar la ilegalidad en la que incurrió Castillo. Aunque uno de sus antecesores, Martín Vizcarra, también disolvió el Congreso, lo habría hecho con apego a la ley. Además de la disolución del Congreso, Castillo estaba siendo acusado de actos de corrupción, realizados por su entorno más próximo y bajo su conocimiento. El Congreso había intentado la destitución de Castillo en dos ocasiones y la Fiscalía había conseguido la colaboración de unos cuantos delatores eficaces para iniciar un proceso contra el presidente.

 A los pocos días de la destitución del que fuera maestro rural de Cajamarca –una de las regiones más pobres del país–, uno de los canales de la televisión abierta de Perú lo acusaba de ser el líder de una organización criminal. Algo, al parecer, inconcebible hace apenas unos pocos días. La prensa, como por ejemplo el diario La República, no logra explicarse lo que ha hecho Castillo. ¿Por qué disolvió el Congreso sin que existiera una real amenaza de destitución? “Ha sido una locura”, es lo que llega a afirmar Mirko Lauer, principal editorialista de La República, poeta y director de la revista literaria Hueso Húmero.

La Deutsche Welle entrevista una noche a uno de los hombres más cercanos a Castillo. Guido Bellido se irrita y termina por irritar a la periodista, a la que acusa de tergiversar la realidad. Es difícil aceptar la acusación de Bellido, pues la Deutsche Welle difícilmente tiene un interés directo en lo que sucede estos días en Perú. “Creemos que Castillo fue drogado, por eso dio ese mensaje”, declara Bellido, quien fuera primer ministro de Castillo al inicio de su mandato. La explicación o justificación de que Castillo ha sido víctima de algún tipo de droga resulta increíble. 

Cómica, en realidad, pero tampoco imposible, en la medida en que Castillo, en los dieciséis meses de gobierno tuvo setenta ministros, uno nuevo cada seis días. Además, en lugar de ampliar su círculo, fue cerrándose cada vez más en torno al grupo partidista que lo llevó al poder, Perú Libre, sobre el que pesan serias acusaciones de representar el ala política de Sendero Luminoso.

 

¿Quién es Pedro Castillo?, le pregunto a Nicanor Alvarado, profesor de la Universidad de Jaén y activista social. “Es un maestro rural y rondero. Se presentó como candidato a alcalde de Anguía en 2002 por Perú Posible, sin éxito. Luego escaló posiciones en un sindicato de maestros que desafiaba al sindicato oficial, dominado por el partido comunista Patria Libre. Fue entonces cuando se convirtió en un personaje de alcance nacional, al dirigir una huelga de maestros en el año 2017”.

Ser rondero significa pertenecer a una organización campesina, de importancia nacional, que desde hace treinta años defiende las tierras y los intereses de los campesinos. Durante los años del terrorismo de Sendero Luminoso, los ronderos enfrentaron a los “terrucos”, a veces en colaboración con el ejército. Castillo, además, nació y se convirtió en rondero en la región de Cajamarca, provincia del Chota, donde esta organización tiene su lugar de origen. 

Romeo Grompone escribe en El profe sobre el sindicato que llegó a encabezar Castillo: “El Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP (Conare) es identificado como un brazo político de Sendero Luminoso. Sin embargo, la mayoría de maestros que integran el Conare se deslindan de esta última organización y sostienen reivindicar una agenda particular de demandas relativas a su labor como docentes promoviendo mecanismos participativos y democráticos”. Esta ambigua vinculación de Castillo con el senderismo explica, de alguna forma, sin justificarla, la violencia con la que han sido reprimidas las protestas en contra de la destitución de Castillo y que han dejado ya al menos 46 muertos en un mes.

En un semanario como Hildebrant en sus Trece, dirigido por el periodista del mismo apellido, se cita el testimonio de un fotógrafo que es testigo presencial de la represión que tiene lugar en la ciudad del Cuzco. “El ejército permitió que la multitud entrara al aeropuerto, y cuando estuvo adentro, comenzó a disparar. No hubo enfrentamiento, fue una emboscada”. La sangre fría con la que han actuado Dina Boluarte –quien fuera vicepresidenta de Castillo– y las Fuerzas Armadas se puede explicar en la medida en que este gobierno cívico-militar, como lo denomina Hildebrant, no se está enfrentando al castillismo, o a los maestros rurales, o a los pueblos indígenas, sino a lo que posiblemente consideran un rebrote de Sendero Luminoso. ¿Podría explicarse de otra manera la violencia inaudita que se ha desatado contra la gente indefensa? ¿Es auténtica la amenaza de un retorno de Sendero Luminoso? Para contestar una pregunta tabú como esta quizá debamos hacernos otras preguntas.

¿Cómo llegó Castillo al poder?

Perú es un país emblemático de América Latina: una democracia precaria, como señalan Romeo Grompone e Isabel Remi. No obstante, durante los últimos veinte años ha vivido una continuidad democrática sin rupturas. Tras la destitución de Fujimori en 2000, han gobernado Alejandro Toledo (2001-2006), Allan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Todos los expresidentes de Perú han sido acusados de corrupción, sobre todo por sus relaciones con el caso ‘Lava Jato’, de Brasil, que tenía como principal protagonista a la constructora Odebrecht.(...)

 Al parecer, Castillo contó con dos cosas a su favor: su ola de popularidad llegó justo en la semana en que se realizaban las elecciones de primera vuelta. De haberse realizado una semana después, a lo mejor ganaba otro candidato. Además, había llevado a cabo una campaña cara a cara en medio de las restricciones por la pandemia; es decir, se reunió con maestros, campesinos, ronderos, indígenas, en mítines por la costa, la sierra y la selva. Esta cercanía puede explicar en cierta forma su voto duro, además de que las protestas hoy tengan su base en las zonas campesinas e indígenas, sobre todo del sur del Perú. También cabe señalar que mucha gente se identificó con Castillo por considerarlo un semejante, un igual: “Es uno como nosotros, sabe por lo que pasamos”, llega a decir una maestra rural entrevistada por Graciela Camacho y Paola Sosa-Villagarcía.

 Esta cercanía con el peruano común y corriente, esta familiaridad con la mayoría de peruanos, explica el rechazo que ha sufrido Castillo por parte de la élite económica y política que gobierna el Perú. Castillo era un extraño en Lima. Dice Chillico, cronista y caricaturista de Cuzco: “Hay una expresión de hartazgo del pueblo peruano frente a la derecha bruta y achorada que no quiere soltar la mamadera del poder”. (...)

“En realidad –explica Aldo Hermenegildo, periodista de Global TV, de Lima–, Castillo no llegó a topar ningún interés, no hizo ninguna ley, no hizo nada… Los revolucionarios de salón lo abandonaron cuando él no les quiso dar lo que querían… y la derecha terminó por arrinconarlo”.

Pedro Castillo llega al poder en una situación política y social muy conflictiva: la pandemia de coronavirus significó un retroceso económico de treinta años para la mayoría de peruanos. Es decir, volvieron a un estado de cosas similar al de los años 90. Cabe señalar que Perú es uno de los países que se benefició con la globalización.

 Escriben Travelli y Gil: “La reducción de la pobreza en el Perú ha sido imponente. Se pasó de más de 55% de pobreza monetaria en 2004 a 20% en 2018. Básicamente, se transitó de un país donde la mayoría de peruanos vivía en situación de pobreza a uno donde la mayoría vive en una situación de no-pobreza”. Y añaden a continuación: “Entre 2001 y 2017 la economía peruana más que duplicó su tamaño, y, según datos del BCRP (Banco Central de la República del Perú), lo mismo sucedió con el producto per cápita, con una desigualdad decreciente (al menos entre la clase media y los hogares más pobres)”. 

La globalización significó para el Perú la presencia de multinacionales mineras –chinas, canadienses, mexicanas– y el desarrollo de la explotación agrícola orientada a la exportación. Estos sectores crecieron fabulosamente, de manera paralela al aparato estatal y a la mediana y pequeña empresa que en Perú tiene sobre todo un carácter informal. Cabe apuntar que es en los sectores medios y bajos donde la pandemia del coronavirus impactó con mayor agresividad justamente por el carácter informal de su economía, que debe llevarse a cabo casi siempre en la calle y que exige el contacto personal: la pandemia provocó más de 200.000 muertos, una de las cifras más altas por cada cien mil habitantes, tomando en cuenta que Perú tiene una población de 33 millones. 

Podría señalarse que Castillo no pudo gobernar para esa clase golpeada por el coronavirus y tampoco pudo enfrentar la oposición de derecha, encarnada en gran medida en los medios de comunicación. “Castillo les quitó la publicidad estatal –dice Aldo Hermenegildo–. Además… el Congreso iba a utilizar otra figura para destituirlo, la de suspensión… sólo necesitaba 65 votos de los 110”. Eso explicaría, en gran medida, la aparición de Castillo en televisión, diciendo que iba a disolver el Congreso y que iba a intervenir en la justicia y a convocar a una Asamblea Constituyente…

 ¿Y ahora?

 (...) El “terruqueo”, del que fue objeto Castillo, es decir, las acusaciones de simpatía por el senderismo, y el rechazo social y cultural que provoca en las élites políticas y económicas hicieron imposible su gobierno. Asimismo, su incapacidad probada para rodearse de gente capaz y limpia de toda sospecha empeoró la situación. Para rematarla, las acusaciones de corrupción parecen estar bien fundadas, aunque responden a montos irrisorios, ridículos: “40.000 soles recibió Castillo por entregar la dirección de PetroPerú”, apunta un número de Hildebrant de noviembre pasado. ¡40.000 soles! Unos diez mil euros…

La confusión política y la crisis social y económica parecen alentar la resurrección de un fantasma bastante real, el senderismo, y la aparición de un actor que ha sido gravitante en la vida política peruana: las Fuerzas Armadas. Escriben Romeo Grompone e Isabel Remi en relación con la democracia peruana del siglo XX: “El otro actor en disputa eran las Fuerzas Armadas. Se trataba de una especie de democracia bajo tutela, en la cual todos los actores reconocían que los militares podían intervenir si consideraban que las medidas resultaban muy reformistas o que se estaba siendo muy permisivo con la agitación social”. (...)

La crisis social y económica en Perú entregó el poder a un personaje inédito. Hoy mismo, el poder ha retornado a las manos de siempre, pero al costo de lo que parece una fractura social. Un momento en que se rompen los acuerdos de convivencia. (...)

Los militares siguen siendo el poder tras el poder: los únicos capaces de recomponer la convivencia mediante el autoritarismo y el miedo."                 (David Guzmán Játiva, CTXT, 12/01/2023)

Perú, crisis de un régimen sin alternativas... El problema es siempre el mismo: ¿Qué poder tiene el gobierno de la República?, ¿cuál es su margen real de maniobra?, ¿cuál su autonomía para hacer política para los comunes y corrientes?... No es casualidad que en cuatro años haya habido seis presidentes en Perú. No es casualidad que Fujimori y Alejandro Toledo estén condenados y cumpliendo la pena impuesta. No es casualidad que Alan García se suicidara precisamente para evitar la cárcel y la ignominia. Ollanta Humala está procesado. Se podría continuar. ¿Inestabilidad del sistema político? Evidente. La pregunta es ¿por qué? Quienes llegan al gobierno se ven forzado o a pactar con los que mandan o a generar dinámicas de movilización, de conflicto y de lucha social que modifiquen la correlación de fuerzas, en este caso, activando el poder constituyente del pueblo... El dilema es trágico: traicionar o perecer, es decir, o ser cooptado por el poder o ser derribado por él. Pedro Castillo ha jugado a todo y al final ha sido destituido... Lo suyo fue un intento desesperado y ciego... La tragicomedia sigue. La crisis de sistema es, pues, permanente. La inestabilidad oculta la “estabilidad” de los que mandan, su enorme poder. Hay un viejo problema, pero ¿cuál? La gente, las clases populares engañadas una y otra vez, siempre postergadas en sus reivindicaciones básicas... En el horizonte asoma Humala. Un enemigo a las puertas... la corrupción es el fundamento de la gobernabilidad, el sistema funciona por y desde la corrupción

 "No se habla mucho en España del Perú. De vez en cuando nos llegan (malas) noticias de conflictos, de muertes. Casi siempre predomina la corrupción y eso que se llama hoy la anti política. Se nota mucho este juego de los medios de comunicación que hacen invisibles a determinados países y a otros le dedican una atención superlativa. Perú, a pesar de todo, es una democracia de las “buenas”, de las que respetan la economía de mercado, que garantizan y dan seguridad a las inversiones extranjeras, que favorecen los grandes beneficios empresariales y, lo mejor de lo mejor, poco controladas y gravadas por las instituciones estatales.

El intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior destitución es presentado como una especie de mal endémico de la sociedad peruana que engarza inestabilidad y corrupción. La historia es conocida: el expresidente, como tantos otros, emerge del anonimato y de un día para otro gana en unas reñidísimas elecciones –apenas 40 mil votos– a Keiko Fujimori. Como tantos otros, empezaron por la izquierda y terminaron en la nada. Enfrente, una oposición cerrada, articulada en el Congreso de la República y organizada por los medios de comunicación. Detrás, la mano cada vez más visible de los grandes grupos económicos. El problema es siempre el mismo: ¿qué poder tiene el gobierno de la República?, ¿cuál es su margen real de maniobra?, ¿cuál su autonomía para hacer política para los comunes y corrientes? Como siempre, para conocer el presente hay que mirar hacia atrás.

 Chile y Perú siempre han estado (mal) relacionadas. Chile se adelanta siempre y señala el camino. Ambas repúblicas tuvieron una sólida y aguerrida dictadura; ambas tuvieron una vocación fundadora; fueron dictaduras constituyentes que cambiaron la sociedad y la relación entre esta y el Estado. Ambas impusieron el modelo socio-económico del “consenso de Washington” a la criolla, es decir, hasta sus últimas consecuencias, por las malas y con espíritu de clase. Es la paradoja del ordo liberalismo: el orden del mercado debe ser impuesto por el poder político; no surge espontáneamente de la naturaleza de las cosas. Eso se lo enseñaron von Hayek y Milton Friedman a Pinochet, hay que frenar dictatorialmente a la política democrática, limitarla y adaptarla al mercado. La construcción político-institucional del neoliberalismo necesitaba de una dictadura soberana que cambiara la sociedad y sus reglas básicas. Sin poder político no hay liberalismo que valga. Así es la vida más allá de los manuales sobre el equilibrio general y demás falsedades administradas.

Las diferencias entre la realidad europea y la latinoamericana no son tantas, pero son significativas. En su centro está la contradicción entre democracia y capitalismo. En el lado americano del Atlántico se impuso el neoliberalismo por la fuerza del poder político-militar y actuaron como regímenes fundacionales. En el lado europeo se hizo de otra forma más sofisticada y flexible: deconstruyendo los Estados nacionales y fragmentado la soberanía popular, es decir, neutralizándola. Los Tratados de Maastricht hicieron obligatorias para todos los Estados las políticas neoliberales, impusieron políticas económicas homogéneas para realidades heterogéneas y desligaron hábilmente la política monetaria de la política fiscal. Conclusión: cuando se gobierna todos hacen las mismas políticas; todos neoliberales y nadie representa ya a las clases populares. La extrema derecha busca aquí su nicho electoral. América Latina es un laboratorio, no es el pasado, es el futuro.

 Las singularidades del modelo peruano tienen que ver, en gran medida, con el fenómeno de Sendero Luminoso. Pinochet derrotó a la izquierda y, en muchos sentidos, la transformó. El régimen fujimorista se construyó en el conflicto militar contra Sendero Luminoso que, es bueno no olvidarlo, aplicó todas las técnicas de la estrategia anti insurgente de la Escuela de las Américas, en el marco de la doctrina de la Seguridad Nacional diseñada por los EEUU y puesta a punto por los militares brasileños. Se impuso una contrarrevolución que arruinó, no solo el imaginario socialista y de izquierdas en un sentido amplio, sino que restó fuerza y protagonismo a las propuestas democráticas y desarrollistas. En definitiva, se construyó desde el poder un nuevo tipo de sociedad que le dio el protagonismo fundamental a los grandes grupos económicos, a los oligopolios empresariales y financieros, con una fuerte presencia del capital extranjero.

Chile y Perú terminaron por institucionalizar la nueva correlación de fuerzas en sendas constituciones que tenían vocación de permanencia en sus aspectos fundamentales. Dicho de otra forma, estaban diseñadas para no ser revisadas ni reformadas. Las transiciones tenían como objetivo construir un tipo de democracias que no pusiesen en peligro la correlación de fuerzas creadas por las dictaduras; la constitución era la garantía del poder y límite al poder constituyente del pueblo. En eso se está, con pequeñas reformas. Las constituciones siguen vigentes en su núcleo fundacional; es decir, imponiendo un modelo socioeconómico que impide políticas democráticas avanzadas, la defensa y desarrollo de los derechos sociales y ambientales fundamentales y, lo más importante, el cambio de modelo económico y su matriz de poder.

 No es casualidad que en cuatro años haya habido seis presidentes en Perú. No es casualidad que Fujimori y Alejandro Toledo estén condenados y cumpliendo la pena impuesta. No es casualidad que Alan García se suicidara precisamente para evitar la cárcel y la ignominia. Ollanta Humala está procesado. Se podría continuar. ¿Inestabilidad del sistema político? Evidente. La pregunta es ¿por qué?  El régimen peruano se vertebra, es bueno repetirlo, por medio de una constitución (la de Fujimori de 1993) cuyo fundamentos económicos y sociales fueron diseñados para ser inmutables, permanentes, pétreos. Es la única parte realmente normativa, todo los demás enunciados son puramente nominales cuando no meras declaraciones sin contenido jurídico alguno. ¿Quién la garantiza? No es el tribunal constitucional, no; son los grandes grupos de poder económico, la oligarquía financiera-empresarial dominante a través de su control monopólico de los medios de comunicación, de los grupos políticos y de las bancadas parlamentarias. Esa es la verdadera “constitución material” que gobierna a la sociedad y al Estado.

 Para entender cómo funciona el sistema político peruano se podría usar la metáfora de un escenario teatral. La clase política haría de actores solo aparentes; por detrás y por delante los coros, los dioses que advierten y dirigen. El público sería el pueblo que hace de espectador interesado de una tragicomedia que tiene principio, pero nunca fin. La dirección de la obra es colectiva, me refiero a los medios de comunicación; ellos quitan y ponen, llevan el ritmo y generan los suspenses y van cambiando el guion según lo que aconsejan unos dioses siempre todopoderosos. El ejercicio es cruel pero muy eficaz. Es la historia de una clase política corrupta, inepta y sin proyecto. Cómo saben muy bien los dioses, la corrupción es el fundamento de la gobernabilidad, el sistema funciona por y desde la corrupción. La dirección colectiva de la obra señala a los corruptos y oculta a los corruptores. La trama es casi perfecta: la oligarquía financiera empresarial corrompe a los políticos y los medios que ellos controlan los denuncian, los denigran. Lo que se transmite al pueblo-espectador es que la política no vale para transformar a la sociedad, que la democracia realmente existente se basa en políticos que tienen intereses propios, que, por naturaleza, son corruptos y que la política es cosa de políticos. No hay salvación en lo colectivo, en lo público. La búsqueda del interés individual nos hará libres y plenos.

Quienes llegan al gobierno se ven forzado o a pactar con los que mandan y no se presentan a las elecciones, o a generar dinámicas de movilización, de conflicto y de lucha social que modifiquen la correlación de fuerzas, en este caso, activando el poder constituyente del pueblo, fortaleciendo el sujeto popular en torno a un proyecto alternativo de país. El dilema es trágico: traicionar o perecer, es decir, o ser cooptado por el poder o ser derribado por él. Pedro Castillo ha jugado a todo y al final ha sido destituido. Siempre careció de estrategia, de una política de alianzas definida y se convirtió en prisionero de una de las redes del poder que nunca consiguió gobernar ni siquiera (re) conocer. Lo suyo fue un intento desesperado y ciego.

 La tragicomedia sigue. La crisis de sistema es, pues, permanente. La inestabilidad oculta la “estabilidad” de los que mandan, su enorme poder. Hay un viejo problema, pero ¿cuál? La gente, las clases populares engañadas una y otra vez, siempre postergadas en sus reivindicaciones básicas, sin voz y sin protección. Donde hay dominación y explotación siempre aparece, tarde o temprano, la rebeldía, la insumisión, el conflicto social en un sentido amplio. Los que mandan y no se presenta a las elecciones ganan de nuevo, una nueva victoria en su larga marcha de acumulación de riqueza, renta y poder. Pronto se pueden encontrar con problemas serios. Al final consiguieron echar a Pedro Castillo, esta vez no la convertirán en derrota popular. En el horizonte asoma Antauro Humala. Un enemigo a las puertas."                   (Manolo Monereo,  El Viejo Topo, 17/12/22)

Repsol, culpable de uno de los mayores desastres ambientales en Perú... el Gobierno peruano se plantea retirar las concesiones a la empresa... La controversia gira en torno a la reacción tardía de la empresa y a los malos cálculos sobre las dimensiones del desastre, algo que los expertos consideran podría ser clave para entender las dimensiones de la catástrofe ambiental... En un primer momento se dio parte de un vertido equivalente a 0,16 barriles de crudo, una capacidad algo inferior al depósito de gasolina de un coche, y se estimaba que la mancha de petróleo ocupaba unos 2,5 metros cuadrados. El daño, finalmente se estima en unos 6.000 barriles que abarcan más de 4 km² de mar

 "El desastre ambiental por el vertido de 6.000 barriles de crudo en las costas peruanas ha desatado una crisis entre la multinacional petrolera y el Gobierno peruano, que se plantea retirar las concesiones a la empresa. De fondo, el mayor ecocidio recordado con miles de aves y peces muertos.

 «Lo que he visto es la destrucción completa de los ecosistemas. Ahí ya no vive nada y no vivirá nada durante mucho tiempo», dice Giuliano Ardito, biólogo peruano especializado en gestión de riesgos de desastres ambientales que, durante los últimos días, ha trabajado en algunas de las zonas afectadas por el derrame de crudo a las costas del Pacífico por parte de Repsol. «Las aves mueren cubiertas de petróleo. Otras tratan de volar, pero no pueden y se limpian con su pico intoxicándose. El alimento también está contaminado; toda la red y todas las especies que dependen de este entorno están condenados», describe. 

Tras los diez primeros días del vertido accidental, la mancha de petróleo que brotó de la refinería de La Pampilla (Callao) ya abarca más de 7 kilómetros de océano y contamina cerca de 2 kilómetros de playa, donde por el momento se concentran la mayor parte de las labores de limpieza. Ardito recuerda mientras habla con Público el desastre del Prestige en las costas gallegas y, desconcertado, alude al largo periodo de recuperación: «Los efectos de eso que ustedes llamaban chapapote seguirán estando presentes durante mucho tiempo. Desconozco cuánto tardará en recuperarse del todo el ecosistema, pero hablamos de una sustancia que contiene metales pesados y que, por tanto, tiene efectos mutagénico». 

El crudo adherido en la arena y las rocas no es una mera alteración estética del paisaje. Retirarlo del todo es un paso importante, pero la presencia del elemento quedará diluida en las profundidades del Pacífico durante mucho tiempo, tal y como indican algunas investigaciones científicas realizadas sobre los impactos a la larga de otros desastres similares como el del Deepwater Horizon en la costa del Golfo de México en 2010. Diez años después de aquel accidente que dejó el mayor vertido de crudo documentado, el 55% de algunas de las especies que habitaban en la zona seguían padeciendo enfermedades pulmonares asociadas al contacto con el crudo, según una investigación de la Federación Nacional de Vida Silvestre. (...)

Los focos sobre Repsol

Los daños causados, que cada día parecen acrecentarse, han dejado un clima de tensión importante entre el Gobierno peruano de Pedro Castillo y la multinacional española Repsol, cuya filial lleva operando en la refinería de La Pampilla desde 1996. 

El Ejecutivo, que ha aprobado este lunes la declaración de emergencia ambiental, está estudiando qué medidas legales puede tomar contra la multinacional y se plantea suspender la concesión que le permite trabajar en una de las mayores refinerías petroquímicas del país latinoamericano, según ha podido saber Público. La controversia gira en torno a la reacción tardía de la empresa y a los malos cálculos sobre las dimensiones del desastre, algo que los expertos consideran podría ser clave para entender las dimensiones de la catástrofe ambiental. Ricardo Giesecke, exministro de Medio Ambiente de Perú durante el Gobierno de Ollanta Humala, tilda los hechos de «vergüenza» y asegura a este diario que bajo su punto de vista «lo más ecuánime y simple sería suspender el permiso de operaciones, al menos hasta que no estén todas las cosas en su sitio».

En un primer momento se dio parte de un vertido equivalente a 0,16 barriles de crudo, una capacidad algo inferior al depósito de gasolina de un coche, y se estimaba que la mancha de petróleo ocupaba unos 2,5 metros cuadrados. El daño, finalmente se estima en unos 6.000 barriles que abarcan más de 4 km² de mar. Además, Repsol tuvo constancia del accidente sobre las 5.00 pm del día 15 de enero, pero no dio aviso a las autoridades hasta las diez de de la noche, unas cinco horas después, según ha informado el departamento de Supervisión Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente de Perú.

En una entrevista para el programa Punto Final, Jaime Fernández-Cuesta, presidente de Repsol Perú, lamentaba lo sucedido y sostenía que el accidente había sido una probable consecuencia del incremento del oleaje provocado por la erupción volcánica del Tonga en Nueva Zelanda. El pequeño tsunami provocó dos muertes en Perú durante las horas previas al accidente y en medios internacionales como la BBC se ha vinculado el vertido con el oleaje anómalo.

La tesis del oleaje parecía una explicación factible, pero en las últimas horas los medios peruanos han publicado algunas informaciones que desmienten que el tsunami generado haya estado detrás de la tragedia. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha realizado un primer informe de investigación sobre la fuga de crudo y este no menciona en ningún momento el oleaje anómalo, aunque si menciona un movimiento brusco del buque que descargaba el petróleo. (...)

La tensión entre el Gobierno y la multinacional petrolera es palpable. La decisión de estudiar acciones legales y abrir la puerta al fin de las licencias que permiten operar a la compañía en la refinería costera llega dos días después de que Repsol decidiera no presentarse en el Congreso peruano para dar explicaciones sobre lo ocurrido, algo que causó el enfado de los políticos de prácticamente todo el arco parlamentario. 

Las pesquisas del Gobierno, según informan algunos medios como La República, apuntan a Repsol como principal culpable de los hechos. Esas cinco horas de diferencia entre la catástrofe y la alerta emitida por la empresa; los malos cálculos a la hora de identificar la magnitud del derrame; y la dificultad de relacionar la erupción del Tonga a más de 10.000 km de distancia con el vertido ponen bajo el foco a la petroquímica vasca. Sin embargo, en caso de que finalmente se evidenciara la culpabilidad de Repsol, las posibilidades de una condena firme a escala internacional son difusas.

Pedro Ramiro, doctor en Ciencias Químicas e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), explica que en este caso «entran en colisión la parte política con la jurídica», ya que sobre el papel Repsol Perú es distinta a Repsol España, la matriz. «Formalmente sería una empresa peruana que se tendría que juzgar en base a la legislación peruana», explica el experto, que recuerda que solamente se pueden llevar ante los tribunales internacionales los crímenes de lesa humanidad y otros casos graves que no prescriben en el tiempo. Esto es algo que algunas organizaciones sociales, como la Fundación del exjuez Baltasar Garzón, están tratando de cambiar a través de la petición de introducir la figura del ecocidio dentro de la lista de casos juzgables en cortes internacionales.

Si el derecho internacional dinamita la posibilidad de que una compañía como Repsol rinda cuentas por supuestos delitos ambientales en países terceros, las leyes nacionales españolas tampoco dejan la puerta abierta para que Perú pueda acudir ante los tribunales europeos. No en vano, existen casos puntuales en el planeta, como la legislación de Países Bajos, que permitió juzgar a Shell por vertidos de petróleo en la cuenca del río Niger. Desde OMAL reclaman cambios que permitan avanzar hacia el rendimiento de cuentas de las multinacionales, además de tratados vinculantes que regulen las actividades económicas en terceros países. (...)"                     (Alejandro Tena, Other News, 25/01/22)

Perú producirá la vacuna rusa Sputnik V... un ejemplo de lo que significa para un país recuperar cuotas de soberanía... El nuevo gobierno de Lima, a diferencia de sus antecesores, no está obligado a comprar vacunas norteamericanas y europeas, y puede dirigirse a los «rivales estratégicos» de EEUU, Rusia y China, para llegar a acuerdos ventajosos para el país y para los peruanos

 "El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, ha anunciado que en el país andino -uno de los más afectados del mundo por la pandemia de la Covid-19- se instalará una planta para la producción de la vacuna rusa Sputnik V. Es el fruto de las negociaciones entre Lima y Moscú, que incluyen además la inminente llegada de 12 millones de dosis de vacunas rusas contra el coronavirus, con las que se podría inmunizar al 50% de la población peruana que falta por vacunar.

Se trata de un claro ejemplo de lo que significa para un país recuperar cuotas de soberanía, en este caso de la superpotencia norteamericana. El nuevo gobierno de Lima, a diferencia de sus antecesores, no está obligado a comprar vacunas norteamericanas y europeas, y puede dirigirse a los «rivales estratégicos» de EEUU -Rusia y China- para llegar a acuerdos ventajosos para el país y para los peruanos

El mandatario peruano también comentó que trabajan por impulsar la economía del país y, para ello, a mediados de septiembre iniciará la entrega de un bono de apoyo familiar de 350 soles por persona (más de 85 dólares aproximadamente) y que beneficiará a más de 13 millones de peruanos. Castillo indicó que prevén realizar una inyección de capital a la economía nacional para crear alrededor de 40.000 puestos de trabajos directos e indirectos.

Otro objetivo del Gobierno peruano es la transferencia de recursos para la creación de 260.000 empleos en todo el país. «Un paquete de inversión pública para reactivar proyectos en proceso de ejecución», comentó.

«Mi gabinete está en constante evaluación. Todos los servidores públicos tienen el deber de trabajar arduamente de manera transparente, sus resultados hablarán por ellos», enfatizó el presidente Castillo al terminar su alocución."                 (Minerva Bermeo, De Verdad Digital, 10/09/21)

Las “lecciones” en Perú de un maestro... un outsider del siglo XXI que se parece a los caudillos del siglo XIX... por primera vez, la alianza progre-popular la conducen los pobres. Castillo no suavizó consigna alguna ni maquilló su programa, nacionalista radical, industrialista, soberanista y popular, cuya última referencia de bienestar y “progreso” para la inmensa mayoría fue el gobierno militar nacionalista de Velasco Alvarado

 "Al momento de escribir estas líneas, Pedro Castillo es el presidente electo del Perú. Solo resta la demorada e inevitable declaración oficial de parte del ONPE, la autoridad electoral competente. (...)

No es sólo la casualidad, la vacancia electoral o la crisis de representación producida por la errática sucesión de presidentes lo que explica su surgimiento y su éxito electoral. Detrás de Castillo, en torno de de Castillo y mucho antes que Castillo, hay una serie de fenómenos organizativos que datan de las últimas décadas y años: la organización radical del magisterio peruano y sus huelgas masivas, la consolidación de las Rondas Campesinas en buena parte del territorio nacional -con epicentro en el norte del país-, la completa reconfiguración política y territorial del Perú tras la derrota de la guerrilla maoista de Sendero Luminoso, la caída de la autocracia de Alberto Fujimori, el impacto de la “guerra contra las drogas” de la DEA, etc. 

Esto, sin hablar de los fenómenos recientes específicamente urbanos, como las masivas marchas juveniles contra la corrupción sucedidas desde julio del año 2018, con epicentro en Lima y réplicas en Cusco, Arequipa, Huaraz, Ayacucho y Trujillo, que costarían su cargo a 15 altos funcionarios de Estado.

Pero lo que es falso en términos de movimiento social, también lo es en términos estrictamente electorales: nuevos partidos políticos, nuevos liderazgos regionales y luchas regionales antimineras han decantado en la conquista popular de gobernaciones como la de Walter Aduviri Calisaya en Puno o la de Vladimir Cerrón, el neurocirujano fundador de Perú Libre que ganó la gobernación de Junín en dos oportunidades, siendo luego suspendido de su cargo. (...)

Castillo no suavizó consigna alguna ni maquilló su programa, como parecen demandar los manuales tácitos de las candidaturas cada vez más descafeinadas, centristas, tecnocráticas y liberalizadas que proliferan en la región. Aunque con diferencias de tono, y visiblemente más cómodo oficiando de anfitrión, Castillo habló de referéndum constituyente; denostó frente a su rival las esterilizaciones forzosas bajo la dictadura de Alberto Fujimori; puso sobre el tapete la necesidad de una (segunda) reforma agraria que a la vez complete y rectifique la de Velasco Alvarado; propuso políticas económicas de industrialización soberana; habló de la necesidad de poner coto a las corporaciones y de la necesaria reapropiación de la renta minera y agraria; manifestó el inicio de una coordinación geopolítica con Rusia y otras naciones para la obtención de vacunas; y se refirió en extenso a la lucha anticorrupción -quizás una de las principales demandas populares del Perú, pero no para cazar corruptos de poca monta ni hacerle el caldo gordo al lawfare, sino a través de una cruzada «que comience por arriba». 

 Un programa, en suma, nacionalista radical, industrialista, soberanista y popular, entroncado en la propia historia del Perú, cuya última referencia de bienestar y “progreso” para la inmensa mayoría de la población fue el gobierno militar nacionalista de Velasco Alvarado entre los años 1968 y 1975, cuya gesta fuera tan bien retratada por el reciente documental “La revolución y la tierra” -altamente recomendable-. Vale remitirse al “Ideario y programa” elaborado por el ideólogo Vladimir Cerrón, firmado en Huancayo en el año 2020. Una primera mirada puede dar la impresión de un programa clásico, tradicional, “duro”, pletórico de definiciones ideológicas como el marxismo, el leninismo y el mariateguismo, con apelaciones recurrentes a la “dictadura del mercado”, la “lucha de clases”, la “neocolonia” o la “industrialización”.

Pero una lectura atenta nos mostrará un programa enormemente actual y “moderno”, bien informado y atento de las más recientes experiencias gubernamentales latinoamericanas. Programa que tiene, por ejemplo, importantes desarrollos en torno a la protección ambiental y la ecología política, los derechos sociales y reproductivos de la mujer, y la constitución de un Estado Plurinacional, tomando como referencia explícita en esta materia a los avances constitucionales de Ecuador y Bolivia. Consideremos que Perú, pese a no contar con un fuerte movimiento “indígena” comparable al de estos países, no alberga una menor diversidad, como lo atestiguan las 4 lenguas indígenas habladas en la zona andina y las otras 43 en su región amazónica.

Quizás haya quien, abrumado por la campaña que buscó instalar la lucha entre dos presuntos conservadurismos -los que en teoría representarían Fujimori y Castillo- se sorprenda al saber que el programa de Perú Libre aboga, entre otras cosas, por la despenalización del aborto, por el combate frontal a la trata, por la despatriarcalización de la sociedad y el estado, por la promoción y el respeto de los derechos reproductivos de la mujer peruana, por la desnaturalización del ámbito doméstico como “natural” o consustancial a la condición femenina, y por la promoción de la organización política de la mujer en todos sus niveles. Quien busque allí un culto a la identidad, políticas multiculturales de corte norteamericano, ancestralismo oenegeista o políticas de la diferencia, no va a encontrarlo: ni en el programa, ni en el partido, ni en el magisterio, ni en las Rondas Campesinas ni en sus bases sociales organizadas. (...)

En una nota de opinión reciente, escrita desde su breve escala en Lima tras ser deportado por el Estado colombiano, Juan Grabois adelantaba una consideración importante sobre la naturaleza de la fuerza social y política de Castillo y de los sectores progresistas representados por Verónika Mendoza y Juntos por el Perú: “Esta alianza presenta múltiples puntos de tensión pero también múltiples potencialidades porque, por primera vez, la alianza progre-popular la conducen los pobres.” Potencialidad que refiere no sólo a la capacidad de construir un programa de gobierno capaz de apalancar importantes transformaciones sociales en el Perú del bicentenario, sino también de aportar a la sutura entre una historia de fuerzas regionales/rurales/populares sin pregnancia en la decisiva capital, o de izquierdas y progresismos limeños vueltos de espaldas al Perú profundo y popular. (...)

Quizás una de las imágenes más notorias del proceso electoral haya sido la de Castillo, este maestro rural que suele llevar sombrero y chicote, yendo a votar en una yegua encabritada. Y es que tal vez lo más singular de este outsider del siglo XXI es cuánto se parece a los caudillos del siglo XIX, lo cual nos lleva a preguntarnos cuánto se parece a sí misma la sociedad peruana, o cómo ha evolucionado de forma tan dispar una sociedad no solo surcada por el clivaje clasista y por el clivaje territorial Ande-Costa-Amazonía, sino también por el régimen más violentamente centralista que jamás ciudad-puerto alguna haya impuesto a su territorio circundante. Si a eso sumamos una larga historia de secular racismo, gamonalismo, servidumbre y pongueaje, podremos comprender cuántos Perús coexisten en el Perú.

Lo que explica a su vez el otro desconcierto recurrente de analistas externos al país (tanto los que viven fuera del país como algunos limeños, igualmente “externos”): el fracaso rotundo de todos los manuales consagrados del marketing y la comunicación política. Podía parecer evidente, pero no lo fue para todos, que el hecho de que fuera de Lima Metropolitana la conectividad a internet no llegará al 40 por ciento (y en algunas regiones en donde Castillo se impuso con holgura a mucho menos), darían otra centralidad y contundencia a viejas estrategias como las campañas de a pie o de a caballo, los mítines en las plazas de los pueblos, el uso de radios campesinas y populares, o el aún más antiguo boca-a-boca. Incluso, en el campo específico de las redes sociales, el eterno Twitter y los pujantes Tik Tok e Instragram, sucumbieron frente al regreso de un Facebook redivivo, que en muchos países de nuestro continente no ha perdido su centralidad ni un ápice. (...)

 Pero el caso de Castillo en el Perú, entraña, como en el estallido social chileno y su canalización constituyente, y en el portentoso paro nacional en Colombia frente a la crisis terminal del uribismo, el potencial regreso de las masas al centro de la escena política. No es casual que un proceso de movilización permanente haya acompañado estos días de vigilia ante el lento recuento electoral. Tampoco el que los Ronderos hayan movilizado a varios miles de personas, y amenazado con poner en acción a una base social estimada en unos 2 millones y medio de peruanos y peruanas. Tampoco la acción atenta, diligente y protagónica del magisterio en las mesas de votación más apartadas del país. Ni tampoco la presencia en la calle de una juventud urbana que ya estaba en ella, de forma intermitente, desde mediados del año 2018. Claro que en términos relativos, el movimiento social peruano es débil en comparación con el de sus países vecinos: sin embargo, es claro que está en marcha un proceso de repolitización creciente, sobre todo en las zonas rurales y en las nuevas generaciones de jóvenes. (...)

Por estas horas, el establishment peruano se debate entre al menos tres estrategias. En primer lugar el golpismo sin atenuantes, lo que explica el “ruido de sables” que se escuchó en las últimas horas y llevó al Ministerio de Defensa a reiterar lo que debería ser obvio: el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y su no derecho a la intromisión en los resultados electorales. En segundo lugar, la guerra de asedio y desgaste, con la acción concertada de las corporaciones mediática, judicial y parlamentaria, que buscarán imponer al presidente electo una nueva moción de censura en continuidad con los últimos años de intrigas palaciegas. Y en tercer lugar, y no menos probable, la estrategia de “canibalización” de Castillo y Perú Libre, por la cual candidatos que llegaron al poder con programas populares como los de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, acabaron siendo cooptados por las élites gobernantes. Frente a todas estas estrategias, será fundamental el ejercicio de una democracia “con apellidos”, popular, protagónica, organizada y con pueblo en la calle, tal como la que viene enseñando en su campaña este maestro de a caballo."                 (Lautaro Rivara. Sociólogo, periodista y analista. Rebelión, 11/06/21)