"Acaba de concluir en el Congreso de los Diputados la Comisión de
investigación de la crisis financiera de España y el programa de
asistencia, que se inició el 11 de mayo de 2017. (...)
Ha permitido concluir que las prácticas llevadas a cabo por parte de
los responsables del sistema financiero español han sido
corresponsables, junto a factores internacionales, de causar la crisis
de tal sistema, que a su vez llevó a una crisis económica que ha hecho
un daño social enorme, especialmente entre las capas humildes de la
población, que se traduce en elevados niveles de desempleo, pobreza y
desigualdad.
Además, tales prácticas han afectado a cientos de miles de
familias a través de los productos de préstamo y de ahorro que
contrataron con estas entidades, habiéndose vulnerado colectivamente sus
derechos como consumidores.
Por añadidura, el proceso de
reestructuración del sector financiero a partir de la quiebra de estas
entidades, que ha llevado a una gran concentración del sector y a la
práctica desaparición de las cajas de ahorros, ha impuesto unos costes
tremendos sobre los ciudadanos españoles.
Además del dinero público
inyectado en las entidades financieras que no ha sido devuelto, que
supera los 60.000 millones de euros, se han impuesto duras medidas de
ajuste en el sector público, a los trabajadores, a pensionistas, y a la
ciudadanía española generalmente, con el motivo de estabilizar el
sistema financiero español y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la permanencia dentro de la zona del euro, responsabilizando a la mayoría de una crisis que no han provocado.
Las oligarquías regionales, y en menor medida estatales,
intervinieron y en algunos casos se apropiaron de los órganos directivos
de las entidades de crédito, en especial de las cajas, para usarlas en
su propio beneficio,
tanto político como económico.
Estas élites regionales han estado
formadas por personas relacionadas con las directivas de las entidades
de crédito que, ostentando posiciones empresariales especialmente en el
sector inmobiliario y constructor, pero también en otros, intentaron
llevar a cabo operaciones que no correspondían con las condiciones de
mercado.
También formaron parte de estas élites los cargos políticos
electos, a menudo de gobiernos autonómicos, que usaron su influencia y/o
presencia en los órganos de dirección con retribuciones desaforadas y/o
motivaciones políticas, que facilitaron que los directivos de las
entidades crediticias para financiar a sus propios gobiernos de forma
cuestionable y para financiar a agentes inmobiliarios con el objetivo de
que éstos llevaran a cabo operaciones inmobiliarias dudosas y muy a
menudo fraudulentas.
Las motivaciones de esto fueron diversas: en
ocasiones políticas y electorales, en otras para enriquecimiento
personal y en algunas sirvió para financiar el propio partido. Por
último, formaron parte de estas élites regionales algunos de los
directivos de las mismas cajas y bancos, en ocasiones nombrados por los
gobiernos autonómicos y sin mucha experiencia previa en el sector.
Esas
entidades se usaran como la ‘barra libre’ crediticia de estos entramados
clientelares y en ocasiones corruptos.
Por su parte, las grandes cajas de Madrid y Barcelona, Caja Madrid y
La Caixa, crearon carteras de grandes empresas participadas
estratégicas, entrando a formar parte de los consejos de administración
de las grandes empresas del Ibex 35. Su objetivo era crear grandes
conglomerados empresariales que otorgaran poder político y económico a
quien controlara estas entidades financieras. En el caso de Caja Madrid
esta fue una de las causas de su agresiva estrategia de inversión y
expansión crediticia, y de su posterior fracaso.
Bankia, entidad surgida
de la fusión de entidades durante la reestructuración del sector, de la
que Caja Madrid era parte mayoritaria, sería nacionalizada y forzada a
desinvertir su cartera de empresas participadas como condición del
Memorando de Entendimiento (MoU) de 2012. La Caixa, a pesar de la
disminución de su cartera de participadas, ha salido mejor parada,
pudiendo mantener su gran influencia tras la crisis ya en la forma de
banco.
La responsabilidades de la crisis por tanto recaen sobre los miembros
de los órganos de administración y gestión que con sus decisiones
hundieron el sector y engañaron a los clientes, sobre aquellos
empresarios externos que buscaron tratos de favor, y sobre las
instituciones políticas y supervisoras, que no intervinieron para evitar
que esto sucediera, y que en muchos casos participaron de las prácticas
irregulares y de las actividades ilegales que llevaron a su quiebra,
por acción u omisión.
En esta comisión se han investigado estas prácticas, con el objetivo
de identificar los responsables concretos que generaron la crisis, para
que resarzan a la ciudadanía española por el mal generado. También es
necesario analizar cuál ha sido el modelo institucional que ha permitido
esta gran estafa, para poder alejarnos de él para que esto no vuelva a
suceder en España.
El resto de este artículo mencionará algunos de las
conclusiones y hallazgos de la comisión de forma no exhaustiva, dado que
el dictamen del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea en el que se basa contiene más de 300 páginas. (...)
Distintos cambios normativos facilitaron tal dinámica clientelar, en
especial en el subsector de las cajas, a través de la desregulación de
sus actividades crediticias, y de la autorización a su expansión
territorial fuera del lugar de origen. (...)
La comisión también ha permitido constatar que se produjo una excesiva
exposición el mercado inmobiliario por parte de las entidades de
crédito. Estas entidades realizaron una agresiva participación en este
mercado, muy a menudo mediante la creación de sociedades participadas
que actuaron como promotoras inmobiliarias a las que las mismas
entidades otorgaban préstamos.
A mediados de los 90 el peso de los créditos
en el sector inmobiliario de los bancos era del 31% sobre el total del
crédito al sector privado residente y del 59% en el caso de las cajas.
En 2009, el peso de los créditos inmobiliarios se había subido en el 57%
para los bancos y el 74% para las cajas. (...)
Cabe destacar que las grandes entradas de crédito internacional se
acentuaron de forma pronunciada con la entrada en el euro en el año
1999. El euro provocó un persistente déficit por cuenta corriente en
España. (...)
Uno de los ejemplos destacables del desatino llevado a cabo por las
entidades en el sector inmobiliario fue la creación por parte de Caixa
Catalunya de un complejo entramado inmobiliario al mismo tiempo que se
dedicaba a otorgar hipotecas desde la propia entidad.
Según
declaraciones de su exdirector, Adolf Todó, en la comisión de
investigación del Parlament de Catalunya realizada en 2013-14, Procam,
el holding inmobiliario de la caja “fue uno de los cinco mayores
holdings inmobiliarios de España. A través de este holding de 80
filiales se invirtieron 4.500 millones de euros en actividad promotora
en España y el extranjero”.
Otro ejemplo de ello fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en
el periodo entre 2001 y 2008. Según cifras oficiales la entidad tenía
un riesgo de entre 11 y 16 mil millones en créditos a sociedades
promotoras inmobiliarias. La CAM era partícipe hasta en 66 sociedades y
104 proyectos vinculados al sector inmobiliario.
En esos años, según
declaraciones de sus propios exdirectivos, la caja avalaba préstamos a
constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de
años su precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la recalificación.
Todo este proceso se llevó a cabo con el visto bueno de las entidades
reguladoras y supervisoras como el Banco de España y la CNMV a nivel
estatal, y el BCE a nivel europeo, los cuales se ha constatado que eran
conscientes del enorme riesgo que suponía el modelo de crédito
clientelar centrado en el sector inmobiliario.
Esta situación solo puede
explicarse por la captura de los órganos reguladores por parte de
intereses de las élites políticas y económicas, de forma parecida a lo
sucedido en las cajas y bancos mismos por parte de las élites
autonómicas y locales. Esta dinámica se vio reforzada por la creciente
participación de empresas privadas de auditoría externa en la evaluación
del riesgo crediticio, y de consultoras que asesoraban estratégicamente
a las entidades, generando una carencia total de transparencia y
creando situaciones de conflicto de intereses. Empresas como Deloitte y
KPMG han sido sancionadas en España por haber realizado infracciones
consideradas “muy graves” y “graves” en su actividad auditora de
entidades crediticias.(...)
Las entidades de crédito llevaban a cabo una política agresiva de
captación de clientes entre sectores vulnerables, ofreciendo préstamos
hipotecarios en condiciones abusivas y pasivos híbridos como las cuotas
participativas, las preferentes y las subordinadas, sin que en muchos
casos estos clientes fueran plenamente conscientes de los riesgos de lo
que estaban contratando.
Las cifras de desahucios y ejecuciones hipotecarios son un indicador
de la laxitud con la que se otorgaban préstamos hipotecarios, y de los
abusos que se produjeron en este campo. Durante el periodo anterior a la
crisis se concedieron préstamos hipotecarios sin verificación de rentas
y los ingresos no eran comprobados.
Tampoco se utilizaba la información
de la Central de Información de Riesgos para determinar la idoneidad de
los clientes para endeudarse. Además, se dieron hipotecas a quien no
había tenido capacidad de ahorro previa. Tampoco se consideraba la
seguridad del empleo como criterio, dado que se otorgaban los préstamos
con demostrar que se había recibido un salario el último mes.
Frente al
incremento de precios de la vivienda y para tener créditos hipotecarios
con una cuota mensual baja, se alargaron los plazos por sobre los 30 o
40 años, llegando a conceder hipotecas hasta de 50 años plazo.
Posteriormente, cuando empezó la crisis, los bancos y cajas de
ahorros ante la morosidad y falta de pago de las cuotas hipotecarias
comenzaron una agresiva campaña de ejecuciones hipotecarias, muchas de
ellas fundamentadas en cláusulas abusivas que protegían sus intereses.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), desde inicio de la crisis en las 2007 y hasta
2017 se han producido cerca de 750 mil desahucios y 585 mil ejecuciones
hipotecarias. El 55% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre
viviendas corresponde a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008. Las
entidades desplegaron una agresiva estrategia de persecución judicial en
contra de los deudores hipotecarios para usufructuar, enriquecerse y
aprovecharse de los clientes (...)
De hecho, como ha expuesto Andreu Missé en su libro “La gran estafa de
las preferentes”, las entidades de crédito colocaron más de 14.000
millones de euros en participaciones preferentes entre su clientela
entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, cuando se congeló el mercado
interbancario, todo ello con aquiescencia del Banco de España. Para las
autoridades, la prioridad fue asegurar la solvencia de bancos y cajas,
aunque fuera a costa de engañar a los ahorradores para que asumieron las
pérdidas de las entidades de su propio bolsillo. (...)
El Memorando de Entendimiento de 2012 fue la base para infligir
ulteriores quitas, que se aplicaron a los ahorradores atrapados en estos
productos, que en algunos casos alcanzaron el 70%. En España, las
sanciones totales impuestas por la CNMV fueron ridículas comparadas con
el volumen total de participaciones preferentes y obligaciones
subordinadas comercializadas entre pequeños ahorradores hasta 2013, que
ascendió a más de 42 mil millones de euros. (...)
Otro caso que cabe mencionar fue el de la salida a bolsa de Bankia, de julio de 2011. (...)
El 60% de los inversores eran minoristas con inversiones de entre 5.000
y los 6.000 euros. La responsabilidad del Gobierno en este caso es
clara, dado que aprobó un decreto en febrero de 2011 que la posibilitó
la salida a bolsa de Bankia. Las autoridades (CNMV, Banco de España y
Ministerio de Economía-FROB) habían aceptado los estado financiero que
presentó Bankia en el folleto de salida a bolsa. (...)
Por su parte, la excúpula de la CAM falseó sus cuentas con el objetivo
de saquear la entidad mediante el cobro de bonificaciones ilegales
ligadas al buen funcionamiento de la entidad y prejubilaciones
millonarias, cuando ésta estaba técnicamente en quiebra.
También se
habrían realizado operaciones inmobiliarias a través de una sociedad
participada, a la que la misma caja habría financiado para construir y
adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, principalmente en México y
República Dominicana, y con la que se desviaban fondos a otras
sociedades situados en paraísos fiscales del Caribe.
Por otro lado, el
expresidente de la entidad Modesto Crespo ha admitido la irregularidad
de los cobros de dietas de 300.000 euros anuales a través de una
sociedad participada, aceptando 9 meses de cárcel como autor de un
delito de apropiación indebida agravada. (...)
En definitiva, de esta investigación se puede concluir que el sistema
financiero necesita un replanteamiento profundo, para que el lucro y el
beneficio económico de los directivos dejen de ser protagonistas, y en
el que la regulación financiera delimite las actividades de las
entidades de crédito.
Para ello es necesario que las entidades de
crédito adquieran un carácter público y democrático.
También queda claro
que es necesaria una reforma profunda de la administración del estado,
en especial de los cuerpos reguladores y supervisores del sector, para
que su captura no vuelva a suceder.
También será necesario sustraer de
las manos de los agentes privados el rol de tasación, calificación de
riesgo y auditoría para evitar la opacidad y el conflicto de intereses
presente en esta crisis.
Finalmente, será necesario eliminar el
neoliberalismo económico engranado en las instituciones europeas, dado
que la arquitectura del euro ha generado los desequilibrios que nos han
llevado a la crisis, y el corsé de la austeridad impuesto en sus
tratados no permite a España salir de ella." (Josep Vendrell, Sergi Cutillas, El Salto, 31/10/18)
