"Durante los primeros días del pasado mes de marzo el equipo de Luis
de Guindos, el ministro de Economía, se aplicó a conciencia para evitar
que la agencia de calificación de deuda Standard & Poor’s (SP)
situara a Catalunya en el nivel de impago puntual ( selective default),
un concepto que califica una situación en la que el deudor incumple el
pago de una deuda mientras atiende el resto de sus obligaciones.
La
agencia se planteó esa decisión una vez tuvo conocimiento de que un
banco, el BBVA, estaba cobrando intereses de demora por un crédito a la
Generalitat a corto plazo ya vencido e impagado.
Aunque al final se evitó tal dramático desenlace revertiendo un
informe muy duro de la agencia de calificación, la alarma se disparó en
el Ministerio de Economía al conocer las intenciones de SP, pues las
deudas de las administraciones incorporan una cláusula ( cross default)
que permite a los acreedores reclamar la devolución inmediata de la
deuda si se produce un impago, aunque sea parcial o puntual.
Es decir,
la Generalitat y, en cascada, el Estado se encontrarían ante un aluvión
de ejecuciones de la gran mayoría de la deuda bancaria y financiera no
vencida. Un escenario indeseado tanto en Madrid como en Barcelona.
Pero en cada ciudad a su manera. En la capital catalana, la inquietud
del vicepresident y conseller de Economia, Oriol Junqueras, y su equipo
se centró en el impacto político y de imagen de un bochornoso escenario
de espantada financiera que cuestionaría la idea de que los mercados
son potenciales aliados, se compensaba sabiendo que el Gobierno central
tendría que echar mano del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para
evitar una dinámica de impago del Estado.
En el caso de Madrid, las cosas eran diferentes. Por un lado, el
Gobierno de Mariano Rajoy había asegurado a los inversores
internacionales que el Estado estaba detrás, garantizaba las deudas de
todas las administraciones españolas, y el dictamen de SP certificando
un impago pondría en cuestión esa seguridad.
Por otro lado, el Gobierno,
con Luis de Guindos a la cabeza, llevaba mucho tiempo trabajándose la
mejora de sus propias calificaciones de deuda por las agencias, además
de SP, Moody’s y Fitch.
El ruido a cuenta de las estrecheces catalanas
ponía en evidencia esos esfuerzos. Después se sumó el cambio de
escenario de la economía mundial y la incertidumbre tras las elecciones
generales y la dificultad para constituir un nuevo gobierno.
En
conclusión, Moody’s anunció, coincidiendo con los días de la tormenta
catalana, que descartaba elevar la nota de la deuda española. El pasado
viernes SP mantuvo la suya. (...)
¿Alguien puede considerar que la economía española ha dejado atrás la
crisis? El año pasado hubo un crecimiento superior al 3%, incrementos
de la recaudación de casi dos dígitos, el precio del petróleo marcó
mínimos históricos, la deuda pública (Draghi mediante) se colocó
prácticamente gratis, el euro mantuvo su perfil bajo, hubo récord
turístico…. Y aun así, el déficit fue de 56.000 millones.
El Estado está
en colapso territorial, la Seguridad Social sigue cavando un agujero
financiero descomunal que pone de manifiesto que el mercado de trabajo
está hecho unos zorros pese a (tal vez a causa de) la pregonada reforma
laboral, y la economía se enfría.
Tal y como están las reglas, el Gobierno, sea nuevo o el actual en
funciones, debería asumir un ajuste en lo que queda de año de unos
25.000 millones de euros para cumplir con el antojo de Bruselas.
¿Cree
alguien que tal cosa es posible? Ni en este año ni el que viene. España
profundiza su crisis territorial y la ausencia de un modelo económico de
crecimiento sostenible. Sólo faltaría ahora algún integrista del
déficit para añadir gasolina al incendio." (La crisis que revela el déficit, de Manel Pérez, La Vanguardia, en Caffe Reggio, 03/04/16)
