"Usted paga mi sueldo de catedrático en una universidad
pública y los proyectos de investigación científica que dirijo. Tiene
por tanto todo el derecho a saber en qué empleo mi horario de trabajo.
Hace unos días decidí cuantificar el tiempo que dediqué a cada una de
mis actividades profesionales.
Invertí un 30% de mi horario semanal en
tareas docentes: clases presenciales, elaboración de un examen,
corrección de ejercicios y tutorías. Sólo pude dedicar otro 30% a tareas
puramente científicas: informar sobre un manuscrito científico a
petición de una revista, reunirme con mis colaboradores para discutir la
marcha de sus experimentos y corregir parcialmente el borrador de una
tesis doctoral.
No puede dedicar apenas tiempo a la lectura de
publicaciones de mi campo de investigación, algo esencial para la
competencia de un investigador en activo, ni a escribir varios artículos
científicos que tengo pendientes de publicar. La causa de ello es que
dediqué 4 de cada 10 horas a realizar trámites burocráticos. Algunos de
estos procedimientos son razonables.
Por ejemplo: tuve que redactar la
memoria final de un proyecto de investigación financiado por el Gobierno
central. El Ejecutivo hace bien pidiendo un balance del rendimiento
obtenido por mi laboratorio de los fondos públicos que hemos disfrutado
durante tres años.
Es dinero que proviene de sus impuestos y usted
merece que se justifique claramente qué se ha hecho con él. Lo que ya no
parece tan razonable es que tuviese que dedicar otra parte sustancial
de mi tiempo en reescribir por enésima vez mi curriculum profesional
para adjuntarlo a una nueva solicitud. La convocatoria correspondiente
establece que el curriculum ha de escribirse obligatoriamente en un
formato muy concreto y rígido.
Rizando el rizo, esa semana tuve
que hacer tan tediosa tarea en dos ocasiones, con formatos diferentes,
para optar a sendas convocatorias ...¡de la misma institución! Tampoco
parece razonable que hubiese de redactar un proyecto de tesis doctoral
para una doctoranda a la que acaban de otorgar una beca. Esa beca es
consecuencia directa de un proyecto de investigación para el que obtuve
financiación hace unos meses.
Y en la descripción técnica de ese
proyecto se especifica lo que tiene que hacer el becario. Pero a quien
lo supervisa no le parece suficiente, y tuvimos que reescribir el
proyecto en un nuevo formulario. Por último tuve que realizar un informe
detallado sobre mi asistencia a un simposio internacional y elaborar
una serie de documentos para poder cobrar los gastos de inscripción que
adelanté hace meses de mi bolsillo.
Es la segunda vez que lo hago: me
devolvieron todos los papeles por varias cuestiones formales, incluyendo
la necesidad de que firmara el mismo documento, en la misma página, en
dos lugares diferentes: en uno como asistente al congreso y en otro como
responsable del gasto. ¿Es acaso imaginable que como responsable del
proyecto desautorizara la asistencia de mí mismo a dicho simposio? En
conjunto, querido contribuyente, he dedicado casi la mitad de mi tiempo
semanal a trámites farragosos.
¿Cree usted que estoy haciendo un
buen uso de mi tiempo? ¿Quiere usted que los responsables de los
proyectos científicos sufragados con su dinero nos dediquemos en mayor
medida a realizar trámites que a diseñar experimentos, discutir
resultados científicos y publicarlos para general conocimiento y
beneficio social?
Se preguntará cómo hemos llegado a semejante
dislate. La Administración pública española fundamenta en el papeleo la
pretendida garantía de rigor a la hora de manejar los fondos públicos.
En los últimos años, como consecuencia de los abundantes casos de
corrupción, la burocracia se ha acentuado. Auditores privados que
trabajan a comisión bucean en los legajos, buscando presuntas
irregularidades en la justificación de gastos realizados hace años.
Recientemente
me solicitaron el certificado de asistencia de un antiguo doctorando
mío a un congreso científico celebrado en Bilbao en 2007.
Afortunadamente mi ex-doctorando es un tipo ordenado y me pudo enviar
tan importante papel. En caso contrario, mi universidad habría tenido
que devolver unos cientos de euros al Ministerio. ¿Ha sido la ciencia
acaso el ámbito donde han proliferado el chanchullo y el mangoneo? Da
igual; los investigadores también somos presuntos malversadores,
mientras el certificado y el memorando no indiquen lo contrario.
Esta
fiebre fiscalizadora conlleva una reacción en las administraciones
fiscalizadas, que cada vez imponen más controles a priori para autorizar
los gastos. Más papeles pues, más memorandos, más instancias y por
supuesto más burócratas que escruten los documentos y muevan toneladas
de papel, ahora convertidas en innumerables terabites digitales que
bullen en los ordenadores ministeriales, autonómicos y universitarios.
Yo mismo he decidido contratar una persona para gestionar el papeleo de
mi laboratorio; de los menguantes fondos, una parte se irá pues a
contratar mi propio burócrata. La tendencia imperante podría resumirse
así: contra la corrupción, burocracia. ¿Y alguien cree de verdad que el
papeleo evita la malversación? Mi doctorando podría haber pillado el
certificado en el congreso y haberse ido acto seguido a tomar potes al
casco viejo bilbaíno.
Pero si se hubiese comportado así, no habría
producido resultados relevantes que publicar en buenas revistas; no
habría podido conseguir luego una beca posdoctoral de la Liga Francesa
contra el Cáncer y no trabajaría hoy en un centro internacional de
primer nivel donde acaba de recibir un premio por descubrir un
interesante mecanismo de interés oncológico.
Por nada de esto preguntó
el auditor, pero esa es la auditoría que realmente cuenta, querido
contribuyente: la que demuestra que mi antiguo doctorando no se dedicó a
perder el tiempo y sí aprovechó diligentemente los preciados impuestos
que paga usted.
Los científicos estamos acostumbrados a que
fiscalicen nuestros resultados. Colegas, frecuentemente de otros países,
actúan como revisores anónimos que califican nuestra productividad
científica; en caso de que no hayamos producido buena ciencia se nos
acaba la financiación. Es así en todo el mundo y afortunadamente es
también así en España desde hace más de 30 años.
Un sistema como éste,
de fiscalización por resultados, habría evitado por ejemplo el corrupto
festín de los cursos de formación para desempleados, cuya concesión tan
fácilmente obtenían todo tipo de entidades cercanas a la administración
de turno, a pesar de su pésimo desempeño. En ciencia no es tan fácil
conseguir fondos; no se obtienen por proximidad al poder.
Y una vez
conseguidos, el tiempo es un bien precioso imprescindible para hacer
buen uso de ellos. ¿Cree usted, querido contribuyente, que ahogarnos
entre papeles garantiza la rentabilidad de sus impuestos? ¿No sería más
provechoso desmontar esa costosa e inútil burocracia para dedicar esos
fondos a incrementar los menguantes presupuestos de investigación? Pídaselo a su político favorito en las próximas elecciones, por favor." (
Sebastián Chávez , Ciudadano, científico y genetista,
Huff Post, 08/04/2015)
