Colecta en un instituto de Madrid para pagar las tasas de la selectividad de varios alumnos...

 "El correo que llegó a la bandeja de entrada de los docentes de parte de la dirección de un instituto de Móstoles no fue una sorpresa, aunque dejaba claro que algo iba mal en el sistema. 

La directora del centro pedía a través de un escueto mensaje a su equipo de profesores que, quien quisiera, podía aportar algo de dinero para que algunos alumnos hicieran frente a las tasas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua selectividad. 

No es la primera vez que pasa, según confirma Esteban Álvarez, presidente de la asociación de institutos de Madrid (Adimad), pero este curso de pandemia el problema se está incrementando de una manera “incalculable” por el momento y ninguna institución pública hace nada para impedirlo. 

CC OO asegura que de los 50.000 alumnos que estudian segundo de Bachillerato en la región madrileña, al menos 7.500 están en riesgo de exclusión social. Los chicos, que deben pasar ese examen para tener acceso a la universidad, dependen ahora de una colecta de sus profesores. Si no, se pondrán a trabajar.  (...)"                    (Berta Ferrero, El País, 27/04/21)

España se enfrenta a la pérdida de una generación de jóvenes investigadores

"Hoy, 28 de noviembre, nace oficialmente el grupo de trabajo Aseica-Joven. Estoy emocionada, ilusionada y orgullosa a la vez que alarmada y preocupada, muy preocupada.  (...)

Aseica-Joven esta formada por estudiantes de doctorado, postdoctorales y líderes de equipos de investigación emergentes. Una de nuestras primeras iniciativas ha sido la puesta en marcha de campañas que reflejen el éxito de nuestros jóvenes investigadores en cuanto a la obtención de financiación para sus proyectos de investigación en convocatorias muy competitivas tanto nacional como internacionalmente. Confieso que me emocioné al ver muchas caras conocidas de mi época de estudiante entre los galardonados. (...)

Estoy encantada al ver que la ciencia joven está motivada, comprometida e ilusionada con su trabajo. ¡Hasta nos han llegado vídeos en los que han colaborado ilustradores gráficos para hacer un cómic! Esto indica que, pese a las dificultades a las que nos enfrentamos, las vocaciones científicas siguen vivas y activas en nuestro país. Esto es un motivo de orgullo y de esperanza puesto que indica que la cantera de científicos, nuestro futuro a corto plazo, sigue ahí con ganas de hacer cosas e inmune al desánimo. 

Estos sentimientos positivos se mezclan, sin embargo, con otros de alarma y de preocupación. Desde Aseica llevamos mucho tiempo alertando de la situación de deterioro en la que se encuentra nuestro sistema científico, en donde el retroceso de los fondos destinados a nuestro sistema de I+D+i han retrocedido a los niveles existentes hace quince años. Sí, no es una errata: quince años. Estos datos me alarman especialmente ya que ponen en riesgo la viabilidad de nuestra ciencia joven. Sí, esa misma que estaba viva y se movía sólo unas líneas más arriba. 

Con este escenario de precariedad, España se enfrenta a la posible pérdida de toda una generación de jóvenes investigadores en cáncer, científicos brillantes, comprometidos y motivados. Pero Aseica-Joven sigue moviéndose porque, sí también, nos negamos a asumir que estos nubarrones no puedan ser combatidos.

Aprovechando la puesta de largo de Aseica-Joven estos días, hemos presentado un documento que refleja la situación en la que nos encontramos muchos investigadores jóvenes. La Radiografía del joven investigador en España es el resultado de una encuesta realizada por Aseica a investigadores menores de 40 años que trabajan dentro y fuera de nuestras fronteras con el fin de conocer sus preocupaciones y expectativas de futuro.   (...)

Empiezo a leer los resultados y la verdad es que, inicialmente, pintan bien. La totalidad de los jóvenes profesionales que investigan en cáncer ha trabajado o trabajará fuera de España durante los primeros años del desempeño de su carrera. La formación en el extranjero es una experiencia muy positiva y enriquecedora tanto a nivel profesional como personal. 

Sin embargo, el 90% de los investigadores españoles que está trabajando actualmente fuera de nuestras fronteras piensa que no podrá volver a trabajar en España en un futuro próximo. Estoy devastada. Devastada porque me viene a la cabeza el momento en el que, estando en Inglaterra y lejos de mi familia, me ofrecieron un puesto de investigadora para volver a España. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida, sin duda. Y pensar que el 90% de los jóvenes investigadores han perdido la esperanza de poder sentir esa emoción, me preocupa y mucho. 

Las respuestas de los investigadores que trabajan en nuestro país también han acentuado mi preocupación. El 48% de ellos no cree que el futuro de su línea de investigación esté asegurada y piensa que, si quiere continuar trabajando en investigación, tendrá que hacerlo seguramente fuera de nuestro país. Los miles de puestos de trabajo desaparecidos en los últimos años, la escasa y devaluada convocatoria de empleo público, el deterioro gradual de los sueldos, la pérdida de autonomía laboral y la degradación de las condiciones laborales que se han producido a lo largo de estos quince años representan en la actualidad, una auténtica espada de Damocles que pende sobre los hombros de todos las generaciones de científicos jóvenes de nuestro país.  (...)

Una de las conclusiones que extraigo de los datos que os he presentado es que los jóvenes científicos están empezando a desmotivarse, por tanto están dejando de moverse. No podemos ni debemos permitirlo. Aseica-Joven se ha creado para no conformarse con esta situación y luchar para que cambie. No es tan difícil, si pensamos el pequeño porcentaje de financiación que se requeriría para conseguirlo. Es cuestión de que los líderes del país se conciencien y tomen, ya, cartas sobre el asunto. 

Y yo me pregunto, ¿dónde está el líder? Lamentablemente, es una de las pocas preguntas que la ciencia no puede responder. "

(Verónica Torrano es investigadora UPV/EHU, investigadora asociada CICbioGUNE y miembro de Aseica-Joven. Verónica Torrano, El País, 28/11/19)

Primer embargo judicial por un préstamo universitario en España

"Una joven que solicitó un crédito de 18.000 euros para pagar sus estudios de máster va a ser embargada por un juzgado de Madrid, porque no ha devuelto el dinero en el plazo convenido, según ha denunciado la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad.

 Se trata, asegura la entidad, del primer embargo judicial por este tipo de préstamos que concedió el Ministerio de Educación entre los años 2007 y 2011, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y que han sido muy cuestionados por los problemas que luego acarrearon a sus solicitantes.

"El ministerio creó, en tiempos de Zapatero, un sistema de préstamos ligados a la obtención de una renta futura, es decir, un sistema por el que los titulados universitarios solo estarían obligados a devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros", explican fuentes de la asociación. Es un modelo muy similar al que funciona desde hace años en países como el Reino Unido. 

"Sin embargo, en convocatorias sucesivas el ministerio eliminó este umbral de devolución sin informar del cambio de naturaleza de los préstamos y los bancos colaboradores comenzaron a reclamar a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso les están incorporando en ficheros de morosidad", añade el colectivo de afectados. 

El ultimátum de las entidades bancarias, que en el 2013 exigían una media de 300 euros mensuales a sus deudores, llegó justo en plena crisis, cuando muchos de aquellos jóvenes tenían serios problemas para encontrar un empleo. El ministerio, que eliminó estas ayudas nada más llegar José Ignacio Wert, trató de negociar prórrogas, pero estas fueron insuficientes.

Sin que la afectada lo supiera

El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid dictó el año pasado una orden general de ejecución por una cantidad de 18.000 euros contra una joven que recibió un préstamo Renta Universidad, que es como se llamó este sistema de financiación estudiantil. Según el fallo, más de 4.000 euros son en concepto de interés y costas.

"El procedimiento judicial se ha desarrollado sin el conocimiento de la afectada, ya que el Ministerio de Educación no avisó en ningún momento de la existencia de esta reclamación judicial y el banco no pidió al Ministerio el domicilio de la prestataria a efectos de notificaciones". La joven se ha enterado del procedimiento al comprobar que el dinero le había sido embargado de su cuenta bancaria.  (...)"                    (María Jesús Ibáñez, El Periódico, 15/05/18)


"Miles de titulados superiores, "condenados a la exclusión" por un préstamo trampa.

Unos 5.000 jóvenes españoles siguen atrapados en la telaraña de los préstamos universitarios que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2011, según denuncia la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta. Fueron cuatro convocatorias del Ministerio de Educación financiadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que aquellos jóvenes que quisieran estudiar un máster o un doctorado no se vieran privados de ello por motivos económicos. Las condiciones fueron haciéndose más estrictas a cada nuevo año, convirtiendo el préstamo público en un simple crédito bancario maquillado.

Ahora, muchos de esos estudiantes, todos titulados superiores que aspiraban a formar parte de la élite económica del país, los futuros ingenieros, cirujanos e investigadores, se ven incapaces de devolver el dinero porque no tienen trabajo o lo tienen en condiciones muy precarias.

La primera convocatoria del Préstamo Renta Universidad (PRU) en 2007 ofrecía unas condiciones fantásticas: interés al 0% y ninguna obligación de pagar hasta que la renta anual no superase los 22.000 euros. Si en 15 años no se alcanzaba ese sueldo, prescribía la deuda. 

Ese año, todavía en la cresta de la ola económica, nadie pensaba que un titulado superior no fuese a cobrar 22.000 euros en un margen de 15 años. El paro entre los menores de 25 años era entonces del 18%. Pero llegó el batacazo en 2008 y lo que parecía imposible ocurrió. El desempleo juvenil escaló y el de los adultos con estudios terciarios (FP de grado superior y universidad) se extendió como una mancha de aceite.

"Es cierto que en cada convocatoria las condiciones fueron endureciéndose", explica Miguel Ángel Llamas, portavoz y abogado de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta. "Pero todos los estudiantes pensaban que contrataban préstamos del Ministerio de Educación concedidos por el Instituto de Crédito Oficial, no de entidades bancarias". 

Banco Santander estuvo detrás del 80% de los préstamos renta concedidos en esos cuatro años. Unicaja, Caixabank, Cajamar y otras entidades se repartieron el resto.

Los afectados denuncian que, en estos últimos años, todas las entidades han estado reclamando a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso les están incorporando en ficheros de morosidad, lo que les impide acceder a ninguna fuente de financiación para desarrollar sus negocios o proyectos vitales. (...)

"No puedo con mi cuerpo de tanto estrés acumulado, me está mermando la salud. El banco me ha enviado cartas, he recibido llamadas, me presionan para que pague y me da miedo que me metan en una lista de morosos. Te hacen sentir culpable, como si hubieras hecho algo mal al pedir ese préstamo", confiesa Laura, doctora en psicología. Ella pidió el máximo posible, 28.800 euros en el año 2009 para pagar un máster y una tesis doctoral. 

Sigue adeudando esa cantidad y vive en casa de sus padres de manera precaria, con trabajo pero con apenas dos ingresos al año de una universidad para la que ejerce de profesora. Se reconoce agotada de que el banco, en este caso el Santander, la persiga.

 "Mi madre padece Alzheimer y a mi padre acaban de diagnosticarle un cáncer de próstata. Me paso las noches sin poder dormir, preocupada porque soy yo la que debería estar ayudando a mis padres, y no ellos a mí", relata.

"Que el banco me lleve ante un juez y me pida que les devuelva el dinero, porque no lo voy a hacer. Mi deuda es con el Ministerio de Educación", afirma Santiago, máster en Arqueología por la University College de Londres y con 14.000 euros pendientes del PRU. En 2011 pidió 22.000 euros. "Me dijeron que hiciera el máster, que al volver tendría trabajo seguro. Me siento engañado". 

Santiago ha ido saltando de proyecto en proyecto entre ayuntamientos y museos. Logró encadenar cinco meses de contrato laboral del que solo cobró tres, aunque el contrato en principio era para cuatro años. Su único trabajo estable ha sido un curso de profesor en una universidad de Ecuador. (...)

"Este préstamo es una condena a la exclusión de estas personas en el futuro, porque no hay salida y el ministerio no escucha. Se trata de la generación más golpeada por la crisis, la que ahora tiene algo más de 30 años y que se ha visto sin un proyecto de vida, sin trabajo estable y ahora con una deuda que no saben si van a poder pagar algún día", lamentan desde la asociación de afectados."           (David Brunat, El Confidencial, 18/05/18)

Cuando hablar de un máster sirve para tapar la privatización de la enseñanza pública. La Universidad Rey Juan Carlos es una de las avanzadillas de ese modelo educativo... con la convenios de colaboración en la formación de cuadros dirigentes, en la política, las administraciones públicas y en las empresas

"(...) la pillada de Cifuentes es el modo último que ha empleado el capital para asestar otro gran golpe al crédito de la enseñanza pública y a ello han jugado tanto los poderes económicos y los sectores de la derecha (Ciudadanos) interesados en el desplazamiento de lo público hacia lo privado como los de izquierda (los progres), ávidamente interesados en sustituir a las élites políticas del momento.  (...)

Hoy el capitalismo tiene serios problemas para encontrar en la producción industrial la acumulación de capital que necesita para reproducirse. El proceso de desmonte del Estado del Bienestar le brinda la ocasión de convertir su crisis en oportunidad. (...)

La URJC (Universidad Rey Juan Carlos) es una de las avanzadillas de ese modelo educativo. Los convenios de colaboración en la formación de cuadros dirigentes, en la política, las administraciones públicas y en las empresas   han sido la tónica habitual en la concesión de estos estudios postgrado. Los medios del capital han preferido no hablar  apenas de las connivencias público-privadas.

Lo que la URJC representa como ejemplo concreto de penetración de la “iniciativa privada” (capital privado, para entendernos)  en la educación pública, lo encarna la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), compuesta por 50 universidades públicas y 26 privadas.

Ni la URJC (ligada al PP), ni la CRUE (creada en el último período PSOE de Felipe González) pueden hacerse el harakiri de una autocrítica sobre sus procedimientos, más que dudosos, respecto a la manera en la que han corrompido la valoración de sus estudiantes a partir de la fabricación masiva de títulos. La transición desde el prestigio de la universidad pública hacia su descrédito requiere de cierta cautela y “savoir faire”.

 No se puede ir demasiado a lo loco y poner en evidencia la manera en la que se intentan cargar la enseñanza pública superior. Todavía queda cierta masa crítica, cierto que incapaz de denunciar este proceso dentro del ruido mediático iniciado por un medio progre (El Diario), que no habla de estas cosas, y seguido por todos los demás interesados en el mismo objetivo.

Mientras tanto les sugiero que se interesen por cómo en determinados ámbitos privados, y les aseguro que proliferan, se están ofreciendo titulaciones de máster, sobre todo en MBA, asunto tan buscado no solo entre candidatos a nuevos tiburones económicos sino también por los políticos al alza, con el fin de prestigiarse.

Se da el caso de que dichas titulaciones en universidades privadas se ofrecen incluso online, sin ir a la clase ¡Qué casualidad!, como en el caso de Cristina Cifuentes, que tampoco apareció por las aulas.

En un mundo dominado por el fetichismo de la mercancía del título universitario, luego que la diferencia entre diplomado y licenciado se borró con el invento del grado, tras la superinflación de titulaciones superiores porque la Formación Profesional era para tontos, a pesar de su alta cualificación y mejores salidas laborales, sólo el máster podía ser el salto superior a la carrera universitaria. Y así andamos. No aprendemos.

A los hijos de la clase trabajadora nos van poniendo nuevos escalones que nos distancien en la pirámide social, sin que nos planteemos si el objetivo de nuestras vidas debe pasar por desclasarnos y competir en un mundo en el que el asalariado siempre irá a la baja, y más si viene de la universidad pública, porque se trata de desprestigiarla.

 Si nuestra clase de origen no nos permite saltar los nuevos obstáculos que nos crean las dominantes ante la inflación de títulos y el exceso de demanda del candidato a un puesto de trabajo, tanto peor para nosotros.  (...)"                   (Marat , Sociólogo, Crónica Popular, 26/04/18)

Carta abierta a la Ciencia

"En las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes Generales de España podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuirían a su colapso. 

Esto implicaría el mantenimiento de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y políticas. Ante esta situación, solicitamos a los responsables políticos:

✓ Evitar que se lleve a cabo una nueva reducción de la inversión en I+D+i. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). 

De ratificarse el recorte barajado para el 2012, en los últimos años los Organismos Públicos de Investigación habrán sufrido una reducción acumulada del 30% de la dotación procedente de estos presupuestos. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB, sin embargo se estima que para el 2011 será de menos del un 1,35%. A medio plazo es crítico alcanzar la media de la UE-27 del 2,3% y converger hacia el objetivo del 3% del Consejo Europeo.

✓ Que se incluya la I+D entre los “sectores prioritarios” ermitiendo una Oferta de Empleo Público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos. Esto evitaría una fuga de científicos y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.

“El modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.” 

Estas palabras, extraídas del Preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fueron aprobadas en Mayo del 2011 por el 99% de los miembros del Congreso y Senado español, constituyendo un Pacto de Estado tácito sobre la necesidad de priorizar la I+D. El diagnóstico es inequívoco y la solución ha sido identificada. 

Ahora sólo falta que los líderes políticos estén a la altura de sus responsabilidades y cumplan con su palabra. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por las Cortes Generales y el Gobierno español en las próximas semanas es el momento de demostrar ese compromiso.

 Unos presupuestos con recortes en I+D+i, como los que se están barajando actualmente, dañarían gravemente y a largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación en España, tanto su infraestructura como especialmente su capital humano. Esto supondría una pérdida de competitividad y así ha sido reconocido por el Consejo Europeo. 

En el memorandum del 2 de Marzo 2012, “El Consejo Europeo confirma la investigación y la innovación como motores del crecimiento y el empleo (…). Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE han enfatizado hoy (…) que la estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual (…) requiere un impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo, (….) componentes vitales de la futura competitividad y desarrollo de Europa” (MEMO/12/153). 

Por ello que urgimos a los responsables políticos españoles a que tengan en cuenta las siguientes consideraciones.

RECURSOS HUMANOS EN I+D

El Real Decreto-ley 20/2011 de Medidas urgentes para la corrección del Déficit Público (BOEA-2011-20638, 31 de diciembre del 2011, Art. 3) establece que “la contratación de personal (…) se restringirán a los sectores (…) que se consideren prioritarios”. “Durante el año 2012 serán objeto de amortización (…), un número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan, (…) salvo en los sectores (…) que se consideren prioritarios.”

El preámbulo citado de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece el carácter prioritario de la I+D+i. Por tanto, el Real Decreto-ley 20/2011 permite reactivar el empleo público en I+D, indispensable para fortalecer las instituciones de investigación. 

Durante los últimos tres años, la Oferta de Empleo Público ha castigado muy duramente a estas instituciones, que han sufrido una drástica reducción en el número de nuevas plazas. Para conjunto de todos los Organismos Públicos de Investigación y CSIC, e incluyendo todos los niveles investigadores (desde personal de laboratorio hasta profesores de investigación), el número total de nuevas plazas ha sido de 681, 589, 106, 50 y 55, para los años 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011, respectivamente. La intención del Gobierno es ofrecer cero plazas en el 2012. La situación es insostenible: el conjunto de todos los organismos públicos de investigación (OPIs) agrupa a unos 140 centros con una edad media de 50-55 años, llegando hasta los 58 años en el CSIC. La plantilla fija de los centros de investigación se está reduciendo aceleradamente porque durante los últimos años las plazas que quedan libres por jubilaciones no se reponen. Mientras, el resto de la plantilla queda relegada, en el mejor de los casos, a una concatenación de contratos de corta duración. El resultado es una importante pérdida de competitividad porque formar equipos y captar financiación requiere un grado de estabilidad que un gran número de investigadores en su pico de productividad aun no poseen, ya sea dentro del modelo funcionarial actual o de contratación laboral. De hecho, es urgente flexibilizar la contratación en investigación para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable los planes estratégicos. De lo contrario, nunca se alcanzarán los objetivos marcados y el abandono de líneas de investigación supondrá una importante pérdida de inversión. Por ejemplo, CSIC, el mayor OPI con 133 centros, ha recibido durante los años 2010 y 2011 menos de un 20% de las necesidades mínimas de personal investigador establecidas en su plan estratégico (Plan de Actuación 2010-2014). El resto de los OPIs están en una situación similar o incluso peor. La falta de estabilidad en la política de recursos humanos del sistema nacional de I+D daña su credibilidad y mina la competitividad. El Programa Ramón y Cajal es un buen ejemplo de ello (pero no es el único). A nivel nacional, este programa es el buque insignia del sistema de investigación en España en términos de recursos humanos. Vio la luz en el 2001 con una visión de futuro cuyo compromiso es, y siempre ha sido, ofrecer la posibilidad de estabilización de los investigadores que hayan superado las dos evaluaciones establecidas durante un “periodo de prueba” de 5 años (en el segundo y en el cuarto año): es el “tenure-track” español. 

Sin embargo, solo un 37% de los investigadores de la convocatoria del 2006 que han superado las evaluaciones stablecidas en el programa ha logrado estabilizarse, siendo este porcentaje significativamente más reducido para los investigadores de la convocatoria del 2007 cuyos contratos empiezan a finalizar en los próximos meses. 

De media, los investigadores que han acabado o están a punto de acabar sus contratos y han superado satisfactoriamente las evaluaciones, tienen 42 años de edad, 17 de los cuales han sido dedicados a la investigación, lideran sus grupos de trabajo, tienen una extensa experiencia en el extranjero y participan en una amplia red de colaboradores internacionales. 

Existen otros muchos investigadores de perfil similar que se encuentran en la misma situación. Es urgente que el sistema de investigación español cumpla los compromisos de su tenure-track actual y se modifique para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable esta figura (el nuevo contrato de acceso en la Ley de la Ciencia dista mucho de ser un tenure-track). 

Las características de la labor de investigación exigen décadas para la formación de un capital humano de calidad. España no alberga un sector privado en I+D+i que pueda absorber y aprovechar a investigadores altamente cualificados. Este capital humano, que tanto ha costado formar y que mejor preparado está para contribuir a un modelo productivo basado en el conocimiento, no va a tener otro remedio que emigrar o dejar la investigación.

 El país se enfrenta a una “fuga de cerebros” multi-generacional (desde los investigadores que empiezan ahora sus tesis doctorales hasta los de 40-45 años). España también se arriesga a cauterizar la vocación por la Ciencia de las generaciones más jóvenes (ahora niños y adolescentes). 

Dentro de unos años, España no tendrá más remedio que importar científicos. Sólo podrá hacerlo atrayéndolos con costosas ofertas que puedan competir con las de países punteros en ciencia, cuyas políticas de recursos humanos tendrán mucha mayor credibilidad. Si España no toma medidas urgentes para conservar el capital humano de mayor excelencia científica, el sistema de investigación tardará décadas en recuperarse, lastrando el ansiado cambio en el modelo económico.

INVERSIÓN EN I+D

La inversión en I+D ha de converger con la media de la UE-27 y aproximarse al objetivo del 3% del PIB establecido por el Consejo Europeo en su Estrategia de Lisboa. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB y se estima que esta cifra será de menos de un 1,35% durante el 2011.

 Mientras que los países motores económicos de la UE están cercanos o por encima del 2,5% (con tres países por encima del 3%), los países rescatados o intervenidos se encuentran muy por debajo del 2,3% (la media de inversión en la Europa de los 27). ¿Casualidad? Evidentemente no: ninguno de los países económicamente sanos en el grupo de cabeza de Europa se ha permitido mantenerse relegado a los vagones de cola en I+D. La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de ciclos políticos y económicos.

 La ausencia de estabilidad, un mal endémico del sistema de investigación español, hace que pierda efectividad y credibilidad. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). España sigue en I+D una política cíclica, que hace aún más vulnerable al país cuando peor está su economía, cortando posibles vías de recuperación. 

Por el contrario, muchos países punteros en investigación adoptan en I+D una política anti-cíclica, de mayor inversión cuanto menos crece la economía. En el 2012, Francia ha anunciado un paquete de estímulo de € 35.000 M para investigación, mientras que Alemania, abanderada de la austeridad, incrementará hasta el 2015 en un 5% el presupuesto de sus principales organismos de investigación (incluyendo al Instituto Max Planck y la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana para la Investigación). 

Asímismo, el 2 de Marzo del 2012, la Comisión Europea, contando con el apoyo del Gobierno español, propuso aumentar muy significativamente la inversión en investigación y desarrollo, pasando de € 55.000 M en el 2007-2013 a € 80.000 M en el 2014-2020 (MEMO/12/153). 

Un modelo económico basado en la generación de conocimiento sólo tendrá éxito si se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en términos de recursos económicos y humanos y si hay un sector privado que apueste por la investigación y la innovación. Para potenciar este último, el Banco de Inversión Europeo y la Comisión Europea crearon en el año 2007 el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido (RSFF).

 Sin embargo, si España no evita la fuga de investigadores, el sistema de investigación español tardará décadas en recuperarse debido a un doble factor: ni las empresas españolas encontrarán personal investigador cualificado para hacer uso de estos recursos financieros europeos, ni las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano para beneficiarse de los recursos económicos de la Comisión Europea (€ 80.000 M en el 2014-2020).

El cambio a una economía basada en el conocimiento, que puede llevar décadas en conseguirse, no debe medirse en legislaturas y requiere un acuerdo de Estado que lo blinde de ciclos económicos y políticos. Es una cuestión de Estado y debería considerarse una prioridad. En palabras del Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos “vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española (…) y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera investigadora” (Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, 21-02-2012). 

Los líderes políticos deberían ser coherentes con el mensaje que están enviando a la sociedad española y a otros países e inversores: no pueden mantener la retórica del cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento, mientras que todos los pasos que dan van en la dirección opuesta, produciendo irremediablemente un grave daño a corto y largo plazo a la infraestructura científica y su capital humano que sólo puede resultar en una economía de conocimiento “prestado” que alberga pocos expertos locales. “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia” (Derek Bok).

 

Colectivo Carta por la Ciencia

 

esta formada por: CRUE, COSCE, CCOO, UGT, Federación de Jóvenes Investigadores, Investigación Digna, en defensa del i+d y una carrera investigadora digna."              (Colectivo Carta por la Ciencia  , Sin Permiso, 15/04/2018)

Rajoy se ha comprometido con la Unión Europea a bajar la inversión educativa hasta el 3,7% del PIB... al nivel de Bulgaria y Rumanía

"(...) La perspectiva es seguir reduciendo la inversión educativa: el Gobierno Rajoy se ha comprometido con la Unión Europea a bajarla hasta el 3,7% del PIB.

 Ello supone la menor inversión de los últimos 20 años y consolidar un recorte de 9.000 millones de euros, que nos deja a un nivel inferior a los de Bulgaria y Rumanía. Y si España invierte poco en educación el gobierno del PP gasta aún menos en Madrid.

Siendo la comunidad con mayor renta per cápita está a la cola en inversión de toda España, junto con Andalucía: en 2014, Madrid invirtió 4.443 euros por alumno, frente a los 8.978 del País Vasco.

 Si además se siguen derivando recursos públicos a la educación privada-concertada, y que dentro de la pública se da más a quien menos lo necesita (centros bilingües o de excelencia), tenemos una radiografía de la desigual realidad educativa que está construyendo el PP. (...)"                (Agustín Moreno, Cuarto Poder, 24/10/17)

A Rajoy "no le consta" que sus recortes han dejado en la calle a 70.000 universitarios

"El Gobierno desconoce a cuantos jóvenes ha expulsado de la universidad con sus políticas de ajuste. Sostiene que no hay registros ni estadísticas del impacto del recorte de las becas y la subida de las matrículas en el abandono de los estudios por parte de los estudiantes por no poder hacer frente al incremento de los gastos. 

Sin embargo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) estimó que unos 70.000 universitarios tuvieron que abandonar sus estudios debido a las reducciones presupuestarias ordenadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. (...)

Para los diputados socialistas Aurora Flórez, Luz Martínez Seijo, Manuel Cruz, Ignacio Urquizu y Guillermo Meijón, la respuesta demuestra una “irresponsabilidad mayúscula” y “un morro más largo que un oso hormiguero”, además de un desprecio superlativo a los datos y advertencias de la CRUE, que ya en su informe La Universidad Española en Cifras, 2013-2014 (PDF) cifró el perjuicio humano de los recortes por la reducción de las becas y las subidas de las tasas universitarias en esos setenta mil estudiantes menos.

Los efectos del estropicio educativo se verán a medio y largo plazo, dijo el entonces portavoz socialista Mario Bedera, quien había sido número dos del ministro Ángel Gabilondo. El PP rechazó el pacto educativo que Gabilondo había logrado con los demás grupos parlamentarios. Y desde el primer Presupuesto, a mediados de 2012, metió las tijeras en la Educación pública, expulsando de sus puestos a más de 30.000 docentes.

Con la decisión de recortar más de un punto del PIB en enseñanza, el Gobierno del PP forzó una subida media de las matrículas universitarias del 20%, al tiempo que redujo las becas. La contabilidad desde 2012 hasta el curso 2016-17 arroja un saldo negativo de 270 millones de euros en becas. 

El informe de la CRUE de 2014 indica que las ayudas universitarias se situaron al nivel de 2004. Pese a los incrementos del presupuesto de este año para reponer las plantilla docentes, España sigue siendo el cuarto país de la UE en carestía de los estudios universitarios y se mantiene por debajo de la media de la OCDE en becas y ayudas al estudio. (...)"               (Luis Díez, Cuarto Poder, 03/07/17)

Tienen expedientes brillantes, con notas medias de sobresaliente, pero hacen un 'crowdfunding' para seguir estudiando tras los recortes de Wert

"En 2013 el ex ministro de Educación José Ignacio Wert pronosticó que, a causa de los recortes en Educación que él mismo puso en marcha, unos 10.000 estudiantes perderían su beca para el pago de las tasas universitarias.

 Cuatro años después ese número abstracto tiene muchas caras, entre ellas las de Nerea, Álvaro, Sandra, Luis, Carla, Alberto, Janna, Diego o Ilda.  Estos nueve estudiantes universitarios son los beneficiarios de Apadrina un becario, una campaña de financiación colectiva o crowdfunding con la que esperan conseguir los fondos necesarios que les permitan seguir estudiando en la universidad. 

 Caridad del siglo XXI para tapar los agujeros de la austeridad.

 Tienen expedientes brillantes, con notas medias de sobresaliente, pero el sistema está a punto de dejarles fuera. Piden 14.000 euros (1.500 para cada uno) para ayudarles con gastos de transporte, residencia o material, porque, como reflejan en la petición, "nuestro sistema educativo, lejos de apostar por la excelencia, ya no es capaz siquiera de garantizar una auténtica igualdad de oportunidades".

 España está entre los países donde más caro sale estudiar una carrera de toda Europa: desde que comenzó la crisis los precios de las matrículas se han incrementado un 45%, mientras que la cuantía de las becas se ha reducido un 21%.

 

Así las cosas el núcleo familiar de algunos alumnos no puede soportar el precio de la educación superior ante un imprevisto. Un progenitor en paro, una emergencia en su entorno, o simplemente ser "gente trabajadora normal y corriente a los que de verdad no les llega" basta para que la carrera universitaria de estos jóvenes corra peligro.

Lo explica a Público Nicolás Valiente, uno de los portavoces de Facultad Invisible, la asociación que ha lanzado la campaña de ayuda para visibilizar la precariedad que atraviesa el sistema de ayudas a la educación español. "Esto es un parche. 

El hecho de que nosotros podamos ayudar a nueve estudiantes; lo primero, a ellos les va a ayudar de forma puntual porque el año que viene van a estar en las mismas circunstancias; y segundo, ayudamos a nueve pero hay miles que se quedan en circunstancias igual de malas", recuerda Valiente.

Facultad Invisible está formada también por estudiantes brillantes. Hasta 160 Premios Nacionales en sus respectivas áreas (alumnos que han terminado la enseñanza universitaria con una nota media de 9 o más) la componen. "Queríamos devolver a la sociedad algo de lo que esta nos había dado, aportando nuestro granito de arena", cuenta Valiente, Premio Nacional en Ingenieria Forestal. (Público, 30/01/17)

La década horrible de la universidad española, en cifras

"La universidad española va camino de completar una década perdida. Lastrados por los recortes provocados por la crisis, los campus españoles tienen hoy menos fondos, menos alumnos, unas tasas más caras, dan más becas pero menos dotadas y tienen menos profesores que hace siete años. El retroceso empezó con la crisis, en 2008. Cumplirá nueve años el próximo curso.  (...)

Desde 2008, año que empezaron la recesión y por tanto los recortes, el conjunto de las universidades públicas españolas ha pasado de disponer de 10.140 millones de euros a los 8.594 millones de euros en 2014, último año del que hay estadísticas cerradas, según datos de las propias universidades recopilados por la Federación de Enseñanza de CC OO. La reducción alcanza el 15,3%. Uno de cada seis euros se ha esfumado.

Esta caída de los presupuestos se ha visto reflejada en el gasto por estudiante, que ha pasado de 7.760 euros por alumno y año a 6.481 (-16,5%). En paralelo a la reducción de recursos públicos han ido aumentando los privados que obtienen las universidades de las tasas, que han ido subiendo para compensar la caída de los ingresos corrientes: los estudiantes antes aportaban el 15% de los presupuestos universitarios, hoy su parte asciende al 22%.  (...)

El descenso de los alumnos tardó en trasladarse a los campus un poco más que la caída financiera, pero llegó. Fue, en concreto, a partir del curso 2012/13, el primero completo con Rajoy al mando del país, y desde entonces no ha parado. En este periodo hay en las universidades españolas 127.000 estudiantes menos, lo que supone un descenso del 10%, que han asumido básicamente los centros públicos. En los privados apenas hay 2.666 jóvenes menos.  (...)

Una de las dos patas de la caída de alumnos. Desde que el Gobierno diera vía libre a las comunidades autónomas para elevar los precios públicos hasta el 25% de su coste real y así compensar la caída de la financiación de la administración, los precios se han encarecido entre un 20% y un 75% —según la fuente y la región—.

España se ha convertido así en el noveno país más caro para estudiar un grado en la universidad, según datos de CC OO. En el escalón superior, los máster, el dato es un poco peor: somos los octavos de 37 países europeos con los precios más altos. Estudiar un curso de 60 créditos de grado cuesta, de media, 1.110 euros hoy, cuando hace cuatro cursos eran 920 euros (20,6% más). Los máster han subido más: de 1.553 euros a 2.388 euros de media (53,7% más). 

 (...)  el número de becarios, es el único indicador que sube y sube, hecho que muchos expertos explican a partir de la caída de las rentas por la crisis, que ha empujado a muchas familias por debajo del umbral mínimo para solicitar una beca. Desde el curso 2008/09 el número de becarios ha subido un 27,5% (de 370.000 a 472.000). 

La cuantía que reciben no ha seguido una trayectoria tan generosa. En el mismo curso de referencia era de 2.346 euros/año, alcanzó su pico el primer año de gobierno popular con 2.568 y empezó a caer hasta los 1.869 euros en el 2013/14, último del que hay estadísticas cerradas. (...)

Profesores

Otro colectivo afectado por la crisis y el establecimiento de una tasa de reposición del 10% (sólo se sustituía a un jubilado de cada diez). Así, en el curso 2008/09 había en las universidades españolas algo más de 98.000 PDI (personal docente investigador), dato que había caído a 94.000 seis cursos después (4,1%), según datos de Fundación CyD. El PAS (personal de administración y servicios) ha seguido una evolución similar, pasando de casi 54.000 trabajadores a poco más de 48.000, según la misma fuente.

Otra consecuencia de la no reposición de profesores en estos años ha sido un cierto envejecimiento de las plantillas. Según datos de Eurostat recogidos por la Fundación CyD, un 45% del profesorado universitario supera los 50 años, por encima del Reino Unido (40%), Francia (37%) o Alemania (24%)."                    (eldiario.es, 02/10/16)

Si un ejército extranjero de ocupación hubiera impuesto los recortes en educación de Rajoy, habría habido una rebelión popular

"No hay plena conciencia, entre el establishment político-mediático que gobierna España, de las consecuencias de los recortes que han ocurrido durante estos últimos años (2008-2016) en la educación pública (...)

Estos recortes del gasto público educativo se han estado aplicando (en realidad, debería utilizarse el término “imponiendo”, pues ninguno de los partidos gobernantes en España –ni el PSOE ni el PP- tenían en su programa electoral la realización de tales recortes) con una intensidad que no había ocurrido en ningún momento anterior del periodo democrático. (...)

Si un ejército extranjero enemigo hubiera ocupado el país e impuesto estas políticas de recortes, es más que probable que hubiera habido una rebelión popular, oponiéndose a la ocupación del país por una fuerza política extranjera que, con sus políticas, estarían afectando muy negativamente el futuro del país a base de destrozar su sistema educativo. 

Sin embargo, no ha habido tal rebelión pues, en parte, no hay plena conciencia del enorme deterioro de la educación pública (ya que, salvo contadísimas excepciones, los medios no han estado informando de la enorme gravedad de la situación). 

Pero otra razón de que no haya habido tal rebelión es también debido a que el que realiza estos recortes no es una fuerza extranjera, sino que son los propios gobiernos españoles, los cuales los justifican aludiendo que “no hay ninguna otra alternativa posible” (la frase más utilizada por los dirigentes políticos responsables de tales políticas)  (...)

Ahora bien, la causa más importante de que no haya una revuelta en las calles en referencia a lo que está ocurriendo con la educación pública de este país es que los sectores más pudientes de la población, el 25-30% de renta superior del país, no queda especialmente afectada por los recortes, pues llevan a sus hijos a la escuela privada (que recibe unos subsidios públicos llamados concierto), siendo las clases populares las que más utilizan las escuelas públicas.  (...)

La escuela de este país dista mucho más de ser el crisol de la sociedad donde se cocina la cohesión social. En realidad, el sistema educativo produce dos tipos de ciudadanos: uno, el ciudadano de primera, miembro de las clases dirigentes; el otro, el ciudadano de segunda, miembro de las clases populares subalternas. 

Hagan un estudio del tipo de escuelas a las que asistieron los miembros de los gobiernos españoles y lo verán. Un 72% de todos los ministros de los gobiernos españoles (fueran estos socialistas o populares) fueron a escuelas privadas. En realidad, este porcentaje es similar al que otros estudios han mostrado para periodos anteriores, durante el siglo XX.

Esta polarización educativa responde a un enorme poder de las clases pudientes, a través de los partidos políticos de sensibilidad conservadora y liberal (lo que se conoce –a nivel de calle- como las derechas).

 A mayor poder político de tal clase social, mayor polarización del sistema educativo. No es de extrañar, pues, que uno de los sistemas escolares más polarizados en España sea el catalán, resultado de haber sido, Catalunya, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por una alianza de un partido liberal (CDC) y un partido democratacristiano (UDC). 

El supuesto nacionalismo de esta coalición gobernante promocionó paradójicamente uno de los sistemas educativo más descohesionados de España. Catalunya es una de las Comunidades Autónomas con mayor división de la población por clase social en su sistema escolar. (...)

Otra relación estadística demostrada es que, a mayor poder de las derechas, mayores son los recortes en el gasto público educativo. España, de nuevo, es uno de los países de la UE-15 que ha recortado tal gasto de una manera más acentuada durante la Gran Recesión (recortes realizados, en su mayor parte, durante la época del gobierno Rajoy), con una reducción del 18,4% durante la mayoría del periodo de austeridad, agravada por el hecho que ha coincidido con una expansión de la población escolar (un 6,67%) durante el mismo periodo (2009-2016). 

 Ningún otro país (excepto Grecia) ha visto unos recortes tan acentuados como en España. Y Catalunya ha sido una de las Comunidades Autónomas que más ha recortado el gasto público educativo.  (...)

Esta pobreza de recursos e intensidad de recortes aparece también en otros componentes del sistema educativo, como es la educación universitaria. La universidad pública ha sufrido de una manera muy marcada, no solo en capítulos como investigación, sino también en becas y ayudas al estudiante, así como en formación al cuerpo docente. Algunos de estos capítulos han incluso desaparecido de los presupuestos educativos.

Pero ha sido en los programas de formación ocupacional donde tales recortes han sido incluso más acentuados, recortes que han tenido lugar a la vez que aumentaba significativamente la necesidad por tales programas, debido al gran crecimiento del desempleo. 

Según los estudios del sindicato CCOO, tal gasto se ha reducido casi por la mitad durante el periodo de austeridad. De nuevo, uno de los lugares de España donde los recortes han sido más acentuados ha sido Cataluña. (...)"

( A raíz del inicio del año escolar, el profesor Navarro vuelve a publicar en su blog este artículo publicado en el diario PÚBLICO, 25 de agosto de 2016; en www.vnavarro.org, 13/09/16)

Un tercio de las familias españolas no van a poder afrontar los gastos de ‘la vuelta al cole’

"Según los datos aportados por la CEAPA (Confederación de Padres de Alumnos) un tercio de las familias no podrán hacer frente al gasto que supone la vuelta al cole. La subida del IVA del material escolar y del IPC de los libros, la retirada de ayudas por parte de las instituciones o la obligación de comprar nuevos libros por la LOMCE son algunos de los motivos.

Los diferentes diarios de carácter local y regional han realizado estudios para calcular el gasto que supone la llamada “vuelta al cole” para las familias. La mayoría se mueven entre los 400 y los 800 euros, dependiendo de en qué comunidad se estudie y si, además, hay algunos gastos “extra” como uniforme, tasas en el colegio…

“La vuelta al cole”, por lo tanto, supone desembolsar prácticamente un sueldo entero sólo en material escolar. Hasta ahora el gasto podía asumirse por distintos motivos. En primer lugar, tanto el Gobierno central como los gobiernos regionales disponían de una serie de ayudas para las familias con menos recursos. (...)

Ante la falta de ayudas y el incremento del gasto muchas familias optaban por crear los llamados “bancos de libros” donde son los propios particulares los que regalan los libros de cursos anteriores y, a cambio, pueden acceder a libros de segunda mano de los cursos que van a iniciar de manera totalmente gratuita. Desgraciadamente, la entrada en vigor de la LOMCE que ha obligado a modificar 180 asignaturas, impide esta práctica.  (...)

La realidad es que, ya sea por la reducción de ayudas, el incremento del precio de los libros o la imposibilidad de pasar los libros de una familia a otra (o una combinación de todas ellas) es cada vez más difícil afrontar estos gastos. Así, la CEAPA ha calculado que una de cada tres familias no va a poder afrontar los gastos que suponen “la vuelta al cole”.

Esta situación supone otro ataque a la educación y, especialmente, al acceso a la educación de una parte de la población. En este caso no estamos hablando de un ataque directo al acceso como puede suponer la subida de tasas o la eliminación de plazas.

Con esta situación aunque los alumnos puedan acceder al colegio o al instituto no van a tener los materiales necesarios para poder afrontar con garantías las pruebas y exámenes. 

Eso supone no sólo otra manera de expulsión sino que además va a constituir un elemento más para construir un discurso en contra de los estudiantes con recursos más modestos. Pues sin libros o con libros desactualizados los jóvenes no van a poder aprobar o lo tendrán muy difícil. Así, las estadísticas van a mostrar que los niños hijos de trabajadores suspenden más y obtienen peores calificaciones; un gran motivo para retirar becas y ayudas.  (...)"                (Kaos en la red, 01/09/2015)

El número de estudiantes que busca empleo se dispara por la subida de tasas

"Estudiante y en busca de empleo. Una figura que empieza a ser habitual entre los jóvenes españoles. Según publica este lunes Europa Press, 81.000 estudiantes se encuentran hoy por hoy buscando un trabajo. Esto supone un aumento del 24% respecto a 2014 y duplica las cifras del año 2008.

 

El estudio, llevado a cabo por Ranstad, muestra, además, que el 37% de quienes solicitan empleo lleva en esta situación más de un año. El 40,8% lleva menos de seis meses buscando trabajo, 33.272 personas.

El crecimiento de los estudiantes que demandan un puesto laboral coincide con los años de mayor subida de tasas universitarias, agudizada desde el año 2011, con la llegada del PP al Gobierno. Con los nuevos criterios para la concesión de becas, además, un alumno que no esté matriculado de todo un curso o que suspenda dos asignaturas puede perder el derecho a beca y verse obligado a compatibilizar un empleo con sus estudios para poder continuarlos.

Por comunidades autónomas, el incremento es especialmente significativo en Andalucía y Extremadura, donde la cifra de estudiantes en esta situación aumenta un 70% y un 55%, respectivamente. (...)"            (Guillermo Guzmán , La Marea, en Rebelión, 23/06/2015)

La estructura académica autoritaria tradicional, actualizada y refinada, está logrando su objetivo de producción de sujetos dóciles

"(...) “Universitat morta” es un artículo de Aida Sánchez de Serdio (21 de abril de 2015, http://www.nativa.cat/2015/04/universitat-morta/). Algunos compases, traduzco del catalán

“Estos últimos meses he recibido noticias tristes de la universidad. 

No se trata de nuevas reformas privatizadoras, recortes, o degradaciones del ambiente académico e intelectual, aunque son efecto directo”, señala la profesora Aida Sánchez de Serdio [ASS]. Son historias personales que “hablan del estado de toda una institución, de todo un sistema moribundo que mata las personas que lo habitan”. 

Una antigua compañera de su departamento que era profesora titular, “se marchó de la universidad porque el clima de presión y de falta de perspectivas le resultaba insoportable”. Dos otros amigos, profesores asociados y doctores ambos, “personas excelentes que tuve la suerte de conocer durante las movilizaciones de 2011 a 2013, me comentan que quieren abandonar la universidad por motivos similares, a los que se añade la eterna precariedad que a veces roza directamente con la pobreza económica”. 

Otro compañero de lucha de la autora y responsable sindical “es objeto de vigilancia y de denuncia por parte de su propia universidad”.

Las "bajas" le han hecho revivir intensamente sus últimos años en la universidad y actualizar el balance que ya hizo pero que ahora puede formular “con más serenidad gracias al tiempo transcurrido”. Su reflexión se refiere en esta ocasión “al profesorado y al que hace o deja de hacer en circunstancias extraordinarias (que parece que se han acaban convirtiendo en ordinarias a base de reiterarse y presentarse como inevitables)”.

Para empezar por el colectivo al que ella misma pertenecía, “recuerdo perfectamente como el profesorado que veía cerrarse las puertas de la consolidación laboral en su cara repetía y reclamaba una y otra vez que había ‘hecho los deberes". Sí, prosigue, “teníamos todas las acreditaciones, todas las estancias en el extranjero, todas las publicaciones, todas las investigaciones. Habíamos hecho las deberes y ahora no nos daban el premio. 

Cada vez que los oía decir eso me rompía el corazón y me desesperaba: ¿qué importaba haber hecho los deberes o no? ¿Reclamar que habíamos hecho los deberes no era sólo otra forma de apuntar que merecíamos un privilegio? ¿Cómo habíamos llegado a este grado de docilidad, de dependencia, de falta de solidaridad?” 

Por qué, prosigue la autora, “¿no éramos capaces de pensar más allá del interés corporativo y darnos cuenta de que compartíamos precariedad con el profesorado no acreditado, temporal, a tiempo parcial?” 

O con otros muchos sectores asalariados. “Y cuando las arbitrarias e insuficientes plazas se repartieron no quedó ni siquiera el vínculo corporativo: todo el mundo corrió a recoger el que cayó. Me fui de la universidad viendo la desbandada general con una tristeza difícil de expresar con palabras”.

Ella entendió que eran producto de un larguísimo proceso de disciplina-control que tenía como finalidad generar un sujeto académico obediente: “nos habían acostumbrado a aprobar exámenes, rellenar formularios, preparar currículums estandarizados, concursar infinitamente, superar evaluaciones, redactar proyectos de investigación ajustados a las convocatorias, diseñar planes docentes según los apartados obligatorios, someter a otras a las mismas disciplinas-control en las que habíamos sido sometidos nosotros (esto último fundamental para convertirnos en un engranaje más de la reproducción)”. La hegemonía de las clases dominantes. También en la Universidad desde luego.

Fallar en alguna de estas pruebas permanentes podía suponer perder los exiguos privilegios que el sistema “nos hace creer que son nuestro premio”. De este modo, “somos moldeados cuidadosamente en una cultura del miedo y del individualismo. ¿Qué clase de voluntad o qué “experiencia iluminadora” es necesaria para mantener el espíritu crítico y la dignidad en estas condiciones?”

Ni siquiera haber pasado por la misma situación garantiza la solidaridad, prosigue ASS. Un ejemplo, un recuerdo suyo:

“[…] una vez hice una presentación en unas jornadas en la que me refería a la situación de degradación deliberada de la universidad pública y la precarización del profesorado que ello conllevaba. Un catedrático, ya a las puertas de la jubilación, y supuestamente "colega" de mi área de conocimiento, me respondió al final de su propia intervención diciendo que él había sido "penene" [PNN, profesor no numerario] y que también había pasado momentos difíciles, naturalizando la explotación como si fuera una fase que todos tuviéramos que pasar. ¿Por qué su experiencia le hacía ver nuestra lucha cómo irrelevante en lugar de hacerlo solidarizarse con la generación más joven?”

Se pregunta por qué, “salvo excepciones que nunca agradeceremos suficientemente”, los docentes consolidados, con contratos permanentes y casi intocables, “no se organizan ni se movilizan para detener reformas que sufre la universidad (Plan Bolonia, recortes, ahora la reducción de los grados)?

 ¿Por qué, en aquel momento, no mostraron ninguna señal de apoyo con los compañeros con los que trabajaban todos los días y que estaban a punto de irse a la calle? ¿Por qué recibimos compasión, en el mejor de los casos, en lugar de solidaridad? ¿Por qué los responsables académicos no se negaron a aplicar los despidos de sus compañeros dimitiendo de sus cargos, por ejemplo?” 

Más doloroso aún: “por qué -de nuevo, salvo excepciones-, cuando nos fuimos, la mayoría de nuestros supuestos compañeros, con los que habíamos trabajado desde hacía tanto tiempo, no nos demostraron que eso les importaba, ni se ha puesto después en contacto para saber qué ha sido de nosotros?”

Es esta degradación de la conciencia, la solidaridad y la humanidad, concluye ASS, lo que me hace temer y decir que estamos en una universidad muerta. “Más allá de las políticas que destruyen de manera muy consciente la universidad pública, es esta degradación de la conciencia, de la solidaridad y de la más mínima humanidad lo que me hace temer que estamos en una universidad muerta”. 

La estructura académica autoritaria tradicional, actualizada y refinada a través de las reformas neoliberales, señala, está logrando su objetivo como mecanismo tecnológico de producción de sujetos dóciles. ¡Qué lejos, exclama, grita, denuncia, “nos queda esa idea de la universidad como núcleo de revuelta, crítica e imaginación de un futuro diferente”.

Nadie está libre de peligro, recuerda, así que “sólo espero que si alguna vez me vuelvo una docente acomodada incapaz de mirar a la cara a la violencia institucional, de levantar la voz ante la injusticia, o de mostrar solidaridad, alguien me escriba un artículo como éste, o peor, para hacerme saber en que me he convertido”.  (...)"          (Salvador López Arnal , Rebelión, 25/04/2015)

Carta a los contribuyentes de un científico asfixiado por la burocracia

"Usted paga mi sueldo de catedrático en una universidad pública y los proyectos de investigación científica que dirijo. Tiene por tanto todo el derecho a saber en qué empleo mi horario de trabajo. Hace unos días decidí cuantificar el tiempo que dediqué a cada una de mis actividades profesionales.

 Invertí un 30% de mi horario semanal en tareas docentes: clases presenciales, elaboración de un examen, corrección de ejercicios y tutorías. Sólo pude dedicar otro 30% a tareas puramente científicas: informar sobre un manuscrito científico a petición de una revista, reunirme con mis colaboradores para discutir la marcha de sus experimentos y corregir parcialmente el borrador de una tesis doctoral. 

No puede dedicar apenas tiempo a la lectura de publicaciones de mi campo de investigación, algo esencial para la competencia de un investigador en activo, ni a escribir varios artículos científicos que tengo pendientes de publicar. La causa de ello es que dediqué 4 de cada 10 horas a realizar trámites burocráticos. Algunos de estos procedimientos son razonables. 

Por ejemplo: tuve que redactar la memoria final de un proyecto de investigación financiado por el Gobierno central. El Ejecutivo hace bien pidiendo un balance del rendimiento obtenido por mi laboratorio de los fondos públicos que hemos disfrutado durante tres años. 

Es dinero que proviene de sus impuestos y usted merece que se justifique claramente qué se ha hecho con él. Lo que ya no parece tan razonable es que tuviese que dedicar otra parte sustancial de mi tiempo en reescribir por enésima vez mi curriculum profesional para adjuntarlo a una nueva solicitud. La convocatoria correspondiente establece que el curriculum ha de escribirse obligatoriamente en un formato muy concreto y rígido. 

Rizando el rizo, esa semana tuve que hacer tan tediosa tarea en dos ocasiones, con formatos diferentes, para optar a sendas convocatorias ...¡de la misma institución! Tampoco parece razonable que hubiese de redactar un proyecto de tesis doctoral para una doctoranda a la que acaban de otorgar una beca. Esa beca es consecuencia directa de un proyecto de investigación para el que obtuve financiación hace unos meses.

Y en la descripción técnica de ese proyecto se especifica lo que tiene que hacer el becario. Pero a quien lo supervisa no le parece suficiente, y tuvimos que reescribir el proyecto en un nuevo formulario. Por último tuve que realizar un informe detallado sobre mi asistencia a un simposio internacional y elaborar una serie de documentos para poder cobrar los gastos de inscripción que adelanté hace meses de mi bolsillo.

Es la segunda vez que lo hago: me devolvieron todos los papeles por varias cuestiones formales, incluyendo la necesidad de que firmara el mismo documento, en la misma página, en dos lugares diferentes: en uno como asistente al congreso y en otro como responsable del gasto. ¿Es acaso imaginable que como responsable del proyecto desautorizara la asistencia de mí mismo a dicho simposio? En conjunto, querido contribuyente, he dedicado casi la mitad de mi tiempo semanal a trámites farragosos.

¿Cree usted que estoy haciendo un buen uso de mi tiempo? ¿Quiere usted que los responsables de los proyectos científicos sufragados con su dinero nos dediquemos en mayor medida a realizar trámites que a diseñar experimentos, discutir resultados científicos y publicarlos para general conocimiento y beneficio social?

Se preguntará cómo hemos llegado a semejante dislate. La Administración pública española fundamenta en el papeleo la pretendida garantía de rigor a la hora de manejar los fondos públicos. En los últimos años, como consecuencia de los abundantes casos de corrupción, la burocracia se ha acentuado. Auditores privados que trabajan a comisión bucean en los legajos, buscando presuntas irregularidades en la justificación de gastos realizados hace años.

Recientemente me solicitaron el certificado de asistencia de un antiguo doctorando mío a un congreso científico celebrado en Bilbao en 2007. Afortunadamente mi ex-doctorando es un tipo ordenado y me pudo enviar tan importante papel. En caso contrario, mi universidad habría tenido que devolver unos cientos de euros al Ministerio. ¿Ha sido la ciencia acaso el ámbito donde han proliferado el chanchullo y el mangoneo? Da igual; los investigadores también somos presuntos malversadores, mientras el certificado y el memorando no indiquen lo contrario.

Esta fiebre fiscalizadora conlleva una reacción en las administraciones fiscalizadas, que cada vez imponen más controles a priori para autorizar los gastos. Más papeles pues, más memorandos, más instancias y por supuesto más burócratas que escruten los documentos y muevan toneladas de papel, ahora convertidas en innumerables terabites digitales que bullen en los ordenadores ministeriales, autonómicos y universitarios.

 Yo mismo he decidido contratar una persona para gestionar el papeleo de mi laboratorio; de los menguantes fondos, una parte se irá pues a contratar mi propio burócrata. La tendencia imperante podría resumirse así: contra la corrupción, burocracia. ¿Y alguien cree de verdad que el papeleo evita la malversación? Mi doctorando podría haber pillado el certificado en el congreso y haberse ido acto seguido a tomar potes al casco viejo bilbaíno.

Pero si se hubiese comportado así, no habría producido resultados relevantes que publicar en buenas revistas; no habría podido conseguir luego una beca posdoctoral de la Liga Francesa contra el Cáncer y no trabajaría hoy en un centro internacional de primer nivel donde acaba de recibir un premio por descubrir un interesante mecanismo de interés oncológico.

Por nada de esto preguntó el auditor, pero esa es la auditoría que realmente cuenta, querido contribuyente: la que demuestra que mi antiguo doctorando no se dedicó a perder el tiempo y sí aprovechó diligentemente los preciados impuestos que paga usted.

Los científicos estamos acostumbrados a que fiscalicen nuestros resultados. Colegas, frecuentemente de otros países, actúan como revisores anónimos que califican nuestra productividad científica; en caso de que no hayamos producido buena ciencia se nos acaba la financiación. Es así en todo el mundo y afortunadamente es también así en España desde hace más de 30 años.

Un sistema como éste, de fiscalización por resultados, habría evitado por ejemplo el corrupto festín de los cursos de formación para desempleados, cuya concesión tan fácilmente obtenían todo tipo de entidades cercanas a la administración de turno, a pesar de su pésimo desempeño. En ciencia no es tan fácil conseguir fondos; no se obtienen por proximidad al poder.

 Y una vez conseguidos, el tiempo es un bien precioso imprescindible para hacer buen uso de ellos. ¿Cree usted, querido contribuyente, que ahogarnos entre papeles garantiza la rentabilidad de sus impuestos? ¿No sería más provechoso desmontar esa costosa e inútil burocracia para dedicar esos fondos a incrementar los menguantes presupuestos de investigación? Pídaselo a su político favorito en las próximas elecciones, por favor."                     (Sebastián Chávez  , Ciudadano, científico y genetista, Huff Post, 08/04/2015)

Cuatro años de recortes en Educación dejan un cuerpo docente más pequeño, peor pagado y envejecido. 25.000 profesores menos

"Cuatro años de recortes, una tasa de reposición que ha oscilado entre el 10% y el 30% y la supresión de la jubilación anticipada, entre otras medidas, han dejado una plantilla docente más pequeña, envejecida y peor pagada. 

El sistema tiene 25.000 profesores menos, según el censo, que han perdido entre 17.000 y 21.000 euros en este periodo, asegura CSIF. Son algunas de las conclusiones que extraen CCOO y  CSIF en sendos informes presentados el martes sobre la situación de la educación en general y el profesorado en particular.

CCOO calcula que el sistema necesitaría la incorporación inmediata de 45.000 maestros menores de 30 años para compensar el desfase entre juventud y veteranía en el cuerpo docente. La estadística dice que de los 472.617 profesores que había en el curso 2012/13, el último del que hay datos, uno de cada tres tenía más de 50 años, según cifras del Ministerio de Educación. En el polo opuesto, sólo el 5% bajaba de los 30. Hace siete años eran, porcentualmente, el doble. (...)

Además, el envejecimiento de las plantillas se da en paralelo a un aumento del alumnado en la escuela pública, lo que unido a la subida de las ratios de alumno por aula se traduce en clases masificadas, con más alumnos (sobre todo en las grandes ciudades). El sistema ha ganado 800.000 alumnos en los últimos siete años (de 4,6 millones a 5,4).  (...)

Un maestro medio de Primaria con 15 años de servicio ha perdido 17.163 euros netos (286,06 euros al mes) en los cuatro años últimos como fruto de las rebajas en los salarios, supresión de la paga extra y la congelación de las nóminas, según cálculos de CSIF basados en datos del BOE que son "incontestables", en palabras de Mario Gutiérrez, secretario de Coordinación Autonómica de CSIF. Para un profesor de Secundaria la pérdida se cifra en 21.465 euros (357,76 euros al mes).

Pero el salario no es lo único que se ha deteriorado para los profesores. El aumento de las jornadas lectivas, las ratios de alumnos por aula un 20% (hasta 42 estudiantes se pueden juntar en una clase de Bachillerato), la eliminación de los apoyos y refuerzos han supuesto una merma en las condiciones de trabajo de los profesores, sostienen los sindicatos. 

También se ha registrado un aumento de la conflictividad provocado por la crisis, "la desestructuración de las familias" y la masificación de las aulas. El 86% de los profesores afirma haber sufrido alguna agresión a lo largo de su vida laboral (la mayoría verbales) y sólo un 14% declara que su estado anímico es "normal", según datos de ANPE."            (Daniel Sánchez Caballero   , eldiario.es, 02/12/2014)