El inspector Morocho tumba la estrategia de Rajoy y su cúpula al evidenciar que el Gobierno del PP espió a Bárcenas fuera de la ley... Morocho lo ha dicho claramente, la llamada operación Kitchen fue una operación al margen del control judicial, es decir, al margen de la ley, desmoronando así la tesis esgrimida por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuando dijo: "Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad"... Kitchen fue una trama "contra" el caso Gürtel y sus investigadores... Morocho ha referido que padeció "presiones" de la escala de mandos de la Policía para que no se denominara como "contabilidad b" o "contabilidad extracontable" lo que mostraban los papeles de Bárcenas, y para que no se citaran en el cuerpo de sus informes a dirigentes del PP. Se ha referido en concreto a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y a la exministra Ana Mato. A la pregunta sobre si recibió presiones o indicaciones para que no incluyera a Mariano Rajoy [que aparecía como M. Rajoy], Morocho ha contestado que "era una persona singular y se individualizó expresamente que esa persona no saliera"... Entonces "alguien asumía el rol de decirme 'Esto no se toca'. Y ha especificado que en el caso de Rajoy fue el comisario general de Policía Judicial el que le dio la instrucción (Ana María Pascual)

 "Portando su clásico maletín, el inspector jefe Manuel Morocho ha llegado a la Audiencia Nacional este miércoles con ganas de hablar, aunque la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha frenado en seco desde el principio. Primero le ha advertido, cuando el policía ha abierto su pórtatil, que intentara tirar de memoria para ser todo lo espontáneo que requiere una declaración testifical en un juicio oral; y después le ha instado a que contestara únicamente a la pregunta, sin dar más explicaciones, a lo que el testigo ha replicado que quería dar contexto.

Pero incluso sin todo el contexto que hubiera preferido Morocho y las acusaciones, ha quedado claro en la sesión de este miércoles que la llamada operación Kitchen fue una operación al margen del control judicial, es decir, al margen de la ley. Lo atestigua Morocho, que fue el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó el caso Gürtel y la pieza de los Papeles de Bárcenas; causas sobre las que los acusados querían intervenir a favor del PP, sustrayendo pruebas al extesorero Bárcenas sobre la contabilidad paralela del partido.

Morocho lo ha dicho claramente: la operación Kitchen fue "una operación policial sin autorización judicial", desmoronando así la tesis esgrimida por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio hace unos días cuando afirmó que se produjo una operación policial y no política para "cogerle el dinero a Bárcenas" y buscar sus testaferros, es decir, que, según Rajoy, Kitchen fue un operativo policial para complementar la investigación en curso sobre Gürtel. 

"Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad", dijo Rajoy en el juicio, mostrando la estrategia tanto propia como del resto de la que fue su cúpula en el Gobierno (2011-2018), para negar unos movimientos políticos en el seno del partido primero y después a través del Ministerio del Interior encaminados a robar a Bárcenas sus pruebas sobre el dinero negro que se repartía entre los dirigentes del PP.

Morocho ha desmentido a Rajoy. Ni su unidad pidió apoyo a ninguna otra dentro de la Policía ni fue consciente del desarrollo de una operación policial coetánea sobre Bárcenas mientras él y su equipo investigaban Gürtel y sus derivadas. Ni él lo supo ni tampoco el Juzgado central de instrucción 6 que investigaba aquel caso de corrupción. Kitchen fue una trama "contra" el caso Gürtel y sus investigadores, ha venido a decir Morocho.

Indicios de Morocho

El inspector Morocho ha explicado que intuía que sus superiores iban a desplegar alguna acción contra Bárcenas porque uno de ellos, el comisario Olivera, acusado en esta causa, le pidió el teléfono de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero, pero él no lo facilitó porque intuyó que lo iban a "utilizar para indagar técnicamente sobre el mismo", en el sentido de intervenirlo. 

Por eso cuando años después, en agosto de 2015, le saltó una alerta en la base de datos policial Gatti por coincidencia en la investigación de cuatro personas, entre ellas, Luis Bárcenas, Morocho ató cabos. "Para mí eso fue constatar una serie de indicios sobre una operación policial sin control judicial sobre Bárcenas". 

La operación Kitchen ya había acabado, en enero de 2015, y en mayo la trama quiso darle apareciencia de legalidad al operativo iniciado en 2013. Fue a través de un parte informativo introducido extemporánemante en la base policial Gatti. La información aportada allí "no era nada nuevo, todo conocido, salvo algunos datos que procedían de las vigilancias", ha matizado Morocho; vigilancias que la investigación oficial no precisaba, ha sostenido, como la que se realizó en Kitchen a Rosalia Iglesias o a su hijo Guillermo Bárcenas.

También imaginaba Morocho que podía ocurrir una operación de este tipo por toda la hostilidad y las presiones que había recibido para desvirtuar los apuntes contables de Bárcenas y despojar la investigación sobre Gürtel de los nombres de los cargos públicos y dirigentes del PP que se habían podido beneficiar de ese sistema opaco. 

Sacar a Rajoy y Cospedal

Ha referido que padeció "presiones" de la escala de mandos de la Policía para que no se denominara como "contabilidad b" o "contabilidad extracontable" lo que mostraban los papeles de Bárcenas, y para que no se citaran en el cuerpo de sus informes a dirigentes del PP. Se ha referido en concreto a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y a la exministra Ana Mato. A la pregunta por parte de la letrada del PSOE sobre si recibió presiones o indicaciones para que no incluyera a Mariano Rajoy [que aparecía como M. Rajoy], Morocho ha contestado que "era una persona singular y se individualizó expresamente que esa persona no saliera". 

Morocho ha nombrado a sus superiores, que se reunían previamente para dilucidar qué puntos había que abordar después con él, según ha explicado. Entonces "alguien asumía el rol de decirme 'Esto no se toca'. Y ha especificado que en el caso de Rajoy fue el comisario general de Policía Judicial el que le dio la instrucción. Ha citado a algunos de aquellos superiores, como , el inspector jefe José Manuel Álvarez Luna; el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez; el comisario general de Policia Judicial José García Losada; y el jefe de brigada, José Luis Gudiña. Vázquez declaró hace unos días y negó que Morocho hubiera recibido presiones; dijo que en todo caso sería "autopresión" por no hacer las cosas mal y le describió como una persona empecinada. 

Este miércoles se ha podido ver a un policía comprometido. Ha explicado que en junio de 2013 el comisario Olivera le citó para hacerle una oferta, darle un puesto en Lisboa, "económicamente bien retribuido". Le dijo que no. "Mi padre estaba enfermo y me dijo Olivera que podía venir los fines de semana, pero le dije que no, que tenía un compromiso con el magistrado, la instrucción, con el cuerpo de Policía y la sociedad, porque he prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos de corresponsabilizarme de la unidad de auxilio judicial en ese momento", ha manifestado en uno de los momentos más emocionantes de la sesión. 

Disparidad de medios

No solo otros destinos le ofrecieron a Morocho, también otras investigaciones para entorpecer la que realizó hasta 2021 en el caso Gürtel. Así ocurrió en 2015 cuando le trasladaron temporalmentecon a la Dirección Operativa Adjunta (DAO) y recibió el encargo de investigar al exministro socialista José Blanco. 

A preguntas de la acusación popular de Podemos, Morocho ha explicado que en el curso de aquella investigación aparecieron unos audios que no estaban transcritos y que vinculaban indiciariamente con Oriol Pujol, en lo que fue el llamado caso  ITV. Según ha relatado Morocho, en ese caso le pusieron "todos los recursos posibles" para que actuara con premura, en contraste al caso Gürtel, en el que sus informes sufrieron retrasos para llegar al juzgado, según ha contado, porque estuvieron dando vueltas "por lugares donde no tenían que estar, ni en la DAO ni en ninguna formación política", en clara alusión al Partido Popular." 

(Ana María Pascual , Público, 29/04/26)  

El inspector Morocho ratifica que recibió "instrucciones" para que Rajoy no saliera en su informe sobre la 'caja b' del PP... Confirma que el nombre de Dolores de Cospedal también fue excluido por indicaciones de sus jefes... El policía que investigó el 'caso Gürtel' y los 'papeles de Bárcenas' asegura que recibió "todo tipo de objecciones" de toda la escala de mandos para que no aparecieran "cargos públicos" en sus informes... La hostilidad hacia él llegó a un punto que cuando el DAO Eugenio Pino le presentó al comisario Enrique García Castaño, este le espetó: "Y tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto"... ha asegurado que dio cuenta de estas presiones a los jueces que estuvieron al frente de la instrucción del caso Gürtel y que presentó una queja ante la Fiscalía Anticorrupción (Ana María Pascual)

 "El inspector Manuel Morocho, investigador del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas, copa la sesión de este miércoles del juicio por la operación Kitchen. Fue el responsable del informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica (UDEF) sobre el caso Gürtel y denunció presiones internas de sus superiores para hacer desaparecer los nombres de Mariano Rajoy, entre otros dirigentes del PP.

De 2013 a 2015, cuando se desarrolló la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, Morocho estaba destinado desde 2007 al grupo de Blanqueo de la Comisaria General de Policia Judicial, investigando Gürtel, hasta 2021.

Ha comenzado el fiscal por las dos preguntas claves para determinar si los seguimientos a Bárcenas fueron legales, dentro de una operación policial de apoyo a la UDEF sobre Luis Bárcenas o fuera de la ley. Morocho ha manifestado claramente: "A la DAO no le solicitamos apoyo para la investigación de Gürtel". "¿Se le reportó algún tipo de información sobre Gürtel hasta el año 2015?", ha preguntado el fiscal. Morocho asegura que recibió una cesión de información a través de la plataforma Gatti, de inteligencia criminal, el 20 de agosto de 2015 [ha rectificado por primero dijo 2013] con una coincidencia de cuatro personas investigadas, "sin control judicial", "y cuando abro el archivo, aparece Luis Bárcenas y nombres de personas, domicilios, vehículos, sin contexto, y que eran conocidos casi todos los datos ya", ha explicado. 

Se trata del parte informativo que la trama de Kitchen introdujo en mayo de 2015 en la base de datos policial para dar apariencia de legalidad a los seguimientos al entorno de Bárcenas una vez que había concluido la operación Kitchen.

Los otros nombres que aparecían en esa nota firmada por uno de los acusados, Andrés Gómez Gordo, son Rosalía Iglesias, Beltrán Gutiérrez, Javier Sánchez Lázaro e Iván Velasco. "No aportaba nada nuevo, todo era conocido, salvo aquello que procedía de unas vigilancias. Eran personas que estaban en los autos, el magistrado Pablo Ruz había pedido comision rogatoria a Suiza. Para mí eso fue constatar una serie de indicios sobre una operación policial sobre Bárcenas". 

Respecto a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, Morocho ha indicado que no era necesario proceder a la vigilancia de su estudio dentro de la operación que él dirigió. Pero en la otra operación, la Kitchen, se realizaron esos seguimientos y en la nota que trataba de dar legitimidad a la vigilancia se citaba el estudio de restauración de muebles, donde Bárcenas guardaba documentación sobre la caja b del PP, pero atribuyéndole el número de calle 11, cuando el número correcto es el 32. "Porque la propia Rosalía lo dijo en el juzgado en junio de 2013", ha dicho el inspector, que ha achacado el error como algo intencionado.

"Todo tipo de objecciones"

En el turno de la letrada de la familia de Luis Bárcenas, Morocho se ha referido a las presiones que recibió en la investigación de la pieza Papeles de Bárcenas, sobre la caja b del PP y lo ha calificado como "una problemática por parte de toda la escala de mandos, no estaban de acuerdo con la inclusión de los nombres".

Y ha citado a algunos de esos superiores, "José Manuel Álvarez Luna, el señor Gudilla, Manuel Vázquez [el jefe de la UDEF], el señor Losada". Ha dicho que de ellos recibió "todo tipo de objecciones" para que no aparecieran cargos públicos". La letrada le ha preguntado si pudo presentar sus informes "sin injerencia", y Morocho ha respondido que "no".  

A Cospedal no se la pudo incluir

Y en el turno de la acusación del PSOE, la letrada le ha seguido preguntando por los informes y a quiénes se excluyó de ellos. "Todos los que salen como receptores de fondos en la contabilidad, incluido un apoderado en la cuenta, que no se pudo incluir". "¿Se refiere a la señora Cospedal?"; "Sí", ha contestado. Respecto al exmarido de Dolores de Cospedal, el empreario Ignacio López del Hierro, ha dicho Morocho que "me llamó Manuel Vázquez [jefe de la UDEF por entontes] y me dijo que había cometido un gran error, que aparecía en el documento y en los anexos, y que había que quitarlo directamente".

Morocho ha manifestado que él alegó que eso no podía hacerlo. "Le dije que si estaba en el listado yo no podía hacer una excepción". Más tarde otro de sus jefes le dijo que López del Hierro era amigo de Villarejo. La inclusión del nombre del entonces marido de Villarejo como donante del PP en la caja b del partido generó "un desasosiego en la escala de mandos".

Morocho ha ahondado sobre las presiones en relación al nombre que había que darle a la caja b. La "categorización del documento", en relación a la contabilidad b, fue un "problema" ha dicho Morocho, que la ha deficinido como una "caja extracontable".

El inspector ha ratificado que le dieron instrucciones para que Mariano Rajoy no saliera en su informe sobre la caja b pero no ha querido dar el nombre del superior que le dio la orden: "Había reuniones colectivas y una persona llevaba la voz, previamente ellos se habían reunido", ha explicado.

Apartarle del caso

El inspector ha ratificado que le ofrecieron un puesto en una embajada, "bien retribuido", para apartarle de la investigación del caso Gürtel. Incluso le daban a opción a elegir la embajada y veladamente le pidieron los informes de la pieza Papeles de Bárcenas previamente. Morocho ha manifestado que no lo aceptó y que nunca facilitó información fuera de los canales habituales. "Dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con la sociedad", ha dicho.

Ha manifestado que en un momento dado el comisario Olivera, acusado en la causa, le pidió el teléfono de Rosalía Iglesias y él no lo facilitó porque intuyó que se iba a operar con él, "que lo van a utilizar para indagar técnicamente sobre el mismo", en el sentido de poder pincharlo. "Yo percibía que iba a haber una acción en el entorno de Bárcenas", ha añadido.

Los informes, parados, en la DAO y el PP

"Todos los informes se retrasaban, estaban semanas parados, y los informes estaban dando vueltas por lugares donde no tenía que estar, ni en la DAO ni en ninguna formación política", ha explicado Morocho, que se ha referido a que el juez le requeria con urgencia los informes y él no podía hacer nada. También se ha referido al momento previo de estar adscrito para dar auxilio a la Audiencia Nacional. "Antes tenía que estar constantemente dando explicaciones, pensaban que me estaban pasando los autos por detrás (...) Se me acusaba de dar titulares de forma recurrente a la prensa y de ser la bestia negra del PP".

La hostilidad hacia él llegó a un punto que cuando el DAO Eugenio Pino le presentó al comisario Enrique García Castaño, este le espetó: "Y tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto". Hay que recordar que García Castaño fue exonerado de esta causa por motivos de enfermedad.

Entre las presiones recibidas, Morocho ha recordado que le  investigaron en la Unidad de Asuntos Internos por haber filtrado presuntamente información a la agencia de detectives Método 3. Aquella fue "investigación totalmente prospectiva", que "no llegó a nada", ha dicho.

"El objetivo final era quitarme de en medio" y entonces le propusieron irse a un curso a Estados Unidos dos meses, se lo ofrecieron en la DAO, era un curso singular del FBI. Al haber acabado los informes y con permiso del juez, Morocho indica que finalmente hizo el curso.

En 2015 Morocho fue trasladado a la DAO, hasta agosto de 2016, y considera que fue para entorpecer su labor al frente de la investigación de Gürtel. "Era conocido por todos que yo no quería ese traslado", ha manifestado.

El letrado del exministro Jorge Fernández Díaz ha intentado desvirtuar el relato de Morocho en relación a las presiones que recibió y le ha preguntado si dejó constancia por escrito de aquellas presiones, a lo que el testigo ha asegurado que dio cuenta de ella a los jueces que estuvieron al frente de la instrucción del caso Gürtel y que presentó una queja ante la Fiscalía Anticorrupción." 

(Ana María Pascual , Público, 29/04/26)  

Bárcenas recuerda a todos quién es el auténtico Mariano Rajoy... Bárcenas recordó la escena de la que ya habló en 2021 y que es uno de los momentos estelares de la historia del PP... El día de 2009 en que Rajoy se llevó un susto de muerte al ver un documento con las cifras de la caja B que conservaba el tesorero del partido. En su despacho, Bárcenas le presenta “la contabilidad extracontable” con un saldo... “Cómo es posible que tengáis esos papeles”, dice que comentó el expresidente... “Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, y lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido”... Bárcenas asegura que grabó esa conversación, al igual que otra con Arenas. Forma parte del material que preocupaba al PP... Al salir de la cárcel, Bárcenas no los encontró. Se los habían robado, según su testimonio... El jueves está previsto que Rajoy declare en el juicio como testigo. Seguro que lo niega todo. Siempre lo ha negado todo... Bárcenas confirmó la tesis de la Fiscalía al identificar varios documentos y datos personales suyos que se encontraron en casa del comisario Villarejo. Todos ellos presuntamente entregados por el chófer Sergio Ríos, ahora en el banquillo, y al que contrató el policía a cambio de dinero sacado de los fondos reservados, como sostiene la acusación. Ese era el objetivo de la trama. Evitar que Bárcenas pudiera hacer daño al PP haciendo público ese material... Es la razón por la que hoy no podemos escuchar a Rajoy meter la copia del saldo de la caja B del partido en una máquina para destruir documentos. La justicia es igual para todos, excepto para los que pueden reclutar a comisarios para que les hagan de detectives privados

 "Bárcenas confirma en el juicio de Kitchen que grabó el audio de la reunión con Rajoy en la que le mostró un documento con el saldo de la caja B –y que el líder del PP destruyó de inmediato, según ese relato–, pero que los miembros de la trama se ocuparon de eliminar

Villarejo, en un audio de 2015: “¡El chófer es mío! Si Bárcenas escapa, le ponemos a dar vueltas por la Cibeles hasta trincarlo”

Luis Bárcenas tiene ahora todo el pelo blanco, pero no ha perdido seguridad en sí mismo. Quizá no suene tan arrogante como en el pasado, pero habla de forma enérgica y sin generar dudas. Solo en un momento se deja llevar por un carácter que nunca debió de ser fácil y comenta que cierta pregunta o sugerencia de un abogado viene a ser una estupidez. Pide disculpas rápidamente al ver que la presidenta del tribunal se ha quedado un poco anonadada por el atrevimiento. Tiene muy claro que va a contar en un juicio lo que Mariano Rajoy le pidió que se guardara para sí.

El extesorero del Partido Popular fue la principal víctima de la Operación Kitchen, la red de espionaje policial fuera de cualquier control judicial que se montó en el Ministerio de Interior. El objetivo era impedir que las pruebas en poder de Bárcenas llegaran a manos de la justicia y de los medios de comunicación. Al poco de comenzar a declarar el lunes, estableció una distinción interesante. “Esta operación tiene un comienzo por los responsables del partido y después, si se prueba aquí, un traslado al Ministerio del Interior”. Él tenía que saberlo bien. Sus interlocutores desde el principio eran dirigentes del PP o abogados vinculados al partido. Uno de ellos era Rajoy (“Luis, sé fuerte”).

El juez García Castellón se ocupó de que no se llegara a ninguna parte por esa vía de investigación. Rajoy, Cospedal o Javier Arenas nunca tuvieron que sudar demasiado. La responsabilidad quedó circunscrita al Ministerio de Interior, lo que no es una minucia, estando en el banquillo un ministro y un secretario de Estado del Gobierno de Rajoy y varios miembros de la cúpula policial.

Bárcenas recordó la escena de la que ya habló en 2021 y que es uno de los momentos estelares de la historia del PP. El día de 2009 en que Rajoy se llevó un susto de muerte al ver un documento con las cifras de la caja B que conservaba el tesorero del partido. En su despacho, Bárcenas le presenta “la contabilidad extracontable” –una forma elegante de llamar al dinero negro– con un saldo. “Cómo es posible que tengáis esos papeles”, dice que comentó el expresidente.

“Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, y lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido”, explicó Bárcenas en la sala. No se sabe si Rajoy pensaba que estaba eliminando un documento original, pero su reacción fue inmediata, según la declaración del extesorero. Ese papel no debía salir de su despacho.

Bárcenas asegura que grabó esa conversación, al igual que otra con Arenas. Forma parte del material que preocupaba al PP. Contrató a un preso que decía saber de informática para que borrara ese y otros documentos en una salida de la prisión. Finalmente, no pudo hacerlo, pero alguien se ocupó del borrado. Al salir de la cárcel, Bárcenas no los encontró. Se los habían robado, según su testimonio.

El jueves está previsto que Rajoy declare en el juicio como testigo. Seguro que lo niega todo. Siempre lo ha negado todo, hasta lo que era imposible de negar. “Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas”, dijo cuando declaró como testigo en el juicio de la caja B del PP. Veremos hasta dónde llegan los conocimientos de metafísica en el tribunal.

Los políticos pueden llegar a tener graves problemas de percepción de la realidad. Lo de Rajoy supera la media. Un abogado de las acusaciones le preguntó en ese juicio quién tomó la decisión de reformar toda la sede del PP en la calle Génova, una obra que supuso las lógicas molestias a los ocupantes del edificio. “No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que yo no he sido”, respondió. Resulta que alguien decidió rehabilitar la sede entera con un coste superior al millón de euros, pero el pobre Mariano no dio ninguna orden. A fin de cuentas, él sólo era el presidente del partido.

Inicialmente, los dirigentes del PP prometieron a Bárcenas que harían lo posible para protegerle de las investigaciones judiciales. Pidió una “interlocución” directa con el ministro de Interior y el de Justicia. “Me indica (Rajoy) que con Jorge (Fernández Díaz) no hay ningún problema. 'Es amigo mío y te atenderá'”, le dijo el líder. Con Ruiz Gallardón, titular de Justicia, no se comprometió a nada. Al final, habló con el ministro de Interior, pero este se escaqueó y le pusieron otro interlocutor.

En ese momento, la sintonía entre el extesorero y la dirección del partido era completa. Es lo que le llevó a pedir a un preso que borrara los audios y otras pruebas. Por eso, se enfureció cuando El Mundo sacó la noticia que decía que él “había grabado a todo el partido” y que incluso había acudido a 'la tienda del espía' para hacer acopio de material de espionaje. Era falso y eso le podía meter en problemas con dirigentes del PP con los que aún quería estar a buenas.

Tiempo después, descubrió que le habían engañado o que las promesas eran imposibles de cumplir. “No se cumplen las expectativas que yo estaba teniendo”, fue como lo describió Bárcenas. Vio que estaba solo cuando ni siquiera pudieron impedir que su mujer entrara en prisión.

Bárcenas confirmó la tesis de la Fiscalía al identificar varios documentos y datos personales suyos que se encontraron en casa del comisario Villarejo. Todos ellos presuntamente entregados por el chófer Sergio Ríos, ahora en el banquillo, y al que contrató el policía a cambio de dinero sacado de los fondos reservados, como sostiene la acusación. Ese era el objetivo de la trama. Evitar que Bárcenas pudiera hacer daño al PP haciendo público ese material.

Es la razón por la que hoy no podemos escuchar a Rajoy meter la copia del saldo de la caja B del partido en una máquina para destruir documentos. La justicia es igual para todos, excepto para los que pueden reclutar a comisarios para que les hagan de detectives privados y no precisamente de los que descubren al autor del crimen en el desenlace." 

( Iñigo Sáenz de Ugarte, el.diario.es, 20/04/26) 

El inspector que investigó 'Kitchen' identifica a Mariano Rajoy con los apodos de ‘el Asturiano’ y ‘el Barbas’... El inspector Fraga ha explicado que en un informe plasmó que el Asturiano tuvo conocimiento de la operación, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, cerró esa línea de investigación (Público)... Despiporre después de que el inspector principal de 'Kitchen' identifique a Rajoy como 'el Asturiano': "Ya solo faltaría averiguar quién es el misterioso M. Rajoy" (Tremending)

 "El inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional que instruyó la pieza Kitchen, Gonzalo Fraga, ha explicado este lunes las evidencias en el sumario que conducen a la conclusión de que el Barbas y el Asturiano es Mariano Rajoy, a preguntas del fiscal.  

Con estos motes aparece reflejado en audios y documentación aportada al juicio Rajoy, presidente del Gobierno al tiempo que se desarrolló la operación Kitchen. El inspector Fraga ha explicado que en un informe plasmó que el Asturiano tuvo conocimiento de la operación, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, cerró esa línea de investigación.

El policía ha explicado que el juez le pidió que identificara a un tal "asturiano" que aparecía en muchas conversaciones grabadas por el comisario Villarejo. Y así lo hizo. Ha explicado que en un audio intervenido entre Villarejo y el abogado Javier Iglesias, cercano al PP, en el que se refieren al Barbas, el comisario le pide que le haga llegar su descontento con la situación, en el sentido de que no se habían cumplido sus expectativas sobre todos los trabajos que hacía para la órbita del Gobierno del PP. Posteriormente, Iglesias le comunicó que en efecto le había trasmitido su mensaje a Rajoy.

Ya en 2020 en otro audio de Villarejo con Ana Rosa Quintana, este le dice que "va a tirar hacia arriba" y le explica claramente a la presentadora que el Asturiano es Rajoy, ha explicado el policía."                 (Ana María Pascual , Público, 13/04/26) 

 

( Despiporre después de que el inspector principal de 'Kitchen' identifique a Rajoy como 'el Asturiano': "Ya solo faltaría averiguar quién es el misterioso M. Rajoy".

 Hoy, en noticias que no sorprenden a nadie: el inspector principal que investigó 'Kitchen' ha identificado a Mariano Rajoy con los apodos de el Asturiano y el Barbas.

El juicio sobre el espionaje a Bárcenas continúa y este lunes ha declarado el inspector jefe Gonzalo Fraga. Este ha explicado cómo concluyó que, bajo esos apodos, los acusados se referían al entonces presidente del Gobierno, que estuvo al tanto de la operación, según el policía. 

El agente ha detallado que llegaron a esa conclusión a través de diversos documentos y audios. "No ofrece dudas", ha remarcado.

 La declaración ha recordado en redes a otro de los motes, el famoso M. Rajoy. El enigma del siglo que ha hecho correr ríos de tuits en los últimos años.

 Mario @PiedrafitaMario

Solo nos faltaría que averigüen de una vez quién es el misterioso M. Rajoy.

Europa Press @europapress

El responsable de la investigación policial de la 'Operación Kitchen' ratifica que la trama se refería a Rajoy como "El Asturiano" o "El Barbas": "La persona a la que denominan 'El Asturiano' es Mariano Rajoy"

De europapress.es

 12:02 p. m. · 13 abr. 2026 ·55,6 mil Visualizaciones

12:51 p. m. · 13 abr. 2026 ·4.768 Visualizaciones

(Tremending, 13/04/26) 

La nefasta instrucción de Kitchen, ¿será un acto fallido del juez instructor para que haya nulidades o se anule el juicio? María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, contrata en 2009 a Villarejo para intentar la desactivación del ‘caso Gürtel’ y como derivada del mismo, ya con el PP en el Gobierno, encarga al comisario en 2013 recuperar los documentos comprometedores y posibles grabaciones del que fuera tesorero nacional del PP, de la total confianza de Mariano Rajoy... es una actividad encargada por Cospedal. A quien, en uno de sus mandobles, Garcia-Castellón decidió salvar. Las evidencias contra ella eran tan abrumadoras que el fiscal Serrano dio una batalla sin tregua por profundizar la investigación sobre la participación del PP. Pero la perdió... La necesidad era vital porque ese material suponía un riesgo para la permanencia misma del PP en el Gobierno... Esa batalla ahora la está dando una acusación popular, la del PSOE, que solicita suspender el juicio, declarar la nulidad de la conclusión de la instruccion de García-Castellón, la incorporación oficial de pruebas marginadas por el instructor, y la reapertura la investigación... la foto de los diez acusados sentados en el banquillo muestra que sea lo que sea ha sido una operación policial. No parapolicial (Ernesto Ekaizer)

"La nefasta instrucción de Kitchen, ¿será un acto fallido del juez instructor para que haya nulidades o se anule el juicio? Teresa Palacios, presidenta de la sección cuarta de lo Penal, y ponente de la sentencia, deberá, junto con los otros dos miembros del tribunal, resolver si ‘salvar la instrucción’ in extremis, enviar el caso a la Audiencia de Madrid, o declarar la nulidad parcial o total de la causa. Normalmente, se celebra el juicio y se dejan para resolver en la sentencia las llamadas cuestiones previas donde se cuestiona la instrucción de la causa.

En más de dos años de investigación de la operación montada por el Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía para controlar -en los años 2013-2015- o robar material comprometedor para Mariano Rajoy en poder del extesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, el juez Manuel García- Castellón hizo mandobles a diestro y siniestro, o a izquierda y derecha, que el juez y la Fiscalía Anticorrupción han cocinado un Frankenstein.

Lo primero que consagra la sesión inaugural del juicio en San Fernando de Henares - las vistas se celebrarán una semana allí y otra en Madrid sucesivamente- es que la Operación Kitchen fue una actividad de los más altos cargos del Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Es decir: la foto de los diez acusados sentados en el banquillo muestra que sea lo que sea ha sido una operación policial. No parapolicial, como siguen diciendo medios de comunicación que repiten el mantra de estos años. A saber que se trataba de una actividad de las cloacas, las alcantarillas del Estado. Aqui estamos ante la élite, la Planta Noble del Estado.

Una precisión: en el banquillo se sentaban nueve porque el décimo, el que a propuesta de Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, se encargó de la Operación Kitchen, tomó asiento en estrados, junto a los letrados de las defensas.

Ese décimo acusado se llama José Manuel Villarejo.

La conclusión preliminar es que el Partido Popular convirtió al CNP en un instrumento privado suyo para ajustar cuentas en este caso con “uno de los suyos” que se había convertido en enemigo por poseer documentos que comprometían al partido cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

La necesidad era vital porque ese material suponía un riesgo para la permanencia misma del PP en el Gobierno.

Escuchar a los letrados de los diez acusados en el primer día del juicio, dedicado a las cuestiones previas -donde se dirime sobre cuestiones procesales y derechos fundamentales durante el proceso de investigación- fue una sesión terapéutica de psicoanálisis.

Hoy responderán a las defensas el Ministerio Fiscal, las acusaciones populares y particulares.

García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción utilizaron el secreto sumarial durante la mayor parte de la instrucción para construir el caso al margen de los imputados y su derecho de defensa.

El ejemplo más extremo fue el del comisario Enrique García-Castaño, 'El Gordo', que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, vamos, el que dirigió durante largos años seguimientos, pinchazos telefónicos, con acceso a artilugios de todo tipo.

Declaró García-Castaño hasta siete veces bajo secreto sumarial, sin intervención de las defensas de los imputados y con la sola presencia de los fiscales. Y fue cambiando de versión, hasta, finalmente, aceptar parte de los hechos, en los que él tuvo una participación estelar. Como, por ejemplo, entrar sin autorización judicial en el pequeño bajo en el que Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, restauraba muebles en la calle General Díaz Porlier, 32 de Madrid. Buscaba los famosos pendrives que atesoraba Bárcenas.

Los imputados nunca le cuestionaron. Es posible que pudieran hacerlo en cierto momento, aunque es verdad que García-Castaño sufrió un ictus en 2022 y, más tarde, a raíz de las secuelas, el juez archivó la causa contra él. Lo cierto es que, convertido en una especie de testigo de cargo, no hubo oportunidad de ver qué grado de fortaleza exhibía cuando cambió de bando. García-Castaño ya está fuera de la causa por las secuelas de su ictus.

Una cosa es que el juez y los fiscales pensaran que la investigación de altos cargos de Interior y de la Policía desataría múltiples presiones del poder político y otra que para poner sordina a ellas se orientaran a hacerlo todo en secreto, para cocinarlo sin riesgos. Utilizamos la palabra española como ironía para significar que en todos lados había, por así decir, Kitchen. O en este caso, una Contra Kitchen.

Uno de los temas ya planteados en la causa, y retomados por las defensas en las cuestiones previas, es el de la ‘perpetuatio iuridictionis’. Es decir: la competencia de la Audiencia Nacional, asumida al comienzo de la investigación, se perpetúa y no puede modificarse. La doctrina del Tribunal Constitucional señala que esa perpetuación asegura la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y el juez predeterminado por la ley, evitando la manipulación del proceso.

Ahora bien, las defensas denuncian que la instrucción de Kitchen en la Audiencia Nacional es, en rigor, la manipulación de la tutela judicial efectiva. En otros términos que esa perpetuación lesiona el derecho fundamental que permite a toda persona acceder a los tribunales para defender sus intereses legítimos.

Porque, sostienen, los delitos que se persiguen -encubrimiento, malversación, delito contra la intimidad- no son competencia de la Audiencia Nacional sino de los tribunales de la Audiencia de Madrid.

Y, señalan, tampoco reúnen el requisito por el cual sí podrían investigarse en la Audiencia Nacional, a saber, ser delitos conexos con aquellos que se suelen investigar en dicho tribunal: terrorismo, narcotráfico, delitos cometidos en el extranjero, entre otros.

Es verdad que esa conexidad parece más un recurso para que la causa se quedase en la Audiencia Nacional.

Otro de los argumentos es que la causa Kitchen investigaba los “encargos” recibidos por el comisario José Manuel Villarejo, dada su condición de policía en activo, y por los cuales se le pagaba con dinero o en especie. Con contratos.

¿Cuál es la relación de este abanico investigador y Kitchen? La única más clara es que María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, contrata en 2009 a Villarejo para intentar la desactivación del ‘caso Gürtel’ y como derivada del mismo, ya con el PP en el Gobierno, encarga al comisario en 2013 la búsqueda del Santo Grial.

Es decir: detectar primero y recuperar después los documentos comprometedores y posibles grabaciones del que fuera tesorero nacional del PP -de la total confianza de Mariano Rajoy, quien le nombra al dejar el puesto Álvaro Lapuerta- para lo cual Villarejo se pone manos a la obra con la colaboración del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Todos a por el Santo Grial. Y Villarejo cobra por ello, aunque sea bajo la forma de adelantar pagos y pasar factura después. No es Cenyt, la empresa de Villarejo, pero es una actividad encargada por Cospedal.

A quien, en uno de sus mandobles, Garcia-Castellón decidió salvar. Tras tomarle declaración como imputada -un teatrillo- archivó la causa para ella al concluir la investigación, el 29 de julio de 2021.

Las evidencias contra ella eran tan abrumadoras que el fiscal Serrano dio una batalla sin tregua por profundizar la investigación sobre la participación del PP. Pero la perdió. La Sala Penal de la Audiencia Nacional hizo piña con el juez García-Castellón.

Esa batalla ahora la está dando una acusación popular, la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que solicita suspender el juicio, declarar la nulidad de la conclusión de la instruccion de García-Castellón, la incorporación oficial -ya estaban en la causa- de pruebas marginadas por el instructor y su sucesor-el juez Garcí-Castellón se jubiló- y la reapertura la investigación." 

(Ernesto Ekaizer, blog, 07/04/26) 

El policía que investigó la caja B del PP, al juez: “Me conminaron los mandos a quitar el nombre de Rajoy de los informes” El comisario Villarejo le contó a Cospedal que estuvo de copas con él para que borrara el nombre de Rajoy del informe... Manuel Morocho confesó cómo le instaron a borrar de los informes el nombre del entonces presidente del Gobierno (eldiario.es)

Julián Macías Tovar @JulianMaciasT

GRAVÍSIMO.

El policía que investigó la caja B del PP, al juez: “Me conminaron los mandos a quitar el nombre de Rajoy de los informes” El comisario Villarejo le contó a Cospedal que estuvo de copas con él para que borrara el nombre de Rajoy del informe.

 https://eldiario.es/politica/policia-investigo-caja-b-pp-juez-conminaron-mandos-quitar-nombre-rajoy-informes_1_13108516.html

Vídeo: https://x.com/i/status/2039055425669071228

9:01 p. m. · 31 mar. 2026 ·3.803 Visualizaciones

En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas a Miguel Ángel Rodríguez. Que apareció así M.A.R... en 1993 un pago de 1 millón de pesetas “por indicación de J.M.” [presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP... En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas “a Sánchez”. Se trata del periodista de Abc, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente director general de Telemadrid. Se observa: “Indicación de M.A. Rodríguez”, entonces director de comunicación del PP. En 1994, con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a “J.A. Sánchez. Se observa: “Petición de Miguel A. Rguez”. Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a “José A. Sánchez” de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre “M.A.Rod”. Es decir: Miguel Ángel Rodríguez. Sánchez admitió ser el beneficiario (Ernesto Ekaizer)

 "(...) La contabilidad B lleva décadas rodando.

Y Gürtel, aquella trama “contra el PP”, según el mensaje que le dictó Federico Trillo, defensor de los altos cargos del PP imputados (el PP le pagó 69.000 euros por esa labor), en marzo de 2009, permitió seguir los rastros de Bárcenas sin saber hacia dónde iban a conducir.

Porque es a día de hoy que nadie recuerda la punta del ovillo: que fue precisamente a raíz de una comisión rogatoria del juez Francisco Monterde, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -Bárcenas era senador, por tanto aforado- que la justicia helvética siguió la pista de una tarjeta Visa con la que el entonces tesorero realizó un pago -era 2010- hasta bucear debajo de la punta de un iceberg que había llegado a acumular 48,2 millones de euros en bancos de Ginebra.

  Es que Bárcenas, en calidad de senador, era una Personalidad Expuesta Políticamente (PEP), lo que obliga, por acuerdos de blanqueo de capitales entre países, al seguimiento de sus pagos.

    Eso no podría pasarle nunca, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso o a su pareja Alberto González Amador, porque, según hemos revelado, ella nunca ha rellenado el formulario que se exige a presidentesa de CCAA y sus relaciones sentimentales estables (ley de blanqueo de capitales española de 2010).

Ahora, por tanto, la estrategia de Feijóo consiste en mostrar que él nada tiene que ver con la contabilidad B del PP en el pasado y que, por el contrario, el que sí está inmerso en una contabilidad B y financiación ilegal de su partido es…Pedro Sánchez.

Y aquí entra Aldama, tan necesario ahora mismo, precisamente cuando empezaba este pasado lunes, día 20 de octubre, el último capítulo de Gürtel: el juicio por blanqueo de capitales (Francisco Correa acumuló en Suiza 40.137.682,96 algo menos de los 42,8 millones de Bárcenas).

MAR Y José Antonio Sánchez

Ahora bien, es interesante refrescar la memoria: José Antonio Sánchez es el director general de Telemadrid desde el 26 de junio de 2024.

Y su experiencia con la contabilidad B del PP la hizo en primera fila. Porque en su condición de periodista político del diario Abc recibió pagos que le hizo Miguel Ángel Rodríguez después de recibir el dinero que le enviaba Bárcenas.

En Queríamos tanto a Luis (Espasa, 2015), mi segundo libro definitivo sobre la contabilidad B del PP, explico la secuencia de los pagos. [Los cuatro apuntes están señalados en el pantallazo que ilustra esta información].

En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, visada por su superior, el tesorero Álvaro Lapuerta, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas a Miguel Ángel Rodríguez. Que apareció así M.A.R

Pero en la contabilidad manuscrita había un vacío: faltaba el periodo 1993-1996. Esta parte mecanizada 1993-1996 fue desencriptada del pendrive de Luis Bárcenas y fue aportada al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Pablo Ruz.

La versión completa fue volcada por el inspector titular número 82.701 y el policía con carné profesional 106.594 de la Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central Criminalística, sección Informática Forense.

Pero he aquí que al dar traslado a las partes, se omitió la columna de Observaciones.

Y entre las observaciones de interés figura en 1993 un pago de 1 millón de pesetas “por indicación de J.M.” [presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP.

Pero a lo que vamos.

En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas “a Sánchez”. Se trata del periodista de Abc, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente director general de Telemadrid.

Se observa: “Indicación de M.A. Rodríguez”, entonces director de comunicación del PP.

En 1994, con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a “J.A. Sánchez. Se observa: “Petición de Miguel A. Rguez”.

Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a “José A. Sánchez” de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre “M.A.Rod”. Es decir: Miguel Ángel Rodríguez.

Sánchez admitió ser el beneficiario.

Rodríguez ha explicado el pago a su nombre de 1,5 millones de pesetas, el único conocido por el que se le ha preguntado, como posiblemente “un finiquito” o “será la cosa burocrática de lo que haya sido”.

En una intervención en Antena 3 explicó que los pagos anotados por Bárcenas podían ser una “gratificación, por alguna campaña, nunca sobresueldos.

“Todo comportamiento que he visto de Bárcenas me ha parecido reprochable, pero es que por encima de él sólo había hombres honrados, como Álvarez Cascos”, explicó.

Pero este sistema no lo inventó Bárcenas.

Lapuerta siempre visaba los pagos de Bárcenas, según aparece su letra en la contabilidad B.

En resumen: que el show de Aldama con sus “bombas” fuera el plato estrella de Telemadrid del pasado lunes 20 de octubre en el que se trataba de mostrar que hay financiación ilegal en el PSOE, con Aldama como testigo de cargo –“no tengo pruebas”, al menos admitió- fue una operación calculada.

La prueba que Aldama presentó ante el juez Puente en las últimas horas, filtraciones previas mediante, ha sido desmentida por Carlos Bautista, el nuevo letrado de Ábalos. Es decir: las condiciones de compra de un local en Valencia por parte del exministro de Transportes.

Con Bautista -el que avisa no es traidor- ya no lo tendrán fácil."

(Ernesto Ekaizer , blog, 22/10/25) 

Francisco Martínez implica a Rajoy en el uso personal de la policía patriótica: “No solo es Rajoy que se quiere vengar, que en algunos casos será así”

 "ElPlural.com ha accedido a un nuevo audio de las cloacas que apunta directamente al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato (2012-2018) el estado profundo jugó un papel protagonista en la defensa de los intereses del PP frente a adversarios políticos, empresarios, jueces, fiscales e incluso policías no permisivos con las prolíficas tramas de corrupción radicadas en la sede de Génova, 13. 

En esta grabación, al contrario que en el primer audio de las cloacas del Estado publicado por ElPlural.com el pasado lunes -consistente en una llamada entre el excomisario Villarejo y María Dolores de Cospedal, otrora secretaria general del PP-, se reproduce una conversación entre el empresario Javier Pérez Dolset, víctima de la policía patriótica, y Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, capo de la cartera convertida en centro de operaciones del juego sucio del Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

Este audio, fechado el 14 de noviembre de 2023, grabado en la vivienda del propio Dolset y mientras ambos interlocutores repasaban una de las numerosas grabaciones del número dos de Interior con el excomisario Villarejo, vuelve a despejar la x de la incógnita sobre el papel que jugó el expresidente Rajoy [quien siempre ha negado su implicación] en las operaciones parapoliciales e ilegales perpetradas por la policía patriótica durante su mandato. 

Concretamente, el nombre del otrora presidente del Gobierno se ve referenciado por el propio Francisco Martínez [“Paco” para los protagonistas de las cloacas] cuando se encontraba junto a Pérez Dolset divagando sobre el origen de las operaciones realizadas por la policía patriótica: “No solo es Rajoy que se quiere vengar, que en algunos casos será así”, llega a afirmar Martínez, interlocutor habitual del excomisario Villarejo y secretario de Estado del Ministerio del Interior. 

Javier Pérez Dolset: Claro, a ver, ya lo dice Villarejo. El problema es que si tú metes cualquier información falsa en un informe de la UDEF, como ni el fiscal ni el juez se lo van a leer ni lo van a comprobar, te llevas por delante a un tío. 
 
Fco. Martínez: Correcto
 
Javier Pérez Dolset: Y luego, a ver cómo sales de ahí, porque cómo demuestras que una cosa que dice la UDEF no es cierta. 

Fco. Martínez: Absolutamente

Javier Pérez Dolset: Te tienes que bajar a hacer una pericial de los datos concretos, que no es fácil, entre otras cosas porque la gente no tiene estómago para sobrevivir a esto. 

Fco. Martínez: Que sí, que eso es así. Y donde yo creo que hay, digamos, más motivaciones que las que ves tú, es en los orígenes, en las causas. Que no solo es que Rajoy se quiera vengar, que en algunos casos será así. En tu caso es un tema, digamos, de guerra empresarial [en referencia al enfrentamiento mantenido por el propio Dolset con Mauricio Casals por el control del Grupo Zed, multinacional española de servicios móviles avanzados].

Mariano Rajoy, 'El Asturiano'

Este segundo audio vuelve a apuntar directamente a quien ocupase el Palacio de La Moncloa y el despacho principal de la séptima planta de Génova. Mariano Rajoy Brey, pese a sus constantes negativas, vuelve a ser señalado en las grabaciones a las que ha tenido acceso ElPlural.com, esta vez por Francisco Martínez, alguien de su propio equipo y número dos en el organigrama del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz. 

Al audio que publica en exclusiva este jueves ElPlural.com, hay que sumar las referencias de José Manuel Villarejo, quien jugó un papel preminente en las cloacas del Estado, en la llamada desvelada este martes por ElPlural.com entre el excomisario y la que en el momento de la conversación era la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Concretamente, en aquel intercambio, producido el 6 de septiembre de 2013, Villarejo hablaba abiertamente con su interlocutora del modus operandi que utilizaba para explicar sus operaciones a 'El Asturiano' -uno de los sobrenombres, junto a otros como 'El Barbas', con el que se hacía referencia al expresidente-.

Villarejo: María Dolores, he hablado esta tarde con Paco [Francisco Martínez], como siempre tan cariñoso, que es alguien de quien, junto con el ministro, tengo su apoyo porque yo en todo momento he sido transparente con ellos. Ellos saben que yo nunca iré en contra de las instituciones ni del partido que, en fin… Lo que me parece alucinante, insisto, es que alguien esté en eso y tenga el apoyo del director de la policía, el político… Desde hace tiempo, como tú sabes, yo he utilizado la línea para llegar al asturiano para comentarle las cosas y decirle que no entendía por qué me estaban dando caña cuando, dices, joder, igual lo han pillado a este tío con algo o traficando, pero yo he hecho todo lo que llevo haciendo años, el mismo trabajo… 

Cospedal: Sí, sí, está claro Pepe. 

Villarejo: María Dolores, por dios, es que yo no creo que tengáis queja..."

(JOSE MARÍA GARRIDO / JAVIER PARDO , El Plural, 12/06/25) 

Ernesto Ekaizer: Sánchez debería `agradecer´ los mensajes con Ábalos publicados hasta ahora porque prueban que ignoraba la corrupción y no mantuvo contacto con él en el caso Koldo... Uno de los objetivos de la filtración y publicación es incrementar las fuerzas centrípetas en el interior tanto en el PSOE como en el Gobierno. Pero no suponen un Watergate ni mucho menos... Cualquier paralelismo de la relación “epistolar” entre Rajoy y Bárcenas y Sánchez y Ábalos lleva -hasta hoy- a la conclusión de que mientras Rajoy estaba metido de hoz y coz en intentar desactivar la “bomba” Bárcenas-Suiza y las salpicaduras del caso Gürtel -que terminarán por quitarle del poder en junio de 2018-, las de Sánchez y Ábalos no solo carecen de valor penal o criminal sino que muestran que la sospecha de corrupción no ha sido la razón que llevó a Sánchez a quitarse de encima a Ábalos del gobierno y del partido

 "Resulta paradójico, pero se trata de filtrar y publicar aunque ello pueda favorecer la posición personal en este caso de Pedro Sánchez.

¿Por qué? Porque los mensajes conocidos hasta hoy martes 13 de mayo -y hay que pensar que debería ser lo más jugoso escandalosa o judicialmente hablando- acreditan dos cosas a favor del presidente de Gobierno.

*Retomó su relación con José Luis Ábalos, a quien había cesado en julio de 2021, cuatro meses más tarde. Es evidente que si le hubiera cesado por sospechas de corrupción, Sánchez habría cortado la relación. Pero en el otoño de 2021, en adelante, volvieron a mantener comunicación.

*No intercambió mensajes con Ábalos después de que estalló el caso Koldo, el 8 de marzo de 2024. Tampoco cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo asumió el 7 de noviembre de 2024 la causa contra el exministro, exsecretario de Organización del PSOE y diputado, ni cuando declaró de forma voluntaria en el Supremo, a primeros de diciembre de 2024, ni cuando el juez Leopoldo Puente solicitó el 18 de diciembre el suplicatorio al Congreso de Diputados y le imputó más tarde.

El Partido Popular ha sostenido sin pruebas hasta los mensajes que al destituir a Ábalos en julio de 2021, Sánchez ya sabía que Ábalos estaba implicado en temas de corrupción como los que luego saldrían a la luz (caso Koldo y Aldama).

Y, ahora, al conocer los nuevos mensajes, los dirigentes del PP se reafirman en ello. Según Elías Bendodo, coordinador general del partido, “Sánchez conocía la corrupción, la tapó y corrigió al que fue su brazo ejecutor en el PSOE”.

L os mensajes atestiguan el tipo de liderazgo que Pedro Sánchez ha ido construyendo. Es decir, su contestación dentro del PSOE y su malestar personal con los dirigentes que han expresado con regularidad sus discrepancias.

Asimismo, su impresión sobre algunos de sus colaboradores y su relación con Pablo Iglesias.

La filtración apunta a exhibir la reacción íntima de Sánchez ante unas dificultades internas, públicamente conocidas, con los llamados barones.

Uno de los objetivos, por tanto, de la filtración y publicación es incrementar las fuerzas centrípetas en el interior tanto en el PSOE como en el Gobierno.

Pero no suponen, si esa es su intención, un Watergate ni mucho menos.

Revelan algo que en estas páginas hemos apuntado: el estilo bonapartista de Pedro Sánchez puesto en evidencia, al menos en los últimos dos años, con ocasión de su convocatoria de las elecciones del 23 de julio de 2023 y, más tarde, con su carta de reflexión ocultada al más del 99% del partido el 27 de abril de 2024, días después de la imputación de su esposa Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Rajoy & Bárcenas

Los mensajes de whatsapp de Sánchez y Ábalos evocan, faltaba más, los mensajes intercambiados por el presidente de Gobierno Mariano Rajoy y el entonces tesorero y más tarde extesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas en el periodo diciembre 2012 y marzo de 2013.

Hace un año que gobierna Rajoy. Estamos en noviembre de 2012. Luis Bárcenas ya lleva desde agosto de 2009 imputado en el caso Gürtel. Hace dos años que se habla de dinero de Bárcenas en Suiza. El juez Francisco Monterde, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha enviado el 15 de abril de 2010 una comisión rogatoria a Suiza.

Bárcenas sabe que en noviembre de 2012 es inminente la llegada de los datos. Lo sabe porque se le han agotado los recursos, presentados a lo largo de casi dos años, para bloquearla.

El 20 de noviembre de 2012 las autoridades helvéticas envían los datos. A través de dos cuentas (LGT Bank y Lombard Odier, ambos de Ginebra) Luis Bárcenas había conseguido reunir 48.292.341 euros.

Mariano Rajoy mantiene con Bárcenas, cuya inocencia defiende (“Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP”, ha declarado en marzo de 2009 sobre el caso Gürtel), una relación estable y mensajes después de la afloración de los 48,2 millones de euros, y de la publicación en medios de comunicación de los los famosos sobresueldos del PP y la contabilidad en negro del partido, los Papeles de Bárcenas. Y sigue con sus mensajes -y contactos a través de Alfredo Prada- hasta un día antes -que sepamos- de la nueva imputación -aparte de la que ya tenía desde 2009- por el juez Pablo Ruz, el 14 de marzo de 2013, esta vez por los 48,2 millones en Suiza.

La mayor parte de los mensajes entre Rajoy y Bárcenas se refieren a la estrategia para difuminar lo que se está publicando en los medios, los ataques que está recibiendo Bárcenas por parte de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y mensajes a través de intermediarios.

Cualquier paralelismo de la relación “epistolar” entre Rajoy y Bárcenas y Sánchez y Ábalos lleva -hasta hoy- a la conclusión de que mientras Rajoy estaba metido de hoz y coz en intentar desactivar la “bomba” Bárcenas-Suiza y las salpicaduras del caso Gürtel -que terminarán por quitarle del poder en junio de 2018-, las de Sánchez y Ábalos no solo carecen de valor penal o criminal sino que muestran que la sospecha de corrupción no ha sido la razón que llevó a Sánchez a quitarse de encima a Ábalos del gobierno y del partido sino que pudo reanudar su relación precisamente por la ausencia de esa sospecha.

Y, como se ha apuntado, durante la instrucción del caso Koldo primero y la imputación de Ábalos más tarde no existió relación. Por lo que sabemos a día de hoy.

Vendetta

Ábalos siguió meditando desde su entrevista -18 de febrero de 2025, El Mundo-, donde advirtió que el caso Koldo-Ábalos-Aldama “va a escalar”. Y se decidió a pasar a la acción en ese mismo periódico.

Ya aquella entrevista, según fuentes del Gobierno, llamó la atención porque parecía un aviso. En efecto, lo era."

(Ernesto Ekaizer , blog, 14/05/25)

El juez Ángel Hurtado no parece albergar la menor “duda razonable” de que el fiscal general del Estado filtró un documento supuestamente secreto, pese a que tenían acceso a él más de 60 personas, y no se ha podido mostrar ningún elemento material que señale en concreto al imputado Álvaro García Ortiz... ha dejado de lado los testimonios de periodistas que declararon haber obtenido antes de que llegara al fiscal la información sobre el reconocimiento de delitos por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso... En una de las salas de juicios de la Audiencia Nacional hay una mesa que ha quedado bautizada como “la mesa de Rajoy”. Allí colocó Hurtado, presidente del tribunal que enjuiciaba el caso Gürtel en 2017, al entonces jefe del Gobierno. Rajoy acudía a declarar como testigo y el juez le otorgó una posición preeminente nunca vista. En lugar de estar de frente al tribunal y un peldaño más abajo, como todos los testigos, lo situó al lado y a su misma altura (Xosé Hermida)

 "El juez Ángel Hurtado nos dejó por escrito su convicción de que para sustentar una acusación judicial es preciso alcanzar “un nivel de certeza” que “suponga un convencimiento que supere el canon de la llamada duda razonable”. Eso al menos era lo que pensaba en 2009 el ahora magistrado del Tribunal Supremo. Quince años después, el autor de esas líneas no parece albergar la menor “duda razonable” de que el fiscal general del Estado filtró un documento supuestamente secreto, pese a que tenían acceso a él más de 60 personas y no se ha podido mostrar ningún elemento material que señale en concreto al imputado Álvaro García Ortiz.

Aquella doctrina de 2009 sirvió como uno de los argumentos para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con Hurtado como ponente, archivase la causa abierta contra tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso. Hurtado, el juez implacable de las últimas semanas, el que ha dejado de lado los testimonios de periodistas que declararon haber obtenido antes de que llegara al fiscal la información —pretendidamente secreta— sobre el reconocimiento de delitos por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso; el magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal que no ha creído oportuno mencionar en sus autos que el Ministerio Público trataba de frenar un bulo del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; ese mismo Hurtado reconvenía en 2009 a su entonces compañero de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por “desatender lo que favorece y centrarse en lo que perjudica al reo” con el fin de procesar a los militares estadounidenses.

En una cosa sí resulta coherente la arrolladora instrucción actual con la vieja doctrina del juez. También entonces desdeñó los testimonios de los periodistas que estaban en el hotel de Bagdad donde el disparo de un tanque estadounidense abatió a Couso. Hurtado, junto a otros dos jueces, concedió mayor verosimilitud a lo declarado por los soldados norteamericanos. Y hasta adornó el auto con un elogio a la democracia de aquel país, “más tradicional y arraigada que la nuestra”.

A sus 70 años, Ángel Luis Hurtado Adrián ha adquirido una notoriedad que no había logrado a lo largo de una carrera más bien anodina, en la que apenas descolló episódicamente, tras su llegada en 2007 a la Audiencia Nacional procedente de la Audiencia Provincial de Madrid, por su combatividad en el proceso del caso Gürtel. Entonces el combate tuvo una dirección opuesta a la de ahora: salvaguardar al implicado, el PP. Su ruidosa instrucción contra García Ortiz ha hecho que los medios de la derecha lo pongan en un pedestal; mientras en sectores judiciales progresistas cunde la estupefacción. Nadie imaginaba que para investigar un delito considerado menor en el Código Penal —revelación de secretos— fuese necesario recurrir a una medida tan extrema como registrar durante 10 horas el despacho e incautarse de los dispositivos electrónicos de una de las principales autoridades del Estado. “Una de las intervenciones judiciales de mayor trascendencia negativa de las que se tiene noticia”, ha escrito el magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, para quien el caso se ha construido a partir de “afirmaciones meramente conjeturales”.

En una de las salas de juicios de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) hay una mesa que ha quedado bautizada como “la mesa de Rajoy”. Allí colocó Hurtado, presidente del tribunal que enjuiciaba el caso Gürtel en 2017, al entonces jefe del Gobierno. Rajoy acudía a declarar como testigo y el juez le otorgó una posición preeminente nunca vista. En lugar de estar de frente al tribunal y un peldaño más abajo, como todos los testigos, lo situó al lado y a su misma altura.

Hurtado había hecho todo lo posible por evitar que Rajoy tuviese que dar explicaciones de la corrupción del PP. Primero se opuso a recabar su testimonio, luego pidió que declarase por videoconferencia y finalmente intentó que fuese en La Moncloa. En un voto particular, defendió que la comparecencia de Rajoy ante el tribunal quebraba “el principio de igualdad” por tratársele “igual que el resto de personas que no ostentan un cargo de tanta relevancia”. El juez pretendía evitar al presidente la “exposición pública” de “verle llegar y estar en la Audiencia Nacional”.

Quien más perseveró en reclamar el testimonio de Rajoy fue el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que ejercía la acusación popular en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. “Hurtado me la tenía guardada”, afirma el letrado, partes de cuyo interrogatorio a Rajoy han circulado estos días por las redes recogiendo las numerosas interrupciones del presidente del tribunal, que declaraba “impertinentes” algunas de sus preguntas. “En España la justicia se acomoda a lo que piensan los jueces”, sentencia Benítez de Lugo a sus 84 años.

Hurtado ganó la plaza de juez en 1983, en una promoción de la que salieron grandes pilares del conservadurismo judicial como Concepción Espejel, ahora en el Constitucional, o José Luis Requero, en el Supremo. Pasó sus primeros años en Canarias, luego recaló en Vitoria y en 1988 dio el salto a Madrid. Varios de los que lo han tratado lo definen como una persona gris, reservada, “un hombre de orden”, de convicciones conservadoras, “correcto en las formas, pero inflexible”, según un compañero. Sus autos y sentencias están escritos en lo que esta misma fuente define como una “prosa tortuosa”, encadenando párrafos interminables, de difícil comprensión para un lego.

En la Audiencia Nacional estrechó lazos con el magistrado Enrique López, durante años uno de los principales enlaces entre el PP y el mundo judicial, exmiembro del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), exconsejero de Justicia con Ayuso y exsecretario de esa área en la dirección nacional del partido. En 2015 López fue apartado del tribunal que juzgaría el caso Gürtel por sus vínculos con el PP. Hurtado le dedicó un extenso voto particular para discrepar de la decisión. Uno de los elementos para aceptar la recusación de López era que había elaborado medio centenar de ponencias para la fundación FAES, que presidía José María Aznar. Hurtado sostuvo que resulta “aconsejable” que un juez colabore con asociaciones políticas para facilitarles un “enfoque jurídico”; sobre todo “si se tiene un pensamiento que guarda sintonía”.

Fue al propio Hurtado a quien correspondió presidir el tribunal, junto a otros dos jueces: José Ricardo de Prada y Julio de Diego, uno progresista, otro conservador. El proceso, hasta que se dictó sentencia en mayo de 2018, se prolongó año y medio, un periodo en que la tensión fue creciendo en la Audiencia Nacional y dentro del tribunal. Hurtado iba a ser el ponente del fallo, pero sus discrepancias con los otros dos jueces se hicieron tan fuertes que tuvo que ceder la iniciativa. Sus opiniones quedaron reflejadas en el voto particular que emitió para desmarcarse de la sentencia, luego ratificada por el Supremo, que condenaba al PP por beneficiarse de la trama a título lucrativo.

El Hurtado de estos días ha incluido en sus autos inferencias como la de dar por hecho, sin elemento material que lo acredite, que la Fiscalía General del Estado envió a La Moncloa el documento del novio de Ayuso. En cambio, en el caso Gürtel consideraba un “salto al vacío” vincular a la trama corrupta con la dirección del partido. Los trapicheos del grupo de Francisco Correa en ayuntamientos de la región de Madrid se habrían urdido “a espaldas del PP nacional”, sostuvo Hurtado, quien negó que se tratase de una “estructura de corrupción institucional” como dictaminaron sus compañeros.

El mismo año de la sentencia fracasó en su primer intento de acceder al Supremo. Lo acabaría logrando en 2020, propuesto por un CGPJ de mayoría conservadora que ya llevaba un año con el mandato caducado. En el examen para acceder al puesto dejó constancia de su rechazo a la actuación de la justicia alemana de denegar la entrega a España del “presidente de la Generalidad” (sic). Ingresó en la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, el perejil de todas las salsas en los casos más mediáticos del Supremo. Una de las últimas actuaciones bajo la presidencia de Marchena, que acaba de dejar ese puesto después de 10 años, fue abrir la investigación contra el fiscal general del Estado. Acabó en manos de Hurtado, su primera instrucción en el alto tribunal.

En 2013, todavía en la Audiencia Nacional, suscribió un auto exculpatorio de un militante de Nuevas Generaciones del PP que en un tuit había llamado “tipeja” a la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, Pilar Manjón, y dudado de que su hijo viajase en los trenes de la masacre. Hurtado abrazó la tesis de que tales insultos están protegidos por la libertad de expresión, en un fallo del que fue ponente el progresista De Prada, vilipendiado por el PP tras la sentencia de la Gürtel. Cuando surgió un caso parecido, pero con protagonista de otra índole, Hurtado volvió a dar muestras de flexibilidad. En 2020 escribió un artículo en la revista Práctica Penal, Cuaderno Jurídico para criticar que el Constitucional enmendase la plana al Supremo y anulase la condena a un año de prisión al cantante César Strawberry por una serie de tuits con sarcasmos muy gruesos sobre víctimas de ETA como José Antonio Ortega Lara y Eduardo Madina. Ahora Hurtado glosaba la tesis del Supremo —redactada por Marchena— de que la libertad de expresión no puede amparar “expresiones que encierran un injustificable desprecio para las víctimas del terrorismo”.

( Xosé Hermida , El País, 02/02/25)