La ONU asume el fracaso de la política de prohibición de las drogas... en 2022 había 292 millones de personas consumiendo drogas en el mundo, 107 millones más que hace dos décadas, pese a que los gobiernos gastan en total unos 100.000 millones de dólares al año en políticas punitivas para impedir su uso y venta... “La penalización y la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir la delincuencia relacionada con ellas. Estas políticas sencillamente no funcionan y estamos fallando a algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, advirtió Turk. El alto comisionado considera como elemento clave de la reforma la despenalización

 "Una nueva vía puede estar abriéndose en el mundo respecto al control de las drogas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha constatado que su prohibición ha sido un “absoluto fracaso” que “ha destruido innumerables vidas y dañado comunidades enteras”. Similar tesis mantiene la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por exmandatarios de países como Brasil, Colombia, Nueva Zelanda, Grecia o Polonia. Y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga aprobó en marzo, con un inédito consenso, explorar un nuevo sistema de fiscalización internacional de las sustancias, propuesta que tan solo rechazaron los EEUU de Trump, la Rusia de Putin y la Argentina de Milei.

El último informe de Amnistía Internacional corrobora que la prohibición de las drogas es la causante de muchas muertes en el mundo, no por las consecuencias de su consumo, sino por las ejecuciones judiciales y extrajudiciales en países donde las leyes, o la ausencia de ellas, castigan severamente su uso y tráfico. El 42% de las ejecuciones judiciales conocidas en 2024 en todo el orbe fueron por delitos relacionados con las drogas, ajusticiamientos ilícitos según el derecho internacional de derechos humanos, que restringe el uso de la pena capital a los delitos de sangre más graves.

Amnistía Internacional registró el año pasado un incremento del 25% de las penas de muerte por delitos de drogas, lo que elevó a 637 las ejecuciones por ese motivo, ordenadas en 13 países y concentradas fundamentalmente en cuatro de ellos: China, Irán, Singapur y Arabia Saudí. El caso de Tailandia también resulta llamativo, ya que el 69% de las 364 condenas a muerte en ese país se debieron a ilícitos de drogas, con una especial incidencia entre las mujeres: el 95% de las condenadas a la pena capital habían cometido algún delito relacionado con sustancias estupefacientes.

También aporta datos significativos para defender el fin de la prohibición la Comisión Global de Política de Drogas, una organización creada en 2011 por casi una treintena de exjefes de Estado y de gobierno y exlíderes de organizaciones internacionales para promover reformas globales basadas en la evidencia científica y los derechos humanos. Sus informes reflejan que en 2022 había 292 millones de personas consumiendo drogas en el mundo, 107 millones más que hace dos décadas, pese a que los gobiernos gastan en total unos 100.000 millones de dólares al año en políticas punitivas para impedir su uso y venta.

Como resultado de esas políticas punitivas, en 2020 fueron detenidas en el mundo 3,1 millones de personas, sobre todo por la simple posesión de drogas, y en 2023 fueron encarceladas en torno a 2,3 millones, según los datos de Comisión Global, que añade otras cifras muy elocuentes: en EEUU han muerto más de un millón de personas por sobredosis en las últimas dos décadas y en Canadá han perdido la vida por el mismo motivo más de 40.000 en los últimos ocho años.

Estos y otros muchos datos son los que han llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a proclamar que la “guerra contra las drogas ha fracasado”. En una conferencia en Varsovia el pasado mes de diciembre, su responsable, el austriaco Volker Turk, reclamó un cambio “radical” de la política mundial sobre las drogas y adoptar un enfoque desde su regulación basada en los derechos humanos.

“La penalización y la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir la delincuencia relacionada con ellas. Estas políticas sencillamente no funcionan y estamos fallando a algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, advirtió Turk. El alto comisionado considera como elemento clave de la reforma la despenalización. “Centrarse en la inclusión y la educación en lugar del encarcelamiento supone que el consumo de drogas disminuye. Optar por la reinserción en lugar de la estigmatización supone que disminuyan las infecciones relacionadas con las drogas”, añadió.

“Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”

El discurso de Volker Turk no es flor de un día. Es el resultado de un largo trabajo que su Alto Comisionado y otras agencias de Naciones Unidas llevan haciendo desde hace años. Un informe de 2019 con directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas, en el que participaron también la OMS (salud) y UNAIDS (sida), ya advertía de que responder a los daños asociados al uso de drogas y su tráfico ilícito se configuraba como “uno de los mayores desafíos de política social de nuestro tiempo” y lo consideraba un tema “transversal” a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En ese informe se resalta que, desde finales de la década de los noventa, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU han reconocido que “contrarrestar el problema mundial de las drogas” ha de llevarse a cabo “de plena conformidad con todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. “Ninguna ley, política o práctica de drogas debe tener el efecto de socavar o violar la dignidad de ninguna persona o grupo de personas”, se precisa en el documento, antes de remachar que “los Estados pueden utilizar las flexibilidades disponibles en las convenciones de control de drogas de la ONU para despenalizar la posesión, compra o cultivo de sustancias controladas para el consumo personal”.

Cuatro años más tarde, en 2023, el Alto Comisionado de Derechos Humanos reiteró en otro informe que las principales preocupaciones al abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas son “el acceso insuficiente y desigual” a los servicios de reducción del daño por consumo; la guerra contra las drogas; la militarización de su fiscalización; el “recurso excesivo” al encarcelamiento; el uso de la pena de muerte, y el impacto desproporcionado de estas políticas punitivas en los jóvenes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres.

Constanza Sánchez Avilés, directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Fundación Iceers, participa desde hace 15 años en las sesiones de las comisiones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y conoce muy bien los cambios que se han registrado últimamente, debido, a su entender, al empuje de los movimientos sociales que reclaman otro tipo de política en este campo.

“Hasta bien entrados los 2000 no hubo una resolución en la que los derechos humanos fueran un tema central en las políticas sobre drogas. En la ONU siempre se había pensado poco desde esa perspectiva y mucho desde la del control”, dice Sánchez Avilés a Público.

El empuje de la sociedad civil y de organismos como UNAIDS por el avance del sida a causa del uso de drogas fueron las que propiciaron, según esta experta, que en 2019 por primera vez en un documento respaldado por estos organismos se hablase de cada uno de los derechos que están en juego y de las obligaciones de los Estados para respetarlos.

Constanza Sánchez Avilés resalta el derecho a la vida “como la punta del iceberg” en las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el mundo en nombre del control de las drogas, de las ejecuciones extrajudiciales que se hallan muy relacionadas con la “militarización” de esa acción política que da carta blanca a Policía y ejército para controlar a una parte de la población.

El “caso sangrante” de Rodrigo Duterte en Filipinas

La directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos de Iceers menciona como caso “más sangrante” el de Filipinas entre 2016 y 2022, durante la presidencia de Rodrigo Duterte, quien fue detenido el pasado mes de marzo tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad vinculados a su campaña contra las drogas. La Comisión Global de Políticas de Drogas destaca que esa “guerra” causó miles de muertes, más de 6.200 en operativos policiales, según informes oficiales, una cifra que organizaciones de derechos humanos consideran mucho más elevada. Y la mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades marginadas en ese país.

“Esta detención pone de relieve las fallas sistemáticas de las políticas punitivas de drogas. La evidencia indica que la criminalización y militarización de las políticas de drogas afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables, perpetúa la violencia y socava las iniciativas de salud pública. La acción de la Corte Penal Internacional pone de relieve la urgente necesidad de una transición de las políticas represivas de drogas a enfoques basados en la evidencia, centrados en la salud y respetuosos con los derechos humanos”, concluye la organización de exmandatarios de diferentes países.

Sánchez Avilés también considera que el “prohibicionismo punitivo, el castigo, no se sostiene”, entre otras razones, porque no ha conseguido el principal objetivo que se proponía: impedir el consumo de drogas. “El prohibicionismo ha sido un gran catalizador de la violación de derechos humanos, de la militarización. Ha sido muy útil a otros intereses: para el control de las poblaciones discriminadas y de la disidencia política o para los medios de comunicación en su lucha por las audiencias. Y ha fracasado porque no ha contribuido a apoyar a las personas que usan las drogas y a las más débiles de la cadena del comercio, los indígenas o las que se dedican al menudeo en las ciudades. Las políticas de drogas se utilizan para imponer el control social, son una excusa para otras cosas”, subraya esta experta.

Las penas de muerte son uno de los efectos más terribles de estas políticas punitivas. Beatriz Martos, portavoz de Amnistía Internacional, explica a Público que las poblaciones más desfavorecidas socioeconómicamente, las pertenecientes a minorías étnicas o religiosas o las refugiadas son las más criminalizadas por los delitos de drogas y las que más sufren las ejecuciones por tal motivo. “Es la criminalización de la pobreza”, resume.

Amnistía, que el año pasado centró el día contra la pena de muerte en los casos de delitos de drogas, recalca que las ejecuciones por estos ilícitos son completamente ilegales según el derecho internacional, que únicamente los contempla para casos de asesinato. Y, pese a ello, las penas capitales por drogas, lejos de remitir, han aumentado. “La otra mala noticia -dice Beatriz Martos- es que otros tres países, Malvinas, Nigeria y Tonga, se han planteado introducir también la pena de muerte para estos delitos”.

Las minorías étnicas -como la baluchi y kurda en Irán o las mujeres en Tailandia- son colectivos fuertemente afectados por la imposición de la pena capital a los delitos de drogas. “Desde Amnistía abogamos por la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, sea inocente o culpable el condenado. Pero los delitos de drogas no pueden ser castigados con pena capital en ningún caso, porque, además, penalizan a los grupos más desprotegidos por el Estado”, señala su portavoz.

La prohibición, “un accidente histórico”

David Pere Martínez Oró, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de varios estudios sobre opioides y otras drogas, considera que su prohibición en el último siglo ha sido “un accidente histórico” en la larga historia de la humanidad, que las ha utilizado desde tiempos inmemoriales para diferentes fines.

“En los dos objetivos que se planteaban con la prohibición, reducir la demanda de drogas y que los mercados mundiales no ofrezcan drogas, los datos nos dicen que no se han cumplido y ni se cumplirán. Y que, además, con la voluntad de hacerlos cumplir se han causado daños terribles a poblaciones, que es lo que denuncia el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, dice David Pere a Público.

Este experto asegura que para reducir la demanda y la oferta de las drogas “se ha fumigado a poblaciones enteras, se han desplazado a millones de personas, se ha llevado a gente a gulags por consumir y encarcelado a menores por posesión de drogas”. “Las políticas prohibicionistas -añade- han supuesto un atropello sin parangón y eso hay que reformularlo. El tema es ahora ver cómo se hace eso”.

Para empezar, según David Pere, todos los Estados deberían de erradicar la pena de muerte para los delitos de drogas y dejar de castigar su posesión. “Tan solo con eso se mejoraría mucho a nivel de derechos humanos”, sostiene. Y luego, a su juicio, deberían cambiar los criterios con los que funciona la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano que se encarga de hacer cumplir las convenciones de la ONU sobre esta materia. “Pero la JIFE sigue con su delirio prohibicionista. ¡Cómo pueden decir, por ejemplo, que hay que acabar con las salas de inyección! ¡En qué mundo viven!”, apostilla.

Al igual que Constanza Sánchez Avilés, este doctor en Psicología de la Autónoma de Barcelona sostiene que los Estados han utilizado la fiscalización internacional de las drogas para aplicar en sus territorios políticas represoras y controlar a la población, “a los sectores díscolos”, algo que ha sido todavía más acentuado en los países con regímenes autocráticos.

El último paso hacia una posible nueva estrategia internacional sobre las drogas se dio el pasado mes de marzo en la comisión de la UNODC en Viena, donde fue aprobada la creación de un panel de 19 expertos independientes que deberán de proponer una serie de recomendaciones para mejorar el sistema internacional de fiscalización de los estupefacientes. La propuesta partió de Colombia, cuyo gobierno, con Gustavo Petro como presidente, aboga por acabar con el prohibicionismo que ha causado tantas muertes y destrucción en su país, uno de los principales productores de cocaína.

La propuesta fue aprobada con un inusual alto grado de consenso en una iniciativa de tal calado. Contó con 30 votos a favor, entre ellos el de España y toda la UE, 18 abstenciones de países como China, Arabia Saudí o Tailandia, que registran los mayores índices de penas de muerte por drogas, y únicamente tres en votos en contra, muy significativos: EEUU, Rusia y Argentina.

En su intervención ante la comisión, la embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, explicó así la razón de su propuesta para mejorar los criterios de la fiscalización internacional de las drogas: “Colombia suministra menos del 5% del mercado ilegal de drogas, aun así no estamos orgullosos de esta situación, pero ¿por qué cada colombiano y colombiana siente que el problema mundial de las drogas reposa sobre sus hombros? Este panel de expertos es una invitación dentro del marco de las convenciones a repensarnos, para resaltar el significado del principio de responsabilidad común y compartida”.

“Mi país -añadió la embajadora colombiana- ha sacrificado más vidas que ningún otro en la guerra contra las drogas que nos fue impuesta. Hemos pospuesto nuestro desarrollo, dedicando nuestros mejores hombres y mujeres y buena parte de nuestro presupuesto nacional a luchar contra el tráfico ilícito. Queremos nuevas maneras, más efectivas de implementar el régimen global. Esto no tiene por qué ser una confrontación entre nosotros, los miembros de la Comisión, sino una manifestación de nuestro compromiso contra la delincuencia transnacional”.

David Pere ve con buenos ojos la propuesta aprobada por la comisión de la UNODC, pero también muestra sus reservas sobre el panel de expertos que decidirá qué cosas hay que cambiar en la fiscalización internacional de los estupefacientes. “Hay que ver quiénes van a ser los expertos, con qué ópticas y cómo se van a traducir a la realidad sus conclusiones. Es un buen paso, pero hay que ver los tiempos y los resultados. Lo cierto es que ya se pueden hacer políticas muy tolerantes en los Estados sin violar los tratados internacionales de fiscalización vigentes”, concluye."

(Santiago F. Reviejo , Público, 03/05/25)

La única solución para combatir la droga... Para luchar contra la plaga de los opioides, Canadá permitió el programa 'suministro seguro', a través del que se recetan opiáceos farmacéuticos gratuitos a personas en alto riesgo de sobredosis... los drogadictos podían comprar hasta 14 gramos semanales de estas sustancias, analizadas previamente y ofrecidas a un precio ligeramente inferior al del mercado callejero. Las drogas se entregaban en envases precintados, etiquetados con su contenido exacto y advertencias sobre los efectos del consumo, de manera similar a las cajetillas de tabaco... la mayoría de los participantes redujeron el consumo de drogas, disminuyó el riesgo de sobredosis y mejoraron su salud mental, física y bienestar general La iniciativa de vender sustancias ‘limpias’ compradas en la ‘dark web’ consiguió reducir el consumo y el riesgo de sobredosis... algo parecido a tratamiento del alcohol y del tabaco, drogas legalizadas (Irene Serrano, El País)

 "Todos a los que quiero están muertos”, declaraba la activista canadiense Eris Nyx en una entrevista en junio de 2023 en la web The Tyee. Un mes antes, en Columbia Británica, su lugar de residencia, 198 personas habían fallecido por consumo de drogas, víctimas de un mercado contaminado con fentanilo. La crisis de los opioides alcanzaba su punto más crítico ese año en Canadá. Convencida de que esta emergencia sanitaria es consecuencia de un negocio no regulado y lucrativo, Nyx, junto al también activista Jeremy Kalicum, lideraba desde agosto de 2022 el Frente de Liberación de Usuarios de Drogas (DULF por sus siglas en inglés): un club, conocido como compassion club, que vendía cocaína, metanfetaminas y heroína con composición verificada.

En la última década, las sobredosis han provocado una crisis de salud pública sin precedentes en Canadá y EE UU, debido principalmente a la adulteración de las drogas ilegales con fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, mucho más barato de producir que otros opioides y altamente adictivo. Con más de un millón de fallecidos desde el año 2000, cifra comparable a la de la pandemia de covid. Pero esta crisis afecta sobre todo a jóvenes: en EE UU es la principal causa de muerte entre personas de 18 a 44 años, y en Canadá, las muertes por opioides en 2024 se concentraron en personas de 30 a 39 años. Columbia Británica, una de las regiones más afectadas en Norteamérica, registra una tasa de mortalidad por sobredosis de 45 por cada 100.000 habitantes, con el fentanilo implicado en más del 85% de estas muertes.

La provincia canadiense ha respondido a la crisis con iniciativas como el programa safer supply (suministro más seguro), a través del que se recetan opiáceos farmacéuticos gratuitos a personas en alto riesgo de sobredosis. El compassion club de DULF proponía extender este modelo a contextos no supervisados en Vancouver, epicentro de la crisis. Descrito por The Economist como “revolucionario”, el club estuvo activo durante un año y dos meses en el Downtown Eastside, un barrio caracterizado por la pobreza, la falta de vivienda y los problemas de salud mental y drogodependencia.

Para unirse al compassion club, los interesados debían cumplir requisitos como ser mayores de 19 años, consumir heroína, metanfetaminas o cocaína de origen ilegal, y estar en alto riesgo de sobredosis. Tras ser admitidos, podían comprar hasta 14 gramos semanales de estas sustancias, analizadas previamente y ofrecidas a un precio ligeramente inferior al del mercado callejero. Las drogas se entregaban en envases precintados, etiquetados con su contenido exacto y advertencias sobre los efectos del consumo, de manera similar a las cajetillas de tabaco. “Hacía tiempo que el modelo del compassion club se planteaba en los debates sobre políticas de drogas para abordar la actual crisis”, explica Gillian Kolla, investigadora en salud pública de la Memorial University de Newfoundland. “Nyx y Kalicum se esforzaron mucho para hacerlo con las autorizaciones pertinentes”, afirma. Solicitaron financiación y una exención a la legislación canadiense, pero su petición fue rechazada en marzo de 2022. Aun así, decidieron continuar el proyecto, notificándolo a las autoridades, y comenzaron a adquirir drogas en la dark web, que analizaban en su laboratorio.

 Tras 14 meses en los que vendieron 3.000 gramos de droga a 49 personas, una redada puso fin a la actividad de DULF, y sus fundadores fueron acusados de posesión de drogas con fines de tráfico. Kolla señala que Nyx y Kalicum “decidieron seguir adelante con la intervención como parte de una comunidad que enfrentaba un ritmo alarmante de muertes por sobredosis de fentanilo. Fueron totalmente transparentes, publicando sus protocolos y el modelo del programa en internet. Lo que hicieron no fue una sorpresa para nadie”. Además de abrir DULF a medios de comunicación, colaboraron con investigadores de la University of British Columbia y el British Columbia Centre on Substance Use (un centro de investigación sobre la drogodependencia), convirtiendo el compassion club en un caso de estudio académico, del cual se han publicado cuatro artículos científicos entre 2024 y 2025.

Jeanette Bowles, la investigadora del British Columbia Centre on Substance Use encargada de las entrevistas para el estudio cualitativo sobre DULF, habla de un caso de éxito, de una iniciativa piloto que mejoró la salud de sus participantes: “Mandaba un mensaje muy potente: eres digno de buena salud y de acceso a drogas menos perjudiciales. Lo que descubrí al hablar con los participantes fue que se sentían parte de una comunidad única y encontraban en el club un espacio libre de riesgos donde recibían lo que pedían sin temor a violencia”.

El artículo científico más reciente sobre DULF, de marzo de 2025, destaca que la mayoría de los participantes en su estudio redujeron el consumo de drogas, disminuyó el riesgo de sobredosis y mejoraron su salud mental, física y bienestar general. Estos resultados llevan a Kolla a defender, con mucha precaución, que el modelo es lo suficientemente interesante como para “aprender de él y combinarlo con otras intervenciones necesarias para abordar esta crisis”. Además, hace hincapié en la importancia de tratar paralelamente problemas como la crisis de vivienda y salud mental.

 Sin embargo, la comunidad científica canadiense no es unánime en su postura. Mientras algunos, como Kolla, apoyan enfoques de reducción de daños mediante acceso a sustancias no adulteradas y espacios y prácticas seguras, otros sostienen que la solución a la crisis de los opioides pasa, entre otras medidas, por la rehabilitación de los adictos. Para Julian Somers, psicólogo clínico y profesor de la Simon Fraser University, el hecho de que el compassion club operase durante más de un año es una “catástrofe sanitaria”. Argumenta que “la adicción se caracteriza por la pérdida de control y autonomía”, y permitir acceso a drogas sin intervenciones simultáneas es “como jugar a la ruleta rusa”. Somers considera que se debe “proteger” a los drogadictos de un consumo “malsano e inadecuado”.

En España, una investigación de junio de 2024 del Ministerio de Sanidad descartaba la posibilidad futura de una crisis de salud pública relacionada con el fentanilo. Y aunque no hay ejemplos de iniciativas tan arriesgadas como la de DULF, Diego Fernández Piedra, investigador en psicología social de la salud y las adicciones y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, subraya la importancia del PEPSA, un programa experimental de prescripción de heroína farmacéutica inyectable e inhalada de la Junta de Andalucía. Fernández Piedra considera que “lo que hizo DULF fue crear un modelo donde se prioriza el cuidado frente al castigo, la vida frente a la norma. Es valiente y, al mismo tiempo, muy concreto”. Y añade que es “difícil imaginar algo así en España sin consecuencias legales inmediatas”.

Más allá del debate, la viabilidad y el futuro del modelo del compassion club en Canadá dependerán del juicio contra Nyx y Kalicum, previsto para finales de este año. “Los fundadores de DULF, después de ser muy transparentes acerca de lo que estaban haciendo, enfrentan actualmente cargos penales graves bajo la ley canadiense de drogas —sostiene Kolla—. Esto ha frenado la idea de los compassion clubs por ahora”."

(Irene Serrano , El País, 19/04/25)

Los avances científicos con las sustancias psicodélicas están revolucionando la investigación farmacológica y la terapia psicológica... La pandemia global de la salud mental ha llevado al gobierno australiano a regularizar el uso de MDMA y psilocibina como tratamientos de salud mental... han considerado que existen suficientes pruebas para abrir la puerta a su uso por parte de médicos y psiquiatras... En Estados Unidos, varios fármacos están cerca de ser aprobados y las clínicas que usan algunas de estas drogas se extienden cada vez más. Pero como suele ocurrir, en Europa las cosas van más despacio y el uso de este tipo de sustancias sigue encontrándose en un limbo regulatorio... Es por ello que un grupo de 32 asociaciones lideradas por un colectivo multidisciplinar de científicos, médicos, terapeutas y defensores de los derechos humanos de 18 países ha lanzado una campaña ciudadana de recogida de firmas bajo el nombre PsychedeliCare con el objetivo promover el acceso seguro y legal a terapias asistidas por sustancias psicodélicas, integrándolas de forma regulada en los sistemas de salud pública de Europa (Yago Álvarez Barba)

 "Los avances científicos con las sustancias psicodélicas están revolucionando la investigación farmacológica y la terapia psicológica. Pero la pandemia de problemas de salud mental va más rápido que las aprobaciones por parte de las autoridades farmacológicas y que los ensayos clínicos. En Australia, por ejemplo, han decidido no esperar más. La pandemia global de la salud mental ha llevado al gobierno australiano a regularizar el uso de MDMA y psilocibina como tratamientos de salud mental. Muchos de los ensayos con esas sustancias todavía no han pasado todas las fases hasta su aprobación, pero han considerado que existen suficientes pruebas para abrir la puerta a su uso por parte de médicos y psiquiatras.

En Estados Unidos, varios fármacos están cerca de ser aprobados y las clínicas que usan algunas de estas drogas se extienden cada vez más. Pero como suele ocurrir, en Europa las cosas van más despacio y el uso de este tipo de sustancias sigue encontrándose en un limbo regulatorio. Lo que va igual de rápido o más en el viejo continente son los graves problemas de salud mental como la depresión, estrés postraumático o los desórdenes por consumo de sustancias.

Según datos del último barómetro de salud de la Unión Europea (UE), una de cada seis personas en el continente sufre algún tipo de problema de salud mental. La ansiedad y la depresión eran los más frecuentes en la UE antes de la pandemia, seguidos de los trastornos relacionados con el consumo de alcohol y drogas, el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

Es por ello que un grupo de 32 asociaciones lideradas por un colectivo multidisciplinar de científicos, médicos, terapeutas y defensores de los derechos humanos de 18 países ha lanzado una campaña ciudadana de recogida de firmas bajo el nombre PsychedeliCare con el objetivo promover el acceso seguro y legal a terapias asistidas por sustancias psicodélicas, integrándolas de forma regulada en los sistemas de salud pública de Europa. 

La campaña arrancó el pasado 14 de enero y tiene un año para recoger un millón de firmas en un año. De conseguirlo, la Comisión Europea tiene tres meses para pronunciarse y plantearse su implementación, lo que podría dar forma a una iniciativa legislativa que se debería votar y debatir en el Parlamento Europeo.

El primero objetivo de la campaña es “apoyar el establecimiento de un consenso de expertos con psicodélicos y promover una postura unificada que facilite su regulación”, explica a El Salto Elizabet Domínguez, psicóloga y doctora en farmacología, coordinadora del equipo español de PsychedeliCare y vocal de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica (Sempsi).

Por el momento, son solo algunas empresas farmacéuticas las que firman acuerdos con hospitales para avanzar en la investigación y en los ensayos clínicos. Es por ello que la campaña también exige que  se fomente la inversión pública europea de las terapias asistidas con psicodélicos. “Se necesita que, tanto los profesionales como los pacientes, tengan más seguridad regulatoria y que este tipo de terapias lleguen a más gente”, dice Domínguez, que señala que actualmente este tipo de tratamientos en Europa se hacen en clínicas privadas que no todo el mundo se pueden permitir: “La inversión pública y su fomento en la sanidad pública favorecerá que estas terapias lleguen a más gente”.

Ese mismo enfoque lo comparte la fundación International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS), que apuntan en un comunicado en apoyo a la campaña que “este tipo de regulaciones no sólo beneficiarán a los pacientes, sino que también contribuirán al desarrollo de un modelo de salud pública más inclusivo e innovador”. Desde esta organización que también forma parte de la campaña, defienden que “estas prácticas, respaldadas por investigaciones científicas, ofrecen soluciones prometedoras para trastornos mentales que los tratamientos convencionales no han logrado resolver de manera efectiva”, en palabras de su director científico José Carlos Bouso, el cual trabaja actualmente en un prometedor ensayo clínico para tratar las adicciones a drogas usando la ibogaina, una sustancia extraída de un arbusto original de África llamado iboga.

El arranque de la recogida de firmas también tendrá su presentación en las instituciones europeas el próximo 6 de febrero en el que expertos en la materia y componentes de la campaña la presentarán en el Parlamento Europeo. El evento unirá a legisladores, sociedad civil, médicos, investigadores y representantes de pacientes y manifestará “una llamada a la acción hacia la innovación en Europa, para la inclusión de estas terapias tan prometedoras en respuesta a las limitadas opciones de tratamiento existentes y las muchas necesidades por cubrir”.                   (Yago Álvarez Barba , El Salto, 02/02/25)

La farmacéutica Purdue y los miembros de la multimillonaria familia Sackler, propietarios de la compañía, han acordado pagar 7.400 millones de dólares, por la la mortal epidemia de opiáceos que ha arrasado EE UU en las dos últimas décadas... La crisis de adicciones que protagonizó el OxyContin, recetado legal y muchas veces fraudulentamente por médicos convencidos por los vendedores de Purdue de su inocuidad y de su eficacia en el tratamiento del dolor crónico, ha provocado más de 700.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en las dos últimas décadas. La ligereza con que prescriptores sanitarios recetaban este fármaco ha dejado un reguero de demandas por parte de Estados, gobiernos locales, comunidades indígenas y miles de adictos, así como familiares de las víctimas de sobredosis... fue La peor crisis de salud pública vivida en EE UU entre la del sida y la pandemia del coronavirus (María Antonia Sánchez-Vallejo)

 "La farmacéutica Purdue y los miembros de la multimillonaria familia Sackler, propietarios de la compañía, han acordado pagar 7.400 millones de dólares a un grupo de Estados, gobiernos locales y particulares que interpusieron miles de demandas por el papel de OxyContin, fármaco estrella de Purdue, en la mortal epidemia de opiáceos que ha arrasado EE UU en las dos últimas décadas.

El acuerdo, de alcance nacional, se produce después de que el Tribunal Supremo de EE UU rechazara el año pasado un acuerdo preliminar de 6.000 millones de dólares que habría protegido a los Sackler de cualquier otro litigio relacionado con la crisis de las adicciones y sobredosis mortales provocada por la oxicodona, un opioide recetado para el dolor crónico y terminal con un alto potencial adictivo. El acuerdo de principio alcanzado este jueves no otorga a la familia protección automática frente a futuros litigios, ha declarado en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El pacto fue anunciado también por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

El Supremo dictaminó en su día que los Sackler, que a diferencia de Purdue Pharma no se declararon en quiebra, no tenían derecho a las protecciones legales destinadas a permitir a los deudores en quiebra “comenzar de nuevo”, es decir, un plan para reestructurar el negocio, que ha sido otro elemento perturbador en el litigio. En virtud del nuevo acuerdo, los Sackler pagarán 7.400 millones de dólares, aunque ello no zanja otras demandas de Estados, gobiernos locales o víctimas individuales de la crisis de los opioides. Aquellos que no deseen sumarse al acuerdo son libres de demandar a los Sackler, que han afirmado que se defenderán enérgicamente ante los tribunales.

La crisis de adicciones que protagonizó el OxyContin, recetado legal y muchas veces fraudulentamente por médicos convencidos por los vendedores de Purdue de su inocuidad y de su eficacia en el tratamiento del dolor crónico, ha provocado más de 700.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en las dos últimas décadas. La ligereza con que prescriptores sanitarios recetaban este fármaco ha dejado un reguero de demandas por parte de Estados, gobiernos locales, comunidades indígenas y miles de adictos, así como familiares de las víctimas de sobredosis.

Purdue es uno más de los muchos fabricantes de medicamentos, distribuidores, operadores de farmacias y proveedores que en los últimos años han acordado pagar en total alrededor de 50.000 millones para resolver demandas e investigaciones de estados y gobiernos locales que los acusan de alimentar una epidemia mortal de adicción a los opioides en el país, un siniestro prólogo a la actual crisis del fentanilo. Pero su protagonismo como fabricante de OxyContin le reserva un papel estelar en la crisis.

Purdue se declaró en bancarrota en 2019 ante las miles de demandas que la acusaban junto a los miembros de la familia Sackler por la comercialización engañosa de su analgésico altamente adictivo. Una labor de zapa de sus vendedores y visitadores, desde el Congreso a convenciones médicas y consultorios rurales —especialmente en zonas degradadas y desindustrializadas—, convenció a muchos galenos de que OxyContin no enganchaba al paciente.

 La semana pasada, el Departamento de Justicia acusó a la cadena de farmacias Walgreens de contribuir a la epidemia al despachar millones de recetas ilegales de analgésicos adictivos y otros fármacos, sin referencia expresa, pero sí implícita, al OxyContin. Una demanda colectiva presentada en un tribunal federal de Chicago había acusado a la cadena de ignorar “las señales de alarma” provocadas por el uso —y en muchos casos abuso— del analgésico y despachar recetas de opioides y otras sustancias teóricamente controladas que carecían de justificación clínica.

Purdue Pharma se declaró culpable de los cargos de falsificación y fraude relacionados con la comercialización de OxyContin en 2007 y 2020. Los miembros de la familia Sackler han negado haber actuado mal, limitándose a expresar su “pesar” por el papel de Oxycontin en la crisis de los opioides y, en algunos casos, retirando su apellido de iniciativas de mecenazgo, como salas de museos y centros universitarios. La peor crisis de salud pública vivida en EE UU entre la del sida y la pandemia del coronavirus ha sido narrada en documentales estremecedores como Dopesick y en libros como El imperio del dolor, de Patrick Radden Keefe."               (María Antonia Sánchez-Vallejo , El País, 23/01/25)

Drogas HHC: la marihuana “legal” que prolifera en tiendas, es decir, marihuana y hachís... Los productos de HHC, sustancia psicoactiva que sustituye al THC ilegal, se venden abiertamente en establecimientos físicos y online... mientras no haya una regulación de los productos de THC, probablemente seguirán surgiendo alternativas

 "“Todo esto coloca”, indica la dependienta de la tienda sobre los productos que ofrece. Flores y resinas de HHC, es decir, marihuana y hachís, pueden comprarse con toda normalidad en tiendas físicas y online. Como también pueden comprarse vapeadores o gominolas.

En la Unión Europea es ilegal la producción de cáñamo con una concentración de THC, la sustancia del cannabis que coloca, mayor de un 0,2% (aunque recientemente han aumentado el margen hasta el 0,3%) Por este motivo, el HHC se erige como sustituto y se vende abiertamente (y sin límite de concentración) en establecimientos bajo la atenta mirada de las autoridades europeas.  

El éxito del HHC es innegable. “Estamos viendo que está entrando de manera bastante salvaje”, asegura Mireia Ventura, coordinadora del servicio de análisis de Energy Control, un programa semipúblico de intervención en el ámbito de los consumos recreativos de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD).

Cualidades del HHC 

El HHC, o hexahidrocannabinol, es un cannabinoide semisintético; esto es que, aunque se puede encontrar de forma natural en las plantas, aparece en proporciones bajas, por lo que se crea o potencia en un laboratorio a partir de un proceso químico. Se vende como alternativa legal al cannabis de THC, aunque en realidad simplemente es alegal ya que no está fiscalizado, según explica Ventura. 

El informe de abril de 2023 Hexahidrocannabinol (HHC) y sustancias relacionadas, del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanía, expone que el HHC tiene efectos muy similares al THC, la principal sustancia psicoactiva del cannabis. 

Sin embargo, el estudio llevado a cabo por científicos italianos Síntesis y actividad farmacológica de los epímeros del hexahidrocannabinol (HHC), publicado en julio de 2023 en la revista científica Nature, revela que investigaciones tempranas sobre la actividad biológica del HHC en animales indican que “el HHC exhibió una menor actividad similar a la de la marihuana en comparación con el THC”. Es decir, que podría ser menos potente.

Los usuarios consultados por El Salto que han probado ambas sustancias indican que los efectos sí son similares: tanto los efectos físicos como ojos rojos o boca seca, como los mentales, como euforia, risa floja o alteración del tiempo. Sin embargo, algunos dicen que el HHC es menos potente que el THC y otros que más. “Depende de la concentración, cuanto más porcentaje de HHC, más coloca”, explica otro comerciante de este producto. 

Se pueden comprar productos con distintos porcentajes de pureza de HHC: desde el 5% en algunos aceites hasta el 99% en algunos vapers. “Los vapers son una pasada”, indica un consumidor habitual de HHC. Este formato es el más potente y a la vez el más discreto, puesto que apenas huele. 

“La concentración importa mucho, si tú tienes una sustancia que es menos potente, pero con una concentración muy alta, coloca más. Normalmente el THC en planta lo encuentras en concentraciones menores”, explica la experta de Energy Control.

Según el Informe Europeo sobre Drogas de 2023 del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanía, en el año 2021 el contenido medio de THC de la resina de cannabis era del 20 %, casi el doble que el de la hierba de cannabis, con un 9,5 %. El porcentaje de THC en resinas (hachís) oscila entre el 2% y el 32%, mientras que en la hierba el mínimo es del 2% y el máximo del 14%. 

Los productos de HHC (cogollos, resinas, gominolas, vapers) son más caros que sus homólogos de CBD, que es el cannabinoide no psicoactivo (o sea, que no coloca) que se vende también de forma legal en tiendas. Sin embargo, no tiene un precio mucho mayor que los de THC porque, en función de la cantidad, se pueden encontrar gramos por dos o tres euros. En la calle, la marihuana “tradicional” suele costar cinco euros el gramo, pero también puede llegar a los dos o tres euros si se compra en grandes cantidades. Por su parte, un gramo de CBD puede llegar a valer menos de un euro. 

Al contrario que los productos de THC y CBD, los de HHC no se venden diferenciando entre variedades indica o sativa, ya que “esta distinción solo es válida cuando hablas de plantas naturales y el HHC no proviene de una planta”, explica Ventura. Aunque sí se venden con nombres de variedades similares a los del THC y CBD, como Pineapple Haze o Cherry Kush. 

¿Cómo se crea? 

Según los mencionados expertos italianos en Nature, este compuesto se obtiene “mediante ciclación e hidrogenación del CBD”. Además, indican que “comúnmente se rocía o se mezcla con productos de cannabis comercializados” como en flores de CBD. 

Por otra parte, estos científicos señalan que el HHC no es nuevo, sino fue descrito por primera vez en 1940 por el científico estadounidense Roger Adams, miembro del Departamento de Química de la Universidad de Illinois.

Posibles riesgos de su consumo 

El informe sobre el HHC del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías destaca que las recientes investigaciones han encontrado algunos riesgos. Advierten que, dado que su producción “no necesariamente cumple con las ‘Buenas Prácticas de Fabricación’, las contaminaciones con residuos de extracción o subproductos sintéticos podrían plantear riesgos imprevistos. También pueden estar presentes trazas de metales pesados procedentes del catalizador utilizado para la hidrogenación”. 

“Al obtener el producto de la planta también puede haber metales pesados o pesticidas, pero no están en la misma concentración que si extraemos esta sustancia de manera sintética”, explica la coordinadora de Energy Control. Además, según la experta, también podría existir un potencial peligro en los líquidos utilizados para elaborar los vapers, “o sea, ya no es solo la sustancia per se, sino con qué la mezclas. Todo esto es muy nuevo, por lo tanto, no sabemos lo que puede ocurrir en el largo plazo”. 

Precauciones y recomendaciones de los expertos

Es difícil establecer unos criterios únicos puesto que la casuística es muy variable entre personas: depende de quién lo tome, cuándo, dónde, su estado en el momento de consumir, la vía de administración… Sin embargo, los expertos consultados por este diario destacan una serie de precauciones. 

En primer lugar, debido a sus riesgos y la falta de información, es mejor no consumir esta sustancia o hacerlo de manera esporádica, no convertirlo en algo rutinario. 

Con respecto a los vapers, es mejor elegir uno con una concentración no demasiado alta. Si se elige uno potente, es recomendable esperar entre calada y calada, incluso varios minutos, para que no “suba demasiado de golpe”. Aquellos que no sean consumidores habituales deben tener especial cuidado “normalmente con un tirito es más que suficiente”, indica uno de sus vendedores. 

También hay que tener cuidado al consumir el HHC por vía oral. Una gominola tarda en subir, especialmente después de comer que se puede demorar horas, por lo que hay que tener esto en cuenta para no confiarse y que suba cuando las circunstancias ya no son las propicias. 

Ante los efectos secundarios normales del consumo de cannabinoides, lo que se conoce como amarillo, blancazo, jari o pálida, como una bajada de tensión, las recomendaciones son las de siempre: poner a la persona en posición de seguridad si ha perdido la conciencia, subir las piernas o, si se está mareando, que esté en un sitio tranquilo y, si puede, que coma o beba algo. 

Detección del HHC en Europa y España 

Algunos establecimientos afirman vender productos de HHC desde 2020 o 2021. Aun así, el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías indica que el HHC es el primero de su clase en haber sido notificado en la UE en mayo de 2022 y, desde octubre de ese mismo año, se monitoriza como una nueva sustancia psicoactiva (NSP) por el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y es objeto de seguimiento intensivo con el fin de comprender mejor los posibles riesgos para Europa.

A 31 de marzo de 2023, veinte Estados miembros de la UE, incluyendo España, además de Noruega y Suiza, habían notificado identificaciones de HHC. Y, aunque en abril del mismo año el Observatorio advertía que el HHC aún no estaba controlado en la mayoría de los países europeos ni por el sistema de fiscalización internacional de drogas, varios países como Francia, Austria y Finlandia ya lo han prohibido.

En España varios medios se han hecho eco de su presencia durante los últimos años. En noviembre de 2022, La Voz de Cádiz denunció su comercialización en la ciudad, en junio de 2023 La Vanguardia lo encontró en Barcelona y, a comienzos de 2024, El Salto confirma su venta en tiendas madrileñas.

Nuevos cannabinoides

“Desde que se descubrió que con pequeñas modificaciones podían conseguirse moléculas con distintos efectos y que encima no estaban fiscalizadas, surgió un mercado que se aprovechó de esta circunstancia. Esto ha pasado todo tipo de sustancias: las anfetaminas, los psicodélicos, las benzodiacepinas, los opioides…”, explica Ventura. 

Los derivados sintéticos puros, como el JWH-18 que se detectó en 2008, “han dado muchos efectos secundarios que desagradan a los consumidores, por eso los semisintéticos están teniendo más éxito, especialmente después de la pandemia”, señala la coordinadora de Energy Control. 

En octubre de 2023, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó de que “desde 2022, un total de 26 países han notificado cuatro cannabinoides semisintéticos diferentes: hexahidrocannabinol (HHC), acetato de hexahidrocannabinol (HHC-acetato), hexahidrocannabiforol (HHCP) y  CBD hidrogenado o tetrahidrocannabidiol (H4-CBD)”. 

También se venden en tiendas, aunque es menos habitual, vapers con THCP, o tetrahidrocannabiforol, que es un tipo de cannabinoide que ha mostrado propiedades cannabimiméticas mucho más altas que las del THC, según un estudio sobre la sustancia publicado en la revista Nature en 2019. Es decir, que podría producir los mismos efectos, pero de forma más intensa. 

Al final, el mercado de las drogas es un mercado más, que se rige por las leyes de la oferta y la demanda. “Y en el caso del cannabis, hay mucha demanda”, recuerda la experta. 

Según el informe europeo sobre drogas de 2022, el cannabis es la sustancia ilegal más consumida de Europa. Los últimos datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones muestran que en nuestro país también: en 2022 el 40,9% de los adultos entre 15 y 64 años habían consumido cannabis alguna vez en la vida. Y el 10,6% en los últimos 12 meses.  

Profesionales del mundo del cannabis advierten que, mientras no haya una regulación de los productos de THC, probablemente seguirán surgiendo alternativas."               (Lara Zofio, El Salto, 07/01/24)

El Gobierno alemán aprueba el proyecto de ley para regular el uso recreativo del cannabis... Los ciudadanos podrán adquirir un máximo de 50 gramos de la droga al mes a través de asociaciones creadas para este fin, en cuyas instalaciones estará prohibido el consumo

 "El Gobierno alemán ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley para legalizar el consumo y la posesión del cannabis, lo que convertirá a Alemania en el segundo país de la Unión Europea, tras Malta, en regular el uso recreativo de esta droga. La norma llegará al Parlamento a comienzos de septiembre y se espera que sea aprobada antes de fin de año. El ministro de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, ha calificado el plan de “viraje a largo plazo en la política de drogas alemana”. “Creo que podemos hacer retroceder el mercado negro”, ha dicho.

El proyecto de ley prevé que los mayores de 18 años puedan adquirir un máximo de 25 gramos de marihuana (y hasta 50 gramos al mes) a través de asociaciones creadas para este fin, los llamados “clubes de marihuana”, de los que deberán ser miembros y que tendrán la licencia para el cultivo. Los particulares podrán tener hasta tres plantas en su casa. La idea es que al principio se empiece a aplicar en determinadas regiones piloto, no en todo el país al mismo tiempo, como figuraba en el primer borrador.

La ley es muy específica respecto a la comercialización de la droga. No habrá una venta libre del producto en las tiendas, y cada asociación o club de consumo y cultivo podrá aceptar un máximo de 500 miembros, que deben ser mayores de edad y tener su domicilio o residencia habitual en Alemania. Solo alguien cuya “fiabilidad haya sido comprobada” podrá dirigir un club, donde estará prohibido el consumo, así como en las inmediaciones de colegios, guarderías y zonas peatonales durante el día.

El Gobierno alemán, formado por socialistas, verdes y liberales, se reserva el derecho de limitar el número de clubes, por ejemplo, en función de la densidad de población. Estará prohibida la afiliación a más de un club para que no se excedan los límites del consumo y los menores de 21 años solo podrán obtener un máximo de 30 gramos por mes, al considerarse más vulnerables.

Al mismo tiempo, se lanzará una campaña de concienciación a gran escala para alertar de los peligros del consumo de THC (el ingrediente psicoactivo principal del cannabis) en niños y en adolescentes, y se ampliarán los correspondientes programas de prevención. Según señaló Lauterbach, a todos los jóvenes les llegarán estos mensajes: “Si consumo cannabis de forma regular, estoy dañando mi cerebro, tendré más posibilidades de desarrollar brotes psicóticos, puedo tener trastornos de atención no reversibles”. En estas franjas de edad, Alemania se enfrenta a un incremento del consumo y a un aumento de la criminalidad. Según recordó el ministro de Sanidad, el 50% de los delitos vinculados a las drogas en el país están vinculados al cannabis.

El proyecto de ley señala que en los clubes de marihuana, las plantas deben cultivarse “colectivamente” y “sin fines comerciales” y solo pueden entregarse a los miembros de la asociación. La financiación de los clubes proviene de las cuotas de los miembros. Las habitaciones y los terrenos de estos lugares deberán estar vallados y diseñados para evitar robos. Cada club debe elaborar una guía de protección de la salud y la juventud y designar un responsable de prevención y adicciones que debe recibir formación y asistir a cursos de actualización periódicos.

Controversia

El proyecto de ley ha sido objeto de controversia en Alemania, ya que para las organizaciones de consumidores de cannabis impone unos límites demasiado estrictos, mientras que la oposición democristiana denuncia la “pérdida de control” que supone la legalización. “Con su proyecto de ley, el Gobierno acepta tolerar el riesgo de la dependencia y de los peligros para la salud que implica el consumo de cannabis”, afirmó el portavoz de temas sanitarios de la Unión Democristiana (CDU), Tino Sorge.

 El lunes pasado, la edición digital de Der Spiegel dio a conocer una encuesta que indicaba que el 45% de los alemanes está en contra de los planes del Gobierno de Olaf Scholz de legalizar de forma parcial la marihuana, permitir la posesión y el consumo en pequeñas cantidades, así como tener una producción limitada sin ánimo de lucro. A favor hay un 40%, y un 15% de indecisos. Por edades, los porcentajes varían. En la franja entre 18 y 39 años, cerca de la mitad están a favor de la legalización, mientras que entre los mayores de 65 años solo un tercio la apoya. Los partidarios de la legalización son clara mayoría entre los votantes de Los Verdes y de La Izquierda, mientras que en la conservadora CDU, y en la ultraderechista Alternativa por Alemania hay una clara mayoría en contra.

La Asociación Profesional de Pediatras de Alemania emitió una declaración junto a otras asociaciones de atención médica juvenil condenando “firmemente” los planes, alegando que podrían fomentar el consumo de cannabis entre los jóvenes. También los sindicatos policiales y los jueces criticaron la legislación por ser demasiado burocrática, lo que podría agregar más estrés al sistema, en lugar de aliviarlo.

El ministro de Sanidad dijo que agradecía los “debates controvertidos” provocados por los planes, pero señaló que los críticos no proponían ninguna solución. “La despenalización de la droga al mismo tiempo que se imponen una serie de restricciones y se explican los peligros del consumo de cannabis funcionará”, insistió Lauterbach durante la rueda de prensa en Berlín.

Regulación estancada en España

En España, la regulación de la marihuana con fines medicinales está estancada. Su uso recreativo ni se contempla. En junio del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó un informe que pedía al Ministerio de Sanidad que autorizase los derivados de la planta para tratar determinadas enfermedades. El Gobierno se había comprometido a seguir las recomendaciones del Parlamento, que establecían un uso muy tasado de la droga, exclusivamente para tres supuestos: la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático). Para estos, la dispensación estaba estipulada en las farmacias hospitalarias.

Sanidad tenía que determinar de qué forma se articulaba esta normativa, pero el fin de la legislatura ha llegado antes de aprobar una norma para permitir el cannabis medicinal en un año en el que ha habido también un cambio de ministro: Carolina Darias se presentó como candidata a la alcaldía de las Palmas y fue sustituida por José Manuel Miñones en marzo. Unas 200.000 personas se podrían beneficiar de este consumo, si se extrapola la experiencia de otros países con regulaciones similares a la que se proponía en España, como Israel o Canadá."                 (Enrique Müller ,  El País, 16/08/23)

Los primeros concejales del Partido Cannábico en Europa son navarros... tienen un proyecto estrella en su programa: abrir una planta de producción de cáñamo industrial en el pueblo (Murillo El Fruto, de 600 habitantes)... la planta puede ser la solución a la despoblación que afecta al municipio... el cultivo del cáñamo puede ser “estratégico” para la evolución de la agricultura en la comunidad porque tanto el industrial como el medicinal puede convertirse en un cultivo alternativo para zonas económicamente desfavorecidas o en riesgo de despoblación. De hecho, la planta es conocida entre los expertos como el “cerdo de los cultivos”, porque de ella, igual que de este animal, se puede aprovechar prácticamente todo y con una rentabilidad elevada

 "El municipio navarro de Murillo El Fruto apenas supera los 600 habitantes pero en estas elecciones ha hecho historia en Europa. Allí han sido elegidos los dos primeros concejales del Partido Cannábico Luz Verde de todo el continente: Andrés Vallés y Germán Lanas, de 30 años. Se presentaron como independientes y han obtenido un 32% de los votos emitidos en la localidad. Se quedaron a pocas papeletas de lograr la tercera acta, que habría correspondido a Aitor Murillo, de 27 años. Reconocen que no se esperaban la exposición mediática que han tenido desde entonces: “Hay mucho desconocimiento y lo primero que se ve es el porro y los porretas, pero hay mucho trasfondo detrás. Creemos que poco a poco la gente, a través de los medios, está cambiando su opinión”.

 La decisión de presentarse a las elecciones la tomaron porque querían reactivar la política municipal, asegura Vallés, buscando que el pueblo esté informado de las decisiones que se adoptan y participe más: “Ante la opacidad del Ayuntamiento, la poca transparencia, queremos colaboración ciudadana y participación”. Quieren “cambiar la forma de hacer política”. Compartirán el salón de plenos solo con otro partido, Adelante Murillo, que ha ganado los comicios con mayoría absoluta. “Votar cada cuatro años es muy cómodo, pero queremos que se tenga más iniciativa vecinal, que las cosas que sean buenas para el pueblo se puedan votar en consenso”, añade Murillo.

 Por ahora no tienen medidas concretas para articular esa participación vecinal, pero sí un proyecto estrella en su programa: abrir una planta de producción de cáñamo industrial en el pueblo. “Quieren hacer esa planta en Navarra y estamos convencidos de que si no es aquí, será en otro pueblo”, asegura Vallés. Para Lanas, la planta puede ser la solución a la despoblación que afecta al municipio. “No hay oportunidades laborales y la gente se va. Hay mucha gente que no quiere trabajar en el campo porque es muy duro y [los trabajadores agrícolas] son todos migrantes”. Él lo sabe bien, es el responsable de una explotación agrícola y viticultor por cuenta propia.

La planta de cáñamo industrial permitiría complementar una economía eminentemente agrícola. Murillo El Fruto, explican, es el mayor pueblo exportador de guindillas para conservas, pero también se cultivan otros productos: espárragos, tomates para conserva, pimientos, trigo, cebada, maíz... Sin embargo, más allá del campo, apenas hay industria. Y las últimas empresas que se han instalado, añade Fermín Les, presidente del Partido Cannábico en Navarra, son muy contaminantes. La alternativa de la planta de cáñamo es un proyecto a largo plazo, pero creen que puede ser muy beneficioso para el vecindario porque podría establecer “una relación de simbiosis entre la parte agrícola y la parte industrial”.

 Más allá de los planteamientos del Partido Cannábico, la planta industrial de cáñamo no es una quimera. Este 2023 se prevén cambios para flexibilizar la normativa que regula la producción y comercialización del cáñamo. De hecho, el Gobierno foral ha impulsado la Asociación Navarra para la Investigación del Cáñamo (ANIC), en la que participa directamente y bajo cuya fórmula —pionera en España— se ha aliado con la Universidad Pública de Navarra (UPNA), con el centro de investigación biomédica Navarrabiomed, con el Instituto de Agrobiotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-IDAB), con las sociedades públicas INTIA y Nasertic, y con la empresa privada Josenea.

 El objetivo es investigar, plantar y desarrollar variedades de cáñamo que tengan bajos porcentajes de THC, el principio estupefaciente por el que es más conocido, y que puedan destinarse a fines médicos, científicos, de investigación o para el cultivo. Desde el Ejecutivo navarro consideran que el cultivo del cáñamo puede ser “estratégico” para la evolución de la agricultura en la comunidad porque tanto el industrial como el medicinal puede convertirse en un cultivo alternativo para zonas económicamente desfavorecidas o en riesgo de despoblación. De hecho, la planta es conocida entre los expertos como el “cerdo de los cultivos”, porque de ella, igual que de este animal, se puede aprovechar prácticamente todo y con una rentabilidad elevada.

La creación de esta asociación será “positiva” para el impulso de esta industria, considera Les: “Ya está triunfando en Francia, Italia o la República Checa, que son quienes han abanderado esto en la Unión Europea, junto con Suiza”. Desde su formación tampoco dejan de lado otra de sus reivindicaciones: la legalización del cannabis. Les considera que esa decisión contribuiría a “reducir el consumo, recaudar más impuestos y mejorar la seguridad, porque la guerra contra las drogas es un despilfarro”. E insiste: “El cannabis es salud también, tiene su uso terapéutico y España es el último país de la UE en incorporarlo”.

Les considera que lo ocurrido en Murillo El Fruto es un “ejemplo” de que “la sociedad va por delante” de los gobernantes: “Los agricultores tienen mucha información al respecto y están abiertos a incorporarlo”. En cualquier caso, defiende que los objetivos de Vallés y Lanas en el consistorio van más allá: “Son chicos de Murillo y lo que van a hacer es trabajar por el pueblo para que haya una escuela mejor, para que no se vaya la gente del pueblo”. Para esa tarea se preparan ya los dos concejales electos, que reconocen que sienten un poco de respeto: “Como nunca hemos estado en política, desconocemos muchas cosas, pero tenemos ganas”. En líneas generales tienen buena relación con los miembros del otro partido elegido, Adelante Murillo, que ha obtenido cinco concejales, mayoría absoluta. “No vamos a ir a incendiar nada. Creemos que podremos trabajar en común”, concluye Lanas."              (Amaia Otazu  , El País, 10/06/23)

La salud mental está en crisis y las psicoterapias asistidas con psicodélicos podrían ser una solución... La humanidad lleva milenios usando psicodélicos. Nos parece algo nuevo porque en Occidente los abandonamos. Ahora lo estamos retomando adaptándolos a nuestros modelos de salud mental... El hachís y la marihuana pueden tener algunos efectos parecidos... El cannabis es de administración habitual durante el tratamiento, como un antidepresivo o un ansiolítico, e incluso podría llegar a venderse en farmacias

 "Antón Gómez-Escolar (Madrid, 33 años) es máster en Psicofarmacología y Drogas de Abuso, consultor científico y asesor especializado en psicodélicos, nootrópicos y otras sustancias psicoactivas. (...)

P. ¿Y qué son los psicodélicos?

R. Sustancias como la psilocibina, LSD, MDMA o ketamina, capaces de manifestar procesos mentales subconscientes y relajar algunos patrones mentales aprendidos, facilitando su cambio. Y esto es tremendamente útil cuando se está trabajando en conocer y tratar un trastorno mental.

P. ¿Manifiestan la mente o son alucinaciones?

R. Las alucinaciones son una forma más de manifestación de la mente y pueden ser parte del proceso. Los viajes introspectivos o interiores son alucinaciones útiles en terapia.

P. Defina “renacimiento psicodélico”.

R. Es el proceso en el que estamos inmersos desde finales del siglo XX, en el que un número creciente de investigadores en salud mental y neurociencias están sumergiéndose en el estudio de los psicodélicos para aplicarlos en salud mental. Es un renacimiento, porque en los años cincuenta y sesenta ya pasó.

P. ¿Qué despertó el renacimiento precisamente entonces?

R. Entre otras cosas, que llevamos muchos años sin fármacos nuevos para los trastornos mentales, los que tenemos no resultan del todo efectivos en muchas ocasiones y las enfermedades de salud mental están alcanzando dimensiones pandémicas. La salud mental está en crisis y las psicoterapias asistidas con psicodélicos podrían ser una solución.

 

P. ¿Están creciendo o somos más conscientes de ellas?

R. Diría que ambas. Cada vez las vemos más, pero también se extienden más porque la vida moderna nos expone a factores de riesgo, sobre todo durante la pandemia de covid-19.

P. ¿Entonces el objetivo de este renacimiento es encontrar fármacos?

R. Es algo diferente. Es como un catalizador que busca inducir una experiencia psicodélica transformadora de resultados terapéuticos muy duraderos, no tapar los síntomas, y por ello se deben administrar a personas preparadas y en un contexto determinado, siempre bajo supervisión profesional. Lo importante de la psicoterapia asistida con psicodélicos es que es un pack indivisible que incluye ambas cosas.

P. ¿Con “persona preparada” quiere decir gurú?

R. A día de hoy en Occidente lo llamamos terapeuta. No interviene tanto durante la experiencia, sino en la preparación previa e integración posterior, pero mientras acompaña y apoya.

P. ¿Esto no es lo que hacían los hippies en los sesenta?

R. Protocolizado y en un contexto muy diferente. La humanidad lleva milenios usando psicodélicos. Nos parece algo nuevo porque en Occidente los abandonamos. Ahora lo estamos retomando adaptándolos a nuestros modelos de salud mental.

 P. Hasta ahora el pionero en ilegalizar era Estados Unidos, pero da la impresión de que en este momento la legislación en EE UU y Canadá es más progresista que la europea.

R. Fueron pioneros en la ilegalización, pero ahora que han visto que pueden ser una respuesta a la crisis, se han lanzado a investigar para aprovecharlo.

P. En los sesenta la investigación era igual de prometedora y las ilegalizaron.

R. Entonces una serie de movimientos contraculturales contrarios al status quo tomaron los psicodélicos como una herramienta y seña de identidad y se convirtieron en un chivo expiatorio. Tampoco se conocían estas sustancias tan bien como ahora.

P. Se les atribuía una capacidad revolucionaria. ¿Eso se ha perdido?

R. Están apareciendo muchas empresas que están adaptando el uso de los psicodélicos al modelo capitalista. Es un proceso inevitable. De los psicodélicos para romper con el sistema en los sesenta a las “microdosis” para aumentar la productividad en Silicon Valley ahora. Pero estas sustancias tienen algo intrínseco que las hace revolucionarias. Deconstruyen muchas cosas y eso no se puede quitar de los psicodélicos.

P. ¿Y qué pasa en Europa?

R. Europa y, concretamente, España han sido pioneros en esta investigación, pero, como suele pasar, en EEUU apoyaron más el desarrollo y ahora todo apunta a que la FDA aprobará primero estos tratamientos, y luego ya lo hará aquí la Agencia Europea del Medicamento.

P. ¿El hachís y la marihuana son un psicodélico?

R. Pueden tener algunos efectos parecidos. Pero con los psicodélicos hablamos de una o dos administraciones puntuales en un entorno clínico controlado y que tienen efectos durante meses o incluso años, pero el paciente nunca se lo llevaría a casa. El cannabis es de administración habitual durante el tratamiento, como un antidepresivo o un ansiolítico, e incluso podría llegar a venderse en farmacias.

 P. ¿Tan efectivas son?

R. En muchos casos, sí. Son sustancias que han recibido la calificación de “terapia innovadora” por la FDA (agencia de alimentos y medicamentos) estadounidense. Una calificación solo para sustancias con un grandísimo potencial, que están funcionando muy bien, son seguras y que tratan un trastorno que está muy extendido y para el que no hay un tratamiento muy efectivo. Es el caso de la depresión, la ansiedad, las adicciones o el estrés postraumático.

P. ¿40 años clasificadas como inútiles y ahora resulta que son todo lo contrario?

R. Cuando se produce una innovación, al principio hay expectativas infladas, pero luego se ve que no es la panacea. Es lo que se llama un ciclo de sobreexpectación. Pero todo indica que estas sustancias, aun reduciendo su efectividad cuando se empiecen a usar en muchos pacientes, van a seguir siendo más eficaces que los tratamientos actuales.

P. ¿No ha habido aún ensayos a gran escala?

R. Es el momento en el que estamos entrando ahora.

P. ¿A quién se dirigirán los tratamientos?

R. En principio, sería un tratamiento de segunda línea, para pacientes que no hayan experimentado mejoras con los convencionales. Y no serían para cualquiera, porque tienen riesgos psicológicos y psiquiátricos que hay que conocer muy bien para prevenir.

P. Después de medio siglo tratando los psicodélicos como veneno ¿Está la sociedad preparada para esto?

R. Por eso hemos decidido sacar la colección. Queremos que la gente sepa que un psicodélico es una sustancia que se alimenta del contexto y que no es lo mismo un contexto terapéutico, que uno ritual o uno recreativo. Y que los efectos y riesgos son distintos. En uno de ocio la persona se enfrenta a más peligros, porque suele haber menos conocimiento, control y preparación. Las posturas en contra de la investigación clínica con psicodélicos cada vez se están quedando más huérfanas.

P. ¿Esto es un paso antes de una legalización total?

R. No creo. Ahora mismo el renacimiento psicodélico está enfocado en el uso clínico que es el más urgente para Occidente hoy: tener mejores herramientas para combatir y prevenir los problemas de salud mental. Se aboga por un uso terapéutico controlado para no cometer los errores de los años cincuenta y sesenta, que llevaron a la ilegalización y el tabú social.

P. ¿En cuántos años tendremos fármacos psicodélicos?

R. En EE UU todo apunta a que un psicodélico atípico como el MDMA podría estar autorizado en 2023. La Psilocibina, poco después. Canadá ya ha autorizado a determinados médicos a acceder a estas sustancias. En Europa llevamos pocos años de distancia con EE UU. Estamos hablando de que de aquí a cinco años podría haber algún psicodélico autorizado para uso médico. De hecho, ya hay uno que se usa, la ketamina.

P. Si hubiera que prohibir una droga por dañina, ¿sería el alcohol?

R. Las drogas más dañinas son aquellas sobre las que menos sabemos. La ignorancia es lo más peligroso ante cualquier sustancia, y en este sentido la prohibición y el tabú traen más problemas que beneficios. Estoy de acuerdo en que el alcohol o el tabaco son drogas sobre las que la población tiene una percepción de riesgo muy baja para lo tóxicas que son, y que son más peligrosas que algunas drogas ilegales, pero todo siempre depende de muchos factores de persona, contexto y sustancia. Por eso creo que deberíamos tener más información sobre todas las sustancias, legales e ilegales."            (Iñigo López Palacios , El País, 21/05/22)