¿Cómo hacer frente a la deuda?

"(...) Ø Decretar una moratoria de la deuda pública y emprender una auditoría ciudadana –en la que participen miembros de organizaciones sociales comprometidos con este fenómeno (como la PACD, el CADTM o el OdG), y expertos elegidos democráticamente, y cuyos resultados estén bajo control social, por un plazo de seis meses.

Ø Se trata de abrir un proceso de evaluación de las políticas públicas para determinar qué porcentaje de la deuda es ilegítima, en base a un vector: la conversión de las deudas privadas en públicas. Para este cometido se estudiarán los efectos del modelo tributario y del volumen de gasto público, para realizar una aproximación al crecimiento de la deuda pública, que partió del 37% del PIB en 2007 hasta superar el 100% a finales de 2014.

Ø La aplicación selectiva de porcentajes de quita o de reducción de tipos o alargamiento de plazos, dejando intactos los derechos sobre pequeños ahorradores (menos del 1% del total de la deuda), fondos de pensiones y fondo de reserva de la seguridad social.

Ø Se realizaría una auditoría de las diferentes partidas presupuestarias, identificando los destinos del gasto. Las ayudas y rescates al capital se convertirían en acciones de oro (en manos públicas). 

Las partidas de gasto que sirvieron al interés o enriquecimiento particular o constituyeron un gasto infructuoso serán declaradas deudas odiosas y se exigirá su devolución, con el consiguiente encausamiento penal de los políticos implicados y los beneficiarios de estos proyectos.

Ø Se intentará, si es posible, la concertación de iniciativas similares en otros países damnificados, de cara a fortalecer las medidas unilaterales a adoptar o la fuerza negociadora, en la que se tendrá en cuenta el reforzamiento de la cooperación económica entre los países implicados como endeudados (en materia financiera, inversiones, comercial, etc.) y el replanteamiento de las relaciones con la UE (desde la revisión de políticas, tratados, instituciones o cualquier iniciativa emancipadora que se contemple).

Ø Se realizarán las medidas complementarias que sean precisas: simultanear el proceso de moratoria con un establecimiento transitorio de control de movimiento de capitales para evitar fugas; nueva regulación del sistema financiero privado para garantizar los depósitos y la función social del crédito, y con una cláusula que indique que en caso de incumplimiento supondrá el paso de su patrimonio a un nuevo polo bancario público; una reforma fiscal progresiva que soporte el esfuerzo fiscal principal en las grandes fortunas, rentas del capital y altas; o una política de inversiones masiva para extender infraestructuras e industrias basadas en energías renovables, para reducir la dependencia energética y minorar la emisión de gases de efecto invernadero.

Ø Se emprenderá una política para atajar la deuda hipotecaria de los hogares, estableciendo una quita de los montantes de la deuda de la vivienda en la que se resida, equivalente a la caída en el valor de la tasación del inmueble. Se eliminarán las cláusulas suelo. 

Se establecerá la dación en pago para acabar con la deuda definiendo el derecho al usufructo mediante conversión en alquiler social (un máximo del 30% de los ingresos familiares), desarrollando medidas fiscales de alto gravamen sobre las viviendas vacías o en desuso, y haciendo pasar a un parque público de alquiler las viviendas del SAREB.

Ø Aunque es probable que el impago selectivo tenga consecuencias transitorias negativas (cierre temporal a los mercados financieros, posible expulsión del euro –si no se alcanza un acuerdo que redefina las reglas europeas-, encarecimiento de las materias primas y energía si hay que tomar una nueva moneda devaluada, etc.), se podrá contar con resortes y recursos nuevos: la deuda aminorada puede liberar más de un 6% adicional del PIB para recursos públicos, la reforma fiscal para alcanzar la media europea un 8% más, y la lucha contra el fraude efectiva otro 8%, lo que sumando con la configuración de un polo público bancario, puede afirmarse que podrá responderse a esta situación, mejor aún si este camino se emprende en compañía de otros países solidarios. 

Es preciso incluir en la agenda política una explicación pedagógica a la población que ponga sobre la mesa el coste de la libertad, para que se observe el horizonte y se convenza de que merece la pena. Sin el apoyo popular difícilmente podrá llevarse adelante medidas de esta naturaleza."              (Daniel Albarracín, Viento Sur, 17/12/2014)

Pagamos más de 40.000 millones en intereses de la deuda. Más que muchos capítulos de prestaciones sociales. Eso implica una negociación, una quita, una reestructuración

"(...) ¿Usted se cree que estemos saliendo de la crisis?

Estados Unidos ha salido de la crisis hace tiempo. Nosotros lo que pasa es que estamos sumidos en unas políticas económicas equivocadas y encima estamos ahogados por la deuda. 

Una deuda que no existía cuando empezó la crisis. Pero tenemos unos condicionantes que hacen que los Estados, para pagar a los funcionarios, para pagar a las escuelas, para pagar la Sanidad, tengan que pedirle prestado dinero a la banca privada. 

Pedirle prestado a intereses que cuando la prima de riesgo estaba en 500 puntos acabamos pagando entre el 6 y el 7% de intereses a la banca, cuando es un dinero que tenía que venir del Banco Central Europeo.

¿Considera que una parte de esa deuda es ilegítima?

Hay una parte ilegítima pero no sabremos cuanto exactamente hasta que no se haga una auditoría. Ahora mismo estamos hablando sin datos. Pero tanto adeudores como acreedores saben que esa deuda no se va a pagar. Debemos una cifra muy cercana a lo que produce el país en un año. Eso es enorme, inmenso.

 Eso está suponiendo más de 40.000 millones de euros de intereses, que es más que muchos capítulos de prestaciones sociales. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo cambia eso? 

Esta situación implica una negociación, una quita, una reestructuración, y en el caso de la deuda pública yo diría que realmente la solución viene por aplicar un impuesto al capital, porque la deuda viene originada por un comportamiento de las finanzas. 

Entonces en parte los grandes patrimonios, las grandes fortunas, la gran riqueza acumulada en muy pocas manos, debería contribuir a eliminar esa deuda pública. 

Porque claro, estamos hablando de que en la deuda pública hay mucha gente, hay ciudadanos, hay pequeños ahorradores… O sea que realmente tampoco sería una cuestión de no pagar nada, porque se arruinaría a mucha gente. 

Primero habría que auditarla, saber qué parte es ilegítima y qué parte debe ser negociado su pago, y en qué condiciones, cómo se reestructura y qué parte se anula. Todo eso es un proceso al cual el Gobierno le da la espalda, porque no le interesa, porque no quiere meter el dedo en el ojo de la gran finanza porque sabe que es el que le mantiene en el poder. (...)"           ((Entrevista a Ricardo García Zaldívar – Attac Madrid,06/04/2014)

La banca se ha revalorizado, con las subidas de la bolsa, en 170.000 millones. No devolverán ni un euro de los 246.000 millones que nos costó su rescate

"Todas las definiciones sobre lo que se entiende, desde el derecho internacional por deuda odiosa o ilegítima, recogen tres argumentos importantes:

1º.- El gobierno de un país concede un préstamos sin conocimiento ni aprobación de sus ciudadanos.

2º.- El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para los ciudadanos.

3º.- El gobierno prestatario actúa de mala fe al contraerla, ya que sabe perfectamente que no beneficia a sus ciudadanos, sino a intereses privados.

Estas condiciones se cumplen con la deuda pública española: no se ha consultado a los ciudadanos, ha perjudicado a la inmensa mayoría de la población que ha perdido derechos laborales y sociales y ha sido generada para cubrir deudas privadas (Banca), subvenciones a empresas (eléctricas o de armamento) o regalos a instituciones (Iglesia Católica).

 Poco de esa deuda ha sido para cubrir gastos corrientes para mantener el estado de bienestar o de inversión en la economía real y crear puestos de trabajo.

Veamos de dónde sale esta desorbitada deuda:

1º.- De la ayuda económica que han proporcionado los últimos Gobiernos a la banca y cajas de ahorro en crisis para evitar su quiebra, que desde el 2009 se cifra en 246.000 millones de euros (según el FMI).

Una parte importante de la subida de la bolsa española en los tres primeros trimestre de 2013 ha ido a engrosar los ingresos de la banca. La capitalización de los más beneficiados (CaixaBank, Popular, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia y Bankinter ) ha superado (según Vicente Clavero “La banca engorda mientras nosotros pagamos su rescate”, Público, 23-10-13) “los 170.000 millones de euros, lo que supone una 34 % más que al inicio de año” . 

Pero las ganancias en lugar de servir para devolver el dinero público que han recibido para sacarlos de su catastrófica situación, lo dedicarán a repartirlas entre sus accionistas que son los que realmente tendrían que haber asumido las pérdidas. Así lo ha hecho el Santander que ha distribuido 1700 millones de euros en dividendos en 2013. (...)"                  (Juan García Ballesteros, Rebelión, 15/01/2014)

Hay que exigir una moratoria de la deuda en la Junta de Andalucía

"(...) La única forma de dar una vuelta a la situación financiera de la Junta a corto plazo solamente puede comenzar con la declaración de una moratoria en el pago de la deuda. La deuda de la Junta no ha dejado de crecer desde el año 2007, hasta alcanzar un monto de más de 21.000 millones de euros, lo que equivale a más del 80% de los ingresos corrientes de la Junta.

 Esa sangría es insoportable y está lejos de haberse acabado, pues la vida media prevista de los préstamos de la Junta es de más de 5 años, a los que se suman los nuevos créditos que se piden. De hecho, las políticas implementadas muestran su absoluta inoperancia a la hora de atajar la espiral de endeudamiento ya que los presupuestos de 2014 precisan de un crecimiento de la deuda de 1.984 millones de euros en el ejercicio.

El servicio de la deuda, los intereses más las amortizaciones, se llevará este año 3.639 millones de euros, que se supondrán el 14,06% de los ingresos no financieros. Y en 2014, la cuantía de dicho gasto será de 3.303 millones, un 12,9% de los ingresos previstos. Es una enorme sangría de recursos públicos, una cantidad que permitiría abonar un Ingreso Mínimo de Solidaridad equivalente al Salario Mínimo a 473.000 parados en un año.

Si tenemos en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta son 1.849 millones de euros inferiores a los gastos no financieros, es evidente que la única forma de detener el recorte y aumentar el gasto social y la creación de empleo, pasa por aumentar los impuestos a las rentas más altas y declarar una moratoria que detenga este espiral de endeudamiento. 

Dicha moratoria daría un respiro a las arcas públicas y habría que acompañarla con una auditoría de la deuda para establecer qué parte de la misma es ilegítima, aplicar una quita que convierta este rubro en sostenible y establecer un nuevo calendario de pagos de la misma compatible con el gasto social.

Si tenemos en cuenta que, del total de la deuda de la Junta, 7.090 millones son con la propia administración pública a través de los fondos de liquidez y de pago a proveedores, se puede plantear una quita y declarar la moratoria sobre los más de 14.000 millones de préstamos y títulos que posee la junta a entidades financieras e inversores privados.

La moratoria así planteada, con auditoría y quita, tendría que ir unida a la puesta en marcha de una reforma fiscal en todos los ámbitos con competencias, y una auditoría del gasto que recorte todo aquello realmente superfluo, dando prioridad al desarrollo de los servicios públicos y la creación de empleo, acabando con las transferencias de rentas a empresas privadas vía contratos públicos, subvenciones a la internacionalización de PYMES o conciertos en Sanidad y Educación.

Ésta es la propuesta de presupuesto que IULV-CA debería plantearle a su socio de Gobierno, el Partido Socialista. Un presupuesto que se plante ante los banqueros y su representante, que es el PP, y que ponga por delante el interés de la mayoría de la sociedad, de los trabajadores andaluces y sus familias. Los presupuestos deben de servir para desarrollar los servicios sociales y crear empleo digno, no para repartir la miseria, y eso es posible con esta propuesta. (...)"                  (Economía para críticos e indignados, 18/12/2013)