La jueza señala la gestión del Gobierno de Ayuso en la pandemia como el "punto de arranque de la eventual discriminación" a los residentes... Sostiene que la aplicación de los Protocolos de no derivación hospitalaria y "la ineficacia" del Plan de choque aprobado por la Comunidad fueron las causas de esa posible discriminación por denegación de asistencia sanitaria. (Begoña P. Ramírez)

 "El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por Francisco Javier Martínez Peromingo, director general de Coordinación Sanitaria en mayo de 2020, en el que pedía que se sobreseyera el procedimiento abierto contra él por un supuesto delito de discriminación en la prestación de un servicio público, perpetrado en la primera ola del covid en las residencias de mayores de la Comunidad madrileña. 

Y la titular del juzgado, Isabel Durantez Gil, rechaza el sobreseimiento de forma contundente porque "resulta indiscutible"  y ha sido "expuesto de manera reiterada" que "el punto de arranque de la eventual discriminación por denegación de asistencia sanitaria viene constituido por la elaboración y aplicación de los denominados Protocolos de no derivación hospitalaria y por la ineficacia del Plan de choque" aprobado por la Comunidad de Madrid. La jueza sostiene que resulta "sobradamente constatada la implicación de Javier Martínez Peromingo en todo ello".      

 El auto, al que ha tenido acceso Público, también rechaza la solicitud del ex director de Coordinación Sociosanitaria para que se acumularan en un solo procedimiento las causas abiertas en siete juzgados madrileños a raíz de las denuncias presentadas por Marea de Residencias, cada una de ellas derivada de la muerte de un residente.

 Para los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, Martínez Peromingo es el "ideólogo" de los conocidos como protocolos de la vergüenza. Él coordinó el "Protocolo técnico", que complementaba el firmado por Carlos Mur de Víu, su antecesor en el cargo. Según la denuncia colectiva presentada por las entidades Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, esos protocolos supusieron "institucionalizar la discriminación por razón de enfermedad o discapacidad" que impidió el traslado de los mayores enfermos a los hospitales públicos de Madrid.  

La jueza reitera en su auto los argumentos por los que ya rechazó en agosto acumular en una única causa las distintas denuncias. Martínez Peromingo recurrió esa decisión porque considera que se investigan los mismos hechos en procedimientos distintos –por juzgados de instrucción de Leganés, Navalcarnero, Collado-Villalba, Madrid, Valdemoro y Leganés– y porque los investigados en todos ellos también son los mismos: además del propio Martínez Peromingo, Carlos Mur y Antonio Burgueño, asesor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los inicios de la pandemia. A juicio del recurrente, la división en siete causas vulneraba su derecho de defensa.

También geriatras y directores de residencias

Sin embargo, la jueza deja claro que, aun cuando coinciden los tres investigados en esos procedimientos, cada uno de ellos "se dirigirá o podrá dirigirse" contra otros posibles responsables: los geriatras de enlace de los hospitales, los geriatras de las residencias o sus directores. Es decir, los investigados terminarán siendo diferentes en cada causa. Además, cada procedimiento se refiere a una víctima distinta, "con padecimientos previos o situaciones de enfermedad diversos, internados en residencias diferentes, trasladados a centros hospitalarios antes de fallecer, en unos casos, o fallecidos en la propia residencia, en otros, con contextos asistenciales no coincidentes".  Con todos esos argumentos la jueza defiende una "instrucción diferenciada" de las causas.

Reitera también en el auto que la "existencia y aplicación" de los conocidos como protocolos de la vergüenza y el funcionamiento o no del Plan de choque –la medicalización de las residencias que no se llevó a cabo– fueron el "origen común" de los procedimientos. 

Martínez Peromingo aduce igualmente que no es responsable de ningún delito respecto del fallecimiento del padre de una de las denunciantes, y para ello esgrime que carece de vinculación alguna con la residencia donde murió y que, cuando se produjo el óbito, él aún era geriatra del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Una alegación que la jueza desecha resaltando la "constatada implicación" de Martínez Peromingo en la "elaboración y aplicación" de los protocolos de la vergüenza y del plan de choque.

La imputación tanto de Peromingo como de Carlos Mur y del asesor Antonio Burgueño por discriminar a los residentes en la prestación de asistencia sanitaria supuso un auténtico giro en la investigación de las muertes durante la primera ola del covid, al poner en el foco judicial al Gobierno de Díaz Ayuso." 

(Begoña P. Ramírez , Público,  03/11/25)

229 sí; 7.291, ¿no? Lo que esperamos de las instituciones en las emergencias, que también pueden verse sobrepasadas, es que al menos, tienen que ser las que nos griten que salgamos del coche, las que nos avisen sobre lo que podemos hacer para salvar el pellejo en situaciones desesperadas, y las que distribuyan todas las ayudas que haya... Si las instituciones no sirven para eso es que no sirven y cuando es así es mejor que los que están al frente se vayan por dignidad... Es tan obvio y sencillo. Es tan dramático cuando no pasa... ¿Será que la torpeza de Carlos Mazón de no haber parado de mentir y mentir, de insultar a las víctimas, han nutrido un poder que ha ido creciendo y creciendo hasta derrocarlo?... ¿Por qué él, con 229 ahogados encima, está al borde del precipicio e Isabel Díaz Ayuso, con 7.291, nunca lo estuvo? El coraje de los valencianos que han estado, están y seguirán manteniendo la movilización, se merece un aplauso gigantesco... No ocurrió lo mismo con los 7.291 ancianos de los protocolos de la vergüenza de Madrid que su presidenta dejó morir ahogados y solos, sin asistencia sanitaria. ¿Nos tragamos aquello porque en otras comunidades autónomas también hubo ciertos abandonos de mayores no explicados? ¿Será que no somos tan poderosos? ¿Será que los medios de comunicación lo son más de lo que merecen y los de Madrid, financiados por su Administración, la apoyan incluso en lo imperdonable? ¿Será que entre todos permitimos el olvido? A pesar de que el tiempo lo anestesia todo, me confieso incapacitada para digerirlo (Marta Nebot)

 "(...) El miércoles pasado, 29 de octubre, el primer aniversario de la DANA, empecé el día sentada en un plató de televisión escuchando a una víctima que milagrosamente salvó la vida aquel fatídico día. Belén, que tiene casi mi edad, que tiene una melena salvaje canosa larguísima, que vino a la tele sin vestirse de domingo y hermosa, sin querer saber más de lo que sabe, sin exhibir su dolor, sin entender de política ni pretenderlo, contó sencillamente que se fue a casa algo antes de cumplir su horario porque su jefe les dijo que mejor así porque estaba lloviendo mal, que de repente el agua empezó a entrar en el coche y que ese coche, que sentía como su lugar seguro en mitad de la tormenta endiablada, empezó a moverse solo, a flotar incontrolable y que el agua no dejaba de entrar y entrar. Entonces, bloqueada, en shock por lo que estaba viviendo, por lo rápido que ocurría todo, vio a un señor subido al techo de una furgoneta que le gritaba que saliera como él por la ventanilla, que se subiera encima. Sal, sal, sal. Nunca olvidará a aquel hombre anónimo que fue el que hizo el milagro, el que le salvó la vida. 

Escuchándola pensé que aquella era la mejor metáfora de lo que esperamos de las instituciones en las emergencias, que también pueden verse sobrepasadas. Al menos tienen que ser las que nos griten que salgamos del coche, las que nos avisen sobre lo crucial y trascendente que podemos hacer para salvar el pellejo en situaciones desesperadas y las que distribuyan todas las ayudas que haya.  

Si las instituciones no sirven para eso es que no sirven y cuando es así es mejor que los que están al frente se vayan por dignidad, pero sobre todo para preservar la fe en el sistema, que es lo único que lo sostiene. Cuando eso pasa, o se va quien está al frente o la gente se va del sistema. Es tan obvio y sencillo. Es tan dramático cuando no pasa. 

Virginia Ortiz, una de las tres familiares de los 229 muertos homenajeados que hablaron en el funeral de Estado laico que se celebró en Valencia esa tarde, ante las más altas autoridades y toda España, lo dijo desde el atril con sencillez, convicción y paz, con la credibilidad incuestionable de quien se sostiene y razona a pesar del dolor inmenso: "El poder siempre ha sido nuestro".

Y me quedé colgada de su verdad y de por qué ese poder a veces lo puede todo y otras no. 

¿Será que la torpeza de Carlos Mazón de no haber parado de mentir y mentir, de desmentirse y volver a mentirse encima sin descanso, de insultar a las víctimas y a la inteligencia colectiva, han nutrido ese poder que ha ido creciendo y creciendo hasta estar a punto de derrocarlo?

¿Será que como sus culpas son incomparables han encontrado más seguimiento continuo en los medios y eso ha mantenido ese poder en crecimiento? ¿Será que los medios públicos han estado más activos en este caso, no le han quitado el foco o que esto ha sucedido en otra fase política? ¿Será que los familiares valencianos lo han peleado con más ahínco? ¿Será que este drama nos pilló a todos menos traumatizados?  

¿Por qué él, con 229 ahogados encima, está al borde del precipicio e Isabel Díaz Ayuso, con 7.291, nunca lo estuvo? 

El coraje de los valencianos que han estado, están y seguirán manteniendo la movilización que hará caer a Mazón se merece un aplauso gigantesco. Una ovación infinita hasta que consigan la justicia mínima que reclaman. 

No ocurrió lo mismo con los 7.291 ancianos de los protocolos de la vergüenza de Madrid que su presidenta dejó morir ahogados y solos, sin asistencia sanitaria, sin nadie que les diera la mano, teniendo camas vacías en los hospitales privados y muchos médicos en el hospital de campaña milagro de Ifema, al que solo enviaban a los enfermos poco enfermos.  

Entonces también "el poder siempre fue nuestro", pero ¿no lo ejercimos?

¿Nos tragamos aquello porque en otras comunidades autónomas también hubo ciertos abandonos de mayores no explicados?  

¿Será que no somos tan poderosos? ¿Será que los medios de comunicación lo son más de lo que merecen y los de Madrid, financiados por su Administración, la apoyan incluso en lo imperdonable? ¿Será que entre todos permitimos el olvido?

A pesar del lustro transcurrido, a pesar de que el tiempo lo anestesia todo, me confieso incapacitada para digerirlo. La impotencia y la pelea de los familiares que todavía luchan en los tribunales, sus relatos grabados en mi cerebro me acompañan y vuelven y vuelven preguntándome sobre nuestro poder, presunto o no."

(Marta Nebot , PÚBLICO, 01/11/25) 

Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante el Covid: Ayuso y Escudero sabían lo que estaba pasando en las residencias y decidieron no actuar... Me cuesta creer que Carlos Mur tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que indicarle lo que debía hacer... la información la tenían. Desde la Consejería de Políticas Sociales les informábamos diariamente sobre la situación de cada residencia: cuántas personas estaban infectadas, cuántas habían fallecido, qué necesidades tenían y qué bajas presentaban... Todo esto se enviaba a la Consejería de Sanidad, que a partir de ahí tenía conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo... Que en pleno siglo XXI, en 2020, hubiera personas que murieran sin recibir tratamiento mórfico ni paliativo es algo que no puede aceptarse en una sociedad avanzada... y lo que dijo Ayuso de que los mayores morían en cualquier sitio es falso. Muchas personas sobrevivieron gracias a tratamientos médicos

 "Alberto Reyero fue consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia de covid-19. También fue una de las pocas voces dentro del Gobierno madrileño que se atrevió a cuestionar públicamente la gestión de la crisis en las residencias. Lo hizo desde dentro, formando parte de Ciudadanos, entonces socio de coalición del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Su disconformidad con las decisiones tomadas −especialmente con los llamados protocolos de la vergüenza que vetaron derivaciones hospitalarias de miles de mayores− acabó con su dimisión meses después.

En 2022, Reyero relató su experiencia desde dentro del poder en Morirán de forma indigna, un libro en el que detalla las tensiones internas y los silencios que rodearon la tragedia de las residencias. Ahora, apenas un día después de que se anunciara su testificación en la segunda causa judicial abierta contra ex altos cargos del Ejecutivo de Ayuso imputados por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, el exconsejero habla con Público sobre quiénes fueron −a su juicio− los verdaderos responsables políticos de lo ocurrido y por qué considera importante poner el foco en la desmedicalización de las residencias durante la gestión de la crisis.

¿Cómo recibió la noticia de la imputación de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?

Me sorprendió, aunque no del todo. Ya estaba al tanto de la querella colectiva que se presentó en octubre del año pasado y entendía que podía avanzar. Lo que no esperaba era la imputación de los dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. Ahora estoy expectante por lo que esto pueda significar, aunque todavía no tenemos certezas.

En el entramado de decisiones, ¿cree que Carlos Mur de Víu y Javier Martínez Peromingo fueron los únicos responsables o había más implicados? 

Siempre he dicho que esto es algo que tendrá que aclarar la jueza. Nunca se ha dado una explicación sobre este asunto, ni siquiera en la Comisión de Investigación. Personalmente, me cuesta creer que un director general tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que informarle o indicarle lo que debía hacer. 

Me cuesta creer que Carlos Mur tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que indicarle lo que debía hacer

No actuó por iniciativa propia, o al menos eso creo. Pero insisto: eso es algo que deberán aclarar quienes participaron. A menudo me preguntan sobre esto, y como yo nunca formé parte de esa cadena de decisiones, solo puedo imaginar qué pudo haber pasado. Como exconsejero, puedo afirmar que un director general no habría tomado una medida así sin recibir instrucciones.

Ha señalado en varias ocasiones la falta de empatía de Ayuso y su equipo hacia las familias. Algunas de ellas hablan incluso de "maltrato". En una entrevista con Público, mencionó que este tipo de reacciones por parte del Ejecutivo madrileño se han repetido en otras crisis. ¿En qué consiste ese patrón?

Solo hay que mirar otras crisis para entender lo que está pasando. No hablo solo de la DANA, que tenemos muy reciente, sino también de casos como el del 11M. En situaciones así, a veces da la impresión de que las víctimas acaban siendo tratadas como enemigas, cuando debería ser justo lo contrario. Hay que acogerlas, acompañarlas, como se hace con las víctimas del terrorismo −con las que, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en cómo se les trata−. Pero a las víctimas de una catástrofe también hay que mostrarles empatía y estar de su lado.

A veces da la impresión de que las víctimas acaban siendo tratadas como enemigas, ocurrió también con la DANA y con el 11M

En el caso de la Comunidad de Madrid, han pasado cinco años y el Gobierno de Ayuso no ha mantenido ni una sola reunión con las familias. Yo, en julio de 2020, tuve la primera reunión con ellas. Fue una reunión tensa, comprensiblemente, después de todo lo ocurrido. Pero sentí que era mi obligación estar allí. Quizá porque no tenía nada de lo que avergonzarme y podía explicar cada una de las decisiones que tomé. Hay otros que no son capaces de hacer eso. No sé qué les pasa por la cabeza, pero lo que proyectan es una falta de empatía, y eso en un político es muy grave.

Varias familias han pedido que se reabra una comisión de investigación y que esto no quede solo en el ámbito judicial. ¿Está de acuerdo con que también se depuren responsabilidades desde la política?

Recuerdo perfectamente la primera vez que me preguntaron si apoyaba una comisión de investigación sobre lo ocurrido. Fue a principios de abril de 2020, cuando aún era consejero. En ese momento ya dejé claro que estaba totalmente a favor de una Comisión Ciudadana por la Verdad. De hecho, cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta, se abrió una investigación, pero en cuanto la consiguió, la cerraron.

No se trata de buscar culpables, sino de entender qué falló y corregirlo para que no vuelva a repetirse

Sigo creyendo que debe haber una comisión de investigación, y no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el ámbito nacional. He firmado iniciativas impulsadas por Manuel Rico, Fernando Flores y otras plataformas que piden esclarecer lo ocurrido. Las apoyé sin matices. No se trata de buscar culpables, sino de entender qué falló y corregirlo para que no vuelva a repetirse.

¿Qué opina de las respuestas que ha dado hasta ahora la Comunidad de Madrid? Como, por ejemplo, que los mayores no hubieran podido ser atendidos en los hospitales por estar colapsados.

Han sido, más bien, reacciones defensivas sin dar ninguna explicación. Nadie ha aclarado por qué se elaboraron esos protocolos, por qué no se permitió trasladar a los residentes al hospital de campaña de Ifema, por qué no se medicalizaron las residencias o por qué se enviaron 1.800 sanitarios a Ifema en lugar de reforzar los centros donde estaban los más vulnerables.

Simplemente, no han dado respuestas. La falta de argumentos es tan evidente que estoy convencido de que, si hoy preguntáramos a Ayuso por los protocolos, negaría su existencia o, en todo caso, diría que solo eran borradores. Esa negación de la realidad, para mí, lo dice todo.

¿Cree que el hecho de que no se medicalizaran las residencias fue tan grave como los propios protocolos?

Fue una situación muy grave, sin duda. Yo entonces dije una frase que se repitió mucho: en un contexto así, o el residente iba al hospital, o el hospital debía ir a la residencia. Si se decidía que no podían ser trasladados porque recibirían mejor atención en la propia residencia, podía entenderse. Pero lo que no era aceptable era rechazarles el ingreso hospitalario y dejarlos abandonados en las residencias. Eso no tiene justificación.

Rechazar el ingreso hospitalario de los mayores y dejarlos abandonados en las residencias, no tiene justificación

¿Qué sabe sobre esa desmedicalización? ¿Cómo se organizó, y quién la ordenó?

Durante la pandemia se cerraron los centros de urgencias de Atención Primaria, los denominados SUAP. En total, alrededor de 1.800 sanitarios dejaron de prestar servicio allí. Podrían haberse destinado perfectamente a las residencias, donde estaban las personas más vulnerables. Sin embargo, se decidió enviarlos a Ifema para atender a pacientes con pronóstico leve.

No fue simplemente una desmedicalización de las residencias, fue una mala gestión de los recursos. Se destinaron a lugares donde no eran prioritarios, dejando desatendidas a las personas que realmente lo necesitaban: los mayores en situación más grave. Hay que recordar que este virus golpeó especialmente a las personas mayores y, dentro de ese grupo, a quienes vivían en residencias. Esa decisión fue tomada por la Consejería de Sanidad, que era la administración competente. Más allá de eso, no tengo información, pero la responsabilidad fue suya.

La Consejería de Sanidad de Madrid tuvo la responsabilidad de no dejar desatendidos a los mayores en la pandemia

En su libro Morirán de forma indigna también cuenta que el 25 de marzo de 2020, durante un Consejo de Gobierno telemático, pidió a 100 sanitarios para reforzar las residencias… y no le dieron a nadie. Con el paso del tiempo, ¿por qué cree que no se le asignó ningún profesional? ¿Fue una decisión deliberada? 

Entiendo que sí. Mi petición se enmarcaba en lo que ya había explicado antes, tras una visita que hice el año anterior. A partir de ahí, lo que pedí fue algo muy modesto: que, al menos, se interviniera en aquellas residencias que ya teníamos identificadas como especialmente problemáticas. No se trataba de actuar en las 475 residencias al mismo tiempo, porque no todas estuvieron en una situación crítica durante todo el periodo. Pero sí había un grupo concreto, especialmente al inicio, donde los problemas de atención sanitaria eran muy graves. Y pedí refuerzos, específicamente, para esas residencias. Pero no se les dio.

¿Cree que ese Consejo de Gobierno demuestra que tanto Ayuso como Enrique Ruiz Escudero sabían lo que estaba ocurriendo en las residencias y, aun así, decidieron no actuar?

Sí, la información la tenían. Desde la Consejería de Políticas Sociales les informábamos diariamente sobre la situación de cada residencia: cuántas personas estaban infectadas, cuántas habían fallecido, qué necesidades tenían y qué bajas presentaban. Esta información se contrastaba con los datos que proporcionaban las propias residencias. Todo esto se enviaba a la Consejería de Sanidad, que a partir de ahí tenía conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo.

En su libro insiste en algo esencial: no es solo que murieran, sino cómo murieron. Sin cuidados paliativos y en soledad. ¿Cree que ese "cómo" se ha pasado por alto?

Creo que se ha dicho mucho sobre esto, y siempre intento ser respetuoso. La presidenta comentó que los mayores se morían en cualquier sitio, y que enviarlos al hospital no garantizaba que pudieran salvarse. Eso es falso. Los hechos demuestran que, aunque el virus era muy letal y muchos, jóvenes y mayores, fallecieron en hospitales, muchas otras personas sobrevivieron gracias a los tratamientos médicos que solo se pueden recibir allí. Para eso existen los hospitales: para cuidar y tratar a los enfermos graves. Es cierto que algunos no se recuperan, pero muchos sí.

Lo que dijo Ayuso de que los mayores morían en cualquier sitio es falso. Muchas personas sobrevivieron gracias a tratamientos médicos

Además, quiero destacar que no solo debemos recordar a quienes pudieron haberse salvado y murieron, sino también a aquellos que fallecieron en condiciones indignas. Que en pleno siglo XXI, en 2020, hubiera personas que murieran sin recibir tratamiento mórfico ni paliativo es algo que no puede aceptarse en una sociedad avanzada y de bienestar como la española.

Ha declarado como testigo en algunas querellas por homicidio. Ahora lo hace en una causa por discriminación. Desde su punto de vista, ¿qué cambia con este enfoque?

El enfoque es clave porque el problema está en las personas que diseñaron unos protocolos que, en la práctica, provocaron discriminación. Independientemente del resultado, en casos como un posible homicidio imprudente o una omisión del deber de socorro, es complicado establecer un nexo causal directo entre la decisión y la muerte. Siempre se puede argumentar que la persona falleció por el virus y no por la decisión tomada.

Pero aquí estamos ante un caso claro de discriminación. Que personas con discapacidad y dependencia no recibieran atención sanitaria me parece una discriminación evidente. Otra cosa es que un juez determine si eso constituye un delito; para eso está la justicia, que debe investigar y tomar decisiones. Imaginen si se negara atención sanitaria a mujeres solo por ser mujeres, o a personas de ciertas razas por prejuicios, alegando colapso. Eso sería un caso de discriminación flagrante. Y esto, para mí, es igual de grave.

¿Teme que este proceso acabe archivado, como ha ocurrido con otras causas?

Eso ocurre en cualquier proceso judicial. Dependerá de la decisión de cada juez o jueza. Puede optar tanto por archivar el caso como por seguir adelante con la investigación." 

(Entrevista a Alberto Reyero, Rocío Cruz, Público, 30/05/25)  

Altos cargos de la Diputación de Almería (PP) cobraron comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por la contratación de mascarillas durante la pandemia

 "El escándalo de los altos cargos de la Diputación de Almería, el actual vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y el entonces vicepresidente tercero, Óscar Liria (cesado en 2021), ambos dirigentes del Partido Popular (PP), sigue alcanzando notas considerables en torno al cobro de comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por la contratación de mascarillas durante la pandemia. Una causa judicial, el llamado ‘Caso Mascarillas’, que vivió durante las semanas de finales de marzo y principios de abril la etapa más importante del proceso judicial, habiendo sido llamados a declarar los principales imputados.

Las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Policía Judicial de la Guardia Civil recogen diversas conversaciones de WhatsApp entre los propios Giménez y Liria en las que ambos políticos llegaron a desarrollar un «lenguaje codificado» y «velado» que podría ocultar referencias a porcentajes de la comisión estipulada entre ambos representantes políticos.

Giménez, considerado por la Guardia Civil como presunto beneficiario y cabecilla de la trama de comisiones, la supuesta punta de la pirámide, pudo cobrar una comisión del 10 % vinculada al contrato de suministro del materia sanitario adjudicado, cuyo valor ascendía en total a los más de dos millones de euros. En este sentido, en los mensajes intercambiados por ambos vicepresidentes de la Diputación almeriense, el vigente vicepresidente segundo le pregunta a su homólogo popular, Liria, por la «talla 20», a lo que este responde que «al final será más o menos la 10», algo que los investigadores interpretan como alusión al reparto del citado 10 % del contrato, es decir, unos 200.000 euros.

Además, en la conversación se hace mención a «ponerse un guante» o a «necesitar una talla más grande», lo que los agentes lo consideran como un intento de enmascarar la verdadera naturaleza económica de la conversación."                (Cristian López Domínguez , Espacio Andaluz, 13/05/25)

Alberto Reyero, exconsejero de políticas sociales de Ayuso: Les he conocido como oposición durante ocho años antes y sé su manera de comportarse. El comportamiento de la pandemia recoge un patrón que hemos visto en crisis pasadas y que vemos ahora con la DANA. Parece que tienen un manual... Sí me sorprende la reacción de la justicia, sí me sorprendió la pasividad de la Fiscalía. En una de las causas en las que declaré como testigo ni siquiera se presentó el Fiscal... Hubo un número de personas a la que se les negó la derivación hospitalaria, que no recibieron tratamiento hospitalario por cuestiones de discapacidad y de dependencia. En muchos casos eso supuso la condena a morir. Por supuesto, no todos se hubieran salvado, pero habrían tenido una oportunidad. Pero lo grave es que las personas que se quedaron en las residencias sin una atención médica tuvieron una muerte horrible, una muerte como no se la deseo a nadie, que a estas alturas de siglo no nos merecemos. Merecemos morir con cuidados paliativos, sin dolor y sin morir asfixiados... Estaban más pendientes de lo que dijeran de ellos que de salvar a nadie... El Hospital de Ifema fue una estrategia de marketing... Ifema estuvo abierto cinco semanas y murieron 16 personas. En esas mismas fechas, en las residencias murieron 5.000 personas. En Ifema derivaban solo a quienes tenían un diagnóstico leve. ¿En qué cabeza cabe? Es una decisión política pensando en cómo impresionar al mundo entero... "Ayuso sabe que las muertes en las residencias la van a acompañar toda su carrera política"

 

"Alberto Reyero marcó un hito en la historia política de este país: priorizó la verdad antes que el interés electoralista. Reyero era consejero de Políticas Sociales cuando estalló la pandemia y no dudó en cuestionar públicamente los protocolos de no derivación hospitalaria y la gestión de la crisis en las residencias de la Comunidad de Madrid. Él formaba parte de Ciudadanos, entonces dentro del Gobierno de coalición, y meses después dimitió. En la región murieron 7.291 personas en las residencias de mayores sin atención hospitalaria y Reyero quiso denunciar lo ocurrido.Años después publicó un libro Morirán de forma indigna donde relata esos meses dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Han pasado cinco años desde la pandemia de covid-19 y aún hoy el Partido Popular le ataca por sus críticas e incluso le acusa de mentir.

El último movimiento de Ayuso ha sido el de acusarle a usted de ser el "inventor" de la cifra de 7.291 muertos. ¿Cómo vive estos ataques?La verdad, no le doy más importancia. El momento complicado lo viví hace cinco años y a veces hago un comentario un poco boomer, pero yo digo que ya estuve en Vietnam. Tenía precisamente esos mismos comentarios desde dentro del mismo gobierno. En ese momento no daban la cara y lo que hacían era enviarlos a los periodistas y recibir los ataques a través de determinados medios de información. Ahora realmente no le doy ninguna importancia.

¿Estos ataques le han traído consecuencias personales, políticas o profesionales?

Político no, porque ya no me dedico a la política y personal, tampoco, porque realmente no me afecta. Cuando estás fuera de la política realmente no tiene mayor importancia y te los tomas con un poco de cinismo. Realmente, coste personal no tienen.

¿Tiene en la cabeza el momento en el que decidió dimitir del Gobierno de la Comunidad de Madrid?

Hice un primer amago, de hecho lo comenté a mi entorno, después de un Consejo de Gobierno allá por el 26 de marzo. Ya había escrito los emails al consejero de Sanidad porque ya había visto esos protocolos y había dicho lo que eso podía significar. Además, les trasladé una visita que yo había hecho a una residencia en Ciempozuelos y solicité contar al menos con 50 médicos y 50 enfermeras para dar servicio a las residencias más críticas en ese momento. Recibí una respuesta fría y me ignoraron. En ese momento, empezaba a incrementar el número de fallecidos y eso sí que tenía para mí un coste personal. Cada noche, cuando me pasaban la información de los fallecidos, era un palo terrible. Detrás de cada número hay una persona, hay un proyecto de vida, hay una familia y eso a mí me resultaba doloroso.

En una entrevista reciente con ABC, el exconsejero de Sanidad Ruiz Escudero ha asegurado que usted nunca le llamó y que se estaba protegiendo a sí mismo.

Claro que había relación. Las conversaciones se las lleva el viento, pero yo dejé las cosas por escrito. Es absolutamente mentira que no habláramos.

"Dicen que hicieron todo lo posible y no es cierto, a muchos se les abandonó a su suerte"

¿De dónde saca la Comunidad de Madrid la cifra de 4.100 fallecidos y evite la de 7.291? 

Tengo la mala costumbre de revisar la información y de querer entender. Cuando reviso la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), veo que solo tienen en cuenta los fallecidos que habían pasado covid-19 y los que pensaban que tenían covid. Pero se olvidaban un apartado grande, en 'otros': en enero y febrero había como 1.000 personas, solo en marzo 1.800 y en abril 1.500. Mucha gente falleció por el covid sin test que lo identificara. Cuando buceas en la información, hay un número muy grande que da el INE donde no consta lugar de fallecimiento, lo que indica el momento de caos que se vivió. 

La cifra de 7.291 sale desde las residencias, eran datos que ellos mismos nos facilitaban día a día. Además, no son las personas que murieron, son los que murieron entre el 1 de marzo y el 30 de abril en las residencias. Fueron muertes evitables, no se les dio ninguna posibilidad de salvarles, así que la cifra ahora se ha convertido en un símbolo. 

Aunque fuera cierto el dato de la Comunidad de Madrid, 4.100 son muchísimas personas fallecidas como para conformarse.

No les importa el número. Dijeron que no eran 7.291 porque esa semana se emitía el documental en RTVE. Era una forma de desacreditar. Aunque fueran solo dos personas que murieron discriminadas hubiera sido grave. 

Hubo un número de personas a la que se les negó la derivación hospitalaria, que no recibieron tratamiento hospitalario por cuestiones de discapacidad y de dependencia. En muchos casos eso supuso la condena a morir. Por supuesto, no todos se hubieran salvado, pero habrían tenido una oportunidad. Pero lo grave es que las personas que se quedaron en las residencias sin una atención médica tuvieron una muerte horrible, una muerte como no se la deseo a nadie, que a estas alturas de siglo no nos merecemos. Merecemos morir con cuidados paliativos, sin dolor y sin morir asfixiados. 

¿Está sorprendido por la actitud de Ayuso? Ha pasado a atacar de forma muy agresiva a las familias de las residencias de mayores.

Les he conocido como oposición durante ocho años antes y sé su manera de comportarse. El comportamiento de la pandemia recoge un patrón que hemos visto en crisis pasadas y que vemos ahora con la DANA. Parece que tienen un manual. Quizás ingenuamente pensé que eso no iba a ser así. Era una oportunidad para cambiar las cosas, pero no pudo ser posible. 

La Fiscalía parece que al fin ha cambiado de parecer y ha llamado a investigar algunas residencias de mayores, después de años de silencio.

Yo dije una frase que sigo manteniendo. Los protocolos no me parecían éticos y posiblemente no eran legales. Sí me sorprende la reacción de la justicia. No me sorprende tanto que algunas se hayan archivado, porque los acusados eran personas aforadas y complicaba que el proceso siguiera adelante. Era complicado imputarles por homicidio cuando el nexo causal era tan difícil de relacional al estar en pandemia. Pero sí me sorprendió la pasividad de la Fiscalía. En una de las causas en las que declaré como testigo ni siquiera se presentó el Fiscal. 

La nueva causa no pone el foco en personas aforadas, sino sobre quienes gestionaron las residencias y se centran en discriminación. Habrá que ver cómo prospera, pero creo que tiene más oportunidades de hacerlo. Hasta ahora parecía que se pasaba de largo de un tema que nos cuestiona si lo hicimos bien o no. 

"El Hospital de Ifema fue una estrategia de marketing. Estaban más pendientes de lo que dijeran de ellos que de salvar a nadie"

Las familias piden desde hace años verdad, justicia y reparación. ¿Cree que están consiguiéndola?

Desgraciadamente, no. Primero deberíamos considerarles víctimas porque fue una pandemia dramática, pero no ha habido reconocimiento y el Gobierno actual ha tenido un comportamiento deleznable diciendo que ya habían superado el duelo. 

La primera reunión que yo tuve con las familiares fue muy tensa y complicada, pero es obligación dar la cara. Es importante y una lección aprendida: en esta vida hay que mirar a los ojos incluso a las personas que te ven como parte del problema. El gobierno actual ha querido huir de ese tipo de reunión o confrontación. 

Esto siempre ha sido un tema que le ha puesto nerviosa a Isabel Díaz Ayuso. Recuerdo una entrevista en El Hormiguero en el que salió triunfal porque se sabía las canciones que le ponían, pero al hablar de por qué cerró la Comisión de Investigación se aturulló como solo ella sabe y dijo "a todos los cadáveres se les atendió bien". Es un tema que siempre le ha generado incomodidad. Lo que sí ocurre es que hasta ahora han tenido controlada toda la comunicación y de las residencias no se puede hablar en la Asamblea porque te quitan la palabra. Pensaban que el tema acabaría muriendo, pero eso les ha fallado y el documental se emitió y lo vieron cientos de miles de personas. El documental no juzga a nadie, muestra lo que ocurrió. El convencido no va a cambiar de opinión, pero el indiferente sí. Hay algo de visceralidad en su actitud, porque Ayuso sabe que las muertes en las residencias le van a acompañar toda su carrera política.

Dice que sufría mucho las cifras de fallecidos, pero al lado tenía compañeros de Gobierno que miraban en clave electoral todo.

El Hospital de Ifema fue una estrategia de marketing. Estaban más pendientes de lo que dijeran de ellos que de salvar a nadie. Ifema estuvo abierto cinco semanas y murieron 16 personas. En esas mismas fechas, en las residencias murieron 5.000 personas. En Ifema derivaban solo a quienes tenían un diagnóstico leve. ¿En qué cabeza cabe? Es una decisión política pensando en cómo impresionar al mundo entero. Todo muy vistoso mientras en la oscuridad de las residencias morían sin que les prestaran atención. Dicen que hicieron todo lo posible y no es cierto. Como dice Amnistía Internacional, a muchos se les abandonó a su suerte."

(Entrevista a Alberto Reyero, exconsejero de políticas sociales de Ayuso, que dimitió y denunció públicamente los protocolos que negaron la atención sanitaria en las residencias de Madrid, Jose Carmona, Público, 21/03/25) 

Desinformación y negacionismo, las otras lecciones de la pandemia... políticos que estaban entonces en el poder como Donald Trump, Boris Johnson, o Jair Bolsonaro defendieron que el Covid-19 era como una gripe más, “por lo que no deben tomarse precauciones especiales”... la pandemia agravó problemas que ya estaban aquí, principalmente tres: el primero, la desconfianza de una parte de la sociedad –por suerte minoritaria– hacia los medios; de ahí surge en todo el mundo una corriente negacionista de la propia pandemia y de las vacunas... y la politización de la pandemia por parte de algunos medios, que fueron mucho más allá de la crítica necesaria y legítima a las administraciones... Aquel inmenso dolor no quedó reflejado como se merecía desde el punto de vista periodístico, porque el periodismo, como la sociedad en su conjunto, se vio desbordado, superado por la magnitud de la crisis a la que nos enfrentábamos... la pandemia nos ha cambiado ¿Fue un trauma colectivo que nos hizo mejores? Aquí cada uno tiene su propia respuesta (Josep Carles Rius)

 "Desde el punto de vista de la comunicación, el impacto de la pandemia del coronavirus fue como el combate entre dos mundos. En palabras del sociólogo Michel Wieviorka, “el de la razón y el del oscurantismo. El primero apela al razonamiento, a la ciencia, al conocimiento, a la argumentación y a la demostración rigurosa. El segundo, a la fe, las convicciones, unas voluntades de carácter místico, la idea de la conspiración o de unas potencias maléficas”.

Este combate no nació con la pandemia, es también el combate por los derechos humanos y valores universales. Wieviorka recuerda que “aunque la razón ha conocido épocas favorables en Europa, con el Renacimiento y, después, con la Ilustración, y aunque hoy en todo el mundo la ciencia y la tecnología son fuerzas cruciales, el desenlace de este combate sigue siendo incierto”.

Estos dos mundos también tuvieron su expresión en el periodismo, entre los medios que optaron por alimentar emocionalmente un clima de incertidumbre, miedo, odio… y los que optaron por informar con responsabilidad ética y rigor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a acuñar el término “infodemia”, es decir, una sobrecarga de información no fiable que se propaga rápidamente entre la población.

Pocos días después de decretarse el confinamiento, el filósofo Daniel Innerarity escribía en Twitter: “Esta crisis no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Lo que se acaba (ha terminado hace tiempo y no acabamos de aceptar su muerte) es el mundo de las certezas absolutas, el de los seres invulnerables y el de la autosuficiencia”. Empezaban tiempos de incertidumbre extrema. En un primer momento, la humanidad necesitaba encontrar respuestas, pero sólo halló preguntas. No existían verdades científicas y era el terreno abonado para las noticias falsas, la pseudociencia o las teorías conspiranoicas.

“La información incorrecta trunca vidas”

Cristina Peñamarín, catedrática de Teoría de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, recordaba que “en los momentos de emergencia, la humanidad tuvo que aprender rápidamente qué era información fiable y qué, intoxicación o falsedades, por las consecuencias a las que llevaba cada una”. Era una lección dramática porque políticos que estaban entonces en el poder como Donald Trump, Boris Johnson, o Jair Bolsonaro defendieron que el Covid-19 era como una gripe más, “por lo que no deben tomarse precauciones especiales”, y llegaron a decir que “la mayoría se infectará levemente y así se inmunizará”.

En septiembre de 2020, y ante la proliferación de noticias falsas o imprecisas sobre la pandemia de covid-19, diferentes organismos de la ONU (OMS, Unicef, PNUD, Unesco…) y otras organizaciones humanitarias internacionales, como Cruz Roja y la Media Luna Roja, firmaron una declaración conjunta. Denunciaban una sobreabundancia de información y los intentos deliberados por difundir noticias erróneas para socavar la respuesta de la salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. “La información errónea y falsa –decían– puede perjudicar la salud física y mental de las personas, incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros alcanzados en materia de salud y espolear el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de frenar la pandemia”.

La ONU también alertaba de que “la información incorrecta trunca vidas. Sin la confianza adecuada y la información correcta y pertinente, las pruebas diagnósticas se quedan sin utilizar, las campañas de inmunización (o de promoción de vacunas eficaces) no cumplirán las metas y el virus seguirá expandiéndose”. Además, la información falsa polarizaba el debate público y daba alas al discurso del odio. “Potencia –decían en el comunicado– el riesgo de conflicto, violencia y violaciones de los derechos humanos; y amenaza las perspectivas a largo plazo de impulsar la democracia y la cohesión social”.

Como consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas lanzaba un llamamiento “a los medios de comunicación y a las plataformas de las redes sociales, a los investigadores y especialistas en tecnologías que pueden concebir y establecer estrategias y herramientas eficaces para responder a la infodemia, a los líderes de la sociedad civil y a las personalidades influyentes con sus objetivos. Información precisa y prevenir la difusión de información errónea y falsa”.

La “infodemia” nacía de comportamientos irresponsables como los que denunciaba la ONU, pero sobre todo del desconcierto que se apoderó del conjunto de la sociedad y de las administraciones. En medio del vacío, las redes difundieron mentiras, pero también alertas, mientras que el sistema institucional y mediático tardaba en reaccionar. La ciudadanía explicaba en las redes qué ocurría en su entorno, y, entre muchas informaciones distorsionadas y fábulas, emergía la realidad.

La humanidad se enfrentaba a una amenaza global y de consecuencias imprevisibles. Eran tiempos de desconcierto y de angustia por no saber qué pasaba en realidad. Los medios, por serios y responsables que fueran, no podían evitar la desinformación, porque sus fuentes, la comunidad científica y las administraciones, también ofrecían datos contradictorios o que, posteriormente, nunca fueron avalados por la ciencia.

Superados por la magnitud de la emergencia

Poco a poco, las aguas volvieron a su cauce y el periodismo con credibilidad recuperó su papel. En especial, las publicaciones científicas. Por ejemplo, contra las propuestas conspirativas, la revista Nature ofreció todo tipo de datos solventes, en marzo del 2020, para desmentir que el Covid-19 fuera “una construcción de laboratorio o un virus manipulado intencionadamente”.

Pese a los esfuerzos de los medios responsables por construir una información de calidad útil para la ciudadanía, la pandemia agravó problemas que ya estaban aquí, principalmente tres: el primero, la desconfianza de una parte de la sociedad –por suerte minoritaria– hacia los medios; de ahí surge en todo el mundo una corriente negacionista de la propia pandemia y de las vacunas. El segundo, la politización de la pandemia por parte de algunos medios, que fueron mucho más allá de la crítica necesaria y legítima a las administraciones. Y el tercer problema fue la saturación informativa respecto a la emergencia, hecho que dejaba fuera del foco informativo otros muchos aspectos de la realidad que también merecían atención.

La tragedia de aquellos primeros días se tradujo en miles y miles de muertos en las residencias de ancianos, UCI colapsadas, tanatorios llenos de féretros…, y todo ello sin familiares. Aquel inmenso dolor no quedó reflejado como se merecía desde el punto de vista periodístico. Los periodistas no lograron superar las barreras, por el cierre efectivo de los escenarios donde ocurría la tragedia, pero también porque el periodismo, como la sociedad en su conjunto, se vio desbordado, superado por la magnitud de la crisis a la que nos enfrentábamos.

El símbolo de las víctimas en las residencias

Cinco años después de la pandemia hay una cifra que simboliza la lucha por la veracidad: las personas fallecidas en las residencias geriátricas en Madrid. Los datos oficiales, avalados por las familias, las cifran en 7.291, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo niega. La Comunidad de Madrid estableció un protocolo que vetaba el traslado a los hospitales de las personas contagiadas en las residencias. El argumento era que no se podían colapsar los hospitales, pero en la práctica era una gigantesca criba que condenaba a muerte a los ancianos enfermos con Covid-19. En toda España fallecieron treinta y cinco mil residentes en la primera ola.

El diario Infolibre demostró, con una extensa investigación periodística, que hubieran podido salvarse muchas vidas si no se hubiera vetado el traslado a los hospitales. O, en cualquier caso, se habría aliviado el sufrimiento de las horas finales. Jesús Maraña, director editorial del diario Infolibre, denunciaba en un artículo “la alfombra roja que buena parte de los medios de masas escritos, audiovisuales y digitales han extendido a los pies de Ayuso y a las falsedades de su discurso […]. Así le han permitido mentir con total soltura sobre asuntos tan sensibles como las muertes por Covid de miles de personas en las residencias durante la primera ola de la pandemia”. El jefe de investigación de Infolibre, Manuel Rico, recogió estas investigaciones en el libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta, 2021).

Madrid es la comunidad que registró mayor exceso de mortalidad en el 2020, con un incremento del 41,2% respecto al 2019. La media de España fue del 17,7%. Cataluña, por ejemplo, también quedó por encima, con una subida del 23,5% debido al impacto de la pandemia. Todos los resultados de la gestión de la pandemia de Ayuso fueron catastróficos, los peores del país. Empezando por el abandono que sufrieron las personas en las residencias geriátricas. Sin embargo, Ayuso ganó las elecciones del 2023 por mayoría absoluta.

¿La pandemia nos hizo mejores?

¿Cómo nos cambió la pandemia? La experiencia colectiva de sufrir una pandemia abrió múltiples reflexiones sobre cómo incidiría en nuestra vida. La antropóloga Lucía Muñoz Sueiro pensaba en ese momento que la pandemia “ha desatado emociones que, si las encaminamos adecuadamente, pueden conducirnos a reflexiones fructíferas que generen las condiciones necesarias para una transición sistémica, consciente y planificada. Disfrutemos de más bienestar, más tiempo libre, más cuidados, más introspección, más vínculos sociales. Ojalá plantemos las semillas de un cambio sistémico que nos haga, realmente, florecer como sociedades”.

Uno de los pronósticos que aportó una corriente de esperanza fue la de Jacques Attali, un reputado economista que había sido consejero especial del presidente francés François Mitterrand y fundador del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Attali predijo en plena pandemia que “veremos nacer, después de un momento de cuestionamiento muy profundo de la autoridad, una fase de regresión para intentar mantener las estructuras de poder existentes y una fase de cobarde alivio, una nueva forma de legitimación de la autoridad; no estará basada ni en la fe, ni en la fuerza, ni en la razón, tampoco en el dinero, último avatar de la razón. El poder político estará en manos de quienes sepan mostrar el mayor grado de empatía hacia los demás”.

Attali auguraba que, después de la pandemia, “los sectores económicos dominantes serán también los de la empatía: la salud, la hospitalidad, la alimentación, la educación, la ecología”. La predicción de Attali, desgraciadamente, no se ha producido. Quizás todo lo contrario. Pero es un buen ejemplo de una corriente de pensamiento mundial que creyó, de forma tal vez ingenua, que “de la pandemia saldremos mejor como humanidad”.

Cinco años después, la perspectiva del tiempo nos dice que la pandemia nos ha cambiado. Que nos marca la noción del tiempo: hablamos de “antes de la pandemia”; “durante la pandemia o de “después de la pandemia”. Y a su vez intentamos olvidar, como si fuera un paréntesis en nuestra vida, un tabú que preferimos no recordar. Pero el dolor de quienes la sufrieron en primera persona, de quienes perdieron familia, sigue muy presente. También entre los sanitarios que se entregaron de forma heroica a salvar vidas poniendo en peligro las suyas. ¿Fue un trauma colectivo que nos hizo mejores? Aquí cada uno tiene su propia respuesta."              (Josep Carles Rius , La Marea, 15/03/25)

7.291: ¡Pero qué invento es esto! No es novedad que el Gobierno de Ayuso mienta sobre las residencias. Lo lleva haciendo desde 2020, pero estos días hemos vivido un episodio más... la cifra de 7.291 fallecidos en residencias que se facilitó en 2020 vía transparencia no solo era correcta, sino que probablemente fuera conservadora y se quedara corta... Otra mentira de Ayuso. Una más. No será la última. En este caso, fruto de una manipulación muy burda e interesada para minimizar ese escalofriante número de personas que vieron cómo se les negó la posibilidad de ir a un hospital... La discriminación no era por enfermedad, sino por dependencia o discapacidad. Daba igual si se trataba de problemas de corazón o covid, deterioro cognitivo o problemas de movilidad, quedabas excluido de derivación hospitalaria. No había ambulancia para llevarte al hospital, salvo que tuvieras una póliza privada, que siempre ha habido clases (Alberto Reyero, ex-consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, durante los peores meses de la pandemia)

"El 12 de marzo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid envió a los medios una nota titulada: “La Comunidad de Madrid da los datos exactos”. En ella, además de autoproclamarse dueños de la verdad, me señalaban como el maléfico inventor de la cifra de 7.291 fallecidos en residencias, que, según ellos, la izquierda y ultraizquierda utilizan para retorcer la realidad: “El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100″.

No voy a extenderme en explicar cómo se llegó a la cifra de 7.291 en 2020. Lo he explicado cientos de veces. Su origen está en la contestación a una solicitud de transparencia y se llegó a ese número mediante el trabajo serio y excepcional de funcionarios de mi Consejería, que en los peores momentos de la pandemia se comunicaban diariamente con cada una de las residencias para apoyarles y recopilar una información que era imprescindible para poder actuar de manera efectiva y que entre otras cosas recogía la evolución diaria de los fallecidos.

Esa información se publicó en los momentos más difíciles de la pandemia, no cinco años después y, sobre todo, un día antes de la emisión de un documental ―como así ocurrió con esos 4.100 tan “reales” de la Comunidad―. En cualquier caso, es necesario subrayar que esa cifra, 7.291, se refería únicamente a los meses de marzo y abril de 2020, el periodo acerca del que se solicitó información.

Como es habitual en Sol, a pesar de la pomposidad de los adjetivos que acompañaban a sus datos, ya fueran “exactos” o “reales”, en esa nota no daban ninguna explicación acerca de cómo llegaban a esa cifra o a qué periodo concreto del año se referían. Son sus datos y punto, no vaya a ser que alguien se ponga a mirar y los rebata punto por punto. Opacidad frente a transparencia.

Durante esos mismos días, el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, salió de su mutismo habitual para aclarar que su número procedía de los datos de Sanidad Mortuoria, un departamento de la propia Comunidad de Madrid; esa información situaba ahora la cifra en 4.143 fallecidos entre enero y junio de 2020. Un margen de error de 43 personas sobre la cifra “exacta” que decía la nota de Sol. Una minucia comparada con el infame exconsejero “inventor”.

Para terminar con esto, es también curioso que, en julio de 2020, Sanidad Mortuoria publicara otra cifra distinta en su informe diario: 4.816 fallecidos en el mismo periodo y de la cual se hizo eco El Mundo a instancias del Ejecutivo regional. Un pequeño detalle sin importancia: casi 700 muertos más entonces. Pero ¿qué son 700 fallecidos arriba o abajo cuando el objetivo es maquillar la realidad?

Así, en la Asamblea de Madrid, el pasado jueves, toda la bancada popular celebró con entusiasmo que “solo” hubieran muerto 4.100, o 4.143 personas, qué más daba. Lo importante era que la cifra de 7.291 ―esa malvada cifra que supuestamente yo “inventé”― quedaba desacreditada y como consecuencia, pasaba lo mismo con el documental 7291 que se emitía esa misma noche. Porque claro, 4.100 muertos importan menos que 7.291.

 El truco

No acaba aquí la cosa. Como siempre ocurre en la tierra de la libertad y de los familiares comisionistas, en la cifra que da la Comunidad de Madrid había manipulación. Ante la pregunta de dónde la extraían, no decían ni mú y remitían al INE. Como si quisieran dar un barniz de oficialidad a su información y no un ejercicio de trilerismo más.

Según reveló InfoLibre en un esclarecedor artículo, la Comunidad de Madrid solo parecía haber contabilizado los fallecidos que recogía el INE en centros sociosanitarios que entraban en las categorías de “Covid-19 virus identificado” o “Covid-19 virus no identificado (sospechoso)”. Eso encajaba con las declaraciones del exconsejero de Sanidad.

¿Y qué pasaba con una tercera categoría, muy numerosa durante ese periodo, que aparece también en el INE, y que se denomina “otras causas”? Pues que la habían eliminado de su cómputo, al no constar la palabra “covid” en el certificado de defunción. En enero y febrero de 2020, murieron dentro de esa categoría unas 550 personas al mes; en marzo, esa cifra se disparó a 1.805, quedándose en 1.584 en abril, para volver en mayo a su nivel habitual.

¿Qué explicación tiene ese incremento producido en marzo y abril? Hay dos posibles explicaciones: la primera es que hubiera una epidemia de infartos y cáncer fulminante en las residencias de Madrid, y la segunda, que muchas de esas muertes lo fueran por covid-19 o con covid-19 y que no se registraran como tales por la saturación de los sistemas sanitarios y la ausencia de tests diagnósticos. Adivinen cuál de las dos opciones es la más factible.

Lo que hay que hacer es, precisamente, lo contrario: incluir a esos fallecidos en el cómputo general porque, además, todos ellos sufrieron discriminación. Es lo que hicimos al publicar la cifra de 7.291 fallecidos en el portal de transparencia en 2020, donde se incluía a todos los fallecimientos en residencias, independientemente de su causa. Porque, recordemos, los Protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid no solo negaban la derivación hospitalaria a quienes tenían covid, sino también a quienes padecían cualquier otra enfermedad. La discriminación no era por enfermedad, sino por dependencia o discapacidad. Daba igual si se trataba de problemas de corazón o covid, deterioro cognitivo o problemas de movilidad, quedabas excluido de derivación hospitalaria. No había ambulancia para llevarte al hospital, salvo que tuvieras una póliza privada, que siempre ha habido clases.

 ¿Qué pasa al sumar todo?

Aquí viene la mejor parte: si sumamos todos los fallecidos en centros sociosanitarios y las tres categorías que aparecen en el INE, sin excluir ninguna ―Covid-19 virus identificado, Covid-19 virus no identificado (sospechoso), y Otras Causas―, el resultado es de 7.269. Una cifra sospechosamente parecida a los 7.291 “inventados” por mí. Como dice la misma nota, soy “ineficaz”, ni siquiera valgo para inventar.

Aún hay más. El INE no distingue entre residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, donde también hubo fallecidos, no lo olvidemos nunca. Todos quedan englobados bajo el título de Centros sociosanitarios.

Además, hay un apartado más, una especie de cajón de sastre denominado “No consta”, y que recoge el número de personas de los que se desconoce su lugar del fallecimiento (hospital, domicilio particular o residencia). En marzo y abril de 2020, esta categoría sumó una nada despreciable cifra de 578 personas, que no computa en ningún sitio y que habría que tener en cuenta de alguna manera.

Todo esto nos lleva a una conclusión bastante sencilla: la cifra de 7.291 fallecidos en residencias que se facilitó en 2020 vía transparencia no solo era correcta, sino que probablemente fuera conservadora y se quedara corta. Lo contrario a lo que difunde ahora la Comunidad de Madrid en su nota y, por supuesto, muy lejos de su pomposo enunciado: “El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100″.

Otra mentira de Ayuso. Una más. No será la última. En este caso, fruto de una manipulación muy burda e interesada para minimizar ese escalofriante número de personas que vieron cómo se les negó la posibilidad de ir a un hospital.

Aquí dejo el enlace al INE, para que aquellos que desconfíen de este aprendiz de brujo puedan comprobar, punto por punto, todo lo que digo."              

(Alberto Reyero es abogado y consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid (Ciudadanos) durante los peores meses de la pandemia. También es autor del libro Morirán de forma indigna (editorial Libros del K.O.). El País, 16/03/25)