"Tuvieron efectos electorales inmediatos y provocaron la precipitada
salida de los presidentes derechistas en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y
Colombia.
En México, Argentina y Brasil el descontento social no suscitó
protestas equivalentes, pero dio lugar a victorias del mismo tipo en las
urnas. En Ecuador y Panamá se consiguieron importantes triunfos en la
calle contra los atropellos neoliberales y en Haití persiste una
sostenida resistencia al caos impuesto por las elites y sus socios
imperiales.
El análisis de esta lucha es frecuentemente desatendido por los
estudios exclusivamente focalizados en la forma de dominio de los
opresores. La evaluación de esa resistencia esclarece semejanzas y
diferencias con otras regiones.
En distintos rincones de la región se verifica la misma tendencia al
reinicio de los levantamientos que signaron el debut del nuevo milenio.
Esas sublevaciones se aquietaron durante la década pasada y recuperaron
intensidad en los últimos años.
La pandemia interrumpió limitadamente esa escalada de movilizaciones,
que neutralizaron la corta restauración conservadora del 2014-2019. Ese
período de renovado golpismo, no logró desactivar el protagonismo de
los movimientos populares.
La rebelión del 2019 en Ecuador inauguró la fase actual de protestas,
que ha repetido la tradicional tónica de irradiaciones. Bolivia, Chile,
Colombia, Perú y Haití han sido los principales centros de
confrontación reciente.
Los efectos políticos de esta nueva oleada son muy variados. Han
trastocado el mapa general de los gobiernos, recreando la gravitación
del progresismo. Esa vertiente se ha impuesto en el grueso de la
geografía zonal. Al inicio de 2023 los mandatarios de ese signo
prevalecen en los países que reúnen al 80% de la población
latinoamericana (Santos; Cernadas, 2022).
Este escenario ha facilitado también la continuidad de los gobiernos
acosados por el imperialismo estadounidense. Luego de soportar
incontables embestidas, los diabolizados presidentes de Cuba, Venezuela y
Nicaragua siguen en sus cargos.
También ha sido parcialmente contrarrestado el ciclo de golpes
militares e institucionales, que apadrinó Washington en Honduras (2009),
Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019). La reciente asonada en
Perú (2023) afronta una heroica oposición en las calles.
Esta rebeldía obstruyó, hasta el momento, la intervención disfrazada de los marines
en países devastados como Haití. La misma lucha popular propinó duras
derrotas a los atropellos intentados por los gobiernos neoliberales
reciclados de Ecuador y Panamá.
Pero esta gran intervención desde abajo suscita una reacción más
virulenta y programada de las clases dominantes. Los sectores
enriquecidos han procesado la experiencia anterior y exhiben menos
tolerancia a cualquier cuestionamiento de sus privilegios. Han
articulado una contraofensiva ultraderechista para doblegar al
movimiento popular. Aspiran a retomar con mayor violencia, la fracasada
restauración conservadora de la década pasada. Este complejo escenario
exige evaluar a las fuerzas en disputa.
REVUELTAS CON EFECTO ELECTORAL
Varios levantamientos de los últimos tres años tuvieron traducciones
electorales inmediatas. Los nuevos mandatorios de Bolivia, Perú, Chile,
Honduras y Colombia emergieron de grandes sublevaciones que impusieron
cambios de gobierno. Las protestas callejeras forzaron comicios que
derivaron en victorias de los candidatos progresistas, contra sus
adversarios de ultraderecha.
Esta secuencia se verificó primero en Bolivia. La sublevación
confrontó exitosamente con los gendarmes y tumbó a la dictadura. Añez
tiró la toalla cuando perdió a sus últimos aliados y a los sectores
medios que al principio acompañaron su aventura.
La corrupta gestión de la pandemia potenció ese aislamiento y diluyó
el continuismo civil intentado por los candidatos de la centroderecha.
La rebeldía desde abajo impuso el retorno del MAS al gobierno y varios
responsables del golpe fueron juzgados y encarcelados. La conspiración
continuó en el bastión santacruceño y actualmente se dirime si
persistirá o será aplastada por una contundente reacción oficial.
Una dinámica semejante se verificó en Chile, como resultado del gran
levantamiento popular y sepultó al gobierno de Piñera. La chispa de esa
batalla fue el costo del transporte, pero el rechazo a los 30 pesos de
esa erogación derivó en una imponente gesta contra 30 años de legado
pinochetista.
Ese torrente condujo a dos victorias electorales que precedieron al
triunfo de Boric sobre Kast. El gran aumento de la participación
electoral con consignas antifascistas en los barrios populares permitió
ese logro, en el país-emblema del neoliberalismo regional.
Por esa gravitación de Chile como símbolo del thatcherismo, la
asunción de un presidente progresista, en el marco de la Asamblea
Constituyente con gran presencia popular en las calles, despertó enormes
expectativas.
Una secuencia más vertiginosa e inesperada se registró en Perú. El
hastío popular con los presidentes derechistas salió a flote en
protestas espontáneas y protagonizadas por jóvenes despojados de sus
derechos. Ese levantamiento sucedió a la tragedia sanitaria de la
pandemia, que potenció la ineptitud de la burocracia gobernante.
Castillo se transformó en el receptor del malestar popular y el
fujimorismo no pudo frustrar su llegada a la Casa de Gobierno. El
discurso redistributivo del sindicalista docente creó la expectativa de
cortar con la agobiante sucesión de gobiernos conservadores.
En Colombia la rebelión masiva forzó al establishment a resignar por
primera vez su manejo directo de la presidencia. Varios millones de
personas participaron en imponentes manifestaciones. Las huelgas masivas
confrontaron con una represión feroz y lograron tumbar una reforma
regresiva de la salud. Al igual que en Chile se extendieron
posteriormente para expresar el enorme malestar acumulado durante
décadas de neoliberalismo.
Ese fastidio se tradujo en la derrota electoral del uribismo y del
improvisado ultraderechista que intentó impedir la victoria de Petro.
Con ese triunfo un líder de centroizquierda llegó a la presidencia,
sorteando el terrible destino del asesinato que sufrieron sus
antecesores. Lo acompaña una afrodescendiente representativa de los
sectores más oprimidos de la población.
En la misma tónica se inscribió el triunfo de Xiomara Castro en
Honduras. Su victoria premió la sostenida lucha contra el golpe que en
el 2009 prohijó el embajador estadounidense. Esa asonada inició el largo
ciclo latinoamericano de lawfare y golpismo judicial parlamentario.
Los 15 puntos de ventaja que Xiomara obtuvo sobre su contrincante
neutralizaron los intentos de fraude y proscripción. En un dramático
contexto de pobreza, narcotráfico y criminalidad, la heroica lucha
popular desembocó en la primera presidencia de una mujer. Xiomara
comenzó su gestión derogando las leyes de manejo secreto del Estado y de
entrega de zonas especiales a los inversores externos.
Pero debe lidiar con la sofocante presencia de una gran base militar
estadounidense (Palmerola) y una embajadora de Washington que interviene
con toda naturalidad, en los debates internos sobre los asentamientos
campesinos y las leyes de reforma del sistema eléctrico (Giménez, 2022).
VICTORIAS DE OTRO TIPO
En otros países el ascenso de mandatarios progresistas no fue un
resultado directo de las protestas populares. Pero esa resistencia operó
como un trasfondo del descontento social y la incapacidad de los grupos
dominantes para renovar la primacía de sus candidatos.
México fue el primer caso de esta modalidad. López Obrador llegó a la
presidencia en el 2018, en una dura confrontación con las castas del
PRI y del PAN sostenidas por los principales grupos económicos. AMLO
aprovechó el desgaste de las gestiones previas, la división de las
elites y la obsolescencia del continuismo a través del fraude. Pero
actuó en un contexto de menor impacto de las precedentes movilizaciones
del magisterio y los electricistas.
Los sindicatos han quedado muy afectados en México por la
reorganización de la industria y no fueron determinantes del giro
político en curso. AMLO mantiene una relación ambigua con su referente
histórico cardenista, pero inauguró una administración muy distanciada
de sus antecesores neoliberales.
Tampoco en Argentina la llegada de Fernández (2019) fue un resultado
inmediato de la acción popular. No reprodujo el arribo de Néstor
Kirchner (2003) a la Casa Rosada, en medio de una generalizada rebelión.
Previamente el derechista Macri sufrió un contundente revés en las
calles, cuando intentó introducir una reforma previsional (2017). Pero
no afrontó el periódico levantamiento general que sacude a la Argentina.
En ese país se localiza el principal movimiento de trabajadores del
continente. Su disposición de lucha ha sido muy visible en las 40
huelgas generales consumadas desde el fin de la dictadura (1983). La
sindicalización se ubica en el tope de los promedios internacionales y
empalma con la llamativa organización de los piqueteros (desocupados e
informales).
La lucha de esos movimientos ha permitido sostener los auxilios
sociales del Estado, que las clases dominantes concedieron bajo el gran
susto de una revuelta. Las nuevas formas de resistencia -enlazadas con
la belicosidad precedente de la clase obrera- facilitaron el retorno del
progresismo al gobierno.
En los últimos tres años, la decepción generada por el incumplimiento
de las promesas de Fernández suscitó grandes rechazos, pero con
protestas acotadas. Hubo importantes triunfos de muchos gremios,
frecuentes concesiones del gobierno y protagonismo callejero, pero la
acción del movimiento popular fue contenida
En Brasil la victoria de Lula ha sido un extraordinario logro, en un
marco de relaciones sociales de fuerzas desfavorable para los sectores
populares. Desde el golpe institucional contra Dilma el dominio de las
calles fue capturado por los sectores conservadores que ungieron a
Bolsonaro. Los sindicatos obreros perdieron protagonismo, los
movimientos sociales han sido hostilizados y los militantes de izquierda
adoptaron actitudes defensivas.
La liberación de Lula incentivó el reinicio de la acción popular.
Pero ese impulso no alcanzó para revertir la adversidad del contexto,
que permitió a Bolsonaro conservar una significativa masa de votantes.
El PT retomó la movilización durante la campaña electoral (especialmente
en el Nordeste) y revitalizó sus fuerzas en los festejos del triunfo.
En un marco de gran división de los grupos dominantes, hartazgo con
los exabruptos del ex capitán y liderazgo cohesionador de Lula, la
derrota de Bolsonaro ha creado un escenario de potencial recuperación de
la lucha popular (Dutra, 2022). El temor a ese despunte, indujo al alto
mando militar a vetar el desconocimiento del veredicto de las urnas que
propiciaba el bolsonarismo.
Pero la batalla contra la ultraderecha recién comienza y para
doblegar a ese gran enemigo resulta imperioso reconquistar la confianza
de los trabajadores (Arcary, 2022). Esa credibilidad quedó erosionada
por la desilusión con el modelo de pactos con el gran capital que
desenvolvió el PT en sus gestiones anteriores. Ahora emerge una nueva
oportunidad.
TRES BATALLAS RELEVANTES
Otras situaciones de enorme resistencia popular en la región no
derivaron en victorias electorales progresistas, pero sí en derrotas
mayúsculas de los gobiernos neoliberales.
En Ecuador se registró el primer triunfo de este tipo contra el
presidente Lasso, que intentó retomar las privatizaciones y la
desregulación laboral, junto a un plan de aumentos de las tarifas y
alimentos dictado por el FMI. Ese atropello precipitó la confrontación
con el movimiento indigenista y su nuevo liderazgo radical, que propicia
un contundente programa de defensa de los ingresos populares.
A mediados del 2022, ese choque recreó la batalla librada en octubre
del 2019, contra la agresión lanzada por Lenin Moreno para encarecer el
precio de los combustibles. El conflicto se zanjó con los mismos
resultados que la pugna anterior y con una nueva victoria del movimiento
popular. La gigantesca movilización de la CONAIE ingresó en Quito en un
clima de gran solidaridad, que neutralizó la lluvia de gases
lacrimógenos gatillada por los gendarmes.
En 18 días de paro el experimentado movimiento indigenista derrotó la
provocación del gobierno imponiendo la liberación del líder Leónidas
Iza (Acosta, 2022). La CONAIE conquistó también la derogación del estado
de excepción y la aceptación de sus principales demandas (congelamiento
de los combustibles, bonos de emergencia, subsidios a los pequeños
productores) (López, 2022).
El gobierno se quedó sin cartuchos cuando perdió credibilidad su
insultante discurso contra los indios. Debió ceder ante un movimiento,
que volvió a demostrar gran capacidad para paralizar el país y
neutralizar los ataques contra las conquistas sociales.
Otra victoria de la misma relevancia se logró en Panamá a mitad del
año, cuando los gremios docentes convergieron con los transportistas y
los productores agropecuarios, en el rechazo al incremento oficial de la
gasolina, los alimentos y los medicamentos. La unidad forjada para
desenvolver esa resistencia sumó a la comunidad indígena a un movimiento
de protesta, que durante tres semanas paralizó al país. Las marchas de
protesta fueron las más importantes de las últimas décadas.
Esa reacción social doblegó a un gobierno neoliberal que debió
retroceder en sus planes de ajuste. El presidente Carrizo no pudo
satisfacer a las cámaras empresariales que exigían mayor dureza contra
los manifestantes.
Esa victoria fue particularmente significativa en un istmo que tuvo
un gran crecimiento en los ultima dos décadas, aprovechando los lucros
que genera la administración del Canal para los grupos dominantes. La
desigualdad es apabullante, en un país dónde el 10% de las familias más
ricas cuenta con ingresos 37,3 veces más altos que el 10% de los más
empobrecidos (D'Leon, 2022).
La invasión estadounidense instaló en 1989 un esquema neoliberal, que
complementa esa asimetría con escandalosos niveles de corrupción. Tan
sólo la evasión fiscal equivale a la totalidad de la deuda pública
(Beluche, 2022). La victoria en las calles propinó una severa derrota al
modelo que las elites de Centroamérica presentan como el rumbo a seguir
por todos los pequeños países.
El tercer caso de una extraordinaria resistencia popular sin
derivaciones electorales se verifica en Haití. Las gigantescas
movilizaciones volvieron a ocupar el centro de la escena durante el
2022. Confrontaron con las políticas de saqueo económico que implementa
un régimen manejado desde las oficinas del FMI. Ese organismo propició
el encarecimiento del combustible que desató las protestas, en un país
todavía desgarrado por el terremoto, el éxodo rural y el hacinamiento
urbano (Rivara, 2022).
Las marchas callejeras se desenvuelven en un vacío político absoluto.
Hace seis años que no hay elecciones, en una administración que
prescinde del poder judicial y legislativo. El presidente de turno
sobrevive por el simple sostén que aportan las embajadas de EEUU, Canadá
y Francia.
El desgobierno actual se prolonga por la indecisión que impera en
Washington a la hora de consumar una nueva ocupación. Estas
intervenciones con el disfraz de la ONU, la OEA y la MINUSTAH se han
recreado una y otra vez en los últimos 18 años con resultados funestos.
Los servidores locales de esas invasiones reclaman el reingreso de las
tropas foráneas, pero salta a la vista inutilidad de esas misiones.
Esa modalidad de control imperial ha sido en los hechos sustituida
por la generalizada difusión de bandas paramilitares que aterrorizan a
la población. Actúan en estrecha complicidad con las mafias
empresariales (o gubernamentales) que rivalizan por los botines en
disputa, utilizando las 500.000 armas ilegales provistas por sus
cómplices de la Florida (Isa Conde, 2022). El magnicidio del presidente
Moïse fue apenas una muestra del descalabro que generan las pandillas
manejadas por distintos grupos de poder.
Estas organizaciones han tratado de infiltrar también a los
movimientos de protesta para desarticular la resistencia popular.
Siembran el terror, pero no han logrado confinar a la población a sus
casas. Tampoco pudieron recrear expectativas en otra intervención
militar extranjera (Boisrolin, 2022). La rebelión continúa, mientras la
oposición busca caminos para forjar una alternativa superadora de la
tragedia actual. (...)
COMPARACIONES CON OTRAS REGIONES
Al indagar la resistencia de los oprimidos se perciben las
singularidades latinoamericanas de esas luchas. En los últimos años, la
acción popular presentó semejanzas y diferencias con otras regiones.
En el 2019 se observaba en varios puntos del planeta una fuerte
tendencia al despunte de una nueva oleada de protestas, liderada por los
jóvenes indignados de Francia, Argelia, Egipto, Ecuador, Chile o el
Líbano.
La pandemia interrumpió abruptamente esa irrupción, generando un
bienio de miedo y enclaustramiento. Ese reflujo fue a su vez acentuado
por la gravitación del negacionismo derechista que impugnó la protección
sanitaria. En este marco salió a flote la dificultad para articular un
movimiento global en defensa de la salud pública, centrado en la
eliminación de las patentes a las vacunas.
Concluido ese dramático período de encierro, las protestas tienden a
reaparecer suscitando las prevenciones del establishment, que advierte
la proximidad de rebeliones pos pandemia (Rosso, 2021). Temen
especialmente la indignación que genera la carestía del combustible y
los alimentos (The Economist, 2022). Esa dinámica de resistencia ya
incluye un significativo resurgimiento de las huelgas en Europa y de la
sindicalización en EEUU, Pero el protagonismo de América Latina continúa
como un dato descollante.
En todas partes los sujetos de esa batalla reúnen a una gran
diversidad de actores, con significativa relevancia del joven trabajador
precarizado. Este segmento sufre un grado de explotación superior a los
asalariados formales. Padece la inseguridad de su trabajo, la falta de
prestaciones sociales y las consecuencias de la flexibilización laboral
(Standing, 2017).
Por esas razones es particularmente activo en la lucha callejera. Ha
sido privado de los ámbitos tradicionales de negociación y afronta una
contraparte patronal muy difusa. En distintos países es empujado a
imponer sus demandas a través del Estado.
Los migrantes, las minorías étnicas, los estudiantes endeudados son
frecuentes actores de esas batallas en las economías centrales y la masa
de trabajadores informales ocupa una centralidad semejante en los
países periféricos. Este último segmento no integra el tradicional
proletariado fabril, pero forma parte (en términos ampliados) de la
clase trabajadora y de la población que vive de su propia labor.
Los piqueteros de Argentina conforman una variedad de ese segmento,
que forjó su identidad cortando las calles, ante la pérdida del trabajo
en los lugares que centralizaban sus exigencias. De esa batalla brotaron
los movimientos sociales y distintas variedades de la economía popular.
Un papel igualmente relevante, desenvuelven los sectores campesinos que
forjaron el MAS de Bolivia y las comunidades indígenas que gestaron la
CONAIE de Ecuador
Los vínculos de estos movimientos de lucha de América Latina con sus
pares de otras partes del mundo han perdido visibilidad por el deterioro
de las instancias internacionales de coordinación. El último gran
intento de esa conexión fueron los Foros Sociales Mundiales, auspiciados en la década pasada por el movimiento alterglobalista. Las Cumbres de los Pueblos
alternativas a los encuentros de gobiernos, banqueros y diplomáticos
han perdido incidencia. La batalla contra la globalización neoliberal ya
no tiene esa centralidad y ha quedado sustituida por agendas populares
más nacionales (Kent Carrasco, 2019).
Ciertamente persisten dos movimientos globales de gran dinamismo: el
feminismo y el ambientalismo. El primero ha logrado éxitos muy
significativos y el segundo reaparece periódicamente con inesperados
picos de movilización. Pero el ámbito común de campañas globales que
aportaban los Foros Sociales no ha encontrado un reemplazo equivalente.
La gran vitalidad de los movimientos de lucha en América Latina
obedece a múltiples razones. Pero ha sido muy gravitante su perfil
político progresista, alejado del chauvinismo y del fundamentalismo
religioso. En la región se ha logrado contener las tendencias
reaccionarias que auspicia el imperialismo, para generar enfrentamientos
entre pueblos o guerras entre naciones oprimidas.
El Pentágono no ha encontrado la forma de inducir en América Latina
los sangrientos conflictos que logró desencadenar en África y en
Oriente. Tampoco pudo instalar un apéndice como Israel para eternizar
esas matanzas o convalidar el terror perdurable de los yihadistas.
Washington ha sido el invariable promotor de esas monstruosidades
para intentar sostener su jefatura imperial. Pero ninguna de esas
aberraciones prosperó hasta ahora en el Patio Trasero por la centralidad que mantienen las organizaciones de lucha popular.
Por esta razón América Latina persiste como una referencia para otras
experiencias internacionales. Muchas organizaciones de la izquierda
europea buscan, por ejemplo, replicar la estrategia de unidad o los
proyectos redistributivos elaborados en la región (Febbro, 2022). Pero
todos los pueblos del continente afrontan actualmente un peligroso
enemigo ultraderechista, que analizaremos en el próximo texto." (Claudio Katz , La Haine, 14/01/23)