El abrazo a la ideología conduce al delirio de inteligencia... el «profético» artículo fallido de Arcadi Espada sobre la derrota de España frente a Argentina en la final del campeonato mundial de Fúbol: "Nunca es solo fútbol. La magnitud de la decepción española en el Mundial obliga a algo más que a un análisis táctico. No es difícil ver en este equipo -en su devoción litúrgica por el sistema, en su miedo al desequilibrio individual, en la sumisión del talento a la coreografía- un reflejo de lo que es y de lo que amenaza seguir siendo este país en el siglo XXI: una sociedad que ha hecho de la desconfianza ante la excelencia una forma de cortesía (...) La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña. Anoche descubrimos su cara b. El mestizaje sin fusión es yuxtaposición. La igualdad entre desiguales, nivelación. Y los equipos serios no sonríen mientras suena el himno, sino cuando recogen la Copa. (...) Nunca es solo fútbol. La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella. Y esos once hombres, perfectamente organizados para la mediocridad, pixelan una imagen que España debe atreverse a contemplar, sosteniendo largamente la mirada sobre sí misma" (Arcadi Espada)

Antonio Papell @Apapell

El «profético» artículo fallido de Arcadi Espada sobre la derrota de España frente a Argentina en la final del campeonato mundial de Fúbol, que «El Mundo» tuvo que levantar de sus páginas por razones obvias pero que ha circulado profusamente por las redacciones, es un error de tal calibre que justificaría la retirada del artista para una larga temporada de meditación.

 Porque lo grave es que Arcadi se regodea en su visión de una España sórdida, sombría, perdedora, mestiza, mediocre, incapaz de grandes gestas, que la derechona percibe cuando gobierna la izquierda, y la exultante realidad le desborda con la mejor demostración posible: España no se ajusta a esta decadente descripción sino al contrario: la brillante victoria confirma los valores de la España moderna que está demostrando sus capacidades en todos los ámbitos. También en el futbolístico. 

Cállense, en fin, los augures de malas noticias y dedíquense a sus plegarias tétricas y a sus lamentos masoquistas mientras la España exultante, laica y trabajadora, escala hasta la cumbre su lugar bajo el sol.

De elmundo.es

11:22 a. m. · 22 jul. 2026 ·47,6 mil Visualizaciones

 

 "Nunca es solo fútbol, recordadlo siempre.

La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña.

Nunca es solo fútbol. La magnitud de la decepción española en el Mundial obliga a algo más que a un análisis táctico. No es difícil ver en este equipo -en su devoción litúrgica por el sistema, en su miedo al desequilibrio individual, en la sumisión del talento a la coreografía- un reflejo de lo que es y de lo que amenaza seguir siendo este país en el siglo XXI: una sociedad que ha hecho de la desconfianza ante la excelencia una forma de cortesía.

Nunca es solo fútbol. Luis de la Fuente, que siempre fue un meritorio jugador de equipo, había convertido en credo la grave falsa modestia de Alfredo Di Stéfano: «Ningún jugador es tan bueno como somos todos juntos». España tenía a Lamine Yamal, acaso el mayor talento de su historia: solo hay que ver cuál ha sido el resultado de dos años instruyéndole en el pase hacia atrás. El tikitaka de 2010 era una cultura; el tiktok de 2026 es relax. La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña. Anoche descubrimos su cara b. El mestizaje sin fusión es yuxtaposición. La igualdad entre desiguales, nivelación. Y los equipos serios no sonríen mientras suena el himno, sino cuando recogen la Copa.

Nunca es solo fútbol. La estrella disuelta en el grupo, el mérito prorrateado. Una parábola nacional. Nuestra escuela iguala hacia abajo, nuestra legislación recela del mérito y nuestra conversación pública dedica a demoler reputaciones el tiempo que otras dedican a construirlas. Pedirle a este vestuario que se atreva a la excelencia es pedirle que desobedezca a su país. Los jugadores no viven en una burbuja: son hijos de un tiempo en que el largo aliento cotiza menos que la viralidad instantánea, y en que los jóvenes, sin horizonte ni proyecto, no pueden emanciparse, sobre todo de sí mismos.

Nunca es solo fútbol. El desenlace tampoco puede sorprender al que observe el clima moral del país. Es lógico que una sociedad secuestrada por la polarización, donde las reglas se tuercen al servicio de la supervivencia de las élites y donde la palabra pública es ruido, solo pueda exportar la parálisis y hasta la infelicidad que se vieron en el césped.

Nunca es solo fútbol. La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella. Y esos once hombres, perfectamente organizados para la mediocridad, pixelan una imagen que España debe atreverse a contemplar, sosteniendo largamente la mirada sobre sí misma."

(Arcadi Espada, El Mundo, 23/07/26) 

Por qué los españoles se ponen de mala leche: un ejemplo... Cada vez es más frecuente que quien debe iniciar un procedimiento, o quien se ve inmerso en él, pregunte al abogado de qué pata ideológica cojea el juez que debe resolverlo: ¿es progresista quien va a determinar el régimen de visitas o la pensión por hijos? No se cree en que el juez vaya a dictar una sentencia que no esté guiada por sus preferencias personales... Y después observan cómo determinados juicios, esos que interesan, van muy rápido mientras que los suyos se demoran enormemente. Así es como la gente se pone de mala leche y como un sistema se quiebra... Dicho de otro modo, la desconfianza del ciudadano sobre la imparcialidad del juzgador va en aumento... La molestia de los españoles va en aumento, y eso supone tanto la indignación recurrente como la consideración de que la política no arregla nada. Las tensiones judiciales forman parte de eso (Esteban Hernández)

"España está dividida en dos. Desde luego en lo político, pero también en muchas otras cosas. Lo curioso es que de esas fracturas que afectan al país (territoriales, económicas, ideológicas) hay una de ellas que suele pasarse por alto, como si en lugar de convivir en el mismo espacio se viviera en lugares diferentes. La justicia refleja bien la situación. Las declaraciones sobre la confianza en la justicia, sobre el papel de los jueces en el actual momento político y sobre la necesaria independencia de las instituciones copan el debate público estos días. Contienen grandes consideraciones sobre cuestiones elevadas, argumentos densos sobre las decisiones que se adoptan y, en última instancia, incluyen discusiones sobre el papel fundamental que están jugando los jueces en este momento clave o sobre si la judicatura española está adoptando una postura parcial (con respuestas que varían según el ámbito ideológico al que se pregunte).

Todo esto, como tantas otras cosas del debate político, no suele estar presente en la vida del español común. Muchas de las decisiones que se someten a discusión pública son complejas de explicar, también porque remiten a fundamentos técnicos que están sujetos a interpretaciones diversas y suelen generar confusión. Lo cierto es que tanto ruido acaba apartando a gente de las cuestiones públicas. La molestia de los españoles va en aumento, y eso supone tanto la indignación recurrente como la consideración de que la política no arregla nada. Las tensiones judiciales forman parte de eso: o son integradas en la visión ideológica que ya se tiene o son desdeñadas como otro asunto más de una esfera mayormente inútil.

Ya sabemos que una justicia lenta no es justicia, pero esto es otro nivel

Sin embargo, eso no quiere decir que a los españoles no les interese la justicia. Más al contrario, es un asunto que los atañe de manera directa y no solo porque la idea de la injusticia es una de las que más moviliza políticamente, sino porque también los afecta en su vida cotidiana.

Así se rompe el sistema

Muchos españoles, alguna vez en su vida, se ven obligados a recurrir a los tribunales. La saturación de muchos juzgados, la falta de medios y los procedimientos que dilatan más que aceleran llevan a que las resoluciones tarden demasiado tiempo en dictarse. Y ocurre incluso en procedimientos, como los de las medidas ligadas a un divorcio, a un despido o un desahucio, que el legislador entendió que debían tramitarse por vía rápida. Distan mucho de ello. Unai Sordo afirmaba hace pocos días que la demora media a la hora de señalar un juicio por un despido individual es de 375 días y que en 28 provincias hay un colapso funcional de los juzgados. Ya sabemos que una justicia lenta no es justicia, pero esto es otro nivel.

La desconfianza de los ciudadanos sobre la imparcialidad de los jueces va en aumento

Hay un elemento añadido, también perturbador. Cada vez es más frecuente que quien debe iniciar un procedimiento, o quien se ve inmerso en él, pregunte al abogado de qué pata ideológica cojea el juez que debe resolverlo: ¿es progresista quien va a determinar el régimen de visitas o la pensión por hijos? ¿Es reaccionario el que va a fijar si el despido es procedente, improcedente o nulo? No se cree en que el juez vaya a dictar una sentencia que no esté guiada por sus preferencias personales. Dicho de otro modo, la desconfianza del ciudadano sobre la imparcialidad del juzgador va en aumento.

Es uno más de los asuntos cotidianos en los que los españoles nos vemos inmersos. Otro ejemplo está en la sanidad: conseguir cita temprana no es nada fácil, ni en la Seguridad Social ni en el seguro privado, ya que la consultas están cada vez más saturadas, en especial en grandes ciudades como Madrid. Eso sí, quien tiene recursos y paga una consulta de su bolsillo es atendido mucho antes. Todos aquellos sistemas expertos que se habían puesto en marcha para dar respuesta a las necesidades ciudadanas funcionan con retraso, mal o ambas cosas.

En ese contexto, las discusiones sobre la justicia parecen reducirse a los grandes asuntos, a la independencia de los magistrados, a la composición del CGPJ, a la salvaguarda de las instituciones. No se pone el acento en la necesidad de que los juzgados cuenten con muchos más medios, ni de que el ciudadano reciba una respuesta razonable en un tiempo prudente a sus problemas, ni de que las creencias ideológicas de los jueces resulten irrelevantes a la hora de dictar sentencia. Esto es lo que el ciudadano común vive, pero esto ocurre por abajo, y a muy poca gente del establishment le importa lo que sucede por abajo. Está pendiente de otras cosas, siempre llenas de grandes palabras y de discusiones moralistas. La gente quiere que le arreglen sus problemas, pero sus problemas ni aparecen en los medios. Por lo tanto, los ciudadanos suelen acabar pensando que todos son iguales, que están ahí para defender sus intereses y que no les importa lo que le pase a la mayoría de la gente. Y después observan cómo determinados juicios, esos que interesan, van muy rápido mientras que los suyos se demoran enormemente. Así es como la gente se pone de mala leche y como un sistema se quiebra." 

(Esteban Hernández , El Confidencial, 27/06/26) 

José Antonio Martín Pallín describe la ofensiva judicial desde la derecha, como “una ofensiva judicial impregnada de ideología reaccionaria”... considera que el criterio usado siempre es el mismo: se busca una interpretación expansiva de la ley que pasa por encima de la división de poderes y que permite a los tribunales procesar y condenar a políticos, casi siempre de izquierdas o nacionalistas... desde los ERE de Andalucía, en los que nadie cuestiona el mal uso de los recursos del Estado, pero las decisiones refrendadas parlamentariamente no pueden estar sujetas a control penal, y se le atribuían responsabilidades administrativas a un cargo político a cuenta de la aprobación parlamentaria de ciertas partidas de gasto en la ley de presupuestos, que son actos soberanos del legislativo... al caso Atutxa, quién, tras la ilegalización de Batasuna, se resistió a disolver su grupo parlamentario, alegando que los jueces no podían imponer a un órgano legislativo una decisión como aquella... enumera otras condenas del Supremo cortadas por el mismo patrón: la resistencia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala, la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y la reciente condena del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz... la deformación de los principios del derecho se vuelve más chusca cuando repasa las actuaciones de órganos judiciales inferiores contra familiares varios del presidente del Gobierno, contra Ada Colau (que ha sobrevivido a 16 querellas) y contra Podemos (caso Neurona)... y es que los jueces conservadores españoles no entienden cabalmente lo que significa el control judicial de los actos políticos en un régimen democrático (Ignacio Sánchez-Cuenca)

"Uno de los escándalos que mayor impacto han tenido en la política española es el de los ERE en Andalucía. Que hubo un mal uso de los recursos del Estado no lo cuestiona nadie y así quedó acreditado judicialmente. Ahora bien, la jueza del caso, Mercedes Alaya, tiró por elevación y señaló a quien había sido consejero de Hacienda y luego presidente de la Junta, José Antonio Griñán. La Audiencia Provincial condenó a Griñán y a otros altos cargos por prevaricación y malversación. La sentencia fue luego confirmada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, en 2024 el Tribunal Constitucional consideró que se había realizado una interpretación abusiva, pues se le atribuían responsabilidades administrativas a un cargo político a cuenta de la aprobación parlamentaria de ciertas partidas de gasto en la ley de presupuestos. Sin embargo, las decisiones refrendadas parlamentariamente no pueden estar sujetas a control penal, son actos soberanos del legislativo. Tanto la Audiencia Provincial como el propio Tribunal Supremo interpretaron la ley según unos esquemas legalistas rígidos que entraban en colisión con la división de poderes y con las reglas básicas de una democracia representativa. Tomaron un atajo de apariencia legal para castigar al PSOE andaluz.

Si no hubiera habido una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, el Supremo se habría salido con la suya. El Constitucional, sin embargo, impuso la razón democrática: no hay responsabilidad penal en los actos parlamentarios. Algo similar sucedió con el caso Atutxa. Juan María Atutxa era el presidente del parlamento vasco. Tras la ilegalización de Batasuna, se resistió a disolver el grupo parlamentario, alegando que los jueces no podían imponer a un órgano legislativo una decisión como aquella. El Tribunal Supremo condenó a Atutxa por desobediencia, pero en 2017 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo falló contra España.

José Antonio Martín Pallín (con más de 3.000 juicios de experiencia a sus espaldas, fiscal y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo entre 1989 y 2011) considera que el caso Atutxa es el origen de una práctica jurídica que ha ido ampliándose a medida que el país se polarizaba políticamente. El criterio usado siempre es el mismo: se busca una interpretación expansiva de la ley que pasa por encima de la división de poderes y que permite a los tribunales procesar y condenar a políticos, casi siempre de izquierdas o nacionalistas. La sentencia del procés es para el autor el caso más extremo (y al que dedicó un libro anterior, El gobierno de las togas, 2020): los jueces confundieron interesadamente la evidente inconstitucionalidad de las decisiones que tomaron las autoridades catalanas en 2017 con delitos penales. En el libro aparecen otras condenas del Supremo cortadas por el mismo patrón: la resistencia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala, la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y la reciente condena del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La deformación de los principios del derecho se vuelve más chusca cuando el autor repasa las actuaciones de órganos judiciales inferiores contra familiares varios del presidente del Gobierno, contra Ada Colau (que ha sobrevivido a 16 querellas) y contra Podemos (caso Neurona). El resultado es desolador y Martín Pallín no se muerde la lengua a la hora de calificarlo: “Una ofensiva judicial impregnada de ideología reaccionaria”. Esta ofensiva de los jueces se apoya en la acusación popular que ejercen organizaciones ultraderechistas y en la excitación extraordinaria que producen este tipo de causas políticas en la prensa de derechas.

El mérito principal de Visto para sentencia es la habilidad del autor para mostrar, de forma clara y a mi juicio convincente, que más allá de la refriega política, el origen del problema se sitúa en una cierta incapacidad de los jueces conservadores españoles para entender cabalmente lo que significa el control judicial de los actos políticos en un régimen democrático." 

(Ignacio Sánchez-Cuenca , El País, 18/05/26)  

Artículo 129.2 de la Constitución: La pieza que le falta a nuestra democracia... el acceso de las personas trabajadoras a su participación en el desarrollo de sus reconocidos o potenciales derechos es aún «tímido» y el mandato constitucional sobre el acceso a la propiedad de los medios de producción es, hoy por hoy, una promesa vacía... como cualquier entidad política en una democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura democrática... como cualquier entidad política en una democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura democrática. En consecuencia, el trabajador deja de ser un mero recurso para convertirse en un “inversor de trabajo”. Al igual que el accionista aporta capital, el trabajador aporta su vida, su tiempo, su conocimiento, su capacidad de trabajo y los resultados de éste. Sin embargo, mientras el primero ostenta el control absoluto a través de la entidad “empresa”, el segundo permanece a menudo en la periferia de las decisiones estratégicas... El artículo 129.2 es taxativo: “los poderes públicos promoverán eficazmente la participación de los trabajadores en la empresa y facilitarán su acceso a la propiedad de los medios de producción”. No es una sugerencia ni un “si conviene”, es un mandato constitucional... España se sitúa hoy a la cola de Europa en participación real. Mientras países como Alemania, Austria o los Estados del Norte de Europa han integrado la codecisión en sus modelos productivos —no por ideología, sino por eficiencia y cohesión—, en España a los comités de empresa y a las secciones sindicales se les informa y consulta, pero rara vez participan en la toma de decisiones... Por ello, la negociación colectiva debe evolucionar hacia una gestión conjunta de materias críticas: desde la organización del trabajo hasta la formación continua o la gestión ética de los algoritmos... medidas concretas: derechos de codecisión en IA, participación en el capital e incentivos públicos para empresas democráticas. Pero esto requiere también una autocrítica honesta: durante demasiado tiempo el sindicalismo no priorizó la conquista de estos derechos y su ejercicio (Quim González Muntadas)

 "El pasado 2 de febrero, el Ministerio de Trabajo recibió de la Comisión Internacional de expertos de alto nivel sobre democracia en el trabajo un documento de 497 páginas que está llamado a sacudir los cimientos de nuestro modelo laboral. Este informe no es un diagnóstico más, es una enmienda a la totalidad a la forma en que entendemos la empresa en España. Su conclusión es tan nítida como preocupante: el acceso de las personas trabajadoras a su participación en el desarrollo de sus reconocidos o potenciales derechos es aún «tímido» y el mandato constitucional sobre el acceso a la propiedad de los medios de producción es, hoy por hoy, una promesa vacía.

No hablamos de una carencia coyuntural, sino de un déficit estructural. Nuestra arquitectura empresarial sigue anclada en una jerarquía del siglo pasado que choca frontalmente con los desafíos del siglo XXI: la gobernanza de la inteligencia artificial, la digitalización, la competitividad, la desigualdad y la globalización.

Una de las aportaciones más relevantes del informe es la calificación de las “entidades políticas”. Son espacios de poder donde se toman decisiones que condicionan la vida de las personas y el futuro de la sociedad. Si aceptamos esta premisa, la conclusión es inevitable: como cualquier entidad política en una democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura democrática.

En consecuencia, el trabajador deja de ser un mero recurso para convertirse en un “inversor de trabajo”. Al igual que el accionista aporta capital, el trabajador aporta su vida, su tiempo, su conocimiento, su capacidad de trabajo y los resultados de éste. Sin embargo, mientras el primero ostenta el control absoluto a través de la entidad “empresa”, el segundo permanece a menudo en la periferia de las decisiones estratégicas.

A menudo se etiqueta la participación laboral como una aspiración utópica o radical. Nada más lejos de la realidad. Se trata sencillamente de cumplir la Constitución Española. El artículo 129.2 es taxativo: “los poderes públicos promoverán eficazmente la participación de los trabajadores en la empresa y facilitarán su acceso a la propiedad de los medios de producción”. No es una sugerencia ni un “si conviene”, es un mandato constitucional que lleva cuarenta y siete años en el «congelador» legislativo.

España se sitúa hoy a la cola de Europa en participación real. Mientras países como Alemania, Austria o los Estados del Norte de Europa han integrado la codecisión en sus modelos productivos —no por ideología, sino por eficiencia y cohesión—, en España a los comités de empresa y a las secciones sindicales se les informa y consulta, pero rara vez participan en la toma de decisiones. En nuestro país, la participación real sigue siendo un espejismo en la inmensa mayoría de las empresas.

Debemos reconocer que en el sindicalismo del sur de Europa han primado durante décadas ciertas reticencias, en contraste con el sindicalismo del centro y norte del continente. Siempre planeaba la duda: ¿participar no significa integrarse en el sistema del capital?, ¿no diluye esto la defensa de los intereses de clase?

Estas reticencias están hoy superadas por un sindicalismo español que defiende que la participación no niega el conflicto entre capital y trabajo, sino que lo regula, lo institucionaliza y lo hace productivo. La cooperación y el conflicto no se excluyen, establecen entre sí, una frontera móvil. El conflicto sin capacidad de decisión compartida puede ser estéril, y la cooperación sin sindicato es una trampa. Por ello, la negociación colectiva debe evolucionar hacia una gestión conjunta de materias críticas: desde la organización del trabajo hasta la formación continua o la gestión ética de los algoritmos.

Es necesario además desmitificar la idea de que democratizar la empresa consiste únicamente en sentar a un representante en el consejo de administración. De hecho, esa silla puede ser una figura decorativa —una coartada para la empresa— si no existe una participación real en el día a día. La democracia empieza en la organización del trabajo y en el reconocimiento del conocimiento técnico de la plantilla. Existe una diferencia abismal entre el trabajador que siente que solo «rompe piedras» y aquel que entiende que está «construyendo una catedral». Esa diferencia no reside solo en el salario, sino en el sentido, la información y la capacidad de influir. Ahí, y no en los despachos cerrados, es donde nace la innovación real.

El informe propone medidas concretas: derechos de codecisión en IA, participación en el capital e incentivos públicos para empresas democráticas. Pero esto requiere también una autocrítica honesta: durante demasiado tiempo el sindicalismo no priorizó la conquista de estos derechos y su ejercicio, permitiendo que muchos convenios sigan consagrando el viejo «ordeno y mando».

El anuncio de la iniciativa del Gobierno para legislar en esta materia debe ser la palanca constitucional definitiva para democratizar la empresa. Porque la empresa es un espacio de poder y donde el poder no se democratiza reina el autoritarismo. Es hora de que el artículo 129.2 pase del papel a la realidad de los centros de trabajo y que la participación sea, por fin, una protagonista central de la negociación colectiva." 

(Quim González Muntadas  ,  Nueva Tribuna, 16/02/26)

La mitad de la población española confiesa odiar a alguna persona o colectivo... El odio que se expresa en España es, fundamentalmente, identitario. No se dirige tanto hacia la vulnerabilidad —que suele generar rechazo o desprecio— como hacia aquello que moviliza identidades, concentra poder o genera polarización. En este sentido, se identifican dos grandes macroodios: el odio a la derecha y el odio a la izquierda, que reflejan de forma clara el alto grado de polarización política y social que atraviesa el país... el odio no es un fenómeno marginal ni residual, sino un elemento con un peso significativo en el clima social actual... Líderes y movimientos políticos que basan su estrategia en la confrontación, la polarización y la creación de enemigos –así como quienes buscan conservar o reforzar su poder– se benefician directamente de la expansión del odio (Belén Barreiro)

 "Los resultados de la encuesta muestran que el odio es un fenómeno profundamente arraigado en la sociedad española. La mitad de la población reconoce sentir odio hacia alguno de los 70 colectivos analizados, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que se trata de una emoción intensa y extrema. Este dato confirma que el odio no es un fenómeno marginal ni residual, sino un elemento con un peso significativo en el clima social actual.

El odio que se expresa en España es, fundamentalmente, identitario. No se dirige tanto hacia la vulnerabilidad —que suele generar rechazo o desprecio— como hacia aquello que moviliza identidades, concentra poder o genera polarización. En este sentido, se identifican dos grandes macroodios: el odio a la derecha y el odio a la izquierda, que reflejan de forma clara el alto grado de polarización política y social que atraviesa el país. Junto a ellos aparecen varios microodios que, aunque afectan a colectivos concretos, pueden tener consecuencias muy graves en forma de discriminación y exclusión social. Entre estos destacan el odio hacia el colectivo LGTBIQ+, el vinculado al origen racial o étnico y el dirigido a los poderes e instituciones consideradas influyentes.

La encuesta también analiza los entornos en los que se manifiesta el odio. Las redes sociales destacan, con mucha diferencia, como el principal espacio de expresión de los discursos de odio. Aunque este resultado no resulta sorprendente, sí es relevante que esta percepción sea compartida tanto por adultos como por menores. Tras las redes sociales, los siguientes entornos señalados son los grupos de mensajería privada y los medios de comunicación. Además, el estudio pone de relieve que los discursos de odio no se limitan al ámbito digital: también están presentes en espacios laborales, algo que afecta especialmente a la población adulta.

El estudio pone de relieve que los discursos de odio no se limitan al ámbito digital

La preocupación aumenta al analizar no solo la percepción general, sino la exposición directa al odio. Los datos muestran cifras especialmente alarmantes entre los menores: siete de cada diez afirman haber presenciado discursos de odio en redes sociales, frente al 60 % de los adultos. No obstante, incluso en los entornos donde el odio aparece con menor frecuencia, los porcentajes siguen siendo elevados. Que el 30 % de los menores observe discursos de odio en los centros educativos resulta especialmente grave, al tratarse de espacios que deberían garantizar protección, convivencia y aprendizaje en valores. De igual modo, que el 30 % de las personas adultas detecte odio en el ámbito familiar evidencia hasta qué punto este fenómeno ha penetrado en la vida cotidiana.

El estudio también permite identificar a los principales beneficiarios de los discursos de odio. Estos no son los colectivos que los sufren, sino aquellos actores que los utilizan como herramienta de movilización y control social. Líderes y movimientos políticos que basan su estrategia en la confrontación, la polarización y la creación de enemigos –así como quienes buscan conservar o reforzar su poder– se benefician directamente de la expansión del odio, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En conjunto, las conclusiones de este primer acercamiento confirman que el odio constituye un problema estructural de gran alcance, con profundas implicaciones sociales y democráticas. Su concentración en las redes sociales, especialmente entre los menores, y su capacidad para generar discriminación y fractura social subrayan la urgencia de intervenir. Este estudio sienta una base sólida para seguir investigando el fenómeno y para que la fundación pueda desarrollar estrategias de prevención del odio y de construcción de una sociedad más cohesionada, inclusiva y libre de polarización extrema."

(Belén Barreiro, CTXT, 22/01/26)

La llegada al poder de Donald Trump en el ámbito económico y social, implica el desmantelamiento de lo público de una manera radical... En este contexto, es difícil establecer una única prioridad. Las nuestras para el año 2026 son la creciente desigualdad y la necesidad de profundizar y reforzar el Estado del Bienestar... En España, el 1% más rico soporta una presión tributaria total inferior a la que paga el 10% con menores ingresos y mucho menos que el resto. Los super ricos han de pagar los impuestos que deben. La justicia fiscal es un imperativo clave para sostener y renovar el estado de bienestar. Si no se consigue que paguen, se pone en grave peligro a los sistemas de bienestar, salud, educación, pensiones e, incluso, a nuestras sociedades democráticas... La vivienda es uno de los componentes del estado del bienestar con un grado de cobertura de las necesidades en España muy inferior a los niveles alcanzados en materia de educación, sanidad y pensiones. Para atender a la demanda más desfavorecida, se ha de crear un fondo financiero estatal para financiar la construcción de un parque público de viviendas sociales en alquiler... la pobreza infantil afecta a un tercio de los menores, un nivel que solo supera Bulgaria en la Unión Europea, a pesar de mejoras recientes y de la dificultosa implementación de políticas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por ello es necesario profundizar en otras prestaciones sociales que tengan carácter incondicional y automátic, como la Prestación Universal por Crianza (PUC) con carácter universal y tributable, muy eficaz en otros países para reducir la intensidad de la pobreza infantil... el debate en torno a las pensiones va a seguir y la ofensiva contra el sistema público se acrecienta en España debido a que las reformas promovidas por el actual gobierno de coalición han tenido, por primera vez, más en cuenta el interés de los que se jubilan que el de las entidades que buscan hacer negocio; el objetivo es una pensión digna para todos... Entendemos que la verdadera eficiencia económica y social no se alcanza sin el soporte de servicios públicos y del propio Estado liderando estrategias de progreso.No son buenos tiempos para estas ideas (Cecilia Castaño, Economistas frente a la crisis)

 "Más allá del neoliberalismo imperante, con la llegada al poder de Donald Trump asistimos a una ofensiva reaccionaria que en el ámbito económico y social implica el desmantelamiento de lo público de una manera radical. Tanto el gasto social, considerado ineficiente, como la retirada de instituciones internacionales de referencia, el menosprecio hacia el multilateralismo, la pérdida de los valores democráticos, y el desprecio de las clases medias, trabajadoras y  las capas más desfavorecidas de la población. En España y en Europa no son pocos quienes se apuntan a esta ofensiva.

En este contexto, es difícil establecer una única prioridad. Las nuestras para el año 2026 son la creciente desigualdad y la necesidad de profundizar y reforzar el Estado del Bienestar pensando en las nuevas generaciones, atendiendo a la justicia fiscal, la vivienda, la sanidad, la pobreza infantil, las pensiones,

En España, el 1% más rico soporta una presión tributaria total inferior a la que paga el 10% con menores ingresos y mucho menos que el resto. Los recortes de impuestos a los ricos no mejoran el crecimiento económico, pero tienen repercusiones sociales y económicas muy negativas. Los super ricos han de pagar los impuestos que deben. Lo necesitan quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. Cuanto mayor es la desigualdad, más escandaloso es el contraste de bienestar, y más fuerte el malestar social. La justicia fiscal es un imperativo clave para sostener y renovar el estado de bienestar. Si no se consigue que paguen, se pone en grave peligro a los sistemas de bienestar, salud, educación, pensiones e, incluso, a nuestras sociedades democráticas.

La vivienda es uno de los componentes del estado del bienestar con un grado de cobertura de las necesidades en España muy inferior a los niveles alcanzados en materia de educación, sanidad y pensiones. La actual crisis de la vivienda está provocando un aumento de las desigualdades y puede afectar de forma negativa a los restantes componentes del bienestar. La especulación no es la causa, sino la consecuencia de la subida de precios, aunque retroalimenta el problema principal, el desequilibrio entre oferta y demanda. Para atender a la demanda más desfavorecida, se ha de crear un fondo financiero estatal para financiar la construcción de un parque público de viviendas sociales en alquiler

En Sanidad, hay que reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) resolviendo su infrafinanciación sistemática con más recursos, pero también más eficiencia. Reforzar la Atención Primaria y ampliar su deber de curar con el de prever y promover la salud a lo largo del ciclo vital de las personas, pero también cuidar las relaciones laborales y las condiciones profesionales de los cuidadores. En el ámbito de la gestión clínica, desarrollar el Plan de Salud Mental así como hacer a las mujeres más visibles para la medicina. En la gestión, regular los conciertos público-privados con instrumentos de inspección y control sólidos, con límites expresos para la gestión privada de la sanidad pública y priorizando a las organizaciones sin afán de lucro. Finalmente reforzar la cohesión territorial y la equidad del sistema con descentralización y gobernanza compartida en el marco de un Contrato Social Sanitario.

En nuestro país la pobreza infantil afecta a un tercio de los menores, un nivel que solo supera Bulgaria en la Unión Europea, a pesar de mejoras recientes y de la dificultosa implementación de políticas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por ello es necesario profundizar en otras prestaciones sociales que tengan carácter incondicional y automático como derechos de la ciudadanía a una vida digna. Por ejemplo la Prestación Universal por Crianza (PUC) con carácter universal y tributable, muy eficaz en otros países para reducir la intensidad de la pobreza infantil.

Entendemos que el debate en torno a las pensiones va a seguir y la ofensiva contra el sistema público se acrecienta en España debido a que las reformas promovidas por el actual gobierno de coalición han tenido, por primera vez, más en cuenta el interés de los que se jubilan que el de las entidades que buscan hacer negocio. A la incesante marea de estudios y opiniones que pretenden demostrar que el sistema no es sostenible y, por tanto, sería necesario reformarlo reduciendo el gasto, debe oponerse un discurso coherente, bien argumentado y apoyado en hechos, que no esté contaminado por los intereses del mundo financiero y, al contrario, tenga en cuenta con claridad el objetivo de una pensión digna para todos.

En el año 2026 seguiremos dedicando nuestro esfuerzo a estas prioridades organizando debates públicos, apoyando iniciativas progresistas, promoviendo publicaciones especializadas y en nuestro blog www.economistasfrentealacrisis.com

Y, sobre todo, hablando claro. Los economistas suelen ser oscuros cuando no pueden ser profundos. En nuestro caso, se trata de ser profundos y dar mensajes claros, con contenido, que se traduzcan en políticas públicas." 

(Cecilia Castaño Economistas frente a la crisis, 20/01/26)

Comunicado de Economistas Frente a la Crisis: Entre el retorno de Trump y la ofensiva judicial en España... Defender la democracia... el momento actual que vive el mundo nos enfrenta a una verdadera encrucijada histórica ante la que no podemos permanecer pasivos... La llegada de Trump al poder lo señala como uno de esos instantes en el que la política determina decisivamente la economía. Una profunda involución de las pautas democráticas y la invocación a la ley del más fuerte vendrá acompañada, con toda probabilidad, por un fuerte retroceso de las conquistas económicas y sociales... el uso encadenado de bulos en redes sociales y pseudomedios, se refuerza con estratagemas que instrumentalizan los cauces judiciales. La caída de gobiernos progresistas en Brasil o la vecina Portugal, y de otros países, se fraguó en una adecuada combinación de esos factores... España y su Gobierno de izquierdas es ahora el foco principal de esas maniobras, nada extraño teniendo en cuenta que nuestro país es hoy una referencia en el mundo y en Europa. Subir las pensiones, hacer la reforma laboral, aumentar los impuestos a la gran banca y las energéticas tenían que provocar grandes resistencias. Sobre todo, cuando esas reformas redundan en un crecimiento del PIB que duplica o triplica el de las principales economías europeas... La gravedad del momento reside en que, incluso en ese contexto, la sensación de un gobierno a la defensiva tiene que ver con decisiones judiciales instadas por organizaciones ultraderechistas que difícilmente ocultan su pretensión de provocar la caída del presidente Pedro Sanchez y el Gobierno de coalición... causa estupor es el goteo de casos que nacen aparentemente desconectados pero cuyos ritmos, acelerados o retardados, hacen que confluyan en los momentos políticos más convenientes para la oposición. Y la insistencia particular de algunos de ellos con entornos familiares del presidente... Para que se extienda la imagen de parcialidad de la justicia es suficiente con la suposición de la existencia de una minoría de jueces, conectados y en sintonía ideológica con Vox y PP, que maniobran como si pertenecieran a un “Partido Judicial”, con el objetivo de derribar al Gobierno legítimo. Suficiente también para colocar a España entre los países con una derecha que persigue la involución democrática... Es a los juristas demócratas de todas las sensibilidades y a sus asociaciones y órganos de gobierno a los que compete liderar un cambio que recupere el equilibrio en los procedimientos judiciales... La justicia solo es justa cuando se percibe justa por las amplias mayorías

 DEFENDER LA DEMOCRACIA

ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS nació para enfrentarse a los postulados que justificaban el ajuste social como salida a la gran crisis del 2008. Desde entonces, la persistencia de crisis sucesivas (pandemia, inmigraciones, guerras de Ucrania) y los nuevos desafíos que conllevan las transiciones en curso (tecnológicas, medioambientales, demográficas) han mantenido vivas las razones que justificaron nuestra aparición en el debate público ante la necesidad de redefinir los retos y perfiles del progreso social.

Entendemos que el momento actual que vive el mundo nos enfrenta a una verdadera encrucijada histórica ante la que no podemos permanecer pasivos.

1. La llegada de Trump al poder lo señala como uno de esos instantes en el que la política determina decisivamente la economía. Una profunda involución de las pautas democráticas y la invocación a la ley del más fuerte vendrá acompañada, con toda probabilidad, por un fuerte retroceso de las conquistas económicas y sociales. Es así, porque su retorno al poder se produce con una agenda precisa que resucita la visión más dura del “Estado mínimo”, una idea amparada ahora por las grandes empresas tecnológicas. Un brutal ajuste social y la privatización generalizada de los servicios públicos, anticipa un tsunami que afectará a todo el planeta.
2. Similares pulsiones reaccionarias toman cuerpo en Europa y el mundo con el avance de partidos protofascistas que arrastran a los partidos conservadores. El aislacionismo nacionalista representado por mayores aranceles, el rechazo a los avances feministas, la penalización de la inmigración y la negación del cambio climático son sus señas de identidad.
3. Las noticias falsas y el uso encadenado de bulos en redes sociales y pseudomedios, se refuerza con falsas equidistancias de los medios conservadores tradicionales y de estratagemas sincronizadas de instrumentalizan los cauces judiciales. La caída de gobiernos progresistas en Brasil o la vecina Portugal, y de otros países, se fraguó en una adecuada combinación de esos factores.

España y su Gobierno de izquierdas es ahora el foco principal de esas maniobras, nada extraño teniendo en cuenta que nuestro país es hoy una referencia en el mundo y en Europa. Subir las pensiones, hacer la reforma laboral, aumentar los impuestos a la gran banca y las energéticas tenían que provocar grandes resistencias. Sobre todo, cuando esas reformas redundan en un crecimiento del PIB que duplica o triplica el de las principales economías europeas, que es además compatible con la reducción de desequilibrios macroeconómicos y se acompaña con el impulso decidido a la transición digital y el liderazgo de la causa feminista.

Lo singular de la ofensiva contra el Gobierno español es que no descansa en alternativas políticas si por ello se entienden propuestas concretas expresadas de forma coherente. La gravedad del momento reside en que, incluso en ese contexto, la sensación de un gobierno a la defensiva tiene que ver con decisiones judiciales instadas por organizaciones ultraderechistas que difícilmente ocultan su pretensión de provocar la caída del presidente Pedro Sanchez y el Gobierno de coalición.  El marco en el que operan coincide con declaraciones del PP y Vox que manifiestan, sin recato, que hay que acabar con este Gobierno “por el método que sea”, una expresión que enlaza con la consigna “el que pueda hacer que haga” lanzada por el expresidente Aznar.

Es desde el máximo respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial desde la que procede una lectura política del momento que permita recomponer los equilibrios institucionales, el imperio de la ley y el seguimiento de los procedimientos.  La asunción como “normalidad” de prácticas que vician la base de la democracia es peligrosa siempre, pero lo es especialmente, en estos momentos.

Es evidente que todos y cada uno de los procesos iniciados debe seguir su curso, facilitando siempre los recursos y garantías procesales establecidas. Caiga quien caiga. Lo que causa estupor es el goteo de casos que nacen aparentemente desconectados pero cuyos ritmos, acelerados o retardados, hacen que confluyan en los momentos políticos más convenientes para la oposición. Y la insistencia particular de algunos de ellos con entornos familiares del presidente.

Es esa sospechosa SINCRONIZACIÓN de tiempos, junto a la DESPROPORCIÓN de medidas cautelares respecto a casos similares y, sobre todo, las ASIMETRÍAS observadas tanto en los tiempos de respuesta de los recursos como en la permisividad ante las filtraciones, es esa alteración de las formas respecto a la normalidad habitual sin argumentos que los justifiquen, la que da razones objetivamente plausibles para recelar de una actuación judicial coordinada, que merecen ser denunciados ante la sociedad y ante el Consejo del Poder Judicial.

Para que se extienda la imagen de parcialidad de la justicia es suficiente con la suposición de la existencia de una minoría de jueces, conectados y en sintonía ideológica con Vox y PP, que maniobran como si pertenecieran a un “Partido Judicial”, con el objetivo de derribar al Gobierno legítimo. Suficiente también para colocar a España entre los países con una derecha que persigue la involución democrática.

La democracia se defiende mejorándola. No se trata de buscar un reequilibrio entre jueces progresistas y conservadores, dualidad muy del gusto de los medios, se trata de recuperar el prestigio, hoy alicaído, del poder judicial, exacerbando el cuidado de las formas y el respeto a los cauces y tiempos habituales de cada procedimiento.  A la vez, es tarea del Parlamento y del Consejo del Poder Judicial introducir los cambios que garanticen la transparencia y la neutralidad en el funcionamiento ordinario de los tribunales. Y que limiten, entre otros, los usos abusivos de la figura de “acusación particular” por organizaciones partidistas no afectadas directamente en cada proceso y que no solo prohíba, sino que penalice claramente, las investigaciones prospectivas.

España está haciendo un esfuerzo enorme para recuperar autonomía, prestigio y posiciones ante los cambios tecnológicos y sociales que afectan al mundo. La política establece los cauces democráticos para cambiar gobiernos mediante elecciones sin que sea aceptable que una minoría judicial, objetivamente en aparente sintonía con la ola ultraconservadora que asola el mundo, bloquee decisiones del parlamento o instigue al Gobierno con maniobras que alteran la percepción de la obligada imparcialidad de la justicia.

Es a los juristas demócratas de todas las sensibilidades y a sus asociaciones y órganos de gobierno a los que compete liderar un cambio que recupere el equilibrio en los procedimientos judiciales. Pero todas las instituciones democráticas y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de estar vigilantes ante su deterioro. La justicia solo es justa cuando se percibe justa por las amplias mayorías."

(Economistas frente a la crisis, 07/01/25)

Una democracia conquistada... “Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle”... El Gobierno de Arias Navarro tenía como objetivo la perpetuación de los principios del Movimiento tras la muerte del dictador. Un continuismo a la turca que quedó desbaratado por la galerna de huelgas de 1976, más de 17000 conflictos en los que se perdieron tantas horas de trabajo como en todos los países de nuestro entorno de forma combinada... existían diferentes planes para el futuro de España, algunos trazados desde Washington y otros desde Bonn. Por abajo, la clase trabajadora de nuestro país se constituyó como un actor político fundamental... Ya con Suárez se valoró poner en marcha una democracia de carácter tutelado, donde el PCE estuviera ausente, donde el rey tuviera capacidades de veto legislativo. Sabino Fernández Campo lo dejó por escrito pero reconoció, a finales de los noventa, que aquel proyecto no se pudo llevar a cabo porque las circunstancias “no eran propicias”... Esas circunstancias poco propicias para permitir una democracia tutelada fueron los sectores populares en marcha, donde se hallaban los trabajadores organizados, el movimiento democrático de mujeres, los estudiantes, la iglesia de base e incluso los militares de la UMD. Españoles y españolas comunes que se negaron a ser los convidados de piedra de la Transición y que empujaron, jugándose su integridad, para traer la libertad a nuestro país, una verdadera democracia conquistada... España, que fue abandonada dos veces por las democracias liberales, en 1936 y 1945, tuvo que protagonizar su propia liberación en los años 70, una que sólo fue posible mediante el protagonismo de aquellos a los que la historia nunca recuerda con nombre propio (Daniel Bernabé)

 "Este miércoles 8 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrará en el museo Reina Sofía el acto inaugural de España en libertad, la conmemoración de los cincuenta años de democracia tras la muerte de Franco que se extenderá, a lo largo de 2025, con más de cien eventos.  

En toda Europa, la consecución de las libertades democráticas forma parte del patrimonio de cada país, celebrándose actos oficiales que conmemoran la liberación o la victoria contra el fascismo, jornadas que constituyen un consenso para todas las tendencias políticas surgidas tras la II Guerra Mundial. En España, sin embargo, las críticas de la derecha no se han hecho esperar.

Las acusaciones de oportunismo contra Sánchez no son más que una coartada para tapar lo evidente: mientras que el PP se ha mostrado siempre esquivo e incómodo a la hora de condenar la dictadura, Vox la reivindica ya de manera abierta. ¿Cómo no va a hacer falta levantar la bandera del triunfo de las libertades cuando el tercer partido del parlamento hace apología del franquismo de manera abierta?

El pasado 26 de noviembre, Manuel Mariscal Zabala, diputado de Vox, dijo en sede parlamentaria que la dictadura había sido “una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación”. No es una excepción o una salida de tono, sino el resultado de un proceso donde los de Abascal han mostrado de quién son herederos, primero con tibieza, después sin bridas.

El problema es que no son sólo ellos. Multitud de encuestas muestran una tendencia en la que la forma de gobierno dictatorial empieza a resultar razonable para una parte de la población, especialmente la más joven. No hablamos sólo de dignificar el pasado, sino de evitar que el futuro inmediato caiga bajo el autoritarismo.

La narración sobre la Transición se ha realizado de manera sesgada con un objetivo que va más allá de privilegiar a unos protagonistas sobre otros. Lo que se nos ha contado durante años es el relato de una democracia otorgada, que los grandes hombres, encabezados por el rey Juan Carlos y Suárez, nos legaron gracias a su amplia visión histórica y su capacidad negociadora.

Para colmo, la lectura que la pasada década surgió en la izquierda como reacción crítica al relato oficial, positiva en cuanto a que recuperó del olvido la memoria sobre las torturas, asesinatos y terrorismo perpetrados por la dictadura, abundó, sin embargo, en la idea de que la Transición fue un pacto entre élites y su resultado una democracia continuista.

En estos últimos años, se ha abierto camino una tercera forma de contar lo sucedido, patrocinada por la pujante extrema derecha y sus terminales mediáticas, en la que nuestra democracia es ya directamente producto del franquismo, que supo transformarse de manera generosa en un Estado constitucional porque ese había sido su objetivo desde siempre. El engaño siempre puede escalar un peldaño más en la abyección.

El gran peligro de presentar a una democracia como otorgada es que adquiere categoría de  reversible: quien supuestamente te la ha dado te la puede volver a quitar. Si nuestro sistema constitucional pertenece tan sólo a la pericia, el ingenio o la magnificencia de un grupo de notables, los que sepan apropiarse de la herencia simbólica de ese episodio podrán certificar a su antojo cuándo esa democracia debe transformarse en otra cosa.

La realidad es que los que menos hicieron por traer la democracia a España, los que más palos en las ruedas pusieron para evitar la Constitución de 1978, son los que, a la larga, se han apropiado de conceptos como libertad, democracia o del significado de la Transición o la Constitución. En gran medida, además, por la impericia de la izquierda para reivindicar lo que también era suyo.

Nicolás Sartorius, el histórico dirigente de Comisiones Obreras, un hombre que conoció los setenta desde la mesa de negociación pero también desde Carabanchel, como preso político, dice a menudo que “Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle”, un aforismo que expresa que en España tuvimos una democracia conquistada por parte de la clase trabajadora organizada en sus partidos y sindicatos.

La realidad es que el franquismo agonizante careció de generosidad alguna. Es precisamente en sus últimos estertores cuando vuelve a recurrir a la represión y la violencia para evitar un cambio democrático. Los fusilamientos del Proceso de Burgos, el Proceso 1001 o el asesinato de decenas de obreros y estudiantes antes y después de 1975 demuestran que la dictadura, cuya principal divisa fueron el plomo y la sangre, operó de tan terrible modo hasta sus últimos días.

El Gobierno de Arias Navarro –1973-1976–, el último de Franco y el primero de Juan Carlos I, tenía como objetivo la perpetuación de los principios del Movimiento tras la muerte del dictador. Un continuismo a la turca que quedó desbaratado por la galerna de huelgas de 1976, más de 17000 conflictos en los que se perdieron tantas horas de trabajo como en todos los países de nuestro entorno de forma combinada.

Por arriba existían diferentes planes para el futuro de España, algunos trazados desde Washington y otros desde Bonn. Por abajo, la clase trabajadora de nuestro país se constituyó como un actor político fundamental para entender cuál fue el resultado final de aquel complicado juego de equilibrios. Nadie ha regalado nada nunca si el de enfrente no enseña los dientes antes de sentarse a negociar.

Ya con Suárez se valoró poner en marcha una democracia de carácter tutelado, donde el PCE estuviera ausente de la redacción constitucional y donde el rey tuviera capacidades de veto legislativo. Sabino Fernández Campo lo dejó por escrito pero reconoció, a finales de los noventa, que aquel proyecto no se pudo llevar a cabo porque las circunstancias “no eran propicias”.

Esas circunstancias poco propicias para permitir una democracia tutelada fueron los sectores populares en marcha, donde se hallaban los trabajadores organizados, el movimiento democrático de mujeres, los estudiantes, la iglesia de base e incluso los militares de la UMD. Españoles y españolas comunes que se negaron a ser los convidados de piedra de la Transición y que empujaron, jugándose su integridad, para traer la libertad a nuestro país, una verdadera democracia conquistada.  

El punto de partida fue más que digno. España cuenta con una Constitución donde se recoge el carácter social del Estado, donde hubo espacio para las reivindicaciones territoriales, donde se reconoció la subordinación de la riqueza nacional al interés general o derechos básicos como educación, sanidad o vivienda. La democracia en España fue posible porque fue útil para la mayoría.

Fue en los años posteriores donde algunos de estos artículos nunca desplegaron sus posibilidades de la forma debida, precisamente porque ese equilibrio de fuerzas que los hizo factibles se fue escorando hacia el capital sobre el trabajo. No en vano, a la par que entraba en funcionamiento nuestro nuevo sistema político, Reagan y Thatcher llegaron al poder, alterando definitivamente las condiciones que habían posibilitado la Constitución.

España, que fue abandonada dos veces por las democracias liberales, en 1936 y 1945, tuvo que protagonizar su propia liberación en los años 70, una que sólo fue posible mediante el protagonismo de aquellos a los que la historia nunca recuerda con nombre propio. Todos ellos, todas ellas, son los que deberían ser recordados y tomados como ejemplo a lo largo de 2025."                    (Daniel Bernabé , InfoLibre, 07/01/25)

Yolanda Díaz: La democracia en la empresa es la última frontera de la democracia efectiva... Pero, además, y sobre todo, es una obligación constitucional: El art. 129 de la Constitución (el que establece el derecho a la participación de los trabajadores/as en la empresa) es tan revolucionario como el art. 9.2 de la Constitución: ambos establecen la obligación de que los Poderes Públicos remuevan los obstáculos para alcanzar la democracia real y efectiva: en la sociedad (el art. 9.2) y también en la empresa (el art. 129)... Pero al mismo tiempo el art. 129 CE es un precepto de normalidad: es un artículo estructural, de consolidación de principios. Es el precepto que nos dice como debemos interpretar el derecho a la libertad de empresa del art. 38 CE. Nuestra Constitución nos ordena que la libertad de empresa funcione de la mano con el derecho a la participación de las personas trabajadoras en la empresa

 "Buenos días, es un placer estar esta mañana aquí, inaugurando este Curso de Verano de El Escorial coorganizado por Sumar, y que está dedicado a la democracia en la empresa, un tema muy antiguo que en los últimos años está teniendo una importancia muy especial.

Muchas gracias a quienes habéis hecho posible este Curso,

*Joaquín Goyache Goñi, Rector de la Universidad Complutense de Madrid

*Natalia Abuín Vences, Directora de los Cursos de Verano Complutense

*Y en especial a Agustín Santos, por coordinarlo desde Sumar

Durante los próximos días vais a hablar aquí de la trascendencia que tiene la participación de las personas trabajadoras en la empresa.

Algo indudable.

La democracia en la empresa es la última frontera de la democracia efectiva; es el último escalón para garantizar el Estado Social y democrático que somos.

Pero, además, y sobre todo, es una obligación constitucional: una obligación que tenemos pendiente desde 1978 y que debemos recordar especialmente en épocas de peligro involucionista, como la que ahora vivimos.

El art. 129 de la Constitución (el que establece el derecho a la participación de los trabajadores/as en la empresa) es tan revolucionario como el art. 9.2 de la Constitución: ambos establecen la obligación de que los Poderes Públicos remuevan los obstáculos para alcanzar la democracia real y efectiva: en la sociedad (el art. 9.2) y también en la empresa (el art. 129).

Pero al mismo tiempo el art. 129 CE es un precepto de normalidad: es un artículo estructural, de consolidación de principios.

Es el precepto que nos dice como debemos interpretar el derecho a la libertad de empresa del art. 38 CE.

Nuestra Constitución nos ordena que la libertad de empresa funcione de la mano con el derecho a la participación de las personas trabajadoras en la empresa.

En este Curso se hablará mucho de que la democracia en las empresas es la tendencia actual en derecho comparado y en el marco de la Unión Europea. Y es cierto.

Se hablará también de que la democracia en la empresa es un elemento de rentabilidad empresarial; que mejora la calidad de las empresas; que nos permite avanzar en una economía más firme y de más valor.

Y es cierto.

La experiencia española de los últimos años es el claro ejemplo de que los derechos sociales no son “un coste”, sino un pilar de crecimiento y estabilidad, incluso en parámetros macro (ejemplos del aumento de la contratación indefinida; el aumento continuado del SMI; disminución del paro; crecimiento económico…).

Pero creo que es importante establecer claramente la única línea en la que nos podemos y nos debemos mover, como Poderes Públicos y como sociedad: los derechos sociales y la democracia en la empresa no son una opción.

La pregunta no es: derechos sociales sí; o derechos sociales no.

La pregunta es: cómo vamos a hacer realidad el avance de los derechos sociales y la democracia en la empresa a lo que nos obliga nuestra Constitución, el derecho de la Unión Europea y nuestros compromisos internacionales, porque somos (y queremos ser) un Estado social y democrático de derecho.

La democracia en la empresa solo puede funcionar desde el trabajo digno y seguro. No se puede construir democracia en la empresa con personas trabajadoras amenazadas en su salud, con trabajos precarios y absorbentes.

La reforma laboral de 2021 ha supuesto un punto de inflexión en nuestra estructura social y empresarial, que tiene efectos a todos los niveles y que es reconocida internacionalmente.

Pero el camino no ha terminado, ni mucho menos. Y el siguiente reto del trabajo digno y sano, lo sabemos bien, es el del tiempo de trabajo. La mala gestión del tiempo de trabajo es, en sí misma, una forma de violencia; es el espacio maldito donde encontramos personas trabajadoras enfermas.

No nos engañemos:

las jornadas infinitas; la disponibilidad permanente; la renuncia al tiempo personal son simplemente “costes” para algunas empresas.

Si no garantizamos jornadas dignas estamos promocionando las empresas de mala calidad, algo que no nos podemos permitir.

No podemos permitirnos que el trabajo sea un espacio hostil, donde las personas trabajadoras deben competir con las máquinas y con otras personas trabajadoras tan amenazadas como ellas. Quienes más tienen que perder en este contexto hostil y amenazador son las personas trabajadoras más vulnerables, que son quienes no se pueden permitir perder un empleo. Y esas son las mujeres.

Las mujeres trabajadoras debemos continuamente “probar” que somos tan buenas y tan comprometidas como los hombres.

Y eso nos lleva a estar cada vez más solas en nuestros proyectos profesionales: muchas mujeres optan por no mencionar que tienen vida personal; optan, al final, por renunciar a su tiempo de vida y por seguir alimentando la bestia de la explotación y la discriminación.

El tiempo de trabajo no es una condición de trabajo más: es toda una declaración de principios. Es el más social y el más humano de los derechos laborales, porque nos garantiza salud efectiva y también igualdad efectiva.

El artículo 2 de la Carta Social Europea nos obliga a reducir la jornada laboral a medida que aumenta la productividad, como dinámica de funcionamiento económico ordinario. Permitidme que insista en esta idea de la Carta que se formula de modo rotundo y claro: Reducir la jornada laboral no es un mandato aislado o puntual, sino que es un mandato continuado.

Es un mandato con una lógica empresarial y económica aplastante; tan aplastante como es la lógica del aumento continuado del SMI que actualmente se encuentra establecido en la Directiva 2022/2041 de salarios mínimos adecuados y que España está cumpliendo a rajatabla. Y debe, por cierto, seguir garantizando.

En los tiempos de la inteligencia artificial no podemos mantener la misma jornada máxima que en los tiempos de las cadenas de montaje del fordismo.

Las máquinas nos hacen más productivas (es lógico y así debe ser).

Pero si no reducimos la jornada máxima de trabajo no permitimos que el trabajo humano se desarrolle donde debe:

- en el plano de la creatividad,

- de la formación continua,

- de la adaptabilidad a las circunstancias,

- de la responsabilidad

- y del verdadero compromiso con los proyectos empresariales sanos.

Cuando estamos enseñando a las máquinas a que se comporten como humanos es una verdadera paradoja (y una insensatez) que sigamos empeñados en que los humanos trabajemos como máquinas. No es sano, no es operativo y simplemente no funciona.

Se habla de la gran dimisión (o la gran jubilación, como también se está planteando en este momento), pero no podemos seguir negando lo evidente: la fidelización y el mantenimiento en el mercado de trabajo de las personas no se consigue apretando las tuercas de la vulnerabilidad, con malas pensiones y con trabajos donde las personas se juegan su salud.

Se consigue con trabajos dignos, con pensiones dignas y, sobre todo, con jornadas dignas. A los Poderes Públicos nos corresponde asegurar que las máquinas trabajen para las personas y no al contrario.

La jornada digna es una prioridad actualmente en la Unión Europea.

La Directiva de trabajo en plataformas y el reglamento de inteligencia artificial (ambos inminentes) apuntan claramente en esa dirección. Pero las jornadas dignas como exigencia de la Unión Europea viene de muy lejos y está consolidada desde hace mucho tiempo.

Por eso las personas trabajadoras no pueden estar a plena disponibilidad (Directiva 2003/88 y Reglamento de protección de datos 2016/679); por eso todas las personas trabajadoras tenemos derecho a saber cuándo tenemos que trabajar (directiva 2019/1152); y por eso tenemos derecho a que el trabajo se adapte a nuestras necesidades de cuidado (Directiva 2019/1158).

El mandato es muy claro: La jornada digna no se cumple si dejamos las cosas como están. Debemos reducir la jornada sin merma de salario; y debemos asegurar una flexibilidad horaria en doble dirección, para cuidar y para vivir.

Es incomprensible que la patronal española no quiera hablar de reducción de jornada. Y creo que procede decirlo alto y claro aquí, en este foro en el que estamos hablando de democracia en la empresa.

Si queremos construir una economía y un tejido empresarial sanos, que aspiren a la excelencia, a competir en calidad con los grandes de nuestra economía, no podemos seguir anclados en el viejo y falso debate de los costes.

La reducción de jornada no es un lastre de la productividad sino todo lo contrario.

Porque trabajar menos significa producir mejor, aprovechar mejor los recursos, tanto los materiales como los humanos.

Significa ser consecuente con una economía sostenible, donde ni nos dejamos las luces encendidas, ni quemamos los motores. Porque es lo mismo dejarse la luz encendida y quemar el motor que derrochar tiempo y talento.

Este rechazo visceral de la patronal a la reducción de jornada es un mensaje triste, pero sobre todo es un mensaje desesperanzador.

No hemos oído alternativas, ni planes, ni estudios. Solo viejos argumentos, viejos apegos y viejos miedos.

Queremos lo mismo y lo estábamos consiguiendo:

Después de la reforma laboral de 2021 y de los aumentos de SMI somos una economía mejor, con mejores empresas y con mejores expectativas económicas.

La responsabilidad social empresarial no debiera quedarse en la foto y en las buenas palabras, sino que debiera aspirar a mejorar de verdad la economía y la sociedad españolas.

Tiempo, salud e igualdad van unidos y son las tres caras del trabajo digno.

Es inútil hablar de democracia en la empresa si el trabajo es un lugar hostil a las personas, a su salud y a sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la no discriminación.

Debemos asegurar que en las empresas se reconoce el valor del trabajo de todas las personas, que no hay ningún tipo de violencia y que la dinámica de funcionamiento empresarial no solo reconoce y reniega de los estereotipos, sino que también está comprometida con su eliminación.

Hemos empezado a identificar los estereotipos de género relacionados con las brechas retributivas, y este ha sido un paso muy importante,

en España primero (RD 902/2020)

y en la Unión Europea después (Directiva 2023/970).

Ahora sabemos que debemos esforzarnos por ser verdaderamente objetivos en la forma en que valoramos el trabajo de las personas.

Lo establecen y lo explican nuestras normas actuales de transparencia retributiva, que son verdaderos manuales de conducta en clave de derechos fundamentales en la empresa.

Los estereotipos de género están detrás de la segregación, del techo de cristal, de la brecha retributiva, de las carreras profesionales irregulares, de la precariedad, de la brecha de pensiones y también de esa violencia sutil, que por llamarla micromachismo no deja de ser violencia.

El mundo de la empresa es el lugar ideal para luchar de modo efectivo contra los estereotipos, no solo los de género. Tenemos por delante el reto de la LGTBI fobia. Y para combatirlo ya hemos empezado a actuar en el marco del acuerdo social.

Pronto se aprobará la reforma del ET que reforzará el derecho de adaptación de las personas discapacitadas, que seguirá avanzando en una política de respeto y reconocimiento a las personas discapacitadas que tuvo su mayor exponente con la reforma del art. 49 CE y que ha tenido muchas otras manifestaciones en el ámbito del Derecho del Trabajo de los últimos cuatro años.

El derecho a la adaptación del trabajo a la persona es una obligación a la que nos insta la Unión Europea para las personas discapacitadas, pero también para las personas con responsabilidades de cuidado y para las personas que lo requieran por razones de salud.

Es un derecho de adaptación del trabajo a las personas que, como país, tendremos que empezar a plantearnos también para las personas por razón de su edad y por razón de su religión o convicciones, porque la democracia nos exige respeto a la diferencia y no exclusión.

En definitiva, estamos en un momento clave en la evolución del Derecho del Trabajo en el que la democracia en la empresa significa flexibilidad en doble dirección y respeto a la diferencia, en cualquiera de sus dimensiones.

Aspiramos a una modernización de la forma en que trabajamos, que supone más salud psicosocial y más atención a las personas. Eso es lo significa la flexibilidad en la doble dirección que nos exige la Unión Europea cuando nos requiere para que garanticemos el derecho a la adaptación del trabajo a las personas.

Modernizar las empresas y modernizar nuestra economía supone incorporar una nueva mirada al mundo de la formación:

no basta con que nuestra formación sea adecuada a las necesidades de las empresas (mucho se ha hecho al respecto y se seguirá haciendo);

además, es necesario que la cultura de la formación se instale en todas las empresas, independientemente de su dimensión o del sector al que pertenecen.

Y eso solo se puede hacer con leyes y con inversión pública.

Este país invierte mucho en formación y en políticas activas de empleo porque es la única manera de competir.

La reciente nueva ley de empleo (la ley 3/2023) ha instaurado nuevas dinámicas que tienen más capacidad de lucha contra el desempleo y mayor capacidad de integración laboral y de lucha contra la vulnerabilidad.

Pero, sobre todo, las nuevas políticas de empleo creen en la formación y la sitúan en el centro de la sociedad, de la vida de las empresas y de la vida de las personas.

La normativa laboral debe acomodarse a esta centralidad de la formación haciendo que todos los contratos laborales (todos!) tengan como contenido esencial la formación.

La reforma laboral de 2021 supuso un paso trascendental en la configuración de esta centralidad absoluta de la formación cuando creó el nuevo contrato formativo, que ahora, (al fin!) ya no sirve para abaratar costes ni para incrementar la precariedad juvenil como ha sucedido en España durante décadas.

Pero es necesario seguir avanzando para erradicar definitivamente la cultura del becario o becaria, que es tan antigua como aquella cultura de la España en blanco y negro del siglo pasado, llena de meritorios y de pasantes.

La modernización de nuestras empresas requiere instaurar la dinámica de la formación permanente, que es la única manera de generar una fuerza de trabajo motivada, adaptable y estable. La formación debe estar en lo bueno y en lo malo; y debe ser prevención, terapia y curación.

El paso final de esta formación “esencial” y “permanente” en la empresa será el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que debe inyectar dinámica formativa en cada derecho y en cada obligación de las empresas y de las personas trabajadoras.

Quisiera referirme ahora al tema de los permisos.

Tendemos a banalizar la cuestión de los permisos, como si fueran cosa de mujeres, de perdedores o de quienes “no se comprometen con el proyecto empresarial”.

Los que toman permisos son a menudo estigmatizados y culpabilizados del trabajo extra que “deben hacer” los que se quedan.

Creo que es urgente revelarnos contra esta concepción que nos enfrenta como clase trabajadora y que le hace el juego a las formas de gestión empresarial más caducas y más perversas. No podemos consentir esta demonización de quien ejerce sus derechos, cuando en el fondo lo que existe es una infradotación de las plantillas.

Las nuevas formas de gestión empresarial que nos requiere la Unión Europea son flexibles, porque existe la obligación de adaptación del trabajo a la persona.

Creo que es importante tener en cuenta esta visión humana de los permisos, sobre todo en un momento en que la Unión Europea nos exige compromiso.

Hace apenas unos meses entraron en vigor en España el permiso de fuerza mayor familiar y el permiso para las emergencias de personas convivientes.

Son permisos de gran importancia porque generan confianza en las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado, porque refuerzan las dinámicas de flexibilidad en doble dirección y porque espantan el fantasma del abandono.

Pero falta todavía en España desarrollar el famoso permiso parental de dos meses mediante una prestación de seguridad social adecuada.

Esto es lo que nos exige la Directiva 2019/1158 de conciliación.

Es un mandato que no podemos demorar y que debemos acometer con pleno convencimiento,

porque no podemos seguir sustentando nuestra política de conciliación en la excedencia,

-que es una expulsión del mercado de trabajo que ralentiza -la carrera profesional de las mujeres,

-que segrega,

-que incrementa la brecha retributiva

 -y que perpetua roles de cuidado.

Justo lo contrario de lo que nos exige la Unión Europea.

Hemos avanzado mucho en el ámbito de la igualdad de género (no voy a aburriros ahora con los datos de empleo o de brecha retributiva que son sobradamente conocidos).

Pero la igualdad real y efectiva requiere actuar en todas las dimensiones.

Eso es lo que significa la transversalidad de género. Los permisos, la conciliación, la corresponsabilidad son una parte esencial para la consecución de la verdadera igualdad, pero hay más espacios en los que seguir insistiendo y trabajando.

Uno de ellos es el trabajo a tiempo parcial, un trabajo en el que son mayoría las mujeres, y no precisamente por voluntad propia.

Tenemos que seguir mejorando las condiciones del trabajo a tiempo parcial para que no sea un gueto de las mujeres trabajadoras pobres.

Ya hemos empezado, estableciendo importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para hacer el trabajo a tiempo parcial más previsible. Ahora procede seguir avanzando

Y ya con esto concluyo,

Seguimos teniendo por delante el reto de la modernización de nuestro mercado de trabajo, pero ahora hablamos con nuevos términos y tenemos claros los pilares y las prioridades.

La democracia en la empresa,

los derechos fundamentales,

la transversalidad de género,

la igualdad real y efectiva,

la formación permanente,

la salud integral,

la prevención del riesgo psicosocial

o la soberanía del tiempo son conceptos que nos indican claramente el camino.

En eso estamos.

Muchas gracias."                 (Yolanda Díaz , Vicepresidenta segunda del Gobierno, Sin Permiso, 14/07/24)

El Estudio 3432 del CIS sobre hábitos democráticos, invita a plantearse si en España hemos instalado un discurso donde la realidad y la gente son quienes se equivocan, y está todo efectivamente muy mal... Ocho de cada diez españolas y españoles reclaman que esos acuerdos políticos que esperan y exigen arreglen lo del poder judicial, refuercen la lucha contra la violencia de género, reformen el estatuto de los trabajadores, impulsen una fiscalidad más justa, luchen contra el cambio climático y mejoren la financiación de los servicios públicos... a servidor estos datos se le parecen bastante a lo que se ve y se escucha por la calle desde hace bastantes meses. Hay problemas y la gente lo sabe, igual que sabe cómo buscar soluciones y qué debe resolverse antes. Parece que se declara bastante más harta de que, quienes tienen la responsabilidad de buscar esas soluciones, se dediquen a devolverles los problemas sin resolver y a obligarles a elegir en un interminable conmigo o contra mí (Antón Losada)

 "Más allá de las proyecciones electorales, el Estudio 3432 del CIS sobre hábitos democráticos ―realizado del 1 al 15 de diciembre, mientras las calles se llenaban de ciudadanos preparando las fiestas navideñas― deja algunos datos que invitan a plantearse si en España, en la vida pública y política, hemos instalado un discurso donde la realidad y la gente son quienes se equivocan y está todo efectivamente muy mal.

Seis de cada diez españoles declaran interés por la política, pero le preocupan los políticos, hasta convertirlos en el segundo gran problema del país (Estudio CIS 3435). Ocho de cada diez eligen sin dudar la democracia como forma de gobierno y un mísero 6,8% optan por un régimen autoritario bajo determinadas circunstancias. La salud de nuestra democracia aprueba con un 4.99 raspado pero aprueba; lo cual no deja de ser un pequeño milagro a tenor del drama calderoniano que nos regalan a diario en medios e instituciones.

La gente puntúa mejor cómo funcionaba hace diez años (6.11); 2013, en plena Gran Recesión; vayan a la hemeroteca y revisen lo que decíamos entonces de nuestro sistema y comprobarán qué gran verdad es que el tiempo todo lo cura. Esa misma gente también puntúa mejor (5.23) cómo espera que funcione en el futuro. Otro milagro si tenemos en cuenta que salimos a predicción política catastrófica diaria, con jornadas donde el pronóstico de catástrofe deriva a aviso de hecatombe en el telediario de la noche. No menos milagroso parece que siete de cada diez creen que la democracia ha repartido mejor la riqueza y cuatro de cada diez creen que se están reduciendo las desigualdades. Quién sabe, a lo mejor por eso tanta gente ve con cierta confianza el futuro de su democracia.

Las mayorías se vuelven más incontestable cuando se le pregunta a esa gente por su preocupación por la crispación ―ocho de cada diez―, su exigencia a los partidos para que hagan algo ya para rebajar la crispación ―nueve de cada diez―, su aprobación a que se alcancen grandes acuerdos políticos entre todos los partidos y su exigencia de que así sea (nueve de cada diez). Un dato curioso: son los votantes de Vox quienes más preocupación declaran por la crispación y quienes más exigen que se rebaje (siete de cada diez). A lo mejor por eso el partido de Santiago Abascal está como está… o no. Quién sabe. La gente es muy rara.  

Ocho de cada diez españolas y españoles reclaman que esos acuerdos políticos que esperan y exigen arreglen lo del poder judicial, refuercen la lucha contra la violencia de género, reformen el estatuto de los trabajadores, impulsen una fiscalidad más justa, luchen contra el cambio climático y mejoren la financiación de los servicios públicos. Esta tabla de demandas y prioridades cuenta con un respaldo aún más abrumador e indiscutible entre los votantes de izquierda y los votantes nacionalistas. 

Dios me libre de hacer afirmaciones sin base científica en un país como éste, tan lleno de sociólogos de aperitivo, estadísticos de Twitter y matemáticos de salón capaces de ejecutar cientos de predicciones y lecturas de la realidad; pero a servidor estos datos se le parecen bastante a lo que se ve y se escucha por la calle desde hace bastantes meses.

Hay problemas y la gente lo sabe, igual que sabe cómo buscar soluciones y qué debe resolverse antes. Parece que se declara bastante más harta de que, quienes tienen la responsabilidad de buscar esas soluciones, se dediquen a devolverles los problemas sin resolver y a obligarles a elegir en un interminable conmigo o contra mí."             (Antón Losada , eldiario.es, 21/01/24)

Somos el país europeo donde un mayor porcentaje de la población participa en manifestaciones, luchas y protestas. Lo dice cada año la Encuesta Social Europea... Estamos a la cabeza en movilización y organización popular. Está silenciado pero es un hecho contundente que todos los datos avalan... No es “flor de un año”. Durante la última década encabezamos este ranking. Una fuerza popular que, por mucho que se empeñen en ocultar juega un papel determinante en la vida política, social, económica, obteniendo victorias importantes... ¿Quién se manifiesta? Prácticamente todo el mundo. No está reducido a una minoría radicalizada, es un fenómeno de una enorme amplitud social... la pluralidad de manifestaciones, por sus motivos y las organizaciones que las convocan, es enorme: desde las marchas feministas al movimiento ecologista, la defensa de la sanidad pública, la solidaridad internacional, con Ucrania o Palestina, la protesta contra leyes o medidas injustas... Por ejemplo en las huelgas. El año pasado se celebraron 679 en toda España, casi dos diarias, con más de 700.000 jornadas no trabajadas. Y que no surge espontáneamente. Se asienta en un alto grado de organización. En España existen 64.230 asociaciones legalizadas, desde más de 4.000 partidos políticos a 500 sindicatos, más de 1.000 organizaciones feministas y casi 7.000 ecologistas

 "Estamos a la cabeza en movilización y organización popular. Está silenciado pero es un hecho contundente que todos los datos avalan.

Según la Encuesta Social Europea somos el país del continente donde un porcentaje mayor de la población participa en manifestaciones.

No es “flor de un año”. Durante la última década encabezamos este ranking.

Una fuerza popular que, por mucho que se empeñen en ocultar juega un papel determinante en la vida política, social, económica, obteniendo victorias importantes.

¿Cuántas veces hemos escuchado que “la gente no se mueve”? Es una idea interesadamente extendida, y rotundamente falsa.

La última oleada de la Encuesta Social Europea se realizó en 31 países entre 2020 y 2022. Sus conclusiones son rotundas: el 20,3% de la población mayor de 15 años ha acudido al menos a una manifestación en el último año. En la anterior encuesta, elaborada entre 2018 y 2020, ocupábamos el segundo lugar, con un 20,4%. Y entre 2012 y 2014 volvimos a ser los primeros, con un 27,5% participando en alguna manifestación.

No suelen salir en el telediario, excepto en algunas ocasiones importantes, pero según el Ministerio del Interior el año pasado se realizaron en nuestro país 33.989 manifestaciones. 93 cada día. Cuatro manifestaciones cada hora. Y en esos datos no están incluidos los de Euskadi y Cataluña.

¿Quién se manifiesta? Prácticamente todo el mundo. No está reducido a una minoría radicalizada, es un fenómeno de una enorme amplitud social. La mitad de las manifestaciones son por motivos laborales, y están convocadas por sindicatos, comités de empresa o grupos de trabajadores. Demostrando que el movimiento obrero es punta de lanza de la movilización popular. Pero la pluralidad de manifestaciones, por sus motivos y las organizaciones que las convocan, es enorme: desde las marchas feministas al movimiento ecologista, la defensa de la sanidad pública, la solidaridad internacional, con Ucrania o Palestina, la protesta contra leyes o medidas injustas…

Un grado de lucha y movilización que aparece en todas las formas posibles. Por ejemplo en las huelgas. El año pasado se celebraron 679 en toda España, casi dos diarias, con más de 700.000 jornadas no trabajadas.

Y que no surge espontáneamente. Se asienta en un alto grado de organización. En España existen 64.230 asociaciones legalizadas, desde más de 4.000 partidos políticos a 500 sindicatos, más de 1.000 organizaciones feministas y casi 7.000 ecologistas.

Frente a la idea, también falsa, de que “manifestarse no sirve para nada”, hablamos de una fuerza popular en la calle, presente en toda la geografía española, que es clave y determina lo que sucede en el país. Irrumpió el 23-J, cerrando el paso a un gobierno PP-Vox. Ha actuado como un muro en defensa de las pensiones públicas, obligando a derogar la reforma de 2013, o empuja hacia la mejora de la sanidad pública…"          (Claudia Arcoba, De Verdad Digital, 03/01/24)

La norma más revolucionaria... el artículo 129.2 de la Constitución española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”... en este marco hay que situar la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, que propugna regular la participación de los sindicatos en los órganos de gobierno de las empresas... las formas de cogestión han logrado elevados niveles de productividad... la elevada productividad del trabajo en Suecia y Alemania, es muy superior a la de los de países que carecen de estas instituciones como Reino Unido y España

 "Comprender la democracia en todas sus dimensiones es el propósito de Luigi Ferrajoli, profesor de Filosofía del Derecho de la universidad pública de Roma Tres, en su reciente y fundamental libro La construcción de la democracia (Editorial Trotta). La obra dedica especial atención a la democracia económica y aboga por “la democratización de las empresas y, más en general, de los lugares de trabajo”. El eminente jurista recoge el llamamiento global Democratizing work firmado por más de 3.000 estudiosos de más de 650 universidades, publicado en mayo de 2020 en el que se “llama a los trabajadores ‘inversores de trabajo’, dado que invierten su trabajo -su mente y su cuerpo– para asegurar la supervivencia de todos, y por eso se les concibe como la clave del éxito de los empleadores, es decir, de los ‘inversores de capital’ y como el núcleo constituyente de las empresas”. De aquí la necesidad de implicar a los trabajadores “en las decisiones relativas a sus vidas y a su futuro en el puesto de trabajo”.

Un espíritu que es una realidad en Alemania, Holanda y los países escandinavos en donde después de la segunda guerra mundial se instituyeron formas de cogestión que aunque no han proporcionado todos los resultados esperados han logrado elevados niveles de productividad. Las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan la elevada productividad del trabajo en Suecia y Alemania, con 61,7 y 58,3 dólares producidos por hora trabajada, respectivamente. Resultados muy superiores a los de países que carecen de estas instituciones como Reino Unido y España, con 51,3 y 48,8 dólares generados por hora trabajada, respectivamente.

En el marco de estas experiencias de los países europeos más democráticos y eficientes hay que situar la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, que propugna regular la participación de los sindicatos en los órganos de gobierno de las empresas. La idea de Díaz se sustenta en el artículo 129.2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

En Crónica secreta de la Constitución, (Tecnos 1989 y 2018), Soledad Gallego–Díaz y el añorado Bonifacio de la Cuadra, consideraron que “ateniéndonos estrictamente al texto del precepto nos encontramos quizá ante la norma más revolucionaria de la Constitución”. Los periodistas recordaron que se trataba de una enmienda de un diputado de Alianza Popular (AP) -Licinio de la Fuente-, que se aprobó gracias al voto favorable de cuatro ponentes: el de AP, el socialista, el comunista y el de Minoría Catalana. La ignorada Constitución Española de 1978 tiene 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Todos importantes, aunque algunos solo invoquen los que les interesan. Con el clima actual hoy no sería posible."                 (Andreu Misse, Democracia Económica, 13/11/23)

Iñigo Sáenz de Ugarte: Gritos, furia e histeria: la democracia española está más viva que nunca... Si esto es una victoria rotunda de los independentistas, la verdad es que se han visto funerales más animados. Si esto es el inicio de una legislatura que durará cuatro años, habrá que verlo... Salvador Sostres (ABC): es “un mal día” para el independentismo, porque Sánchez se ofrece a negociarlo todo, pero no se compromete a nada... desde el lado independentista éste es un pacto de rendición de banda que sabe que ha perdido y busca un aterrizaje en la realidad sin que se note que claudica... Puigdemont ha hecho lo mismo que hizo Oriol Junqueras. Ha obtenido una salida personal que le convierte en “una pieza más del engranaje del Estado”

 "Seis años después de que el Govern de Junts y ERC convocara un referéndum fuera de la ley, de que Carles Puigdemont se fotografiara con los cinco autos del Tribunal Constitucional que iba a desobedecer y de que proclamara una independencia que se autodestruyó en ocho segundos, su partido ha firmado un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez que incluye una mención expresa y aportada por Junts al artículo 92 de la Constitución.

Si alguien quiere entenderlo como un adiós a la unilateralidad, ese fetiche conservado por el independentismo como si fuera un arma secreta, no estará muy equivocado, aunque tampoco conviene sacar el mantel de las grandes celebraciones. A fin de cuentas, sólo es un acuerdo para arrancar la legislatura.

Para terminar de aclarar las dimensiones del pacto, Puigdemont lo celebró metiéndole varios viajes a Esquerra. Ha llegado él a la fiesta y ha solucionado lo que sus torpes aliados y sin embargo enemigos no han conseguido hasta ahora. “Hemos perdido cuatro años fundamentales”, dijo para criticar la colaboración de ERC con los socialistas en la anterior legislatura. “Vosotros sí que sabéis, no como los botiflers de Esquerra”, le respondió irónicamente Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso.

Para confirmar que el ambiente entre las fuerzas independentistas que hicieron posible el referéndum del 1-O está por todo lo alto, Dolors Feliu, presidenta de la ANC, calificó los pactos de Junts y ERC con el PSOE de “españolización de Catalunya”.

El acuerdo se hizo público en Bruselas en el día de la patrona de la villa de Madrid, una coincidencia que sólo se le podía ocurrir a un guionista dispuesto a todo con tal de que hagan la película. En otro asunto en el que se le fue la mano estuvieron las reacciones del Partido Popular, donde hubo una auténtica carrera por aparecer ante los micros o dejar la huella en Twitter. Furia general, como era de esperar, pero también discrepancias muy básicas sobre el sistema político español.

Ya estamos en una dictadura, dijo por la mañana Isabel Díaz Ayuso ante una presentadora de Antena 3 muerta de miedo. “Somos una democracia fuerte, plural y con principios”, opinó unas horas más tarde Alberto Núñez Feijóo. Una cosa o la otra, pero las dos al mismo tiempo parece un poco complicado. No se ponen de acuerdo ni en qué país viven.

Con la amnistía en el saco, de la que sorprendentemente se sigue sin conocer su alcance, se creía que Junts presionaría para obtener algo más sobre un futuro referéndum de independencia, al menos con la intención de sacar pecho frente a ERC. Lo único que aparece en el texto es que Junts propone “un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Lo de que querían otro referéndum ya lo sabíamos. Lo del artículo 92, no exactamente.

 Ese breve artículo permite la convocatoria de referendos consultivos “de todos los ciudadanos”. Cada uno de ellos será “convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. No es extraño que en la ANC vayan a sacar el excel con la lista de botiflers para añadirle nuevas filas.

“Entramos en una etapa inédita”, aseguró Puigdemont. Ahí tiene razón. Junts ha abandonado la estrategia de confrontación permanente con todo y contra todos de los últimos cuatro años y que terminó llevándose por delante al Gobierno de coalición en la Generalitat. Los ataques que siguen dedicándose ambos partidos hacen pensar que no hay planes de resucitarlo. Sin un acuerdo político básico de ERC y Junts, cualquier estrategia para ganar la independencia está muerta antes de nacer.

Esa etapa puede llegar a ser muy corta. El acuerdo de legislatura podría calificarse de mínimos en la medida en que los firmantes se han dedicado a plasmar por escrito sus discrepancias. En el momento en que Puigdemont crea que el desgaste que sufre es mayor que los réditos, y con la amnistía ya aplicada, se pensará si merece la pena mantenerlo vivo. Al menos en esta ocasión no le caerá en toda la cara un tuit con las 155 monedas de plata. Eso que lleva ganado.

La derecha y la extrema derecha no están para tales sutilezas. Toca golpear los tambores de guerra. Tampoco es una novedad. Los indultos ya fueron un ataque al Estado de derecho y una quiebra de la separación de poderes, así que la amnistía sólo puede ser categorizada como lo mismo, pero multiplicada por cien.

Feijóo declaró que el pacto niega que “España sea un Estado de derecho” y que “los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido”. Esto último ya lo dijeron en abundantes ocasiones en la campaña electoral y no les sirvió de mucho.

¿Qué dijo Pablo Casado cuando se aprobaron los indultos? “Del Partido Socialista histórico ya no quedan ni las raspas”, afirmó. El entonces líder del PP estaba convencido hace dos años de lo que iba a pasar inmediatamente después: “Los independentistas volverán a realizar un segundo procés después de que Sánchez haya debilitado al Estado”.

Aún se está esperando el segundo procés. El Estado sigue estando donde estaba. La verdad es que el argumentario del PP no se renueva mucho.

A la hora de buscar algo de originalidad en el éxtasis patrio, conviene ir sobre seguro y prestar atención a lo que diga Díaz Ayuso. Después de decir por la mañana que ha llegado la dictadura, pasó revista a todas las instituciones que, según ella, lo solucionarán todo. Tomen nota: “El rey Felipe VI, los poderes legislativo y judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Unión Europea”. Los ve como el Dream Team que colaborará con la derecha, lo que en su mente quiere decir con España.

“No hay una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma”, dijo. Es curioso que uno de los mayores amantes de la presidenta madrileña en la prensa –Salvador Sostres en ABC– haya escrito que es “un mal día” para el independentismo, porque Sánchez se ofrece a negociarlo todo, pero no se compromete a nada. 

 “Por ofensiva que resulte la impúdica desfachatez presidencial, desde el lado independentista éste es un pacto de rendición de banda que sabe que ha perdido y busca un aterrizaje en la realidad sin que se note que claudica”, escribe Sostres. Puigdemont ha hecho lo mismo que hizo Oriol Junqueras, dice. Ha obtenido una salida personal que le convierte en “una pieza más del engranaje del Estado”.

La independencia de Catalunya está tan lejos como lo estaba antes de las elecciones de julio. Si esto es una victoria rotunda de los independentistas, la verdad es que se han visto funerales más animados. Si esto es el inicio de una legislatura que durará cuatro años, habrá que verlo para creerlo."               ( Iñigo Sáenz de Ugarte , eldiario.es, 09/11/23)

Investidura: entre lo deseable, lo posible y lo aceptable... No creo que sea de recibo el actual relato de Junts y Puigdemont, presentándose como víctimas del estado español, sin asumir ninguna responsabilidad en el ataque a la democracia que perpetraron... Las medidas de gracia tienen sentido si todo el mundo asume que durante aquellos nefastos años se cometieron muchas barbaridades en términos democráticos. Unos, los independentistas, destrozando el marco de convivencia de la Constitución y vulnerando los derechos de una buena parte de la ciudadanía de Catalunya. Otros, poniendo en marcha una lógica de crispación... A las personas que en Catalunya y España quedamos atrapadas en esta lógica de barricadas no debería costarnos mucho asumir la necesidad de superar este drama colectivo. Ante nosotros tenemos el dilema entre continuar en una situación enquistada o intentar, con sus riesgos y costes, el desbloqueo de una situación que resulta corrosiva socialmente... la clave de la aceptabilidad o no de las medidas de gracia estará en los detalles. Concretamente en el preámbulo de la Ley orgánica... la clave de la aceptabilidad o no de las medidas de gracia estará en los detalles. Concretamente en el preámbulo de la Ley orgánica y en su ámbito subjetivo de aplicación. En el preámbulo el legislador orgánico deberá explicar las razones de la medida y está será la “verdad” legal. Lo que no excluye que los independentistas construyan sus propios relatos, barriendo para casa... Puigdemont deberá ser cuidadoso con la dosis de épica que le pone a sus discursos... Tampoco será fácil delimitar el ámbito subjetivo de la ley que no puede individualizar a sus beneficiarios, pero debe ofrecer criterios objetivos para identificarlos nítidamente, evitando conflictos importantes de aplicación... ya estamos debatiendo públicamente si estas medidas de gracia deben ir acompañadas de una renuncia explícita de Junts a la unilateralidad –ERC ya lo hizo con los indultos–. Estaría bien que así fuera porque ayudaría a legitimar la medida adoptada. Aunque, mucho mejor que cualquier declaración de intenciones de futuro son los actos propios del presente. Comprometerse con la gobernabilidad de España es la mejor declaración de ruptura con el unilateralismo (Joan Coscubiela)

 "Deseable, posible, aceptable, conceptos con tantas interpretaciones como personas los usan. Configuran los vértices de un triangulo dentro del cual deberá moverse la política si se quiere hacer viable la investidura de presidente del Gobierno

No será fácil, nos esperan semanas de intensa y múltiple escenificación, con más sobreactuación de la habitual, que además se teatralizará en diferentes platós. Va a resultar difícil separar el trigo de la paja y corremos el riesgo de que un exceso de pseudoinformación dificulte el conocimiento de lo realmente trascendente.

En este contexto me parece detectar mucha inquietud en algunos entornos de izquierdas y progresistas, con análisis que ponen todo el énfasis en lo deseable y lo aceptable en términos de coherencia, obviando el otro vértice del triángulo, el de lo posible. 

Las elecciones del 23J nos han deparado un escenario de muy compleja digestión –especialmente para el PP– y más difícil gestión. Lo que ha decidido la ciudadanía, guste más o menos, es la harina con la que amasar el pan de la investidura y la posterior gobernabilidad. Podemos ir más veces al obrador de las elecciones, pero no creo que encontremos otra harina ni mejor levadura para dar continuidad a las políticas de progreso.

Esta extremada complejidad no es nueva ni un factor circunstancial, ni tampoco una excepción a nivel global. Es la normalidad a la que deberíamos acostumbrarnos porque ha venido para quedarse. Y ojito con los cantos de sirena que proponen el atajo de una reforma electoral para primar en escaños a las fuerzas mayoritarias con la excusa de la gobernabilidad. Podrían actuar como un bumerán contra la democracia.(...)

 Hoy, la única investidura posible es la de Pedro Sánchez con los votos, entre otros, del nacionalismo catalán y vasco. Y aquí aparece el vértice del triángulo de lo que es o no aceptable. 

Leo opiniones que se oponen por el hecho de que los votos necesarios vengan del independentismo y el posible pacto sea fruto de la presión a la que se califica de chantaje. Sinceramente, este tipo de críticas me resultan algo naíf. Los pactos, todos, siempre son fruto de necesidades recíprocas y presiones múltiples. 

Otras voces consideran intolerable que muy pocos votos puedan condicionar el futuro del país. Como si eso no fuera lo que ha pasado en España durante décadas. Ante la indefinición constitucional, nuestro modelo territorial y la financiación autonómica, que ha sido clave en la descentralización política del estado, se ha construido a partir de esta lógica de apoyos interesados del nacionalismo a los partidos estatales. Eso sí, desde 1993, después de cada pacto hemos escuchado la cantinela del “España se rompe”. 

Nuestro país no es una excepción. En Europa es habitual que partidos pequeños sean determinantes en la configuración de gobiernos. En los últimos años la mayor fragmentación parlamentaria ha convertido en decisivos a partidos de todo tipo. Desde minorías nacionales a los Piratas en Chequia.

Solo se puede negar la legitimidad de los votos independentistas para configurar mayorías desde la lógica de un nacionalismo español excluyente y antidemocrático. Otra cosa es determinar qué tipo de pacto del PSOE y Sumar con los independentistas es aceptable. En este terreno hay tantas opiniones como miradas y resulta poco útil discutir sobre el fuero sin conocer antes el güevo.

Como parece claro que no hay margen para el llamado “derecho a la autodeterminación” –lo que no excluye declaraciones elípticas sobre la necesidad de dar de nuevo la palabra a la ciudadanía de Catalunya– todas las miradas se dirigen hacia la amnistía. Intuyo que un posible pacto que contenga medidas de gracia va a incluir también compromisos de los que antaño se conocían como “peix al cove”. Así, puede quedar algo diluido el protagonismo de la amnistía. 

A diferencia de algunas amistades, con las que durante estos años he compartido análisis y momentos de angustia, a mí me parece aceptable que para conseguir la investidura se exploren las posibilidades de una medida que permitiría dar un paso más en la salida del empantanamiento en el que estamos desde el nefasto 2017. 

Creo que la sociedad española está más preparada de lo que el ruido de la Brunete mediática nos quiere hacer creer. Los indultos a los dirigentes encarcelados se han aceptado con bastante normalidad, lo que no significa que no hayan erosionado electoralmente en algún grado a las izquierdas. Y la amnistía podría hacerlo ahora entre las filas socialistas. Por lo que los equilibrios finales van a ser muy complicados, pero recordemos que cualquier decisión que se tome tiene su coste. 

El debate útil en las próximas semanas será el que nos permita generar el más amplio consenso posible con relación a qué medidas de gracia adoptar, en qué condiciones y con qué justificación democrática.

No creo que sea de recibo el actual relato de Junts y Puigdemont, presentándose como víctimas del estado español, sin asumir ninguna responsabilidad en el ataque a la democracia que perpetraron el 6 y 7 de septiembre del 2017 y luego con la DUI del 27 de octubre y los hechos posteriores. 

Tampoco creo que sea viable ni útil exigir que las medidas de gracia vayan acompañadas de la asunción de culpa, petición de perdón, acto de contrición –no lo volveremos a hacer– y penitencia del independentismo. Estos son conceptos de matriz judeocristiana poco útiles para la política. Aunque tampoco se trata de olvidar, porque el olvido suele ser la antesala de la recaída. 

Las medidas de gracia tienen sentido si todo el mundo asume que durante aquellos nefastos años se cometieron muchas barbaridades en términos democráticos. 

Unos, los independentistas, destrozando el marco de convivencia de la Constitución y vulnerando los derechos de una buena parte de la ciudadanía de Catalunya. Otros, poniendo en marcha una lógica de crispación contra el estatuto de autonomía de Catalunya, montando la policía patriótica –no solo contra el independentismo– y usando los tribunales para dar un escarmiento con la pena de cárcel anticipada, en un caso de manual del aforismo latino Summum Ius, Summa Iniuria. Sin olvidar los abusos en la intervención policial del 1-O. Disculpen la inmodestia, pero me permito recordar que en estos mismos términos me pronuncié en 'Empantanados' hace ya seis años. 

A las personas que en Catalunya y España quedamos atrapadas en esta lógica de barricadas no debería costarnos mucho asumir la necesidad de superar este drama colectivo. Ante nosotros tenemos el dilema entre continuar en una situación enquistada o intentar, con sus riesgos y costes, el desbloqueo de una situación que resulta corrosiva socialmente. 

Como en muchas otras cosas de la vida la clave de la aceptabilidad o no de las medidas de gracia estará en los detalles. Concretamente en el preámbulo de la Ley orgánica y en su ámbito subjetivo de aplicación. 

En el preámbulo el legislador orgánico deberá explicar las razones de la medida y está será la “verdad” legal. Lo que no excluye que los independentistas construyan sus propios relatos, barriendo para casa. Del todo lógico si se comprende que la apuesta por abandonar la estrategia de bloqueo del estado español y volver a la política y al orden constitucional no es pacífica en el seno del independentismo y que algunos sectores la viven como una dramática traición al “espíritu del 1-O”. Puigdemont deberá ser cuidadoso con la dosis de épica que le pone a sus discursos, porque un exceso de sal puede malograr el guiso, al generar muchas intolerancias. 

Tampoco será fácil delimitar el ámbito subjetivo de la ley que no puede individualizar a sus beneficiarios, pero debe ofrecer criterios objetivos para identificarlos nítidamente, evitando conflictos importantes de aplicación. 

Incluso antes de que se plantee una propuesta concreta ya estamos debatiendo públicamente si estas medidas de gracia deben ir acompañadas de una renuncia explícita de Junts a la unilateralidad –ERC ya lo hizo con los indultos–. Estaría bien que así fuera porque ayudaría a legitimar la medida adoptada. Aunque, mucho mejor que cualquier declaración de intenciones de futuro son los actos propios del presente. Comprometerse con la gobernabilidad de España es la mejor declaración de ruptura con el unilateralismo."              (Joan Coscubiela ,  eldiario.es, 19/09/23)