Dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes: supermercados públicos y/o seguridad social alimentaria... la propuesta de supermercados públicos del alcalde de Nueva York, Mandani, busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita... en Francia se debatió la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? Consistiría en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población, para gastar en establecimientos asociados... establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente... pues el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados “producto agroecológico”, y porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español)... En España hace ya se cuenta con un proyecto piloto en Getafe... y Podemos ya propuso la creación de un supermercado público... En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial... pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables (Alberto Garzón Espinosa)

"La disyuntiva entre supermercados públicos o seguridad social alimentaria está mal formulada. Las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes: la primera actúa sobre la distribución; la segunda, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI."

( Alberto Garzón Espinosa , Rebelión,  05/08/2026)

Cómo los supermercados municipales pueden combatir la inseguridad alimentaria y los desiertos alimentarios... Una de las propuestas más innovadoras de Zohran Mamdani para ayudar a abordar la creciente crisis del costo de vida en Nueva York, es abrir una tienda de comestibles de propiedad municipal en cada distrito... es una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles. Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles... una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles. Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles... La ciudad de Nueva York alberga más de dos docenas de barrios clasificados como desiertos alimentarios, donde las opciones de alimentos no saludables superan con creces a las nutritivas... Los precios de los alimentos en Nueva York han aumentado en más del 25 por ciento desde 2019. No se puede decir lo mismo de los salarios de los trabajadores, que se han estancado... La Iniciativa de Tiendas de Comestibles Rurales de la Universidad Estatal de Kansas brinda apoyo personalizado a las nuevas tiendas de comestibles, desde estudios iniciales de viabilidad e investigación de mercado hasta capacitación de empleados y gestión operativa, a través de una iniciativa estatal de alimentos saludables (Maya Khadr – Omar Ocampo)

 "La victoria sorpresa de Zohran Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York se debió a su enfoque en la asequibilidad. Una de sus propuestas más innovadoras para ayudar a abordar la creciente crisis del costo de vida en la ciudad es abrir una tienda de comestibles de propiedad municipal en cada distrito que amplíe el acceso a alimentos de buena calidad para los residentes a un precio asequible.

Contrariamente a las protestas públicas de los críticos, las tiendas de comestibles propiedad de la ciudad no son una idea novedosa o radical en Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos ya opera una red de supermercados de propiedad pública; las comunidades rurales de Kansas han experimentado con éxito con supermercados de propiedad municipal; y las grandes ciudades están explorando su potencial y trazando planes.

Las tiendas de comestibles de propiedad municipal son una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles.

Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles. Grandes cadenas de supermercados como Kroger y Whole Foods no se molestan en invertir en ciertas comunidades porque, a pesar de la demanda, los barrios de bajos ingresos carecen de la infraestructura y el poder adquisitivo necesarios para sostener sus negocios con fines de lucro. En cambio, los minoristas concentran o reubican sus supermercados en áreas donde pueden esperar una mayor tasa de rentabilidad, como los barrios suburbanos más ricos.

Ese incentivo de lucro crea un ciclo perjudicial que perpetúa un fenómeno conocido como "discriminación de supermercados", que deja a miles de comunidades desatendidas.

La ciudad de Nueva York alberga más de dos docenas de barrios clasificados como desiertos alimentarios. Estas localidades son predominantemente de población negra e hispana y dependen tanto de bodegas como de tiendas de un dólar para satisfacer sus necesidades de comestibles, creando "pantanos alimentarios" donde las opciones de alimentos no saludables superan con creces a las nutritivas.

La propuesta de Mamdani busca llenar el vacío dejado por el mercado. Está ofreciendo tiendas de comestibles de propiedad municipal como una opción pública para residentes de bajos ingresos en barrios que el sector privado ha abandonado. Si resulta elegido, Mamdani se ha comprometido a destinar 60 millones de dólares para apoyar su programa piloto de comestibles, centrándose en ampliar la accesibilidad y garantizar la asequibilidad en lugar de obtener beneficios. Las quejas sobre la rentabilidad son exageradas, dado que los supermercados del sector público pueden controlar los costes eliminando los márgenes de beneficio mediante exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles, el alquiler y las tasas de licencia.

El ahorro proyectado para los consumidores gracias a este programa ha tenido buena acogida entre los neoyorquinos. Los precios de los alimentos en Nueva York han aumentado en más del 25 por ciento desde 2019. No se puede decir lo mismo de los salarios de los trabajadores, que se han estancado y no han logrado mantenerse al ritmo del costo de los alimentos.

Los detractores de Mamdani señalan varios desafíos para gestionar una tienda de comestibles municipal de manera eficaz. Por ejemplo, los gobiernos locales pueden carecer de experiencia operativa o tener dificultades para comprar alimentos a los mayoristas a un precio competitivo. Pero estos desafíos no son insuperables.

 La Iniciativa de Tiendas de Comestibles Rurales de la Universidad Estatal de Kansas brinda apoyo personalizado a las nuevas tiendas de comestibles, desde estudios iniciales de viabilidad e investigación de mercado hasta capacitación de empleados y gestión operativa, a través de una iniciativa estatal de alimentos saludables.

“Antes se consideraba que el sector de la alimentación era un sector multigeneracional, donde el negocio pasaba de padres a hijos”, dijo la directora del programa, Rial Carver, a Inequality.org en una entrevista reciente. Pero con la creciente concentración del mercado en manos de un puñado de empresas dominantes, “ahora hay tenderos que entran en el negocio sin el conocimiento transmitido de generación en generación”. La necesidad de asistencia técnica es grande y hacemos todo lo posible para apoyarlos.

Los gobiernos e instituciones estatales y locales pueden encabezar o participar en programas que ayuden a las tiendas de comestibles municipales con conocimientos especializados del mercado, apoyo técnico e iniciativas estatales como el Programa de Acceso a Alimentos de la Comunidad de Colorado, que ayuda a los minoristas a acceder a alimentos a precios más bajos.

Los comisariatos militares son un excelente ejemplo de cómo la colaboración entre tiendas puede mantener precios competitivos. Al compartir proveedores entre su red de tiendas, pueden mantener precios entre un 25 y un 30 por ciento más bajos que las tiendas minoristas.

En Dakota del Norte, tres tiendas de comestibles y otras dos entidades se unieron en 2021 para formar Rural Access Distribution (RAD), una cooperativa de compras. Uno de los objetivos de la cooperativa es que las empresas compren alimentos al por mayor de forma conjunta para aprovechar los beneficios de los precios mayoristas. “También hay un restaurante [y] un distrito escolar que se ha unido a la cooperativa de compras”, añadió Carver. “Ven las ventajas de comprar a ese mayorista.” También puede servir para otros tipos de negocios.

Las tiendas de comestibles de Mamdani, propiedad de la ciudad, pueden adoptar una estrategia similar con otras tiendas de comestibles de Nueva York, formando o uniéndose a un consorcio, para aunar sus recursos y comprar alimentos en grandes cantidades y así acceder a precios mayoristas más baratos.

El supermercado St. Paul, una tienda de comestibles propiedad y operada por la ciudad de St. Paul en Kansas, es un ejemplo exitoso de tienda municipal. Tras la jubilación de Joe y Sue Renfro, el ayuntamiento decidió comprarlo. La tienda de comestibles lleva doce años funcionando como empresa municipal. Según la ciudad, el secreto reside en un amplio apoyo comunitario y un equipo de liderazgo eficaz, además del compromiso de la ciudad de seguir brindando apoyo financiero.

Los supermercados públicos no tienen que ser uniformes. Pueden adoptar diferentes estructuras organizativas dependiendo de los deseos de las partes interesadas de la comunidad, el nivel de apoyo de los residentes y los gobiernos locales. Los modelos varían desde cooperativas propiedad de los trabajadores y organizaciones sin ánimo de lucro hasta asociaciones público-privadas en las que se externalizan las operaciones.

Por ejemplo, la ciudad de Atlanta planea abrir dos tiendas de comestibles de propiedad municipal en asociación con el mercado de alimentos orgánicos Savi Provisions a finales de este año para combatir la inseguridad alimentaria. Las tiendas serán más que un simple lugar para comprar alimentos; también serán un centro comunitario y cultural con talleres y clases.

 En lugar de aceptar que los pequeños pueblos rurales y las comunidades históricamente marginadas carezcan de acceso adecuado a alimentos asequibles y de calidad en aras del beneficio corporativo, la propiedad pública replantea el debate abordando directamente el fallo del mercado. Las tiendas de comestibles de propiedad municipal también tienen el potencial de generar nuevos debates sobre los altos niveles de concentración del mercado en la industria y revivir la aplicación de la Ley Robinson-Patman para revertir la discriminación de precios de los mayoristas hacia las tiendas de comestibles municipales y más pequeñas.

Es posible que las tiendas de comestibles municipales de Mamdani registren pérdidas económicas en los primeros años, pero las opciones públicas no están diseñadas para generar beneficios. Están diseñados para proporcionar a los clientes un acceso adecuado a los productos de alimentación a un precio asequible.

El verdadero retorno de la inversión son mejores resultados en salud, vecindarios más fuertes, mayor rendición de cuentas a sus electores y la eliminación de los desiertos alimentarios para los más de 53 millones de personas que actualmente viven en ellos. Las tiendas de comestibles de propiedad municipal son un paso hacia la transformación del acceso a los alimentos y a los supermercados de servicio completo, de un privilegio a un derecho comunitario." 

(Maya Khadr – Omar Ocampo , C0unter Punch, 08/08/25, traducción Quillbot, enlaces en el original) 

Los precios de los alimentos se han disparado estos últimos años en toda la Unión Europea. En marzo de 2023, la inflación en alimentos alcanzó la cifra récord del 15%. Los consumidores alemanes pagan casi un 30% más por los alimentos que en 2021, a pesar de la reducción de costos energéticos y de producción... Al mismo tiempo, la parte del precio minorista que llega al agricultor es cada vez menor... Un ejemplo sorprendente es la participación declinante de los agricultores en el precio del pan: en 1970 obtenían el 19,2% del precio de venta al público; en 2022, el porcentaje se había derrumbado al 5%... muchos productores de leche operan a pérdida y dependen de subsidios para sobrevivir... A los agricultores se les pide producir alimentos de alta calidad y al mismo tiempo proteger el medioambiente, el clima y los animales (a menudo, cumpliendo gravosas normas burocráticas). Pero conforme la creación de valor se aleja de los productores, los beneficios se concentran cada vez más en unos pocos procesadores y minoristas poderosos... no se ha dado respuesta suficiente a la cuestión central: garantizar precios justos en toda la cadena de valor... Se necesita un mecanismo de fijación de precios que comience en el productor; esto implica cuatro reformas fundamentales, empezando por el cumplimiento de obligaciones contractuales. En el caso particular de los productores lácteos, es común que entreguen sus productos sin saber qué precio se les pagará, algo que en la mayoría de los demás sectores sería impensable... En Alemania, cuatro minoristas controlan el 85% del mercado alimentario. Y también el sector de procesamiento está muy concentrado. Un informe de 2024 de la Comisión Alemana de Monopolios advertía de que la creciente concentración del mercado perjudica a productores y consumidores por igual... Los precios artificialmente bajos actuales son posibles mediante la sobreexplotación de los recursos naturales (tanto en Europa como en el resto del mundo), sumada a la falta de bienestar animal, la precariedad de la mano de obra migrante y una presión financiera implacable sobre los agricultores... Si Europa quiere seguir teniendo alimentos, debe lograr que la agricultura sea económica y ecológicamente sostenible; no con más subsidios, sino con condiciones de mercado justas y normas de sostenibilidad sólidas (Elmar Hannen, productor lechero)

 "Los precios de los alimentos se han disparado estos últimos años en toda la Unión Europea. En marzo de 2023, la inflación en alimentos alcanzó la cifra récord del 15%. Los consumidores alemanes pagan casi un 30% más por los alimentos que en 2021, a pesar de la reducción de costos energéticos y de producción.

Algunos economistas lo atribuyen a que los procesadores y vendedores minoristas están obteniendo beneficios inesperados, a expensas de los hogares de bajos ingresos. Al mismo tiempo, la parte del precio minorista que llega al agricultor es cada vez menor. Los productores alemanes, por ejemplo, sólo recibieron el 21,7% del precio minorista en 2021, y la cifra está en disminución. Un ejemplo sorprendente es la participación declinante de los agricultores en el precio del pan: en 1970 obtenían el 19,2% del precio de venta al público; en 2022, el porcentaje se había derrumbado al 5%.

Los productores de leche enfrentan desafíos similares. Entre 2014 y 2024, los precios de la leche quedaron sistemáticamente retrasados respecto del aumento de costos de producción. El resultado es que muchos establecimientos operan a pérdida y dependen de subsidios para sobrevivir.

A los agricultores se les pide producir alimentos de alta calidad y al mismo tiempo proteger el medioambiente, el clima y los animales (a menudo, cumpliendo gravosas normas burocráticas). Pero conforme la creación de valor se aleja de los productores, los beneficios se concentran cada vez más en unos pocos procesadores y minoristas poderosos.

Las protestas generalizadas de agricultores a principios de 2024 revelaron la profunda frustración de todo el sector agrícola de la UE. Pero la respuesta política fue decepcionante. Bajo presión de facciones conservadoras y liberales, se eliminaron las normas ambientales de la política agrícola común del bloque, lo que fue un duro golpe contra su ya frágil pilar ecológico. En tanto, no se ha dado respuesta suficiente a la cuestión central: garantizar precios justos en toda la cadena de valor.

Felizmente, esta cuestión comienza por fin a generar interés político. La UE está revisando su directiva sobre prácticas comerciales desleales y el reglamento sobre organización común de los mercados. Estas reformas son el resultado del «diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE» (un foro para la discusión de políticas puesto en marcha por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en 2024, que reunió a una amplia coalición de partes interesadas). El comisario de agricultura de la UE, Christophe Hansen, ha incorporado algunas de las recomendaciones a su agenda de políticas.

Pero para resolver los problemas de la cadena alimentaria europea no bastan cambios cosméticos. Se necesita un mecanismo de fijación de precios que comience en el productor; esto implica cuatro reformas fundamentales, empezando por el cumplimiento de obligaciones contractuales. En el caso particular de los productores lácteos, es común que entreguen sus productos sin saber qué precio se les pagará, algo que en la mayoría de los demás sectores sería impensable.

La legislación de la UE ya ofrece margen para reformas, de las que hay ejemplos en Francia y España, donde es obligatoria la firma de contratos escritos vinculantes. España incluso prohíbe vender por debajo del costo de producción. Pero en Alemania, los intentos de introducir medidas similares chocaron contra la resistencia del lobby agrícola y de sus aliados conservadores y liberales.

En segundo lugar, las cooperativas agrícolas también tienen que estar obligadas a firmar contratos. A pesar de sus principios fundacionales progresistas, muchas cooperativas ahora funcionan como grandes empresas convencionales que dan más importancia a minimizar los precios de compra que a proteger los intereses de los productores lácteos. Aun así, en países como Alemania (donde representan el 70% del procesamiento lácteo) siguen exentas de esa obligación.

En tercer lugar, hay que reforzar los derechos de las organizaciones de productores. Gigantes lácteos como Arla y DMK podrían controlar hasta el 13% del volumen de producción de leche en la UE una vez concretado su proyecto de fusión; pero las normas actuales de la UE limitan a sólo el 4% la cuota de mercado de las organizaciones de productores dirigidas por agricultores. A pesar de años de intensos debates, este desequilibrio persiste y dificulta una negociación justa.

Por último, las autoridades de la UE deben frenar la concentración del mercado minorista de alimentos. En Alemania, cuatro minoristas controlan el 85% del mercado alimentario. Y también el sector de procesamiento está muy concentrado. Un informe de 2024 de la Comisión Alemana de Monopolios advertía de que la creciente concentración del mercado perjudica a productores y consumidores por igual.

Pero a pesar de estos problemas, empiezan a surgir modelos prometedores. Un ejemplo es el reciente proyecto piloto de contrato tripartito en Alemania, que se basa en el modelo francés. En vez de que los productores entreguen productos a ciegas a los procesadores, que a su vez firman contratos separados con los minoristas, con el nuevo modelo las tres partes deben acordar de antemano la elección de los socios comerciales y firmar contratos a largo plazo (por lo general, de entre 3 y 5 años) con estructuras de precios claras.

El contrato tripartito contiene cláusulas que obligan a revisarlo en forma trimestral para adecuarlo a fluctuaciones del mercado y de los costos. Además de los precios, se ocupa de la presentación de los productos, las estrategias de comercialización y las normas sobre bienestar animal y sostenibilidad ambiental. Fomentando un sentido de responsabilidad compartida, promueve mejoras de calidad y una compensación justa. También ayuda a proteger a productores y consumidores contra la volatilidad del mercado, crea valor añadido en toda la cadena de suministro y ofrece una base para la definición de buenas prácticas que puedan llevarse a escala regional y nacional.

El único modo de que la agricultura europea siga siendo viable es que los agricultores puedan cubrir sus costos; por eso el Consejo Europeo de la Leche considera que el contrato tripartito es un paso importante hacia una estructura de mercado más justa y sostenible; y puede generar estabilidad de ingresos y seguridad en la planificación, con beneficios para todas las partes interesadas: agricultores, procesadores y consumidores (que hoy pagan de más por alimentos de bajo costo producidos en masa).

Una fijación de precios justa también mejorará la resiliencia de Europa frente a crisis, guerras y el cambio climático. Los precios artificialmente bajos actuales son posibles mediante la sobreexplotación de los recursos naturales (tanto en Europa como en el resto del mundo), sumada a la falta de bienestar animal, la precariedad de la mano de obra migrante y una presión financiera implacable sobre los agricultores. Puesto que muchos agricultores de la UE padecen cargas de deuda aplastantes y un encarecimiento de los insumos, no es de extrañar que menos del 12% tengan menos de 40 años.

Si Europa quiere seguir teniendo alimentos, debe lograr que la agricultura sea económica y ecológicamente sostenible; no con más subsidios, sino con condiciones de mercado justas y normas de sostenibilidad sólidas. Soluciones basadas en el mercado como el contrato tripartito son la prueba de que el cambio positivo es posible, siempre que Europa mantenga el rumbo."

(Elmar Hannen, productor lechero de tercera generación, Martin Häusling, productor lechero ecológico, Revista de prensa, 22/05/25, fuente Project Syndicate )

Un informe demuestra que pagar menos por algunos alimentos cuesta, en realidad, más caro... El documento aborda los costes ocultos del sistema alimentario en España, que repercute en precios injustos para el campo... Son costes que realmente pagamos con nuestros impuestos para sostener problemas sanitarios, ambientales y sociales derivados de ese producto y su producción... el importe de costes ocultos en España, en 2020, ligados a la alimentación, fue de 138.294 millones de euros... una de cada cinco muertes está vinculada a la alimentación, sea por dieta inadecuada o por la ingesta de tóxicos

 "¿Quién dijo que los alimentos agroecológicos y de cercanía son más caros? Si bien esta idea prevalece en la opinión pública, lo cierto es que conforma un gran mito. Porque la alimentación industrializada, la que consume mayoritariamente la población española, a medio y largo plazo, cuesta mucho más cara a la sociedad, incluyendo, por supuesto, al bolsillo, la salud y el entorno de quien compra el producto.

El motivo principal es que los precios más bajos o “competitivos” del mercado convencional no reflejan los costes reales de la producción de alimentos. Son precios impuestos por las macro empresas que dominan este gran ámbito y que resultan “injustos”, por ejemplo, para las personas agricultoras y para toda la sociedad, según indica el revelador informe “Los costes ocultos del sistema alimentario”.    

Se trata de un estudio que acaba de publicar el equipo del programa Llaurant un Futur Sostenible en colaboración con la Fundación Entretantos, para desmitificar que la agroecología y la producción sostenible es más cara que la industrializada. El documento ha sido escrito en un tono divulgativo, para llegar a un amplio público interesado en conocer cómo se produce lo que come cada día. Llaurant un Futur Sostenible es un programa de educación para la ciudadanía que lleva tres años en marcha, conducido por la Fundación Novessendes y la ONGD Pankara Ecoglobal, y financiado por la  Generalitat Valenciana. Su objetivo apunta a fomentar, desde Castellón, una sociedad comprometida con la recuperación de la soberanía alimentaria y de la transición hacia un sistema alimentario justo para las personas.

Los costes que nos ocultan en el super

La clave para comprender por qué es realmente más costoso comprar, por ejemplo, un kilo de tomates de oferta en una gran superficie, que comprarlo directamente a un proyecto sostenible y cerca de casa, está en los “costes ocultos” o “externalidades”. Es decir, aquellos valores que no se ven reflejados en el precio que paga la persona al llegar a la caja, pero que sí existen y que sin duda terminan afectando su vida.

“Las externalidades de un producto son los efectos negativos de su producción ignorados a la hora de establecer el precio del producto”, explican Alba Remollar e Iraca Vargas, técnicas responsables de Llaurant un Futur Sostenible y coautoras del informe, junto con Marta Ibáñez Verdú y Jorge Molero Cortés.

“Esto implica que los precios que la persona consumidora paga no tienen en cuenta los costes reales de la producción, como los impactos sobre el medio ambiente (aire, suelo y agua), la sociedad y la salud de las personas en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria”, precisan. Las empresas que dominan el mercado de mercancías “ocultan esos costes” al fijar las ofertas, por ejemplo, del mencionado kilo de tomates. Claro que, a la larga, alguien debe pagarlos. 

“Son costes que realmente pagamos con nuestros impuestos para sostener problemas sanitarios, ambientales y sociales derivados de ese producto y su producción”, apuntan en el informe. Sin ir más lejos, “el importe de costes ocultos en España, en 2020, ligados a la alimentación, fue de 138.294 millones de euros”.

De esa cantidad, como lo plantea el informe y la Fundación Entretantos,  nada menos que “el 76,7% estaban relacionados con los problemas de salud”. De hecho, a nivel mundial, apuntan sus autoras, “se calcula que una de cada cinco muertes está vinculada a la alimentación, sea por dieta inadecuada o por la ingesta de tóxicos”.

Al mismo tiempo, “la forma de producir, comercializar y adquirir los alimentos es el factor que más contribuye a la degradación de nuestro planeta”, explican. Los datos hablan por sí solos: esa dinámica genera entre el 26% y el 34% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; es una de las principales causas de deforestación y del 33% de la degradación de los suelos y el 20% de la sobreexplotación de los acuíferos.

Precios injustos

Los costes ocultos del sistema alimentario industrial se sostienen gracias a “precios no necesariamente justos”, es decir, que esconden el coste real de los alimentos. Y el primer eslabón de la cadena es el que más pierde: “El precio del mercado no es un precio justo para la persona agricultura, que muchas veces vende por debajo del precio de producción”, señalan las responsables de Llaurant. De hecho, ilustran, “desde el campo hasta la mesa, el precio de los productos se multiplica, de media, por 4,25”.

Otro aspecto negativo es la invisibilización de la mujer. Sólo el 15 por ciento de las cooperativas alimentarias convencionales están en propiedad de ellas, cuando su papel en el campo tradicional, y en la agricultura familiar, ha sido siempre protagónico.

Alternativas agroecológicas y sostenibles con precios justos

Frente a este sistema alimentario industrializado surgen numerosas propuestas de producción agroecológica y sostenible de proximidad, cercanos a casa. En este sentido, el programa Llaurant un Futur Sostenible ha recopilado durante estos años más de 20 de propuestas agroecológicas y sostenibles alrededor de la provincia de Castellón, las cuales se pueden descubrir en la web llaurant.com . Se trata de propuestas donde comprar directamente a las y los productores.

La agroecología es un enfoque que busca aportar equilibrio a un sistema de producción y consumo que ha perdido el norte. Un kilo de tomate producido de forma agroecológica en comparación con uno industrial genera “impactos positivos de tipo económicos, sociales, ambientales, y en nuestra salud”, señalan las autoras del informe. Y el precio al que se vende es justo para todos los eslabones de la cadena.

Entre los beneficios de la producción agroecológica de cercanía se cuentan, entre otros, que impide “la concentración de poder en macro empresas” en el mercado alimentario, y esto permite a las personas productoras y consumidoras elegir más libremente. Promueve las condiciones laborales y las prácticas comerciales justas, además de integrar el papel de la mujer en el campo. Y mitiga el cambio climático, gracias al mayor almacenamiento de carbono en los suelos con manejos agroecológicos."                  (Tomás Muñoz , El Salto, 27/01/25)

El cártel de la UE se diseñó para aplastar a los agricultores. Los trabajadores rurales no tenían ninguna posibilidad... la UE se basa en el liberalismo de libre mercado... una vez eliminados los aranceles a los fabricantes, eliminó todos los aranceles... eso significaba la competencia sin trabas de la leche, el queso y el vino importados... Como consecuencia, tradicionalmente la mayoría de los agricultores del sur de Europa -incluidas grandes zonas de Francia, donde las parcelas agrícolas son mucho más pequeñas que, por ejemplo, en Alemania o los Países Bajos- se limitaban a sobrevivir. Mientras tanto, sus colegas del norte obtenían sustanciosos beneficios, recursos y subvenciones. Esto explica por qué los agricultores griegos, españoles, del sur de Italia y franceses siempre han sido los más propensos a bloquear carreteras: hace seis décadas se les ofreció un trato que no servía a sus intereses... pero ahora se están produciendo casos similares en zonas más ricas de la UE, en los Países Bajos y Alemania... causados por una recesión económica europea que dura ya 15 años y que, a mi juicio, puede explicarse enteramente por la inane gestión de la crisis del euro... también es la razón por la que el Pacto Verde de la UE no es más que otra aldea de Potemkin europea, otro producto de la afición de la UE a anunciar grandes cifras que se disuelven bajo un escrutinio más minucioso (Varoufakis)

 "Manos, agricultor de Tesalia de sexta generación, me lo dijo sin rodeos cuando le pedí que me explicara por qué estaba dispuesto a conducir su tractor 400 km hasta Atenas para acampar frente al Parlamento: «Si no lo hago, mi granja pronto caerá en el olvido, al igual que la escuela, la cooperativa, la oficina de correos y la sucursal bancaria de nuestro pueblo».

Su historia no es nueva ni se limita a Grecia. Estamos acostumbrados a que los agricultores franceses, en particular, bloqueen carreteras y exijan un precio significativo a los políticos antes de regresar a su tierra. Ocasionalmente, se ha escenificado una maniobra impresionante en Bruselas, como en 2012, cuando una coalición multinacional de agricultores roció el Parlamento Europeo con toneladas de leche, en protesta por los recortes de las cuotas lácteas de la UE.

La novedad de esta última ronda de protestas de los agricultores es que no son solo los sospechosos habituales los que han tomado las calles de nuestras capitales. Nuestras pantallas de televisión muestran a los agricultores movilizándose en toda la Unión Europea, desde Polonia hasta Irlanda. No estamos acostumbrados a que los agricultores alemanes y holandeses, tradicionalmente mucho más ricos que sus colegas grecolatinos, entren en nuestras ciudades con la pasión -y en el número- que estamos presenciando ahora.

Si preguntas a los campesinos holandeses o alemanes por qué se rebelan, su respuesta es similar a la que me dio Manos: te dirán que su modo de vida, su capacidad para seguir trabajando la tierra, está en peligro. Yo les creo. Pero los agricultores británicos también se enfrentan a una amenaza existencial y no están bloqueando autopistas. Casi la mitad de los productores de frutas y hortalizas del Reino Unido y un tercio de los productores lácteos se enfrentan a la quiebra en menos de dos años. Entonces, ¿por qué no bloquean Piccadilly ni ocupan Trafalgar Square enfurecidos? Las diferencias culturales pueden influir, pero una característica estructural de la UE explica por qué los agricultores europeos se rebelan y los británicos no

En teoría, la UE se basa en el liberalismo de libre mercado; en realidad, empezó siendo un cártel de productores de carbón y acero que, abierta y legalmente, controlaban los precios y la producción mediante una burocracia multinacional. Esa burocracia, la primera Comisión Europea, fue investida de poderes legales y políticos que sustituían a los parlamentos nacionales y a los procesos democráticos. Y su primera tarea fue eliminar todas las restricciones a la circulación y el comercio de acero y carbón entre los Estados miembros. Después de todo, ¿qué sentido tendría un cártel transfronterizo si sus productos fueran detenidos en las fronteras y gravados con impuestos? El segundo paso de Bruselas fue ampliar el alcance del cártel más allá del carbón y el acero, cooptando la industria de productos eléctricos, los fabricantes de automóviles y, por supuesto, la banca. El tercer paso, una vez eliminados los aranceles a los fabricantes, fue eliminar todos los aranceles.

Desgraciadamente, eso significaba, entre otras cosas, la competencia sin trabas de la leche, el queso y el vino importados para los agricultores franceses y alemanes. ¿Cómo podía Bruselas asegurarse el consentimiento de estos agricultores más grandes, más ricos y, por tanto, políticamente más poderosos, a una zona europea de libre comercio? Entregándoles una parte de los beneficios del monopolio del cártel de la industria pesada.

Eso es precisamente lo que era la Política Agrícola Común (PAC). Se puede ver en el Tratado de Roma, que estableció la UE actual: es un contrato entre el cártel de la industria pesada de Europa y los agricultores más ricos de Europa, según el cual la mayor parte del presupuesto europeo, generado por los primeros, se rociaría sobre los segundos. En 2021, la UE destinó 378.000 millones de euros a la PAC: el 31,8% de su presupuesto total para el sexenio 2021-2027. De esta montaña de euros, cerca del 80% acaba en los bolsillos del 20% más rico de los agricultores europeos. Y lo peor es que es difícil ver una salida: estas sumas alucinantes, y su distribución desigual, se basan en el acuerdo de mediados de los años cincuenta que nos dio la UE original; están horneadas en su estructura.

Esa distribución desigual se justificó alegando «productividad». Los grandes terratenientes son mucho más rentables por acre cultivado o por trabajador agrícola. Por ejemplo, según el Financial Times, en 2021, cada trabajador adicional aumentaba el valor neto de una explotación pequeña -definida como una explotación con una producción total de entre 4.000 y 25.000 euros- en unos 7.000 euros. Por el contrario, un trabajador adicional aumentaba el valor neto de una explotación grande (con una producción de más de medio millón de euros) en 55.000 euros.

Como consecuencia, tradicionalmente la mayoría de los agricultores del sur de Europa -incluidas grandes zonas de Francia, donde las parcelas agrícolas son mucho más pequeñas que, por ejemplo, en Alemania o los Países Bajos- se limitaban a sobrevivir. Mientras tanto, sus colegas del norte obtenían sustanciosos beneficios, recursos y subvenciones.

Esto explica por qué los agricultores griegos, españoles, del sur de Italia y franceses siempre han sido los más propensos a bloquear carreteras: hace seis décadas se les ofreció un trato que no servía a sus intereses. Hoy, sin embargo, con la desindustrialización que avanza a buen ritmo incluso en Alemania, el cártel industrial paneuropeo original que debía pagar las generosas subvenciones de los agricultores ricos también está en declive.

En cuanto a agricultores como Manos, una combinación de viejos problemas y nuevas calamidades ha pasado factura. El otoño pasado, la crisis climática hizo una visita a su valle cuando la tormenta Daniel destruyó todo su equipo al sumergir sus tierras en metros de agua, antes de desplazarse hacia el sur para ahogar a miles de personas en Libia. Los habituales retrasos, ridículamente largos, que caracterizan a la burocracia griega hicieron que sus compañías de seguros tardaran en acudir en ayuda de Manos.

Pero una fuente aún más fea de descontento entre sus homólogos son los embargos masivos de explotaciones agrícolas por parte de los numerosos fondos buitre. Aprovechando la prolongada bancarrota de Grecia, han entrado en el país para comprar los préstamos morosos de los agricultores, a cinco céntimos por euro, antes de subastar las tierras. De este modo, los intereses oligárquicos se apoderan de tierras agrícolas fértiles y, con subvenciones y préstamos de Bruselas, las cubren con paneles solares. Los agricultores y los urbanitas griegos pagan un dineral por la electricidad que producen. Y a medida que se exprime a los primeros, el suministro nacional de alimentos se hace más escaso.

Ahora se están produciendo casos similares en zonas más ricas de la UE: en los Países Bajos y Alemania. Aquí hay tres detonantes principales. En primer lugar, tras haber entregado lo que solían ser servicios públicos de electricidad al cártel privado que se esconde tras las casas de subastas holandesas, la UE no hace nada para proteger a los agricultores de los voraces apetitos de los especuladores y rentistas de la energía. En segundo lugar, está la pesadilla burocrática que deben soportar los agricultores antes de solicitar la más mínima prestación, o incluso el derecho a podar un árbol cuyas ramas les pinchen en el ojo al pasar con sus tractores. En tercer lugar, está Ucrania: no sólo el aumento de los costes del combustible y la competencia de importaciones «solidarias» por valor de 13.000 millones de euros sólo el año pasado, sino, lo que es más importante, la perspectiva de que, si el país devastado por la guerra se adhiere a la UE, la mayoría de los países que ahora son receptores netos de fondos de la PAC, incluida Polonia, se convertirán en contribuyentes netos, y sus agricultores se llevarán la peor parte.

Y luego, por supuesto, están los dos elefantes en la habitación. Uno es el Pacto Verde de la UE. Bruselas hace todos los ruidos ambientales correctos, exigiendo medidas ecológicas inmediatas, pero carece de la capacidad para pagarlas. Por ejemplo, la manzana de la discordia de los agricultores neerlandeses: el peligro claro y presente de los nitratos en las capas freáticas, que debe abordarse. Tras décadas haciendo la vista gorda ante el problema, su gobierno -presionado por Bruselas- exigió de repente a los agricultores holandeses que lo solucionaran, entre otras medidas, «erradicando» una de cada tres vacas.

Aún más intratable es el segundo elefante, de mayores dimensiones: una recesión económica europea que dura ya 15 años y que, a mi juicio, puede explicarse enteramente por la inane gestión de la crisis del euro. Esta depresión explica por qué el continente se está desindustrializando. Es la razón por la que la Política Agrícola Común ya no puede respetar el acuerdo original de los años cincuenta entre los cárteles industriales y agrícolas de Europa. Y también es la razón por la que el Pacto Verde de la UE no es más que otra aldea de Potemkin europea, otro producto de la afición de la UE a anunciar grandes cifras que se disuelven bajo un escrutinio más minucioso."

(Yanis Varoufakis , UnHerd, 19/02/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Facua denuncia subidas ilegales en los precios de alimentos con el IVA reducido... La organización también ha cuestionado la "total inacción" del Gobierno para frenar estas irregularidades... el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no ha iniciado ningún expediente sancionador, a pesar de las "numerosas" denuncias presentadas por la asociación

 "FACUA-Consumidores en Acción ha señalado este martes que numerosos productos alimenticios con el IVA reducido han registrado aumentos de precio "ilegales" desde la implementación de la medida en enero del año pasado. La organización también ha cuestionado la "total inacción" del Gobierno para frenar estas irregularidades.

En un comunicado, FACUA ha destacado que la reducción del IVA, diseñada para impedir aumentos en los márgenes de beneficio de los productos incluidos, concluirá este 31 de diciembre. Según el colectivo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha llevado a cabo los controles que prometió al anunciar la medida. 

Asimismo, ha informado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no ha iniciado ningún expediente sancionador, a pesar de las "numerosas" denuncias presentadas por la asociación.

Monitoreo de precios en los productos básicos

El 30 de diciembre, FACUA llevó a cabo un monitoreo de los precios de diversos productos básicos de alimentación incluidos en la rebaja del IVA. El seguimiento abarcó seis grandes cadenas de supermercados: Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

El control se ha realizado a través de su página web y la revisión de las páginas de las cadenas. A principios de enero, la organización volverá a monitorear los precios para verificar si solo se refleja el aumento del impuesto o si se registran incrementos adicionales.

Aceite, huevos y frutas, con nuevos precios desde enero

El aceite de oliva será uno de los productos en los que los consumidores percibirán con mayor fuerza el aumento del IVA, que pasará del 2% al 4%. Este incremento se traducirá en un aumento de 13 céntimos en las botellas de un litro de aceite de oliva virgen extra de marca blanca. Actualmente, el precio en Carrefour y Alcampo es de 6,74 euros, en Mercadona, Dia y Eroski es de 6,75 euros, mientras que en Hipercor se encuentra a 6,89 euros.

El IVA del aceite de girasol aumentará del 7,5% al 10%, lo que implicará un aumento de cuatro céntimos en el precio de la botella de un litro de marcas como Hacendado, Alcampo, Diasol y Carrefour, que actualmente se venden a 1,75 euros.

Las pastas también verán un aumento en su IVA, que pasará del 7,5% al 10%. Así, el paquete de macarrones de 500 gramos, que actualmente tiene un precio medio de 1,32 euros, experimentará un incremento de tres céntimos tras la subida del impuesto. Por otro lado, los huevos, frutas, verduras y hortalizas pasarán del 2% al 4% de IVA a partir del 1 de enero. La malla de cinco kilos de patatas, que actualmente tiene un precio medio de 5,95 euros, verá un incremento de 12 céntimos debido a este ajuste en el impuesto.

La docena de huevos, que actualmente tiene un precio medio de 2,72 euros, experimentará un aumento de cinco céntimos. Por su parte, el kilo de lentejas pardina, que tiene un precio medio de 3,72 euros, se encarecerá en siete céntimos. Asimismo, el kilo de manzanas golden, que actualmente se vende a una media de 1,95 euros, subirá cuatro céntimos.

El aceite de oliva se abarató un 27% en 2024

Desde enero de este año, el precio del aceite de oliva de marcas blancas ha caído un 27%. Esto ha llevado a que el litro de aceite virgen extra de El Corte Inglés, Eroski y Carrefour, que a principios de año se vendía a 9,25 euros, ahora tiene un precio de entre 6,74 y 7,75 euros.

El aceite de girasol, por su parte, ha experimentado un aumento interanual de entre 20 y 30 céntimos por litro. La botella de la marca Hacendado ha subido de 1,45 euros en enero a 1,75 euros, lo que representa un incremento del 20%. Mientras tanto, las marcas Diasol y Carrefour han registrado un aumento del 13%, pasando de 1,55 euros a principios de año a 1,75 euros en la actualidad."                 (Público, 31/12/24)

El sr. Roig, el de Mercadona, cuando se bajó el IVA, no bajó los precios... ahora que se restablece el IVA, sube los precios... Es un perfecto ejemplo de la relación de la oligarquía con el Estado... Los esfuerzos siempre son públicos... Los beneficios siempre son privados (Íñigo Errejón)

Rocio Esteban @RocioEst_

En todas las cajas de Mercadona. El señor Roig justificando la subida que va a realizar próximamente. Cuando se bajó el IVA no se bajaron los precios. Gente en las cajas diciendo que el PG es un sinvergüenza.

10:42 a. m. · 1 oct. 2024 955,3 mil Reproducciones


Íñigo Errejón @ierrejon

Es un perfecto ejemplo de la relación de la oligarquía con el Estado: 

- ¿que se baja el IVA de los alimentos? 

Yo no bajo los precios y aumento mi margen de beneficio 

-¿que se restablece? 

Me veo obligado a subir los precios. 

Los esfuerzos siempre son públicos. 

Los beneficios siempre son privados. (...)

7:35 p. m. · 1 oct. 2024 232,4 mil Reproducciones

Cómo las “cinco grandes” empresas agrícolas prosperan en tiempos de crisis... La concentración desenfrenada en el mercado de productos agrícolas básicos ha permitido que un puñado de empresas maximicen sus beneficios durante una crisis alimentaria mundial... A pesar de que miles de millones de personas se vieron afectadas por la fuerte subida de los precios de los alimentos, estas empresas y su poder de mercado recibieron poca atención... Los Cinco Grandes controlan entre el 70% y el 90% del comercio mundial de cereales comerciales... La especulación de las empresas de comercio de materias primas agrícolas es incluso mayor que la de las petroleras, debido a una concentración más predominante... Haber permitido que las empresas crecieran tanto y que los Estados dependieran tanto de ellas ha reforzado aún más el poder empresarial. En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus discursos

"La concentración desenfrenada del mercado de materias primas agrícolas ha permitido a un puñado de empresas maximizar sus beneficios durante una crisis alimentaria mundial. Los reguladores europeos deben redoblar sus esfuerzos para frenar el perjudicial dominio del mercado, pero sólo una reforma más amplia puede resolver los problemas que ha generado nuestro sistema económico.

En la última década hemos asistido a una extraordinaria expansión de la concentración del mercado en la mayoría de los sectores de la economía. Las cuatro primeras empresas de cualquier sector tienen ahora una cuota de mercado mayor que hace 10 años. Este fuerte aumento de la concentración del mercado está provocando una amplia gama de daños, desde impactos negativos en los consumidores hasta la captura corporativa de los reguladores y pequeños proveedores forzados a endeudarse o a la ejecución hipotecaria. A pesar de que estas cuestiones ocupan los titulares, la atención pública y política a la naturaleza estructural del problema de la concentración del mercado sigue siendo limitada. La crisis de la inflación alimentaria de los últimos años es un ejemplo de ello.

En 2022, aproximadamente una de cada diez personas se acostó con hambre, y el número absoluto de personas con hambre aumentó en 40 millones. Ese mismo año, los beneficios de los cinco mayores comerciantes de materias primas agrícolas se triplicaron en comparación con la media del periodo 2016-2020.

Las «Cinco Grandes» dominan el mercado mundial de materias primas agrícolas, ostentando colectivamente el monopolio de productos básicos como el grano, el maíz, la soja y el azúcar. Las estrategias mediante las cuales alcanzaron y ahora mantienen su posición dominante, incluidas las fusiones y adquisiciones, la integración vertical y las empresas e inversiones conjuntas, son probablemente las que les permitieron aumentar sus márgenes de beneficio de forma tan espectacular durante una crisis alimentaria mundial.

A pesar de que miles de millones de personas se vieron afectadas por la fuerte subida de los precios de los alimentos, estas empresas y su poder de mercado recibieron poca atención. El papel -o el fracaso- de la política de competencia y de la acción reguladora en relación con la crisis alimentaria apenas se ha analizado, aunque las leyes y agencias de competencia son actores centrales en esta historia. Tenían (y siguen teniendo) el potencial de impedir una concentración excesiva del mercado y de desafiar a las empresas que abusan de su posición dominante. Es un potencial que en gran medida no se ha aprovechado.

Las herramientas de la política de competencia están notablemente infrautilizadas. Tomemos el ejemplo de la UE: desde la promulgación del Reglamento de concentraciones de la UE en 1990, sólo se han evitado 88 de las 9.243 fusiones notificadas (es decir, menos del 1%).1 Sesenta de los casos de fusión y adquisición (F&A) que los reguladores europeos consideraron - y aprobaron - implicaban a los «Cinco Grandes» comerciantes de materias primas agrícolas.2 Mientras se escribía este artículo, la UE aprobó otro más: el acuerdo de 34.000 millones de dólares entre los gigantes agrícolas Bunge y Viterra.

La mecánica de la concentración y el dominio del mercado en el comercio de productos básicos agrícolas demuestra que las autoridades de competencia, en la UE y en otros lugares, deben cambiar radicalmente su enfoque para hacer frente a los efectos perjudiciales para la sociedad de la concentración de poder empresarial.
Los actores y su papel

Cinco grandes multinacionales dominan la cadena de valor agrícola: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO) y Louis Dreyfus Company (LDC). Los «Cinco Grandes» se denominan colectivamente ABCCD.

Aunque la mayoría de los productos agrícolas se comercializan en los mercados nacionales, los ABCCD también desempeñan un papel crucial en la conexión entre países. Tradicionalmente, los comerciantes de productos básicos agrícolas se centran en los cereales (trigo, maíz, arroz y maíz), las semillas oleaginosas (palmiste y soja) y otros productos básicos como el azúcar, los zumos de cítricos, el cacao, el café y el algodón4 . Los Cinco Grandes controlan entre el 70% y el 90% del comercio mundial de cereales comerciales.

En Europa, el dominio de los comerciantes pasa a primer plano en relación con la importación de soja. Sólo Bunge y Cargill son responsables de más del 30% de todas las exportaciones de soja de Brasil a Europa y dominan el mercado francés de harina de soja.5 Además, Bunge tiene una clara posición monopolística en algunos mercados. Por ejemplo, es responsable del 90-100% de las ventas de aceite de soja crudo en Portugal, mientras que ADM explota el mayor complejo de transformación y refinado de semillas oleaginosas de Europa.

Los cinco comerciantes de productos básicos agrícolas de la ABCCD lograron beneficios históricamente altos durante el período 2021-2022, cuando los consumidores de todo el mundo se enfrentaban a un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. En comparación con la media del período 2016-2020, durante el cual los precios de los alimentos se mantuvieron relativamente estables, los beneficios netos en 2021 aumentaron entre un 75% y un 260% para todos los comerciantes de productos básicos agrícolas. En 2022, los beneficios netos de los ABCCD fueron entre un 200% y un 300% superiores en comparación con el período estable.

Los elevados beneficios de los comerciantes de productos básicos tienen una clara relación con los precios de los productos básicos agrícolas. Estos han aumentado sustancialmente desde 2021 -y especialmente en 2022- debido a la reacción del mercado de futuros a la invasión rusa de Ucrania. El precio del trigo subió cerca de un 50% en las dos semanas siguientes a la invasión rusa de Ucrania, seguido del aceite de palma (cerca del 25%), el maíz (10% ) y el aceite de soja (10%). (...)

El gráfico anterior muestra la evolución de los precios de los alimentos y los beneficios netos medios de los comerciantes de productos alimentarios. Ambos siguen una tendencia casi idéntica. A partir de 2020, ambos aumentan fuertemente, lo que indica una posible correlación. La mayoría de los comerciantes de productos alimentarios explican el aumento de los beneficios en términos no específicos como «fuerte demanda», «escasez de suministros» o «precios elevados »6.

Si bien los elevados beneficios de estas empresas de comercio de productos básicos podrían reflejar simplemente un aumento de los volúmenes de comercio, el incremento de sus márgenes de beneficio demuestra que las ABCCD aumentaron su capacidad de generar beneficios con sus operaciones. Todas las empresas de comercio de productos básicos agrícolas lograron un margen de beneficio neto mucho mayor para los años 2021-2022 en comparación con los años anteriores. Algunas incluso duplicaron con creces su margen de beneficio neto.

Una investigación realizada en 2023 sobre la inflación de los alimentos en la UE concluyó que parte de la inflación era «inexplicable». La misma investigación señaló que las reducciones de los precios de los productos básicos no habían ayudado a disminuir la tensión de los precios de los alimentos en Europa y que en abril de 2023, «la mayoría de los productos básicos alimentarios [cotizaban] a niveles cercanos o ligeramente superiores a los de 2021.»

Esta observación coincide con el fenómeno de la inflación de los vendedores7 , en el que empresas de diversos sectores utilizaron su poder de mercado para aumentar los precios tras la pandemia del Covid-19 y la crisis ucraniana, no para cubrir sus costes, sino para aumentar sus márgenes de beneficio. El informe sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD de 2022 señalaba que «[l]os mercados de la energía y la alimentación son complejos, están muy concentrados y son propensos a prácticas anticompetitivas, como el abuso de poder de mercado por parte de empresas dominantes o la fijación oligopolística de precios, que pueden provocar un aumento de los precios y una disminución del servicio».

El poder de mercado al que se refiere la UNCTAD se ha acumulado a través de acciones estratégicas deliberadas de las ABCCD, acciones que en gran medida no han sido controladas por los organismos reguladores gubernamentales, incluidos los encargados de abordar las prácticas contrarias a la competencia.

Estrategias para acumular poder de mercado

La investigación de Maarten Hietland y SOMO identificó tres estrategias utilizadas por los ABCCD que les han permitido amasar un poder de mercado tan vasto y adquirir una posición que les permite beneficiarse de los precios más altos y más volátiles de los productos básicos agrícolas.

Consolidación del mercado (fusiones y adquisiciones)

Una de las estrategias para aumentar la concentración del mercado son las fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones permiten a las empresas comerse a la competencia y ampliar su negocio para hacerse con el control de numerosas variables de la cadena de valor, y las ABCCD han llevado a cabo numerosas fusiones y adquisiciones a lo largo de las últimas décadas8.

Aunque las operaciones han sido examinadas, por ejemplo, por los reguladores de la competencia de la UE, apenas se ha intervenido para impedir la consolidación. Los reguladores de la competencia de la UE han evaluado un total de 60 casos de fusiones y adquisiciones relacionadas con los ABCCD desde 19909, de los cuales todos menos uno fueron aprobados sin condiciones. Esto incluye la aprobación de transacciones entre ABCCD, como la aprobación incondicional de la adquisición por Bunge de dos instalaciones europeas de procesamiento de semillas oleaginosas a Cargill10.

En el centro del fracaso de la UE se encuentra, irónicamente, un enfoque estrecho en los precios al consumidor como el principal «daño» o riesgo de las fusiones y adquisiciones. Los reguladores aprueban fusiones que no parecen tener repercusiones negativas inmediatas en los consumidores (o que pueden presentarse como susceptibles de tener repercusiones positivas).

Como subrayó la Dirección General de Competencia de la UE (DG COMP) en el caso de la fusión Bayer/Monsanto, aunque los problemas globales más amplios son de gran importancia en los casos de competencia, «no pueden constituir la base de la evaluación de una fusión». Esto significa que ni siquiera se abordan adecuadamente los riesgos para los consumidores, ya que los efectos acumulativos de la concentración de poder en un sector, como el de las materias primas agrícolas, no siempre son determinantes en las decisiones sobre fusiones y adquisiciones.

La UE no es, ni mucho menos, el único regulador que, en las últimas décadas, ha estado dormido al volante mientras las ABCCD se «fusionaban y adquirían» su camino hacia el dominio del mercado. Aunque los responsables políticos estadounidenses han adoptado recientemente un enfoque algo diferente, tanto ellos como los organismos antimonopolio de muchas regiones han tendido a evaluar las fusiones y adquisiciones que tenían ante sí sin considerar adecuadamente factores más amplios. En particular, existe una falta de supervisión de los comerciantes de materias primas agrícolas a nivel mundial, algo que también ha observado Abdolreza Abbassian, antiguo economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

La consolidación del mercado funciona junto con otras estrategias para crear una posición dominante en el mercado. Las fusiones y adquisiciones permiten la integración horizontal (cuando las empresas adquieren otros negocios similares), y son también uno de los principales mecanismos utilizados para ampliar la integración vertical (cuando una empresa obtiene el control de varias, o todas, las partes de su cadena de valor).

    La UE no es el único regulador que se ha quedado dormido mientras las ABCCD se han «fusionado y adquirido» su camino hacia el dominio del mercado.

Integración vertical

Las ABCCD dominan grandes partes de la cadena de valor, desde el suministro a los agricultores de préstamos, semillas, fertilizantes y pesticidas hasta el almacenamiento, procesamiento y transporte de productos alimentarios. Debido a su tamaño y a su implicación en diversas fases del proceso de producción, estas empresas han ampliado su influencia y control sobre los actores de la cadena de valor. Los agricultores -incluso cuando son técnicamente independientes de las empresas multinacionales- están cada vez más en deuda con ellas y dependen de ellas para plantar y vender cultivos o criar ganado.

Por ejemplo, la adquisición de Monsanto por Bayer creó, en palabras de la DG COMP, «el mayor operador mundial integrado de semillas y pesticidas». El acuerdo Bayer/Monsanto fue, de nuevo en palabras de la DG COMP, «el tercero consecutivo en el sector de las semillas y los pesticidas» tras las fusiones Dow/DuPont y ChemChina/Syngenta.12 Los reguladores europeos ven el problema, pero parecen ciegos a sus implicaciones.

La realidad de las empresas comerciales integradas verticalmente es una tendencia confirmada por el propio sector. Según Sucafina, un comerciante de café con sede en Suiza: «Si nos contentáramos con mantenernos en este tamaño y no estuviéramos integrados verticalmente, acabaríamos siendo adquiridos por alguien. (...) La casa comercial del futuro estará más integrada verticalmente, y gran parte de ello tendrá que venir del lado de la agricultura».

Interconexión

Los cinco comerciantes de productos agrícolas compiten entre sí por cuotas de mercado en determinadas regiones. Se centran en las mismas materias primas y atienden, en cierta medida, a los mismos clientes. Al mismo tiempo, también operan como socios comerciales a través de empresas conjuntas, inversiones conjuntas y cooperación en todo el sector.

Existen muchas empresas conjuntas entre ADM, Bunge, Cargill y LDC. Por ejemplo, el Informe Anual 2022 de LDC enumera las empresas conjuntas con Cargill en terminales portuarias para la exportación de grano y azúcar.13 También tienen inversiones conjuntas. Tanto ADM como Cargill tienen una inversión estratégica en la empresa francesa de biotecnología InnovaFeed SAS, por ejemplo.

Las ABCCD también trabajan juntas para desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, como blockchain. Todas las empresas ABCCD participan en la plataforma de cadena de bloques Covantis. El objetivo de la plataforma es mejorar la comunicación entre los comerciantes de materias primas agrícolas para mejorar los procesos logísticos.

Esta interconexión y cooperación permiten una mayor integración vertical y un amplio control sobre todas las facetas del mercado, y puede posibilitar la fijación de precios, el comportamiento anticompetitivo y la formación de cárteles. Existe una base para tomar en serio estos riesgos al considerar el impacto acumulativo de las estrategias descritas anteriormente y los resultados en materia de precios al consumo observados en 2021-2022.

Riesgo de abuso de posición dominante: señales de alarma

Los ABCCD se han expandido hasta alcanzar posiciones de dominio del mercado. Aunque los reguladores lo han permitido en la mayoría de los casos, se han abierto expedientes contra la mayoría de los ABCCD por comportamiento anticompetitivo. Estos casos, aunque aislados e insuficientes para abordar el desarrollo del excesivo poder de mercado de las empresas, constituyen señales de alarma para los reguladores en relación con la capacidad (y la voluntad) de las ABCCD de abusar de su poder.

En EE.UU., ADM fue acusada de fijación de precios en el sector del cacahuete y pagó un acuerdo de 5 millones de dólares en 2021. Bunge está siendo investigada desde marzo de 2023 por las autoridades rumanas por posible colusión en el mercado del aceite de girasol. Cargill fue acusada en 2022 de violar la legislación antimonopolio por comunicarse indebidamente con otras empresas del sector avícola sobre los salarios y prestaciones de los trabajadores. Junto con otras dos empresas, Cargill negoció con el Departamento de Justicia de EE.UU. y finalmente pagó 84,4 millones de dólares para zanjar las acusaciones. Cargill también ha sido acusada de fijación de precios en Corea del Sur y Estados Unidos.

Todos estos casos son relativamente recientes y existen muy pocos ejemplos en la UE. En la medida en que la UE ha empezado a considerar la posición dominante en el mercado, ha tendido a centrarse en el sector tecnológico. Sin embargo, es posible que se adopten nuevas medidas próximamente. En marzo de 2023, la Comisión Europea anunció que elaboraría nuevas directrices sobre abuso de posición dominante para 2025.

Teniendo en cuenta el poder dominante en el mercado de los comerciantes de productos básicos agrícolas y las pruebas de comportamiento anticompetitivo, los beneficios extraordinarios de 2021-2022 deberían haberse anticipado. Según un estudio de la aseguradora Allianz, hasta el 20% de la inflación alimentaria puede atribuirse a la especulación. La especulación de las empresas de comercio de materias primas agrícolas es incluso mayor que la de las petroleras, debido a una concentración más predominante.

El control monopolístico de las ABCCD sobre la cadena alimentaria les permite influir en los precios y los costes. Su papel en la especulación en los mercados de materias primas alimentarias ha sido expuesto por varios investigadores. Anna Kolesnichenko, de la Fundación Europea de Estudios Progresistas, señaló que, en Europa, la mayor parte del comercio de derivados de materias primas alimentarias (el 95%) se realiza de forma extrabursátil, lo que significa que en gran medida no está regulado.

Además de su enorme tamaño y del poder que conlleva la integración vertical, los ABCCD poseen una inmensa capacidad de almacenamiento de cereales, lo que les permite almacenar alimentos cuando los precios son bajos y venderlos cuando suben. El control que los ABCCD ejercen sobre las distintas partes de las cadenas de suministro alimentario les permite estar bien informados sobre cuándo y dónde cabe esperar escasez de alimentos. En 2022, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) señaló que los comerciantes de productos básicos agrícolas poseen importantes reservas de grano y observó que esta capacidad crea un incentivo para que estos comerciantes «retengan las existencias hasta que se perciba que los precios han tocado techo».

En definitiva, cada elemento de las estrategias de los ABCCD para adquirir posiciones dominantes se entrecruza para facilitar el abuso de posición dominante.

Los daños sociales causados por la concentración de poder de mercado no se deben a una fusión, adquisición o empresa conjunta. Los peligros se deben a la acumulación de poder de mercado.

Los fracasos de la política de competencia a la hora de prevenir y abordar la situación descrita anteriormente reflejan un enfoque estrecho desde hace mucho tiempo en este ámbito político. Pero incluso ahora, cuando se cruza la línea del bienestar del consumidor, hay otros factores que hacen que no se aborde adecuadamente la concentración y el poder masivos del mercado.

La competencia geopolítica entre las naciones por afirmar su dominio económico y salir vencedoras en la transición ecológica ha dado a las narrativas empresariales sobre los riesgos del exceso de regulación un peso aún mayor entre los responsables políticos, muchos de los cuales están inculcados en la lógica económica neoliberal. La recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas de la UE es un ejemplo de ello. Las narrativas corporativas que enmarcan la regulación como un impedimento para la seguridad energética y el empleo en Europa condujeron a cláusulas que permiten exenciones regulatorias para proyectos minerales estratégicos, comprometiendo las salvaguardas medioambientales.

Haber permitido que las empresas crecieran tanto y que los Estados dependieran tanto de ellas ha reforzado aún más el poder empresarial. En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus discursos.

Sin embargo, también existe la oportunidad de abordar los problemas, sobre todo allí donde los reguladores de la competencia están viendo los daños y despertando al potencial latente de la competencia y las herramientas antimonopolio para combatir el poder empresarial desmesurado. La crisis alimentaria y de la inflación ha sido un toque de clarín para que no nos fijemos sólo en los precios al consumo, sino en el panorama acumulativo y global del dominio del mercado y el poder empresarial. ¿Será atendida esta llamada, o será el propio poder empresarial que las autoridades de la competencia deberían controlar la herramienta utilizada contra ellas?

En el momento de redactar este artículo estaba sobre la mesa una prueba clave: la fusión entre los gigantes de las materias primas agrícolas Viterra y Bunge. La operación no tiene precedentes en el sector agrícola mundial y acercará a la nueva empresa al tamaño de ADM y Cargill. Reforzará aún más la posición dominante de los ABCCD en el mercado.

En abril, la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá declaró que era probable que la fusión tuviera efectos anticompetitivos sustanciales en los mercados agrícolas canadienses. A pesar de estas preocupaciones, Viterra y Bunge confiaban en que la operación se llevaría a cabo.

La Comisión Europea recibió la notificación de la fusión el 14 de junio. El 1 de agosto, la Comisión dio su visto bueno sin iniciar una investigación más profunda. Dados los riesgos y la preocupación pública de la sociedad civil por la operación, el hecho de que la Comisión no profundizara en ella fue una gran decepción. Sin embargo, no fue inesperado. La proporción de investigaciones en profundidad establecidas por el regulador de la UE después de que se le haya notificado un proyecto de fusión ha disminuido, pasando de más del 9% en la década de 1990 a menos del 2% en 2023.

La fusión necesita ahora la aprobación de las autoridades canadienses y chinas. Aunque se sabe poco de la situación en China, las asociaciones de agricultores de Canadá han protestado enérgicamente contra el acuerdo. No obstante, todo parece indicar que la fusión seguirá adelante.

    'En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus narrativas.'

Una economía diferente

Tras las lecciones de 2021-2022, el caso Bunge-Viterra subraya enfáticamente el fracaso de los enfoques poco sistemáticos de la política de competencia frente a los desafíos del poder corporativo mundial.

Para abordar la situación de manera significativa, necesitamos un cambio de paradigma. Una aplicación más enérgica de las leyes de competencia y antimonopolio puede suponer un gran avance; sin duda, mucho más que en la actualidad. Debería reconsiderarse el estrecho enfoque que se utiliza actualmente para evaluar las fusiones y adquisiciones y examinar los casos de abuso de posición dominante. Hay muchas pruebas de que los daños sociales acumulativos y amplios se extienden más allá de las jurisdicciones individuales, lo suficiente como para justificar una acción más enérgica y, cuando sea necesario, enmiendas a la orientación y la legislación en materia de competencia.

Pero al final, se necesita más. La ley de competencia, por muy bien que se aplique, no puede resolver el problema por completo. La concentración de poder corporativo se ha expandido dramáticamente en las últimas décadas y necesita ser revertida a través de una acción legal deliberada. También debemos desmantelar las estructuras y los incentivos que impulsan la concentración del mercado en primer lugar. El «crecimiento a toda costa» es una creencia fundamental de la mayoría de las multinacionales y, al servicio de esta creencia, han promovido un edificio de leyes fiscales, de inversión y comerciales, todas las cuales -fuera o no la intención de los gobiernos- promueven el crecimiento y la concentración (de beneficios, valor para los accionistas y poder).

Unas barandillas sólidas pueden limitar el poder corporativo, pero no las presiones hacia su creación. La contención no puede ser la única estrategia. Para abordar realmente los problemas que ha generado nuestro sistema económico, debemos plantearnos reformas más amplias de todo el sistema. Una economía basada en los principios del decrecimiento y la descolonización es, en última instancia, el antídoto contra el poder empresarial concentrado y generador de desigualdades."

(Audrey Gaughran es directora ejecutiva del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO). Çağrı Çavuş es investigador de SOMO y se especializa en políticas de competencia y regulación de los mercados digitales. Vincent Kiezebrink es investigador de SOMO e investiga una amplia gama de cuestiones relacionadas con el poder corporativo, incluidas las cadenas de suministro de materias primas y la evasión fiscal. Brave New Europe, 28/08/24, traducción DEEPL, gráficos, notas y enlaces en el original, fuente Green European Journal)