Extremadura tendrá la primera fábrica de baterías del sur de Europa

 "Badajoz tendrá a partir de 2023, si se cumplen los calendarios, la primera fábrica de celdas para baterías del sur de Europa gracias a un proyecto liderado por la compañía española Phi4tech que ha contado con acompañamiento del Gobierno y de la Junta de Extremadura. 

Su producción no se centrará en fabricantes de automóviles —sus primeros clientes están vinculados a los centros de datos y a generación de energías renovables—, pero arrancará una mina de litio y una fábrica de cátodos en la comunidad, donde se esperan inversiones por 1.000 millones de euros.

El proyecto anunciado este miércoles no es la gigafactoría que el Grupo Volkswagen, junto al Gobierno, sopesa instalar en España para proveer de baterías a los vehículos eléctricos que tiene intención de fabricar a partir de 2025 en la fábrica de Seat de Martorell. Pero sus 10 gigavatios (GW) de potencia, una capacidad muy inferior a la que el consorcio alemán tiene en mente levantar en el continente europeo (unos 60 GW de potencia), servirá para poner en marcha todo el proceso que queda de la fabricación de baterías: la explotación de minas de litio y otros minerales, operadas por Lythium España, y una fábrica de cátodos para preparar el mineral como fuente de almacenamiento energético.

 En conjunto, las cifras de inversión que mueve todo el proyecto impulsado por el grupo Phi4tech, un grupo de empresas de I+D centrado en la tecnología y con filiales en diversos ámbitos, asciende a los 1.000 millones de euros. Su consejero delegado, Mario Celdrán, aseguró que ya está asegurada el 60% de la inversión y que se tendrán que buscar otras fórmulas de financiación. El Gobierno quiere introducir el proyecto extremeño en la primera propuesta que lleve a Bruselas para captar recursos europeos para la reactivación económica, en el mismo paquete en el que introducirá el consorcio con el que construir otra fábrica de baterías junto a Seat e Iberdrola.

La escalabilidad del proyecto permitirá ir dando volumen a la fábrica de baterías con el tiempo, en función de los recursos disponibles y de la demanda de celdas por parte de los clientes. El hito más inmediato es poner en marcha la primera fase dentro de dos años, con una capacidad de dos gigavatios hora al año, tras haber invertido en esas instalaciones 80 millones de euros. Para entonces trabajarán 200 personas. En 2025 se podrían alcanzar ya los 10 GW marcados como objetivo, lo que elevaría la inversión a 400 millones de euros. Y no se descarta que incluso se pueda duplicar esa potencia instalada.

 De momento, ya se ha cerrado un acuerdo para levantar ese complejo sobre una superficie de 177.000 metros cuadrados en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de Badajoz. La propuesta de Phi4tech para esta planta es crear un híbrido de batería y supercondensador de última generación, cuyo prototipo ya está adelantado en su sede de Noblejas (Toledo). Ese híbrido asegura “la carga rápida, una alta durabilidad y una química extremadamente favorable con la mejor ratio carga/descarga del mercado”, según explicó Celdrán.

Pero el proyecto presentado este miércoles en la sede de la Junta de Extremadura va mucho más allá de esa fábrica. El litio necesario se extraerá de las minas de Las Navas (Cáceres) y se prevé extraer otros minerales (entre ellos, cobalto, níquel y oro) del yacimiento de Aguablanca. Phi4tech, además, construirá una fábrica de cátodos también en Cáceres para tratar el mineral. La inversión en las minas supera los 350 millones de euros y la fábrica de cátodos supondrá un desembolso de otros 200 millones, por lo que el conjunto del denominado proyecto integral de almacenamiento energético de Extremadura contempla unas inversiones totales de en torno a los 1.000 millones de euros y la generación de 1.600 empleos.

“Es el proyecto más integrador de Europa”, defendió este miércoles el consejero delegado de Phi4Tech, quien destacó que la relevancia del proyecto es que desde la extracción minera hasta la transformación del litio y la fabricación final de las celdas se quedarán en Extremadura, cuyas administraciones temían que la comunidad solo pudiera participar en un proyecto de baterías con la aportación del litio de su subsuelo.

El secretario general de Industria, Raül Blanco, quien participó en el acto de presentación a través de videoconferencia, calificó la noticia como “excelente” y subrayó que el proyecto sitúa Extremadura como “centro industrial tecnológico y elemento clave” para que Europa logre “la soberanía industrial” que la Unión Europea demanda. UGT FICA aplaudió también la “muy buena noticia para Extremadura”, al considerar que una inversión de ese tipo contribuirá “decididamente” a la creación de tejido industrial y al crecimiento económico de la comunidad.

Fernández Vara: “Le pedimos a España que nos deje volar”

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aprovechó el acto de presentación del proyecto para fijar la fecha de este miércoles como el “comienzo de un nuevo tiempo”. “Extremadura ve cómo la revolución industrial del siglo XXI llega en primer lugar”, añadió antes de deslizar al Gobierno una petición para que Extremadura pugne en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas por proyectos económico-empresariales: “Le pedimos a España que nos deje volar; que no nos corten las alas y que nos traten en las mismas condiciones que a los demás en la toma de decisiones”.(...)"             (Dani Cordero|Hugo Gutiérrez , El País, 24/03/21)

Por un plan nacional de reindustrialización... creando 2 millones de empleos con una inversión de 100.000 millones que proveería la banca pública

"(...) Recortes Cero tenemos una alternativa global de redistribución y una propuesta económica completa (...) La necesidad de un  plan nacional de reindustrialización y de reconstrucción integral del tejido productivo que genere dos millones de puestos de trabajo productivos,  que sea sostenible y de acuerdo a un modelo ecológico.(...)

Este proyecto  nos exige una inversión de 100.000 millones de euros, una gran inversión, porque crear un puesto de trabajo industrial tiene un coste de 50.000 euros, es  un coste elevado pero una vez creado genera nueva riqueza. Este es uno de los elementos clave de un proyecto de redistribución de la riqueza, porque para redistribuir hay que generar. 

Hay que tener claro que cualquier respuesta a la recesión de tipo parcial que genere puestos de trabajo precarios, eventuales o burocráticos será “migas para hoy y hambre para mañana”

¿CÓMO GENERAR EMPLEO PRODUCTIVO SIN AUMENTAR LA DEUDA?

No  hay que pedir ningún crédito ni al Banco Central Europeo, ni a nadie, lo que necesitamos es crear una gran banca pública con el dinero de las cajas y bancos rescatados.  Esto no es solo una cuestión de justicia, porque los bancos fueron  rescatados con dinero público que pertenece al conjunto de los españoles, sino que también   hace referencia a qué proyecto de país necesitamos.  

Queremos una gran banca pública para reactivar el crédito a la inversión y el consumo, para invertir en industrias y sectores estratégicos, invirtiendo en I+D para acabar con la dependencia del ladrillo, o del turismo. Queremos una banca pública para llevar adelante un plan que diversifique los sectores industriales contra el “monocultivo industrial” por ejemplo en el automóvil y que potencie una industria nacional que no esté expuesta, como en estos momentos pasa con la FORD de Almussafes, a que un monopolio extranjero decida reducir el 60% de la plantilla. 

Con más de 100 mil millones en depósitos, crear este banco estatal significaría disponer de un potentísimo brazo financiero público capaz de jugar un papel de primer orden en el desarrollo y orientación de la economía española. 

El Gobierno tendría la capacidad de dirigir todos sus enormes recursos financieros hacia las necesidades del país, al contrario de lo que ocurre ahora, donde los principales bancos actúan de acuerdo exclusivamente a sus intereses, perjudicando gravemente los intereses nacionales y de nuestro pueblo. (...)"                (Nuria Suárez, portavoz de Recortes Cero, De Verdad digital, 20/12/19)

Hacia una nueva política industrial en España

"(...) se requiere repensar el enfoque de la política industrial y, más aún, a la luz de los cambios que están teniendo lugar en Europa, en ciertos casos presionados por las acciones de China. Por el momento, parece que se sigue con una visión obsoleta y pasiva de la política industrial, cuyos resultados han contribuido a la desindustrialización del país.  (...)

En definitiva, convendría que no se repitiese la falta de ideas o la aplicación de un enfoque con un corte ideológico alejado de la realidad del país, elementos ambos que ha caracterizado a los gobiernos españoles tras la cortina (o supuesta defensa) de una política industrial pasiva.

 

La nueva política industrial requiere primeramente poner en práctica una integración de las políticas de demanda con las de oferta (estructural). Sin embargo, desde el punto de análisis de este trabajo, se insistirá más en la faceta sectorial-industrial. Esta requiere en su diseño contemplar dos dimensiones que han de aparecer integradas. 

La primera, de carácter vertical, en la que se determinen las prioridades del gobierno y, en definitiva, las del país. Esto requiere un análisis de perspectiva, al menos a 10 años vista. Es decir, es preciso no enunciar el objetivo de estimular la competitividad, sino indicar en qué sectores podemos ser más competitivos o por qué sectores debería apostarse para ser competitivos, teniendo como referencia la década siguiente. 

A título de ejemplo, algunas de las prioridades que podrían considerarse serían las de la industria de la moda (con efectos de arrastre en textil, confección, cuero, calzado o cosmética); aerospacial (donde la integración en cadenas internacionales de valor europeas podría tener gran trascendencia y pudiendo impulsar la industria de materiales especiales, incluyendo ciertas actividades relacionadas con productos metálicos); naval (en este ámbito, la de tipo militar sería estratégica); o radioelectrónica y telecomunicaciones (en ésta prioridad se incluiría de manera preferencial los aspectos de ciberseguridad). 

La potenciación de reconstrucciones de edificios equilibrados medioambientalmente, la dotación de infraestructuras para recargas de vehículos eléctricos o el estímulo de las energías eólica y solares podrían ser interesantes, pero pueden tener severas limitaciones en su capacidad de arrastre de otros sectores industriales nacionales, puesto que la mayoría de los componentes parece que procederían del extranjero. 

 En estos últimos casos, su estímulo podría estar más orientado a facilidades regulativas para estimular que la iniciativa privada entrase por interés propio y, quizá, en el mejor de los casos, podría estimularse el desarrollo de ciertas ingenierías.

La segunda es la dimensión horizontal, consistente en el establecimiento de los estímulos para implicar a los diferentes agentes sociales en el cumplimiento de las prioridades establecidas. 

Esto significa especificar las formas de intervención directa del Estado (empresas estatales o bancos estatales – en este último caso, mantenimiento de Bankia en manos del Estado como instrumento para promocionar una política industrial activa, al tiempo como establecerse en un eje para mejorar el nivel de competencia en el sector bancario) y determinar las empresas o grupos de empresas privadas implicadas en las prioridades del desarrollo económico. 

Respecto a la participación del Estado, no sólo deberán establecerse las administraciones del Estado central implicadas (como genéricamente se ha apuntado en algunas de la agendas sectoriales actuales), sino que se implicará a los gobiernos autonómicos. En este ámbito, se debería cambiar parte de la financiación regional, es decir, condicionar los flujos financieros de la administración central a las autonómicas a la adhesión de estas últimas a las prioridades industriales (concediendo mayor financiación si se ajustan a las prelaciones establecidas y restándola cuando no se atengan a éstas).

 En cuanto a las empresas privadas, se determinarían entidades individuales o grupos de ellas, forjando “clusters prioritarios”. Los núcleos centrales serían privados, aunque en ciertos casos podrían ser públicos-privados (generando nuevas formas de colaboración público-privado). A las empresas líderes se les abrirían líneas especiales de apoyo, tanto financieras como en especie, donde se incluirían sus actividades y se fomentaría la integración-colaboración con otras empresas privadas, estimulando los efectos de arrastre productivo.

En conclusión, en las actuales circunstancias, se requiere acometer una nueva política industrial. Esta se caracterizaría, por un lado, por el establecimiento de prioridades a largo plazo, por otro lado, por la actividad de Estado, determinando las mencionadas líneas de desarrollo y apoyos explícitos (financieros y en especie) y, finalmente, por el establecimiento de una nueva colaboración público-privada para conseguir la puesta en práctica de la mencionada política industrial."          

 (Antonio Sánchez Andrés (Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia). La paradoja de Kaldor, 19/11/19

Hacia un ecosistema español de Inteligencia Artificial: una propuesta

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"La Inteligencia Artificial (IA) no es una tecnología más o una actividad que afecte sólo al ámbito académico y científico. Es una tecnología crítica para la transformación y la economía digital, por lo que su disponibilidad o carencia afecta al bienestar, prosperidad e igualdad de la sociedad española.

Este informe pretende contribuir a un debate verdaderamente “español”, transversal, con propuestas para la construcción de un ecosistema español de IA en el que participen las administraciones públicas, las empresas, el mundo académico y la sociedad. 

También, se trata de engarzar ese ecosistema español con el ecosistema europeo y con el resto de los actores o ecosistemas internacionales. No es una estrategia nacional de IA que le corresponda al Gobierno impulsar, en línea con otros países y con lo que pide la Comisión Europea, sino una propuesta para la creación de un entorno que facilite la creación, desarrollo y sostenibilidad de esa estrategia.

Como señala la Comisión Europea, el éxito de la coordinación de la IA descansa sobre  tres pilares: (1) aumentar las inversiones públicas y privadas en IA; (2) prepararse para los cambios socioeconómicos; y (3) garantizar un marco ético y legal adecuado. 

Ninguno de estos pilares se puede construir con un enfoque exclusivamente gubernamental sino con uno ecosistémico. España dispone de actores y conocimiento especializados en IA, pero le falta un modelo de coordinación, por lo que precisa articular un ecosistema que corrija esa carencia. 

El Gobierno precisa asociarse con el resto de los actores del ecosistema para maximizar su potencial interno y aprovechar las oportunidades de cooperación en marcos multilaterales (como la UE) o bilaterales (como el acuerdo franco-alemán sobre IA) en Europa y fuera de ella. Siendo interdependientes, el ecosistema debe ser inclusivo y permitir la participación de las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y municipales, así como la de los sectores económicos, académicos o sociales implicadas en el desarrollo de la IA.

Para señalar objetivos estratégicos y prioridades de IA es necesario desarrollar una capacidad de inteligencia estratégica en IA que permita analizar el estado, necesidades y opciones de la IA española. El mejor conocimiento posible del estado de la IA es imprescindible para que el análisis estratégico pueda identificar y seleccionar los nichos y cadenas de valor donde aplicar la IA con mayor impacto sobre sus objetivos públicos y privados. 

La prioridad de esta inteligencia estratégica, recogida y procesada por el ecosistema, consiste en estar pendiente de lo que va a venir en IA y no sólo en sacar partido de lo que ya existe, en conocer qué áreas debe desarrollar y cuáles consumir. Toda estrategia española en IA debe ser coherente con una visión de país y con otros ecosistemas y estrategias tecnológicas elaboradas o en elaboración.

La mayoría de las estrategias conocidas apuestan por concentrar los esfuerzos nacionales de IA en la prestación de servicios públicos preferentes y en la producción de alto valor añadido, en lugar de dispersar los recursos limitados en desarrollos de carácter genérico. Su necesidad es más urgente en los sectores públicos o privados ya digitalizados que disponen de datos suficientes para permitir la aplicación de la IA.

 El ecosistema ha de ser capaz de integrar capacidades de conocimiento con capacidades industriales y sociales. Sus esfuerzos deberían centrarse en impulsar plataformas industriales que utilicen la IA como elemento competitivo de sus negocios y en la prestación de servicios públicos con un gran impacto social.

El desarrollo, captación y retención de talento es crítica, especialmente cuando escasea, no sólo en España, sino en el conjunto de Europa y del mundo. La carencia de talento afecta a la investigación y desarrollo en IA, a la adaptación y reciclaje de los directivos y empleados de las empresas e industrias digitales y, finalmente, a todos los niveles educativos. 

Para atender las necesidades más urgentes, el ecosistema deberá comenzar por mejorar las condiciones laborales y económicas del talento dedicado a la investigación, creando y financiando un hub de IA que asegure una masa crítica de investigadores de alto nivel para cubrir las necesidades básicas.

 La articulación permitiría disponer de un Centro de Excelencia, aunque sea en red, como los elaborados en otros ámbitos de la digitalización, que añaden valor al desarrollo de la IA del ecosistema compartiendo talento y financiación. También aportarían a los investigadores mayor remuneración y estabilidad profesional, así como una mejor conexión con el mundo empresarial con el que suelen están poco conectados. Posteriormente, el ecosistema deberá financiar y formar el talento necesario para facilitar la distribución de la IA a los servicios públicos y a las empresas, así como para integrarla en todos los sistemas y niveles educativos y de formación.

La inversión en IA comprende un amplio abanico de inversiones públicas y privadas, tanto para inversión, desarrollo e innovación de IA, como para su consumo mediante compra pública o privada. La Comisión Europea propone que la UE en su conjunto invierta 20.000 millones de euros al año entre 2021 y 2027 en I+D en IA, tanto público como privado. La financiación comunitaria, complementaria de la nacional, se establecería como mínimo en 7.000 millones para el período.

España debería adoptar un compromiso de llegar en un plazo de tres a cinco años a una inversión pública y privada en torno a 200 millones de euros anuales. Se podría pedir un mandato al Gobierno o al Parlamento para facilitar la presupuestación plurianual. El sector privado debe participar notablemente en el esfuerzo inversor, porque no puede esperar que el sector público invierta en la IA que precisan sus intereses de negocio; al igual que el sector público no puede esperar que el sector privado atienda intereses que estén fuera del mercado. La corresponsabilidad en el ecosistema facilita compartir riesgos e inversiones, también por medio de la habilitación de incentivos fiscales.

El desarrollo de la IA precisa la construcción de un relato que permita conocer su trascendencia para la prosperidad y bienestar de la sociedad. El relato de la Estrategia debe hacer hincapié en las oportunidades que la IA crea para el bienestar de los ciudadanos, los servicios públicos y la competitividad de la economía y abordar los retos incluyendo posibles soluciones. Sin hacerlo, la comunicación estratégica de la IA convertirá a la inteligencia artificial en un asunto exclusivamente de competitividad científico-tecnológica o económica. Este relato informativo debe completarse con la construcción de una reputación solvente de marca, articulando la capacidad científica del ecosistema con una gestión eficaz, un liderazgo claro y el respaldo político y social.

El ecosistema debe ser inclusivo, incluido en materia social y de género, y transparente. El carácter público o privado no afecta a la inclusividad porque la cooperación en red del ecosistema es pública-pública, privada-privada  y  público-privada  simultáneamente. La transparencia es, además, imprescindible cuando la IA afecta a derechos, libertades y expectativas de vida de gran parte de la población, por lo que un ecosistema tiene la responsabilidad social de la transparencia hacia afuera y hacia adentro del mismo. Siendo inclusivo y transparente, el ecosistema puede intermediar el diálogo social desde el principio incorporando disciplinas no asociadas a la IA que enriquezcan el debate ético, moral y social, facilitando la “explicabilidad” de la IA.

En cuanto a su gobernanza, el ecosistema necesita impulso político, que en el sistema español significa desde Presidencia del Gobierno, y quizá la constitución de un ministerio que agrupara estas y otras competencias. El ecosistema debe contar con un nivel “estratégico” potente, con un alto comisionado o similar y un consejo de autoridades públicas y privadas, además de un nivel operativo o técnico (que podría incluir un CDTI-IA) y otro táctico. Para agilizar la adopción de decisiones, el ecosistema deberá funcionar como un nodo, relacionándose con otros ecosistemas y plataformas (multinodal) y con los distintos niveles de decisión (multinivel) en red para eludir bloqueos.

Por razones de tamaño y de inversión científica y tecnológica, la autonomía estratégica de la IA española no puede sólo depender de un ecosistema nacional. La integración es necesaria en el ecosistema europeo, a cuyo grupo motor franco-alemán ha de unirse España, pero no suficiente porque existen otros ecosistemas más avanzados con los que se debe colaborar y buscar asociaciones estratégicas. 

Los intereses y necesidades españoles en materia de IA le han de llevar a cooperar con el ecosistema más dinámico y potente en materia de IA como es el de EEUU, aprovechando la presencia de grandes empresas estadounidenses y su imbricación en la economía española, pero no debe descartar la cooperación con los de otros países –China incluida– o tender puentes (de forma autónoma y/o europea) con los ecosistemas de IA de América Latina y de África."                

(Félix Arteaga, Investigador principal del Real Instituto Elcano; Andrés Ortega, Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano, Real Instituto Elcano, Policy Paper 4/2019 - 13/6/2019)

¿Montamos una cooperativa de plataforma? La Pájara Mensajería, Coopcycle, Som Mobilitat y Fairbnb son algunos de los proyectos cooperativos que han nacido para ofrecer una alternativa social a las economías de plataforma... Fairbnb es una plataforma de alquiler de pisos para temporadas cortas de la que solo forman parte alojamientos éticos...

"A pesar de que la mayoría de las mal llamadas empresas de economía colaborativa, como Uber, Glovo, Deliveroo o Airbnb, tienen trabajadores y trabajadoras no reconocidos, a pesar de que los conflictos sociales que generan tensionan las relaciones entre gobiernos locales y sectores laborales, a pesar de que la turistificación está echando a la gente de sus casas, a pesar de que detrás están las fortunas más grandes del mundo…, a pesar de todo esto, la actividad empresarial de las plataformas va viento en popa y las personas y colectivos afectados cada vez son más. 

Pero hay gente que ha dicho basta. De manera lenta, pero firme, van surgiendo iniciativas locales y globales basadas en la autogestión, de impacto positivo y bajo formas empresariales cooperativistas. Tenemos ejemplos en todos los ramos: Som Mobilitat —una cooperativa de car sharing eléctrico—, Fairbnb —el Airbnb justo—, La Pájara Ciclomensajería —una cooperativa de reparto en bicicleta compuesta por algunos exglovers y otros ciclistas que luchan por sus derechos y que quieren gestionar su propio proyecto— o Coopcycle —la plataforma europea de software libre dedicado únicamente a cooperativas para la gestión de entregas en bicicleta—. 

Todos ellos son proyectos que han surgido como una alternativa a la plataformización de la economía basada en la explotación laboral, de datos y de capital. 

 Las distintas iniciativas tienen algo en común: las personas que las conforman, hartas de las prácticas extractivistas de la economía capitalista de plataforma, han decidido optar por la intercooperación, por el tejido de redes entre las distintas alternativas que se enraízan en lo local y dignifican el trabajo, y por formas de gobernanza horizontales en las que se sigue el principio de una persona, un voto. 

En el caso de La Pájara Ciclomensajería, algunos de sus miembros han sido o siguen siendo riders de Glovo o Deliveroo hasta que el proyecto sea sostenible. Surgió como una alternativa de autoempleo para personas que trabajaban como ciclomensajeras y que buscaban estabilidad y unos derechos laborales que en las plataformas mainstream no existen.

 “Las plataformas son una picadora de carne. Gente entra, gente sale, y esto lo que hace es que se acabe mermando derechos, porque todo el mundo es autónomo y nadie lucha porque nadie va a durar lo suficiente”, comenta Kike Medina Galán, uno de los fundadores de La Pájara. “No te pagan bajas, cuando es un trabajo de riesgo, y no hay seguros”, afirma el rider. Por ahora son cinco personas trabajando y buscando una red de colaboradores para realizar sus entregas. 

En La Pájara se comunican con sus colaboradores a través de una aplicación móvil promovida por CoopCycle, la federación europea de cooperativas de entrega por bicicleta, que se puso manos a la obra en respuesta a la uberización del trabajo. “Coopcycle es una plataforma de código abierto para ciclomensajería en la que somos copropietarios y codesarrolladores. Si vemos un error, lo reportamos. La plataforma está en constante desarrollo y nos sirve a todas las cooperativas de ciclorreparto”, comenta Medina. 

En la actualidad, 21 cooperativas funcionan con este software en Francia, España, Bélgica, Reino Unido y Alemania. Fue lanzado desde Francia ante la inminente necesidad de asociarse para compartir información y buenas prácticas para lanzar y gestionar una cooperativa de reparto en bicicleta. Los beneficios del trabajo en red son claros: el trabajo colectivo ayuda a abaratar costes comprando a granel mochilas de reparto o cargos, por ejemplo, y desarrollando una plataforma común para recibir pedidos y simplificar el trabajo. 

Amélie es una de las cofundadoras de Traboulotte, el primer colectivo tecnológico de reparto de comida a domicilio que utilizó Coopcycle en Francia. “Estamos mano a mano con restaurantes que quieren trabajar y formar parte de sistemas más éticos de reparto. La principal diferencia [con las plataformas de capital] es que nosotros decidimos cuánto y cómo vamos a cobrar —según la hora que sea, el tipo de pedido, si llueve o si es fin de semana—, decidimos con quién trabajamos —eliminamos partners que nos falten al respeto— y decidimos también la forma en que la plataforma funciona, lo discutimos con el resto de ciclocooperativas y lo cambiamos si llegamos a un acuerdo”, afirma la ciclomensajera. 

Al igual que Traboulotte, los colaboradores de La Pájara son los restaurantes y empresas a los que les hacen los repartos. “Nos referimos a ellos como colaboradores porque, al final, es una colaboración: si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros”, afirman desde La Pájara. 

Otro proyecto también sobre movilidad, pero en este caso en coche eléctrico, es Som Mobilitat. La cooperativa tiene por objetivo ayudar a la gente a realizar una movilidad más sostenible. Surgió en julio de 2016, tras un año de exploración y trabajo voluntario, y en la actualidad cuenta con un equipo técnico de diez personas y alrededor de 1.300 socios, de los cuales aproximadamente 800 son personas usuarias de los coches eléctricos. Está organizada por grupos locales de movilidad y el trabajo se distribuye entre el equipo técnico y las personas socias de la cooperativa.

La cooperativa va viento en popa. En la actualidad están presentes en once municipios y tienen 25 coches eléctricos socializados. Su modelo de negocio es el alquiler de los coches a las personas que forman parte de la cooperativa. Los fondos para comprar los coches se consiguen a través de tres vías: el financiamiento colectivo, la compra por parte de una entidad pública y la compra por parte de una empresa privada. En estos dos últimos casos, Som Mobilitat tiene acceso a los coches por las tardes y los fines de semana, y la entidad pública o privada de lunes a viernes en horario laboral. 

El financiamiento colectivo se remunera con un interés del 3% a las personas que han participado en la financiación de los coches. “Lo que queremos es cambiar el paradigma de ‘cien vecinos, cien coches’. La movilidad y la energía son temas críticos y estratégicos, y en el futuro va a estar en manos de las corporaciones. Como ciudadanía, nos tenemos que empoderar para que no nos digan cómo nos tenemos que mover”, afirma Ricard Jornet, uno de sus fundadores. 

El alojamiento también tiene su alternativa. Fairbnb es una plataforma de alquiler de pisos para temporadas cortas de la que solo forman parte alojamientos éticos y cuya gobernanza está basada en la toma de decisiones de forma distribuida. Surgió simultáneamente en Venecia y Ámsterdam, dos de las ciudades más afectadas por el fenómeno de la turistificación a nivel europeo. “Nace como respuesta a un problema en esas ciudades: pérdida del derecho a la vivienda, subidas de alquiler, pérdida de entidad local.

En Ámsterdam se reunió Fair Amsterdam y se nos ocurrió la idea de construir una alternativa que planteara una solución, una alternativa que, desde lo cooperativo, no se olvide del territorio”, dice Jonathan Reyes, uno de los fundadores de Fairbnb. Sus datos son transparentes y están a disposición de las administraciones locales que los soliciten para garantizar que tan solo alquilan casas que han sido previamente legalizadas. Además, cuentan con el principio one host, one home (un usuario, una casa) como forma de prevenir la concentración de muchas casas de la red en pocas manos, tal y como ocurre con Airbnb.

Parar las prácticas extractivistas que no aportan nada al territorio es uno de los principios bajo los que funcionan estas iniciativas. “Estamos participando en la creación del tejido local, de un entramado, una red, y entre todos vamos apoyándonos y creciendo. Todo lo hacemos de cara a un consumo responsable y a un servicio más ético y a que nadie en las cadenas de producción y consumo esté explotado por sus condiciones laborales”, afirma Medina, de La Pájara. Esta, además de un proyecto de autoempleo de ciclorreparto, es la finalidad de su cooperativa. 

Fairbnb también está trabajando en esta dirección. La imagen del turista que llega haciendo ruido con su maletita de ruedas, visita los locales typical Spanish y abandona la ciudad dejando tras de sí alquileres encarecidos no cuadra con esta cooperativa. El 50% de la comisión del servicio de alquiler se dona a proyectos sociales locales elegidos por las personas participantes en el intercambio, tanto vecinas como viajeras.

 “Queremos revertir el proceso de la mal llamada economía colaborativa, que se olvida del territorio”, afirma Reyes. Los proyectos tienen que ser comunitarios y tener una entidad legal y jurídica para poder recibir fondos. “Se priorizan aquellos que ayudan a combatir la gentrificación y proteger el derecho a la vivienda”, sentencia el miembro de Fairbnb. 

El trabajo en red forma parte del ADN de muchas de estas iniciativas. Pam a Pam, de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) —Red de Economía Solidaria— de Cataluña, significa en español palmo a palmo. Su nombre hace referencia al mapeo, palmo a palmo y colaborativo, de proyectos de economía solidaria en el territorio catalán que llevan a cabo sus chinchetas para mapearlas y visibilizarlas. Su idea es precisamente la que comenta el ciclomensajero, el hacer visible el tejido de alternativas para ayudar a su visibilización y articulación, y para poder tejer redes. 

Cuentan con 800 entidades mapeadas y muchas chinchetas, las personas que buscan iniciativas de economía social y solidaria en los pueblos y ciudades de Cataluña. Las chinchetas localizan iniciativas, las entrevistan para ver si cumplen una serie de criterios éticos y sociales, y les facilitan el unirse a la red de Pam a Pam.

La finalidad de estas iniciativas no es el lucro personal, sino la reinversión de las ganancias en el objeto social de la empresa y la creación de trabajo digno. “Lo único que queremos es llegar a tener un salario base mínimo para los cinco de la cooperativa. El poder constituir la cooperativa sin que nadie nos preste dinero es un logro porque lo hemos producido nosotros trabajando”, afirma uno de los fundadores de La Pájara. 

La economía de plataforma capitalista trabaja bajo el modelo de acumulación de capital en unas pocas manos basado en la extracción de recursos y datos de las personas. “Nosotros no nos apropiamos de ningún capital, estamos en las antípodas de eso”, afirma Ricard desde Som Mobilitat. “Nuestro objetivo no es ganar dinero y, si lo ganamos, que esperamos hacerlo, es para reinvertir en la movilidad sostenible y en mejores servicios”, concluye.

La extracción de datos para su explotación está en debate en algunas de las iniciativas. Alba Hierro, co-coordinadora de Pam a Pam en la XES y matemática, comenta que “el problema no son las herramientas, el problema es el uso que se hace de esas herramientas. 

Las alternativas que están en Pam a Pam son entidades a las que hemos contactado una a una, que cumplen una serie de criterios y prácticas, que trabajan con ciertos valores y que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Lo importante no es tanto que la herramienta sea distinta, sino para qué se usa”. En el caso de Pam a Pam, sí hacen explotación de datos agregados para mapeos que permiten hacer diagnósticos por territorio y por sectores de economía. Sin embargo, no es explotación masiva de datos y tampoco realizan segmentación de perfiles. 

En la misma línea consideran en Som Mobilitat el uso de datos, su uso puede ser positivo si se hace con cuidado y para el objeto social de la cooperativa. “Ahora mismo no hacemos nada con los datos porque no ha salido el tema a debate, pero el equipo fundador siempre hemos dicho que nos gustaría compartir los datos de manera anonimizada para poder hacer la movilidad más sostenible. Si es para este fin, estamos a favor del uso de los datos” afirma Ricard Jornet. 

Relaciones laborales justas, toma de decisiones horizontal, explotación de datos a debate, retorno de capital al proyecto, tejido de redes. Todas estas características definen los proyectos que plantan cara a la ofensiva de plataforma. Son proyectos al alcance de la mano y autogestionados. ¿Para cuándo uno en tu barrio?"                       (Genoveva López, El Salto, 18/06/19)

Europa debe responder a China con subsidios propios a los sectores basados en el conocimiento. La industria automotriz europea es un candidato obvio a recibir esa clase de apoyo. La IA será esencial en el futuro de la industria automotriz. Algunos dirán que si China puede fabricar autos por menos costo... pero Europa todavía puede desarrollar la producción de baterías, apelando al reciclado de dispositivos electrónicos usados y al desarrollo de nuevos procesos...

"A principios de este año, el ministro de economía alemán Peter Altmaier reveló su “Estrategia Industrial Nacional 2030”, que busca proteger a las empresas alemanas contra competidoras chinas que reciben subsidios estatales. La estrategia identifica sectores industriales clave que recibirán apoyo especial del gobierno, pide establecer en Europa la producción de baterías para autos eléctricos y defiende la fusión de empresas como forma de obtener economías de escala.

Es un plan controvertido. Lars Feld, del Consejo Alemán de Expertos Económicos, dijo que esta estrategia es una aberración y acusó a Altmaier de pretender instituir la planificación central. Pero este no es un debate ideológico (como insinúa Feld); la pregunta, más bien, es si esa política industrial puede funcionar. 

Y aunque el plan de Altmaier contiene aspectos poco convincentes, hay buenos motivos para que el Estado dé apoyo a sectores (como la industria automotriz) que se basarán cada vez más en la inteligencia artificial (IA).  (...)

Los argumentos para una intervención estatal son mucho más fuertes en sectores que tienen economías de escala, y donde el “aprender haciendo” crea conocimiento que subsistirá incluso después de cancelado el subsidio estatal. Esto vale especialmente en los muchos sectores que pronto se basarán en la IA: cuantos más datos produce una empresa o un sector, más aprende y más mejoran los algoritmos.

Debido a su gran tamaño, China tiene una ventaja comparativa en estos sectores. Las autoridades chinas lo saben, y han usado los subsidios estatales hábilmente para promover la IA y dar apoyo a las empresas locales. Para contrarrestar este desafío, Alemania y Europa deben responder con subsidios propios a los sectores basados en el conocimiento.

La industria automotriz europea es un candidato obvio a recibir esa clase de apoyo. Por eso el plan de Altmaier para desarrollar la producción europea de baterías para autos eléctricos tiene sentido, e incluso puede acelerar un renacimiento industrial en todo el continente.

Producir baterías para autos eléctricos en Europa atraería a más empresas automotrices y abarataría los autos, porque reduciría enormemente la necesidad de los productores de importar baterías de Asia. 

A su vez, ese crecimiento puede crear un efecto de aglomeración en cascada, conforme más automotrices trasladen la producción a Europa para estar cerca de otras fabricantes de autos y de sus proveedores. Paul Krugman y Anthony J. Venables describieron hace más de dos décadas estos vínculos entre empresas en un artículo muy conocido.

Una industria automotriz europea importante generaría un aumento de la demanda de mano de obra y del ingreso per cápita real. Y cuanto más incidan las celdas de baterías en el valor total de los autos eléctricos, más fuerte será el efecto de aglomeración.

Esto supondría un cambio trascendental. En la actualidad China controla toda la cadena de valor de los autos eléctricos, incluido el suministro de cobalto, una materia prima esencial para la fabricación de baterías. El resultado es que China posee el 69% de la producción mundial de celdas de baterías para autos eléctricos, Estados Unidos el 15% (en la “Gigafábrica” de Tesla en Nevada) y Europa sólo el 4%. 

Pero Europa todavía puede desarrollar la producción de baterías, apelando al reciclado de dispositivos electrónicos usados, al desarrollo de nuevos procesos que permitan ahorrar cobalto y al descubrimiento de depósitos de minerales alternativos.

Algunos dirán que si China puede fabricar autos por menos costo, Europa debe permitir la migración gradual de su industria automotriz a ese país. Al fin y al cabo, los consumidores quieren autos de calidad razonable al menor precio posible. Según este argumento, si los chinos son más eficientes produciendo autos, deben hacerlo ellos. 

Pero aun sin tener en cuenta la tremenda reacción política y económica que esa decisión generaría en Europa, es una idea muy simplista. La IA será esencial en el futuro de la industria automotriz, y cualquier avance en este campo tendrá efectos derrame positivos en muchos otros sectores.

Si Europa renuncia a su industria automotriz, perderá conocimiento y futuro crecimiento. Por eso, el gobierno alemán no se equivoca al apoyar a sus automotrices. Más que reliquia de la planificación central socialista, a veces la política industrial puede ser la opción inteligente."

(Dalia Marin is Professor of Economics at the University of Munich and a research fellow at the Centre for Economic Policy Research, Project syndicate, 09/05/19)

Tres ejes para desarrollar una política industrial avanzada... basada en la economía circular

"(...) Hace treinta años los distribuidores importaban productos de China a Europa. Hoy en día, los clientes finales europeos compran directamente miles de productos a través de internet. Y los clientes asiáticos compran productos europeos del mismo modo.

Con el algodón cultivado en India, se teje un vestido en Tailandia, se etiqueta en Europa y se vende en Nueva York. El litio del Congo permite construir baterías que se montan en teléfonos de Corea del Sur que se venden en los cinco continentes. Y hay miles de ejemplos similares.

Por otra parte, los plásticos generados en Europa o en América o en Asia, han terminado convergiendo en el llamado continente de plástico del Pacífico (aunque ya se han detectado otras dos bolsas – nunca mejor dicho – en el Atlántico Norte y el Pacífico Sur) así como en los estómagos de los peces de todos océanos, que también comemos en todos los continentes.  (...)

Y la competencia comercial se ha acentuado drásticamente ya que la difusión de la información se ha acelerado. La tecnología de hace cinco años está obsoleta en un gran número de áreas, ya que el conocimiento ha sido difundido, empleado y mejorado.

Otro factor importante a tener en cuenta es que la evolución tecnológica de la industria y el comercio tiene un impacto social muy importante, principalmente en tres aspectos: la reducción de las necesidades de empleo en los niveles de baja cualificación, las necesidades de formación adicionales y sobrevenidas, y el riesgo del desplazamiento de la producción a los servicios.

La industria europea, y en concreto la española, debe analizar estos riesgos, que se van a agudizar en la próxima década y convertirlos en oportunidades. Y para ello debe contar con el apoyo decidido y la Administración a través de unas políticas a medio plazo, que no respondan a criterios oportunistas, y que faciliten la evolución hacia una industria real del siglo XXI.

Veamos algunas de las líneas de actuación que debe de abordar la Administración.

El enfoque de Investigación y Desarrollo.

(...) la innovación, que está mucho más ligada al emprendimiento, no es en muchos casos una consecuencia directa del esfuerzo técnico y científico que supone el I+D. El ejemplo más claro es la innovación mediante el negociocopycat (o imitación) en el que un modelo de negocio que ha tenido éxito en un determinado entorno se traslada a otro con las mínimas modificaciones necesarias.

En el caso del copycat, no hay ninguna investigación ni desarrollo previos, ni un valor añadido neto a la sociedad, sino un lucro de oportunidad del implantador de la idea ya desarrollada y probada.

No tiene sentido mezclar I+D con innovación, desde el punto de vista de la Administración, ya que dicha mezcla permite, eventualmente, la asignación de recursos de investigación a actividades que no son propias de investigadores y científicos, y se convierten en una fuente de subvenciones inmerecidas.

 En el caso de que la innovación esté directamente relacionada con I+D se la tratará como tal, pero no en otro caso.

Por el contrario, sí que se debe considerar dentro de el concepto I+D la transferencia del conocimiento generado hacia la sociedad.  (...)

Por otra parte, un planteamiento comúnmente aceptado de todos los países de la Unión Europea, que deriva del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, es el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (Sustainable Development Goals, SDGs) que implican el desarrollo de laeconomía circular, cuyo objeto es limitar el uso de la extracción y consumo de los recursos naturales primarios (fuentes de energía no renovables, agua y minerales) y minimizar los impactos en los ecosistemas naturales y en el ciclo climático global.

Esta política global tiene asimismo un impacto en la orientación que debe darse a los esfuerzos que se deben dedicar en I+D. La política de I+D tiene que tener por tanto una orientación clara hacia el fomento y apoyo a una economía circular.  (...)

La llegada de la cuarta revolución industrial.

La cuarta revolución industrial, llamada también Industria 4.0, consiste en la creación de “factorías inteligentes” capaces de interconectar los mundos físico, biológico y digital. 

Para ello deben ser capaces de integrar y coordinar tecnologías ya existentes y en desarrollo como, entre otros, inteligencia artificial, sistemas cibernéticos, minería (big data) y analítica de datos, computación en la nube, en la niebla y en el borde, ciberseguridad, modelos y simulaciones 3D, realidad aumentada, internet de las cosas (IoT), integración de sistemas heterogéneos, robots autónomos, manufacturación aditiva (3D), nanotecnología, biotecnología, neurotecnología y computación cuántica. (...)

Un punto importante es que el concepto de “factoría inteligente” no se refiere únicamente a la producción manufacturera, a la fábrica tradicional, sino que se extiende a todos los tipos de empresas y organismos de la sociedad, desde la banca a los hospitales y desde la producción de energía a la educación, la agricultura o a la gestión de las administraciones públicas.

La Industria 4.0 promete un incremento enorme de la productividad que, en un marco de crecimiento potencial ilimitado, supondría un aumento de la riqueza, la cual, eventualmente bien repartida, provocaría una importante mejora de la sociedad en su conjunto.

Pero también implica grandes riesgos, principalmente sociales y medioambientales, si se implementa sin regulaciones: lapérdida de empleos, el aumento de la concentración de riqueza y de la inequidad, las nuevas necesidades de conocimiento no alcanzables por amplios conjuntos de trabajadores y, sobre todo, el impacto, directo e indirecto, de las nuevas tecnologías en el medio ambiente y los recursos naturales.  (...)

Desplazamiento de la industria a los servicios.

Durante los últimos treinta años, en todo el mundo, pero también en España, las empresas industriales se han ido descomponiendo. Originalmente eran empresas integrales, en las que todas las personas que trabajaban en las instalaciones (e incluso fuera de ellas, como transportistas) estaban en la  nómina de la empresa. Después se privatizaron los servicios no esenciales, como la limpieza. 

Luego, la construcción o modificación de las instalaciones se subcontrató, y posteriormente, dentro del equipo de operación/producción se definieron las categorías profesionales imprescindibles (dirección, mandos intermedios y especialistas muy concretos), y el resto se subcontrató.

De este modo se creó lo que se denomina un ecosistema productivo en torno a cada gran empresa o grupo de empresas. Este es un ejemplo del desplazamiento de la industria a los servicios. (...)

Un modelo muy rentable, pero socialmente muy arriesgado. Porque cerrar una factoría industrial es mucho más barato, pero el impacto en el ecosistema que nutre a esa factoría es brutal.  (...)

El siguiente paso en la destrucción del tejido industrial ya es más propio de esta última década: la uberización de la economía, en la que los derechos de los trabajadores caen al suelo en sincronía con la responsabilidad de los empleadores.  (...)

El origen de coordenadas es la economía circular.

La economía circular es mucho más que el reciclaje. Reemplaza el concepto de “fin de vida” de los recursos por el de restauración, impulsa y prioriza el uso de energías renovables, elimina el uso de productos tóxicos (que además dificultan la reutilización) y aboga por la minimización de residuos, todo ello a través de un diseño más avanzado de materiales, productos, sistemas y modelos y procesos de negocio.

La economía circular se basa en tres principios:

• Preservar y mejorar el capital natural controlando los recursos finitos y balanceando los flujos de recursos renovables.
• Optimizar los rendimientos de los recursos mediante la circulación de productos, componentes y materiales al máximo y el mayor número de veces, tanto en el ciclo industrial como biológico.
• Impulsar la eficiencia del sistema reflejando las externalidades negativas y eliminándolas.

La puesta en práctica de estos principios se concreta aplicando las siguientes políticas:

• Diseño sin residuos: Los materiales biológicos no tóxicos se reintegran al medio ambiente mediante el compostaje o digestión anaeróbica y los materiales industriales (polímeros, aleaciones y otros) están diseñados para ser recuperados y reutilizados con la mínima energía y la máxima calidad.
• Diversidad para crear elasticidad: La naturaleza ha desarrollado gran flexibilidad a través de la variedad, modularidad y adaptabilidad de múltiples sistemas imbricados entre sí. Este modelo debe ser llevado a la industria. La uniformidad globalizada de los sistemas industriales les hace rígidas e inestables.
• Uso de energías renovables: Las energías no renovables (como el consumo de materias primas) deben ser penalizados ya que son el verdadero cuello de botella de nuestra sociedad y nuestra economía.
• Pensar en sistemas: Es necesario analizar las relaciones con la infraestructura, el entorno, el contexto social y el medioambiente, y las realimentaciones entre estos elementos. Esto conduce a modelos no determinísticos que no son abordados por la economía lineal actual.
• Los precios deben representar los costes reales: Deben aflorarse los costes de las externalidades negativas y tenerse en cuenta, eliminando subsidios perversos y aplicando sistemas impositivos acorde con esas externalidades.

La economía circular requiere más que una aproximación tradicional de I+D basada en las tecnologías. 

Necesita esfuerzos conjuntos de investigadores, centros tecnológicos, la industria, y otros expertos, además de la administración, los consumidores y la sociedad civil. Y todo ello requiere nuevos entornos regulatorios y una adecuada promoción de las investigaciones públicas y privadas en la dirección correcta.

Desde mi punto de vista, la economía circular, junto con los tres ejes de desarrollo mencionados, es el nuevo sistema de coordenadassobre la que crear una política industrial eficiente, sostenible, social y que fomente el desarrollo tecnológico en nuestro país, impulsando el desarrollo empresarial y regulando y limitando sus potenciales excesos. 

Y la política industrial de la Administración debe de orientarse de ese modo."

(José Luis Llorente  . Ingeniero Superior de Minas y miembro de econoNuestra, Econonuestra, 08/01/19)

Marc Vidal: Le pido a Pedro Sánchez que revise los planes actuales de I+D, que se deje de análisis pues crea parálisis. Que se ponga en lo que importa ahora y aquí. Sin una reconversión absoluta de la estructura económica de esta país no vamos a poder pagar nada

"(...) Lo que se ve a primera vista es una guerra intensa por como afrontar el Pacto de Toledo, las pensiones, el Fondo de Reserva, el déficit de la Seguridad Social, la mejora del Salario Mínimo Interprofesional, los recortes para alcanzar el déficit cero a finales de 2020, rebajar la deuda al 97%, justificar internacionalmente la ‘tasa Google’, la privatización de Bankia, la transición energética, el rescate de las autopistas, la ‘operación Chamartín’ que blinda el mundo del taxi ante la inexorable llegada de las plataformas como Uber o Cabify, un plan de carreteras muy revisable, una ampliación de los dos principales aeropuertos españoles, una reconversión del sector turístico si quiere enfrentarse con garantías al futuro inmediato, una agenda digital que ya nace vieja y unos acuerdos en materias agrícola y pesquera que tampoco son muy favorables a nuestros intereses.

 Eso, es lo que se ve en el horizonte más cercano.

Pero, ¿y la estrategia futura? ¿cómo se va a estructurar la entrada de nuestro país en el futuro? No se habla de hecho digital más que para incorporar tasas, costes o eventos diversos. 

Sin embargo debemos advertir al futuro nuevo ejecutivo que lo digital no sólo es algo que afecte a modelos de negocio, sino que lo hace en todos los aspectos y modelos sociales. Esta revolución tecnológica que empezó hace años, aunque algunos ni siquiera lo hayan percibido en gran medida, es como otras que ya sucedieron. Por lo menos como las que fueron relevantes.

 Esta tendrá como resultado un modelo nuevo de organización social donde conceptos como propiedad, empleo, libertad o estado deberán repensarse. Además, si esto sucede como siempre lo ha hecho, estamos ante una inminente lucha de tipo social que exija corregir los desajustes y riesgos que toda revolución tecnológica e industrial conlleva.

Y mientras unos seguimos dando vueltas al tiovivo otros están manos a la obra. En Francia, el presidente Macron presentó hace unos meses un plan nacional de Inteligencia Artificial. Suena a película pero no es ficción. Se trata de afrontar el futuro con sus propias herramientas. El mismo presidente galo apareció en Wired explicando para que era ese plan y que perseguía. 

Dijo que esta revolución tecnológica era en realidad una revolución política. Y tiene razón. Es evidente que cuesta imaginarse una entrevista en un medio como ese, aportando registros de valor, a cualquier político español. Por lo menos de momento.

Y no porque no sepan o puedan, es porque realmente no se dan cuenta de la dimensión de la tragedia. Una tragedia que se debería convertir en reto. La necesidad de transformar algunas ciudades en verdaderos hubs de atracción de talento y tecnología. Francia lo tiene claro y lo centrará en París, Lyon y Toulouse. 

Macron decía en esa entrevista que quería ‘un país liderando esta revolución desde una perspectiva multidisciplinar, con matemáticas, ciencias sociales, tecnología y filosofía trabajando en común’. ¡Que envidia!

Envidia y temor. Si unos están en ese tren, otros seguimos en el andén. Los franceses están concentrando centros de investigación y desarrollo de Google, Facebook, Fujitsu, Samsung, IBM y otros. En Barcelona nos alegramos porque se ha instalado un ‘call center’ de Facebook. Así nos va. Así nos irá. 

Macron no es el único de nuestro entorno que se ha empollado las Buzznews de turno o se ha pasado un montón de horas leyendo blogs tecnológicos. Hay otros. Merkel impulsó medidas anticíclicas en su día cuando apareció el concepto Industria 4.0. De hecho, es Alemania quien bautizó este momento con ese nombre. Pocos lo entendieron, pocos lo vieron factible. Invirtieron un 20% más en I+D que antes, en plena crisis. 

Desplegaron los centros tecnológicos Fraunhofer, una especie de plan vinculado a aprovechar el empleo potencial de automatizarlo todo. De hecho, el país con mayor cantidad de robots per cápita de Europa es Alemania y es el que más cerca está del pleno empleo. Y Alemania salió de la crisis antes que nadie y más fuerte que nadie. (...)

 Finlandia planea crear un contrato laboral universal de apenas media jornada y estimular la renta básica a partir de automatizar su estructura económica. Austria lidera la inversión en I+D por PIB en Europa. Portugal ha despegado y se avecina a los modelos de crecimiento tecnológico que se inspiran en los que disfruta Irlanda.

Le pido a Pedro Sánchez que se tome esto en serio. En España no hay quien hable desde el escenario político sobre esto. No hay liderazgo ni equipo vinculado a tal transformación. La sociedad civil, los agentes sociales, los partidos, la prensa y las finanzas siguen preocupados por mantener los pasivos de siempre como pensiones y estado del bienestar, renunciando a la creación de un arquetipo que sujete la construcción de activos a partir de un mundo en el que el modelo productivo no va a ser el actual.

Le pido a Pedro Sánchez que no se deje llevar por el ruido del arroyo que se debe escuchar cada mañana al leer los clips de prensa en Moncloa. Que intente averiguar como suena el rio donde desemboca. Que no piense que la política industrial es algo que se debe dejar en manos solo de la empresa o que por el contrario la riqueza es algo que se reparte automáticamente.

 No es así. Las reconversiones industriales, tecnológica ahora, es una obligación política y debe marcarse políticamente. La riqueza, para repartirla, hay que crearla antes. De ahí deriva la libertad económica con liderazgo político.

Le pido a Pedro Sánchez que revise los planes actuales de I+D o de apoyo emprendedor que solo son partidas presupuestarias. Es preciso conceptualizarlas más allá de los ceros que las componen. De momento son acciones tácticas sin estructura conectada. Son ayudas, subsidios empresariales. No son estímulos, herramientas competitivas. 

Le pido al nuevo presidente que aumente el esfuerzo público en I+D y que logre que se ejecute todo hasta el último céntimo y que se haga bien. Ahora sólo es el 30% de lo previsto. Una vergüenza. Que reduzca la burocracia como han hecho otros países. Que le devuelva a este país lo que se invertía en desarrollo tecnológico. Hoy no llega ni al 15% de lo que se invertía hace 10 años. Así no vamos a ninguna parte. Bueno, sí. Al desastre.

La tecnología es un activo, un activo político. Le pido a Pedro Sánchez que hable con Quim Torra y le cuente esto. Que de momento igual podemos esperar sobre algunos temas que por importantes que sean, podrían quedar en anécdotas ante la que se nos viene encima. Que le diga que hay que ponerse en marcha. Que somos muchos los que estamos dispuestos a ayudar. Que en esto va el futuro de nuestros hijos. 

Que el mundo que ahora diseñemos debe ejecutarse rápido. Que va de innovación, de conectar un sistema que ahora está desconectado. Que el progreso no depende en nuestro país de las materias primas sino del talento que captemos y de la tecnología que desarrollemos. Que para competir no basta con hacer algo, hay que hacerlo bien. Que debemos empujar todos y juntos. Es urgente e imprescindible.

A Pedro Sánchez que se deje de análisis pues crea parálisis. Que se ponga en lo que importa ahora y aquí. Sin una reconversión absoluta de la estructura económica de esta país no vamos a poder pagar nada.

 En 2020 tendremos menos para gastar debido al cumplimiento del déficit previsto. El paro podría empezar a crecer de manera importante pues la llegada de los robots que ahora se están construyendo según pedidos son para esa fecha. 

A medida que se desplieguen desaparecerán empleos porque nadie está trabajando en una nueva sociedad que debe dar respuesta a eso. En Francia, Austria, Eslovenia, Estados Unidos, China, Finlandia, etc., sí lo hacen. ¿Y aquí? Pensando en lo de siempre. Disculpad, empieza Supervivientes, os tengo que dejar…·                (Marc Vidal, 04/06/18)

Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

"(...) el crecimiento actual no está resolviendo los problemas sociales y económicos que la crisis nos dejó –cronificándose una fuerte precariedad y desigualdad–, al tiempo que la retórica de las “reformas estructurales” orientadas al mercado no se ha traducido en un cambio productivo real. (...)

  Junto a medidas específicas dirigidas a corregir la precariedad laboral y la inequidad en el reparto de la renta y la riqueza, nuestra economía necesita una nueva política industrial más audaz, focalizada y proactiva. Esta nueva estrategia industrial debe ser capaz, involucrando al sector público junto al sector privado, de impulsar un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad, entre otras vías a través del desarrollo del proceso de digitalización¹. 

 (...) pensamos que no es inevitable la aparición de un desempleo tecnológico generalizado, aunque es imprescindible adoptar medidas para prevenir tal posibilidad. Finalmente, sí creemos que existe un alto riesgo de que el proceso afecte de manera desigual a los distintos grupos sociales, evidenciando la responsabilidad colectiva (y no estrictamente individual) de intervenir desde la esfera de lo público para que no aumente la polarización y las desigualdades.

En definitiva, pretendemos abordar la digitalización desde la perspectiva de la economía política, discutiendo cómo “gobernar el proceso” para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente a favor de la mayoría.  (...)

En nuestra opinión, mientras una creciente robotización es probable, no tiene por qué producirse una destrucción masiva de empleo. De hecho, la experiencia histórica ha mostrado ya que las innovaciones tecnológicas que han tenido efectos sustanciales sobre la productividad no han supuesto a la vez una pérdida generalizada de empleo, sino lo contrario.  

(...) en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15. Hay buenas razones para recuperar esta tendencia a la reducción de la jornada laboral, y más aún si se materializan los efectos del proceso de digitalización sobre la productividad. (...)

En resumen, con una adecuada combinación de políticas para impulsar la reducción de la jornada laboral y asegurar un crecimiento suficiente de la demanda, los aumentos de la productividad que pueden producirse en un futuro próximo como consecuencia de la digitalización no son una mala noticia para los trabajadores y trabajadoras, ni es inevitable un aumento del “desempleo tecnológico” a nivel agregado.  (...)

Que la digitalización no suponga necesariamente un aumento de la tasa de desempleo no significa que no haya grupos concretos de personas que hoy tienen un empleo, y que sí se verán afectadas negativamente. Es muy posible que este fenómeno haga desaparecer determinadas ocupaciones. Sin embargo, es difícil anticipar exactamente cuáles. 

(...) los trabajadores de la “gig-economy”. Esta expresión se utiliza para definir, por ejemplo, la situación de personas que son “llamadas” para realizar puntualmente una tarea concreta, aportando incluso los medios necesarios para ello (la bicicleta del “rider” de reparto), y sin que se establezca legalmente una relación estrictamente laboral con la empresa “mediadora” con el cliente final⁵. 

Evidentemente, esta es una forma buscada por las empresas para trasladar a los trabajadores y trabajadoras una parte importante de su “riesgo empresarial” y privarles de sus derechos.

Como ejemplo, De Stefano recoge la declaración de un alto ejecutivo de una empresa de este tipo: “Antes de Internet, hubiera sido realmente difícil encontrar a alguien, sentarlo diez minutos para que trabajara para ti, y despedirle después. Pero con esta tecnología, sí puedes encontrarlos, pagarles una pequeña cantidad y deshacerte de ellos cuando ya no los necesitas”. (...)

La digitalización está permitiendo una suerte de retorno a las relaciones laborales individualizadas y desprotegidas, propias del siglo XIX.

Si estos problemas no son abordados con medidas económicas y regulaciones adecuadas, veremos cómo los efectos globalmente positivos de los aumentos de la productividad no se repartirán de forma justa, dando lugar a la aparición, por un lado, de personas cuyos empleos han sido desplazados por las nuevas tecnologías sin posibilidad de seguir obteniendo ingresos del trabajo.

 Además, por otro lado, veremos a otros grupos sociales que, aun conservando “algún” empleo, vivirán estructuralmente en condiciones precarias y con bajos ingresos. Ahora bien, esto último no es una consecuencia inevitable de la tecnología, sino el resultado de decisiones políticas, y por lo tanto perfectamente evitable. (...)

Podemos citar, en concreto, cinco propuestas que nos parecen especialmente significativas:

1. Como se señalaba recientemente en un interesante artículo de V. Alsina, E. González de Molina y D. Vila, frente a la retórica de que los mayores procesos de innovación se han producido con un papel pasivo y secundario del Estado (limitado a favorecer las condiciones adecuadas), la realidad nos muestra que “el Estado ha sido un emprendedor de ‘primera instancia’, dinámico, creador de mercados nuevos y de innovaciones radicales que han transformado el conjunto de la economía, como la invención de Internet, la biotecnología, la nanotecnología”. 

En definitiva, las administraciones públicas han asumido en muchas ocasiones el liderazgo de la innovación, y creemos que deben volver hacerlo para asegurar que España cambia su patrón de especialización internacional y abandona la estrategia de competir en sectores de bajos salarios. Esto implica organismos donde el sector público colabore activamente con el privado, y también mantener los niveles de inversión pública y gasto en I+D y educación.

2. Si la digitalización se traduce en incrementos significativos de la productividad se abre una oportunidad para retomar el proceso de reducción de jornada, que se ha interrumpido en los últimos 30 años. 

Esto permitiría evitar la aparición de elevados niveles de desempleo de una forma más compatible con la sostenibilidad del planeta; favorecería para la mayoría el disfrute del ocio y otras actividades no relacionadas con el trabajo asalariado; mejoraría la conciliación entre la vida laboral y los cuidados, contribuyendo a un reparto equitativo entre géneros de estos trabajos que el que resulta de la actual organización del trabajo; y en definitiva podría utilizarse también como una forma de compensación de la pérdida de peso de los salarios en la renta que se ha producido en las últimas décadas (siempre y cuando la reducción de jornada se produzca sin reducción salarial, claro).

3. Adicionalmente, para evitar la pérdida de puestos de trabajo es necesario abandonar las políticas deflacionistas y asegurar una gestión activa de la demanda agregada para asegurar que el nivel de actividad es suficiente.

 Especialmente, esto debería hacerse promoviendo –de forma simultánea– tanto el desarrollo de sectores donde la automatización es elevada como otros más intensivos en empleo (sanidad, educación, dependencia, servicios de atención personal).

4. El deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la desigualdad no es una consecuencia inevitable de la tecnología, sino fundamentalmente el resultado de decisiones políticas concretas. 

Para asegurar que los aumentos de la productividad se reparten de forma equitativa es necesario restituir el equilibrio en la negociación colectiva, reforzando un marco de pre-distribución más favorable a las rentas del trabajo, y volver a conectar el crecimiento de los salarios respecto a la productividad, de forma que se cierre el “gap” que viene produciéndose hace décadas entre ambas macromagnitudes. 

Esto exige igualmente reforzar las políticas redistributivas y adaptar la legislación laboral para terminar con la generalización de la precariedad de quienes trabajan en los sectores más afectados por los recientes desarrollos de la tecnología digital, como el empleo a través de las plataformas.

5. A pesar de estas políticas, es probable que algunos grupos se vean afectadas negativamente por los procesos de automatización, por ejemplo por su formación o porque algunas ocupaciones se vean especialmente comprometidas. Debemos asumir la responsabilidad colectiva de establecer un sistema de Renta Garantizada que convierta ésta en un derecho ciudadano."                   (Jorge Uchó, Nacho Álvarez, CTXT, 21/02/18)

Cómo materializar el cambio de 'modelo productivo' para que la mayoría gane con el crecimiento... en España

"(...) ¿Cómo transformar el crecimiento para ganar el futuro para la mayoría?

 (...) No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de una forma virtuosa, y a lo que estamos asistiendo, por el contrario, es a la “recuperación del viejo modelo”. 

La necesidad de este “cambio de modelo productivo” es ya un lugar común, una manida declaración de principios, compartida desde hace décadas y desde ámbitos muy distintos, pero nunca llega a materializarse. Por ello, es necesario proponer medidas distintas, una vez que se ha demostrado fallida la idea de que las “reformas estructurales orientadas al mercado”, por sí solas, pueden catalizar ese cambio.

Nosotros queremos defender un programa de política industrial que, involucrando de forma colaborativa al sector público y al sector privado, impulsen el cambio en una dirección socialmente deseable mediante medidas como las propuestas por la economista Mariana Mazzucato, entre otras. Una política industrial activa y también “focalizada”, frente a las tradicionales políticas generalistas u horizontales.

Esto significa establecer prioridades, en dos sentidos: elegir algunos sectores que puedan actuar como catalizadores de la transformación del modelo productivo, y adoptar activamente medidas específicas para impulsarlos. 

Como escribían recientemente los economistas italianos M. Pianta, M. Lucchese y L. Nascia, lo que caracteriza a la política industrial es que “puede conducir la evolución de la economía hacia actividades que son deseables en términos económicos (mejorando la eficiencia), en términos sociales (atendiendo necesidades y reduciendo la desigualdad), en términos ambientales (asegurando la sostenibilidad y previniendo el cambio climático) y en términos políticos (protegiendo intereses nacionales y europeos clave). 

Las políticas públicas pueden aumentar los recursos disponibles y favorecer el crecimiento de empresas y sectores caracterizados por fuertes procesos de aprendizaje, cambio técnico, incrementos de productividad, economías de escala, internacionalización y rápido crecimiento de su demanda”.

En este nuevo contexto de selección y acción positiva, nos atrevemos a señalar tres ideas fundamentales que debe tener este proyecto de transformación del crecimiento para garantizar la mejora de la eficiencia y los intereses de la mayoría social: debe promover un crecimiento verde, debe ser un crecimiento morado y debe garantizar un desarrollo del proceso de digitalización.

* Un crecimiento verde. 

Esto significa que la acción contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad debe ser un elemento central de toda la estrategia de crecimiento de la economía española. Aunque este objetivo tiene un carácter transversal, los planes de “transición energética” son los que representan de forma más nítida este contenido “verde”.

Un buen ejemplo es la propuesta formulada para España por el economista Robert Pollin, centrada en un programa de inversiones públicas y privadas equivalente al 1,5% del PIB durante 20 años. 

Estas inversiones estarían orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares, por energía procedente de fuentes limpias y renovables. 

Estos planes generarían tres tipos de beneficios: una drástica reducción en la emisión de CO2; una disminución muy sustancial de las importaciones de energías fósiles, reduciendo la dependencia exterior de nuestra economía; y la creación de empleo, relacionado tanto con la construcción (rehabilitación de edificios, infraestructuras para las nuevas energías) y las industrias auxiliares, como con un sector más cualificado relacionado con la ingeniería y la innovación.

* Un crecimiento morado. 

La nueva estrategia de crecimiento debe tener también una clara dimensión de género, por dos razones.

 Primero, porque si de verdad queremos un crecimiento inclusivo, no podemos continuar con un modelo que trata de manera desigual a la mitad de la población (menores salarios y peores carreras profesionales, largas jornadas de trabajo –remunerado y no remunerado–, así como menores prestaciones sociales). 

Segundo, porque esta discriminación tiene también efectos negativos desde el punto de vista colectivo.

Un ejemplo es la “crisis de los cuidados”, o la incapacidad de nuestra actual organización social para atender de forma adecuada la creciente demanda de servicios relacionados con los cuidados personales. Otro ejemplo es la menor tasa de participación laboral de las mujeres, asociada también en gran medida a un sistema de cuidados que descansa fundamentalmente sobre las familias (frente a un sistema de garantía pública) y sobre las mujeres (frente a una responsabilidad paritaria). 

Este eje morado de la nueva estrategia de crecimiento que proponemos debería centrarse, por tanto, en el desarrollo de un sistema público de atención a los cuidados –con importantes efectos positivos sobre el empleo–, en la introducción de otras medidas que faciliten la integración laboral de las mujeres (jornadas a tiempo completo más cortas y eliminación de los incentivos a la contratación a tiempo parcial; permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles) y en la adopción de aquellas políticas necesarias para eliminar la discriminación de las mujeres una vez que se incorporan al mercado laboral.

* Gobernar la digitalización en favor de la mayoría. 

El proceso de digitalización va a ser de gran influencia en la evolución futura de la economía y la sociedad. 

Hablamos de “gobernar la digitalización” por dos motivos. En primer lugar, no cabe esperar que este desplazamiento desde las actividades más tradicionales hacia otras caracterizadas por un mayor contenido tecnológico –sin duda, una mejor alternativa que la actual de seguir compitiendo con bajos costes salariales– se produzca “espontáneamente” por el mercado sin una implicación efectiva del “Estado emprendedor”. 

Pero, además, es necesario “gobernar la digitalización” porque tampoco es seguro que este proceso sea socialmente neutro si no se adoptan las medidas necesarias.

Por su propia definición, las innovaciones tecnológicas producen, si no se asegura un aumento de la demanda agregada que garantice mayores niveles de producción, una reducción de la demanda de trabajo.

 En el caso de la digitalización, además, esto tiene la complicación adicional de que seguramente afectará de forma especial a determinadas ocupaciones (y niveles de formación). 

Como muestra el ejemplo de la globalización –proceso que ha sido gobernado fundamentalmente por el mercado– son necesarias políticas activas que aseguren la aparición de otros empleos en sectores diferentes (transición energética, cuidados personales) o que, alternativamente, propicien un nuevo impulso al proceso histórico de reducción de jornada. 

En definitiva, medidas que eviten la aparición de grupos de excluidos laborales sin recursos (“perdedores de la digitalización”).

Por último, la forma que está adoptando el actual proceso de digitalización apunta a otros dos riesgos a evitar. 

En primer lugar,  una parte importante de los trabajadores de la nueva “economía de plataformas” ha visto como se precarizaban enormemente sus condiciones de trabajo (erosionándose los salarios, o haciéndose pasar por acuerdos mercantiles entre empresas y autónomos lo que no son sino relaciones laborales en un entorno de nuevas posibilidades tecnológicas). 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, las rentas salariales profundizan su desconexión de los aumentos de productividad y no se benefician de dicha dinámica.   

En el próximo artículo de la serie nos ocuparemos de concretar más estos tres aspectos del nuevo patrón de crecimiento que en nuestra opinión necesita España, que aquí solo hemos apuntado, y que la actual “recuperación” no está propiciando."              (Jorge Uxó /Nacho Álvarez, CTXT, 20/12/17)