La regularización de migrantes es un motor económico... La afloración de empleo, una reducción de la economía sumergida y un aumento de los ingresos fiscales son los efectos más visibles de la regularización de inmigrantes de Pedro Sánchez... tras la regularización de 578.000 migrantes en 2005, cada uno de ellos aportó entre 3.504 y 4.398 euros en cotizaciones sociales, es decir en cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo. A esta cantidad habría que sumar lo que abonasen en materia de impuesto sobre la renta (IRPF)... en cambio, irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros por inmigrante... en Murcia, los migrantes aportan al Estado un 70% más de lo que perciben y un 30% más que los nacidos en España... la aportación de los trabajadores extranjeros supone una ganancia «neta», puesto que estas personas no regularizadas ya hacen uso de la sanidad o la educación públicas (Jorge Otero)

 "La economía española absorbe mucho empleo, tanto y a tan buen ritmo que a día de hoy en España está trabajando más gente que nunca: 22,46 millones de personas. El crecimiento económico impulsa al mercado laboral, y una buena parte de ese acelerón se debe a la migración: los trabajadores extranjeros aportaron el 43% de los 605.000 empleos creados en España durante 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta misma semana. Los migrantes que trabajan en España ya son 3,58 millones de personas, el 16% de la fuerza laboral del país. Por eso, la regularización de 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno ha sido tan bien acogida por sindicatos, organizaciones sociales, economistas e incluso por los empresarios y la propia Conferencia Episcopal.

El efecto más claro e inmediato de dicha regularización es la afloración de empleo y una reducción de la economía sumergida, apuntan los expertos. «La regularización de inmigrantes es fuente de riqueza», sostiene el economista José Manuel Corrales, profesor de Economía Aplicada y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid.

«Parte de la economía sumergida se va a convertir en economía real. También va a mejorar la recaudación fiscal. No hay más que ver lo que está pasando en Estados Unidos. La economía estadounidense se está resintiendo con la política de deportaciones impulsada por Donald Trump», añade Corrales.

«Aflorará empleo, un empleo que en muchos casos ya existe pero que no está regulado», secunda Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

Varios informes publicados en los últimos años sobre este asunto —y que según el diario El País, ha tenido en cuenta el Gobierno— confirman esta tesis de que las regularizaciones de migrantes aportan riqueza al tejido económico del país. Destacan dos: uno firmado por profesores e investigadores de la Universitat Pompeu Fabra y de la Universitat Autònoma de Barcelona publicado en 2019 (PDF en inglés) que analiza la anterior regulación de personas migrantes aprobada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y un segundo, fechado en 2020, patrocinado por la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid (PDF). 

Ambos informes demuestran que la legalización de la situación laboral de las personas migrantes no regularizadas aumenta los ingresos públicos. El primero de ellos calculó que tras la regularización de 578.000 migrantes en 2005, cada uno de ellos aportó entre 3.504 y 4.398 euros en cotizaciones sociales, es decir en cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo. A esta cantidad habría que sumar lo que abonasen en materia de impuesto sobre la renta (IRPF), que no se analiza en este estudio. 

El segundo informe, el de la Fundación PorCausa y de la Universidad Carlos III, ofrece unas cifras similares. Los autores afirmaban en 2020: «La irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros por inmigrante. En caso de regularización, la aportación fiscal neta de los inmigrantes en situación irregular se incrementaría por encima de los 3.250 euros». 

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A guisa de ejemplo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que el proceso de regularización podría traducirse en un incremento de alrededor de 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Serían 70.000 nuevos cotizantes, solo en el sector de los autónomos.

Mas reciente, un artículo publicado el pasado mes de junio de en el boletín económico del Banco de España estima la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita en España entre 2022 y 2024. De acuerdo con este artículo,  la aportación media directa de la población extranjera a este crecimiento del PIB per cápita se situaría entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. 

Un tercer informe publicado por profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena analizó el impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia entre 2005 y 2019 y su análisis apunta en la misma línea que los otros dos. La principal conclusión fue que los migrantes aportan al Estado un 70% más de lo que perciben y un 30% más que los nacidos en España. «La población nacida en el extranjero que reside en la Región de Murcia realiza una contribución fiscal neta positiva y generó el 35% del crecimiento económico regional entre 2005 y 2019», se puede leer en ese documento. 

Hasta los empresarios saludan la regularización anunciada por el Gobierno. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, la patronal catalana, fue meridianamente claro el pasado martes: «Los empresarios necesitamos de la inmigración como el agua que bebemos o como el aire que respiramos cada día». Sánchez Llibre incluso felicitó al Gobierno por su «valentía» al dar «un paso tan importante». 

Los críticos con la medida arguyen que con la regularización de migrantes los salarios podrían bajar en sectores económicos en los que trabajan de forma mayoritariamente los extranjeros. La teoría es simplista: al haber una mayor oferta de mano de obra, los salarios bajan. En este sentido, Manuel Hidalgo barrunta que el rechazo a la medida tiene, fundamentalmente, otros orígenes: «En determinados sectores económicos a lo mejor no interesa porque aflorar significa legalizar, y legalizar significa pagar cotizaciones». En cualquier caso, Hidalgo concede que en el mercado laboral español «hay segmentos donde la inmigración, sin tener un efecto muy importante, sí podría presionar un poco a la baja a los salarios y un poco al alza a la precariedad». «Pero, en general este tipo de regularizaciones suelen tener efectos positivos», incide el profesor sevillano.

Otra crítica recurrente contra la regularización de migrantes es que aumentará el gasto del Estado por el mayor uso de los servicios públicos. Los informes anteriormente mencionados sostienen el argumento contrario: insisten en que la aportación de los trabajadores extranjeros supone una ganancia «neta», puesto que estas personas no regularizadas ya hacen uso de la sanidad o la educación públicas, por tanto el gasto no es mucho mayor, aunque al regularizar su situación tendrán más opciones de acceder a la protección social, puntualiza Sara Collantes, responsable de Políticas de Infancia y Desarrollo de UNICEF en España.

Otra crítica recurrente es que una regularización masiva de migrantes podría contribuir a tensionar aún más el mercado de la vivienda. En este aspecto, el informe de la Pompeu Fabra que analizó las consecuencias de la regularización del Gobierno de Zapatero señala que la medida redujo la brecha entre los migrantes y los nativos en lo que respecta al alquiler o compra de vivienda, aunque no la eliminó. Lo que sí provocó fueron cambios en los patrones de consumo: los migrantes pudieron unirse a la compra de viviendas a través de la concesión de hipotecas y se redujo la proporción de extranjeros extracomunitarios en viviendas de alquiler, entre 10 y 15 puntos porcentuales, en comparación con hogares de ciudadanos españoles."

(Jorge Otero , , Público, 28/01/26)  

The New York Times: España abre una ruta de regularización migratoria, en contraste con el mundo... La medida llega en un momento en que otros países toman medidas enérgicas contra la inmigración... Más de 700.000 españoles habían firmado una iniciativa legislativa popular emprendida en 2021, en la que se pedía un debate parlamentario sobre la concesión de una vía para que las personas sin documentos pudieran obtener la residencia... El impulso para dar a los inmigrantes indocumentados una vía de residencia cobró fuerza durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos de ellos siguieron trabajando en condiciones precarias durante los encierros de España... Los trabajadores extranjeros han aliviado la escasez de mano de obra en España y han contribuido a impulsar el crecimiento económico, según el Banco Central Europeo... “En el contexto internacional actual, donde los discursos antimigratorios han ido ganando fuerza, la decisión del gobierno en España abre la línea del contrapeso a esta tendencia”... Pedro Sánchez calificó la medida de crucial para España, un país donde la mano de obra migrante desempeña un papel clave en la agricultura, el turismo y otros sectores... “Me acerca a mi sueño y al sueño de muchos como yo: vivir en paz y trabajar dignamente para ayudar a nuestras familias”, dijo Sady Traoré, de 28 años, que trabaja en plantaciones de cítricos en Alzira

 "El gobierno de España promulgó el martes, de manera inesperada, un decreto que ofrece a cientos de miles de migrantes indocumentados una vía para salir del limbo legal; la medida posiciona al país en un contraste con muchos países que en todo el mundo han endurecido cada vez más su postura frente a la migración ilegal.

La decisión permitirá que las personas que ya viven en España de manera indocumentada soliciten permisos de residencia temporal. El gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez calificó la medida de crucial para España, un país donde la mano de obra migrante desempeña un papel clave en la agricultura, el turismo y otros sectores.

Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dijo en una conferencia de prensa el martes que la medida tendría un impacto “en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía”.

Los partidos de la oposición criticaron de inmediato el decreto, y una formación de extrema derecha prometió impugnar ante los tribunales.

La medida, anunciada el martes, va a contracorriente de muchos gobiernos en Norteamérica y Europa, que —a menudo presionados por partidos populistas de extrema derecha— han tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en los últimos años.

En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una amplia y agresiva campaña para detener y deportar a millones de personas. El Reino Unido ha puesto en marcha normas más estrictas para los refugiados; Grecia impone ahora penas de prisión a los migrantes que se queden en el país tras ser rechazadas sus solicitudes de asilo; e Italia quiere retener a los solicitantes de asilo en Albania mientras se tramitan sus casos, incluso a pesar de la dura oposición legal.

España, en cambio, ha acogido a los inmigrantes, especialmente a los latinoamericanos que hablan el mismo idioma, comparten su religión y comprenden su cultura; activistas afirman que esa cálida acogida no siempre se ha extendido a muchos africanos.

Y el gobierno español ha externalizado el control migratorio, brindando equipos policiales, tecnología y capacitación a países como Marruecos y Mauritania para que sus autoridades devuelvan a los inmigrantes procedentes de África.

Aun así, el decreto se fundamenta en los intentos de España de presentarse como un referente para los inmigrantes.

“En el contexto internacional actual, donde los discursos antimigratorios han ido ganando fuerza, la decisión del gobierno en España abre la línea del contrapeso a esta tendencia”, dijo Cecilia Estrada Villaseñor, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

España no publica cifras oficiales sobre el número de personas migrantes que viven en el país indocumentadas, pero estimaciones de instituciones como Funcas, un centro de estudios económicos, sugieren que la cifra podría oscilar entre medio millón y un millón. La población total de España es de casi 50 millones de personas.

La medida en pos de la legalización fue impulsada por la política interna.

El Consejo de Ministros, el poder ejecutivo del gobierno, la aprobó mediante un real decreto, después de que el gobierno de Sánchez llegó a un acuerdo de última hora el lunes con un partido de izquierdas más pequeño, Unidos Podemos, a cambio de su apoyo parlamentario. Una medida similar estaba bloqueada en el Parlamento desde abril de 2024.

En virtud del decreto, los inmigrantes indocumentados podrán obtener permisos temporales de residencia si pueden demostrar que llegaron a España antes de diciembre de 2025 y que han vivido en el país al menos cinco meses.

Quedarán excluidas las personas con antecedentes penales; solo se aceptarán solicitudes entre abril y junio. Los permisos de residencia, que permiten trabajar en España, durarán un año y serán renovables.

“Me acerca a mi sueño y al sueño de muchos como yo: vivir en paz y trabajar dignamente para ayudar a nuestras familias”, dijo Sady Traoré, de 28 años, que trabaja en plantaciones de cítricos en Alzira, en el este de España. Traoré, un músico que dijo haber huido de su Mali natal tras un golpe militar en 2022, llegó a las Islas Canarias de España en 2024, pero desde entonces no ha podido conseguir una cita para solicitar asilo.

El impulso para dar a los inmigrantes indocumentados una vía de residencia cobró fuerza durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos de ellos siguieron trabajando en condiciones precarias durante los encierros de España.

Los trabajadores extranjeros han aliviado la escasez de mano de obra en España y han contribuido a impulsar el crecimiento económico, según un estudio realizado por economistas del Banco Central Europeo.

Ismael Gálvez, catedrático de Economía de la Universidad de las Islas Baleares, quien ha estudiado el impacto de la migración en la economía española, dijo que era difícil predecir cómo se llevaría a cabo la medida del gobierno y que no era probable que ejerciera mucha presión sobre el mercado de la vivienda o laboral para los españoles nacidos en el país, ya que se aplica solo a quienes ya viven en el territorio nacional.

“Los migrantes entran en competencia con los trabajadores que son similares a ellos, es decir, otros inmigrantes”, dijo Gálvez.

Más de 700.000 españoles habían firmado una iniciativa legislativa popular emprendida en 2021 —liderada por grupos de migrantes y apoyada por asociaciones de izquierda y la Iglesia católica— en la que se pedía un debate parlamentario sobre la concesión de una vía para que las personas sin documentos pudieran obtener la residencia.

Los líderes de la oposición se apresuraron a criticar la medida. Alberto Núñez Feijóo, jefe del conservador Partido Popular, acusó al gobierno de utilizar la medida para distraer la atención pública de un accidente ferroviario mortal en el que murieron 45 personas este mes. Vox, partido de extrema derecha, dijo que recurriría el decreto ante la Corte Suprema de España, acusando a Sánchez de “acelerar la invasión”.

España ha llevado a cabo ocho campañas a gran escala para legalizar a personas indocumentadas desde mediados de la década de 1980, tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas, mismas que han comprendido al menos a un millón de migrantes." 

(José Bautista , The New York Times, 27/01/26)

Una sociedad que se acostumbra a las personas «no deseadas» también se acostumbra a las muertes no deseadas. Minneapolis es una llamada de atención... Renée Good y Alex Pretti murieron tiroteados en Minneapolis durante operaciones federales de inmigración... No se trata de «malos agentes», sino de un aparato que actúa de manera cada vez más agresiva y se deja controlar cada vez menos. Estas muertes no son «accidentes», sino el punto final lógico de un proceso de deshumanización que está en marcha allí... Es tentador descartar esta violencia brutal como un exceso de la cultura estadounidense o como los caprichos de un presidente autoritario. La verdad es mucho más incómoda. Lo que vemos en EE. UU. es la traducción física de un clima político que reduce a las personas migrantes y a las refugiadas a «el problema». Y en Europa también se ha convertido en la norma... En cuanto nuestro discurso político considera a las personas únicamente como aprovechadas, parásitos o un «tsunami», el paso hacia la violencia física se vuelve peligrosamente pequeño... También en Europa hay muertos a causa de la «caza de refugiados»... La caza continua de personas sin papeles crea un clima en el que el valor de una vida migrante se devalúa hasta convertirse en una carga administrativa que debe ser eliminada... Mientras EE. UU. construye un muro en la frontera, la Unión Europea subcontrata la crueldad a países en la frontera exterior... Financiamos a la guardia costera de dictaduras que empujan a las personas migrantes al desierto o las encierran en campos de tortura ¿Por qué mantenemos este sistema violento? Los países ricos atraen la mano de obra que necesitan, pero mantienen a otros fuera. Así surge un sistema de migración «deseada» y «no deseada». Este mecanismo sirve al máximo beneficio. La «reserva» de personas sin papeles es útil para la construcción, la limpieza y la agricultura. Mantiene los salarios bajos y crea una clase sin derechos, fácilmente explotada. Al mismo tiempo, se alimenta el miedo a la persona migrante para dividir a la clase trabajadora entre sí. Al calificar de «aprovechada» a la persona migrante, los gobiernos evitan que la ciudadanía mire hacia arriba, hacia los verdaderos aprovechados del sistema. La deshumanización en Minneapolis y las devoluciones en caliente en nuestras fronteras sirven al mismo objetivo: normalizar la exclusión para proteger el statu quo de la minoría poderosa... Cuando los trabajadores temen por su propia seguridad social, la persona migrante es un chivo expiatorio fácil... El resultado es una pendiente lenta hacia una ceguera ética completa (Marc Vandepitte)

"Una sociedad que se acostumbra a las personas «no deseadas» también se acostumbra a las muertes no deseadas. Minneapolis es una llamada de atención, también para nuestra política de refugiados.

En las últimas semanas Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, murieron tiroteados en Minneapolis durante operaciones federales de inmigración. A Pretti le dispararon diez balas mientras estaba desarmado. Ambos asesinatos han provocado una gran indignación en todo el mundo y han dado lugar a grandes protestas en EE. UU., así como a un conflicto abierto entre los servicios federales y las autoridades locales.

No se trata de «malos agentes», sino de un aparato que actúa de manera cada vez más agresiva y se deja controlar cada vez menos. Estas muertes no son «accidentes», sino el punto final lógico de un proceso de deshumanización que está en marcha allí.
Deshumanización

Es tentador descartar esta violencia brutal como un exceso de la cultura estadounidense o como los caprichos de un presidente autoritario. La verdad es mucho más incómoda. Lo que vemos en EE. UU. es la traducción física de un clima político que reduce sistemáticamente a las personas migrantes y a las refugiadas a «el problema». Y, por desgracia, vemos que en Europa también se ha convertido en la norma desde hace tiempo.

En cuanto nuestro discurso político considera a las personas únicamente como aprovechadas, parásitos o un «tsunami», el paso hacia la violencia física se vuelve peligrosamente pequeño. En un mundo polarizado en el que la humanidad cede ante el afán de sumar puntos electorales, una bala o una detención violenta se convierten en un instrumento aceptable.

No hace falta mirar al otro lado del océano para encontrar víctimas de esta política mortal. También en Europa hay muertos a causa de la «caza de refugiados». En mi país, Bélgica, cargamos con las cicatrices de Semira Adamu. Murió en 1998 después de que unos gendarmes la asfixiaran con una almohada durante una expulsión forzosa. Veinte años después murió la niña de dos años, Mawda, por una bala policial durante una persecución desenfrenada a una furgoneta llena de refugiados.

Este tipo de dramas no son incidentes aislados, sino las consecuencias de una política que acosa a las personas como si fueran presas de caza. La caza continua de personas sin papeles crea un clima en el que el valor de una vida migrante se devalúa hasta convertirse en una carga administrativa que debe ser eliminada.
El trabajo sucio de Europa en el patio trasero

Mientras EE. UU. construye un muro en la frontera con México, la Unión Europea aplica una estrategia aún más cínica: la «externalización». Subcontratamos la crueldad a países en la frontera exterior. Mediante acuerdos multimillonarios con regímenes autoritarios en Túnez, Egipto y Libia, dejamos que otros hagan el trabajo sucio, lejos de las miradas críticas de nuestra propia ciudadanía.

Financiamos a la guardia costera de dictaduras que empujan a las personas migrantes al desierto o las encierran en campos de tortura. Mientras bajen las cifras en Bruselas, Europa cierra los ojos ante las graves violaciones de derechos humanos que se financian con el dinero de nuestros contribuyentes.

El mar Mediterráneo es, entretanto, una frontera mucho más mortífera que la famosa frontera entre México y EE. UU. Cada año, más de 3000 personas refugiadas pierden la vida en su travesía hacia Europa.
Migración y capital

¿Por qué mantenemos este sistema violento? Porque la migración es, en esencia, un producto estructural del capitalismo global. Este sistema crea desigualdad, guerra y daño climático, lo que obliga a la gente a marcharse.

Al mismo tiempo, los países ricos atraen la mano de obra que necesitan, pero mantienen a otros fuera. Así surge un sistema de migración «deseada» y «no deseada». Este mecanismo sirve al máximo beneficio. La «reserva» de personas vulnerables sin papeles es sumamente útil para sectores como la construcción, la limpieza y la agricultura. Mantiene los salarios bajos y crea una clase sin derechos que puede ser fácilmente explotada. Al mismo tiempo, se alimenta el miedo a la persona migrante para dividir a la clase trabajadora entre sí.

Al calificar de «aprovechada» a la persona migrante, los gobiernos evitan que la ciudadanía mire hacia arriba, hacia los verdaderos aprovechados del sistema. La deshumanización en Minneapolis y las devoluciones en caliente en nuestras fronteras sirven al mismo objetivo: normalizar la exclusión para proteger el statu quo de la minoría poderosa.

Cuando las personas trabajadoras temen por su propia seguridad social, la persona migrante es un chivo expiatorio fácil. Los partidos de extrema derecha lo utilizan ávidamente, pero también los llamados partidos de centro se desplazan cada vez más hacia la derecha en una carrera por una política de asilo más estricta. El resultado es una pendiente lenta hacia una ceguera ética completa.
Alternativa

¿Cuál es la alternativa? Empieza por crear canales de migración legales. Si Europa necesita mano de obra para trabajos mal pagados, debe hacerse de forma legal y con plenos derechos. Esto evita el dumping salarial y saca a las personas de las garras de los traficantes.

Al mismo tiempo, Europa debe dejar de librar guerras y de apoyar dictaduras que obligan a la gente a huir. Si Europa contribuye a avivar guerras o deja que se prolonguen, no puede simplemente trasladar la acogida a los países vecinos. Con Ucrania hemos demostrado que sí podemos acoger a personas; por lo tanto, es posible.

Debemos trabajar en relaciones duraderas y justas con los países de origen. También debemos invertir seriamente en la acogida en la región. Países como Líbano y Kenia acogen, con diferencia, a la mayor parte de la gente, pero precisamente ahí es donde cerramos el grifo de los recursos. Si hay una lección que se mantiene vigente del acuerdo con Turquía, es esta: una financiación sólida sí marca la diferencia.
Llamada de atención para Europa

Los muertos en Minneapolis muestran lo que ocurre cuando se permite que una sociedad se acostumbre a la idea de que algunas vidas valen menos. Hoy son personas migrantes sin papeles. Mañana, como en Minneapolis, ciudadanos o ciudadanas que sean solidarios o que simplemente «estén en medio».

No debemos pensar que Europa es realmente mucho mejor que EE. UU. Más bien debemos preguntarnos cuántas muertes mantenemos fuera de la vista: en el desierto, en el mar, en detención, en persecuciones y en expulsiones. Y cuántas carreras políticas se construyen sobre la promesa de «la política más estricta de la historia».

Si no queremos terminar con escenas como las de Minneapolis en nuestras calles, debemos dejar de deshumanizar ahora mismo. No a la externalización de la violencia. No a la normalización de las devoluciones en caliente No a un lenguaje que reduce a las personas a una plaga. La alternativa es, sencillamente, igualdad de derechos, rutas seguras y una política que no trate la humanidad como un lujo."

( Marc Vandepitte , blog, 26/01/26, Traducción del neerlandés para rebelión por el propio autor.)

Un economista explica el impacto que tendría en España la regularización de medio millón de migrantes: Así se mantendrá el sistema de pensiones... se va a mantener, sobre todo en la medida en la que los que salgamos seamos sustituidos por otros nuevos. Eso es absolutamente fundamental y básico. Por tanto, la entrada de personas extranjeras naturalmente que ayuda al sistema de pensiones... los efectos que se producirían de regularizarse serían sobre todo de afloramiento de la economía sumergida, aflorará más o menos el 2,5% del PIB... esto llevaría a un aumento del empleo, de la riqueza, de las cotizaciones sociales, de los impuestos de trabajadores y empresas, "y todo eso ahora mismo, no se está produciendo por la situación de economía sumergida en la que están"...

"Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, se mostraron este martes a favor de tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España. La aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. La tramitación en el Congreso todavía puede sufrir cambios y prolongarse hasta finales de año, pero puede ser una realidad en el corto plazo.

El economista de Economistas Frente a la Crisis y exsecretario general de Empleo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio González, ha asegurado en Hora 14 que la regularización de medio millón de personas supondría un incremento del 2,5% del PIB. "Lo que pasa es que no están trabajando en una situación normal y, por tanto, los efectos que se producirían de regularizarse serían sobre todo de afloramiento de la economía sumergida, aflorara más o menos el 2,5% del PIB", ha señalado.

González explica que esto llevaría a un aumento del empleo, de la riqueza, de las cotizaciones sociales, de los impuestos de trabajadores y empresas, "y todo eso ahora mismo, no se está produciendo por la situación de economía sumergida en la que están". Además, indica que con todos esos impuestos se pagaría más y se aumentaría también el gasto público, por lo que habría un incremento del gasto sanitario o educativo. "Todo tiene un efecto de arrastre por el efecto multiplicador", asegura.

El economista asegura que con la regularización de los 500.000 migrantes, se notaría un crecimiento económico. "Podría crecer la economía más de 35 millones de euros", manifiesta.
Cómo sostener el sistema de pensiones

Asimismo, González relaciona que los puestos de trabajos que más ocupan estas personas son la limpieza o los cuidados por la alta cualificación de la población española. "Los datos apuntan a que hay más necesidad porque ahí hay una demanda fuerte y puede haber problemas de cualificación entre los trabajadores nacionales o residentes", indica, aunque vaticina que la situación irá cambiando en los próximos años debido a que la generación del baby boom se va a jubilar. "A medida que salgamos del empleo, del mercado de trabajo, de la actividad laboral y nos jubilemos, van a ser necesarias personas que cubran esas vacantes en todos los terrenos. Es decir, que durante los próximos 25 años vamos a necesitar personas para trabajar tanto en trabajos de alta como de baja cualificación", señala.

El experto ahonda además en que para que el sistema de pensiones sea sostenible a largo plazo es necesario que se cubran todos los puestos de trabajo, que haya un reemplazo. "El sistema de pensiones se va a mantener, sobre todo en la medida en la que los que salgamos seamos sustituidos por otros nuevos. Eso es absolutamente fundamental y básico. Por tanto, la entrada de personas extranjeras naturalmente que ayuda al sistema de pensiones", dice. No obstante, González insiste en que estos extranjeros que vienen a España a trabajar, lo deben hacer en buenas condiciones o las mismas que los nacionales.

González opta por las vías regulares del flujo migratorio, pero advierte de un problema. "Las entradas de personas estén relacionadas directamente con las necesidades del empleo en el país, pero hay un problema si vienen personas de fuera creyendo que hay condiciones para trabajar y luego resulta que no las hay. Esas personas van a sufrir y naturalmente se va a ocasionar también un problema en el país de recepción de todo eso. Por tanto, ajustar los flujos migratorios a las necesidades del país y a las necesidades del empleo parece que es lo lógico", concluye."                            (Cadena SER, 13/04/24)

Héroes de la clase obrera: Mouhamed Diouf, senegalés de 26 años, ha salvado la vida de dos personas que estaban a punto de ahogarse en el Nervión

 "Mouhamed Diouf es conocido como el héroe de la ría de Bilbao. En el último año, este senegalés de 26 años ha salvado la vida de dos personas que estaban a punto de ahogarse en el Nervión. Su vida ha cambiado muy poco pese a que sus hazañas han dado la vuelta al mundo. 

Recibe, eso sí, “muchas muestras de cariño” por la calle, asegura el joven africano, pero sigue sin poder legalizar su situación en España, donde vive desde hace cinco años. Una asociación de mujeres vascas, Wolof para Mujeres que Aman Senegal, puso en marcha en junio pasado una campaña de recogida de firmas en Internet para lograr que el Gobierno español acepte regularizar su situación por circunstancias excepcionales.

La asociación Wolof (llamada así por la lengua más hablada de Senegal) ha reunido 48.344 firmas hasta este viernes al mediodía y las ha registrado este viernes ante la Subdelegación del Gobierno central en Bilbao. Ainoa Astiazaran explica a este diario que esta iniciativa popular persigue “sensibilizar a nuestros gobernantes” y “ayudar a este chico a estar en regla entre nosotros”. Mouhamed Diouf vive en Bilbao sin documentación legal: “No tengo papeles y así es muy complicado vivir”. Logra el sustento a duras penas gracias a la generosidad ciudadana, la ayuda de las ONG y de “hacer trenzas a la gente en la calle”, afirma este mocetón de dos metros de altura.

La vida de Diouf alcanzó notoriedad internacional en junio pasado. Era domingo y él estaba sentado con sus amigos cerca del puente de La Merced, en Bilbao: “Escuché a alguien gritar y vi cómo un hombre caía a la ría. Mis dos compañeros y yo corrimos. Había mucha gente, pero nadie quería saltar. Mis compañeros y yo sabemos nadar, así que fuimos a salvarlo sin miedo”, relató entonces el joven senegalés. Consiguió poner a salvo al hombre, de 72 años de edad, a quien acercó hasta el borde de la ría tras permanecer durante 15 o 20 minutos en el agua. Puso en peligro su vida, pero la hazaña tuvo un final feliz. Unos meses antes, en septiembre de 2019, también se lanzó a la ría bilbaína, esta vez tras oír voces de auxilio desde el agua. Se lanzó sin dudarlo, le ofreció la mano a la mujer que se encontraba en apuros y consiguió socorrerla.

Una campaña a través de Change.org quiso lanzarle un salvavidas a Diouf. Las casi 50.000 firmas recogidas en poco más de tres meses le abren una venta a la esperanza. Él dice que su decisión de lanzarse a la ría fue un acto natural, casi instintivo: “Yo no lo hice para conseguir los papeles, pero si eso ayuda...”. Astiazaran afirma que “no debería ser necesario arriesgar la propia vida para conseguir unos papeles o un modo de vida digno y legal en nuestro país, pero desgraciadamente la burocracia es lenta, costosa y empuja a muchos migrantes a no tener papeles aún llevando muchos años residiendo”. La asociación Wolof considera a Diouf un “ciudadano ejemplar” que merece “vivir en nuestro país de manera legal y confortable, sin temor a ser detenido y deportado”.

Diouf vivía hasta hace poco con un marroquí en un piso de Bilbao, pero este mes se ha tenido que mudar a la vivienda de otro amigo: “Estoy bien, no me puedo quejar, tengo buena salud”, comenta por teléfono. Su primera aspiración es “estar en regla” para lograr un trabajo. Hizo un curso de pescador y recibió el ofrecimiento de embarcarse en el Aita Mari, el barco de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) que asiste a inmigrantes que naufragan en el Mediterráneo. “Está complicado conseguir trabajo sin papeles”, comenta este joven que recorrió Mauritania y Marruecos y cruzó en patera el Estrecho para llegar a Europa, hasta que pudo recalar en Bilbao. El baloncesto es otra de sus pasiones. Estuvo participando en el programa Bihotz Kantxa del equipo Bilbao Basket, que pretende impulsar este deporte como vehículo de integración social. Cuenta que solía acudir a Durango para jugar a la canasta, pero ahora entrena él solo “para progresar”.                (Mikel Ormazábal, El País, 09/10/21)

La política migratoria ha fracasado. Las administraciones han normalizado las condiciones indignas de vida a las que se someten los inmigrantes porque se impide regularizar su situación... y así no pueden trabajar, cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y contribuir al progreso de nuestra sociedad

 "Superado el luto oficial decretado tras la trágica muerte de cuatro personas en el incendio de una nave industrial ocupada desde hace una década por inmigrantes en Badalona, ha llegado el momento de abrir la carpeta de cómo se abordan las soluciones para evitar nuevas desgracias como esta.

La nave de Badalona es la punta de un enorme problema que subyace en nuestra sociedad y para el que hemos aplicado la técnica del avestruz.(...)

 Es inaceptable que normalicemos las indignas condiciones de vida a las que abocamos a miles de personas por la incapacidad colectiva de abordar con seriedad este asunto. No puede ser que durante años, ayuntamientos y gobiernos de todos los niveles consientan que miles de personas malvivan en lugares insalubres, sin agua, ni luz, ni gas, sin las mínimas condiciones higiénicas.

Solo en Barcelona se calcula que hay 70 asentamientos y el incendio de Badalona no ha sido el único, ni el último.  (...)

No nos podemos limitar a enviarles los servicios sociales o las oenegés para que les den comida y ropa. Ni tampoco la solución pasa por acosarlos policialmente porque, como se ha visto en Badalona, se van de un sitio para ubicarse en otro a pocos metros.

La política migratoria ha fracasado. Digámoslo claro. Por un lado, nuestras fronteras son de cristal y cuando miles de personas las cruzan buscando un futuro mejor, les complicamos la existencia para disuadirlos de que se queden en nuestro país y expliquen a sus familias y amigos que España no es el paraíso que imaginan. 

De ahí viene que se les impida la regularización con la que podrían trabajar, cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y, en definitiva, contribuir al progreso de nuestra sociedad. En lugar de eso, los enviamos a la cueva de la marginación, de la exclusión social y, a la postre, a la delincuencia. Y, así, nuestra sociedad incurre en un enorme gasto social de atención a este cada vez más numeroso colectivo y se contribuye a alimentar el malestar ciudadano, con sus evidentes derivas hacia ideologías extremas.

En definitiva, el mensaje se transmite es algo así como: Lárgate, en España no hay futuro. Olvidando que llegan igualmente y que los tenemos aquí malviviendo en pésimas condiciones, incrementando la factura de atención social, sin contribuir a nuestro bienestar y provocando graves problemas de convivencia. Está claro que ese camino no ha funcionado y que no deberíamos esperar a otro incendio mortal para reaccionar."                (Enric Sierra, director adjunto de La Vanguardia, 16/12/20)

Augustin, inmigrante africano y candidato a la presidencia: “Quiero dar esperanzas a la gente”. Seguramente el líder de Vox, Santiago Abascal, no contaba con que un inmigrante africano sería uno de sus rivales en las elecciones del 28 de abril...

"Seguramente el líder de Vox, Santiago Abascal, no contaba con que un inmigrante africano sería uno de sus rivales en las elecciones del 28 de abril. El propio Augustin Ndour, un senegalés de 49 años que fue un ‘sin papeles’ tratando de sobrevivir en España, tampoco contemplaba “ni en sus más remotos sueños” ser el primer candidato de origen africano a presidente del Gobierno. 

Casi veinte años después de haber llegado a Granada, ciudad donde reside y trabaja, Augustin o ‘Agustín’ para la mayoría encabeza la candidatura de Por un Mundo Más Justo (M+J). Quiere quebrantar con el odio y los prejuicios que pesan sobre las personas como él, tan solo luchadores tratando de alcanzar una vida digna.

Ndour es activista y trabajador de Cáritas en Granada desde hace 17 años. Allí se gana la vida y puede ayudar a su esposa y sus hijos, quienes residen en su país de origen y pueden verlo pocas veces al año. Este candidato atípico, que sonríe con humildad, representa los ideales de su partido. M+J es una pequeña formación política de 206 militantes que nació en 2004 y persigue el fin de la pobreza en el mundo y de la desigualdad. 

Acuden al 28-A en solitario porque estos grandes objetivos, opinan, no son la prioridad de ninguna otra formación política en España. Con banderas como la transparencia, la lucha contra los paraísos fiscales o el 0,7% del PIB para la ayuda al desarrollo, han logrado concurrir a las elecciones por 41 provincias.

– ¿Por qué decidió venir a vivir a España?

– Mi hermano estaba trabajando en Lisboa como profesor de portugués y me facilitó el visado para poder venir a Europa. En realidad, yo no tenía un destino fijo, quería ir a Europa para mejorar mi condición de vida y de la gente que me rodeaba. Estuve casi dos años en Lisboa y allí me enteré de que en España, cuando gobernaba casualmente José María Aznar, se estaba regularizando de forma masiva la situación de muchos inmigrantes porque era la época del boom inmobiliario y se necesitaba mano de obra. Granada no la conocía, acabé allí por pura casualidad. Año y pico después de llegar me regularicé y empecé a trabajar en Cáritas y allí llevo 17 años.

– Durante todo el tiempo que lleva viviendo en España, ¿se ha encontrado más barreras sociales o institucionales?

– Institucionales. Además son las más dañinas. Las barreras sociales se superan con facilidad porque la gente cambia el concepto que tiene sobre ti cuando te conoce. Sin embargo, las barreras administrativas generan sufrimiento inútil. Cuando más sufrí fue a mi llegada porque no me permitían trabajar. Me acuerdo de que fui a un locutorio para llamar a Senegal y que me mandaran el dinero que tenía ahorrado de Lisboa. 

El muchacho que me atendió me miraba con una cara… Me preguntó: “¿te han mandado dinero de Senegal aquí?”. Vender en la calle se me daba muy mal y era lo único que podía hacer (ríe). Ese sufrimiento de la gente corriendo con la policía detrás por el único hecho de no tener papeles es una de las barreras más injustas.

– ¿Qué contestaría a esos políticos como Pablo Casado o Albert Rivera que se niegan a las medidas favorables para los inmigrantes porque, dicen, provocarían un “efecto llamada”?

– El efecto llamada es la riqueza de Europa y el empobrecimiento de los pueblos de origen. Todo ser humano anhela vivir bien, con dignidad. El derecho a no tener que emigrar tiene que prevalecer y, para eso, tenemos que cambiar las políticas de cooperación y comercio internacional. No podemos pretender vivir en una prisión de muros construidos con opulencia y que los demás estén viviendo fuera sin poder entrar. No es viable.

 Además, nuestros pueblos no son pobres, sino empobrecidos. África es muy rica en recursos: un tercio de la materia prima y energética pertenece al continente africana, el 60% de las tierras cultivables son africanas y el crecimiento demográfico mas fuerte es africano. Hay un potencial, pero ningún pueblo ha desarrollado a otro pueblo, sino que los pueblos se desarrollan a sí mismos. Ahora mismo tenemos unas políticas de comercio hechas de tal forma que quien compra pone los precios y es una regla del juego que tenemos que cambiar. 

Por ejemplo, si yo pudiera elegir el precio de tu teléfono para que me lo vendieras diría un euro, pero eso no es justo. El modelo de cooperación después de 60 años no ha servido de nada. Algo falla. Tenemos que mirar esa realidad de frente y dialogar para cambiarla.

– ¿Hacen falta en Europa liderazgos africanos que propongan otro tipo de relaciones entre los dos continentes?

– Sin ninguna duda. Después de la revolución industrial, tecnológica tiene que darse la revolución del encuentro. Es necesario que los africanos se unan, tengan una voz para hablar con Occidente y busquen una solución común que sea viable. En el siglo XXI no es normal que miles de personas sigan muriéndose en el mar por buscarse el pan. Son seres humanos. De hecho, ¿el mundo lo permitiría si fueran alemanes, ingleses o franceses? Hay mucha gente a la que no le importa la vida del pobre, pero nosotros queremos trabajar por toda la dignidad del ser humano, independientemente de su raza o credo.

– ¿Cuál fue el motivo principal que le animó a presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno?

– Uno de los motivos es que a veces gente conocida de toda la vida, buenas personas, de repente un día te sueltan un discurso de rechazo que te deja flipando, como si despertaras de una pesadilla. En España hay una sobreprotección de lo mío: primero voy yo y, cuando pase, el resto del mundo. Pero este mundo nos pertenece a todos y todos debemos tener la oportunidad de vivir medianamente bien. No es normal que un francés, un español o un alemán puedan viajar donde quieran y un senegalés no lo pueda hacer. Tú y yo queremos las mismas cosas, ser felices y no pedimos nada más.

Otro de los motivos es dar esperanza a mucha gente que, como yo, ha partido de la nada y que ha estado sin papeles. Hay gente muy bien preparada que por miedo se queda en un rincón. Muchas veces explico que si una niña de Senegal, Mali o cualquier parte del mundo, por su coeficiente intelectual, es la única que puede desarrollar un remedio contra el cáncer y no lo hace porque no puede estudiar, la humanidad entera sale perdiendo.

– Si tuviera que definirse políticamente, ¿diría que sus ideas son más de derechas o de izquierdas?

– Hace unos años hubiese dicho que de izquierdas, pero me he dado cuenta de que la gente lo que quiere es soluciones a sus problemas. No importa tanto la ideología que tengamos. La mayoría de la gente anhela políticos comprometidos con las necesidades de la ciudadanía. Al final importa que los políticos puedan dialogar, hablar y solucionar los problemas reales. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya una concordia, podernos desarrollar y ser felices.

– ¿Comparte ideas con el movimientos sociales como el feminista o el ecologista?

– Yo soy activista negro, solo faltaría que no apoyara el movimiento feminista. Entiendo perfectamente lo que están reclamando. En cuanto a la ecología, este planeta es el que tenemos y hay que cuidarlo entre todos. El ritmo de consumo que tenemos es insostenible. Tenemos que ir a la base, al consumo responsable. Defendemos quitar el impuesto a los aparatos que podamos reparar. Esa sería una de las medidas: no consumir lo que no necesitamos. Solo podemos salir de este lío en el que estamos metidos siendo responsables con nuestro consumo.

– Seguramente usted no represente la idea de español que Santiago Abascal tiene en la cabeza. ¿Qué le gustaría decirle?

– Solamente le diría que tiene el deber de dialogar, y que necesitamos prosperar juntos, sin dejar excluido a nadie. Para eso hace falta que hablemos. Igual él nunca aceptará mis ideas ni yo las suyas, pero al menos podremos convivir bien y alegremente.

– ¿Cuál sería la primera medida que pondría en marcha si llegara al Congreso de los Diputados?

– Quizás, como soy inmigrante, lo que más se espera de mí son medidas de migración, de fronteras. A mí me gustaría que las fronteras fueran lugares de encuentro porque no pueden ser lugares de muerte y sufrimiento. Propondría que los inmigrantes en España pudieran regularizar su situación a partir de los seis meses para que puedan trabajar. Ahora necesitan tres años y es demasiado tiempo. Se genera un sufrimiento inútil y, aunque estas personas también pagan también impuestos, no pueden darse de alta como una persona más. 

Es una de las medidas que llevamos entre otras muchas. También apostaría por las vías seguras para que la gente no tenga que jugarse la vida en una ruleta rusa. Estas políticas de migración, no impiden, solo dificultan, y quebrantan el sueño de demasiada gente."                   (María F. sánchez, Cuarto Poder, 17/04/19)

"Si somos iguales, no entiendo por qué yo tengo asistencia sanitaria y él no"

"(...) “Ningun ser humano sin sanidad”, “tienen mucha jeta, nos quitan la tarjeta”,“soy desobediente, atiendo a toda la gente”, son algunos de los lemas más sonados desde que los diferentes grupos de acompañamiento y demás defensores de la sanidad universal se unieron en la plaza madrileña.

Serin grita con fuerza. Es de Senegal y lleva 7 años en España, donde trabaja como auxiliar administrativo. Sí tiene acceso a la sanidad, pero continúa gritando bien alto junto a su amigo Djema. “Él no tiene asistencia sanitaria”, dice el primero. Su compañero llegó hace 6 años al país, sus papeles estaban en regla pero ahora no tiene trabajo, por lo que ha perdido la tarjeta que le permite acudir a una consulta médica.

 “Nadie quiere estar enfermo porque sí”, añade Djema con ironía. Dice que no lo entiende, que le parece mal. Su compañero está más enfadado y llega a interrumpirle. Quiere hablar. “Por más que me expliquen sus razones no puedo entender por qué yo tengo asistencia sanitaria y él no.

 Si somos iguales, si los dos somos senegaleses y vinimos hace mucho tiempo. La única diferencia es que yo tengo trabajo y él no. No entiendo como eso puede ser tan importante”, denuncia.

La vergüenza que le provoca no controlar el idioma a la perfección impide a Ahmed gritar con fuerza los lemas entonados. También senegales, también sin atención sanitaria. “Tengo problemas en el estómago. He intentado ir varias veces a un centro de salud de Lavapiés y no he podido entrar a la consulta”, dice el joven, quien reconoce que esta situación le ha obligado a pedir ayuda a los grupos de acompañamiento del barrio. 

“Cuando voy con ellos siempre puedo entrar. Ellos logran explicarse mejor y consiguen convencer al personal del ambulatorio” añade Ahmed. “Pero claro que tengo miedo. ¿Y si me pusiese malo una noche?”, se pregunta.

  “Cuando vuelvo a Marruecos a visitar a la familia me preguntan, '¿tú puedes ir al médico?' Saben lo que está pasando en España y lo comentan”. Habla Monir, quien lleva 11 años en España. Por el momento, sus situación es estable. Su trabajo de cocinero le permite vivir de forma cómoda en el país. Aunque no sabía que había una concentración, pasaba por aquí y se ha quedado.

 “He hablado con conocidos a los que les ha afectado. Incluso un chico me dijo una vez que, después de negarle la asistencia quería pagar una consulta y desde el centro le decían que no era posible, que no sabían cómo hacerlo. Es surrealista”, comenta junto a su novia. (...)"           (eldiario.es, 10/09/2013)

“No creo que haya sanciones para los médicos que atiendan a los ‘sin papeles”

"La decisión del Gobierno central de retirar la tarjeta a los inmigrantes en situación irregular ha abierto un debate entre los médicos sobre si es aplicable o no la objeción de conciencia en este caso, tras la adhesión de más de 2.000 médicos a un manifiesto en rechazo al decreto.

El profesor en derecho sanitario José María Antequera explica que esto es posible “en casos extremos en que la normativa contradiga alguno de los principios básicos amparados en la Constitución (o en la Declaración de Derechos Humanos a la que España se ha adherido)”. Y pone como ejemplo que se estipule una orden taxativa de que quien no tenga tarjeta sanitaria no pueda ser atendido bajo ningún concepto.

 En este caso, si se podría aplicar la objeción de conciencia implícita y “tácita amparada en el artículo 16 de la Constitución” porque, según Antequera, prevalece el derecho fundamental a la vida o a la integridad física.

La sentencia sobre objeción del Tribunal Supremo del 11 de mayo del 2009, explica el profesor, “no excluye de raíz que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido”. 

Es decir, que en caso de que la comunidad estipule que no se atenderá a quien no tenga tarjeta sanitaria bajo ningún concepto habría un conflicto con el derecho fundamental (amparado tanto en la constitución como en la Declaración de los Derechos Humanos) a la integridad física, por lo que “el médico puede ampararse en el artículo 16 de la Constitución”.

Sin embargo, aclara que sería una situación extrema porque “lo que reconoce el artículo 16 es la libertad ideológica de la persona, la libertad de conciencia”. Y agrega: “El principio general es que todo profesional sanitario debe cumplir la normativa”.

El educador considera que no se darán muchos casos donde se aplique la objeción de conciencia y manifiesta que no ve la necesidad de que el médico se pronuncie como objetor contra el real decreto porque al establecer que se atienda a quien tiene en situación de urgencia, enfermedad grave o accidente, la normativa permite que quien está en una situación irregular reciba atención médica.

 “¿Cómo puede saber el médico si está ante una situación grave si al paciente no se le evalúa y se le diagnostica?”. Para ello se deben hacer análisis, hacerle una revisión y pruebas” explica a título personal el profesor de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III.

“El problema real es un tema de gestión y de la facturación, sobre quién se hace responsable de ese gasto”, explica. Sí reconoce que pueden darse casos de que no se atienda a un paciente por no tener la tarjeta sanitaria, uno de los temores del colectivo médico porque puede atentar contra la integridad física y a la sanidad, por la extensión de las enfermedades contagiosas. 

Y es que, como reconoce Antequera, “el decreto busca disuadir a muchas personas de acudir a un centro sanitario por temor, y que vayan solo cuando tenga una situación muy grave”. Los médicos temen que esto provoque situaciones caóticas tanto médicas como administrativas, incluyendo los errores clínicos.  (...)

“No creo que se vaya a dejar de atender a la gente ni que se vayan a imponer sanciones contra el personal médico. El criterio general que se está imponiendo es atender, no generar desatención y que la consejería se encargue de la parte de tramitar el pago”. Los problemas, informa el profesor, pueden darse en el ámbito administrativo, en el que la objeción de conciencia no aplica. 

La ley recoge en casos muy claros y puntuales la objeción de conciencia, afirma Antequera y amplía: “Contra el servicio militar (que ya está derogada), en las situaciones de interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de las instrucciones previas y en el caso de los farmacéuticos (ciertas comunidades autónomas le han reconocido a los farmacéuticos el ser objetor de conciencia) Fuera de esos casos, no”.              (El País, 10/09/2012)

Denunciando a los 'sin papeles'

"La campaña de delación ha comenzado. El Ayuntamiento de Vic (Barcelona), gobernado por CiU, PSC y ERC, ha cumplido su promesa y ayer puso en marcha la polémica medida de denunciar ante la Subdelegación del Gobierno de aquellos inmigrantes sin papeles que acudan a empadronarse.

A última hora de la tarde, todavía no constaba ninguna denuncia, pero los mecanismos para interponerlas ya están en marcha, según confirmaron fuentes municipales. Según los datos del Ayuntamiento, desde principios de año se han empadronado en la ciudad un millar de inmigrantes, 23 de ellos sin papeles. (...)

Convergència i Unió y el Partido Popular se quedaron ayer solos defendiendo al alcalde. Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència, juzgó la medida "ejemplar". Aunque las discrepancias dentro del partido obligan a la federación a no generalizar la práctica entre sus alcaldes. El PP catalán presentará mociones en todos los Ayuntamientos en los que tiene representación para intentar multiplicar la propuesta de Vic.

Quien rechazó de pleno las políticas inmigratorias del municipio fue Rafael Ribó, Síndic de Greuges -equivalente del Defensor del Pueblo en Cataluña-, que aclaró que la ley obliga a empadronar a todos los inmigrantes." (El País, ed. Galicia, España, 13/04/2010, p. 15)

'Efecto Le Pen' en Vic... sin padrón no hay hospital, no hay escuela...

"Desde hace años, el reto de preservar la convivencia entre la población autóctona y la foránea se somete a prueba casi a diario en la ciudad de Vic (Barcelona), con un 24% de habitantes extranjeros de casi 90 nacionalidades distintas. Un verdadero polvorín étnico que, con la espoleta de la crisis, lo último que necesita es que sus gobernantes enciendan la mecha del estallido social.

Justo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Vic al anunciar, primero sin tapujos y luego mediante subterfugios de falsa apariencia jurídica, que negará el empadronamiento a los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla.

A falta de permisos de trabajo o residencia, el padrón es el único registro que garantiza a todos los habitantes de un municipio, extranjeros incluidos, el acceso a servicios públicos tan básicos como la educación, la sanidad o la atención social. Impedir el empadronamiento de un inmigrante sin papeles, o ponerle trabas disuasorias como la amenaza de delatarle ante la policía, equivale, por tanto, a negarle unos derechos fundamentales sólidamente amparados por el Tribunal Constitucional.

La iniciativa de este Consistorio catalán, como ha denunciado con firmeza el Gobierno, simplemente no cabe en la legislación en vigor. Otra cosa es que, en caso de sufrir este atropello, algún extranjero se atreva a denunciar al Ayuntamiento ante la justicia. Si el objetivo de los gobernantes locales era transmitir a los inmigrantes que no son bien recibidos en Vic, el daño ya está hecho.

Pero todo indica que al equipo de gobierno, con un alcalde de CiU coaligado con el PSC y ERC, le interesa más conquistar el voto racista que controlar los flujos migratorios." (El País, ed. Galicia, editorial, 13/01/2010, p. 26)

"El alcalde de Vic veta el padrón a los 'sin papeles' para "salvar la ciudad" (...)

Ayer, durante el pleno municipal, el alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), defendió la nueva exigencia. Se trata, dijo, de "salvar la ciudad": lograr que la gente autóctona no vea la inmigración como un problema y que entienda que "lo que se hace con los inmigrantes no les perjudica, que los recién llegados también cumplen la ley como se les exige a los locales". El 24% de los 38.000 habitantes de Vic son inmigrantes y la ciudad es la cuna de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), con cuatro concejales." (El País, 14/01/2010)