"Claudia Sheinbaum tomó el mando hace un año en plena euforia. Con el 60 % de los votos y una mayoría cualificada para su partido MORENA en ambas cámaras, la presidenta mexicana asumió el cargo en octubre de 2024 con un índice de aprobación de alrededor del 70 %, una cifra que no solo ha mantenido, sino que durante algunos meses ha superado, alcanzando el 80 %, lo que la convierte en una de las líderes más populares del mundo. Con un mandato claro, Sheinbaum ha impulsado una serie de reformas constitucionales, ha ampliado los programas de bienestar social y ha sabido manejar con éxito la tensa relación con la Administración Trump. Sheinbaum, cuyo mandato como alcaldesa de Ciudad de México (2018-2023) se caracterizó por una reducción del 40 % en la tasa de homicidios, también ha hecho avances en el notorio problema del crimen organizado en el país: aunque la violencia regional sigue siendo elevada y el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha empañado cualquier triunfalismo, el Gobierno de Sheinbaum puede presumir de una reducción del 37 % en los homicidios.
El ciclo político que comenzó con la elección en 2018 del predecesor y mentor político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por una importante legitimidad democrática. Según la Encuesta de Confianza de la OCDE, publicada recientemente, el 54 % de los mexicanos tiene una confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno federal, muy por encima de la media del 39 %. Una encuesta de Gallup del año pasado indicaba que la «confianza en el Gobierno nacional» había aumentado del 29 % al 61 % desde que MORENA llegó al poder, y que la «confianza en la honestidad de las elecciones en México» había aumentado en 25 puntos. El Pew Research Center también ha demostrado que la «satisfacción de los mexicanos con su democracia» se ha disparado en 36 puntos entre 2017 y 2019. Esta legitimidad se basa en los logros del pacto social posneoliberal de MORENA: la «Cuarta Transformación» de AMLO, una renovación nacional concebida en la línea de los levantamientos históricos, comenzando por la lucha por la independencia en el siglo XIX. Durante el mandato de López Obrador, los salarios reales aumentaron casi un 30 % y más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.
Sin embargo, la construcción de la «segunda planta» de la transformación, como Sheinbaum ha descrito su misión, ha puesto de manifiesto tensiones cruciales que acosan al proyecto populista de izquierda: ampliar el bienestar con un aparato estatal en ruinas; aplicar estrategias neodesarrollistas en medio de una crisis ecológica cada vez más grave; aprobar una reforma fiscal progresista en un contexto de estancamiento del crecimiento económico; liberar a la economía mexicana de su condición de subordinada en los circuitos transnacionales del capital sin abandonar los mercados globales tout court. Estas cuestiones interrelacionadas ponen de manifiesto no solo las particularidades del caso mexicano, sino también los límites estructurales y los dilemas estratégicos a los que se enfrentan las fuerzas progresistas en todo el mundo.
Las segundas plantas también requieren una ingeniería diferente y una adaptación a tensiones que no eran evidentes en la planta baja. Sheinbaum ha tenido que lidiar, en primer lugar, con el clásico problema de los titulares de tener que hacer campaña y gobernar, como ella misma dice, «con continuidad y cambio». Como abanderada de la Cuarta Transformación, posee un peso simbólico que la empodera y la limita a la vez. Debe ser una líder, debe renovar y reconstituir el bloque gobernante, pero tiene que hacerlo al tiempo que redobla su adhesión al legado de AMLO. A nivel político, esto implica no solo poner a prueba si el obradorismo puede funcionar sin su homónimo, sino también establecer la infraestructura institucional necesaria para un orden político transformado. A nivel económico, esto ha supuesto un equilibrio entre la soberanía y la integración en el mercado global, agravado por las presiones contradictorias que emanan del vecino del norte de México. Hasta ahora, la presidencia de Sheinbaum podría definirse como un mandato con dos objetivos principales: supervisar el surgimiento de un nuevo institucionalismo que canalice el poder democrático y reanimar el desarrollismo capitalista impulsado por el Estado, una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones adaptada al siglo XXI.
¿Cómo sobrevive un movimiento construido en torno a una figura carismática tras su marcha? AMLO, que fundó MORENA en 2011 y fue una figura omnipresente en la política mexicana hasta que cedió la presidencia el año pasado, ha abandonado el centro de atención y se ha retirado a su bucólica finca de una hectárea en Palenque, Chiapas. Hasta la reciente publicación de un vídeo promocionando la publicación de un libro, no había hecho ninguna declaración pública desde que dejó la presidencia. El vacío ha provocado sin duda incertidumbre y una reorganización de las alianzas políticas, y ha avivado el temor entre la base del partido de que MORENA esté siendo invadida por oportunistas influyentes. Pero las intrigas políticas han sido sorprendentemente leves. Mientras tanto, aunque los datos son escasos, las bases de apoyo de Sheinbaum parecen ser similares a las de AMLO. Según la encuesta de Mitofsky/El Economista, que desglosa el apoyo por categoría profesional, Sheinbaum es más popular entre las amas de casa, con un 81 %, seguidas de los trabajadores del sector informal, los jubilados y los campesinos, todos ellos por encima de la media nacional del 72 %. En marcado contraste, su apoyo es más débil entre los empresarios (55 %) y los profesionales (56 %), con una diferencia de 26 puntos entre el extremo superior e inferior de la escala de ingresos. Esta estratificación se cruza con el nivel de estudios: el 75 % de las personas con un nivel educativo más bajo apoyan a Sheinbaum, frente al 69 % de los titulados universitarios. Pero su apoyo sigue siendo relativamente sólido en todos los grupos demográficos. A pesar de los temores de que careciera del carisma de su predecesor, Sheinbaum ha demostrado que no solo puede mantener, sino también aumentar el número de seguidores de MORENA. Su estilo más tecnocrático ha demostrado tener su propio atractivo entre los sectores acreditados que se habían alejado en la segunda mitad del mandato de AMLO.
La continuidad de los pilares fundamentales del programa de AMLO —ampliación del bienestar social, lucha contra la corrupción, economía nacionalista— se ha combinado con nuevos énfasis que reflejan los diferentes antecedentes de Sheinbaum. La elevación de las cuestiones relacionadas con la mujer a la importancia de un ministerio, por ejemplo, o la reducción de la edad de jubilación de las mujeres en reconocimiento de las disparidades laborales entre géneros, han consolidado a Sheinbaum como una líder por derecho propio. Sin embargo, la tarea más urgente ha sido avanzar en el marco institucional necesario para la Cuarta Transformación. Lo más destacado es que Sheinbaum ha supervisado la aplicación de una importante reforma judicial, que ha transformado la forma de seleccionar a los jueces en todos los niveles, desde los tribunales locales hasta el Tribunal Supremo.
La confianza de la ciudadanía en los tribunales, conocidos por sus arraigadas redes nepotistas, es baja. A finales de 2022, las revelaciones sobre reuniones secretas entre la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y líderes de partidos de la oposición sugirieron una coordinación política inapropiada. La Suprema Corte también ha anulado leyes clave, como la relativa a la soberanía energética, por motivos procesales superficiales. Cuando AMLO anunció su «Plan C» —buscar una mayoría de dos tercios en el Congreso en las elecciones de 2024 para aprobar dieciocho reformas constitucionales— vinculó explícitamente la participación democrática al cambio institucional. La posterior victoria aplastante de MORENA, que le aseguró no solo la presidencia, sino también la mayoría cualificada necesaria en el Congreso y las legislaturas locales, proporcionó lo que sus partidarios consideran un mandato claro para la reforma sistémica.
La esencia de las reformas es sencilla. Todos los cargos judiciales están ahora sujetos a elección popular. Si bien las elecciones judiciales existen en diversas formas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde los jueces hacen campaña abiertamente siguiendo las líneas del partido para puestos electivos en algunos estados, y aproximadamente la mitad de los estados eligen a sus tribunales supremos, el alcance del enfoque de México no tiene precedentes, ya que abre todos los cargos judiciales a la elección, incluidos los puestos en la Suprema Corte de Justicia. Las críticas se han centrado en varias preocupaciones clave. La pésima participación del 13 % en las primeras elecciones judiciales, celebradas en junio, plantea serias dudas sobre la legitimidad democrática, un problema que, según los partidarios de MORENA, refleja la falta de promoción de las nuevas elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral (que también impone restricciones estrictas a los titulares de cargos públicos, incluido el presidente, para promover el voto). La continuidad de la baja participación sin duda deslegitimaría la reforma, pero cabe señalar que los bajos índices de participación en las elecciones judiciales son un problema en las democracias consolidadas. Los temores sobre la influencia de los cárteles de la droga en la selección judicial —aunque graves, dados los retos de seguridad a los que se enfrenta México— se aplican igualmente a las elecciones locales existentes, al igual que las afirmaciones de que los votantes carecen de los conocimientos suficientes para evaluar a los candidatos.
La principal objeción a las elecciones judiciales hace hincapié en el riesgo de «captura política». El Financial Times observó que «la nueva Corte Suprema de México estará compuesta exclusivamente por jueces nombrados por la coalición gobernante», mientras que The Economist advirtió que los veteranos están siendo sustituidos por «novatos y partidistas». Si bien es lógico suponer que la mayoría de los jueces elegidos tienen cierta afinidad ideológica con el Gobierno —aunque no necesariamente una conexión partidista orgánica—, esto no es consecuencia del diseño de la reforma, ni necesariamente un signo de «captura política»: al fin y al cabo, los altísimos índices de aprobación de Sheinbaum hacen que no sea de extrañar que los jueces de izquierdas también sean populares. En cuanto a la acusación de que la coalición de Sheinbaum monopolizó las nominaciones, los procedimientos de selección de candidatos fueron boicoteados sistemáticamente por la oposición, que se retiró cínicamente del proceso para luego alegar que había sido excluida. La reforma estipula que los candidatos se seleccionan al azar de listas separadas elaboradas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno. Pero el poder judicial se negó a elaborar una lista de posibles candidatos en señal de protesta; su poder de preselección se transfirió entonces al Senado, donde la coalición gobernante tiene una mayoría cualificada.
Más revelador aún es el fracaso de la oposición a la hora de articular una visión alternativa coherente. Tras sufrir una derrota catastrófica en 2018 y 2024 —hasta el punto de que sus antiguos rivales, el PRI y el PAN, ahora hacen campaña en coalición—, los partidos tradicionales se vieron obligados a defender la separación de poderes de forma abstracta, sin poder explicar cómo el anterior sistema de nominación presidencial y ratificación por el Congreso garantizaba una independencia genuina. Sus intentos de equiparar el gobierno mayoritario con el autoritarismo sonaron, por tanto, huecos. ¿Denunciarían el supuesto fin de la separación de poderes si pensaran que sus jueces favoritos tienen posibilidades de ganar?
La reforma transgrede menos las normas establecidas de lo que podría parecer a los observadores internacionales: a diferencia de la reverencia cuasi religiosa que rodea al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el máximo tribunal de México carece de profundas raíces históricas, ya que fue reconstituido en la década de 1990 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo. No obstante, las reformas suponen una profunda reinvención de la democracia y el poder institucional. La recién elegida Corte Suprema presenta interesantes posibilidades para una verdadera independencia judicial. Su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena de la izquierda rural autónoma con un historial de representación de comunidades marginadas, puede situarse incluso a la izquierda de MORENA en determinadas cuestiones. Su reciente contratación del abogado que representa a los estudiantes de Ayotzinapa —un caso infame relacionado con la desaparición de cuarenta y tres estudiantes en 2014 que terminó en conflicto con el gobierno de AMLO— señala una posible independencia de la influencia ejecutiva. Los mandatos escalonados de 8 a 15 años, determinados por la proporción de votos, crean un amortiguador contra los rápidos cambios políticos y evitan la sustitución total de los tribunales con cada ciclo electoral. Detrás de estas batallas institucionales se esconde una pregunta fundamental: ¿quién determina los límites de la participación democrática en una era de creciente desigualdad y captura institucional por parte de la clase alta? The Economist lamenta la cesión del tribunal a «partidistas», pero la protección que la anterior Corte Suprema otorgó a evasores fiscales adinerados, como el magnate de los medios de comunicación Ricardo Salinas Pliego, demuestra que las instituciones formalmente independientes dirigidas por expertos supuestamente imparciales pueden, de hecho, servir a los intereses de una élite reducida.
Junto con la reforma del poder judicial, Sheinbaum ha continuado con la orientación asistencialista de su predecesor, con la introducción de becas universales para la escuela primaria el próximo año y el aumento de las pensiones en función de la inflación. El Gobierno se ha comprometido a construir 1,1 millones de viviendas en seis años, muchas de ellas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que anteriormente se dedicaba principalmente a la concesión de hipotecas. Las viviendas cuestan entre 35 000 y 60 000 dólares, con préstamos sin intereses disponibles para los trabajadores que ganan hasta el doble del salario mínimo, y se da prioridad a las poblaciones desfavorecidas. Se prevé que el programa genere aproximadamente 600 000 puestos de trabajo en la construcción al año.
Una peculiaridad de esta renovada prestación pública es que se está llevando a cabo sin un crecimiento económico significativo y sin estar impulsada por la deuda. En cambio, se basa en la reestructuración presupuestaria y el aumento de la recaudación de impuestos. Esto podría situar al proyecto en una posición política más sólida que sus homólogos de la primera ola de la Marea Rosa, que dependían del auge de las materias primas y quedaron expuestos cuando este decayó. Sin embargo, añade presión para encontrar oportunidades de crecimiento. En este caso, la necesidad de un equilibrio entre la soberanía y la integración global se ha hecho especialmente evidente, agudizada por las amenazas de Trump de imponer aranceles y las disputas sobre la renacionalización del sector eléctrico, que incumple las normas comerciales del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Hay que reconocer que Sheinbaum no ha respondido a las payasadas de Trump defendiendo el orden neoliberal global, como han hecho muchos líderes de todo el mundo. En cambio, ha propuesto una reformulación de la relación entre el Estado y el mercado.
El Plan México, presentado en enero, representa un renacimiento selectivo de la industrialización por sustitución de importaciones adaptada a la era contemporánea de las cadenas de suministro y el comercio globalizados. Con una inversión de 277 000 millones de dólares, distribuida en 2000 proyectos que abarcan objetivos económicos, sociales e industriales, la iniciativa es una de las estrategias de desarrollo más ambiciosas de México en las últimas décadas. El plan persigue simultáneamente la sustitución de importaciones y la expansión de las exportaciones, aprovechando las tendencias de nearshoring y las tensiones entre Estados Unidos y China, en lugar de rechazar por completo los mercados mundiales. En contraste con las aleatorias bravuconadas arancelarias de Trump, la administración de Sheinbaum está reinstaurando algunos aranceles estratégicos, en particular sobre las importaciones asiáticas, acompañados de algunas políticas industriales. Su objetivo es garantizar que el 50 % del suministro y el consumo nacionales en industrias seleccionadas, como la textil, sean «Made in Mexico» .
Se hace especial hincapié en sectores estratégicos, como los semiconductores, la industria aeroespacial, los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y los vehículos eléctricos. El plan exige que el 54 % de la generación de electricidad siga bajo control público, al tiempo que se aceleran los permisos para las energías renovables. (Sheinbaum, antigua científica climática, ha mantenido la inversión en combustibles fósiles, con la paradójica esperanza de que sus ingresos ayuden a pagar la transición energética). La expansión de la infraestructura energética incluye 145 proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de aumentar la capacidad de generación. La inversión en infraestructura es un componente crucial, con 3000 kilómetros de nuevas vías férreas previstas, incluidas líneas de pasajeros que conectarán la Ciudad de México con Querétaro y Pachuca, y fondos para reparar 4000 kilómetros de carreteras federales. El plan de Sheinbaum también incluye la inversión en infraestructura hídrica, desde la modernización de los sistemas de riego hasta proyectos de limpieza de ríos.
Sin embargo, el Plan México no se limita a la inversión pública. Influenciado por el marco del «Estado emprendedor» de Mariana Mazzucato, que posiciona al gobierno como creador de mercado en lugar de regulador pasivo, la idea es que el Estado configure activamente la dirección económica de México a través de objetivos orientados a misiones, al tiempo que despliega «capital paciente» en sectores estratégicos. En lugar de limitarse a corregir las fallas del mercado, el objetivo es que el Estado mexicano establezca nuevos mercados mediante garantías de contratación pública e inversiones en infraestructura que «atraigan» capital privado.
Por el momento, Sheinbaum cuenta con el apoyo necesario para perseguir estos objetivos: la oposición de derecha sigue siendo relativamente débil. Sin embargo, se está radicalizando. Después de pasar las últimas elecciones presidenciales fingiendo apoyar la agenda de bienestar social de AMLO («los programas se quedan, MORENA se va» era uno de sus lemas), dos derrotas electorales masivas han dejado a la derecha buscando una nueva estrategia. En su reciente cambio de imagen, el PAN, de centro-derecha, se ha inclinado por el magnate de los medios de comunicación Salinas Pliego, que parece pasar la mayor parte del día en X repostando contenido reaccionario. Recién salido de una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a pagar décadas de impuestos evadidos, está listo para entrar en la contienda política. Por su parte, el PAN desempolvó un viejo eslogan en su cambio de imagen en octubre: «Patria, Familia y Libertad». Las apuestas por el éxito de Sheinbaum, ya de por sí altas, siguen creciendo."
(Edwin F. Ackerman , New Left Review, 05/12/25, traducción DEEPL)
