Cousas veredes... “Ya no podemos alimentar a nuestras hijos”... La UE y la "justicia" alemana abocan al periodista Hüseyin Doğru a la pobreza y a la muerte civil como castigo por sus reportajes sobre Gaza... han congelado también las cuentas de su esposa, con lo que hoy por hoy no tienen literalmente acceso a dinero por ninguna vía... La autoridad justifica la medida afirmando que los fondos en las cuentas de la esposa deben considerarse fondos bajo el control de su marido. Para justificar esto, la Oficina Central se refiere, entre otras cosas, a una póliza de seguro de automóvil: después de que una póliza existente fuera cancelada debido a las sanciones, la esposa de Doğru contrató una nueva póliza de seguro para el automóvil compartido... Además, según la autoridad, existen interconexiones familiares y económicas. La orden se refiere explícitamente al matrimonio, así como a los tres hijos que tienen en común... la decisión de negar a su esposa el acceso a medios financieros no solo empuja a su familia a un vacío legal, sino que los fuerza deliberadamente a una crisis humanitaria. Actualmente, solo tenemos 104 euros disponibles para nuestros tres hijos y nosotros dos... esto contradice no solo el derecho internacional, sino también la Ley Fundamental alemana, que garantiza la protección del bienestar de los niños. La familia ya no puede pagar el alquiler, alimentar a los niños ni cubrir los costos de electricidad. Si bien teóricamente los niños podrían recibir asistencia, en la práctica existe un riesgo real de que el apoyo humanitario se interprete como una elusión de las sanciones... Una posible siguiente etapa de escalada podría consistir en quitarnos a nuestros hijos, basándose en una situación creada por las propias autoridades... Esta represión viola la dignidad humana de la familia y es inaceptable en un estado gobernado por el estado de derecho... El abogado dijo que su cliente no está autorizado a recibir donaciones monetarias y tampoco se le permite aceptar asistencia alimentaria. Cuando se le preguntó si un vecino ya podría ser procesado por traer pan Doğru, Gorski respondió: "Sí, el vecino teóricamente se haría responsable de un proceso judicial" (Raphael Schmeller)

Zugasti @irezugasti

Actualización han congelado también las cuentas de su esposa, con lo que hoy por hoy no tienen literalmente acceso a dinero por ninguna vía

8:11 p. m. · 27 mar. 2026  ·89,8 mil Visualizaciones

 

 " El Tribunal Local de Frankfurt am Main ha desestimado el recurso de urgencia interpuesto por el periodista Hüseyin Doğru, residente en Berlín, confirmando las severas restricciones financieras que pesan sobre él tras su inclusión en la lista de sanciones de la Unión Europea en mayo de 2025. El fallo judicial deja al informador, padre de dos bebés, en una situación de vulnerabilidad extrema, sin capacidad para cubrir gastos básicos como el alquiler o contratos de servicios esenciales.

Hüseyin Doğru, a quien Canal Red entrevistó recientemente trasladándose a Berlín, ya que las sanciones no le permiten moverse libremente por Europa, ha sido objeto del mecanismo sancionador europeo en un giro inédito de la política comunitaria Numerosos periodistas, medios internacionales y figuras como la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, se han hecho eco de su situación, pero tanto Bruselas como los tribunales alemanes hacen oídos sordos, colocando a Doğru en una situación límite.

El núcleo de la disputa actual reside en el derecho de acceso del periodista a servicios bancarios básicos frente al régimen de sanciones de la UE. Aunque el Bundesbank alemán autorizó a Doğru el uso de 506 euros mensuales para necesidades básicas, el tribunal determinó que los pagos a proveedores y agencias de cobro de deudas no entran en esta categoría. De este modo, no sólo le es imposible afrontar los gastos actuales, sino pagar las facturas anteriores que se acumulan, amenazando con cortes de suministros o incluso desahucio de no poder afrontarlas por no tener, literalmente, acceso a ningún tipo de dinero.

La sentencia subraya que las instituciones financieras, en este caso el banco Comdirect, están obligadas por ley a no liberar fondos congelados, independientemente de las consecuencias personales para el afectado. Según el juez, estas dificultades son "propias de la naturaleza" de las medidas restrictivas impuestas. "Pagar facturas es prácticamente imposible para mí. El riesgo de terminar en la calle con tres niños no es una fantasía, es una amenaza concreta", declaró Doğru al diario Berliner Zeitung.

Doğru es víctima de un giro reaccionario de las políticas sancionadoras europeas, diseñadas como mecanismos unilaterales de coacción contra enemigos geopolíticos que ahora se tornan hacia el interior de la Unión y que opera fuera de los cauces penales ordinarios. La situación de Doğru es un caso paradigmático de lo que expertos en derecho internacional califican como "muerte civil".

Hasta la fecha, la UE no ha presentado pruebas públicas de una conexión concreta entre Doğru y las actividades desestabilizadoras de las que se acusa al periodista, abiertamente comprometido con la causa palestina y que ejercía un periodismo crítico con la política de guerra, rearme y represión en Alemania y Europa. Juristas como Ninon Colneric, exjueza del Tribunal de Justicia de la UE, han advertido en el Parlamento Europeo que estas sanciones constituyen una intrusión profunda en los derechos fundamentales, creando un "efecto disuasorio" sobre los periodistas que cubren temas sensibles o críticos con la narrativa oficial.

Para Doğru, la decisión del tribunal de Frankfurt no es solo un revés legal, sino la confirmación de un "vacío legal" donde el derecho se utiliza para castigar voces disidentes.

(Irene Zugasti, Diario Red, 26/03/26)

 

“Ya no podemos alimentar a nuestras hijos”.

 Tras el bloqueo de la cuenta de Hüseyin Doğru, las autoridades alemanas han puesto ahora la mira en su esposa. El periodista y su familia se enfrentan a una crisis humanitaria.

 Lo que comenzó como un procedimiento de sanciones contra el periodista Hüseyin Doğru, con sede en Berlín, se ha convertido ahora en una crisis humanitaria para él y su familia. Después de que el periodista —sancionado por la UE desde mayo de 2025— ya estuviera en gran medida aislado de las transacciones financieras, la Oficina Central para la Ejecución de Sanciones (ZfS) también ha "asegurado" las cuentas bancarias de su esposa.
La autoridad, que pertenece a la Dirección General de Aduanas, considera, según una orden a la que tuvo acceso Berliner Zeitung, que las cuentas de la mujer se utilizaron para eludir las sanciones impuestas contra Doğru.

Seguro de coche citado como justificación para el cierre de la cuenta

La carta se refiere a una "incautación de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Ley de Aplicación de Sanciones (SanktDG)". Dos cuentas en Commerzbank se ven afectadas. Se han prohibido las disposiciones sobre los saldos existentes, así como los créditos futuros entrantes. La autoridad justifica la medida afirmando que los fondos en las cuentas de la esposa deben considerarse fondos bajo el control de su marido.

Para justificar esto, la Oficina Central se refiere, entre otras cosas, a una póliza de seguro de automóvil: después de que una póliza existente fuera cancelada debido a las sanciones, la esposa de Doğru contrató una nueva póliza de seguro para el automóvil compartido. El titular registrado del vehículo sigue siendo Doğru. El hecho de que ella adoptara su calificación de bonificación por no siniestralidad es interpretado por la autoridad como una indicación de elusión de sanciones.

Además, según la autoridad, existen interconexiones familiares y económicas. La orden se refiere explícitamente al matrimonio, así como a los tres hijos que tienen en común. Además, el ZfS argumenta que el concepto de "control" debe interpretarse de manera amplia.

Otro punto en el razonamiento se refiere a los movimientos financieros poco después de la cotización de Doğru. Según la orden, las transferencias de una de las cuentas de Doğru a la cuenta de su esposa supuestamente tuvieron lugar ya un día después de la sanción. Según la autoridad, esto permite concluir que las transferencias sirvieron para eludir las sanciones.

Ahora nadie puede mantener a nuestros hijos.

La Oficina Central considera explícitamente el embargo de las cuentas de la esposa como "proporcionado". Para la familia, sin embargo, la medida es una amenaza existencial. Dijo correctamente al Berliner Zeitung que la decisión de negar a su esposa el acceso a medios financieros no solo empuja a su familia a un vacío legal, sino que los fuerza deliberadamente a una crisis humanitaria.

Actualmente, solo tenemos 104 euros disponibles para nuestros tres hijos y nosotros dos. Anteriormente, yo mismo no podía mantener a mis hijos. Ahora nadie puede proveer para ellos.
Acusa a las autoridades alemanas de actuar sistemáticamente contra su familia.

"El gobierno federal y sus instituciones nos han seleccionado sistemáticamente como objetivo: primero a mí, luego a mi esposa, y ahora nuestros niños pequeños y bebés se ven afectados. "Esta decisión pone deliberadamente en peligro el bienestar y la salud de nuestros hijos", dice. Argumenta que esto contradice no solo el derecho internacional, sino también la Ley Fundamental alemana, que garantiza la protección del bienestar de los niños.

La familia ya no puede pagar el alquiler, alimentar a los niños ni cubrir los costos de electricidad. Si bien teóricamente los niños podrían recibir asistencia, en la práctica existe un riesgo real de que el apoyo humanitario se interprete como una elusión de las sanciones.

Doğru habla de una espiral de escalada. Cada vez que su caso recibe atención pública, las medidas se intensifican. Primero, dice, el Ministerio de Asuntos Exteriores le negó efectivamente el estatus de periodista; posteriormente, fue desacreditado públicamente como un "actor de desinformación". A esto le siguió la criminalización de cualquier apoyo a su familia; con la decisión más reciente, ahora se amenaza deliberadamente el bienestar de los niños.

El objetivo de estas medidas es quebrantarme a mí y a mi familia. "Las autoridades están llegando al extremo de poner en peligro a sabiendas la salud y el bienestar de los bebés", dice Doğru. Una posible siguiente etapa de escalada podría consistir en quitarnos a nuestros hijos, basándose en una situación creada por las propias autoridades.
Su abogado, Alexander Gorski, describe la incautación de las cuentas de la esposa como una nueva etapa de represión. Hablando con Berliner Zeitung, dijo:

"La incautación administrativa de las cuentas de la esposa del Sr. Doğru representa una escalada sin precedentes de la represión contra la familia del Sr. Doğru. Es importante recordar que el Sr. Doğru está sancionado, pero ahora su familia también está sufriendo cada vez más las consecuencias. Esta represión viola la dignidad humana de la familia y es inaceptable en un estado gobernado por el estado de derecho".

Lo drásticos que son los efectos en la vida cotidiana ya se había hecho evidente en los últimos meses. Doğru intentó recientemente, en un procedimiento urgente ante el Tribunal de Distrito de Fráncfort del Meno, lograr que su banco, Comdirect, permitiera nuevamente las transferencias y redujera las restricciones en el uso de su cuenta. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud. No encontró ninguna supuesta reclamación de orden provisional y se puso del lado de la institución crediticia. Según la opinión del tribunal, Doğru no había demostrado de manera creíble una reclamación ejecutable de que las transferencias que solicitaba debían ser liberadas.

Aunque el Banco Federal Alemán había permitido al periodista utilizar 506 euros al mes para necesidades básicas, según el tribunal, los pagos superiores a esa cantidad no estaban cubiertos. Doğru no había demostrado suficientemente que las transferencias previstas, como los pagos a proveedores de servicios y agencias de cobro de deudas, sirvieran para satisfacer las necesidades básicas. Al mismo tiempo, el tribunal de distrito enfatizó que los bancos están obligados por la legislación de sanciones de la UE directamente aplicable y no tienen permitido liberar fondos congelados.

Ya en ese momento, Doğru describió la situación como existencialmente amenazante. Dijo que los contratos en curso del período anterior a las sanciones, como los de telecomunicaciones, seguros y otras obligaciones cotidianas, ya no podían ser atendidos porque su banco rechazaba cada transferencia. Recordatorios de pago, procedimientos de cobro de deudas y costos crecientes fueron el resultado. Con los 506 euros aprobados, era imposible mantener a una familia de cinco. Había un peligro real de no poder pagar más el alquiler. Como persona sancionada, prácticamente no tenía ninguna posibilidad de celebrar un nuevo contrato de alquiler. Él y su familia enfrentaron la amenaza de quedarse sin hogar, como le dijo a este periódico.

La UE acusa a Doğru de propaganda rusa

Para Doğru y su familia, esto representa la última escalada en un proceso que lleva meses en curso. El periodista figura en una lista de sanciones de la UE desde mayo de 2025. La Unión Europea justifica esto afirmando que, a través de su trabajo periodístico pro-palestino, Doğru incita a la "discordia étnica, política y religiosa" y, por lo tanto, apoya las "actividades desestabilizadoras de Rusia". Hasta la fecha no se ha presentado evidencia pública de una conexión concreta con Moscú.

Doğru rechaza las acusaciones. Confirma que anteriormente trabajó para Redfish, un formato financiado por la emisora rusa Ruptly. Sin embargo, en el transcurso del ataque ruso a Ucrania, puso fin a la relación laboral.

"Siempre he criticado que fue una invasión de Ucrania", dijo ya en noviembre de 2025 en una conversación con Berliner Zeitung.

Legal y políticamente, el caso es altamente explosivo. En un dictamen jurídico presentado en el Parlamento Europeo en otoño del año pasado, la exjueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Ninon Colneric y la académica de derecho internacional Alina Miron llegan a la conclusión de que las medidas representan profundas violaciones de los derechos fundamentales.

Los autores hablan de una "muerte civil" de facto: los activos están congelados, el acceso a los servicios bancarios está bloqueado y la capacidad económica para actuar está casi completamente paralizada. Particularmente problemático, argumentan, es que las sanciones se imponen sin revisión judicial previa y que las personas afectadas no reciben una audiencia antes de ser incluidas en la lista.

Además, los juristas advierten de un efecto disuasorio en los periodistas en general. Sigue sin estar claro dónde se encuentra el límite entre la información permitida y la "manipulación de la información" sancionable. Las sanciones de la UE amenazan, por tanto, la libertad de prensa.

Dagdelen: "Necesitamos una plataforma de acción contra las sanciones ilegales"

La abogada Gorski dejó claro en una entrevista con Berliner Zeitung cuán amplias se han vuelto las consecuencias del régimen de sanciones, según la defensa. El abogado dijo que su cliente no está autorizado a recibir donaciones monetarias y tampoco se le permite aceptar asistencia alimentaria. Cuando se le preguntó si un vecino ya podría ser procesado por traer pan Doğru, Gorski respondió:

  
"Sí, el vecino teóricamente se haría responsable de un proceso judicial".

La política del BSW, Sevim Dagdelen, está pidiendo ahora una movilización política más amplia.

"Hüseyin Doğru y su familia necesitan ayuda urgente", dijo al Berliner Zeitung. El régimen de sanciones de la UE es totalitario, y el gobierno alemán ya no debe apoyar esta locura inhumana.

"Invito a todos los demócratas a activarse juntos aquí: necesitamos una plataforma de acción contra las sanciones ilegales para defender el estado de derecho, la democracia y la humanidad".

Los detalles seguirán pronto, según Dagdelen."

 

( Raphael Schmeller, Brave New Europe, 29/03/26, traducción Quillbot,      fuente Berliner Zeitung)

El sr. Roig, el de Mercadona, cuando se bajó el IVA, no bajó los precios... ahora que se restablece el IVA, sube los precios... Es un perfecto ejemplo de la relación de la oligarquía con el Estado... Los esfuerzos siempre son públicos... Los beneficios siempre son privados (Íñigo Errejón)

Rocio Esteban @RocioEst_

En todas las cajas de Mercadona. El señor Roig justificando la subida que va a realizar próximamente. Cuando se bajó el IVA no se bajaron los precios. Gente en las cajas diciendo que el PG es un sinvergüenza.

10:42 a. m. · 1 oct. 2024 955,3 mil Reproducciones


Íñigo Errejón @ierrejon

Es un perfecto ejemplo de la relación de la oligarquía con el Estado: 

- ¿que se baja el IVA de los alimentos? 

Yo no bajo los precios y aumento mi margen de beneficio 

-¿que se restablece? 

Me veo obligado a subir los precios. 

Los esfuerzos siempre son públicos. 

Los beneficios siempre son privados. (...)

7:35 p. m. · 1 oct. 2024 232,4 mil Reproducciones

El 70% de la tierra cultivable del mundo está controlada ahora por sólo el 1% de las explotaciones agrícolas más grandes del mundo... Desde el año 2000 se han acaparado en todo el mundo tierras que ocupan aproximadamente el doble de la superficie de Alemania... la demanda de tierras continúa sin control, el desarrollo actual está exacerbando la desigualdad de la tierra y haciendo que la producción de alimentos a pequeña y mediana escala sea cada vez más inviable, lo que provoca revueltas de agricultores, éxodo rural, pobreza rural e inseguridad alimentaria. Con la duplicación de los precios mundiales de la tierra agrícola en 15 años, los agricultores, campesinos y pueblos indígenas están perdiendo sus tierras

"El aumento del precio de la tierra, el acaparamiento de tierras y los planes de reducción de emisiones de carbono están creando un «estrangulamiento de tierras» sin precedentes, que amenaza a los agricultores y a la producción de alimentos, según revela un exhaustivo informe del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) elaborado con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

El estudio expone la alarmante escalada del acaparamiento de tierras en diversas formas, como las «apropiaciones verdes», los instrumentos financieros opacos y la especulación, la rápida extracción de recursos y la producción intensiva de cultivos de exportación. Desde el año 2000 se han acaparado en todo el mundo tierras que ocupan aproximadamente el doble de la superficie de Alemania.

Como destaca el informe, están surgiendo nuevas e importantes presiones derivadas de las «apropiaciones verdes» para proyectos de compensación de carbono y biodiversidad, iniciativas de conservación y combustibles limpios. Los gobiernos y las empresas están adquiriendo enormes extensiones de tierras agrícolas para estas «apropiaciones verdes», que ya representan el 20% de los acuerdos de tierras a gran escala. Los compromisos de los gobiernos para la eliminación de carbono de la tierra suman por sí solos casi 1.200 millones de hectáreas, lo que equivale al total de las tierras de cultivo del mundo. Se prevé que los mercados de compensación de carbono se cuadrupliquen en los próximos siete años.

Esta tendencia mundial de acaparamiento de tierras y «acaparamiento verde» está afectando especialmente al África subsahariana y a América Latina, mientras que la desigualdad de tierras crece más rápidamente en Europa Central y Oriental, América del Norte y América Latina, y Asia Meridional. Sorprendentemente, el 70% de la tierra cultivable del mundo está controlada ahora por sólo el 1% de las explotaciones agrícolas más grandes del mundo.

A medida que la demanda de tierras continúa sin control, el desarrollo actual está exacerbando la desigualdad de la tierra y haciendo que la producción de alimentos a pequeña y mediana escala sea cada vez más inviable, lo que provoca revueltas de agricultores, éxodo rural, pobreza rural e inseguridad alimentaria. Con la duplicación de los precios mundiales de la tierra agrícola en 15 años, los agricultores, campesinos y pueblos indígenas están perdiendo sus tierras (o se ven obligados a reducirlas), mientras que los jóvenes agricultores se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra para cultivar.

El nuevo estudio Land Squeeze identifica las medidas transformadoras necesarias para lograr un acceso significativo y equitativo a la tierra, entre ellas situar las respuestas comunitarias en el centro de las políticas climáticas y de biodiversidad, tomar medidas enérgicas contra las dudosas compensaciones de carbono y la especulación con la tierra, devolver la tierra a los agricultores mediante modelos innovadores de financiación y propiedad, y lograr un nuevo acuerdo para los agricultores y las zonas rurales, acompañado de una nueva generación de reformas agrarias integrales.

Informe completo en inglés: Descargar el PDF "

(Fundación Rosa Luxembugo, IPES-FOOD,)

¿Qué hay detrás del racionamiento de pasta y harinas en grandes superficies? Con la producción de trigo en España se cubre la demanda familiar. Se podría abastecer de forma muy justa con la producción nacional... pero otra industria requiere una demanda ingente de trigo. Es la producción de piensos para la industria cárnica... las macrogranjas y ganadería intensiva que disparan la demanda de materia prima y aumentan la dependencia de otros países... así que al mismo tiempo que traemos de otros países trigo y derivados en grandes cantidades, exportamos un total de 757.394 toneladas... solución: 1. Reducir la cabaña ganadera (por su gran consumo de derivados del trigo -y otras materias primas-) y dirigir el modelo hacia manejos más extensivos con mejor aprovechamiento de los pastos, habida cuenta de la elevada dependencia externa de la industria cárnica española; 2. Aumentar la superficie cultivada de trigo en España; 3. Reducir las exportaciones para dedicarlas al consumo interno... Todo esto no es nada nuevo, lleva tiempo publicado. Muchas personas desde diversos ámbitos lo llevan avisando décadas

"Como sucedió con el aceite de girasol, ya tratado ayer en otro artículo, de nuevo saltan las alarmas por el racionamiento, también, de pasta y harina en diferentes cadenas de supermercados a un número determinado por persona y día.

Repetimos idéntico análisis con el trigo, principal componente de la harina y la pasta consumida en España, y lo haremos desde los datos para ir respondiendo a preguntas que, de seguro, nos estaremos haciendo.
¿No se produce suficiente trigo en España como para tener que depender de otros países?

Para no depender mucho de otros países, las entradas de trigo a través producción nacional (o importación, si fuera necesario) deberían ser similares a las salidas a través del consumo nacional (y exportaciones si hubiera).

Según el Ministerio, España cultivó en 2020 un total de 1,91 millones de hectáreas de trigo, con una producción desglosada de 7,1 millones de toneladas de trigo blando y 819.000 toneladas de trigoduro.

Como “subproducto” se obtienen unas 4,4 millones de toneladas de paja de trigo, que se puede utilizar para biocombustibles, en la construcción, alimentación animal etc.

El rendimiento harinero del trigo oscila entre el 70-75%, lo que significa que para obtener un kilo de harina es necesario, aproximadamente, 1,4 kg de trigo. De esta forma, España produce el equivalente a 5,74 millones de toneladas de harina de trigo.

Concretando un poco más, se produce el equivalente a 5,15 millones de toneladas de harina de trigo blando, destinada principalmente a producción de pan y, por otro lado, se producen 594.000 toneladas de harina de trigo duro cuyo principal destino es la fabricación de pasta.

Veamos el consumo familiar de trigo en España.

El Informe del Consumo de Alimentación en España 2020 del Ministerio nos dice que en los hogares españoles se consumieron 157.277 toneladas de harinas y sémolas.

Si ponemos un caso hipotético de que el 70% de la harina y sémola consumida sea de trigo tenemos un consumo total de 146.740 toneladas de harina y sémola de trigo, o lo que es lo mismo, 205.436,6 toneladas de trigo.

Según el mismo Informe, el consumo de pasta en los hogares españoles asciende a 209.629 toneladas. Suponiendo que el 90% de esa pasta sea harina de trigo, tendríamos un total de 188.666,3 toneladas de harina consumida, el equivalente a 264.132,8 toneladas de trigo.

En cuanto al consumo de pan, se llega hasta los 1,5 millones de toneladas. Teniendo en cuenta que cada kilo de pan tiene en torno al 88% de harina, equivale a 1,33 millones de toneladas de harina. O lo que es lo mismo, 1,87 toneladas de trigo.

A esto habría que sumarle el trigo contenido en pastelería y bollería. Igualmente hay que sumar el consumo fuera del hogar de pasta, pan, pastelería y bollería. Según el Ministerio, sólo de pan, habría que sumar 97.328 toneladas por consumo extradoméstico. Esto son 119.908 toneladas más de trigo.

De esta forma, el consumo de las familias asciende a 2,46 millones de toneladas de trigo. Para ser más concretos, 469.569,4 toneladas de trigo duro y 1,99 millones de toneladas de trigo blando.

Como ya se ha apuntado, la cifra total sería algo superior por la falta de datos desagregados. Vemos de esta forma que con la producción de trigo en España se cubre la demanda familiar, incluso teniendo en cuenta que el tipo de trigo destinado a la pasta es el trigo duro y el destinado al pan es, sobre todo, trigo blando.

Entonces ¿por qué tenemos que traer trigo de otros países?

Ampliando el foco, los datos de demanda de trigo de la industria harinera nos aportan mucha información.

La propia Asociación de fabricantes de harinas y sémolas de España (AFHSE) proporciona unos datos de producción de harina de trigo blando en España en el año 2019 de 3.598.068 toneladas. Esto equivale a 5 millones de toneladas de trigo (blando). Se podría abastecer de forma muy justa con la producción nacional.

La producción de harina en España, según AFHSE, va destinada a consumo interno, de forma que el 70% va a la industria panificadora, el 25% abastece a otras industrias de segunda transformación como la industria de pastelería, bollería, galletas, alimentos infantiles, pizzas, platos precocinados, etc y sólo se exporta en torno al 4% de la harina y sémola que producimos en nuestro país.

Con esta balanza compensada entre producción nacional y consumo familiar directo de trigo, ampliamos el foco más allá de la industria harinera y nos encontramos, de nuevo, con otra industria que requiere una demanda ingente de trigo. Es la producción de piensos para la industria cárnica.

Por centrarnos sólo en la producción de pienso, con datos del Ministerio , en 2020 se elaboraron en España 25 millones de toneladas de pienso. Para ello se requirieron nada más y nada menos que 5.5 millones de toneladas de trigo.

Con 5 millones de toneladas para la industria harinera y 5,5 millones de toneladas para la producción nacional de piensos, los 7.9 millones de toneladas de trigo producidas en España se quedan cortas.

La balanza entre entradas y salidas se desequilibra aún más si tenemos en cuenta que en España sólo se produce una pequeña parte del pienso que consume la ganadería española. En el estudio de Juan Infante (y otros en 2018) se detalla cómo la desmesurada cabaña ganadera de España requiere, aparte de toda la superficie cultivada en España, otras 4,7 millones de hectáreas en otros países para el cultivo de oleaginosas —principalmente de soja— y 2,3 millones de hectáreas para cereales —principalmente trigo y maíz— y otras leguminosas; principales componentes, todos, del pienso para alimentación animal. Otro día nos centraremos en el maíz y la soja, y allí será reír por no llorar..

Aquí entran en el debate, de nuevo, las macrogranjas y ganadería intensiva que disparan la demanda de materia prima y aumentan la dependencia de otros países.

Queda, entre otros, un factor que añadir a las cuentas y es que España, al mismo tiempo que trae de otros países trigo y derivados en grandes cantidades, exporta un total de 757.394 toneladas según FAOSTAT (base de datos de la FAO).

Túnez (33,19%), Italia (20,29%) y Portugal suman el 71,71% de las exportaciones de trigo y derivados con 543.106 toneladas.

Resumiendo, las salidas de trigo y derivados por consumo interno (doméstico e industrial) y exportaciones se sitúan por encima de 11,46 millones de toneladas. A esto hay que sumar la importante demanda para alimentación animal que no cubre la industria española de piensos.

La producción nacional de trigo, con 7,9 millones de toneladas se queda muy lejos de la demanda.

Veamos hasta qué punto.

Una vez demostrada nuestra importante dependencia ¿qué cantidades importamos?

De nuevo según FAOSTAT, España importó en 2020 un total de 4,38 millones de toneladas de trigo y derivados.

Francia con 1,4 millones de toneladas de trigo, salvado y harina (en este orden) es el principal país que nos abastece de estos productos con el 32,36% de todas las importaciones en 2020.

Retorna la pregunta del millón: ¿cómo podríamos reducir la dependencia del exterior?

Como se ha apuntado en este y otros textos, parecerían planteables, al menos, tres vías:

1. Reducir la cabaña ganadera (por su gran consumo de derivados del trigo -y otras materias primas-) y dirigir el modelo hacia manejos más extensivos con mejor aprovechamiento de los pastos, habida cuenta de la elevada dependencia externa de la industria cárnica española.

2. Aumentar la superficie cultivada de trigo en España.

3. Reducir las exportaciones para dedicarlas al consumo interno.

Todo esto no es nada nuevo, lleva tiempo publicado. Muchas personas desde diversos ámbitos lo llevan avisando décadas, pero han sido ninguneados e ignorados por los gobernantes de turno. La Historia les está dando la razón. Al final, es fácil de entender: el planeta es finito."                                 (Eugenio Romero, El Salto, 12/03/22)

Casado: las macrogranjas no contaminan... Ganadero: “Echan los purines en los campos y mi ganado ya no quiere comer ahí, a las ovejas no les gustan las tierras donde hay purines. Es como si a ti te pusieran una mierda en el plato, me he tenido que ir a hasta 30 kilómetros de distancia de la macrogranja para encontrar lugares donde alimentarlas””... Ganaderas en red: “Yo hago ganadería extensiva y tengo una simbiosis con la naturaleza, siembro mis campos, mis ovejas se alimentan de esa siembra y vendo corderos que alimentan a la gente. Las macrogranjas, en cambio, tienen una relación parasitaria”... Esas instalaciones usan muchos medicamentos para los animales y muchos químicos para lavar los suelos, y todas esas aguas y esos residuos al final se acaban filtrando a los acuíferos. Es un problema muy grave”... “La carne de ternera y de cerdo ha bajado muchísimo de precio por culpa de las macrogranjas... es como si pones un Primark al lado de una tienda de barrio. Las macrogranjas hacen competencia desleal a los ganaderos”

 "Casado, rodeado de vacas pastando en libertad, asegura que las macrogranjas "no contaminan".

(...)  En plena ofensiva contra el ministro Garzón, y por elevación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de PP ha evitado visitar una macrogranja, (en el ojo del huracán de Bruselas y que son las que critica el ministro de Consumo), y ha preferido fotografiarse rodeado de vacas pastando en una dehesa en su pueblo de adopción, Las Navas del Marqués. Eso sí, desde allí ha defendido que las grandes explotaciones ganaderas en España no contaminan, no maltratan a los animales y la carne que producen es de calidad. (...)"                  (Rosa Camacho, NIUS, 14/01/22)

"El día se levanta con una niebla espesa en Prado, un pueblo zamorano de unos 40 habitantes. 

A las siete, Bárbara Patricia Palmero se dirige a una enorme nave blanca de techos altísimos para alimentar a sus 500 ovejas con avena, cebada o veza. “En diciembre y enero no salen a pastar porque hace mucho frío, el resto del año sí”, apunta. Cuando camina con sus animales ve los inmensos llanos de secano de la Tierra de Campos donde se plantan cereales. Desde hace un par de años el paisaje también incluye una macrogranja en el pueblo de al lado, Cerecinos. “Es imposible la coexistencia entre la oveja de pastoreo y las macrogranjas de cerdos. Mis ovejas no pueden pastar donde vierten purines [excrementos]”, denuncia Palmero, un lamento que comparten otros ganaderos extensivos. La patronal del porcino responde que hasta la fecha no han recibido ninguna queja por este motivo.

Palmero —botas, pantalones negros gastados, abrigo estilo militar y bufanda al cuello— maneja con soltura su carretilla por la nave, donde los animales corretean en diferentes corrales con suelo de paja y forraje: en uno están los machos, y en otros las hembras con sus crías de diferentes edades. El balido de las ovejas se entremezcla con el ladrido de los perros en una sinfonía rural. Su ganadería, Hermanos Palmero, cría unos mil corderitos al año. Para incluirse en la marca Lechazo de Castilla y León las madres tienen que estar en extensivo y semiextensivo y alimentarse básicamente de forma tradicional —aunque en invierno pueden completar la alimentación con piensos— y los lechazos solo pueden tomar leche materna hasta los 21 días, cuando se venden.

“Yo hago ganadería extensiva y tengo una simbiosis con la naturaleza, siembro mis campos, mis ovejas se alimentan de esa siembra y vendo corderos que alimentan a la gente. Las macrogranjas, en cambio, tienen una relación parasitaria”, explica. La mujer, de 48 años —22 de ellos como ganadera—, cree que hay que aprovechar la polémica del ministro Garzón para diferenciar ganadería extensiva, que da empleo y es respetuosa con el territorio, con las macrogranjas, que contaminan agua y tierra. Y que, de hecho, el segundo modelo va contra el primero. Como ella, 300 mujeres se han unido a Ganaderas en red para defender la ganadería extensiva y familiar frente a la amenaza de las granjas industriales, una crítica que comparte el sindicato agrario UPA, que aglutina al 87% de las ganaderías familiares españolas.

Un problema similar vive Fernando Gómez, pastor de 53 años. Sus 1.100 ovejas pacen en extensivo en la zona de Balsa de Ves (Albacete). Pero desde que hace unos años se instaló en el pueblo una macrogranja que cría a 100.000 cerdos al año su labor es cada día más difícil. “Echan los purines en los campos y mi ganado ya no quiere comer ahí, a las ovejas no les gustan las tierras donde hay purines. Es como si a ti te pusieran una mierda en el plato”. Por eso, Gómez solo puede pastorear en sus tierras y, cuando se acaba el alimento, caminar y caminar. “Antes mis ovejas pastaban por toda la zona, ahora es imposible. Me he tenido que ir a hasta 30 kilómetros de distancia de la macrogranja para encontrar lugares donde alimentarlas”, se queja.

Francisco Pérez, veterinario y director del departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), explica que las macrogranjas pueden generar problemas de contaminación del agua o las tierras si no se gestionan bien los purines y que, si unos terrenos están muy contaminados, eso puede afectar a los animales, es decir, “que un exceso de cobre o de zinc podría ser negativo para las ovejas”. Interporc, la patronal del porcino, responde que no tiene constancia de ninguna queja por este asunto: “El purín es abono orgánico que va a tierras de siembra, donde no pastan las ovejas. Y en caso de que se distribuyan como fertilizante en otro tipo de tierras no debe haber ningún problema si el fertilizante se usa en las cantidades adecuadas. De hecho, cuando se aplica el purín, este se entierra, es abono orgánico mucho mejor para la tierra y el medio ambiente que el abono químico”, señala un portavoz.

Contaminación de aguas y tierras

Esta posible contaminación preocupa, y mucho, a Alberto Cañedo, de 45 años, que cría en extensivo a 45 vacas y 10 yeguas en Carcaboso (Cáceres): “Tenemos todo nuestro terreno en ecológico, pero nos van a abrir una macrogranja al lado. Esas instalaciones usan muchos medicamentos para los animales y muchos químicos para lavar los suelos, y todas esas aguas y esos residuos al final se acaban filtrando a los acuíferos. Es un problema muy grave”. Teme que la instalación acabe repercutiendo sobre su certificación ecológica y haga inviable su negocio.

En cuanto al uso de medicamentos en las macrogranjas, el veterinario de la UAB señala que el hecho de que los animales crezcan más rápido “puede hacerlos más sensibles a las enfermedades, pero los antibióticos solo se utilizan si el animal cae enfermo”, ya que “están prohibidos los piensos medicalizados”. En cualquier caso, “los antibióticos solo se pueden utilizar por prescripción veterinaria”.

Pérez considera que la ganadería intensiva también tiene aspectos positivos. “Lo que ha hecho el hombre es conseguir animales mejorados genéticamente para que crezcan más que hace 50 o 60 años. Y eso ha permitido que estas instalaciones sean más eficientes y bajen de precio la carne. Por ejemplo, en 1973 un pollo a los 42 días pesaba 1,3 kilos, y ahora pesan 2,8, por eso ahora podemos dar de comer carne a precios competitivos. Lo único es que ahora requieren de mayores cuidados”.

En el otro lado, esta bajada de precios asfixia a los pequeños productores. “La carne de ternera y de cerdo ha bajado muchísimo de precio por culpa de las macrogranjas”, se queja Nerea del Río, ganadera de 29 años en Robladillo de Ucieza (Palencia) y miembro también de Ganaderas en red. En su caso, tiene 600 ovejas en semiextensivo para vender leche y lechazo. “Esas bajadas hacen efecto arrastre en todas las carnes, es como si pones un Primark al lado de una tienda de barrio. Las macrogranjas hacen competencia desleal a los ganaderos”, añade.

En Cerecinos, un pueblo con 260 habitantes junto a Prado, Pedro Luis Anta abandonó el PP para ser concejal de una candidatura popular contra la construcción de una macrogranja. Ganaron con mayoría absoluta en 2019, pero la instalación ya tenía casi todos los permisos y no pudieron pararla. Abrió hace dos años. Hay unas 3.4000 cerdas que engendran 90.000 cochinillos al año. “Algunos chavales del pueblo han trabajado ahí, pero al final todos lo dejan. Es ganadería industrial y es muy duro. Hay que cortarles los dientes a 90.000 los lechones y pasarte el día oliendo a mierda, y eso no lo soporta todo el mundo”, dice Anta.

El también teniente de alcalde explica que en verano la instalación cambió de dueños y realizó vertidos de purines en los campos. “No pueden hacerlo, su proyecto dice que tienen que pasar los residuos por una planta de tratamiento. Así que los denunciamos al Seprona y pararon”, añade. En otro pueblo cercano, Villanueva del Campo, también hay macrogranjas construidas y en proceso. Bárbara Patricia Palmero mira la macrogranja de Cerecinos desde un prado cercano y lo resume así: “Los purines cada vez llegan a más tierras y mis ovejas cada vez pueden comer en menos sitios. Las macrogranjas son la puntilla para la ganadería extensiva”.                (Miguel A. Medina, El País, 14/05/21)

Los datos que prueban que las macrogranjas de carne son una amenaza para una ganadería sostenible... es muy difícil competir con la carne barata de las macrogranjas, por eso cada vez se cierran más explotaciones pequeñas en favor de las grandes... La ganadería industrial porcina es de hecho un factor que ha "fomentado el proceso de despoblación rural entre los años 2000 y 2020

"La defensa de un modelo sostenible, el de la ganadería extensiva, frente a otro más agresivo, el de las macrogranjas, ha llevado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al punto de mira. El detonante ha sido una entrevista publicada a finales de diciembre en el diario británico The Guardian y difundida en redes sociales esta semana. Garzón hizo una crítica explícita a la ganadería intensiva, por su impacto medioambiental y por sus consecuencias en lo que respecta al bienestar animal. Sus palabras no han agradado a todo el mundo.

En la transcripción completa de la conversación, publicada en redes sociales por el propio ministro, el líder de la cartera apela a la "evidencia científica" para sostener un análisis crítico con la ganadería intensiva. Y ofrece tres claves: las macrogranjas esconden en sus instalaciones "maltrato animal", producen "carne de peor calidad" y generan un "impacto ecológico descomunal". 

¿Qué es una macrogranja?

Para ahondar en los datos que sostienen el discurso del ministro conviene empezar por el principio ¿Qué es una macrogranja? Luís Ferreirim, miembro de Greenpeace, aporta algunas pinceladas al respecto. Se trata, dice en conversación con este diario, del "exponente máximo de la ganadería industrial, donde miles y miles de animales están hacinados en naves. Es en parte responsable, por ejemplo, de la deforestación en el mundo", explica, ya que la alimentación de los animales requiere de insumos externos, piensos y forrajes, en gran medida provenientes de terceros países. Según Ecologistas en Acción, "en los últimos años ha crecido el porcentaje de emisiones de la ganadería vinculado a las importaciones de piensos" y gran parte se deben a la deforestación, "por la expansión de la frontera agraria en las zonas de producción de las materias primas", como la soja y el maíz.(...)

  Estas características son las responsables de dar respuesta a las tres grandes premisas de la ganadería industrial: "Producir mucho, producir rápido y producir al menor coste".

Predominio absoluto de las grandes granjas

La enmienda del ministro Alberto Garzón ha sido aplaudida por ecologistas y animalistas, pero no ha gustado a las empresas del sector, acostumbradas al elogio político y el crecimiento exponencial de su negocio. Según publica Greenpeace, las grandes explotaciones industriales concentran el 93,7% de la producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves y el 80,6% de la leche de vacuno. A su vez, el 66% de las tierras cultivadas se destinan a producir alimentos para el ganado. 

La clave del crecimiento no está en el consumo interno, sino en las exportaciones con destino a China. El gigante asiático constituye la principal demanda de carne de cerdo, tanto que las exportaciones allí aumentaron un 111% en 2020, en parte como consecuencia de la epidemia de gripe porcina. Pero no sólo China incrementa su demanda: España es popularmente conocida como la granja de Europa. Tal como revela un informe de Amigos de la Tierra y Food & Water Action Europe, en 2019 la industria sacrificó casi 53 millones de cerdos y produjo 4,6 millones de toneladas de carne. La cifra de cerdos que se crían en el país supera los 30 millones, la más alta de entre todos sus vecinos europeos.

Impacto medioambiental

Si algo hay en las macrogranjas, son cantidades ingentes de purines. Esta mezcla de defecaciones de los animales, restos de pienso y agua, suponen un problema medioambiental que contamina la tierra y los recursos hídricos. Los nitratos, las principales sales contenidas en estos restos, aumentaron su presencia en las aguas subterráneas españolas un 51,5% de 2016 a 2019. Los acuíferos más afectados coinciden con las zonas de mayor explotación animal. Esto ocurre, destaca Greenpeace en un reciente informe, a pesar del aumento de la superficie incluida dentro de las Zonas Vulnerables a Nitratos (ZVN), el instrumento de las administraciones públicas para frenar la contaminación por nitratos, en 4 millones de hectáreas en los últimos diez años, alcanzando ya el 24% de la superficie total estatal.

La Comisión Europea acaba de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la deficiente aplicación de la directiva sobre nitratos, un precepto que llama a desarrollar una acción común para controlar el problema derivado de la producción ganadera intensiva. España no cumple y tendrá que dar explicaciones.

 El mismo análisis de la organización ecologista reseña que en 2020 el sector agropecuario fue de los pocos sectores que incrementó la generación de gases de efecto invernadero y se posiciona ya como el tercer sector más contaminante del país, siendo responsable del 14% de las emisiones estatales. La explicación se encuentra, en gran medida, en el incremento de las emisiones de la ganadería, responsable del 65% de las emisiones de este sector. Greenpeace estima, en base al último balance del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que la producción de carne está detrás de la emisión de 69,4 millones de toneladas de CO2. (...)

Oposición en el mundo rural

Lo es porque no sale rentable. "El modelo que realmente defiende a los ganaderos y a sus animales es el de la ganadería extensiva", coincide Luís Ferreirim. Pero "es muy difícil competir con la carne barata de las macrogranjas" y cada vez "se cierran más explotaciones pequeñas en favor de las grandes". En la actualidad, por tanto, hay menos granjas pero muchos más animales, concentrados en estas grandes explotaciones.

Y el lugar escogido por la gran industria es el mundo rural, la España vaciada. "La industria tiene los tentáculos muy largos y busca los pueblos más pequeños, más envejecidos, con poca oposición y mucha necesidad", incide el activista. Pero el plan empieza a torcerse. En los últimos años han surgido plataformas que rechazan de manera explícita el dominio de la ganadería industrial y la ocupación de sus tierras. Este mismo miércoles, el medio centenar de asociaciones vecinales que conforman la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial ha vuelto a posicionarse contra el modelo: "Ni fija población, ni dinamiza las zonas rurales económica, ni es la solución para la España vaciada".

La reacción de los vecinos surge después de que las consecuencias de la ganadería intensiva vayan quedando cada vez más constatadas. Hay ejemplos con nombre propio, como la crisis del Mar Menor y el papel de la contaminación ganadera, o la macrogranja de Castilléjar (Granada), en cuyas instalaciones coexistían cientos de miles de lechones en condiciones deplorables.

Actualmente, hay en marcha dos grandes proyectos de macrogranjas en suelo español que han despertado el rechazo de organizaciones ecologistas. Uno es el que se asentaría en Noviercas (Soria) y que acogería a 23.520 vacas, la granja lechera más grande de Europa. Según Greenpeace, la macro explotación emitiría tantos gases de efecto invernadero como 122.000 coches circulando en un año. El otro proyecto que menciona Luís Ferreirim es el que pretende instalar una granja con más de un millón y medio de gallinas en San Clemente (Cuenca), una de las mayores explotaciones avícolas a nivel europeo.

Ni empleo, ni repoblación

Pero, ¿son las grandes explotaciones un mal menor? ¿Son capaces de crear empleo y cubrir las necesidades de las zonas rurales? Lo cierto es que el aumento de macrogranjas no ha conseguido impedir la despoblación y por sus características, difícilmente serán un arma contra el desempleo. Al contrario. Según un informe de Ecologistas en Acción, la ganadería industrial porcina es un factor que favorece la despoblación rural. "El 74 % de los municipios con alta carga porcina pierde más población o gana menos que los municipios sin cabaña porcina intensiva o con muy poca", señala el análisis. La ganadería industrial porcina es de hecho un factor que ha "fomentado el proceso de despoblación rural entre los años 2000 y 2020".

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) disecciona, a través de un estudio, el modelo que ha impuesto la ganadería intensiva y sus consecuencias. Se trata del sistema denominado de integración, que comprende "el 75% de la producción, quedando para el ganadero independiente el 10% y para las cooperativas el 15%, aproximadamente". Este modelo se basa en la relación contractual entre el ganadero, propietario del terreno, y la empresa integradora, propietaria de los animales.

Aunque la coordinadora reconoce que la integración conlleva algunas ventajas, destaca inconvenientes de calado. El principal, llama poderosamente la atención: "Pasas de ser ganadero a ser integrado". Por tanto, el ganadero "pierde el control del negocio" y queda "subordinado a la planificación y los intereses de la empresa integradora". En palabras de la coordinadora, se "renuncia a la capacidad de decisión sobre los elementos fundamentales de la producción".

Andoni García, presidente de COAG, se ha pronunciado públicamente en defensa de la ganadería extensiva por su aportación a nivel medioambiental, por el vínculo con los animales y por el arraigo con la tierra que se trabaja. El avance de las macrogranjas, sostiene, supone ya una amenaza para las explotaciones familiares que sí dan vida al mundo rural."                     (Sabela Rodríguez, InfoLibre, 05/01/22)

Sobre la carne... El problema es la megaindustria cárnica... Es necesaria una reestructuración de la producción de carne que proteja el medio ambiente y favorezca a los pequeños productores... España no tiene nada que perder en este proceso de cambios de hábitos de consumo compatibles con el medio ambiente, muy al contrario, reforzaría un sector primario, donde somos líderes europeos, que nos permitiría luchar contra la España vaciada

 "El nivel de discusión que se observa en nuestro país es meramente tabernario, de muy poca enjundia, típico de países cuya calidad democrática es pésima. Escuchar las ayusadas, y ver cómo no tan sólo su líder Casado, sino también Sánchez se aplican a imitarla produce grima. 

Lo último, la cascada de reacciones ante unas declaraciones ponderadas del ministro de Consumo, Alberto Garzón. En ellas, Garzón alertaba contra el consumo masivo de carne, especialmente de carne roja, y proponía la necesidad de tomar las medidas correctoras, exactamente como propone Europa, reclama la OMS o piden nutricionistas y pediatras. Además, Garzón proponía favorecer una ganadería extensiva frente a aquella intensiva, dominante en nuestro país. 

Pues hete aquí, en Españistán, no hay tutía, entre las fotos de los filetones que se tomaban ciertos políticos, en nombre de la libertad “a lo Aznar”, ¡quién es usted para decirme los vasos de vino que puedo tomar!, y el chascarrillo del chuletón al punto de Sánchez, aquí paz y después gloria. La evidencia es abrumadora, sin matices, en la forma y en el fondo, a favor de los argumentos de Garzón, frente a los chascarrillos de tasca de bar.

 Los chascarrillos son todavía más sonrojantes cuando uno, en este caso el presidente del gobierno, parece que no se ha leído el Informe España 2050 de su propio Gobierno. En su página 190 se señala: "Será igualmente necesario reducir el consumo de ciertas materias primas y productos (...) el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable". 

Tal como señala la ONU en su programa Actúa Ahora, Act Now, comer menos carne, especialmente roja, ayuda a ahorrar agua y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global (véase https://www.un.org/es/actnow/about).

 El objetivo número 12 de la ONU para un desarrollo adecuado, consiste en garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles, entre ellas en la alimentación. Como datos destacables, tal como señala la propia ONU, “si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se producen en la fase de producción (agricultura y procesamiento de alimentos), los hogares influyen en estos impactos a través de sus hábitos y elecciones dietéticas.

 Esto, en consecuencia, afecta el medio ambiente a través del consumo de energía relacionada con los alimentos y la generación de residuos. Dos mil millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son obesas. La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino están disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales para suministrar alimentos. 

El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Y entre las metas para alcanzar este objetivo número 12, señala específicamente, “De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza”. (...)

Pero el consumo excesivo de carne, como es el caso de nuestro país, no solo es un problema de que el coste en emisiones de producir proteínas sea muy alto, que lo es, sino también de salud pública. El consumo de carne procesada y roja aumenta el riesgo de cáncer, especialmente como propagador de metástasis. Pero da igual, como quien puso de manifiesto todos estos y cada uno de los problemas es un “social comunista”, leña al mono que es de goma. ¡Qué nivel! Seguro que si la ocurrencia procediera de esa luz de la sabiduría llamada Isabel Díaz Ayuso, esos mismo hubiesen loado la apertura de mentes de la susodicha.

Proyecto Inherit: mucho que ganar

Las palabras de Garzón ya han sido asumidas en otros lares de nuestra querida Europa por gobiernos de ideología distinta. Porque lo que es cierto, lo es en Madrid, en Tombuctú, o en Laponia. Y también se han financiado distintos proyectos como Inherit (https://www.inherit.eu/) que lanzaron propuestas a favor de un modelo de vida, movilidad y consumo sostenible con el medio ambiente. Por lo que se ve, aquí, los de los chascarrillos o no saben de nada, muy probable, o se la bufa todo en pos de maximizar el número de votantes.

Respecto al consumo, Inherit afirma “Nuestros sistemas de producción masiva de alimentos (agricultura industrial a gran escala) ofrecen productos de bajo coste a un alto precio para la naturaleza, los animales y la salud humana (y se cobran su precio a los agricultores locales). La agricultura excesiva afecta a las funciones del suelo y disminuye el valor nutricional de los alimentos que consumimos, mientras que el consumo excesivo de carne procesada y roja puede provocar cáncer y perjudica al medio ambiente.

 La proliferación de la comida rápida y barata, así como la forma en que nos movemos y vivimos, está contribuyendo directamente al aumento de las tasas de obesidad y los casos de diabetes 2. El consorcio INHERIT está investigando estas alarmantes tendencias e identificando puntos de inflexión que podrían cambiar a mejor los comportamientos de consumo… Inherit aspira a presentar escenarios más sostenibles para modificar esta ecuación”.

Lo más increíble es que al final la propuesta de Alberto Garzón, a favor especialmente de una ganadería y agricultura extensiva, beneficiaría enormemente a los agricultores y ganaderos españoles, especialmente en aquellos productos protegidos por una denominación de origen. España no tiene nada que perder en este proceso de cambios de hábitos de consumo compatibles con el medio ambiente, muy al contrario, reforzaría un sector primario, donde somos líderes europeos, que nos permitiría luchar contra la España vaciada. Pero, da igual.

El problema, la megaindustria cárnica

Hay además una razón de fondo sobre la necesidad de disminuir y vigilar el consumo de carne actual, así como promover la ganadería extensiva: el papel de las inmensas plantas de procesado de carne como uno de los factores detonantes de distintas plagas, entre ellas la Covid-19 o la gripe aviar.

 Esta es la tesis que sostiene Mike Davis, sociólogo e historiador estadounidense, en su libro “Llega el monstruo. Covid-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo”, traducido al español por la editorial Capitán Swing en 2020 y totalmente recomendable para entender lo que está sucediendo, donde hizo ya allá por 2007 un pronóstico aterrador de la nueva amenaza global de catástrofes virales, entre ellas la pandemia.

 Dentro de los factores propagadores de estas catástrofes virales, Mike Davis señaló el papel de los grandes gigantes productores de carne por la alta densidad de animales que habían creado nuevas vías para la transmisión de la enfermedad a través de las formas de eliminación de residuos inadecuadas, del contacto directo o de la transmisión aérea. Las inmensas plantas de procesado de carne maximizan la acumulación de carga viral y la subsiguiente deriva antigénica. 

Hoy más que nunca es necesaria una reestructuración de la producción de carne que proteja el medio ambiente y favorezca a los pequeños productores, muchas veces absorbidos y fagocitados por las grandes industrias cárnicas. Como señala Davis, “resulta imperativo no permitir que las finanzas de la agroindustria desbanquen las prioridades mundiales de vigilancia de la pandemia y de bioseguridad humana”. Por eso resulta muy desoladora la actitud chusquera de ciertos políticos."                    (Juan Laborda, Vox Populi, 15/07/21)

El agua de California ya cotiza en Wall Street, un paso más para que un derecho humano se convierta en mercancía

 "En 1995, el exvicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmaba que las guerras que marcarán el futuro del siglo XXI girarán en torno a la disponibilidad del agua. Quizá la humanidad no se encuentre aún en ese escenario, pero los pasos hacia la mercantilización de este bien –considerado un derecho humano desde 2010 por la ONU– son cada vez mas grandes. 

Tanto, que esta semana el agua comenzó a cotizar en los mercados a futuro de Wall Street. Un hecho histórico que pone a esta materia prima, fundamental para la vida, al mismo nivel que el oro o el petróleo. 

(...) Pedro Arrojo, relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento, explica a Público que esta "mercantilización de las excedencias de los derechos concesionales del agua nos lleva al sanctasanctórum de los mercados especulativos".

 Se trata de los mismos mercados, dice el economista de la ONU, que "han trabajado con la alimentación y han producido hambrunas internacionales, quebrando economías nacionales por especulaciones a futuro con cuestiones básicas de la vida que afectan a los derechos humanos".

Sin embargo, la llegada de este recurso a los mercados no es una sorpresa, sino el resultado de una gestión hidrológica que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, que vino condicionada por las sequías intensas de 1976 y 1977 en California. En estos momentos se implementaron los mercados de agua en el estado norteamericano del oeste. La escasez de recursos hídricos propició que los derechos de agua a corto plazo fueran traspasados a manos privadas. Incluso durante la segunda mitad de los años noventa, que estuvieron marcados por lluvias abundantes, estas prácticas fueron comunes. 

Fue a comienzos del siglo XXI cuando empezaron a crecer los acuerdos de derechos de agua a largo plazo, lo que podría ser el germen de los mercados a futuro que esta semana han irrumpido en Wall Street. En este momento, la Imperial Irrigation Distrit compró una gran cantidad de derechos de agua a las empresas concesionarias de Los Ángeles y San Diego, teniendo que llegar estas ciudades a pagar a esta compañía en momentos de sequía, para poder abastecer los mínimos requeridos para el consumo urbano. Es decir, en tres décadas los derechos de agua pasaron paulatinamente de lo público a lo privado.

"Esta clase de acuerdos puede convertir a las ciudades en cautivas de los proveedores privados, al mismo tiempo que los únicos beneficiarios son los aguatenientes que destrozan la industria auxiliar agrícola y a sus trabajadores. Por no hablar de los efectos negativos en los ecosistemas por los que dejan de pasar esas aguas", expone Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). "El sudeste de la península ibérica guarda muchas semejanzas con California y esto ha hecho que siempre se la observe como un referente. En este sentido hemos seguido algunas pautas mercantiles en nuestra legislación inspirados en este modelo", alerta, señalando que, por el momento, España se ubica en un sistema público con cierta participación privada. (...)

La cotización del agua en los mercados de futuro por el momento afecta sólo a las cuencas californianas, pero abre una vía de mercantilización nunca antes vista. Desde determinados sectores económicos favorables a esta iniciativa señalan que, al ser únicamente los excedentes de agua los que cotizarán en Wall Street, se fomentará un consumo eficiente y se hará frente a supuestos despilfarros. Sin embargo, se abre el riesgo de que la gran parte de los contratos a futuro sean comprados por inversores ajenos a sectores agrícolas, lo que fomentará que haya un juego de compraventa. Según el experto en transición ecológica, Luis González Reyes, sólo el 2% de los futuros que son bienes básicos terminan siendo entregados, el 98% se venden y revenden como activos financieros especulativos. En el caso del agua, las escasas infraestructuras para el transporte complican aún más que la compra de futuros se haga con la intención de poder hacer uso de ellos, tal y como advierte Babiano.

Las crisis alimentarias ya mostraron los efectos de la financiarización global de recursos básicos para la vida. Tanto es así que la especulación en los mercados a futuros tuvo un papel importante en la subida de precios de las crisis agroalimentarias de los años 2007 y 2008. Todo ello, se vio agravado por la coyuntura de cambio climático y su incidencia en determinados cultivos, así como la apuesta firme por los agrocombustibles que desplazaron la producción de alimentos hacia otras zonas, tal y como se recoge en una publicación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

Arrojo, como relator de la ONU, muestra su preocupación por el paso adelante que ha dado el estado californiano y, de hacerse global, asemeja los riesgos a los experimentados con la financiarización de los recursos alimentarios. "No es el debate que teníamos instalado", dice, en relación a la situación que se vive en zonas de Europa como España, donde las disputas giran todavía entre unos derechos del agua puramente públicos frente a los mixtos con concesiones privadas. "Si esto continúa, se acaba todo. No existirá el interés general, sino el interés del mercado, donde el león se come al cordero", reflexiona. (...)

"Estas son las semillas de la mercantilización de los bienes esenciales. Ahora se anuncia en California, pero esto irá evolucionando poco a poco. En un principio se nos presenta la participación privada como un mecanismo de flexibilidad, luego se empieza a cuestionar la esencia de lo público, como ocurre ahora [en España], y se termina entrando en los mercados, que es lo máximo", detalla el gerente de Aeopas, quien reclama que España deje de mirar hacia el modelo californiano para reconvertir nuestro sistema: impulsar la gobernanza en la gestión del agua, eliminar cánones concesionales, considerar el agua un derecho humano y "volver al espíritu público de la ley aguas de 1985".      (Alejandro Tena, Público, 09/12/20)

No cabe duda. Un Estado que no es capaz de alimentar adecuadamente a todos sus ciudadanos y de proveerles de un techo, es un país de mierda... solución: comedores sociales donde todo el vecindario pueda acudir, no sólo ni mucho menos indigentes o necesitados, sino trabajadores, estudiantes y jubilados. Cada cual pagaría acorde a sus posibilidades, nada quien nada tiene, el coste del servicio quien se lo pueda permitir... no es una utopía, así funciona el comedor de un centro de día que hace ya años que funciona en mi antiguo barrio, en Madriz. Aunque en principio está pensado para los jubilados, pueden acudir quien quiera y, de hecho, son mayoría los trabajadores jóvenes que comparten espacio con naturalidad con los ancianos

"(...) Largas colas en los bancos de alimentos, parroquias y locales de Caritas, todos ellos sobrepasados por la resaca de miseria que deja el paso de la pandemia. Enhorabuena a los decrecentistas, ahí tenéis las consecuencias del deseado decrecimiento. Empezamos por una caída del 9,6% del PIB. Y el temor de que esto sea sólo el principio, según se agoten las prestaciones por desempleo y los ERTEs se vayan convirtiendo en EREs de extinción.

No cabe duda. Un Estado que no es capaz de alimentar adecuadamente a todos sus ciudadanos y de proveerles de un techo, es un país de mierda. Por muchas competiciones deportivas que gane, artilugios militares despliegue en sus fiestas nacionales y obras fabulosas edifique.

 Lo de la corrupción generalizada, el autoritarismo indisimulado y la incompetencia rampante son sólo indicios. La prueba definitiva de que España es un Estado y sociedad de mierda es que aún entrado en el s.XXI toleramos que alguien sólo coma una vez al día o que tenga que buscar cobijo en un cajero o bajo un viaducto.

Desde el gobierno se propone, y de nuevo debo aquí dar gracias al coletas, una renta mínima. Bien está, pero sin menoscabo de que todo el mundo tenga una cierta disposición de efectivo para poder tener una mínima capacidad de consumo discrecional, el problema alimentario se podría y debería resolver de una forma más eficiente: con comedores populares. 

Pero lejos de ser lugares reservados para los más desprovistos de nuestra sociedad, lo que yo propongo es algo muy diferente: comedores sociales donde todo el vecindario pueda acudir, no sólo ni mucho menos indigentes o necesitados, sino trabajadores, estudiantes y jubilados. Cada cual pagaría acorde a sus posibilidades, nada quien nada tiene, el coste del servicio quien se lo pueda permitir. 

Hablaba el otro día del frenillo que los progres, diciéndose muy izquierdosos, tienen en el cerebro. Son incapaces, fisiológicamente incapaces de imaginar que el Estado puede desarrollar muchos cometidos más allá de la provisión de sanidad y educación. Normalmente viene al caso de la creación de empresas industriales de capital público (la cabra tira al monte), pero hay muchas otras necesidades que podrías ser satisfechas con ventaja por servicios públicos. 

Se ofrecería un menú con dos o tres opciones en cada plato, dietética y culinariamente de calidad. Ni mucho menos la sopa del pobre o el caldo negro de los espartiatas, aunque sí recogiendo el espíritu de camaradería e igualitarismo (dentro del cuerpo ciudadano) de éstos. Antes de que nadie camine por el techo echando espumarajos verdes por la boca mientras aúlla “bolcheviqueeees”, hay que recordar que sería sólo una opción que el Estado ofrecería a la ciudadanía. Obviamente, quien quisiera podría comer en su propia casa o acudir a la restauración privada. Es un servicio público, no una obligación.

¿Ventajas? Unas cuantas, dos de las cuales ya las he mencionado: cortar de raíz el problema silencioso e infamante de la malnutrición en la sociedad española, de esos miles de personas que alternan macarrones con arroz, y sólo se pueden permitir proteína animal algún día de la semana. Y, de paso, estimular la vida comunitaria haciendo de la mesa punto de encuentro entre vecinos.

Pero la principal es la eficiencia: en coste, tiempo y energía. Sí, energía, el consumo de energía primaria asociado a la cocina representa sobre un 3% (hablo de memoria) en sociedades desarrolladas. Y se consume mucha menos energía en una cocina profesional para quinientos comensales que quinientas cazuelitas cada uno preparando su comida. 

Aún más importante es el tiempo: ofreciendo a trabajadores y estudiantes una opción de restauración de calidad a buen precio, se eliminan desplazamientos (de nuevo energía) y la necesidad de la interrupción de dos horas para volver a casa, preparar la comida, deglutirla y volver a salir pitando al tajo. Es una distribución racional del trabajo: profesionales de la restauración preparan y sirven una comida más sana y sabrosa, liberando tiempo para que profesionales de otros ámbitos puedan dedicar más tiempo a su especialidad, y no a jugar a las cocinitas.

 Y cuanto antes acaben su cometido, antes pueden iniciar su tiempo dedicado al ocio (la soirée, concepto que, como el honor, no existe en España). Sólo por no fregar los platos o el fastidio de hacer la compra, muchos jubilados con todo el tiempo del mundo escogerían este servicio.

Contad las horas consumidas en ambas opciones: tres profesionales cocinan para 500 personas en jornada completa, y otros siete sirven y recogen. 80 horas de trabajo cada día. La otra opción, 500 personas se preparan el desayuno, comida y cena, desde hacer la compra a fregar los platos y lavar las servilletas. Sí, no hay que echar muchas cuentas.

Y sin duda, esta prestación es para la sociedad también económicamente más eficiente. En el caso de aquellos que recibirían este servicio sin coste, con un coste menor aseguras una buena alimentación.

  ¿Qué estimáis que es más conveniente para la persona necesitada, ponerle en la mano unos billetes a principios de mes y allá te las apañes (que te provea el mercado), u ofrecerle la oportunidad de comer (y desayunar y cenar) sin coste ni molestia alguna en cualquiera de esos comedores? Por supuestísimo, lo mismo reza para la vivienda, pero no quiero alargar en demasía este artículo, pero es de todo punto evidente que es preferible proveer a una persona de comida y alojamiento, y como digo algo de efectivo, a darle 461€ que no llegan ni para alquilar la caseta del perro en una gran ciudad, y luego a comer macarrones todos los días.

Efectivamente, el Estado cubre mejor las necesidades dando parte de esa prestación en especie. De hecho, las prestaciones monetarias suelen acabar en manos de los caseros vía inflación en los alquileres más bajos. Y si subes cien euros la prestación, cien euros más que ganará el casero.

 

Pero insisto, los que no puedan pagar el plato sólo serían una pequeña parte de los comensales potenciales en esos comedores. A la mayoría de las personas, que sí pagarían por el ágape, simplemente les resultaría rentable en tiempo, esfuerzo y dinero acudir al comedor social y comer a mesa puesta. Y es que se nos olvida la inmensa capacidad que puede tener un Estado bien organizado (es decir, tras arrojar al Leteo a los burócratas que lo parasitan). Puede ir a un agricultor y decirle, a cuánto vendes el kilo de patatas, a 15¢? Te pago 17¢ y me llenas ese camión. 

Pero si tú quieres hacer patatas fritas, tienes que pagarlas a 1€ de precio finalista. Por eso, el Estado es capaz de ponerte un menú en mantel de tela, por menos de lo que tú te gastarías en comprar los ingredientes. Se llaman economías de escala, y aunque siempre se citan para la empresa privada, son igualmente válidas para empresas y servicios públicos.

Y una sociedad que cubre sus necesidades de modo más eficiente, es una sociedad más competitiva y, por lo tanto, más próspera. 

Bueno, ¿qué os parece la propuesta? ¿Una utopía, un ensueño irrealizable? ¿Qué respuesta podríamos esperar de la derecha, pero también del grueso de la progresía, miserables pequeñoburgueses que consideran el multiculturalismo como un plato típico en un restaurante étnico en algún barrio chuli de la gran ciudad? Pues la cuestión es que todo esto que os estoy contando no es fruto de mi imaginación, os estaba describiendo el comedor de un centro de día que hace ya años que funciona en mi antiguo barrio, en Madriz. Aunque en principio está pensado para los jubilados, pueden acudir quien quiera y, de hecho, son mayoría los trabajadores jóvenes que comparten espacio con naturalidad con los ancianos. En el barrio lo llaman “los viejitos”, realmente ni he reparado en su nombre oficial. 

  Las escasas ocasiones que bajo a esa mole de fealdad, olores agresivos y materia inerte que es la capital del reino, lo que menos me apetece es ponerme a hacer la compra después del viaje y meterme entre cucharones. Así que me voy a los viejitos y cómo (el diacrítico se lo añado yo, por mi cuenta y riesgo) como Satanás manda, primer plato, segundo plato y postre; buenos alimentos, mejor preparados que podría hacerlo yo y sin perder el tiempo recogiendo y fregando. 

Llego, me sirven, pago menos de lo que, como dije, me costaría a mí preparar todo aquello y ahorro lo menos hora y media para dedicarlas a las gestiones que me han traído a tan ingrato lugar, para resolverlas cuanto antes y escapar escopeteado en procura de aire limpio y un entorno que no oprima el corazón. (...)"            (La mirada del mendigo, 30/05/20)

Mes y medio con el menú de Telepizza: "Ayuso ha dejado en el paro a los cocineros y a nuestros hijos, comiendo basura"

"No quiero ofender a nadie, pero esto es verdad: Telepizza está dando de comer basura a mis hijos". Adela Navarro está, entre otras cosas, "indignada". Su hija de ocho años y su hijo de once llevan casi siete semanas sin ir al colegio tras el cierre educativo decretado por la pandemia del coronavirus. Eso significa que el menú diario del que disfrutaban con la beca comedor de la Comunidad de Madrid se ha convertido, por decisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un menú de Telepizza o de la cadena de sándwiches Rodilla.

El Gobierno madrileño llegó a un acuerdo con ambas empresas tras cancelar los contratos con las empresas privatizadas de catering de los colegios durante el confinamiento. Telepizza y Rodilla llevan entregando desde entonces sus menús para los alrededor de 11.500 niños de familias vulnerables beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Cada menú cuesta alrededor de cinco euros, más de siete en el caso de los de la empresa Viena Capellanes, un catering que incorporó más tarde para suplir las localidades madrileñas donde estas franquicias no disponen de local.

Pizzas, hamburguesas, bolas de pollo frito, ensaladas, pasta, sándwiches y bocadillos, esa es la oferta para las familias que más necesitaban esta ayuda por vulnerabilidad económica.  El Ministerio de Sanidad desautorizó inicialmente esta medida, ya que se trataba de "comida poco saludable", aunque finalmente dio luz verde a la medida por motivos que nadie ha explicado con detalle y que Ayuso justiifica en que no tenía muchas más opciones.

 Desde el departamento de Salvador Illa tampoco han respondido a las preguntas de Público, mientras que Ayuso ha defendido este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid esta decisión, también criticada por nutricionistas. "Seguramente a ustedes no les guste la pizza y no se las hayan comido en la vida pero a los ciudadanos y a los niños... Juraría que al 100% de los niños les encanta", decía la presidenta madrileña, después de alegar que "los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, a lo mejor son los de Venezuela, que es nada".

"Esa comida diaria en el colegio era fundamental para los niños. Era completa, sana y variada, la más importante del día. Para las personas que tenemos dificultades significaba un alivio económico y la tranquilidad de saber que tus hijos comen bien cada día", explica Adela, de 29 años, vecina del barrio de Usera, en Madrid.

Coger el metro para ir al Telepizza

Pero no se trata sólo de la calidad de la alimentación, sino también del acceso a ella. "Yo tengo un Telepizza a dos calles de casa, pero en ese no sirven el menú. Me han asignado uno en otro barrio y tardo más de una hora en metro para ir recogerla", lamenta esta madre, cuyo hijo mayor pasó 18 días en el hospital al inicio de la pandemia por una neumonía. "Ha perdido peso y está débil. Esa comida no creo que le ayude a recuperarse correctamente", apunta. En el caso de Rodilla, la situación es aún peor. El local asignado se encuentra en calle Princesa, "tardo una hora y media en ir y volver. Cuando llego, la comida suele estar dura y los niños a veces no la pueden ni comer. Por eso sólo voy cuando ya no me queda otra opción, cuando no tengo otra comida que darles”, se queja. (...)

Díaz teme la próxima revisión médica de su hijo de nueve años. "El pediatra siempre me insiste en que evite este tipo de comida rápida. Como mucho se la daba una o dos veces al mes, pero ahora es casi a diario", cuenta. "Sabemos que es una emergencia, pero no creo que haya estado bien cancelar los catering de los colegios. Ayuso ha dejado a los cocineros en el paro y a nuestros niños, comiendo basura", sentencia. "Lo que me salva un poco es la ayuda de alimentación del Ayuntamiento, que trae fruta, pescado, verduras… y menos mal, porque con el Telepizza, los niños se quedan con hambre casi siempre. Somos cuatro en casa y sólo cobro la RMI", explica. (...)

Para Camilo Jené, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos, cuando la Consejería puntualiza que el menú de Viena Capellanes incluye otros alimentos que los de Rodilla y Telepizza, "ya está reconociendo que esos menús no son buenos. Cualquier argumento que den se cae por su propio peso", afirma. Jené asegura que el aluvión de quejas de padres que recibió su organización cuando Ayuso anunció esta medida ha sido los que les ha llevado a poner una demanda administrativa contra la Consejería de Educación.

Críticas de los nutricionistas

La denuncia se basa en un informe pericial que analiza los menús ofrecidos y publicitados en las páginas web. Está elaborado por 17 nutricionistas que destacan la "escasa variedad" y critican que la gran mayoría de son hidratos de carbono de elevado índice glucémico, carnes precocinadas o proteínas de escaso interés nutricional y alimentos de elevada densidad calórica y pocos nutrientes, considerada "comida basura".                 (Jairo Vargas, Público, 29/04/20)