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27.7.26

Laudatio par Pedro Sánchez, de Alastair Campbell, el estratega de Tony Blair: Pedro Sánchez "ha cambiado la posición internacional de España"... La inmigración, la energía, la inteligencia artificial, la guerra de Ucrania, la seguridad alimentaria, el comercio o la rivalidad tecnológica con China no son más que política doméstica por otros medios... Y ahí Sánchez parece sentirse especialmente cómodo. Desde fuera resulta llamativo comprobar hasta qué punto muchas de las posiciones que resultaban extravagantes hace apenas dieciocho meses han terminado desplazándose hacia el centro del debate europeo. Campbell menciona dos ejemplos evidentes: la actitud frente a Donald Trump y la posición española sobre Gaza... "A veces el liderazgo consiste en llegar antes que los demás"... observadores extranjeros ven a un dirigente que ha construido un discurso relativamente coherente sobre el lugar que quiere para Europa en un mundo menos estable y más competitivo. La autonomía estratégica, la integración europea, la inmigración como necesidad económica, la transición energética y la inteligencia artificial aparecen en ese discurso como partes de un mismo proyecto político. Se comparta o no, el proyecto tiene contornos reconocibles, más visibles cuando se observa desde fuera... muchos españoles aún no han reconocido el tipo de dirigente que tienen delante... Sánchez es hijo de una generación distinta, formada por líderes que gobiernan asumiendo que la política nacional ya no puede separarse de la geopolítica, la tecnología o la competencia entre grandes potencias... en buena parte de Europa, se discute qué dice su liderazgo internacional sobre la Europa que empieza a tomar forma

"Alastair Campbell, el estratega que durante una década ayudó a construir el proyecto político de Tony Blair, me ha recibido en Londres pocos meses después de haber conversado durante una hora con Pedro Sánchez en su pódcast The Rest Is Politics. Ante unos entrevistadores españoles, la entrevista a Sánchez habría girado en torno a asuntos como la amnistía, las investigaciones judiciales, la polarización, etc.

Sin embargo, no fue eso lo que le llamó la atención a Campbell. Percibió al presidente español como "Very clear. Very coherent. Very composed" (muy claro, muy coherente, muy sereno), me resumió. Es decir, que lo que más le impresionó no fue una respuesta concreta, sino el control absoluto del ritmo de la conversación. Incluso cuando la entrevista abordó las investigaciones que afectan a miembros de su entorno, Campbell recuerda que el gesto del presidente apenas cambió. Ni perdió la calma ni dio la sensación de sentirse incómodo. Y yo creo que esta es una diferencia enorme entre la conversación política española y la internacional sobre la que merece la pena reflexionar.

Está claro que España sigue analizando a Pedro Sánchez como un fenómeno doméstico —el dirigente que divide al país, que sobrevive contra pronóstico y que gobierna sin una mayoría parlamentaria clara—, pero fuera de nuestras fronteras empieza a consolidarse otra lectura, a mi juicio, mucho más interesante.

Puede que sea más interesante una conversación distinta, no sobre por qué Sánchez logra mantenerse en La Moncloa y hasta cuándo lo hará, sino sobre cómo un país que durante décadas apenas aparecía entre las grandes capitales políticas europeas ha comenzado a ocupar un lugar central en algunas de las principales discusiones del continente.

"Ha cambiado la posición internacional de España", afirma Campbell con mucha naturalidad. Durante años, explica, Europa estuvo dominada por un pequeño grupo de capitales —París, Berlín y Londres, con Roma o Varsovia incorporándose ocasionalmente a la conversación—, mientras España permanecía en un discreto segundo plano. Hoy, sostiene, se espera que Madrid tenga una posición sobre las grandes cuestiones estratégicas del mundo. Porque quizá el rasgo más llamativo de la España contemporánea no sea la intensidad de su polarización, sino el contraste creciente entre cómo se percibe el país desde dentro y cómo empieza a ser observado desde fuera.

Madrid continúa consumiendo política nacional, como no puede ser de otra manera. Pero mientras Bruselas observa capacidad de influencia y comienza a pensar en liderazgos, España sigue centrada en hablar de alianzas parlamentarias. En este contexto no existe una conversación "correcta" y otra "equivocada". Lo que sí puede decirse es que hay una diferencia importante, la cual responde a una transformación del propio poder político.

Antes del auge de la globalización, y también durante buena parte de ella, existía una frontera relativamente clara entre política interior y política exterior. Los primeros ministros podían delegar buena parte de los asuntos internacionales mientras concentraban su capital político en la economía, los impuestos o el estado del bienestar.

Ahora parece que ese orden se ha agotado. Por ello, Campbell insiste varias veces durante la conversación en que gobernar hoy significa hacer ambas cosas al mismo tiempo. La inmigración, la energía, la inteligencia artificial, la guerra de Ucrania, la seguridad alimentaria, el comercio o la rivalidad tecnológica con China no son más que política doméstica por otros medios.

Y ahí, a su juicio, Sánchez parece sentirse especialmente cómodo. Desde fuera resulta llamativo comprobar hasta qué punto muchas de las posiciones que resultaban extravagantes hace apenas dieciocho meses han terminado desplazándose hacia el centro del debate europeo. Campbell menciona dos ejemplos evidentes: la actitud frente a Donald Trump y la posición española sobre Gaza. Cuando Sánchez comenzó a desafiar públicamente determinadas posiciones estadounidenses o fue uno de los primeros dirigentes europeos en endurecer el tono respecto a la ofensiva israelí en Gaza, una parte importante de la conversación española interpretó aquellos movimientos como señales de aislamiento internacional.

Sin embargo, el exasesor laborista lo ve exactamente al revés. "A veces el liderazgo consiste en llegar antes que los demás", resume. En ese contraste hay algunas claves muy valiosas para entender por qué la política española resulta, en ocasiones, tan difícil de explicar fuera del país. Aquí lo más común ha sido ver una discusión enmarcada en cada caso en particular; fuera, quizá porque España es uno entre tantos otros temas, se detectó una estrategia más lineal.

Es probablemente la parte más sugerente de mi conversación con Campbell. Él rechaza la crítica más repetida contra Sánchez —la de cambiar continuamente de posición— mediante esa diferencia entre estrategia y táctica tan clásica de los británicos. "Ha cambiado posiciones concretas. Sin duda. ¿Ha cambiado fundamentalmente su proyecto político? Yo no lo creo", responde. "Lo que veo es a alguien que adapta tácticamente sus posiciones para perseguir una visión estratégica extraordinariamente consistente".

Hay una idea de Alastair Campbell que funciona casi como una crítica al periodismo político contemporáneo. En Reino Unido existe incluso una expresión para ello: humiliating U-turn. Es el titular automático que acompaña cualquier cambio de posición de un primer ministro. Campbell rechaza esa lógica. Confundir cualquier adaptación táctica con una renuncia estratégica —sostiene— es uno de los grandes errores de la cobertura política actual. Gobernar en un mundo cambiante exige modificar decisiones; lo que define a un dirigente no es la ausencia de giros, sino la coherencia del rumbo que persigue. 

La reflexión que hace Campbell rebasa el caso español. Las democracias occidentales conviven con una fragmentación política que obliga a los gobiernos a sostener coaliciones cambiantes, mientras las crisis internacionales alteran con frecuencia las prioridades nacionales. En esas condiciones, gobernar durante diez años sin revisar ninguna posición concreta sería incompatible con la realidad.

Campbell sostiene que un cambio de opinión no debería juzgarse al margen de los hechos. Hay una frase atribuida a Keynes que lo resume perfectamente: "Cuando cambian los hechos, cambio de opinión. ¿Qué hace usted?".
 
La distancia entre la percepción española y la internacional de Sánchez quizá tenga que ver, en parte, con esa forma de entender el liderazgo. Muchos observadores extranjeros no siguen cada episodio de la política nacional. Ven, sobre todo, a un dirigente que ha construido un discurso relativamente coherente sobre el lugar que quiere para Europa en un mundo menos estable y más competitivo. La autonomía estratégica, la integración europea, la inmigración como necesidad económica, la transición energética y la inteligencia artificial aparecen en ese discurso como partes de un mismo proyecto político. Se comparta o no, el proyecto tiene contornos reconocibles, más visibles cuando se observa desde fuera.

Campbell lleva el razonamiento más lejos y se pregunta si muchos españoles aún no han reconocido el tipo de dirigente que tienen delante. En vez de intentar situarlo como mejor o peor que sus homólogos europeos, sitúa a Sánchez en una generación distinta, formada por líderes que gobiernan asumiendo que la política nacional ya no puede separarse de la geopolítica, la tecnología o la competencia entre grandes potencias.

¿Hay alguna garantía de que esa interpretación sobreviva al paso del tiempo? Realmente no. Sin embargo, ahora mismo el contraste es muy visible: en España, la conversación vuelve cada semana a cuánto tiempo podrá mantenerse Sánchez en el poder; en buena parte de Europa, se discute qué dice su liderazgo internacional sobre la Europa que empieza a tomar forma." 

(Entrevista a Alastair Campbell, Marc López Plana, Agenda Pública, 27/07/26)

21.4.24

El Gobierno de España visto desde fuera... En Latinoamérica, Estados Unidos y por supuesto en Portugal, su imagen es la de un gobierno valiente... gestiona socialmente con una fuerza de la que los medios de comunicación no hablan tanto y que fuera se ve como muy positiva (Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago)

 "(...) “En Latinoamérica, Estados Unidos y por supuesto en Portugal, su imagen es la de un gobierno valiente que, por usar el símil taurino, sabe coger el toro por los cuernos. En sectores de la cultura o políticos progresistas con los que me relaciono, se dice que el Gobierno llegó como si le hubiera caído una maldición: pandemia, la crisis anterior, la guerra, la otra guerra, el volcán en La Palma... Y, sin embargo, gestiona socialmente con una fuerza de la que los medios de comunicación no hablan tanto y que fuera se ve como muy positiva. Los avances sociales han sido muy interesantes. 

Hay demasiada frivolidad y consignismo repetido una y otra vez para evitar que se siga la línea de avances sociales. A los grandes de las empresas y la economía no les interesan tanto los derechos sociales. Lanzan sus consignas y la gente las repite y vota alegremente sin darse cuenta de que a lo mejor tienen algo en el plato por una ley que les ha protegido”. (...)"

(Entrevista a Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago y de la Sociedad de Amigos de infoLibre, Antonio Contreras, InfoLibre, 20/04/24)

7.1.24

El derecho a saber debería ser un vector fundamental en la acción pública y política de nuestros gobernantes... debería abarcar desde la la publicación —actualizada— de las cifras de las listas de espera sanitarias... la publicación de los 30 indicadores básicos de sanidad y salud... conocer el número de empleados interinos, y cargos de confianza... el libre conocimiento de los artículos científicos e investigaciones... publicar cada seis meses el nivel de cumplimiento de los programas electorales por los partidos gobernantes... publicar las retribuciones (sin datos personales) de los directivos y consejeros de las grandes empresas, públicas y privadas (Jesús Lizcano, expresidente de Transparencia Internacional España)

 "El siglo en el que estamos está llamado a ser el siglo de la información y el conocimiento, y es por ello que el derecho a saber y la transparencia social deben ser vectores fundamentales en la acción pública y política de nuestros gobernantes.

Entre otras muchas necesidades y carencias en cuanto a transparencia en nuestro país, hemos seleccionado un conjunto de diez déficits o asignaturas pendientes en esta materia que necesitarían afrontarse de forma clara y urgente a través de un acuerdo de los partidos políticos, al menos de los partidos mayoritarios, de cara a lograr un espacio común de consenso que respetase en mayor medida los derechos y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos:

1) En el área de la sanidad se necesitaría establecer por ley la publicación —actualizada— de las cifras de las listas de espera existentes en todos y cada uno de los niveles de servicios, especialidades y centros sanitarios de nuestro país (y con un sistema de control independiente de dichas listas).

2) También en dicho ámbito los ciudadanos tienen derecho a saber el número de personal sanitario interino, eventual y temporal existente en los distintos centros sanitarios y categorías profesionales; igualmente sería necesario el establecimiento por ley del cumplimiento de unos ratios mínimos de personal y de recursos materiales en los centros sanitarios, tanto los de atención primaria como los hospitalarios.

3) Se debería acordar, además, la publicación y actualización trimestral de un panel o cuadro de mando con los 30 indicadores básicos de sanidad y salud, fijados por un comité de expertos sanitarios, tanto a nivel estatal como autonómico.

4) En el ámbito de la educación sería necesario acordar y publicar un conjunto básico de materias educativas mínimamente asumibles por el conjunto mayoritario de los representantes parlamentarios, así como potenciar la enseñanza en colegios e institutos del conjunto de los derechos humanos fundamentales, aprobados hace justo ahora 75 años (1948) por la ONU en su Declaración Universal, y tan inherentes a la condición de ciudadano como desconocidos por la mayor parte de la ciudadanía.

5) En lo relativo al sector público, cada una de las entidades públicas debería publicar anualmente al menos dos informaciones: a) número y características básicas de los empleados interinos que tienen, y b) cargos de confianza o libre designación —y sus características básicas— que incluyen en sus plantillas.

6) Igualmente en el ámbito de la esfera pública, y de cara a la eficiencia socioeconómica y el derecho a saber ciudadano, sería necesaria la creación de una web pública, integral y holística, con el detalle individualizado de los diversos datos básicos: objeto, sujetos, cuantía, nivel de ejecución, etc., de todos los proyectos que se vienen desarrollando en nuestro país a través de los fondos Next Generation (140.000 millones entre 2021 y 2026), y ello a distintos niveles, de forma que los ciudadanos pudieran consultar de una forma simple y rápida los datos de cualquier proyecto de un determinado ámbito territorial, sector empresarial, institucional, etc.

7) En cuanto a transparencia en el ámbito de la ciencia y la investigación, se deberían adoptar medidas que faciliten al máximo la ciencia abierta y el libre conocimiento de los artículos científicos e investigaciones, propiciando así el impulso y la difusión de los repositorios de artículos y trabajos científicos a nivel nacional e internacional.

8) En lo relativo a los procesos electorales, los partidos políticos deberían publicar, entre otras muchas cosas, un breve currículum (de al menos cinco o seis líneas) de cada uno de los candidatos que proponen en sus listas electorales (dado que los ciudadanos no pueden cambiar o tachar ninguno de dichos candidatos, que al menos puedan conocer algo de su trayectoria profesional y/o política). También sería conveniente que los partidos publicasen una declaración expresa de la inexistencia en sus listas electorales de investigados judicialmente o procesados por corrupción.

9) Se debería publicar cada seis meses, además, el nivel de cumplimiento de los programas electorales por los partidos gobernantes, al menos a nivel estatal y en las comunidades autónomas, estableciéndose un sistema de responsabilidad económica, jurídica, o política para aquellos casos de claros incumplimientos de esos programas.

10) En el ámbito empresarial, finalmente, sería necesaria la publicación transparente de las retribuciones (sin datos personales) de los directivos y consejeros de las grandes empresas (públicas y privadas), así como de las Entidades de interés público.

En resumen, las anteriores propuestas de mejora de la transparencia política y social no reflejan sino una parte de los muchos déficits y asignaturas pendientes en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, y son por tanto unos objetivos prioritarios que deberían tratar de cumplir y consensuar en este próximo año los partidos y formaciones políticas, para que de esta forma nuestro país pueda llegar a estar mínimamente a la altura de lo que demandan y merecen sus ciudadanos."             

(Jesús Lizcano Álvarez , cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España ; El País, 04/01/24)

21.11.23

POLITICO: Sánchez elige un gabinete de negociadores para gestionar las tensiones en España

 "El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha presentado su nuevo gabinete de coalición, incorporando a líderes socialistas regionales junto con ministros de su mandato anterior. Sánchez dijo que había elegido ministros con talento para "gestionar, pero también para llegar a acuerdos y explicarlos a la ciudadanía". 

 En una atmósfera política conflictiva y sin una mayoría general para Sánchez, estas habilidades serán vitales para que el gobierno tenga éxito. El líder socialista encabeza una administración de coalición minoritaria que necesitará obtener el apoyo de una variedad de partidos separatistas y de extrema izquierda en el hiperfracturado parlamento español para aprobar cualquier ley. 

 Las mujeres ocupan los cuatro puestos de viceprimera ministra en el gabinete con equilibrio de género, lo que, según Sánchez, refleja un gobierno comprometido con el progreso feminista.

 Nadia Calviño sigue siendo viceprimera ministra a cargo de la política económica, pero se espera que dimita en las próximas semanas si su nominación a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones tiene éxito. Su posible sustituto podría ser otra vicepresidenta, María Jesús Montero, que supervisa la cartera de finanzas. Las otras diputadas son Yolanda Díaz, que encabeza el grupo de extrema izquierda Sumar, con el que los socialistas de Sánchez comparten el poder, y Teresa Ribera, que sigue siendo ministra para la Transición Ecológica.  

Ribera, exnegociadora climática de la ONU, ha sido un pilar de los gobiernos de Sánchez desde que asumió el cargo en 2018. Sin embargo, al igual que Calviño, podría dejar Madrid para ocupar un puesto en la UE: la ministra es vista como una candidata española especialmente fuerte para la próxima Comisión. , en el que sería una apuesta segura para un puesto tipo Green Deal.  

Félix Bolaños, uno de los aliados más cercanos de Sánchez, sigue siendo ministro de la presidencia pero también asume la cartera de justicia. Después de haber supervisado la redacción del controvertido proyecto de ley de amnistía catalán, Bolaños tiene la difícil misión de garantizar que la legislación llegue al parlamento y sobreviva a sus inevitables desafíos en los tribunales. 

 El grupo Sumar de Díaz tiene cinco ministerios. La anestesióloga y asambleísta de Madrid Mónica García ha recibido la cartera de Sanidad y se espera que impulse medidas destinadas a frenar la privatización del sistema sanitario español. El eurodiputado verde Ernest Urtasun, que fue portavoz de Sumar durante la campaña, dirigirá el Ministerio de Cultura. 

La eurodiputada de izquierda europea Sira Rego, descendiente de palestinos y que ha criticado los ataques de Israel contra Gaza, asume la cartera de niños y jóvenes.  

El nuevo gobierno no incluye a ningún miembro del partido de extrema izquierda Podemos, cuyos líderes se han enfrentado con Díaz en repetidas ocasiones. La exclusión del grupo del gabinete puede crear divisiones en el parlamento español, donde Podemos ha amenazado con romper con el gobierno y oponerse a su legislación."

( Aitor Hernández-Morales  , POLITICO,  20/11/23; traducción google)

29.5.23

La acostumbrada miseria moral de Aznar... la de la tragedia del Yak-42, que golpeó a Aznar, y al ministro de Defensa, Federico Trillo, justo el día después de unas elecciones municipales y autonómicas complicadas... Quedaban unas elecciones generales pendientes, y esta catástrofe, si se manejaba mal, podía reforzar el marco de desgaste previo... se celebró un urgente funeral de Estado en la base de Torrejón, con la presencia del Rey. Fue un acto muy tenso, en que los familiares de los militares increparon a Trillo y al Gobierno, con gritos de "los habéis matado", "los habéis dejado morir", "los aviones no estaban en condiciones"... La manera en que trataron a los familiares para que desistieran de sus propósitos, con amenazas, acusaciones de "traidores y antiespañoles", de "causar vergüenza a los fallecidos" (incluso miembros de la asociación aseguraban tener el teléfono intervenido), añadió la humillación a la tragedia... se celebró un urgente funeral de Estado. Fue un acto muy tenso, en que los familiares de los militares increparon a Trillo y al Gobierno, con gritos de "los habéis matado", "los habéis dejado morir", "los aviones no estaban en condiciones"... En la retransmisión televisiva del funeral, los gritos de los familiares fueron silenciados... las identificaciones no habían sido tales, sino que en muchos casos se limitaron a repartir los restos al azar, como si fuera una partida de cartas. Los familiares no habían enterrado a sus hijos, maridos o padres, sino los restos de otros fallecidos; a la tragedia se sumaba un engaño indigno... era mucho más importante echar tierra sobre el asunto por conveniencia política y electoral del partido en el Gobierno que ayudar a quienes habían sufrido una desgracia

 "Fue una tragedia evitable, y también un ejemplo de la respuesta que las instituciones nunca deben dar. El lunes 26 de mayo de 2003, hoy hace 20 años, un avión se estrelló contra el monte Pilav en Trebisonda (Turquía). En él viajaban 62 militares españoles que regresaban a España tras cumplir su misión en Afganistán. Fue un accidente consecuencia "de un piloto borracho", de una "tripulación cansada, que llevaba muchas horas seguidas de vuelo", de "malas condiciones atmosféricas" y de tantas otras explicaciones que señalaban circunstancias azarosas, imprevisibles o desgraciadas. Fue más que eso: el "error humano" al que se atribuyó el accidente encubría algo mucho más oscuro.

La noticia golpeó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y al ministro de Defensa, Federico Trillo, justo el día después de unas elecciones municipales y autonómicas complicadas. El PP había soportado mucha animadversión popular por la guerra de Irak y por el Prestige, y temía una factura electoral que no se produjo. Quedaban unas elecciones generales pendientes, que se produjeron al año siguiente, y esta catástrofe, si se manejaba mal, podía reforzar el marco de desgaste previo.

La indignidad

48 horas después del accidente, se celebró un urgente funeral de Estado en la base de Torrejón, con la presencia del Rey. Fue un acto muy tenso, en que los familiares de los militares increparon a Trillo y al Gobierno, con gritos de "los habéis matado", "los habéis dejado morir", "los aviones no estaban en condiciones" y algún insulto personal. La inusual rapidez con que se había llevado a cabo la identificación de los cadáveres, dado que el avión se había estrellado contra una montaña en una zona remota, y las imaginables dificultades de reconocimiento de los cuerpos en una tragedia de esas características habían generado muchas sospechas. Hubo quienes querían abrir los féretros. En la retransmisión televisiva del funeral, los gritos de los familiares fueron silenciados.

Casi inmediatamente después del accidente, los familiares constituyeron una asociación para investigar los hechos y aclarar las numerosas dudas acerca de la versión oficial. Viajaron a Turquía, provistos de muestras con las que cotejar aquellas que los forenses turcos habían guardado de los fallecidos. Se constató entonces lo que sospechaban: las identificaciones no habían sido tales, sino que en muchos casos se limitaron a repartir los restos al azar, como si fuera una partida de cartas. Los familiares no habían enterrado a sus hijos, maridos o padres, sino los restos de otros fallecidos; a la tragedia se sumaba un engaño indigno.

El largo procedimiento judicial que iniciaron terminó con tres condenados por falsedad documental, el general Vicente Navarro y los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, considerados cómplices del primero. El general Navarro falleció a causa de una enfermedad, y la condena a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares de los otros dos imputados no llegó a ejecutarse: fueron indultados con el Gobierno de Rajoy. La justicia que dictaron los tribunales fue negada por la realidad política. La condena fue meramente simbólica. Sáez era capitán cuando ocurrieron los hechos y posteriormente ascendió a comandante.

Las inexplicadas subcontratas

La segunda pregunta para la que los familiares buscaban respuesta era obvia: qué hacían las tropas españolas regresando a nuestro país desde Afganistán en un avión ucraniano en condiciones muy deficientes. Y no ha obtenido contestación. Quedó demostrado que el Ministerio de Defensa había suscrito un contrato con Namsa, una empresa de la OTAN domiciliada en Luxemburgo, por 149.000 euros. Esta derivó el encargo hacia Chapman Freeborn, radicada en Alemania, que tras percibir 24.043 euros, subcontrató el viaje a Volga Dnieper (Irlanda) y Adriyatik Ltd. (Turquía). Estas detrajeron 81.257 euros y delegaron en JTR Company Sal (Líbano), que percibió 5.258 euros. El viaje lo acabó realizando el último eslabón de la cadena, UM Air (Ucrania), por 38.422 euros.

Esta sucesión inexplicada de subcontrataciones fue objeto de un procedimiento judicial, en la medida en que había generado riesgos innecesarios a las tropas españolas. Así lo habían manifestado algunos militares respecto de vuelos previos —incluso afirmaron que tenían más miedo de los aviones que de los talibanes—, e incluso existió un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (Ciset), emitido un mes antes del accidente, en el que se concluía que "se están generando altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, cuyo mantenimiento es como mínimo dudoso".

 El intento de procesar a Federico Trillo y seis mandos de su cúpula militar por estos hechos fue archivado por el entonces juez Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro de Interior, al entender que no existía ninguna relación causa-efecto entre las irregularidades del proceso, las malas condiciones de los aviones contratados y el siniestro. Un informe del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad el 20 de octubre de 2016, dio la razón a los denunciantes y se la negó al juez: "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría". Fue una victoria de los familiares, aunque se quedó en el plano moral: el informe carecía de efectos más allá de los declarativos.

Las instituciones, contra las víctimas

El tercer aspecto que debe recordarse de esta tragedia es en apariencia menos relevante, pero es uno de los que más profundamente afectan al desprestigio institucional, además de resultar emocionalmente muy dañino para los familiares. El Ministerio de Defensa, encabezado por Trillo y por su entonces número tres, Javier Jiménez Ugarte, en lugar de ofrecer una respuesta reparadora, se constituyó en el obstáculo principal a la hora de conseguir que la verdad apareciese. La manera en que trataron a los familiares para que desistieran de sus propósitos, con amenazas, acusaciones de "traidores y antiespañoles", de "causar vergüenza a los fallecidos" (incluso miembros de la asociación aseguraban tener el teléfono intervenido), añadió la humillación a la tragedia. Actuar de esa manera implicaba supeditar los valores sociales a finalidades particulares, aquello que nunca deben hacer las instituciones: era mucho más importante echar tierra sobre el asunto por conveniencia política y electoral del partido en el Gobierno que ayudar a quienes habían sufrido una desgracia.

 La verdad y la justicia

Es conveniente resaltar que el Estado no siempre actuó de manera deficiente. La llegada de José Bono al Ministerio de Defensa, tras las elecciones de 2004, cambió sustancialmente la actitud. Su disposición a ayudar y su apoyo decidido para la identificación de los cuerpos y el esclarecimiento de los contratos supusieron un viraje notable respecto de la Administración precedente. El mismo día que Zapatero tomó posesión como presidente del Gobierno, además de analizar la retirada de tropas de Irak, se trataron las iniciativas que debían adoptarse en relación con el accidente del Yak-42.

La historia del Yak-42 es trágica, pero no puede decirse que la pelea de las víctimas no obtuviera resultados. Ha sido agridulce: consiguieron la identificación correcta de los cuerpos, decisiones favorables en los tribunales, se consiguieron indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil y se concedió a título póstumo el ascenso honorífico a los 62 militares fallecidos. Además, el dictamen del Consejo de Estado ratificó de manera clara las tesis mantenidas por la asociación de las víctimas. La parte amarga es lo que queda por conocer de la verdad de esas subcontratas, y que los responsables no solo salieron sin perjuicio del asunto, sino que además fueron ascendidos. Los decisores políticos fueron convenientemente recolocados en puestos de prestigio, con Trillo como embajador en Londres y Ugarte en Suecia. Han logrado que buena parte de los hechos se conozcan, pero han conseguido escasa justicia. Los colectivos de víctimas siempre señalan un objetivo adicional, que podría enunciarse así: "Que esto sirva para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir". La pregunta última, por tanto, es si nos han enseñado algo en este sentido.

Posdata

Al terminar de redactar el texto, recibí la contestación del expresidente Zapatero a varias preguntas que le había formulado sobre el Yak-42. Reproduzco íntegramente una de ellas, la referida a las lecciones que esta tragedia nos ha dejado:

"Sí, hubo una lección que aprender, que nosotros tuvimos muy en cuenta y que posiblemente también los gobiernos que nos sucedieron. Porque ya se había reaccionado de manera análoga con el Prestige. Cuando ocurre un accidente, una desgracia, ya sea por causas estrictamente naturales o con la concurrencia de errores o imprudencias, la obligación del Gobierno, de la Administración, es reaccionar con rapidez y empatía, informar con claridad, poner medios para reparar o aliviar las consecuencias y abrir, en su caso, las investigaciones procedentes. Ese debe ser siempre el protocolo. Durante mi etapa de Gobierno, sufrimos algunos incendios muy graves, accidentes militares y de la aviación comercial. Y procuramos tener presentes esas pautas de actuación, que se supervisaban por la propia Presidencia o Vicepresidencia política del Gobierno.

 Ante todo, porque lo requieren la responsabilidad y ética democráticas —¡cómo nos va a extrañar que ante las desgracias los ojos de los ciudadanos se dirijan al Gobierno!—, pero también por puro sentido común político: quien cede a la tentación de ponerse de perfil, de escamotear responsabilidades, de echarles la culpa a los demás… lo acaba pagando políticamente, como pone de manifiesto el suceso cuyo vigésimo aniversario ahora recordamos"."                  (Esteban Hernández, El Confidencial, 26/05/23)

3.5.23

El equipo de protocolo de la Comunidad de Madrid ha impedido el paso del ministro de la presidencia a la grada de honor durante los actos del 2 de mayo... Hoy se ha materializado la consigna ‘Gobierno ilegítimo’ ante la mirada impertérrita de la ministra de Defensa... No es un problema de interpretación protocolaria, queda claro. La festividad del 2 de Mayo ha sido burdamente utilizada para generar un conflicto institucional de fuerte impacto mediático. Un litigio sobre la Autoridad con máxima difusión... En otras circunstancias, la ministra de Defensa, jurista, persona especialmente puntillosa en lo que se refiere al orden institucional, habría mandado detener el acto hasta que la situación se aclarase... Con malos modos, Isabel Díaz Ayuso ha impuesto su autoridad y eso cuenta en aquella parte de España que aspira un futuro gobierno de las derechas que ponga ‘orden’ y derogue todo lo hecho estos últimos años... En la derecha manda Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo va tomando nota de ello. Ya se empiezan a publicar en la prensa conservadora de Madrid artículos que ridiculizan cruelmente al actual líder de la oposición... Esta es la estampa del 2 de Mayo del 2023. Hoy se cumplen 144 años de la fundación del PSOE. Un Gobierno no puede perder la autoridad (Enric Juliana)

 "Un Gobierno no puede perder la autoridad. Lo que ha ocurrido este mediodía en la Puerta del Sol de Madrid no es un pequeño incidente institucional ni una anécdota más de la tórrida atmósfera política española. Nunca antes se había impedido a un ministro del Gobierno de España el acceso a un acto oficial organizado por una comunidad autónoma, regulado en su protocolo por el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Ni en los momentos más críticos en Catalunya se produjo una situación de tales características. Tampoco ocurrió algo parecido en el País Vasco durante los años de alta tensión. Imaginemos cuál sería el griterío si este mediodía se hubiese impedido el paso al ministro de la Presidencia en la tribuna de un acto oficial en Barcelona encabezado por el presidente de la Generalitat. Lo que ha sucedido hoy en Madrid es grave y tiene una alta significación política.

El citado ordenamiento de precedencias del Estado establece que los ministros del Gobierno ocuparan un lugar preferente, por delante del decano del cuerpo diplomático, de los expresidentes del Gobierno, de los presidentes de las demás comunidades autónomas y del jefe de la oposición, en los actos organizados por una comunidad autónoma. Esa prelación ha sido hoy vulnerada por la presidenta de la Comunidad de Madrid ofreciendo al país las bochornosas imágenes de una funcionaria de protocolo cerrando el paso al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Bajo otro Gobierno posiblemente se habría ordenado el arresto de la persona que impedía al ministro acceder a la tribuna de autoridades. Bolaños se ha contenido y el acto empezado sin su presencia, con la ministra de Defensa, Margarita Robles situada al lado del jefe de la oposición, encabezando el acto la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso.

 El ministro Bolaños anunció hace unos días su intención de asistir a los actos conmemorativos del 2 de Mayo pese a no haber recibido invitación de la CAM. El actual ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática tiene entre otras atribuciones el apoyo directo al presidente del Gobierno, la coordinación de la labor ministerial, el ejercicio de las competencias relacionadas con el uso de la bandera, el escudo y demás símbolos nacionales y la ejecución de las políticas del Gobierno en materia de memoria histórica. Su presencia en la tribuna del desfile del 2 de Mayo estaba plenamente justificada, como estuvo justificada la presencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría junto con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en anteriores celebraciones del día de la Comunidad de Madrid.

No es un problema de interpretación protocolaria, queda claro. La festividad del 2 de Mayo ha sido burdamente utilizada para generar un conflicto institucional de fuerte impacto mediático. Un litigio sobre la Autoridad con máxima difusión cuando falta menos de un mes para la celebración de unas elecciones municipales y autonómicas de fuerte calado. Asesorada por un consejero áulico que concibe la lucha política como un combate sin normas y sin límites, Díaz Ayuso ha dicho la autoridad soy YO ante todo el país. Bolaños, por prudencia, se ha frenado en la escalerilla de la tribuna, quizá sin haber calibrado bien cuál era el envite de la jornada, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, subía al estrado, fresca como una rosa, como si nada de lo que estaba ocurriendo tuviese que ver con ella. En otras circunstancias, la ministra de Defensa, jurista, persona especialmente puntillosa en lo que se refiere al orden institucional, habría mandado detener el acto hasta que la situación se aclarase.

 En pocas palabras, hoy se ha materializado en la Puerta del Sol Madrid la consigna “Gobierno ilegítimo”, lanzada por la extrema derecha al principio de la legislatura y paulatinamente asimilada por el Partido Popular. El Gobierno ha demostrado una cierta ingenuidad, con la sorprendente actuación de la Ministra de Defensa, ‘ajena’ al serio incidente que se estaba planteando y a su significado político, como si hubiese dos tipos de ministros: los que están en la brega política y los que la observan mientras hacen sus cálculos de cara al futuro.

Con malos modos, Isabel Díaz Ayuso ha impuesto su autoridad y eso cuenta en aquella parte de España que aspira un futuro gobierno de las derechas que ponga ‘orden’ y derogue todo lo hecho estos últimos años. Los votantes de Vox han recibido un mensaje que les gustará.  Ayuso se está aproximando a la mayoría absoluta en Madrid gracias a su magnetismo ante el electorado de Vox y al galimatías organizado en el flanco izquierdo después del acto en el pabellón Magariños de Madrid hace ahora un mes. En ese espacio político tampoco está claro quien manda. En el Gobierno manda Pedro Sánchez, pero hoy han gritado el alto a su ministro de la Presidencia. En la derecha manda Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo va tomando nota de ello. Ya se empiezan a publicar en la prensa conservadora de Madrid artículos que ridiculizan cruelmente al actual líder de la oposición. Están dejando de creer en él.

Esta es la estampa del 2 de Mayo del 2023. Hoy se cumplen 144 años de la fundación del PSOE. "                        (Enric Juliana , La Vanguardia, 02/05/23)

30.12.22

Laudatio de Antonio Maestre a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz: Si el gobierno siguiera solo los preceptos que yo considero adecuados sería un gobierno falible... pero evaluando su labor estos tres años, se ha tratado del mejor gobierno posible para la clase trabajadora en el peor momento imaginable por la coyuntura social, económica, bélica y pandémica... así que hago un ejercicio de autocrítica que no implica una reelaboración completa de mis ideas, pero sí una aceptación de que no solo llevar a cabo el máximo de tus planteamientos mejora la vida de la gente... En la tensión entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño en materia laboral, cada persona empujará en una dirección atendiendo a sus intereses y valores, y es la primera vez en democracia que la tensión existente entre esos intereses contrapuestos en la sociedad y en la actividad económica tienen una representación en el seno de un gobierno. Hasta el día de hoy, los intereses representados siempre operaban en servicio del capital. En esa tensión el papel de Unidas Podemos ha sido vital para mover los postulados socioliberales del PSOE al espacio socialdemócrata que hace años abandonó... Unidas Podemos ha hecho una magnífica política laboral en términos concretos. Si hubiera centrado su labor en eso, en lo material y lo ejecutivo, habría tenido un sobresaliente desde el punto de vista progresista. La izquierda ha estado presente en las políticas públicas con más fuerza que nunca gracias a su labor. Solo esperamos que sus campañas de comunicación conspiranoicas, sus inquinas en torno al poder y sus luchas cainitas contra cualquier divergencia, no opaquen el que está siendo un papel admirable en lo que respecta al impulso de las políticas públicas que sirven para mejorar la vida de la gente

 "Tendemos a valorar un gobierno no basándonos en lo que hace sino en lo que desearíamos que hiciese. Nunca nos parece suficiente, criticamos siempre poniendo el listón en nuestros deseos, valores e ideas sin considerar que gobernar es asumir que existen multitud de intereses cruzados –muchas veces contradictorios, otras complementarios– a los que hay que integrar para que todo fluya de la mejor manera posible asumiendo los márgenes de lo posible y los compromisos, no solo con el bienestar, sino también con la concertación con los diferentes. 

Si el gobierno siguiera solo los preceptos que yo considero adecuados sería un gobierno falible, pero no hay que valorar la labor de un Ejecutivo en esos términos, sino en lo logrado, apartando las desideratas personales. En esos términos, evaluando su labor estos tres años, se ha tratado del mejor gobierno posible para la clase trabajadora en el peor momento imaginable por la coyuntura social, económica, bélica y pandémica.

Para no trasladar ese pensamiento a los demás, haré un ejercicio de autocrítica que no implica una reelaboración completa de mis ideas, pero sí una aceptación de que no solo llevar a cabo el máximo de tus planteamientos mejora la vida de la gente y convierte las políticas en un avance sustancial de los derechos de la clase trabajadora. Mi posición sobre la reforma laboral fue crítica, no se hizo lo que se dijo que se haría y hubo importantes carencias en su desarrollo que implicaban mejoras materiales concretas que se perdieron y no se recuperaron. Eso es cierto, pero no impide que la reforma laboral haya resultado un éxito absoluto.

Los datos son incontestables: según los facilitados por el Ministerio de Trabajo, en este momento hay 17,4 millones de personas trabajando como asalariadas, lo que supone la cifra más alta de la historia. La brecha de género se ha reducido al existir 9,5 millones de mujeres con un empleo, también la cifra más alta de la historia. El núcleo fundamental de la reforma, la reducción de la temporalidad, también ha funcionado, alcanzando a 13,9 millones de personas que hoy disfrutan de un contrato indefinido. No es lo ambiciosa que yo habría deseado, pero no pasa nada por reconocer que me equivocaba y que, quizás, con mis postulados ideológicos no se hubieran alcanzado estos resultados. Lo que importa son los hechos, y la reforma laboral ha sido un éxito que vale por toda una legislatura.

Una pugna virtuosa

La tensión del gobierno de coalición ha sido virtuosa en términos operativos para equilibrar esos intereses varios que operan a la hora de decidir las políticas públicas. Esto no supone que se esté de acuerdo con las partes en disputa a la hora de calibrar cuáles son esas políticas públicas. En la tensión entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño en materia laboral, cada persona empujará en una dirección atendiendo a sus intereses y valores, y es la primera vez en democracia que la tensión existente entre esos intereses contrapuestos en la sociedad y en la actividad económica tienen una representación en el seno de un gobierno. Hasta el día de hoy, los intereses representados siempre operaban en servicio del capital.

En esa tensión el papel de Unidas Podemos ha sido vital para mover los postulados socioliberales del PSOE al espacio socialdemócrata que hace años abandonó. Este no es un gobierno socialcomunista, es un gobierno socialdemócrata clásico que en tiempos de derrumbe del neoliberalismo puede convertirse en un alivio para las derrotadas cargas de la clase trabajadora.

Unidas Podemos ha hecho una magnífica política laboral en términos concretos. Si hubiera centrado su labor en eso, en lo material y lo ejecutivo, habría tenido un sobresaliente desde el punto de vista progresista. La izquierda ha estado presente en las políticas públicas con más fuerza que nunca gracias a su labor. Solo esperamos que sus campañas de comunicación conspiranoicas, sus inquinas en torno al poder y sus luchas cainitas contra cualquier divergencia no opaquen el que está siendo un papel admirable en lo que respecta al impulso de las políticas públicas que sirven para mejorar la vida de la gente.

El año 2023 es una oportunidad para valorar lo positivo y dejar atrás todas las conquistas que han merecido la pena. Unidas Podemos vale mucho más por lo que hace que por lo que dice, porque ha hecho mucho y muy bueno, y no hay mejor campaña política que hablar únicamente de todos esos logros que han hecho que las mujeres, los más vulnerables, las personas trans y la clase trabajadora en su conjunto hayan sobrevivido a la peor coyuntura social del siglo sin salir tocados de muerte."                     (Antonio Maestre , La Marea, 29/12/22)

18.11.21

Cousas veredes... El País editorializa con una laudatio incuestionable al gobierno (lógico, es que imaginar al Rajoy de los hilillos del Prestige a vueltas con los hilillos de la covid, asusta a cualquiera): "La pandemia no ha acabado con este Gobierno, la izquierda gestiona el poder en consonancia con los socios europeos, mientras la derecha sigue pronosticando el derrumbe de España... La reacción del Gobierno ante la crisis sanitaria fue tardía, como en la mayoría de los países europeos, pero la gestión posterior ha exhibido una eficacia incontestable en términos comparativos, y ha sido reconocida internacionalmente por distintos organismos. España figura hoy en el reducidísimo grupo de países con el porcentaje más alto de vacunación, se administra ya una tercera dosis en ancianos y personas de riesgo y es bajísimo el índice de negacionistas antivacuna"

 "La irrupción de la pandemia desbarató desde febrero de 2020 los planes del Gobierno de España y del resto de los ejecutivos del globo. (...)

 En el caso español, la pandemia estallaba en plenos balbuceos de un experimento como era un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos,

(...) quizá la pandemia misma funcionó como inesperado aglutinador ante los embates tanto de la covid-19 como de una oposición que creyó ver en ella la crisis perfecta para mandar a casa a un Ejecutivo que carecía de modelo anterior de funcionamiento. El estrés político que impuso la pandemia pudo ser parte del acelerado entrenamiento que necesitaba un Gobierno de coalición contra los jaleadores de su colapso inminente.  

 La reacción del Gobierno ante la crisis sanitaria fue tardía, como en la mayoría de los países europeos, pero la gestión posterior ha exhibido una eficacia incontestable en términos comparativos, y ha sido reconocida internacionalmente por distintos organismos. España figura hoy en el reducidísimo grupo de países con el porcentaje más alto de vacunación, se administra ya una tercera dosis en ancianos y personas de riesgo y es bajísimo el índice de negacionistas antivacuna. 

 El sistema público de salud se resintió gravemente, exigió de sus sanitarios más de lo que hubieran imaginado nunca y demostró por la vía más dramática los efectos de los recortes practicados por gobiernos anteriores. 

Amparadas por la decidida reacción financiera de Europa, las medidas contra la destrucción de empleo tras la paralización de la economía (y la vida entera) lograron frenar los peores efectos también: hoy el 94% de los 3,5 millones de trabajadores que se acogieron a los ERTE ya no están bajo esa cobertura, el empleo ha llegado a los 20 millones de cotizantes, equiparable al tiempo anterior a la crisis de 2008, aunque lastrado aún por la temporalidad desorbitada del mercado laboral español. 

Un crecimiento del PIB menor del esperado, los costes de la energía, el atasco global y la inflación elevada se erigen en potenciales nubarrones para lo que queda de legislatura.

 La agenda reformista pactada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha desarrollado a un ritmo inevitablemente marcado por la prioridad de la pandemia. Pero los Presupuestos han iniciado su tramitación parlamentaria, y se aprobó la ley de vivienda, pese a las sacudidas en el Gobierno. Hubo tensiones dictadas por las discrepancias de fondo o el afán de protagonismo de los socios de coalición, pero han acabado, in extremis, encontrando vías de encauzamiento a la espera de ver cómo cuajan en la reforma laboral.

 La subida del salario mínimo interprofesional es una conquista ya plenamente asumida y se aprobó el ingreso mínimo vital, aunque resulte increíble que sea incapaz de llegar todavía donde debe: la brecha de la desigualdad social sigue siendo en España el caballo de batalla crucial para prevenir el riesgo de exclusión en que se halla, en torno a un 25% de la población. En medio de formidables polémicas el Ejecutivo sacó adelante la ley de libertad sexual y la ley trans

 Tampoco el Gobierno ha logrado una gestión airosa de la renovación de las instituciones, bloqueadas por el PP y sus votos imprescindibles para abordarla: ha acabado siendo un paso atrás en la necesaria regeneración democrática que todos, y el Gobierno el primero, predican.

Esta media legislatura ha sido también la de un enconado clima político que contagia a las redes y desmoraliza a la calle (más poblada que cualquier red). Pero esa aceleración nerviosa llega también al Parlamento con excesos verbales que trascienden la pugna política e incurren en la derogación del pacto tácito de la política democrática: la legitimidad del adversario.

 A cambio, uno de los frentes más accidentados de los últimos años vive hoy otro clima a través de la reconducción hacia la política institucional de una parte del independentismo catalán. La concesión de los indultos a sus líderes encarcelados favoreció la nueva atmósfera, a la vez que el Gobierno parece dispuesto a fomentar, todavía tímidamente, algunos de los vectores que permitan federalizar de forma más estable el Estado de las autonomías.

 Entre ellos figura la descentralización de instituciones de nueva creación, apenas testimonial; pero no se avanza, sin embargo, en la imprescindible reforma de la financiación autonómica, aplazada una vez más.

 La pandemia no ha acabado con este Gobierno, la izquierda gestiona el poder en consonancia con los socios europeos mientras la derecha sigue pronosticando el derrumbe de España sin miedo a la hipérbole, la polarización y el mero ruido mediático. Es un panorama político que no va a mejorar, sino a volverse más ensordecedor de aquí a las elecciones. 

En este tiempo, en lo que queda de legislatura, el Ejecutivo tiene otro examen trascendental: el rápido y buen uso de los fondos europeos que deben impulsar la modernización de nuestra economía. También en esto el consenso sería esencial, pero reclamarlo en España parece conducir solo a la melancolía."                 (Editorial El País, 18/11/21)

26.8.21

La memoria de España con la guerra de Afganistán: los que dieron a las madres para enterrar, los cuerpos de otros hijos; los que les estrellaron en aviones de mercadillos postsoviético; los que lo intentaron tapar... que hagan el favor de callarse ahora...

Óscar Guardingo @oguardingo

 Hay quien quiere pasar página a los 100 españoles y 2 locales fallecidos por la guerra de Afganistán, y sobretodo a la tragedia del Yak42 y la (in)gestión de Trillo. Pues quizás sí toca recordarlo.

"Accidente del Yak-42 en Turquía" (Wikipedia)

Los que dieron a las madres para enterrar los cuerpos de otros hijos, los que les estrellaron en aviones de mercadillos postsoviético, los que lo intentaron tapas, que hagan el favor de callarse ahora. Esa es la memoria de España con la guerra de Afganistán. El PP mal. 

4:46 p. m. · 23 ago. 2021
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22.12.20

El ex número dos de la Policía describe ante el juez la implicación de Asuntos Internos en la brigada política del PP

 "Con la naturalidad de quien se presenta ajeno a la polémica de su mandato, el ex director operativo de la Policía con el PP, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, relató el pasado lunes ante el juez del caso Villarejo las prácticas que implantó en el Cuerpo y sin las que no se puede explicar la “operación parapolicial” de espionaje a Luis Bárcenas por las que él y sus máximos colaboradores están imputados en la Audiencia Nacional. 

Durante la hora y tres cuartos que se prolongó su última declaración en la pieza Kitchen, Pino se refirió en varias ocasiones a la utilización de Asuntos Internos para cualquier cuestión que él considerara de interés, sin que supusiera un problema pervertir la única función asignada legalmente a la unidad: perseguir los delitos que cometen los agentes del Cuerpo.  

 El comisario Pino y el resto de imputados mantienen que la denominada Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados, solo pretendía contribuir a localizar los testaferros de Bárcenas y a recuperar el dinero que escondía. La investigación, sin embargo, ha acreditado que actuaron en todo momento a espaldas del juez de la caja B y de los policías a cargo de éste, y apunta a que su único interés era recuperar y ocultar pruebas de la posible implicación en la financiación irregular y el cobro de sobresueldos en negro por parte de altos dirigentes del PP. 

En un momento del interrogatorio del fiscal Miguel Serrano, el investigado habla de lo que en términos policiales se llama “manipulación” del confidente, en este caso el chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva. Según la reconstrucción que ha realizado elDiario.es con fuentes presentes en la declaración, Pino afirma: “En un principio iba a ser Marcelino (Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos en ese momento). Luego, por otras razones, se me obliga a que sea Villarejo porque, según me cuentan, Marcelino era Asuntos Internos y pudiera parecer una brigada más política. Yo evidentemente, porque se me ordena, nombro a Villarejo”.

El grueso de la Operación Kitchen se llevó a cabo, sin embargo, mucho antes de que saltara del seno de la Policía a la opinión pública la utilización partidista que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba haciendo de los agentes. Aún no había trascendido que el mismo grupo de mandos que ahora se encuentra imputado en su totalidad por el espionaje a Bárcenas se dedicaba también en esa época a rastrear información comprometedora de políticos independentistas, de forma prospectiva y extrajudicial, en lo que tiempo después se bautizaría como Operación Catalunya. 

La investigación paralela a Bárcenas y los seguimientos a su familia se concentraron entre junio y octubre de 2013. No fue hasta noviembre de 2014 cuando elDiario.es publicó la trama parapolicial contra el proceso soberanista y la implicación de la Unidad de Asuntos Internos como policías desplegados sobre el terreno. De la Operación Kitchen no se supo hasta un años después cuando El Español reveló su existencia

“¿Quién le da esa orden?”, preguntó el fiscal Serrano a Pino el pasado 14 de diciembre, en referencia a cambiar a Martín-Blas por Villarejo. “Pues no lo sé”, respondió el comisario con la desmemoria que salpicó toda su declaración y contra la que le advirtieron tanto el fiscal como el juez Manuel García-Castellón. “No sé si es el director (Ignacio Cosidó) o el secretario de Estado (Francisco Martínez) porque tuve relación de este caso con los dos”.

El comisario Pino encontró en el secretismo que envuelve a la Unidad de Asuntos Internos, esencial para poder investigar a policías corruptos, la característica ideal para hacerle encargos políticos y que su ejecución escapara a cualquier fiscalización. elDiario.es ha podido saber que en la actualidad cuenta con 120 agentes aunque en la época de Pino eran probablemente bastantes más. Su sede está en unos pisos del centro de Madrid separados de cualquier otra dependencia policial y el comisario que la manda ahora es un veterano de la lucha contra el narcotráfico, Francisco Miguelañez.

Paradójicamente, una orden dictada durante el mandato de Eugenio Pino, la 28/2013, establece que corresponde a Asuntos Internos “investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo”. (...)

En la arquitectura que pretendía disimular la actuación de la policía política cobró especial protagonismo un grupo de setenta agentes que, dentro de la Unidad de Asuntos Internos, creó el comisario Pino, la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). Se trataba aparentemente de volver a casos que habría perdido la Policía en detrimento de otros cuerpos o cuyas investigaciones no hubieran prosperado, supuestamente por la dejadez o torpeza de los investigadores. Sirvió, sin embargo, para revolver en casos ya juzgados y con sentencia firme como el 11-M o el Faisán, que el PP había utilizado en la oposición para atacar al Gobierno de Zapatero, o para justificar la presencia en Catalunya coincidiendo con el procés.(...)"                 (Pedro Águeda, eldiario.es, 20/12/20)

2.11.20

Un presupuesto que empieza a revertir el austericidio. Por fin hubo subida de impuestos. No es la primera vez que esto ocurre, pero sí que esta sea exclusivamente a los que más tienen y a las grandes empresas... pero la insuficiencia de estos Presupuestos para ser completamente efectivos radica en que estamos fracasando en la lucha contra la covid-19

"La presentación del nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado es una buena noticia.

(...) Los Presupuestos que se acaban de presentar son una solución de compromiso de muy difícil factura que obligan -y van a seguir obligando- a que la Ministra de Hacienda haga auténticos encajes de bolillos para poder cuadrar las cuentas.(...)

El proyecto de Presupuestos es destacable, e incluso me atrevería a decir que histórico, por diversas razones positivas, pero también merece algunas observaciones sobre los problemas que pueden acompañarlos.

Lo más destacable que quizá cabe señalar es que suponen una inyección de gasto extraordinario que es imprescindible para aliviar en la medida de lo posible los efectos de la pandemia cuando se han detenido los motores del gasto privado. Y no menos importante es el profundo calado social que impregna la política de gasto. Como decía antes, el Gobierno ha hecho un esfuerzo ímprobo, teniendo en cuenta la coyuntura y la escasez del momento, para hacer unos presupuestos con derechos cuando no sólo no hay crecimiento, sino que sufrimos la caída más fuerte del PIB de los últimos 150 años, si se exceptúan los años de guerra civil.

Sin embargo, diversas razones deben mantenernos alerta y nos impiden tirar las campanas al vuelo.

En primer lugar, yo creo que sólo un milagro permitirá que se cumpla el escenario macroeconómico previsto a la hora de elaborar estos Presupuestos. Por tanto, no van a tener el efecto sanador que se les supone y darán problemas a la hora de financiar y ejecutar el gasto previsto.

En segundo lugar, hay que tener presente que estos Presupuestos serían históricos por su ambición en tiempos de normalidad pero, en la situación en la que estamos y en la peor a la que vamos a llegar en los próximos meses, van a resultar completamente insuficientes.(...)

Por último, me temo que el incremento de gasto social no basta por sí mismo para impulsar las transformaciones estructurales urgentes que habría que comenzar a poner en marcha para salir medio indemnes de esta crisis de la covid-19. A mi juicio, la clave de la insuficiencia de estos Presupuestos para ser completamente efectivos radica justamente en que estamos fracasando en la lucha contra la covid-19. (...)

La explicación de este fracaso sanitario (determinante del económico que nos amenaza) es, sin duda, plural, pero me atrevo a establecer una hipótesis principal. (...)

España está fallando en la contención de la pandemia porque tenemos una derecha ruin que ha antepuesto sus intereses electorales y su dependencia de los grandes poderes a los del conjunto de la población, pero también porque la falta de liderazgo ha impedido que la emergencia y el peligro (como ha ocurrido en otros lugares) sirva para fortalecer la cohesión y el apoyo a las instituciones.

Es más, los grandes poderes económicos, financieros y mediáticos utilizan el desconcierto que produce la crisis y las debilitan aún más, haciéndola aún menos confiables, cuando entran por la puerta de atrás del Estado para obtener ventajas, aprovechando precisamente la vulnerabilidad que supone disponer de una administración pública sin recursos suficientes y atrasada, una de Justicia tan sesgada política e ideológicamente, un Estado de las autonomías muy imperfecto o instituciones de representación política poco transparentes, cesaristas y demasiado alejadas de la población representada.

Contratar a despachos de abogados vinculados a las grandes empresas para gestionar el reparto de los fondos europeos, aprovechar la crisis para facilitar el desembarco de los fondos de ahorro privado en el sistema público de pensiones, regalar Bankia al capital bancario, que el Tribunal Supremo se salte a la torera al Constitucional para darle dinero a la banca cuando más lo necesita el Estado, o que el ministro de Sanidad y la clase política en general pidan a los jóvenes que no vayan a las fiestas o a realizar botellones y al mismo tiempo se vayan ellos de bares o a saraos multitudinarios... son algunos ejemplos de lo que no se puede hacer si se quiere que la población se cohesione, confíe y arrope a las instituciones. Así, lo que se produce es hastío, indignación y alejamiento. (...)

Bienvenidos, pues, los nuevos Presupuestos pero si no aumenta la eficacia de la lucha contra la pandemia no servirán de mucho. Hay que reclamar al Gobierno que emprenda con más ahínco la búsqueda de la confianza y complicidad explicando mejor y con la máxima transparencia, rindiendo cuentas, exigiendo responsabilidades, buscando acuerdos amplios con la sociedad civil y no haciéndose fuerte contra los débiles sino frente a quienes no paran de maniobrar para quedarse con todo.

Pero también hay que reclamar coherencia a la ciudadanía: si no se apoya al Gobierno en un trance como este, en medio de la emergencia, tampoco se le puede pedir que defienda con eficacia y acierto, como se supone que todos queremos, los intereses nacionales." (Juan Torres López, Público,30/10/20)


"Por fin hubo subida de impuestos. No es la primera vez que esto ocurre, pero sí que esta sea exclusivamente a los que más tienen y a las grandes empresas.


Ese es el rasgo que más se ha destacado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, presentado por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. No por la cuantía de la subida, sino por el gesto. De cualquier manera, el Ejecutivo de izquierdas se ha quedado lejos de lo que podía esperarse a la vista del programa de gobierno. Pedro Sánchez ha prometido que se completará con una reforma fiscal completa, en la que, se supone, llegarán otras subidas.

Veamos lo que ahora se ha decidido. En el IRPF, los que ganan más de 300.000 euros al año tendrán un tipo impositivo dos puntos más alto en el tramo general, del 45 por ciento al 47. Y a los que ganan más de 200.000 euros se les sube tres puntos del tipo impositivo que se aplica para los dividendos o los intereses, del 23 al 26. Son muy pocos los afectados, tan solo 36.000 contribuyentes, ni el 0,2 por ciento de todos los que pagan el IRPF. El acuerdo entre PSOE y Podemos para formar gobierno era más ambicioso. Establecía que la subida de dos puntos alcanzaría a los que ganasen más de 130.000 euros y cuatro puntos a los que obtuviesen más de 300.000 euros.

En la tributación a las grandes empresas, el Gobierno tampoco ha aplicado lo que proponía hace tiempo: que nunca tributasen menos del 15 por ciento de sus ganancias. Se pretende conseguirlo por otro procedimiento. Las grandes compañías multinacionales españolas apenas pagan impuestos, no más del 6 por ciento. Lo consiguen gracias a que pueden descontarse, al declararlo a Hacienda, todos los beneficios obtenidos fuera de España. El argumento es que ya tributan en cada lugar. Ahora se podrán descontar fuera un poco menos, el 95 por ciento. Parece una subida insignificante, pero con ello se recauda más que con la del IRPF: 1.520 millones de euros frente a los 490 del impuesto sobre la renta.

La subida en el impuesto de patrimonio apenas es significativa: dos puntos para los que declaran tener más de 10.000 millones. Lo recaudan las comunidades y pueden dejarlo sin efecto, como el caso de Madrid, donde no se paga. El Gobierno se ha comprometido a que se tribute en todas.

Hay otros incrementos tributarios de menor repercusión. Todos los aprobados suponen 1.862 millones en 2021 y 2.135 en 2022. A ellos hay que añadir los nuevos impuestos aprobados o por aprobar fuera de los presupuestos, que suponen 4.200 millones. Visto así, la cuantía no es tan baja, supera los 6.000 millones de euros.

Otro rasgo de este presupuesto. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias se han pasado el tiempo asegurando que acabarían con la austeridad. Y llegado el momento se lo han encontrado hecho. No tuvieron que pelear con Bruselas. Un bicho mortífero, la covid-19, obligó a la Eurozona a dejar sin efecto el pacto de Estabilidad, que es como se llama ese cilicio que ha impedido el protagonismo del gasto público y el crecimiento inclusivo como corrector de las desigualdades.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 son raros. Cualquiera que haya tenido la insana costumbre de mirarse las cuentas públicas de años anteriores verá que no se parecen mucho a estas. El gasto total del Estado y la Seguridad Social alcanzan los 456.000 millones de euros, un 20 por ciento más que el año anterior. Y un 28 por ciento más que el último presupuesto del PP. Pulveriza la austeridad con un gasto nunca visto.

Es raro también cuando se mira qué es lo que más sube, cuál es la apuesta de gasto del Gobierno. Para empezar el gasto social es un 10 por ciento más que este año y un 21 por ciento mayor que el último del PP (Montoro decía que era el presupuesto más social de la historia). 

Y si de ahí se descuenta el gasto en pensiones, el más elevado del presupuesto, pero que apenas depende de la voluntad del Gobierno, sino de pagar a los jubilados, el resto del gasto social aumenta un 47 por ciento más que en 2018 y un 29 respecto a este año. Pero hay un baremo más para determinar en dinero el nivel del gasto social: el porcentaje del mismo en relación a toda la actividad económica del país, el PIB. El presupuesto del año que viene cuenta con un gasto social que representa el 19,6 por ciento del PIB. Es el más alto, al menos, desde 2009.

Los otros capítulos donde se dispara el dinero son los dedicados a apoyar un cambio de modelo económico, como la industria o la digitalización. Una parte importante del dinero llega de la Unión Europea: 26.600 millones de euros. Es la primera entrega del Programa de Recuperación para hacer frente a la pandemia. El fomento de la industria, la investigación y la digitalización y la protección social son las áreas que más dinero reciben de ese llamado Plan Marshall europeo. (...)

Las áreas que suben menos


Pero hay áreas que no ven incrementar sus dotaciones de esta manera, y suben de forma modesta. ¿Cuáles? Pues varias de las que en presupuestos anteriores salían muy bien paradas. La Seguridad Ciudadana, es decir, la policía, es la que menos aumenta, el 3,5 por ciento. En el último presupuesto de Rajoy subió el doble. En Defensa, el expresidente popular se despidió con una subida del 10 por ciento; ahora sube la mitad, que no es poco."   
  (Emilio de la Peña, CTXT, 29/10/20)

9.10.20

"No hay pruebas que sustenten que los hechos se hayan producido conforme a las alternativas señaladas por el Juzgado Central de Instrucción por lo que nos encontramos ante meras hipótesis" dice la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. O sea que "No hay pruebas" contra Pablo Iglesias... pero el juez García Castellón ha decidido usar las "meras hipótesis" que esta Sala de lo Penal duramente desautorizó para pedir al Supremo que impute a Pablo Iglesias

 "No hay pruebas contra Pablo Iglesias. Solo meras hipótesis de un juez instructor, Manuel García Castellón, al que hace solo tres semanas corrigieron en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando le ordenaron que volviera a aceptar al vicepresidente del Gobierno como perjudicado del caso Dina.

No hay pruebas, solo meras hipótesis, y el entrecomillado es literal: "No hay pruebas que sustenten que los hechos se hayan producido conforme a las alternativas señaladas por el Juzgado Central de Instrucción por lo que nos encontramos ante meras hipótesis", dice el auto de hace pocas semanas que el juez García Castellón ha preferido no recordar. 

A pesar del varapalo jurídico que supuso ese auto de una instancia superior, el juez Manuel García Castellón ha decidido seguir adelante y lanzar un órdago aún mayor: usar esas "meras hipótesis" que la Sala de lo Penal duramente desautorizó para pedir al Supremo que impute a Pablo Iglesias

Nada sorprendente, por otra parte. Ya avisé que esta es la legislatura del 'lawfare'. Ya expliqué hace tres años quién es García Castellón: ese extraño juez que quería ganar menos y trabajar más. Es ese magistrado que oportunamente regresó a la Audiencia Nacional después de 17 años en un puesto de lujo en el extranjero donde le nombró el Gobierno de Aznar. Volvió a uno de los juzgados que más preocupa desde hace años al PP, precisamente en el momento en que así lo deseaban los imputados Ignacio González y Eduardo Zaplana: los mismos finos ojeadores que también acertaron en sus pronósticos cuando recomendaban como fiscal Anticorrupción a Manuel Moix. 

Ese juez, Manuel García Castellón, acusa al vicepresidente Pablo Iglesias de tres posibles delitos: denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos con agravante de género. Por comparar, al comisario Villarejo, en este mismo caso, le acusa solo de revelación de secretos, y sin agravante alguno. 

Estos son los delitos y esta es la explicación.

Revelación de secretos

El juez acusa a Iglesias de este delito por esos meses que tuvo en su poder la tarjeta de memoria del teléfono de Dina Bousselham. Les recuerdo la historia, por si se han perdido algún capítulo anterior. En noviembre de 2015, alguien robó el teléfono a Bousselham, asesora de Iglesias. En ese móvil, en esa tarjeta, había fotos íntimas de Bousselham. También pantallazos de la aplicación de mensajería Telegram de conversaciones en grupos de Podemos donde participaba el propio Iglesias, vídeos de Echenique cantando una jota, documentos internos del partido… toda una serie de materiales que, por entregas, se fueron publicando a lo largo de 2016 en distintos medios de comunicación. No solo Ok Diario. También El Mundo y El Confidencial, según acreditó un informe policial. Siempre en los momentos más delicados para Podemos: cuando existía la posibilidad de que pudiera pactar un Gobierno de coalición con el PSOE –que en 2016 se frustró–.

Años después, una copia de la tarjeta de memoria del teléfono robado apareció entre los muchos archivos informáticos encriptados que decomisaron al comisario de la cloaca policial en noviembre de 2017. Y ahí nació el caso Dina, una de las muchas piezas separadas de la investigación sobre Villarejo que aún sigue en la Audiencia Nacional.

Villarejo declaró en el juzgado que esa copia se la habían entregado dos directivos de Interviú. Los responsables de la revista aseguraron ante el juez que la tarjeta había llegado a la redacción en un sobre anónimo, que decidieron no publicar su contenido y que entregaron la tarjeta a Iglesias. También explicaron al juez que antes habían hecho otra copia que pasaron al comisario Villarejo.

Iglesias recibió la tarjeta del presidente de la editora de Interviú. Pero no se lo entregó inmediatamente a Dina Bousselham. Tardó unos meses. Iglesias asegura que fue para no trasladar a su subordinada más presión al saber que la tarjeta con todo ese contenido circulaba por ahí. 

Revelación de secretos. Artículo 197 del Código Penal: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico…". 

Subrayo la palabra "consentimiento" porque es fundamental. Solo existe este delito si el afectado lo denuncia. Y en este tema, solo hay caso contra Pablo Iglesias si Dina Bousselham decide acusarle porque considere que ha vulnerado su intimidad.

¿Qué dice ella? ¿Quiere acusar? Todo apunta a que no. Hace unos meses, envió un largo escrito a la Audiencia Nacional exculpando a Iglesias de haber guardado esa tarjeta unos meses. 

Antes de pedir al Supremo que impute a Iglesias, lo lógico hubiera sido que el juez García Castellón llamara a Dina a declarar otra vez, y preguntara a la única afectada de ese supuesto delito si considera que su intimidad ha sido vulnerada por Iglesias. También si cree que eso le ha pasado "por el hecho de ser mujer", que es el requisito para el agravante de género que añade el juez.

Es lo que le pidió la Fiscalía al juez: que llamara a Dina otra vez a declarar. Es lo que el juez no ha querido hacer. Tal vez porque si Dina le llega a decir que no, que no quiere acusar a Iglesias, este supuesto delito se le hunde. Y hay menos escandalera que montar.

Daños informáticos

¿Quemó Pablo Iglesias la tarjeta de memoria antes de devolvérsela a Dina Bousselham? El juez ha investigado este punto con un arrojo que estaría genial que aplicara también a la cloaca policial, a ver si algún día sabemos quién es ese "Asturiano" o "Barbas" al que en ocasiones también llaman "M. Rajoy" y que varios testigos acusan de algunos asuntillos algo más graves que los que estamos tratando hoy. Este señor del que ahora estoy hablando no es aforado. No hay que pedir permiso al Supremo para llamarle a declarar.

El último informe de la Policía Científica apunta a que esos daños en la famosa tarjeta no fueron fruto de martillazos de Iglesias, ni de que este llegara a quemarla, como otro informe previo aseguró. La tarjeta no estaba quemada y solo tenía unos rasguños, consecuencia de las técnicas que empleó la empresa de Gales que intentó recuperar su contenido.

También es falso que la tarjeta quedara irrecuperable. La pareja de Bousselham la envió a esta empresa de recuperación, que fue quien lijó la parte exterior de la tarjeta para ver si podía recuperar su contenido. Era una técnica posible pero algo cara, y la pareja de Bousselham prefirió no pagar. El responsable de esta empresa también confirmó que la tarjeta les llegó "físicamente intacta" aunque no se pudiera leer.

A pesar de este informe policial, el juez acusa a Iglesias de un delito de daños informáticos. De nuevo, la única afectada es la dueña de la tarjeta, Dina Bousselham, que tampoco acusa a Iglesias de algo así. Tampoco pide la imputación la Fiscalía. Y en un extraño giro judicial, sin interés de la perjudicada ni del fiscal, el juez decide que hay indicios lo bastante sólidos como para pedir al Supremo la imputación. Otro estrambote más.

Denuncia falsa

He dejado el salto más acadabrante para el final. Según García Castellón, Iglesias acusó falsamente a Eduardo Inda, director de Ok Diario, a sabiendas de que era completamente inocente porque Villarejo en ningún caso le pudo pasar a él la información. Les explico el razonamiento, que tiene también su aquel.

En su momento, el juez y la Fiscalía rechazaron llamar a Inda a declarar por una razón. Parte del material que publicó Ok Diario –los pantallazos de los comentarios de Iglesias sobre la presentadora Mariló Montero en un grupo de chat– estaba dentro de la tarjeta de Dina en la carpeta "sent" (enviados) del programa de mensajería Telegram. Es decir, que Dina hizo una captura de esa conversación y se la mandó a alguien. No sabemos a quién.

Según la explicación del juez, esto exculpa a Inda. Como hay otra vía para que esa información haya llegado a Ok Diario y al resto de los medios –la propia Dina reenviando pantallazos–, esto significa que no es seguro que fuese Villarejo quien se lo pasó, o que tuviera acceso a toda la tarjeta y a las fotos íntimas de Bousselham. Es un razonamiento muy garantista: para culpar a alguien hay que demostrar que realmente es culpable. Y es cierto que Villarejo se reunía con Inda, y con muchos otros periodistas, pero eso no es suficiente para probar su culpabilidad en la revelación de secretos: que con seguridad Villarejo le pasara el volcado íntegro de la tarjeta.

El gran salto viene después. El juez ahora no es que considere que tal vez sí, o tal vez no, Villarejo le entregase a Eduardo Inda esa información. Es que argumenta que seguro que no fue Villarejo: que la fuente de ese material que publicó Ok Diario era sin duda Dina Bousselham. Según dice el propio juez: "Con la única finalidad de desprestigiar el medio Ok Diario (...) a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en OK Diario, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Dina Bousselham tratando de simular, falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono".

Repito, que sé que es lioso. Hay dos hipótesis: la información pudo llegar a Ok Diario a través de Villarejo –que sabemos que tenía copia– o a través de otra fuente provocada por Dina Bousselham –que sabemos que envío a alguien pantallazos–. No sabemos con certeza cómo fue. Pero el mismo argumento que vale para exculpar a Inda –existe otra posible vía– el juez aquí se lo salta, y considera que Iglesias sabía a ciencia cierta que la fuente era Dina, y en ningún caso Villarejo.

¿En qué se basa el juez para llegar a esta conclusión? No lo explica. Y olvida también algunos datos importantes. El primero, que Pablo Iglesias fue llamado a declarar ante el juzgado por el propio García Castellón, después de que un informe policial encontrara el volcado de la tarjeta de Dina en los discos duros de Villarejo y relacionara esa información con varias noticias publicadas. Es decir, que si alguien "simuló" esa conexión en primer lugar fue la propia policía, y no Iglesias.

El segundo, que fue el juez García Castellón quien consideró en un primer momento a Iglesias como perjudicado por esta situación. Es decir, fue el propio juez quien también validó esa conexión.

Y el tercero, aún más grave: que legalmente no se puede investigar judicialmente una denuncia falsa cuando lo denunciado aún está sin resolver; no es posible proceder contra el denunciante hasta que haya "sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo" (artículo 456.2 del Código Penal). Y en este caso aún no hay ni sentencia ni archivo o sobreseimiento sobre lo ocurrido con Villarejo y Bousselham. No hay una verdad jurídica de lo que ocurrió que permita contrastar la falsedad. 

En un mundo normal, sería muy dudoso que este escrito del juez García Castellón contra Pablo Iglesias llegara a prosperar en el Tribunal Supremo. Pero hace tiempo que en España, en la Justicia, lo inimaginable se acaba haciendo realidad."              (Ignacio Escolar, eldiadio.es, 07/10/20)