"Despidos en Mertalfor, Crucianelli SRL (Córdoba),
Express Beer, Dass (Adidas Y Nike ElDorado Misiones), Granja Tres
Arroyos, Union Bat y Pyam (E. Ríos), Astillero Río Santiago, Canal
Blender, Expreso Brío, Cascia, Fate, Tenaris Siat (Techint), Sustramax,
Socolor SA, Mauro Sergio.
La empresa Metalfor ejecutó 35 despidos durante el partido entre
Argentina y Egipto, con una maniobra para minimizar la protesta: les
dio permiso para retirarse a ver el encuentro de la selección de
fútbol, y en el medio los notificó del fin de la relación laboral. Un
día antes cerró otra metalúrgica cordobesa, Crucianelli, dejando 20
trabajadores más en la calle.
En un acto de absoluta cobardía
patronal, la empresa Metalfor realizó lo que parecía un acto habitual
en la construcción de “la cultura de la empresa”: habilitar a los
trabajadores de la planta ubicada en Noetinger, provincia de Córdoba, a
ver el partido de la Selección argentina de fútbol masculino este
martes en horario laboral. Pero en realidad era una trampa.
Porque
una vez fuera de las instalaciones muchos empleados comenzaron a
recibir mensajes de texto, donde se les solicitaba que concurrieran a
las oficinas del correo para retirar sus telegramas de despido.
Fausto
Barbero, operario con 21 años de antigüedad en la empresa, relató que
muchos de sus compañeros ni siquiera fueron avisados formalmente y se
encontraron con la novedad al intentar ingresar a la planta al día
siguiente. “Toda una vida le dejé en la empresa. Por un mal manejo de
la directiva, hoy se encuentran con esta situación”, manifestó. El
obrero contó que ingresó a la firma a los 24 años y hoy cuenta con 45, y
describió la situación como “durísima” para las familias afectadas en
una comunidad pequeña.
La empresa Metalfor se encuentra actualmente
atravesando un concurso preventivo de crisis. Según los testimonios de
los trabajadores, existía la creencia de que este proceso judicial
garantizaba la estabilidad de los puestos de trabajo mientras se
resolvía la situación en la Cámara de Trabajo.
La planta de
Noetinger se desempeña principalmente como autopartista, fabricando
componentes para las máquinas que luego se ensamblan en la sede central
de Marcos Juárez. A pesar de ser una firma con presencia
internacional, sufre como toda la industria las políticas económicas del
gobierno de ultraderecha de Javier Milei, que habilitó importaciones
indiscriminadas y aplica tarifazos en todos los costos fijos de energía y
servicios.
Al momento de producirse las cesantías, la planta de
Noetinger contaba con un total de 146 operarios especializados. Esta
reducción de personal representa un impacto directo sobre la estructura
laboral de la firma en la zona.
Un día antes, la metalúrgica
Crucianelli SRL, dedicada a la producción de autopartes en barrio
Cabildo, al sur de la ciudad de Córdoba, cerró sus puertas de manera
repentina y dejó a sus trabajadores sin empleo ni aviso previo, indicó
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El hecho ocurrió el lunes 6 de
julio, cuando los operarios llegaron a cumplir su jornada laboral y
encontraron los portones de la planta directamente “soldados”.
El
último día de actividad había sido el viernes, con una jornada normal de
ocho horas. Según el relato de los empleados, nadie les comunicó
ninguna decisión empresarial. “Entramos y salimos en el horario de
siempre. Nadie nos dijo nada. Hoy llegamos y nos encontramos con todo
cerrado”, explicó uno de los trabajadores afectados, Eduardo López: “Hoy
llegamos y nos dimos con los portones soldados, cosa que nos sorprende
a mí y a los 20 trabajadores que estamos acá”.
“No tuvimos ninguna notificación, no sé cómo va a terminar todo esto. Vamos a seguir acá hasta que vengan los dueños”, añadió.
Entre
los operarios hay personas con más de 30 años de antigüedad. Uno de
ellos contó que lleva 36 años en la empresa. “Desayunamos con la fábrica
cerrada. No sabés qué pensar ni qué hacer”, relató. La planta
abastecía a empresas como Toyota, de manera indirecta a través de otras
firmas autopartistas.
El cierre genera una fuerte incertidumbre en
las familias que dependen de estos ingresos. “Tengo cuatro hijos,
compromisos y la diaria. No sé cómo voy a hacer”, expresó otro
trabajador, visiblemente afectado. La escena en la puerta de la fábrica
incluyó a empleados con sus pertenencias y bolsos, sin poder ingresar
al lugar donde trabajaron durante décadas.
Desde la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM), un delegado que se encontraba en el lugar confirmó
que la situación incluye deudas salariales. “Se debe el aguinaldo, una
quincena y otros montos. Hay trabajadores que fueron enviados de
vacaciones sin cobrar”, aseguró.
Además, mencionó antecedentes
recientes en la firma: hace unos meses se habían producido despidos y se
había planteado un escenario de quiebra, lo que ya había generado
conflictos laborales y dificultades en los pagos.
En junio se había despedido a 11 empleados, indicaron.
Distribuidora de bebidas cerró su planta y echó a 220 trabajadores
La
empresa de logística Express Beer anunció el cierre de sus actividades y
dejó en la calle a 220 choferes y ayudantes con una antigüedad promedio
de 26 años, según informaron desde el Sindicato de Camioneros.
La
empresa incurrió en cesación de pagos y adeuda el salario del último mes
y el medio aguinaldo, apuntaron desde el gremio, que dispuso el estado
de alerta y movilización, al tiempo que no descarta medidas de fuerza en
caso de no encontrar una solución para los 220 trabajadores despedidos.
La
firma prestaba servicios para Cervecería y Maltería Quilmes, compañía
que hace pocos días firmó un acuerdo con el gremio justamente para
establecer un grado de igualdad con empleados tercerizados.
Ante la
decisión de la empresa, el Secretario Adjunto del sindicato, Pablo
Moyano, apuntó contra el presidente de la firma de transportes, Juan
Aguilar, y le exigió a Quilmes que asuma su responsabilidad solidaria
“como dice la ley”.
El dirigente sindical ratificó el compromiso de
“defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias
afectadas”. En este sentido, reclamó que se paguen “la totalidad de las
indemnizaciones” y que se disponga la reubicación inmediata de los
trabajadores en otras prestatarias del sector que continúan operando
para la cervecería.
El gremialista recalcó que “se aprovechan de la reforma laboral” y del Poder Judicial “que está a favor de las empresas”.
Al
malestar se suma el modo en que se ejecutó el cierre. Desde el gremio
describieron que el operativo se habría realizado de manera sorpresiva
durante la madrugada del domingo, con el retiro de la flota pesada de su
playón habitual hacia depósitos periféricos, lo que, según la denuncia,
cortó cualquier canal de diálogo.
En un comunicado, Camioneros
señaló que “durante décadas, el personal desempeñó sus tareas con
responsabilidad y compromiso, prestando servicios para Cervecería y
Maltería Quilmes”, remarcando que “sin embargo, el propietario de la
firma, Juan Aguilar, decidió el cierre de la empresa sin brindar
respuestas acordes a la gravedad de la situación, dejando a cientos de
familias en la incertidumbre”.
En este contexto, Camioneros reclaman
“el cumplimiento de todas las obligaciones laborales”, al tiempo que
anunciaron que continuarán llevando adelante “todas las acciones
gremiales y legales necesarias para resguardar los derechos de los
compañeros y preservar las fuentes de trabajo”.
Asimismo, señaló que
las comisiones internas de las empresas que también prestan servicios
para Cervecería y Maltería Quilmes manifestaron su solidaridad y
acompañan “la lucha de los compañeros de Express Beer”:
On Line
Río de las Vueltas
Special Truck
Levon
TDU
Estas
comisiones respaldaron el reclamo “en defensa de los puestos de trabajo
y reafirmando la unidad de la familia camionera frente a este difícil
momento ante la falta de pago de sueldos y aguinaldo que golpea a los
trabajadores”.
El acuerdo reciente que benefició a trabajadores tercerizados
A
fines de junio, el Sindicato de Camioneros y las empresas Coca-Cola y
Quilmes llegaron a un acuerdo en beneficio de unos 2.500 empleados
nucleados en la rama Aguas y Gaseosas. La mejora consiste en un
adicional por presentismo que no solo llega a los choferes, sino también
a sus respectivos ayudantes de distribución, cubriendo tanto al
personal contratado de manera directa por las firmas matrices como a las
tripulaciones que prestan servicios bajo el paraguas de las empresas
concesionarias y distribuidoras tercerizadas.
En ese momento Moyano
planteó que “se trata de un logro importante, que va a quedar en el
recibo de sueldo para siempre. No lo venían cobrando, así que es un
logro muy importante. Charlamos con los catorce delegados de Coca-Cola y
nos dijeron que estaban satisfechos”.
Adidas y Nike no fabricarán más zapatillas en Argentina
Por Graciela Moreno
En la gestión de Javier Milei, Dass cerró su planta de Coronel
Suárez y ahora, la de Misiones. El 10% de los despedidos tiene hijos
discapacitados y se verán obligados a irse a Brasil a trabajar en la
cosecha de fruta.
El grupo brasileño Dass deja de fabricar calzado
deportivo en Argentina, no fue decisión propia, sino más bien la falta
de pedidos. Fabricaba desde el 2008 y llegó a tener dos plantas y 1.500
empleados. En enero de 2025, cerró la planta de Coronel Suárez y en
pocos días más, cierra la fábrica de Eldorado en Misiones y despide a
150 trabajadores.
Dass, propietaria de la marca Asics y tiene las
licencias de Umbro y Fila para Latinoamérica. Fabrica calzado deportivo
desde hace casi medio siglo, en Argentina producía para marcas como:
Adidas, Nike, Fila,Umbro, Asics, Tryon y Under Armour. Hacían zapatillas
deportivas y botines, entre otros modelos. La empresa Dass tiene
operaciones propias en Brasil y Perú.
Cuando llegó al país hace 18
años, compró la planta de Coronel Suárez que pertenecía a Eduardo
Backchellian del grupo Gatic, donde históricamente se fabricaban las
zapatillas Adidas.
Sobrevivió a todo, pero esta vez tiró la toalla.
En pleno Mundial, 24 horas antes que Argentina entre a cuartos de final,
Dass oficializó que cierra definitivamente su planta de Eldorado.
Tenía un acuerdo de no despedir hasta mitad de año y como no entraron
pedidos decidió bajar la persiana. En mayo, abrió primero un retiro
voluntario y sin esperanzas de conseguir clientes anunció que cierra
entre el 17 y el 25 de julio.
Gustavo Melgarejo, delegado regional de
la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República
Argentina (UTILCRA), contó cómo está integrado el plantel de
trabajadores que serán despedidos.
Quiénes son los 150 despedidos de Dass en Eldorado
“Quedamos
150, de los cuales 120 son hombres y 30 son mujeres, algunos tienen 4
años de antigüedad, otros están desde el comienzo y ya tienen 19 años
en la empresa. Los nuevos ingresos son chicos de 25 años, pero hay
mucha gente de 45 años en promedio. Algunos viven en Eldorado, otros a
25 kilómetros en Monte Carlos, a 10 kilómetros en Colonia Victoria, a
20 kilómetros en 9 de julio y unos cuantos vienen desde Banda a 60
kilómetros y 45 minutos de auto sobre la ruta 60”, explicó Melgarejo.
Un
dato es alarmante, más del 10% de los trabajadores despedidos tienen
hijos con discapacidades. De los 150, un total de 16 está desesperado
porque tiene hijos discapacitados que requieren de cobertura médica por
sus tratamientos. Hay algunos con autismo, retraso madurativo, entre
otras patologías.
En Eldorado todo es desolación, son apenas 80.000
habitantes y ven como cierra su principal industria. En todos estos años
se acostumbraron a las idas y vueltas que tuvo que atravesar la
empresa por los cambios de políticas económicas de los gobiernos de
turno.
El paso a paso: de Cristina Fernández a Milei
“La mejor época la vivimos en el gobierno de Cristina Kirchner,
éramos 1.500 trabajadores y había 20 líneas produciendo. Nosotros
siempre hacemos un histórico. Cuando finaliza Cristina, asume Macri y
de los 1.500 quedamos 350 trabajadores. Cuando llega Alberto Fernández
con Cristina, se impulsa el crecimiento industrial y termina su gestión
con 550 obreros en la fábrica”, detalló el delegado.
El
representante de los trabajadores analizó cómo les fue con el último
cambio de gobierno: “Cuando asume Javier Milei, en sus primeros dos
años se perdieron 400 puestos en Dass de Eldorado y ahora cierra
definitivo, o sea de los 550 que éramos con Milei no quedará nadie en
pie. En el gobierno de Cristina, se producían capelladas y suelas,
llega Macri y libera los kits y comienzan a importarse. La estocada
final la da Milei que dejó importar libremente todo. Milei hizo lo
mismo de Macri, pero más rápido”.
La mayoría de los despedidos votaron a Milei
En
el 2023, Milei ganó Misiones por casi un 42%, también arrasó en
Eldorado. La pregunta obligada es qué evaluación hacen, esos mismos
trabajadores de la planta que votaron a Milei. “Todos los compañeros
están muy arrepentidos de haberlo votado a Milei, hay sólo uno o dos
confiados que esto mejorará. En nuestro sector, el gobierno no
revertirá la situación”, dijo el delegado.
Cuando se abrió el retiro
voluntario en mayo, se fueron más de 50 trabajadores. No querían
perder sus puestos, pero estaban muy endeudados.
El cierre fue
confirmado por Dass, comunicaron que sus marcas no se van del país y
que tendrán oficinas comerciales en Buenos Aires y dos centros
logísticos Coronel Suárez y Cañuelas. La mercadería de sus propias
marcas Fila, Umbro y Asics vendrá importada desde Brasil, donde tienen 8
fábricas y 55.000 empleados. Definen esta decisión como una
reestructuración que cambia el modelo de abastecimiento.
La planta
de Dass en Eldorado es propia. “La empresa nos dijo que van a dejar las
máquinas y no va a vender la planta. Están esperando un cambio de
política de gobierno o un cambio de gobierno que vuelva a regular las
importaciones. Por ahora, esperan a ver que les depara el futuro”,
explicó Melgarejo.
Al momento del cierre, Dass tenía sólo 3 líneas
de producción activas y fabricaban sólo para Nike y Adidas. Melgarejo
explicó: «Para Nike fabricábamos las zapatillas del modelo Pegasus y
para Adidas las casual, entre otras. Nosotros veníamos viendo que el
cierre era una posibilidad por la política nacional. Pero no creíamos
que Adidas y Nike iban a cambiar el trabajo local por el trabajo
esclavo, porque traerán todo de Asia. Ambas marcas no fabricarán más en
Argentina. Si tenemos en cuenta que sólo Adidas importó 12 millones de
pares en los primeros 6 meses, mientras nuestra producción en el
primer semestre fue de 600.000 calzados deportivos. Con nuestro trabajo
ambas marcas ganaron plata y ahora se aprovechan de la situación para
traer zapatillas terminadas desde afuera y no generar trabajo».
Si
bien no hay mucho por hacer, porque la decisión está tomada, los
trabajadores se ilusionan con algún milagro, que alguien interceda y se
apiade de ellos. Sueñan con volver a su vida normal.
Emigrar a Brasil para la cosecha es la única solución
A dónde tendrán que ir a buscar trabajo, si la planta cierra.
“Tendremos que ir a Brasil, en Eldorado y en la provincia no hay
trabajo. No nos quedará otra que ir a cosechar frutas, verduras,
cebolla, algo, algo de eso. No tenemos posibilidades de reinsertarnos”,
contó con un gran dolor en el alma. Irse a otro país es una vida dura,
que implica un gran esfuerzo y no estar junto a su familia.
Perder
el trabajo en Misiones, es cambiar la vida, no sólo porque implica
privarse de cosas y gustos, sino también porque al cruzar la frontera,
se privan de la contención familiar y deben empezar otra vida.
Entre Ríos: trabajadores de Granja Tres Arroyos, Unionbat y Pyam se unen en una jornada sobre la Ruta 14
La
crisis industrial que atraviesa Entre Ríos se sigue profundizando y
comienza a encontrar una respuesta común de los trabajadores. Tras meses
de conflicto en Granja Tres Arroyos y luego despidos en Unionbat y
Pyam, los distintos sectores resolvieron confluir en una jornada
unificada de protesta.
El miércoles 8 de julio, desde las 13:00, hubo
concentraciones en distintos puntos de la Ruta Nacional 14, donde los
trabajadores de las tres empresas reclamaron por sus puestos de trabajo
y se pronunciaron contra los cierres y despidos que golpean a la
provincia.
La idea que prima entre los trabajadores es sostener la
organización, mantener la unidad y buscar la coordinación con otros
sectores en lucha.
El 26 de junio parecía un día más en la fábrica de
acumuladores de Unión Bat. Una fábrica con máquinas que no existen en
todo el resto del país y que, según trabajadores, es la única planta de
la empresa donde se cumplen las normas ISO. Lo que ellos no sabían era
que el turno nocturno y el matutino “laburaron echados”. Esa mañana
los encargados tuvieron reunión con los jefes, como siempre, sin
mayores novedades; pero algo cambió cuando llegó el gerente de Recursos
Humanos porteño, y tuvo una nueva reunión.
Encerraron a los
encargados y no les permitieron hasta casi las 11 de la mañana a
transmitirles una novedad cruel a sus compañeros: El último día de
trabajo había sido el 25. Fue así como, trabajadores que esperaban que
este gobierno, contra toda deducción posible y con ese resto de
esperanza en fórmulas mágicas, les diera mejores condiciones de vida,
se encontraron de golpe en la larga lista de excluidos del derecho al
trabajo por una decisión de sectores privados, con un aviso, no sólo
inmediato, sino tardío: dos turnos ya habían trabajado luego de la
fecha de despido.
Entonces, un grupo de trabajadores tomó una
decisión: no se moverían de las puertas del lote de la empresa en el
Parque Industrial de Gualeguaychú hasta tener una respuesta de la
fábrica sobre el pago de los sueldos y aguinaldos adeudados. Pudieron
ver los recibos digitales, luego desaparecieron, días después volvieron
a aparecer: Los depósitos no se llevaron a cabo. Suponiendo que se
depositen los sueldos.
¿Qué harían los trabajadores despedidos?
“Ellos no pueden cerrar esto, la máquina que está ahí adentro es única,
en toda Argentina no hay otra igual”. Ustedes se preguntarán si no
sería más conveniente y alineado a las prácticas contemporáneas
comprarlas de afuera, pero un trabajador respondió a esta pregunta: “ya
lo intentaron, más de mil baterías trajeron de afuera, y terminaron en
la recicladora. No les servían.”
Aparentemente, la crisis de la
industria automotriz es la gran responsable de esta decisión de los
directivos de la empresa, que además de todas las ilegalidades que
cometieron con el aviso a destiempo del despido (algunos hablan incluso
de desobediencia a una supuesta conciliación obligatoria); no llamó a
los trabajadores a convenios por indemnización, no ofreció
absolutamente ninguna garantía de las que ofrece (ni siquiera) la
injusta y recientemente reglamentada “reforma laboral”. “Nos enteramos
ahí, antes de salir. A los del turno tarde ni siquiera los dejaron
entrar.”
El lunes 6 de julio, se manifestaron en la rotonda de
ingreso al Parque Industrial de Gualeguaychú, junto al sindicato de
industrias petroquímicas de Zárate, sus familiares y la comunidad.
Mientras en las redes algunas personas se quejan por la humareda de las
gomas quemadas, ellos decían “un poco de este humo no es nada al lado
del plomo, ahí adentro”.
El Parque Industrial está hace meses en el
ojo de la opinión pública, ya que sus efluentes no son tratados antes
de arrojarse al río Gualeguaychú, el principal cauce de agua y que da
nombre a una ciudad turística. Unión Bat es una de las empresas que más
contamina y quienes allí trabajan sufren cotidianamente las
consecuencias de un aire enrarecido con productos altamente tóxicos.
“Nosotros
por ahora estamos bien, nos vamos turnando las tareas” (para mantener
el acampe), “sólo podemos pedir difusión, y hoy algo de ruido hicimos”.
Si
para el martes 7 de julio, la empresa no realiza los depósitos
adeudados y sigue sin comunicarse con el acampe y no realiza ningún
movimiento; el miércoles 8 se producirán cortes en simultáneo sobre la
ruta 14, en conjunto con otras industrias como Granja Tres Arroyos.
Cabe
destacar la presencia de los 11 trabajadores de Laboratorios Pyam,
también despedidos ilegalmente, que permanecen realizando sus tareas ya
que dicha empresa sí acató una conciliación obligatoria dictada por el
Poder Judicial. El 9 de julio esperaban acercarse a los obeliscos de
la costanera para hacer saber su descontento a las autoridades, en
particular al Gobernador Rogelio Frigerio.
Trabajadoras del ARS se encadenan en la Gobernación bonaerense
Verónica
y Victoria, trabajadoras de planta del Astillero Río Santiago, fueron
despedidas por la empresa luego de atravesar situaciones graves de
violencia de género en sus hogares. El Astillero no solo ignoró los
protocolos y leyes que protegen a las mujeres trabajadoras en contextos
de vulnerabilidad, sino que además dejó sin sustento a dos familias,
desoyendo los reclamos de ellas y de las organizaciones feministas,
sociales, sindicales y estudiantiles que acompañan la pelea.
Asimismo,
ATE de la seccional Ensenada les viene negando la defensa gremial,
siendo ellas afiliadas y militantes de la Agrupación Marrón del
Astillero, opositores a la actual conducción del mismo.
El miércoles
pasado, las trabajadoras despedidas se encadenaron a las puertas de la
Gobernación provincial, en el marco de una jornada de lucha que incluye
un acampe, olla popular, festival de bandas y artistas locales, y una
asamblea feminista en apoyo a su reclamo. La acción es acompañada por
organismos de Derechos Humanos y una amplia variedad de organizaciones
sociales, sindicales, estudiantiles y de Derechos Humanos que le exigen
al gobernador Axel Kicillof la inmediata reincorporación de las
trabajadoras.
El reclamo no es nuevo: desde el 3 de junio, en el
marco de la jornada de Ni Una Menos, las despedidas junto a delegados
del Astillero y referentes del movimiento de mujeres se presentaron en
el ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia para pedir la
intervención de la ministra Estela Díaz. Sin embargo, la respuesta
oficial fue que “el ministerio no tiene competencia para actuar” frente a
los despidos, dejando en evidencia el doble discurso del gobierno
provincial, que se llena la boca hablando de derechos de las mujeres
pero no toma acciones concretas cuando se trata de garantizar el trabajo
y la protección de quienes sufren violencia de género.
La campaña
por la reincorporación de Verónica y Victoria fue creciendo y sumando
apoyos, tanto dentro del Astillero como en la región. La asamblea
feminista votó por mayoría la realización de un acampe frente a la
Gobernación, ante la inacción de todos los organismos a los que se
recurrió. La diputada de la izquierda y referente del movimiento de
mujeres, Myriam Bregman, se sumó al reclamo, exigiendo la intervención
del gobierno provincial y la restitución de los puestos de trabajo.
La
pelea de Verónica y Victoria es parte de una lucha más amplia contra el
ajuste, la precarización y la violencia de género, y pone en evidencia
la necesidad de organización y solidaridad para enfrentar los despidos y
exigir que se respeten los derechos conquistados. La campaña sigue
activa, con fondo de lucha y acciones de visibilización, y exige una
respuesta urgente del gobierno de Kicillof para que las trabajadoras
vuelvan a su puesto y no se repitan más casos de despidos
discriminatorios en la Provincia.
La docencia bonaerense enfrenta el ajuste de Kiciloff
El
acatamiento al paro de 48 horas es masivo a pesar de descuentos que
llegan a montos de $200.000 para maestras de primaria. La campaña
incluyó un comunicado dirigido a todas las Jefaturas, que fue enviado a
las escuelas por los grupos de WhatsApp para instalar la idea de las
jornadas de lucha no eran legítimas porque no eran convocadas por el
Suteba provincial, pero las y los docentes hicieron valer sus
reivindicaciones y se plegaron masivamente al paro con una adhesión de
un promedio del 70% en la Provincia, llegando nuevamente a distritos del
interior.
La Conducción Provincial de Suteba, en manos de la
recientemente electa candidata a Secretaria General, María Laura Torre,
de la Lista Celeste-Violeta, en vez de repudiar esta campaña, se ha
plegado a esta campaña y amenazado a las seccionales de Conducción
Multicolor con sanciones disciplinarias por expresar a la docencia que
dice basta.
Lo que está en disputa ahora es si esa fuerza que se
viene expresando en paros o movilizaciones aisladas se dispersa y se
utiliza luego para alguna salida electoral o si se transforma en un
movimiento combativo, unitario y con continuidad, capaz de enfrentar
tanto al gobierno de Milei como al ajuste en la provincia.
Trabajadores de Televisión movilizaron al Canal Blender
Los
trabajadores de televisión nucleados en el SATSAID realizaron el jueves
2 de julio una movilización frente a las instalaciones del canal de
streaming Blender en CABA para exigir la reincorporación de los
empleados despedidos y denunciar lo que consideran una represalia contra
quienes reclamaron mejoras salariales. La protesta reunió a
trabajadores del sector, delegados sindicales y organizaciones gremiales
que expresaron su solidaridad con el conflicto, que en los últimos días
tomó estado público tras la interrupción de una transmisión en vivo por
parte de la periodista Fiorella Sargenti.
La convocatoria fue
impulsada luego de que la empresa del ultraderechista Augusto Marini
-también dueño del streaming Carajo- desvinculara a una decena de
trabajadores, según denunciaron los propios empleados. Durante la
manifestación se reclamó la inmediata reincorporación de los despedidos y
el cese de las prácticas antisindicales, mientras los manifestantes
advirtieron que continuarán con medidas de fuerza hasta obtener una
respuesta de la empresa.
El conflicto comenzó a escalar cuando los
trabajadores denunciaron que los despidos se produjeron después de
reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales que, según afirmaron, la
empresa había asumido a comienzos de 2026. En un comunicado difundido
públicamente sostuvieron que las cesantías ocurrieron inmediatamente
después de exigir mejoras en los ingresos y reclamaron poder «volver a
trabajar y salir al aire con normalidad lo más pronto posible».
La
situación alcanzó gran repercusión cuando Fiorella Sargenti interrumpió
en vivo el programa que conducía para solidarizarse con sus compañeros
despedidos. «No podemos hacer un programa así. Echaron a muchos
compañeros por hacer un reclamo vinculado al aumento de nuestros
salarios. Si tocan a uno, tocan a todos; así funciona la solidaridad
laboral», expresó al aire. La periodista también denunció que el canal
estaba «militarizado» y que a varios trabajadores no se les permitía
ingresar al edificio.
Tras esos hechos, distintas organizaciones
sindicales y trabajadores de prensa manifestaron su apoyo a los
despedidos. El sindicato de prensa SiPreBA calificó las cesantías como
una «medida antisindical» y expresó su respaldo al reclamo por la
reincorporación, mientras que trabajadores de los medios públicos de la
Ciudad de Buenos Aires también difundieron un comunicado de solidaridad.
¡REINCORPORACIÓN YA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE BLENDER!
Según
informaron los trabajadores, el reclamo no se limita a la restitución
de los puestos de trabajo. También exigen que la empresa respete los
compromisos salariales asumidos y garantice condiciones para ejercer la
actividad gremial sin sufrir represalias. En ese marco, la movilización
del jueves buscó visibilizar el conflicto, exigir el encuadre de los
trabajadores que permanecen en funciones bajo el Convenio colectivo de
televisión y ampliar el respaldo de otros sectores del movimiento obrero
y de los medios de comunicación.
El conflicto también volvió a poner
el foco sobre las condiciones laborales en los medios de streaming, un
sector que experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años pero
donde los trabajadores denuncian situaciones de precarización laboral y
dificultades para organizarse sindicalmente. Los manifestantes señalaron
que continuarán impulsando acciones hasta lograr la reincorporación de
los despedidos y una respuesta de la empresa a sus reclamos.
Trabajadores de Expreso Brío denuncian despidos
En la Casa Central ubicada en Rosario van 60 despidos, pero a nivel nacional superan los 200.
El
martes 30 de junio “nos presentamos a trabajar, nos encontramos con el
portón cerrado. Nos dijeron que teníamos que esperar hasta que viniera
una persona que nos iba a comunicar que no íbamos a continuar
trabajando. Se presentó con una lista y empezó a decir quién entraba y
quién no entraba. Acá estamos una gran parte de los que quedamos
afuera», contaron los trabajadores.
Brío es una empresa de logística
con una red nacional. “Tiene sucursales por todo el país, en Córdoba,
Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rafaela. Todas fueron
cerrando a medida que se fue presentando esta crisis que manifiesta la
empresa”.
Denunciaron que no solo se trata de repentinos despidos. Les están debiendo salarios de mayo, junio, los bonos y el aguinaldo.
El
jueves 2 de julio realizaron una movilización al ministerio de Trabajo
provincial de Santa Fe reclamando la intervención de las autoridades
laborales para sostener los puestos de trabajo y que les paguen las
obligaciones pendientes.
Cascia despide de manera antisindical
El
Sindicato Químico Pilar denunció la grave situación laboral que
atraviesan los trabajadores de la firma CASCIA Gases Comprimidos.
Aseguran
que detectaron desafiliaciones escritas de puño y letra por gerentes de
la empresa. Se trata de una campaña antisindical.
Según el sindicato
químico, “se sumaron 3 nuevos despidos que afectaron exclusivamente a
personal afiliado, mientras que se resguardó el puesto de quienes
optaron por bajarse del sindicato”. Denuncian que se trata de una clara
“práctica desleal y conducta antisindical” que atenta contra los
derechos constitucionales.
La empresa, además, faltó a las audiencias
citadas por el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Peor aún: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria
para abrir una mesa de diálogo entre las partes, pero la firma no la
respetó y avanzó con los despidos.
Sixto Desanto, integrante del
gremio, denunció: “Tienen un ensañamiento con los compañeros que están
sindicalizados. Los echan inventándoles causas”.
Los voceros
gremiales dijeron que “continuaremos utilizando todas las herramientas
gremiales y legales para defender el empleo y la dignidad”, concluyeron
desde la organización conducida bajo el lema: “Sin trabajadores no hay
empresa”.
En estos días realizaron un acampe en las puertas de la empresa.
La Justicia vuelve a abrir la puerta a un posible desalojo de Fate
La
ofensiva judicial es denunciada por los trabajadores como parte de una
política de persecución contra quienes sostienen desde hace cuatro meses
una lucha en defensa de sus puestos de trabajo y contra el ilegal lock
out patronal.
Las citaciones se producen en un contexto de creciente
presión judicial sobre la resistencia obrera. Los trabajadores señalan
que la actuación de Fuenzalida expresa una orientación claramente
favorable a los intereses patronales, criminalizando las medidas de
lucha mientras permanece sin respuesta el reclamo de cientos de familias
afectadas por el lock out y los despidos impulsados por Javier Madanes
Quintanilla.
A esta situación se suma un reciente cambio de postura
de la Cámara de Apelaciones respecto del pedido de desalojo presentado
por la empresa. Según trascendió, los camaristas sostuvieron que las
circunstancias del conflicto se modificaron a partir de la finalización
de la conciliación obligatoria, habilitando al juzgado interviniente a
volver a evaluar la posibilidad de ordenar un desalojo de los
trabajadores que permanecen defendiendo sus puestos de trabajo. Por
ahora, el juzgado ha rechazado el desalojo, pero no se descartan nuevas
apelaciones o presentaciones de la empresa que obliguen a una nueva
intervención de la Cámara.
Para quienes protagonizan la lucha, las
citaciones judiciales y la renovada amenaza de desalojo forman parte de
una misma estrategia. Lejos de tratarse de hechos aislados, consideran
que existe una escalada orientada a desgastar la permanencia, sembrar
temor entre los trabajadores y quebrar la organización que ha logrado
sostenerse pese a las enormes dificultades económicas y sociales que
atraviesan las familias afectadas.
Los trabajadores destacan que,
pese a las amenazas judiciales y patronales, la lucha de Fate ha logrado
un importante respaldo de organizaciones sindicales, Comisiones
internas, estudiantes, organismos de Derechos Humanos, personalidades de
la cultura y miles de personas que se han solidarizado durante estos
cuatro meses de conflicto. Entre las expresiones más resonantes se
encuentra el apoyo público del recientemente fallecido Carlos «Indio»
Solari, que se sumó a una extensa lista de pronunciamientos en defensa
de los puestos de trabajo. Para los trabajadores, esa red de solidaridad
constituye una fuerza concreta para enfrentar cualquier intento de
desalojo y sostener una pelea que sigue viva y activa.
Frente a las
amenazas y el hostigamiento, los trabajadores continúan apostando a la
organización colectiva y a la solidaridad para defender una pelea que ya
se ha convertido en una referencia de resistencia obrera en todo el
país.
Radio abierta en Tribunales de San Isidro contra la amenaza de desalojo
El
lunes por la mañana, trabajadores despedidos de Fate y sus familias
realizaron una radio abierta frente a los Tribunales de San Isidro para
reclamar que la Cámara de Apelaciones rechace la amenaza de desalojo que
pesa sobre la permanencia que sostienen desde hace casi cinco meses en
defensa de sus puestos de trabajo.
La actividad contó con el
acompañamiento de delegaciones de la Agrupación Bordó de Mondelez Planta
Pacheco, trabajadores despedidos de Georgalos, estudiantes secundarios
de No Pasarán y universitarios de En Clave Roja, entre otras
organizaciones solidarias.
Durante la radio, Sebastián Tesoro,
trabajador despedido de Fate, señaló que la decisión está ahora en manos
de la Cámara de Apelaciones. «La pelota la tiene esta Cámara, que es la
que va a tener que resolver si desalojan a los trabajadores de Fate y
nuestras familias o rechaza el pedido y la exigencia de Madanes
Quintanilla», afirmó.
Tesoro recordó que la permanencia comenzó luego
del lockout patronal del 18 de febrero. «Estamos próximos a cumplir
cinco meses resistiendo una lucha muy dura. La patronal cerró las
puertas dejándonos a miles de familias en la calle y decidimos ocupar el
establecimiento para pelear por nuestros puestos de trabajo,
demostrando que no era un cierre sino un lockout ilegal», sostuvo.
También
cuestionó al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, al señalar que
se trata de «uno de los personajes más ricos del país», que
recientemente informó ganancias millonarias mientras mantiene cerrada
una fábrica «que podría estar produciendo».
Por su parte, Ariel
Godoy, también despedido de Fate, agradeció la solidaridad de las
organizaciones presentes y denunció nuevas provocaciones de la empresa.
«El otro día metieron seis camiones para sacar cubiertas y materia
prima. Seguimos denunciando esas maniobras en el marco de un lockout,
cuando sabemos que es una fábrica que está en perfectas condiciones para
reabrir», expresó.
En representación de las familias, Verónica
Valenzuela destacó el apoyo recibido durante estos meses de conflicto.
«Venimos hace más de cinco meses dando una gran pelea y hemos recibido
un enorme apoyo de todo el país. Seguimos de pie», afirmó.
Valenzuela
denunció que el cierre de la planta dejó «a 900 familias en la calle» y
cuestionó la falta de respuestas del gobierno bonaerense. «Le pedimos
una reunión al gobierno de Axel Kicillof para discutir el proyecto de
ocupación temporal presentado en la Legislatura y no nos dio ni una sola
reunión. Kicillof quiere ser presidente, pero no se reúne con los
trabajadores de Fate ni con sus familias», señaló.
Finalmente,
remarcó que continúan reclamando tanto a la Justicia como al gobierno
provincial una salida que garantice la reapertura de la fábrica y la
defensa de todos los puestos de trabajo. «Seguimos firmes. Venimos a
pedir que atiendan nuestro reclamo por la reapertura de la fábrica y por
recuperar nuestros puestos de trabajo», concluyó.
Caravana de Fate
Fue
el martes 14 de julio, desde las 9:00. El recorrido incluyó un paso por
el Ministerio de Trabajo provincial y la Legislatura Bonaerense. Los
trabajadores de FATE exigen la inmediata intervención de la gobernación
para poner fin al ilegal lockout patronal. En este marco, advierten
además que en la madrugada del viernes, camiones enviados por la empresa
se presentaron en el predio de San Fernando con la intención de
llevarse neumáticos de los galpones, y llaman a todas las organizaciones
obreras a acompañarlos en la puerta de planta en estado de alerta.
Los
trabajadores, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del
Neumático de Argentina, informan que desde la patronal de FATE,
encabezada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, iniciaron el
viernes una serie de provocaciones: “Sabiendo que el próximo martes
habrá audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires, y nos encontramos en vísperas del fallo de la Sala II de
Apelaciones del Trabajo, claramente intentando evitar resoluciones en
contra del ilegal lock-out que está llevando adelante”.
En este
contexto cobra más fuerza la convocatoria a la caravana, para acompañar
la lucha de los trabajadores cuyo objetivo es darle continuidad
productiva al único fabricante de neumáticos para camión y colectivo del
país, evitar los injustos despidos y confirmar la generación de miles
de puestos de trabajo para hoy y para el futuro.
En la paritaria aceitera llevan el salario inicial a 2,7 millones de pesos
El frente sindical de la industria agroexportadora quebró la
resistencia de las Cámaras empresarias y selló un acuerdo que rompe el
techo en las negociaciones colectivas del gobierno y lleva el salario
inicial del sector a $2.700.000. La conflictiva paritaria
aceitera mantenía en alerta al principal polo de divisas del país tras
la promesa de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República
Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados
Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo de retomar las medidas directas tras la
finalización de la conciliación obligatoria.
El entendimiento
salarial, rubricado por los gremios con los representantes de la Cámara
de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara
de la Industria de Aceites Vegetales y Aditivos (CIAVEC) y la Cámara
Argentina de Biocombustibles (CARBIO), garantiza que el sueldo inicial
del sector tenga un salto sustancial en las próximas planillas de
liquidación.
El detalle de los nuevos básicos y las sumas retroactivas
Los términos técnicos pautados entre las representaciones gremiales y
las entidades empresarias establecen el siguiente esquema de
actualizaciones para la categoría de peón (la escala inicial de ingreso
a las plantas):
Básico a partir del 1° de julio de 2026: Los
haberes del sector operario pasarán de los actuales $2.344.000 a un
piso de $2.578.400.
Básico a partir del 1° de septiembre de 2026: El
piso salarial de convenio volverá a indexarse hasta alcanzar
los $2.719.040 para la totalidad de las y los trabajadores aceiteros.
Compensación retroactiva: Se acordó de forma complementaria el pago de
una suma retroactiva para los meses de mayo y junio de 2026. Dicho
retroactivo se liquidará de forma unificada junto con los haberes
correspondientes al mes de junio de 2026.
Crónica de una paritaria tensa: audiencias hasta la madrugada y tregua de fin de semana
Para llegar a este acuerdo, los gremios tuvieron que pasar por un
tenso y prolongado escenario desde la huelga nacional por tiempo
indeterminado que comenzó el pasado 27 de mayo, la conciliación
obligatoria, canales de diálogo que se cortaron, el fin de la prórroga
el jueves pasado y el cuarto intermedio que operó desde el viernes
hasta la reunión que mantuvieron este lunes.
La negociación venía
arrastrando una profunda parálisis por lo que cada sector entendía que
debía ser la base del aumento. Por un lado, CIARA y el Centro de
Exportadores de Cereales (CEC) se mantenían intransigentes en su
postura de congelar el poder adquisitivo real aplicando un esquema de
indexación automática atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC)
del INDEC, buscando encuadrar las subas dentro de las previsiones
fiscales del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco
Central.
Por el contrario, los gremios encabezados por Daniel
Yofra (FTCIODyARA) y Daniel Succi (SOEA) rechazaron de plano esa
metodología por considerar que licuaba los ingresos. Los sindicatos
mantuvieron firme su pliego de demandas de un incremento directo del
20% promedio sobre las escalas, tomando como base metodológica el costo
real de una canasta de hogares. Antes de ingresar al tramo definitivo
de las mesas técnicas, Yofra había graficado el inicio del verdadero
debate señalando que, si bien la negociación estaba muy trabada, por lo
menos se había «despegado el carro que estaba clavado».
El
conflicto alcanzó su punto de mayor tensión el jueves pasado, jornada
en la que expiraba formalmente el período de conciliación obligatoria
dictado por el Gobierno nacional. Los paritarios ingresaron a la sede
central de la Secretaría de Trabajo a las 11:00 de la mañana y llevaron
adelante una maratónica y trabada mesa de debate que se extendió por
12 horas consecutivas en un entorno de máxima tensión.
A las 2:00 de
la madrugada del viernes, al no registrarse firmas y ante el peligro
inminente de un paro general que bloqueara el procesamiento de granos
en pleno pico de la cosecha gruesa de soja y maíz, las autoridades
laborales dispusieron un cuarto intermedio presencial hasta este lunes a
las 13:30 horas. Como muestra de buena fe en la negociación, Succi y
Yofra aceptaron resguardar la «paz social» durante el fin de semana,
desactivando temporalmente las medidas de fuerza pero advirtiendo que
regresarían a la audiencia con el mandato asambleario intacto para
reiniciar las huelgas si las firmas agroexportadoras persistían en sus
techos financieros.
Los gremios celebraron el aumento: «Garantiza la vida digna»
Tras la firma del acta salarial, la Federación Aceitera y el SOEA
San Lorenzo emitieron un pronunciamiento conjunto celebrando el acuerdo
y afirmando que la paritaria aceitera no se rige por las conveniencias
del mercado financiero, sino por los preceptos constitucionales
vigentes.
“En la negociación defendimos el reclamo paritario de
nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un
Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato
de Trabajo, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su
jornada legal de trabajo, la satisfacción de las 9 necesidades:
alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia
sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, apunta
el documento.
Las entidades gremiales contextualizaron el logro
paritario en el marco del complejo momento institucional que atraviesa
el movimiento obrero argentino ante el avance del gobierno contra los
derechos de los trabajadores: “Lo hicimos en un contexto donde el
gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas
contra la clase trabajadora argentina. Su punto máximo es la regresiva
reforma laboral, con la que avanzan contra derechos históricos y
pretenden limitar, hasta el punto de la prohibición, el ejercicio
constitucional de la huelga”. Asimismo, denunciaron el despliegue de
una «burda campaña de desinformación» corporativa destinada a
deslegitimar los reclamos de las bases de molienda.
Finalmente,
recordaron que la conquista salarial, que “garantiza la vida digna de
las familias agroindustriales”, fue el resultado directo de la
demostración de fuerza colectiva plasmada el pasado 27 de mayo con la
contundente Huelga Nacional Aceitera, advirtiendo que repetirán las
medidas de fuerza directa en las terminales portuarias cada vez que las
empresas pretendan vulnerar sus conquistas convencionales.
Rechazan nuevos despidos en Lutramax
La
Comisión Interna de Lustramax se manifestó en la puerta de la empresa
para denunciar el despido de al menos 8 trabajadores. Exigieron su
reincorporación inmediata, además del pago del aguinaldo completo, ya
que no aceptarán ninguna suma en cuotas.
“La patronal está totalmente
en la ilegalidad con estos nuevos despidos sin demostrar ninguna
crisis. En la ilegalidad por no acatar tres fallos judiciales que
ordenan la reinstalación del delegado Leandro Gómez. A la empresa
también se le archivó el juicio penal contra los trabajadores que
luchamos por nuestros puestos de trabajo, y recientemente también se
archivó el juicio de desafuero contra Leandro”, expresaron desde la
Comisión Interna.
Ante este nuevo ataque de la empresa llamamos a las
y los trabajadores a rechazarlos y resistir. Exigimos al Sindicato de
Comercio que rechace los despidos y se ponga a disposición para
enfrentar a la empresa y su plan de que no haya ninguna organización que
pelee por los derechos adquiridos qué logramos desde hace años gracias a
la lucha y a la organización”, agregaron.
Despidos en Tenaris Siat (Techint)
La
decisión llega tras la pérdida de contratos para abastecer obras
vinculadas a Vaca Muerta y la falta de proyectos de gran escala. Los
trabajadores denuncian que las cesantías podían evitarse y avanzarán con
un plan de lucha para defender los puestos de trabajo.
La empresa
Tenaris SIAT, perteneciente al Grupo Techint, anunció el despido de 150
trabajadores de su planta ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús.
La decisión fue confirmada por el delegado fabril de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) Avellaneda-Lanús, Dylan Paz, quien mencionó que las
desvinculaciones afectan a empleados con más de cuatro años de
antigüedad.
En respuesta, los once delegados y los más de 350
trabajadores que continúan desempeñándose en la fábrica resolvieron
avanzar con un plan de lucha para intentar revertir la medida. Se
movilizarán hacia la sede de la seccional sindical, donde definirán
junto a las autoridades gremiales los pasos a seguir.
La decisión
representa un fuerte retroceso para una planta que apenas tres años
atrás atravesaba uno de sus momentos de mayor actividad. Durante la
construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en 2023, el
establecimiento llegó a emplear a más de 550 trabajadores bajo convenio y
operaba en tres turnos para abastecer la demanda de caños destinados a
esa obra estratégica.
Sin embargo, el escenario cambió luego de que
Tenaris perdiera la licitación para proveer los caños del tramo del
gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro. Sin nuevos proyectos de gran
escala que permitieran mantener ocupada la capacidad instalada, desde
abril la empresa implementó un esquema de suspensiones para sostener
parcialmente la actividad.
Los trabajadores sostienen que existía una
alternativa para evitar las cesantías. En ese sentido, presentaron un
petitorio a la dirección de la empresa solicitando extender el actual
régimen de suspensiones hasta fin de año, con la expectativa de que en
octubre se abran nuevas licitaciones vinculadas a los desarrollos
gasíferos de Vaca Muerta que permitan recuperar la carga de trabajo. No
obstante, desde la Comisión interna señalaron que la empresa no dio
señales de revisar la decisión.
En este contexto, el delegado remarcó
que la situación de la planta contrasta con el presente del sector
energético. “Hoy en Vaca Muerta hay récord de perforaciones y un nivel
de actividad que no corresponde con lo que sucede acá, y que se explica
por la política de apertura indiscriminada de importaciones que permite
este Gobierno y que nos perjudica profundamente a nosotros”, afirmó.
Por
otra parte, enfatizó en que el costo de la crisis no debería recaer
sobre los trabajadores. “El costo de esta situación lo tiene que pagar
la empresa, que es una multinacional y tiene la espalda para hacerlo, no
los trabajadores”, sostuvo.
Frente a este panorama, los operarios
resolvieron fortalecer la organización interna y avanzar con medidas
gremiales. La movilización hacia la sede de la UOM Avellaneda-Lanús
busca definir un plan de lucha para enfrentar los despidos y sostener el
reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo. “Contamos con el
apoyo de los compañeros de la seccional y de los 350 trabajadores que
estamos en la fábrica. Sólo con la unidad de los compañeros vamos a
poder sacar adelante este problema”, concluyó el delegado.
Paolo Rocca desconoce la conciliación obligatoria
A
dos semanas de haberse efectuado los primeros 150 despidos de
trabajadores contratados irregularmente y de 15 trabajadores efectivos,
Rocca hace caso omiso al dictamen ordenado por el Ministerio de la
provincia de retrotraer la situación a foja cero. La Comisión Interna y
organismos de DD HH como el CeProDH ya han denunciado públicamente este
hecho.
En la audiencia del miércoles 8/7 no hubo ningún avance y la
patronal niega los hechos de la realidad mientras que la Comisión
Interna alerta sobre nuevas medidas de fuerza si no se avanza en una
solución efectiva. En la última audiencia del 13/7 la patronal sigue
insistiendo en trasladar el reclamo a la secretaría de Trabajo que
maneja Julio Cordero, ex directivo de Techint.
Mientras sigue
acumulando cifras multimillonarias, el plan del empresario más poderoso
del país es descargar sobre las espaldas de los trabajadores su
“tropezón” en los negocios con el gobierno.
Paolo Rocca no solo fue
un enérgico impulsor del gobierno de Javier Milei, si no que es parte
fundamental de él. Aportando más de 8 funcionarios en lugares claves del
gobierno. Este apoyo no es casual, el líder (de hecho) de los
empresarios nacionales venía reclamando a los distintos gobierno de
turno, avanzar contra los derechos de los trabajadores. En varias
ocasiones se los escuchó decir que la mano de obra argentina era “cara y
poco productiva”. Esta afirmación clarifica el posicionamiento
antiobrero del empresariado nacional. El gobierno lo compensó con la mal
llamada Ley de modernización laboral, una contra reforma esclavista que
retrocede 100 años en derechos laborales.
La actual política del
gobierno, hizo que Rocca perdiera algunos negocios en manos de
monopolios extranjeros con más poder de lobby pero como recompensa
obtiene nuevas ganancias con Vaca Muerta, pero aún así quiere descargar
un brutal plan de despidos sobre los trabajadores que produjeron las
miles y miles de toneladas de caños que formaron parte del gasoducto
Néstor Kirchner, y hoy son considerados descartables.
La izquierda presenta un proyecto para declarar la emergencia laboral en la provincia de Buenos Aires
La
diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda
Unidad (FIT-U), Mónica Schlotthauer, presentó un Proyecto de ley para
declarar la emergencia laboral por el plazo de dos años en la provincia
de Buenos Aires. La iniciativa busca que la Legislatura adopte medidas
frente al crecimiento de los despidos, el cierre de empresas y el
deterioro de las condiciones laborales que, según la legisladora, se
profundizaron desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional.
Al
fundamentar el proyecto, Schlotthauer sostuvo que «desde que asumió
Javier Milei al frente del Ejecutivo nacional, cerraron alrededor de
25.000 empresas en todo el país y fueron despedidos del sector público
más de 61.000 trabajadores«. A ese escenario sumó indicadores sociales
que describió como alarmantes: una inflación anual del 31,5% durante
2025, una pobreza del 31,6%, una indigencia del 6,9% y una pobreza
infantil que alcanza al 45,4% de niñas, niños y adolescentes.
La
diputada remarcó que la provincia de Buenos Aires no escapa a esa
realidad: «solo los últimos 2 años cerraron 5.832 empresas en la
provincia y se estima una pérdida total de 79.090 puestos de empleo
registrado, con consecuencias duplicadas en el empleo no registrado«,
afirmó, y señaló que la desocupación bonaerense llegó al 7,7%, una de
las tasas más elevadas del país.
El proyecto también advierte sobre
la retracción de distintos sectores productivos: durante el último mes,
la producción automotriz cayó un 10,1% respecto de marzo, mientras que
las pequeñas y medianas empresas registran retrocesos de entre el 15% y
el 20%; las industrias metalúrgicas y textiles, del 30%; y la
construcción, del 20%. «Estos datos nos resultan preocupantes, ya que se
encuentran estrictamente relacionados con el hecho de que en la
actualidad se estima que el 33% de los hogares se encuentran bajo la
línea de pobreza y en algunos municipios la pobreza infantil ha llegado a
alcanzar índices del 70%«, expresó Schlotthauer.
La legisladora
también vinculó la iniciativa con la creciente cantidad de conflictos
laborales que atraviesan distintos establecimientos productivos de la
provincia, como los casos de FATE, Tres Arroyos, Georgalos, Lustramax,
Dr. Ahorro, la Línea 148, Morvillo, Sealed Air, Ilva y Acerías Berisso,
entre otros, donde trabajadores vienen enfrentando despidos,
suspensiones, cierres o atrasos salariales.
En ese marco,
Schlotthauer cuestionó la reciente reforma laboral impulsada por el
gobierno nacional y advirtió que «estos hechos y conflictos no harán más
que agravarse con la nueva reforma laboral, que les otorga a las
empresas mayores facilidades para despedir a sus empleados, como por
ejemplo la indemnización en cuotas«. Por ello, sostiene que «no podemos
quedarnos en la inacción» frente al avance de la crisis y que el
proyecto busca que «el Poder Legislativo acompañe esta preocupación y se
tomen medidas para combatir los despidos y los cierres de PYMES y
grandes empresas en la provincia«.
El cierre de la metalúrgica Socolor S.A.
Tras más de dos décadas de actividad ininterrumpida, esta empresa
familiar, que nació tras la crisis de 2001, debió cerrar por su
compleja situación financiera y económica.
Esta PyME fue fundada en
el 2003 por Salvador Nicolicchia. La firma se dedicaba a fabricar
chapas para electrodomésticos de línea blanca e iluminación.
Pese a
la crisis del sector de la “línea blanca” y la iluminación, la
consecuencia más dura son los despidos de sus operarios. Distintos
trabajadores perdieron su fuente de ingresos y muchos llevaban más de
una década en la plata ubicada en la calle 526 de la capital
bonaerense, La Plata.
Las razones detrás del cierre
El final de la firma comenzó a verse más cerca en 2024 según
contaron desde la empresa al diario local 0221. “Las ventas comenzaron a
bajar de forma exagerada, hasta un 40%, y ya en 2025 producíamos un
30%”, expresó el dueño, Mariano Nicolicchia. Durante las primeras
semanas de 2026, la fábrica solo producía un 10% y la situación se
volvió “imposible de soportar”, amplió.
A pesar de haber sorteado
varias dificultades durante sus más de 22 años de producción, la
empresa de la familia Nicolicchia decidió cerrar Socolor S.A en La
Plata y aseguraron que se debe a la recesión de la actividad en el
país.
“La decisión del cierre fue el corte total de la actividad.
Tomar la decisión fue muy duro y difícil, somos una familia que generó
siempre mucho trabajo”, cerró.
La situación de los metalúrgicos en números
Pese a que a la decisión de esta firma impactó en el sector, no se
trata de un hecho aislado, sino de una crisis puntualizada por
distintos referentes como la Asociación De Industriales Metalúrgicos de
la República Argentina (ADIMRA) que contó que ocho de cada diez
empresas prevén que su nivel de producción se mantendrá igual o
disminuirá en los próximos meses y no esperan incorporar personal.
El
último mes del 2025 marcó con mayor claridad la situación del sector.
En diciembre de 2025 la producción metalúrgica registró una caída
interanual del 7,1% y una baja del 1,3% respecto de noviembre.
De
esta manera, el sector opera alrededor de un 20% por debajo de su
último punto más alto y se mantiene en niveles similares a los
observados durante la pandemia de 2020.
Por otro lado, desde los
gremios metalúrgicos indicaron que el cierre de esta compañía es una
“señal de alarma para otras empresas del cinturón industrial” platense.
Por último, criticaron la falta de medidas de protección para la
industria nacional que “pone en riesgo miles de puestos de trabajo que
dependen de la estabilidad del mercado interno”.
La intervención de la UOM
Los
paritarios de la UOM se reunieron esta semana con las Cámaras
empresarias para dar inicio a la paritaria salarial. El primer encuentro
solo sirvió para que la parte sindical aceptara mantener los haberes de
julio al mismo nivel que junio.
De esa forma, el básico de la
categoría inicial sigue en $ 833.000 brutos. Las patronales aceptaron
reabrir la negociación de la rama siderúrgica, que ellos paralizan desde
hace dos años.
La noticia podría ser una más de tantas. Lo
distintivo, sin embargo, es que los paritarios sindicales no cuentan con
mandato para participar de esa negociación. La delegación integrada por
secretarios generales de seccionales opositoras fue conformada a dedo
por el interventor Alberto Biglieri, a su vez, designado por el tribunal
de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
La
vulneración de los alcances y atributos de la intervención según lo que
dispone la Ley de Asociaciones Profesionales resulta tan flagrante que
el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sintió la necesidad de pedir
autorización a la Justicia para avalar el cónclave.
La Sala en la que
cayó el diferendo, está integrada, entre otros, por el juez Víctor
Pesino, reconocido en el fuero por su tendencia en favor de las
patronales y que cobró reciente notoriedad cuando dejó sin efecto el
carácter suspensivo de la medida cautelar en favor de la CGT contra la
reforma laboral.
El argumento de Pesino y su colega Dora González, a
contramano de toda legislación internacional y de la jurisprudencia
local incluida la Corte, sostiene que el ataque al salario no entraña
una amenaza de «carácter alimentario».
Un día después de esa
resolución favorable al gobierno, el Ejecutivo dio curso al pedido del
magistrado para una prórroga en su cargo luego de cumplidos los 75 años
de límite que establece la ley.
Pesino vulneró la Ley 23.551 al
avalar la potestad de la intervención para discutir salarios. Ese
recurso, sostiene la ley, debería limitarse a normalizar la organización
en los términos de su estatuto.
La acefalía de la UOM emana de una
resolución del tribunal que dio lugar a una impugnación de la lista
Naranja que disputó la seccional Campana contra el secretario General de
la UOM, Abel Furlán. El armado, promovido y presuntamente financiado
por la patronal de Siderca-Techint, obtuvo el 15% de los votos y durante
los comicios destruyó urnas con el ahora nítido propósito de enrarecer
el proceso para luego judicializarlo.
El estatuto de la UOM dispone
que el Colegio Electoral votado en las seccionales elige un secretariado
encabezado por uno de ellos. La impugnación de Furlán en Campana lo
inhibe para integrar el organismo.
Del estatuto, sin embargo, se
desprende que una acefalía se supera con la designación del secretario
adjunto, Daniel Daporta. A contramano de fallos de la Corte que
privilegian explícitamente la resolución autónoma de las acefalías
gremiales, la Sala VIII rechazó esa salida incluso luego de que el
Consejo Directivo integrado por los 52 secretarios generales electos y
reconocidos legalmente, lo ratificara.
Matías Cremonte, presidente de
la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina e integrante
del equipo que asiste a la UOM, señaló que “el interventor, más allá de
ser designado en un proceso plagado de irregularidades y cuya
convalidación aún está pendiente de la decisión de la Corte, sólo está
facultado para normalizar el sindicato. Lo único que puede hacer es
convocar a elecciones en la seccional Campana de manera urgente. No
existen motivos para demorarlas, sólo la oportunidad de negocios que se
le abrió a esa runfla conocida por su capacidad para vaciar sindicatos”.
Esa
elección se podría realizar en cuestión de días porque la presentación
de listas y padrones ya tienen el aval de la junta electoral, las partes
involucradas y la cartera laboral. De esa forma se alcanzaría la
normalización de la seccional Campana, del Colegio Electoral y del
Secretariado.
No es lo que quiere el juez que designó al interventor
Alberto Biglieri, hombre de Daniel Angelici quien sumó en el equipo
interventor a los ex funcionarios macristas Sandro Taricco y Omar Yasín.
Ese equipo forzó el alcance de la intervención de la UOM hasta la Obra
Social para restituirla a Raúl Olmos que, además de comandar el Grupo
Crónica, participa del negocio de la salud y fue desplazado de allí por
la conducción de Abel Furlán.
La arbitrariedad con la que actúa la
Justicia plantea la amenaza de concederle a este grupo la discusión del
Convenio colectivo que, según el DNU 407/26, se encuentra en proceso de
revisión.
La estrategia de la UOM, por el momento, se orienta al
proceso judicial que, a través de un recurso de queja, llegó a la Corte.
La profundidad del ataque, sin embargo, estaría poniendo sobre la mesa
la necesidad de una respuesta gremial de la UOM, que podría actuar a
través de su legítimo Consejo Directivo, y del conjunto del movimiento
obrero a través de la CGT.
Rubén Urbano, miembro reelecto en el
Secretariado intervenido, señaló que “nada de lo que ha hecho el estado
judicial es lícito. En Campana se ganó con un 85% y dieron lugar al
planteo de una minoría que rompió las urnas”. Para Urbano, “se han
metido los Olmos a tejer por detrás. Vienen por la caja del sindicato y
la obra social. Quieren hacer lo mismo que ha hecho la dictadura”.
Además,
resaltó, “los interventores no tienen potestad de discutir convenios ni
paritarias. Son dirigentes colaboracionistas. Cordero va a armar un
convenio a la medida de Paolo Rocca”.
Urbano sostuvo que en la
seccional Córdoba “estamos llevando un plan de acción con cortes de ruta
y movilizaciones” pero, se lamentó, “no hay una misma mirada entonces
es cuando ellos más avanzan. Deberíamos hacer un plan de lucha para
demostrar que estamos todos de acuerdo en que la UOM es de los
trabajadores”.
Urbano destacó que “Furlán fue electo a nivel
seccional y nacional. Vamos a ser un poco más pacientes a ver si la
Corte revé la situación. Si también se suma a esta operación no nos
vamos a quedar de brazos cruzados. Hay que mostrar un poco de rebeldía
ante estos atropellos”. «
CGT: cronograma de marchas sin paro a la vista
La conducción de la CGT convocó a una reunión a las organizaciones sociales y a las dos CTA.
Allí
presentó un cronograma de acciones que incluyen su participación el 22
de julio en la protesta que los jubilados llevan adelante todos los
miércoles, la adhesión a la tradicional movilización del 7 de agosto por
San Cayetano y una marcha al Ministerio de Economía en la tercera
semana de agosto.
Además, aseguraron que habrá otra acción el día que
se constituya el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y que
adherirán a la Semana Social de la Comisión Episcopal en los primeros
días de septiembre.
Así las cosas, la conducción, por el momento, no
tomó una iniciativa propia y se limitó a acompañar medidas de otras
organizaciones sociales y religiosas.
En la reunión se ratificó la
intención de organizar una Marcha Federal y un nuevo paro general a los
que no se les puso fecha y que, a la luz de la agenda pautada, se
perfila para la segunda quincena de septiembre como plazo más cercano.
No pagan el aguinaldo a los choferes
“Les
dan subsidios y tarifas, ¿qué más quieren? ¿Trabajo esclavo?”. Así
arranca el comunicado de la Unión Tranviaria Automotor, que denunció que
a poco de finalizar el último plazo, decenas de empresas de transporte
colectivo no habían pagado el aguinaldo. La noticia se da justo cuando
se pone en marcha otro aumento del pasaje.
Desde la conducción de
Roberto Fernández se reclamó: “Empresarios… cumplan con sus obligaciones
y con la ley” y se planteó que “aunque sigan provocando… nosotros vamos
a seguir luchando, defendiendo nuestros derechos, por nuestras
familias”.
La nueva provocación se da en el marco de una nueva crisis
con la paritaria del sector. Los trabajadores del volante vienen
perdiendo salario real, pero además se enfrentan con el llanto
empresario cada vez que hay que actualizar el salario. Lo usan como
prenda de cambio para su pulseada por aumentos y subsidios con el
gobierno.
Ya vimos un paro obrero de 12 horas que conmovió la zona
metropolitana y reducciones de frecuencia por parte de los empresarios
que afectaron a millones de usuarias y usuarios.
Pero a pesar de la
bronca de los choferes la UTA se niega a tomar medidas para recuperar el
salario, mejorar el servicio y evitar los tarifazos.
Se necesitan
asambleas en las cabeceras para que decidan los que manejan todos los
días y no los dirigentes que están atornillados a sus cómodos sillones
hace 40 años.
Los empresarios del transporte se envalentonan
Son
Cámaras empresariales de unas 10 provincias. Resolvieron
“desengancharse” del Convenio colectivo de trabajo que rige en el
transporte automotor de cargas a nivel nacional con el gremio de
Camioneros que comanda Hugo Moyano. Amenazan con firmar convenios
regionales que se adaptarán a la realidad económica de cada zona.
Se
trata de una idea que quedó habilitada y que amaga con complicar la
actividad que comanda Hugo Moyano, lo que sería un fuerte mensaje para
todo el universo sindical.
Según dejaron trascender, la rebelión
afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres Cámaras del sector.
Buscarán reemplazar el Convenio nacional vigente por un esquema regional
con una base de 10 puntos en lugar de los 50 ítems del Convenio
colectivo de trabajo 40/89 con negociaciones por provincia desde
septiembre.
La idea de las Cámaras del interior es tomar el Convenio
colectivo nacional como una base y, a partir de allí, negociar según las
características y las posibilidades de cada región o de cada provincia.
En principio, apuntarían a firmar convenios de la región Norte, Centro y
Sur del país.
La determinación es una consecuencia directa de la Ley
27.802 de Modernización Laboral, que, por un lado, dinamitó el
principio de ultraactividad y obligará a que se renegocien todos los
convenios colectivos. Y, por otro, estableció un nuevo esquema de
prelación entre convenios colectivos de trabajo al disponer que los
acuerdos de ámbito menor (por región o por empresa) podrán prevalecer
sobre los de ámbito superior (por rama de actividad).
La crisis de Mauro Sergio
La
emblemática textil marplatense Textilana, propietaria de la marca Mauro
Sergio, atraviesa su peor momento histórico. Con una deuda que supera
los $5.200 millones, pérdidas por $650 millones y una planta que se
redujo de 800 a unos 200 empleados, la empresa entró en concurso
preventivo y la crisis también alcanzó a los dueños, quienes fueron
arrastrados por las garantías personales que otorgaron a la firma.
La
historia de Mauro Sergio es la de una empresa que construyó durante
décadas una estructura industrial integrada en Mar del Plata, con
hilandería, tejido, tintorería y confección propia, convirtiéndose en
uno de los principales fabricantes nacionales de sweaters y prendas de
punto. Sin embargo, el gigante textil hoy tambalea. La compañía se
presentó en concurso preventivo el 26 de marzo y la situación no ha
hecho más que agravarse desde entonces.
Los balances de la empresa
reflejan un deterioro que comenzó a gestarse desde antes. En el
ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025, Textilana registró ventas
por $13.956 millones, un 20% menos que los $17.425 millones del período
anterior. Pero el dato más preocupante es el derrumbe de las ventas
físicas: bajaron 3,1% en 2024 y se desplomaron 22,4% en 2025. En dos
años, la compañía perdió cerca de una cuarta parte de su volumen de
negocio. De obtener ganancias por $223 millones en el ejercicio previo,
la empresa cerró el último balance con pérdidas cercanas a $650
millones.
El impacto en los trabajadores fue inmediato. Entre
noviembre de 2025 y marzo de 2026, la compañía implementó un esquema de
suspensiones que alcanzó a 175 trabajadores, quienes percibieron el 78%
de sus salarios durante ese período. Pero la sangría no se detuvo ahí.
Según el delegado gremial Mauro Galván, “desde que entró en concurso, no
hubo suspensiones ni despidos. Pero estamos viviendo una situación
horrible. Casi no hay producción, a las chicas las hacen retirar
temprano”. En lo que va de 2026, entre 40 y 50 personas dejaron la
empresa, y la planta que en 2008 llegó a tener más de 800 empleados hoy
apenas suma 200.
La crisis de Textilana no es un hecho aislado. La
industria textil argentina atraviesa una de sus peores crisis en años.
Según datos de la Fundación Pro Tejer, la producción cayó 33% interanual
en febrero de 2026 y se perdieron más de 20.700 puestos de trabajo
registrados entre fines de 2023 y diciembre de 2025. Las importaciones
de ropa crecieron 185% en cantidades durante 2025, impulsadas por el
auge de plataformas como Shein y Temu. “Con las plataformas chinas es
imposible competir. Hoy está entrando mercadería a muy bajo costo para
destruir la industria nacional”, señaló un fabricante textil.
El
empresario Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, fue
contundente: “No hay países desarrollados de más de 35 millones de
personas sin industria pujante. Lo peor no es que se desindustrializa
Argentina, sino que nos quedamos sin laburo”. En ese diagnóstico
coincide el delegado Galván: “En la era Milei bajó el consumo, por
consiguiente bajaron las ventas. Y comenzaron a no renovar contratos y
hubo despidos de la gente con menor antigüedad”.
El interrogante que
sobrevuela el sector es si Mauro Sergio logrará reestructurar su deuda y
qué modelo de negocio tendrá en el futuro. Para una marca que construyó
su identidad alrededor de la fabricación nacional, el mayor temor es
que termine transformándose en una comercializadora de prendas
importadas, abandonando la producción local que la convirtió en un ícono
textil argentino.
Seis de cada diez máquinas están paradas: el desplome textil ya destruyó más de 24.000 puestos de trabajo
La
recesión inducida por el programa económico oficial continúa
ensañándose con los motores de la industria manufacturera nacional.
Según el último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer,
la cadena de valor textil, indumentaria, cuero y calzado experimentó en
el primer cuatrimestre del año una parálisis sin precedentes, operando a
apenas un 36,6% de su capacidad instalada. Este dato implica que, en
términos prácticos, seis de cada diez máquinas en los establecimientos
productivos del país permanecen apagadas, configurando el nivel de
actividad más bajo de la historia para este período, exceptuando
únicamente los meses de la estricta cuarentena por la pandemia de 2020.
La
brutal parálisis de las fábricas textiles, cuya producción registró un
desplome interanual del 23% en abril —cifra que se profundiza al 31% si
se contrasta con los niveles de 2023—, ya dinamitó la estructura
empresarial del sector. Desde diciembre de 2023, la cadena productiva
sufrió la desaparición de 874 establecimientos fabriles, lo que
representa una violenta caída del 14% en la cantidad de empresas
operativas. Esta sangría de persianas bajas empujó al rubro textil y de
la confección a liderar la caída del empleo asalariado registrado
privado en todo el territorio nacional, desplazando incluso a la
construcción en los índices de precarización laboral.
El informe
expone que el sector textil redujo su plantilla de trabajadores en un
20% en comparación con los registros de fines de 2023, lo que se traduce
en la pérdida concreta de 24.097 puestos de trabajo directos. El drama
social forma parte de un proceso de desindustrialización general que ya
le costó más de 76.000 empleos directos al conjunto de la industria
manufacturera local. Para sobrevivir en un escenario de asfixia por
costos fijos elevados y pulverización del consumo interno, las empresas
textiles se vieron forzadas a rematar sus stocks con una rentabilidad
marcadamente negativa, lo que ubicó a la indumentaria con una suba
interanual del 12%, muy por debajo del 33,2% de la inflación general.
En
paralelo, el mercado interno asiste a una dinámica de sustitución
comercial que favorece la destrucción del valor agregado local. Mientras
las importaciones de insumos y materias primas (como hilados y fibras)
cayeron un 19% en toneladas debido al freno de las hilanderías locales,
las importaciones de productos terminados —ropa lista para vestir y
confecciones— perforaron techos históricos en volumen, registrando
incrementos del 73% y 45% respectivamente. El consumo que sobrevive a la
crisis, resentido con una caída del 4% en las ventas de los shoppings,
se está orientando mayoritariamente hacia bienes de origen extranjero
promovidos por la apertura comercial de la Casa Rosada.
Las
perspectivas de una reactivación a mediano plazo se encuentran
completamente empañadas por el derrumbe de las inversiones en el sector,
un indicador clave para sostener la competitividad de la industria. Las
importaciones de bienes de capital y maquinaria pesada retrocedieron un
46% en los primeros cinco meses de 2026 frente al año anterior, sumando
apenas 29 millones de dólares en el período. Desde Pro Tejer
advirtieron que, de consolidarse esta tendencia en el segundo semestre,
el año cerrará con una de las cifras de inversión tecnológica más bajas
de la historia argentina, obturando cualquier horizonte de recuperación
estructural para la mano de obra local.
Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Diario BAE, La Izquierda Diario, Mundo Gremial, InfoGremiales, Tiempo Argentino"
