Vecinos de Gijón se organizan para vencer al “banco malo”... La SAREB prepara el desahucio de 16 inquilinos de un edificio adquirido por la sociedad semipública a una constructora quebrada

 "Desde hace casi ocho años, 16 vecinos del edificio de la calle Río Piloña 3, en Gijón, viven en la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. Tras firmar unos contratos de alquiler, pasaron de pagar a una constructora en quiebra a un juzgado. En 2019, la SAREB, asumió la propiedad del edificio, y actualmente busca vender los pisos. Una sentencia en el mes de enero ha fallado a favor de la entidad, dejando a los inquilinos a la espera de una posible orden de lanzamiento, ya que se ha considerado que no son titulares legítimos.

“Nosotros hemos estado pagando hasta mediados del año pasado religiosamente hasta que nos impidieron seguir pagando a través del juzgado,” se queja Roberto, vecino del edificio y que con sesenta años está en paro y cobrando el ingreso mínimo vital. “Aquí llevamos viviendo ocho o diez años”, explica. “Cada uno tiene sus circunstancias. Hay familias con niños, gente con problemas, gente normal que solo quiere quedarse a vivir aquí porque todos hemos hecho de estos pisos nuestros hogares y eso deben tenerlo en cuenta.” Y subraya: “No somos okupas, somos gente que queremos seguir pagando como cuando firmamos los contratos de alquiler.”

Los vecinos han manifestado su intención de regularizar su situación a través de alquileres sociales o de otro tipo, “asequibles”, aunque denuncian que las gestiones han sido individuales y con poca transparencia. Desde el Sindicato de Inquilinos, consideran que este caso se enmarca dentro de la política de gestión inmobiliaria de la SAREB, que combina la venta de propiedades con la evaluación de la vulnerabilidad de los inquilinos para decidir si pueden o no pueden acceder a un alquiler social.

La SAREB y su papel en la gestión de vivienda

SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) se creó en 2012 y es de mayoría pública. La entidad, también conocida como “banco malo”, gestiona miles de viviendas, naves y parcelas adquiridas por el Estado a los bancos tras la crisis inmobiliaria de 2008.

En su estrategia de gestión, la SAREB contempla la venta de activos inmobiliarios, aunque también ha desarrollado un modelo de alquiler social para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las organizaciones de vivienda critican que la prioridad sigue siendo la venta y que, en muchos casos, la negociación con los inquilinos se realiza de manera individual, dificultando acuerdos colectivos. “Lo que hizo la constructora fue alquilarles aun sabiendo que iba a entrar en concurso de acreedores en poco tiempo, lo que perjudicó a los inquilinos que firmaron contratos legítimos, pero que perdieron validez cuando la constructora quebró. No puede ser ahora que la SAREB se niegue a renovarles los contratos por no cumplir los criterios de vulnerabilidad”, explica Pilar Galán, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

NORTES ha intentado contactar con la SAREB para obtener su versión de los hechos y su postura respecto a la situación de los inquilinos, pero no ha habido respuesta.

En este contexto, los vecinos de la calle Río Piloña buscan mantenerse organizados para evitar su desalojo y presionan para conseguir unos contratos de alquiler. “Los inquilinos no se pueden ir porque no pueden acceder a unos alquileres privados. Todos sabemos los precios que tienen los alquileres en ciudades como Oviedo o Gijón. Por lo tanto, la SAREB debería negociar con ellos, no queda otra. El servicio tiene que ser público”, comenta Galán, quien subraya las dificultades que enfrentan los inquilinos en esta situación.

“Hay vecinos que se pudieron ir, afortunadamente para ellos, pero muchos no tenemos un plan B. Yo no lo tengo”, lamenta Roberto.

El origen del conflicto

En 2015, algunas personas ya vivían en el edificio ubicado en la calle Río Piloña 3, aunque el grueso de los inquilinos no llegó hasta 2017. En ese año, los vecinos firmaron contratos de arrendamiento con una constructora, los cuales eran anuales y prorrogables hasta un mínimo de tres años. Pocos meses después, la constructora quebró, lo que generó una serie de problemas legales y administrativos para los inquilinos. Como parte del proceso judicial, Hacienda les solicitó que comenzaran a pagar la renta directamente a la Agencia Tributaria y, más tarde, al juzgado, ya que el edificio había entrado en ejecución hipotecaria en 2018.

En 2019, la SAREB asumió la propiedad del inmueble. Ese mismo año, una comercializadora vinculada a la SAREB contactó con los inquilinos para ofrecerles la posibilidad de comprar los pisos en los que vivían, aunque en ese momento ninguno de ellos mostró interés en la compra. El proceso judicial se complicó en 2020, cuando el juzgado inició un procedimiento entre la SAREB y la constructora. Los inquilinos fueron notificados como parte ocupante, pero la pandemia del COVID-19 retrasó la resolución del caso.

En 2022, el juzgado solicitó que los inquilinos presentaran un escrito sobre la ocupación de las viviendas, con el objetivo de verificar qué pisos estaban habitados. En marzo de 2023, se programó la primera vista judicial, pero fue aplazada por la huelga de letrados. Finalmente, en marzo de 2024, el caso se resolvió en los tribunales: el juez dictó una sentencia condenatoria contra la constructora y declaró que los inquilinos no tenían título legítimo que justificara la posesión de las viviendas. Para Roberto, esa decisión fue un golpe fuerte: “Nos habían estado dando esperanzas de que todo se iba a resolver, pero la sentencia nos dejaba sin opciones claras. ¿Cómo no tener un título legítimo si hemos estado pagando durante años?”

Desde el Sindicato de Inquilinas de Asturias, consideran que la ley no ofrece opciones claras para quienes se encuentran en esta situación: “La ley les permite hacer lo que están intentando hacer, que es desahuciar a toda esa gente y vender todo el edificio”

Pilar Galán opina que “la ley no ha considerado adecuadamente los casos intermedios. La SAREB no debería centrarse exclusivamente en vulnerabilidad extrema, porque al hacerlo deja fuera a muchas familias que, aunque no sean vulnerables según la ley, están en una situación económica suficientemente complicada como para poder alquilar y eso es algo que debería ser tenido en cuenta.”

Roberto sí entra dentro de los criterios de vulnerabilidad, sin embargo asegura que nadie ha contactado con él después de aportar todos los datos. “Hay dos vecinos que al parecer sí han firmado un alquiler social.” No obstante, cree que la solución tiene que venir para todos: “Unos con un alquiler social y otros con un alquiler asequible. Todos queremos pagar y seguir en nuestros hogares.”

Evaluación de la vulnerabilidad y negociación con los inquilinos

En junio de 2024, una comercializadora de la SAREB envió burofaxes a los inquilinos solicitando su autorización para evaluar su situación de vulnerabilidad y determinar si podían optar a un alquiler social. Sin embargo, en noviembre de 2024, la comercializadora informó a los inquilinos que no había podido contactar con ellos. Roberto insiste en que eso no es cierto: “Se les proporcionó todos los datos que pidieron.”

Desde el Sindicato de Inquilinas de Asturias, señalan que esto forma parte de una práctica habitual: “El 51 % de la propiedad de la Sareb está en manos del FROB, una institución del Ministerio de Economía. Por lo tanto, el gobierno de turno no quiere ni oír hablar de desahucios bajo su propiedad. Cuando un bloque se organiza con un sindicato de inquilinas o de vivienda, los lanzamientos suelen paralizarse y las comercializadoras comienzan a gestionar contratos de alquiler social.”

Sin embargo, el sindicato afirma que la SAREB tiende a “negociar de manera individual con los inquilinos”, lo que en algunos casos genera división dentro del bloque. Denuncian, eso sí, que los contratos de alquiler social incluyen cláusulas “abusivas” que pueden dificultar la estabilidad de los vecinos, llevándolos eventualmente a abandonar la vivienda.

La SAREB, por su parte, sostiene, tal y como puede leerse en su página web, que su modelo de alquiler social está condicionado a un plan de acompañamiento sociolaboral y a criterios de vulnerabilidad previamente establecidos. En este caso, tras la evaluación realizada, concluyó que la mayor parte de los inquilinos no cumplía dichos requisitos, por lo que no pueden acceder a estos alquileres.

Perspectivas y estrategias de los inquilinos

A pesar de la resolución judicial, los inquilinos han manifestado su intención de continuar negociando. “No entendemos que nos quieran desahuciar sin mediación, sin llegar a un acuerdo. Entiendo que cada uno pague según sus posibilidades, pero no echar a la gente sin más”, se queja Roberto.

Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, los vecinos han enviado cartas para tratar de paralizar los lanzamientos y presionan para lograr una solución colectiva en lugar de acuerdos individuales. Desde el Sindicato de Inquilinas de Asturias, consideran que la unidad del bloque será clave en la resolución del conflicto: “En este caso concreto, lo más importante, y lo que ya prácticamente tienen muy avanzado, es la unión de todos los vecinos del edificio. Esa unión y mantenerla en el tiempo les puede proporcionar, como ha ocurrido en otros territorios, una victoria, aunque sea parcial.”

Ayer mismo se reunieron con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien les mostró su apoyo en persona y a las pocas horas calificó de “insólita” la situación y exigió una intermediación inmediata al consejero delegado de la Sareb. Este apoyo político local también ha tenido continuación en el tiempo, según cuentan los vecinos, por la concejala de Podemos Olaya Suárez. “El apoyo político y la visibilidad en prensa” durante esta semana les ha dado “esperanzas” de poder seguir en lo que Roberto llama todo el tiempo “nuestros hogares”.

Por el momento, la situación sigue en desarrollo y los inquilinos esperan una respuesta sobre su futuro en el edificio. “Confiamos en que podremos seguir en nuestros hogares”, rubrica Roberto."                   (Ismael Juárez Pérez , Nortes, 15/02/25)

El capitalismo financiero del siglo XXI funciona extraordinariamente bien a costa de crear graves problemas sociales, inflar los precios, conculcar derechos, empobrecer a millones de personas, humillar al poder político y poner en riesgo la economía productiva... La crisis de los alquileres está íntimamente emparentada con el destrozo ocurrido a partir de 2008... Una vez que el ladrillo reventó, los bancos poseían miles de casas y suelo con un valor muy inferior al que figuraba en sus balances... Fue entonces cuando el Estado creo la Sareb, para que el dinero público sirviera de analgésico a la fenomenal resaca que padecían las entidades... a continuación el Gobierno de Rajoy reformó las SICAV para que los inversores internacionales vinieran a España a comprar vivienda sin pagar apenas impuestos. Este fue el germen de la actual crisis del alquiler... Hay tal cantidad de capital financiero que su tamaño está completamente desacoplado del valor real de la economía productiva, por lo que sus propietarios buscan nuevos y cada vez más absurdos epígrafes donde meterlo... ¿Dónde ha ido a parar esta vez gran parte de ese dinero? Pues al suelo urbano... A partir de ahí, lo que ustedes ya saben: incremento de los pisos turísticos, incremento del alquiler de temporada y una subida astronómica del alquiler convencional que se traduce en que entre el año 2015 y el 2022 su precio ha escalado un 21%... Desconozco por qué este Gobierno no ha actuado con contundencia para intervenir el mercado inmobiliario, como sí hizo con el mercado de la energía. Pero deduzco que la razón es que cuando Larry Fink –CEO de Blackrock– descuelga el teléfono, Pedro Sánchez, como cualquier otro presidente europeo, debe hablar con él y no contrariarle demasiado... Si el Estado tuviera ahora cinco millones de viviendas en propiedad, Pedro Sánchez tendría que seguir cogiéndole el teléfono a Larry Fink, pero quizá lo haría en igualdad de condiciones. Por lo visto, en esto consistía la democracia (Daniel Bernabé)

 "La crisis de los alquileres es la demostración palpable de que el capitalismo financiero del siglo XXI funciona extraordinariamente bien para el propósito que ha sido desarrollado: multiplicar el beneficio de las inversiones en un mínimo espacio de tiempo, a costa, eso sí, de crear graves problemas sociales, inflar los precios, conculcar derechos, empobrecer a millones de personas, humillar al poder político y poner en riesgo la economía productiva. 

El sistema financiero es lo más parecido a un taxi desvencijado conducido por un mono borracho con los frenos rotos que presume de llevar a sus clientes antes que nadie a su destino. No miente. Pero oculta que, cuando tiene un accidente, a los pasajeros los tienen que sacar con pinzas de entre los hierros. Esto, si tienen ustedes algo de memoria, es lo que nos ocurrió hace década y media en aquello que se llamó Gran Recesión.

La crisis de los alquileres está íntimamente emparentada de dos formas con el destrozo ocurrido a partir de 2008. La primera es que es un producto técnico de aquello. Una vez que el ladrillo reventó, los bancos poseían miles de casas y suelo con un valor muy inferior al que figuraba en sus balances. Aquello, que antes de la Gran Recesión la prensa salmón consideraba la joya de la corona del milagro económico español, pasó de repente a ser conocido como “activos tóxicos”. 

El sistema financiero maneja con astucia la magia de las palabras, pero también es experto en chantajear desde lo material a la sociedad a la que exprime. “Nosotros o el caos”, dijeron circunspectos. Fue entonces cuando el Estado creo la Sareb, aquello que se llamó el banco malo, para “reestructurar” los “activos tóxicos”, es decir, para que el dinero público sirviera de analgésico a la fenomenal resaca que padecían las entidades.

¿Qué es lo que se hizo a continuación? ¿Utilizar aquella cantidad ingente de pisos y suelo para crear un parque público de vivienda? No, lo que se hizo fue agitar la campanilla para anunciar a los señores del dinero que era hora de volver a empezar con la orgía. Con especial insistencia, el Gobierno de Rajoy reformó las SICAV para que los inversores internacionales vinieran a España a comprar vivienda sin pagar apenas impuestos.

Este fue el germen de la actual crisis del alquiler, un síntoma de carácter muy español, que se resume en ese refrán que finaliza en lo de “poner la cama”. Pero como les decía, esta crisis de los alquileres tiene además otra conexión con la Gran Recesión que se manifestó con especial crudeza tras la pandemia y que tiene que ver con el mal global de nuestros tiempos: la desmesura y el descontrol del capital financiero.

Si lo recuerdan, el coronavirus nos enseñó algunas cosas. Una fue que era importante lavarnos las manos. La otra, que la economía real era imprescindible para la vida de la gente. Necesitábamos un tejido industrial fuerte, energía barata y limpia para hacer funcionar esta industria, tecnología propia para mejorar la producción, cadenas de suministros estables y crédito seguro para dinamizar la actividad. Y que todo esto estuviera mediado por el Estado para garantizar que este esfuerzo tuviera un retorno justo para todos los ciudadanos.

¿Qué fue lo que hizo el sistema financiero?¿Poner sus recursos al servicio de este necesario impulso a la economía productiva? Pues compró parte de los bonos de la UE, que esta vez mutualizó la emisión para evitar que determinados países sufrieran ataques a su deuda soberana por parte de las apuestas que los inversores hacían en su contra. 

Gracias a esta medida, en la que el Gobierno español tuvo mucho que ver, nuestro país salió con fuerza de la crisis pandémica. Y los inversores hicieron un buen negocio, pero no uno extraordinario. La deuda soberana y la economía real son capaces de dar grandes márgenes de beneficio, pero para un adicto nunca es suficiente.

El sobredimensionado tamaño de la economía financiera provocó que esa ingente montaña de dinero virtual buscara nuevos lugares donde reproducirse. De ahí viene el fastuoso crecimiento de las empresas digitales que, sin aportar nada realmente novedoso, han quintuplicado su valor. También operaciones tan apasionantes como la inversión en memes y monedas de chocolate, la naturaleza de lo crypto.

Hay tal cantidad de capital financiero que su tamaño está completamente desacoplado del valor real de la economía productiva, por lo que sus propietarios buscan nuevos y cada vez más absurdos epígrafes donde meterlo. En la década de los 2000 fue la construcción de viviendas, las hipotecas y todo un demente entramado de productos de casino asociados a este mercado. El problema es que cuando la burbuja estalla, cuando se descubre la mentira, quien sufre es la economía real.

¿Dónde ha ido a parar esta vez gran parte de ese dinero? Pues al suelo urbano. El año 2019 cerró con un incremento anual del 5,1%, lo que entonces fue la mayor subida desde 2006. Tras la pandemia, los alquileres bajaron de media un 3,8%, pero en las grandes ciudades, donde la especulación era más acusada, se desplomaron: un 10,7% en Madrid y un 14,3% en Barcelona. 

Esto, para los inversores, fue como agitar una bolsa de golosinas a la puerta de un colegio. A partir de ahí, lo que ustedes ya saben: incremento de los pisos turísticos, incremento del alquiler de temporada y una subida astronómica del alquiler convencional que se traduce en que entre el año 2015 y el 2022 su precio ha escalado un 21%.

Los inversores están ganando mucho dinero con las rentas, lo que supone extraer dinero del bolsillo de los ciudadanos y por tanto de la economía productiva, pero también por el mero hecho de poseer los inmuebles, que se paquetizan y se convierten en activos que cotizan como si fueran acciones de una empresa convencional. La diferencia es que no producen nada, más allá de toneladas de dinero de mentira, que busca de nuevo otro lugar donde replicarse: las residencias de ancianos, la sanidad, la formación profesional…

La dimensión desmesurada de la economía financiera está colonizando la vida cotidiana en un proceso que se conoce como financiarización, es decir, que cualquier cosa se convierta en un activo sobre el que crear incluso productos derivados. Ya se están, de hecho, tokenizando viviendas de manera completamente alegal, fraccionándolas en pequeñas porciones imaginarias para sacar aún más beneficio de las mismas.

Llegados a este punto de la narración si sienten mareos o náuseas es que aún son personas con dos dedos de frente. Todo es como parece: el sistema financiero es un gigantesco exceso basado en alterar artificialmente el precio de las cosas de una forma tan tiránica como peligrosa. Lo peor es el secuestro al que nos tienen sometidos. Si se hunden, como volverá a pasar, nos arrastran con ellos al fondo.

Desconozco por qué este Gobierno no ha actuado con contundencia para intervenir el mercado inmobiliario, como sí hizo con el mercado de la energía. Pero deduzco que la razón es que cuando Larry Fink –CEO de Blackrock– descuelga el teléfono, Pedro Sánchez, como cualquier otro presidente europeo, debe hablar con él y no contrariarle demasiado.

Hace unos días, el sindicato Comisiones Obreras publicó un interesante informe que explicaba cómo nuestro país se había gastado doscientos mil millones de euros, de 1982 a 2022, en exenciones fiscales en vivienda. Con ese dinero hoy podríamos tener dos millones de viviendas públicas, a las que habría que sumar otros 2,7 millones de casas protegidas, que sí se edificaron pero que acabaron privatizadas. 

Si el Estado tuviera ahora cinco millones de viviendas en propiedad, Pedro Sánchez tendría que seguir cogiéndole el teléfono a Larry Fink, pero quizá lo haría en igualdad de condiciones. Por lo visto, en esto consistía la democracia. En que el poder político, que expresa el mandato de los ciudadanos en las urnas, se impusiera a la minoría de los que más tienen. No es sólo un tema de precios, es, sobre todo, una cuestión civilizatoria."              (Daniel Bernabé, InfoLibre, 15/10/24)

El banco malo (SAREB) reconoce ahora que no podrá devolver el rescate y aumentará la deuda pública en 14.600 millones de euros más... Reconociendo sin pudor que ni ha cumplido ni cumplirá el mandato que al banco malo le fue encomendado, sus gestores no han tenido empacho en embolsarse sueldos escandalosos. Solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [11]. Y eso que la propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”

 "El banco malo (SAREB), suma y sigue. Sigue sumando deuda pública al abultadísimo rescate de la banca española, hipoteca que aún no ha sido devuelta y que no ha resuelto el grave problema de vivienda que arrastra el país.

El más reciente anuncio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es que no podrá podrá devolver parte de la deuda que tiene con aval del Estado, que ascendía a 50.781 millones de euros en su origen en 2012 y era de 29.413 millones de euros a cierre de 2023 [1]. En concreto, en su reciente presentación de resultados, el banco malo ha reconocido que le será imposible reembolsar 14.600 millones de euros, que pasarán a engrosar aún más la deuda pública cuando en 2027 expire el mandato de la sociedad. Los tenedores de estos bonos son los principales bancos, como Santander, CaixaBank y BBVA [2].

 ’Hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar’, admitió Leopoldo Puig, consejero delegado de SAREB, en la presentación de resultados el pasado 25 de abril. ’En nuestras cuentas oficiales ya reflejamos un patrimonio negativo de 14.600 millones, eso ya va dando un indicio de por dónde van las cosas...’, dijo. Y dudó de si serían capaces de liquidar toda la cartera en 2027 [3].

En las goteras de la banca en general y el banco malo en particular, llueve sobre mojado. En el rescate de hasta 100.000 millones de euros que Luis de Guindos, bajo el Gobierno popular de Mariano Rajoy, firmó en 2012 [4] y que ya disparó aquel año la deuda y el déficit públicos [5], hay que contabilizar la reclasificación en el sector de las Administraciones Públicas de 34.182 millones de euros de la SAREB en 2020, en plena pandemia, por mandato de la Comisión Europea, supervisora estricta de todo el proceso de reestructuración de la banca española desde su inicio [6]. El resultado fue un aumento de la deuda pública que representó nada más y nada menos que el 3% del PIB español a precios de mercado en diciembre de 2020, según cálculos del Banco de España [7], lo que contribuyó a superar el 125% del PIB en el primer trimestre de 2021 [8]. (Ver gráfico de la AIReF)

 SAREB, entre buitres y parásitos

Desde estas líneas hemos dado buena cuenta de las prácticas del banco malo que, gestionado entre buitres y parásitos [9] le han llevado a registrar pérdida tras pérdida, con una transparencia muy mejorable. Un agujero negro sin fin del que nadie responde.

Entre dichas prácticas se cuentan los exdirectivos del banco malo que terminan recalando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB. Como el caso de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que fue fichado a principios de 2023 por Blackstone, buitre de casas y casinos [10]. Pocos meses antes, Areal había sido uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente. El Proyecto SMO se implementó después de que la SAREB pasara a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva”.

Reconociendo sin pudor que ni ha cumplido ni cumplirá el mandato que al banco malo le fue encomendado, sus gestores no han tenido empacho en embolsarse sueldos escandalosos. Solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [11].

Y eso que la propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones”.

 Pero es que además, el propio documento del rescate financiero, el Memorando de Entendimiento entre la Comisión Europea y España, que incluye la obligación de crear la entidad de gestión de activos deteriorados para su segregación, detalla lo siguiente:

“Los bancos que reciban ayuda estatal contribuirán con sus propios recursos, en la mayor medida posible, al coste de la reestructuración. Posibles medidas son la venta de participaciones y activos secundarios, la eliminación de actividades secundarias, la prohibición del pago de dividendos, la prohibición de remuneración discrecional de los instrumentos híbridos de capital y la prohibición del crecimiento no orgánico. Los bancos y sus accionistas deberán sufrir pérdidas antes de que se aprueben medidas de ayuda estatal, y garantizar la absorción de las pérdidas de los instrumentos de capital y de los instrumentos híbridos de capital, en la mayor medida posible” [12].

Nuevas reglas fiscales de la UE

Este reconocimiento de que el banco malo no podrá devolver el rescate, lo que engrosará aún más la deuda pública, se produce al tiempo que la Unión Europea (UE) vuelve oficialmente a la austeridad. El pasado 30 de abril entraron en vigor las nuevas reglas fiscales de la UE [13].

Entre las normas figura que los países con deuda excesiva tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año si se sitúa por encima del 90% del PIB, y en 0,5 puntos si está entre el 60% y el 90% del PIB. Si el déficit supera el 3% del PIB, el país en cuestión tendrá que reducirlo en los periodos con crecimiento para alcanzar 1,5% y acumular capacidad de gasto para utilizarla cuando las condiciones económicas sean menos propicias. Los estados miembros deberán remitir sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024 [14].

 Mientras tanto, los desahucios continúan, así como los desequilibrios en materia de vivienda. En uno de sus últimos comunicados, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) recoge el número de desahucios ejecutados en España en 2023: 26.659, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos desahucios se desglosan de la siguiente manera: 5.260 derivados de ejecución hipotecaria, 19.676 como consecuencia de impago de alquiler, y 1.723 derivados de otras causas. “También la banca ha presentado 19.577 nuevas ejecuciones hipotecarias, que elevarán sin duda la cifra de desahucios por esta causa en 2024”, añade la PAH.

Según la plataforma, “estas cifras corroboran, en primer lugar, que el Derecho Humano a la Vivienda es inexistente, por la falta de Parque Público, tantas veces reivindicado por la PAH. También que, como venimos denunciando, aunque el escudo social evita muchos desahucios, es insuficiente para hacer frente a la especulación”. Entre las reivindicaciones finales de ese comunicado, la PAH exige al Gobierno “que ponga de inmediato todo el parque de la Sareb en los Parques Públicos de Vivienda, que reclame el uso temporal del parque en manos de la banca rescatada como parte del pago de su deuda, y que invierta en la expropiación de parte de los 3,8 millones de casas desocupadas existentes” [15].

Tanto las entidades financieras como los fondos, cuando sus clientes o inquilino/as no pagan, los desahucian sin contemplaciones y les echan encima todo el peso de la ley. ¿Por qué para ellos su hipoteca no devuelta, que se cuenta por miles de millones de euros y afecta al interés general [16], sus deudas impagadas, su nefasta gestión, su flagrante expolio a las arcas públicas no tienen consecuencias? (...)"                   

( Fátima Martín , CADTM, 06/05/2, notas en el original)

Cuando la Sareb compra un edificio habitado a precio de saldo e intenta desahuciar a los inquilinos

 "A Mercedes Fernández le cambió la vida una carta. Tras más de una década viviendo de alquiler, esta vecina del municipio pontevedrés de Barro recibió una orden de desahucio. En diez años, no había faltado ni una vez sola vez al pago de su mensualidad. Debía de ser un error, pensó. Pero el correo venía certificado y llevaba en el remite al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas de Reis: tenía que abandonar su casa. El motivo era, según la misiva, que su casero, el promotor que construyó el edificio donde vive, había sido embargado y sus bienes, subastados. 

También el piso donde vivía. Con ella dentro. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por Sareb, era la nueva propietaria y quería los inmuebles vacíos. Pero Mercedes no estaba sola en este revés. Otras nueve familias y una mujer que regenta una tienda en el bajo comercial de su edificio se encontraron en la misma situación. La misma carta en sus buzones con los mismos motivos. Era febrero de 2021 y, sin verlo venir, acababan de entrar en un laberinto judicial.

Al recibir la orden, las once familias afectadas hicieron lo mismo. Llamar a su casero, el promotor Eladio Riveiro, que, tras la construcción del predio, se había quedado con la mitad de los pisos para alquilarlos. “Me dijo que estuviera tranquila, que era una cosa suya. Que me daba un número de cuenta nuevo para pagar el siguiente mes y problema resuelto”, relata Mercedes. Pero ella no se conformó con aquella explicación “tan vaga” y pidió asesoramiento jurídico. 

A fin de cuentas, tenía que acudir al juzgado en unos días para que le detallasen las causas del desahucio. Lo mismo hizo Carla Carballo, dueña de la tienda agrícola que ocupa el bajo del edificio. “Al llegar a la vista en el juzgado, nos enteramos de que el embargo se había producido en 2019 y la posterior subasta en 2020. A nosotros nos avisan dos años después con una orden de desahucio”, explica Carballo en conversación con elDiario.es.

Uno de los dos abogados que asesoran a estas familias, Alipio Santiago, señala que el proceso estuvo “lleno de irregularidades”. La primera, el día de la primera vista en el juzgado: “Ellos acudieron con sus contratos de arrendamiento, facturas... Pero ni les dieron la posibilidad de tener abogado y procurador, ni tampoco les informaron de ese derecho”. En cambio, la Sareb, explican, contaba con representación legal: “Ellos, en cambio, a pelo”. Según los abogados de las familias, apoyándose en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el procedimiento “tuvo errores manifiestos” desde el momento del embargo al promotor. 

En ningún momento se les notificó la existencia de la subasta de las viviendas donde residían. Eso les impidió hacer valer sus derechos de ocupación. Tampoco pudieron concurrir a la subasta ni ejercer su derecho de retracto, en base al cual los inquilinos podrían haberse subrogado en lugar del comprador del inmueble, de la Sareb. “No cumplieron con ninguno de estos procesos”, denuncia el letrado, Alipio Santiago.

La Sareb alegó que los contratos de arrendamiento no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad y eso es cierto. Pero no los hace ilegales. “Eso no los devalúa. En las propias tasaciones de los inmuebles ya venía reflejado que algunos de ellos estaban habitados”, argumenta Santiago. No solo eso. La tienda agrícola que ocupa el bajo comercial y una clínica dental situada en el ático desde hace diez años son apreciables solo con acercarse al edificio. “Es muy extensible saber que allí había ocupantes”, recalca. Entre tanto, el conocido como 'banco malo' consiguió un negocio redondo. Según consta en los autos judiciales, adquirió las propiedades por la mitad del valor que les concedió el informe de tasación.

Los vecinos y vecinas afectadas por este proceso denuncian que llevan dos años tratando de tener contacto con la Sareb, pero nunca habían recibido una respuesta clara. Ni contestaban sus correos electrónicos, ni sus llamadas. “Hablábamos con máquinas y las pocas veces que conseguimos hablar con personas decían que ya nos avisarían”, sostiene otra de las afectadas. Pero eso cambió cuando decidieron comenzar a manifestarse públicamente y a acudir a los medios de comunicación para contar su historia. En apenas unos días, la Sareb e Hipogés, la empresa que gestiona este activo, enviaron representantes desde sus sedes de Madrid a hablar con los vecinos. Se reunieron en la sede del Ayuntamiento a comienzos de esta semana, pero el testimonio de los afectados enfría los efectos de la visita: “No hay ninguna propuesta formal sobre la mesa. Tenemos la sensación de que solo han venido para que nos calmemos”.

Por su parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se ha negado a responder a las preguntas de esta redacción y simplemente ha remitido un escueto comunicado con la siguiente información: “Sareb se ha comprometido a ofrecer a todos los vecinos afectados la posibilidad de compra de la vivienda o local con carácter preferente. Asimismo, si se detectaran indicios de vulnerabilidad, Sareb aplicaría su protocolo que incluye la suscripción de un alquiler social y un contrato de acompañamiento destinado a facilitar la mejora de sus condiciones sociolaborales”. Para los vecinos, por ahora, “solo son palabras”.

“¿Quién me va a pagar a mí el dinero que me he gastado en abogados? ¿Cómo nos van a compensar todas las noches de insomnio?”, lamenta Mercedes Fernández, que es, además, la inquilina de mayor antigüedad. Lleva 12 años viviendo allí y hace tiempo que tiene estructurada su vida en torno a su hogar. Aunque con poca capacidad de ejecución, en este tiempo también han recabado el apoyo de todos los grupos políticos con representación en su Ayuntamiento: “Es evidente que ha sido un proceso trufado de irregularidades, quizás no provocadas y solo por desconocimiento. El promotor parece no haber actuado con claridad y que el proceso de subasta se haya producido con ellos dentro no nos parece normal”, lamenta Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro. “Creo que una vez supieron que había personas dentro, deberían haber reflexionado y no esperar a la presión mediática para actuar”, remata.

El 'banco malo', que aglutinó los activos inmobiliarios fallidos de la banca española durante la crisis de 2008, sigue siendo una cuestión de debate político más de una década después de su creación. Por un lado, por el coste en deuda que ha supuesto. Y, por otro, por los diferentes planteamientos respecto a qué hacer con esta inmobiliaria, de la que el Estado ya tiene el control accionarial y que movimientos sociales y formaciones políticas de izquierda ven como potencial eje sobre el que se debería construir un parque de vivienda social asequible. Y hay ejemplos donde se están logrando esos procesos de transformación. El Ayuntamiento de Barcelona comunicó a finales de 2022 un acuerdo con la Sareb para que se regularizase la situación de cientos de familias que ocupan a día de hoy pisos de su propiedad en Barcelona."                 (Javier H. Rodríguez  , eldiario.es, 8 de febrero de 2023)

Illueca trabaja en un estudio "pueblo a pueblo" que identifique todas las propiedades de la Sareb para facilitar que todo que el 'stock' del banco malo pase al parque público de la Generalitat valenciana... la incorporación de las viviendas de la Sareb sería la mayor ampliación del parque público en la historia. De 14.000 pisos actuales a 22.000 de un día para otro. Y a medio plazo muchos más

 "Las viviendas de la Sareb tienen que servir a una finalidad social. Y más en los momentos tan difíciles que estamos viviendo y que nos tocará vivir". Con esta tesis y las firmas de los agentes sociales bajo el brazo se ha reunido hoy el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda Héctor Illueca con representantes del Ministerio de Economía en Madrid. Vivienda quiere ampliar el parque público con las 8.000 viviendas de la Sareb (y 6.819 solares urbanizables) y presiona para hacerlo.

Tras la reunión, Illueca ha explicado que ministerio y conselleria se encuentran "en sintonía" respecto a este tema. Las sensaciones -asegura- son buenas y han empezado "un proceso de diálogo con el ministerio". De hecho se van a poner a trabajar ya. El conseller ha señalado que mañana Vivienda va a comenzar a trabajar en un estudio detallado de la realidad de Sareb. "Es fundamental tener claro qué es lo que hay, cual es el stock inmobiliario pueblo a pueblo, localidad a localidad, viendo las condiciones de cada inmueble y sus posibilidades", señala Illueca. 

 Este va a ser un paso inmediato en el que se trabajará "a lo largo de las próximas semanas" y según se ha acordado con Economía. El objetivo es conseguir "esa meta que compartimos el ministerio y la Generalitat, que es que las viviendas de Sareb tengan un uso social y puedan emplearse para una ampliación histórica del parque público como no se ha producido nunca a lo largo de la democracia", apunta.

Consenso bajo el brazo

Illueca se ha buscado apoyo social durante una semana para poder llevar al ministerio una propuesta sólida. El lunes firmó una declaración institucional con plataformas de afectados, jóvenes, pensionistas y demás entidades sociales. El martes lo hizo con los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Salvador Navarro. Todo para conseguir, como explicó, que "no sea exagerado decir que esta es una demanda del conjunto de la sociedad valenciana y no solo nuestra", reivindicó durante la firma de una de estas declaraciones.

 El máximo responsable de Vivienda ya contaba con el apoyo del president de la Generalitat Ximo Puig y del alcalde de València Joan Ribó, es decir, apoyos políticos en ambos lados del Botánic. Con ese bagaje se ha presentado hoy en el ministerio. Incluso aseguró que mantenía contacto con otras autonomías que se quisieran sumar a la reivindicación valenciana.

La realidad es que, como señala, la incorporación de las viviendas de la Sareb sería la mayor ampliación del parque público en la historia. Y con muchísima diferencia. De 14.000 pisos actuales a 22.000 de un día para otro. Y a medio plazo muchos más. Todo esto en un contexto de desmantelamiento de la vivienda pública durante décadas.

Según datos proporcionados por la sociedad estatal, en la C. Valenciana hay unas  8.530 viviendas, 2.438 inmuebles terciarios (como participaciones en la propiedad de hoteles, por ejemplo), 4.884 viviendas en construcción y 6.819 solares para empezar a construir. En total, y contando anexos como trasteros y plazas de garaje, la Sareb tiene 31.066 propiedades en el territorio. Dónde están estos inmuebles, cómo son y en qué estado se encuentran es lo que busca Vivienda con este registro."             (Gonzalo Sánchez, Levante, 06/04/22)

Señor Casado... si el BCE actúa como hasta ahora nunca jamás quebraría un estado europeo... lo que si quiebra es la deuda privada ésa que vosotros del PP creasteis con la burbuja inmobiliaria... el único rescate que hubo fue el que Europa le exigió a Rajoy para sanear el sistema bancario... diseñó la mayor chapuza de la historia de rescates bancarias, la SAREB, que nos ha costado cientos de miles de millones de euros...

Juan Laborda @JuanLabordah

 Varias cosas respecto al patriota de hojalata Casado y su tropa (@elmundoes. @abc_es @larazon_es y demás prensa cavernaria) Primero, si el BCE actúa como hasta ahora nunca jamás quebraría un estado europeo. Se asemeja (sólo se asemeja) a la soberanía monetaria de

Estados Unidos, Japón, Suiza, Suecia, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Imposible en estos países que el Estado quiebre aunque su deuda, como es el caso de Japón, se vaya al 250% del PIB. Lo que si quiebra es la deuda privada ésa que vosotros del PP creasteis con

la burbuja inmobiliaria. Resumiendo, y dirigido a quienes le asesoran económicamente, el dinero es endogeno y el banco central puede situar los tipos de interés donde le de la gana (tipos de interés exogenos). Segundo, el único rescate que hubo fue el que Europa le exigió

a Rajoy para sanear el sistema bancario. Tanto PP como PSOE y el Banco de España no hicieron lo que tuvieron que hacer: banco malo y quita a los bonistas de las entidades bancarias (bancos y cajas) con problemas. Pusimos dos ejemos de buen hacer, rescate bancario sueco 1992

con el banco malo Securum, y el rescate bancario estadounidense de Rooslvelt en la Gran Depresión. Aquí, en su Españistan, gobernando Rajoy, se diseñó la mayor chapuza de la historia de rescates bancarias, la SAREB, que nos ha costado cientos de miles de millones de euros.

La democracia española es de muy baja calidad porque las élites hacen y deshacen a costa del bienestar de la ciudadanía. ¿Para cuando una auditoría de la SAREB? Por eso, señor Casado, a veces es mejor estar callado y no decir sandeces.

Pero si usted señor Casado es tan patriota de hojalata que desea que el BCE no haga lo que hace la FED, Bank of England, Bank of Japan... dígalo abiertamente, diga que los españoles no merecemos un futuro digno, y que lo que ansía es un nuevo feudalismo a costa de sus ciudadanos.

Y recuerde, el único rescate que ha experimentado España es con el PP, a cambio de una devaluacion salarial y austericidio fiscal innecesarios y distópicos. Por cierto, tabta deslealtad le va a salir electoralmente muy mal.

9:13 a. m. · 11 oct. 2021
11 Retweets 1 Citar Tweet 10 Me gusta

España lidera el ranking de los países europeos con más ayudas públicas a la banca que se han perdido...

"España lidera el ranking de los países europeos con más ayudas públicas a la banca que se han perdido.Eurostat cifra el dinero desperdiciado en 58.415 millones de euros hasta finales de 2020. Se trata de unos 10.000 millones más que el ejercicio anterior. El incremento ha sido consecuencia de haber tenido que rectificar las cuentas del llamado “banco malo”, Sareb, por exigencias europeas.

 Las últimas cuentas revelan que España supera a Alemania, cuyos contribuyentes han tenido que soportar unas pérdidas acumuladas de 49.106 millones de euros hasta finales de 2020. Le siguen Irlanda, con 48.438 millones; Grecia, con 27.297, y Portugal con 22.340.

De este asunto lo más asombroso es la cuantía. De un rescate bancario que “no iba a costar ni un euro al contribuyente” como habían sostenido el presidente Mariano Rajoy y el ministro de Economía, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hemos pasado a la sangría más elevada de Europa. Para poner las cifras en contexto, cabe recordar que los recortes en gasto social entre 2011 y 2014 ascendieron a 2,3 puntos del PIB (unos 24.000 millones de euros), según Fedea.

 Las cuentas de la Sareb requieren muchas más explicaciones. Sabemos que su deuda de 35.000 millones de euros se ha convertido en pública y que tiene un patrimonio negativo de 10.529 millones. Las pérdidas anuales acumuladas entre 2013 y 2020 ascendieron a 5.075 millones. Y según la propia entidad, el 60% de esta cuantía, 3.042 millones de euros, han sido originados por un swap que, inexplicablemente, se contrató en agosto de 2013 para cubrir posibles subidas de los tipos de interés. Entonces, la Sareb estaba presidida por Belén Romana, ahora consejera del Banco Santander. Este derivado de 42.221 millones de euros (el más cuantioso de la UE), fue contratado con varios bancos (Santander, Société Général, CaixaBank, Barclays, Credit Agricole) y hoy está diluido en el mercado.

Durante los últimos cuatro años el swap ha generado unas pérdidas superiores a los 500 millones anuales. En 2017 y 2018, por ejemplo, las pérdidas ascendieron a 548 millones y 570 millones de euros, respectivamente. Durante estos mismos años los presupuestos del Estado destinaron 474 millones y 481 millones a políticas de vivienda.

Los swaps son productos derivados de alto riesgo que han arruinado a miles de pequeñas empresas y particulares, cuyas consecuencias son imprevisibles incluso para sus diseñadores. En la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, dijo que deshacer la operación del swap costaría 1.900 millones de euros.

Sabemos parte de la historia porque estamos en la Unión. Los responsables deben explicar las características de este misterioso contrato y cómo se puede evitar que siga costando un dinero que este país precisa en asuntos dramáticamente prioritarios."               (Andreu Missé, El País, 05/06/21)

El Gobierno valenciano echa atrás la venta de un edificio de la Sareb a un fondo buitre porque está habitado

Rubén Martínez Dalmau @rmartinezdalmau 

La Sareb nos comunicó su intención de vender este edificio a un fondo buitre. Afirmó que no había personas habitándolo pero sí las había. Después de su venta las familias empezaron a recibir cartas de desahucio, y nos lo denunciaron. El Botànic echará atrás esta venta.

"El Gobierno valenciano echa atrás la venta de un edificio de la Sareb a un fondo de inversión porque está habitado" (Laura Martínez, eldiario.es, 19/06/21)

Hemos detectado algunas prácticas irregulares en la transmisión de viviendas sujetas a tanteo y retracto. Todo indicaba que los fondos buitre nos habían ocultado información sobre el estado de las viviendas. Y así fue.

El decreto ley de tanteo y retracto establece que tanto los compradores como los vendedores tienen la obligación de comunicar a la @generalitat el estado de ocupación de cada una de las viviendas.

En la notificación de venta se indicaba expresamente que las viviendas se transmitían libres de arrendatarios y ocupantes, circunstancia que, después de aplicar los diferentes mecanismos de control previstos, ha resultado no ser cierta.

Esto pone en peligro la estabilidad y permanencia de las familias que viven en el edificio. Por eso, decidimos ejercer el derecho de retracto y comprar las casas para proteger a la gente que vive en el edificio.

No permitiremos que las entidades financieras y fondos buitre nos oculten información para tratar de condicionar la ampliación del parque público de la Comunitat Valenciana. No permitiremos que se especule con un derecho y con la vida de miles de personas.

Este es el mejor regalo que el Botànic d'Alacant puede hacerle, en su segundo aniversario, al conjunto de la sociedad valenciana: demostrarles, de forma tangible, que siempre estaremos a su lado. Seguimos trabajando por hacerle la vida más fácil a quienes más lo necesitan. 

10:31 a. m. · 20 jun. 2021
642 Retweets 41 Tweets citados 1.286 Me gusta

 "El Gobierno valenciano interviene por primera vez una operación de compraventa de viviendas para revertirla e incorporar los pisos al parque público. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ejercerá el derecho de retracto para quedarse con un bloque de viviendas que la Sareb, el llamado 'banco malo', vendió a un fondo de inversión sin comunicar que estaban habitadas por familias en riesgo de exclusión. 

 La conselleria que dirige el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, echa en cara a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que no comunicara que las viviendas estaban habitadas, un requisito al que el "banco malo" está obligado por la ley autonómica de función social de la vivienda, y que, al eludirse, evitó que la Generalitat optara por ejercer la adquisición preferente. Si la Sareb hubiera señalado, como es su deber, que las viviendas se encontraban habitadas, el Ejecutivo autonómico se hubiera hecho cargo de las familias en riesgo con alternativas como un alquiler social, señalan desde este departamento. La vicepresidencia segunda está explorando las sanciones contra la Sareb por omitir información relevante en la comunicación de la operación.

 Las viviendas se encuentran en una calle del barrio valenciano de El Cabanyal y fueron adquiridas mediante el procedimiento de ejecución hipotecaria (impago) por la Sareb a principios de 2018. En el procedimiento de ejecución hipotecaria, el banco malo se adjudicó las 10 viviendas y 5 plazas de garaje por el 50% del valor de tasación a efectos de subasta y lo hizo por 1,5 millones de euros, según ha podido saber este diario. Poco después, la Sareb vendió estas viviendas a Tempore Properties Socimi, un fondo que gestiona 2.964 viviendas en alquiler valoradas en unos 383 millones de euros, según su web, todas procedentes de la Sareb. Ni la sociedad ni la notaría informaron de la compra a la Conselleria de Vivienda, denuncian fuentes de este departamento. "En la notificación de tanteo presentada se indica expresamente que las viviendas se transmiten libres de arrendatarios y ocupantes, circunstancia que finalmente ha resultado no ser cierta", indican.

La noticia llegó a Unides Podem cuando el fondo quiso desprenderse de una de las viviendas adquiridas y volvió a sacarla al mercado. Tras realizar varios exámenes documentales, los técnicos de la conselleria comprobaron que las viviendas estaban habitadas ya en el momento de su primera venta, sin que la Sareb lo comunicara. Una serie de irregularidades a ojos del departamento, que duda sobre si se cometieron deliberadamente y con qué fin.

Según la normativa autonómica de vivienda, el Gobierno valenciano puede ejercer el derecho de tanteo y retracto -una forma de intervenir en operaciones relevantes- hasta 60 días después de la comunicación de la operación. Al no haber comunicación formal, Vivienda vio el plazo vencido. Pero en el decreto se reservaron un comodín: un artículo que añade que, de no haber comunicación, el plazo arranca de nuevo cuando la conselleria tiene constancia de la misma, carta que la conselleria acaba de activar para revertir la compra e incorporar los edificios al parque público. Desde Vivienda se muestran contundentes con la actuación: "No vamos a tolerar ningún intento de engaño. El objetivo del decreto es ampliar el parque público de vivienda y se redactó pensando en que nadie pueda sacar beneficio de una infracción", señalan fuentes de este departamento.

El vicepresidente Martínez Dalmau explica que la detección de irregularidades en el proceso indica que “algunas entidades financieras están intentando ocultar información que perjudica, sobre todo, a las familias alquiladas en las viviendas que van a ser transmitidas. Esto evidencia que los mecanismos de control establecidos en los procedimientos del tanteo funcionan”. Asimismo, ha asegurado: “Estamos estudiando otros casos similares, ejerceremos el derecho de retracto en cada una de las transmisiones que se hayan hecho de espaldas a lo que establece la ley. No vamos a permitir que los intereses de los fondos buitre prevalezcan sobre el interés común que defiende la Generalitat Valenciana”.        (Laura Martínez, eldiario.es, 19/06/21)

El nuevo ciclo inmobiliario: bancos, “fondos buitre” y desahuciados

"(...) Tras la crisis inmobiliaria, el punto más bajo en el precio medio de la vivienda (nueva y usada) se alcanzó en febrero de 2015; desde entonces y hasta febrero de 2020, se ha producido un incremento medio en los precios del 16,5%, según la empresa de tasaciones Tinsa.

Una de las tendencias significativas, tras la recesión de 2007, es el desarrollo del mercado de arrendamientos: el porcentaje de hogares con la vivienda en alquiler se situó en el 17,8% en 2018 (Encuesta Continua de Hogares del INE). En ese contexto, en el tercer trimestre de 2019 los desahucios por el impago de alquileres representaron el 68% -6.936 desahucios- del total de lanzamientos, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En enero de 2011, el precio medio de los pisos de alquiler era de 7,7 euros/metro cuadrado, mientras que en enero de 2020 el promedio había escalado hasta los 11 euros (18,9 en el barrio exclusivo de Salamanca, en Madrid), apunta el portal inmobiliario Idealista.com. En este contexto, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado el 1 de marzo una manifestación en Badalona contra los “fondos buitre” y por la regulación de los precios del alquiler.

El geógrafo y profesor en la Universidad Complutense y el CSIC, Ricardo Méndez, analiza en el libro Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España (Universitat de València, 2019) el papel de algunos actores. Entre otros la banca, y su relación con el negocio hipotecario (en 2006, antes que pinchara la burbuja, se firmaron 1,3 millones de hipotecas sobre viviendas, que descendieron hasta 199.703 en 2013 -el punto más bajo del ciclo-, mientras que en 2018 alcanzaron ya las 348.326); cuestión diferente son los créditos de la banca a las familias para que pudieran adquirir un piso, todavía no devueltos y que figuran en el pasivo de las entidades: sumaban en 2018 cerca de medio billón de euros (Banco de España, 2019).

 (...) los bancos se convirtieron, además, en propietarios de primer orden tras el estallido de la crisis, que dio lugar a una pesada transferencia: “La adjudicación de grandes bolsas de suelo y promociones inmobiliarias como contrapartida de los créditos impagados por las promotoras, junto a los cientos de miles de viviendas, locales, naves u oficinas desahuciados, supuso un peso muerto improductivo que lastraba sus balances y rentabilidad”.  (...)

Las entidades han traspasado buena parte de los llamados activos inmobiliarios a fondos de inversión, actores de relieve en el nuevo ciclo. Por ejemplo, Caixabank vendió en junio de 2018 su negocio inmobiliario (valoración neta contable en cerca de 7.000 millones de euros) al fondo de inversión Lone Star, y en la nueva sociedad mantendría una participación del 20%. 

Tras la compra del Banco Popular, el Banco Santander acordó la venta -en agosto de 2017- del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular al fondo Blackstone (el comunicado de la entidad financiera cifraba en 104.000 millones de dólares el negocio inmobiliario de Blackstone en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina). También el BBVA vendió, en octubre de 2018, el 80% de su negocio -“tanto los activos inmobiliarios como los empleados (para su gestión)”- a Cerberus Capital Management. (...)

Tras la quiebra de algunos gigantes que hicieron fortuna durante el boom del ladrillo (la suspensión de pagos de Martinsa Fadesa se produjo en 2008 y la de Reyal Urbis, en 2013), han irrumpido en España grandes promotoras inmobiliarias controladas por fondos de inversión: Vía Célere (por el fondo estadounidense Värde Partners), que integró a la inmobiliaria Aelca y en 2019 entregó 1.241 viviendas principalmente en Madrid; Neinor Homes, cuya actividad se inició en mayo de 2015 cuando el fondo norteamericano Lone Star compró Neinor, inmobiliaria de Kutxabank; o Aedas Homes, en manos del fondo Castlelake; en otra de las grandes promotoras residenciales, Metrovacesa, el Banco Santander y BBVA suman el 70% de las acciones.

El libro de Publicacions de la Universitat de València (PUV) apunta ejemplos de complicidades y estrategias especulativas. En 2013, el antiguo Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) vendió 2.935 pisos sociales de alquiler al banco de inversión estadounidense Goldman Sachs y el fondo Azora; el Tribunal Supremo anuló esta venta en diciembre de 2019. También en 2013, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) enajenó 1.860 pisos de protección pública a Blackstone. El PP gobernaba entonces el Ayuntamiento (Ana Botella) y la Comunidad de Madrid (Ignacio González); “se privatizaron bastante por debajo de su valor real de mercado y con el consiguiente deterioro de la situación para los inquilinos”, concluye Méndez.

Los fondos de inversión adquirieron también hoteles, naves logísticas, centros comerciales y grandes inmuebles de empresas (en septiembre de 2018 el fondo Angelo Gordon compró al BBVA, por cerca de 100 millones de euros, la antigua sede en Bilbao del Banco de Vizcaya, una torre de 21 plantas). Asimismo, subraya el autor de El nuevo mapa geopolítico del mundo, “los fondos se han convertido junto con las SOCIMI en los principales caseros del país, con una presencia hegemónica en el mercado del alquiler” (los fondos de inversión poseían, a finales de 2018, más de 110.000 viviendas destinadas al alquiler). (...)

Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle apunta otro agente del ciclo inmobiliario actual, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida como “banco malo”. Se constituyó en 2012, explica en su página Web, “para ayudaral saneamiento del sector financiero español y, en concreto, a las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario”; esta idea se concretó en la recepción, por parte de la SAREB, de préstamos “tóxicos” que los bancos rescatados habían concedido a los promotores inmobiliarios, además de viviendas, plazas de aparcamiento, suelos rurales e industriales, promociones a medio construir, hoteles y locales comerciales (valorados en 50.781 millones de euros), con un plazo de 15 años para su venta; la mayor parte (55%) del capital del “banco malo” es privado (con el Banco Santander y Caixabank como principales accionistas), mientras que el 45% es público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El autor de Ciudades en venta se refiere a la SAREB como “oportunidad perdida”. De hecho, explica Méndez, “se desestimó la oportunidad de constituir –al menos con la parte del dinero público invertido- un stock de vivienda social o de alquiler”; además, “a partir de 2015 la SAREB descentralizó la tarea de comercialización en promotoras inmobiliarias de bancos –Altamira, Servihábitat, Solvia, Haya-, lo que apunta una similitud en las estrategias de negocio”. El “banco malo” creó, a mediados de 2019, su promotora inmobiliaria –Árqura Homes-, que dice contar con suelos y obras sin terminar por valor de 800 millones de euros.

Sin embargo, la jerga especulativa, la inflación estadística y el trasiego inmobiliario tienen un reverso: en diciembre de 2019 una veintena de familias resistían al desahucio -con el apoyo de los movimientos sociales- en tres bloques de viviendas del barrio madrileño de Carabanchel, propiedad de la SAREB y en las que vivían de alquiler. En otro ejemplo de lucha, 232 familias de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Granollers y Badalona han iniciado, con el respaldo del Sindicat de Llogateres, una campaña contra el “fondo buitre” Azora, “ante las subidas salvajes que quiere hacer en las renovaciones de los contratos del alquiler”.                    (Enric llopis, Rebelión, 20/02/20)

¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno con el Banco Malo? Antes de que explote el aval de 40.000 millones que le otorgó a la SAREB el estado... esa losa que podría machacarnos

"(...) la realidad es que el futuro de esa lucha entre el sector inmobiliario/financiero y el nuevo Ejecutivo acaba de empezar. (...)

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), más conocida como el Banco Malo, participado en un 45% por el Estado y el resto por inversores privados —principalmente grandes bancos nacionales— puede ser ese arma, pero también puede estallarle en los morros a Iglesias y Sánchez. 

Continuas pérdidas, opacidad, pérdida de su control por parte de los poderes públicos y un préstamo avalado por el Estado y que no tiene pinta de poder devolverse, convierte al Banco Malo en un cuchillo de doble filo. (...)

“Lo primero que el Gobierno debe hacer es investigar exhaustivamente qué ha sucedido en ella”, explica a El Salto Manuel Gabarre, autor de Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler (Traficantes de Sueños, 2019), apelando a la realización de una auditoría de la SAREB para conocer “qué obligaciones ha asumido y de qué bienes dispone ahora mismo”, además de publicar qué se ha vendido hasta el momento, por cuánto y a quién. (...)

El listado de bienes que, según Gabarre, debería realizar el nuevo Gobierno sobre los activos para conocer “qué pisos con sus direcciones, qué solares o que préstamos a promotores” tiene la entidad, sería el punto de partida para el principal uso que le darían tanto Sánchez Mato como la abogada de la PAH: “Hacer política de vivienda y convertirla en herramienta de provisión de vivienda social”.  (...)

Porque, afirma el exconcejal, continuar con la senda actual “que no es otra que regalar suelo, créditos y vivienda a fondos buitre oportunistas”, solo ahonda las pérdidas mientras que, según él, el Gobierno hace dejación de funciones en materia de Vivienda. (...)

El camino no es de rosas y el PP lo dejó todo “atado y bien atado” con la SAREB. Los beneficiarios de la marcha de la entidad en los últimos años son “personas muy bien relacionadas con el poder”, declara Gabarre, “que se opondrán a cualquier acción que vaya en contra de sus intereses”, pero remarca que los grandes beneficiarios son los fondos buitre y la gran banca, que ha funcionado como músculo financiero gracias en parte a las enormes cantidades de dinero que han conseguido a tipos de interés cercanos al 0% y que han prestado a dichos fondos. Por lo tanto, añade, “cualquier acción en materia de vivienda que perjudique a los fondos de inversión va a ser rechazada por la banca, que es un enemigo muy poderoso”.

Para Liliana Pineda, abogada y activista de ATTAC, todas las limitaciones son de carácter político. Pineda explica que “con base a la garantía de no repetición de riesgo, principio jurídico que debiera aplicarse con toda normalidad en el ámbito de lo económico, debe acometer una reestructuración a fondo de la Sareb y, valorando el riesgo y el peligro asumido, transformarla en un instrumento útil a la sociedad”.  (...)

 En cambio, para Jacinto sí que puede haber complicaciones de carácter económico para este nuevo Gobierno en caso de que, como ella recomienda, se nacionalice la SAREB y se utilice para realizar políticas de vivienda social, ya que “supondría que el Estado tendría que asumir la deuda de la entidad e incumplir los objetivos del déficit”. Pero coincide con Pineda en que “no se puede ni se debe mantener la entidad así, como una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas y que en cualquier momento caerá sobre nosotros”.  (...)

La espada de Damocles a la que se refiere la activista de ATTAC tiene forma de aval, uno de 40.000 millones de euros. Cuando se conformó la entidad, 45% pública y 55% privada para evitar contabilizar sus deudas y pérdidas como públicas, tuvo que pedir un préstamo de 50.000 millones, concedido por la Unión Europea en el marco de los acuerdos para el rescate a la banca española en 2012, usados para comprar las viviendas, solares y préstamos a los bancos. Pero el Banco Malo no ha arrojado más que pérdidas.  (...)

Todo ello lleva a ese escenario donde la bomba puede estallarle en la cara al nuevo Gobierno: el día que venza el préstamo, el Banco Malo no tendrá dinero para pagarlo y el Estado es el único garante. Quedan 40.000 millones por pagar, ya que se han devuelto unos 10.000 hasta el momento, y, según Gabarre, “el aval que concedió el Estado a Sareb, es decir, la obligación del Estado de pagar todo lo que la Sareb no pueda devolver, es por tanto una obligación legal que contrajo España con la Unión Europea”.  (...)

El precio de la vivienda está subiendo, pero la SAREB ya ha vendido los lotes más apetitosos para los mercados y sus intentos de crear herramientas para su venta, SOCIMI principalmente, tampoco parecen que vayan a llenar las arcas del Banco Malo como para poder devolver los 40.000 millones. (...)

En resumen, PSOE y Unidas Podemos tienen por delante la difícil tarea de afrontar una legislatura donde el mismo arma les puede servir para materializar una verdadera política de vivienda social y calmar los precios del alquiler en muchas zonas del Estado español, pero que, en caso de estallar, puede provocarles un quebranto que desfigure los Presupuestos Generales y el déficit exigido por Bruselas, provocando unos recortes que dejarían a los que sufrimos en la época de crisis como un chiste."                 (Yago Álvarez, El Salto, 11/01/20)

Ya es oficial, ¡petó el Deutsche Bank!, rescate por medio de un "banco malo" antes de venderlo a 1€

"Un post que se entiende mejor con los propios titulares de la prensa (...): 

- Deutsche Bank creará un "banco malo" con 50.000 millones en activos tóxicos- Diario La Informacion 17.06.2019 

- La Fed, preocupada por el banco malo de Deutsche Bank | Expansión 25.6.2019 

El Deutsche Bank es el banco más grande de Alemania, por descontado de Europa y posiblemente del mundo. Ni sus diversificaciones, ni sus asuntos turbios, ni apoyo directo del Estado alemán han evitado que sus acciones lleguen a valer menos de 10€ y que esto afecte a su funcionalidad como banco. 

Un batacazo que se veía venir. Sin remontarnos a los tiempos de su apoyo al régimen fascista nazi, fue uno de los promotores de la burbuja inmobiliaria mundial, de los desahucios en España, de la SAREB, de la dispersión de productos financieros tóxicos por todo el mundo y tal vez con suerte lo sea de la caída de Alemania como potencia regional:  El Comité de Basilea sale al rescate del Deutsche Bank | EL BOLETIN 27.7.2010

Declaraciones hechas después de participar en la SAREB y desahuciar a media España y parte de Europa:  Deutsche Bank ve "exagerada" la desconfianza hacia España. El País  28.12.2010

Desde la caída de Lemman Brothers en 2007 pierde cotización en bolsa, los inversionistas no se fían, y desde entonces se habla de su debacle bursátil (...)

 Aquí un recuento de la multiplicidad de problemas, más fácilmente identificado como un problema de codicia, usura y mentir por encima de sus posibilidades:  ¿Qué le pasa a Deutsche Bank?- El Mundo  30.9.2016

Según muchos, este es el eje central del problema del banco, un problema que podría arrastrar al DAX, al Down Jons y con ellos a las bolsas de medio planeta, iniciando así un nuevo periodo de recesión:
El Deutsche Bank cuenta con 500 billones € (10^12) de activos tóxicos
( https://www.youtube.com/watch?v=mM0-_D8D2js 20.6.2019, 3'10''). La entidad con mayores activos tóxicos del mundo. Ni si quiera los hedge founds más dopados se atrevían a asumir tantos riesgos. Claro, es lo que tiene el estar apoyado por el aval de un estado.

Aunque algunos prefieren hacer como que no entienden y comentan la cifra oficial como si esta tuviera algún tipo de relevancia, el precio del rescate es menos que simbólico. Ni si quiera han elucubrado un artificio para esconder el problema, solo desvían la atención. Hay gente para todo: Deutsche Bank y su problema de 50.000 millones de euros - elblogsalmon 24.6.2019

Si bien anteriormente supieron intuir el panorama y ponernos en alerta:  Deutsche Bank hace cundir la amenaza de un nuevo momento Lehman 9.6.2016

No nos cabe duda de que los dementes que dirigen el Bundestag no dejarán caer así como así a tal marmota. Merkel ha estado alimentando al bicho desde 2007 como quien cuida un zombi en su sótano evitando que las fuerzas del mercado, rapaces y carroñeras, despedazasen a la criatura. Ahora lo harán los buitres por las malas. De la otra parte Mario Draghi y el BCE.

 Tal vez veamos un proceso de reajuste del sector bancario como el visto en España y que se llevó por delante a más de 50 entidades. Recordemos que en Alemania hay más de 400 bancos regionales. En los viejos tiempos inyectarían dinero público, comenzaría una nueva oleada de recortes, harían una reforma laboral y comenzarían las protestas. Pero estos eran los viejos tiempos. En los nuevos tiempos de expansión cuantitativa el Deutsche Bank o las entidades que lo soporten pueden pedir prestado dinero infinito al BCE, BOJ, Fed... Dinero a intereses negativos que harán que la fiesta continúe hasta que la gangrena llegue al ombligo y no quede otro remedio que cortar el tronco.

Podríamos seguir regocijándonos en las implicaciones de este colapso a cámara lenta con un largo post de análisis, pero preferimos disfrutar el momento brindando ante el cadáver caliente del enemigo. Pena que muriese de éxito y no por justicia incendiado por la muchedumbre.

Deutsche Bank, Fick dich!"                      (Pablo Heraklio , Tarcoteca, Rebelión, 04/07/19)

Deutsche Bank y su problema de ¿sólo? 50.000 millones de euros

"Según ha publicado el Financial Times, el Deutsche Bank tiene previsto revisar sus operaciones comerciales mediante la creación de la figura del banco malo (el equivalente al FROB en España) para apartar decenas de miles de millones de euros de activos.

El banco malo almacenaría o vendería activos valorados en hasta 50.000 millones de euros, después de ajustar el riesgo, y que comprenden principalmente derivados a largo plazo. 

Las medidas forman parte de una importante reestructuración del banco de inversión, una importante fuente de ingresos para el mayor prestamista de Alemania, que ha luchado por generar beneficios sostenibles desde la crisis financiera de 2008 pero sus cuentas se han deteriorado progresivamente, por lo que recientemente su cotización ha alcanzado mínimos históricos.

Para los que sostienen que la banca nunca pierde, si antes de la crisis financiera mundial, la cotización del banco alemán se situaban ligeramente por encima de los 90 euros, las acciones han sufrido un fuerte varapalo hasta cotizar actualmente en los 6,30 euros, una pérdida del 93%.

A finales de marzo, el balance de la entidad indicaba que el valor de mercado de sus derivados ascendía a 331.000 millones de euros, el total del balance del banco ascendía a 1,44 billones de euros, una cifra que supera el PIB de España. Si Deutsche Bank liquidara o vendiera internamente 50.000 millones de euros en derivados, se minimizarían los riesgos, pero el efecto no sería demasiado alto.

Los números no encajan...

 (...) ¿Con que se quedaría? El banco mantendría su mejor negocio de bonos que tiene supuestamente **260.000 millones de euros en efectivo y valores líquidos a la mano.

Y aquí algo no encaja... Si el Deutsche Bank dispone de 260.000 millones de euros en efectivo y valores líquidos ¿Por qué la capitalización de mercado es de 14.000 millones?

Todo tiene su truco... En el mundo al revés de la UE, nos encontramos con tipos de interés son negativos. Si los valores líquidos son bonos del Estado, es muy probable que tengan una rentabilidad negativa y el banco está perdiendo. Esta es la locura de la política negativa del BCE en materia de tipos de interés.

La complicada situación del primer banco en Alemania

El Deutsche Bank está tratando de dar la vuelta a su situación, que se ha enfrentado a obstáculos tales como acusaciones de lavado de dinero y pruebas de estrés fallidas que reflejan la debilidad de la entidad alemana.

Se está considerando la posibilidad de realizar recortes en la división de negociación de acciones de los Estados Unidos, incluyendo corretaje principal y derivados de acciones. 

Entre 2012 y 2016, Deutsche Bank tuvo una unidad no principal, con unos 125.000 millones de euros en activos ponderados por riesgo, que registraron una pérdida acumulada antes de impuestos de 14.600 millones de euros durante el período. Una cifra que es superior al valor de Mercadona de la entidad en la actualidad. 

Además, las conversaciones sobre fusiones entre Commerzbank y Deutsche Bank fracasaron a principios de este año, pero continúan las especulaciones sobre fusiones entre ellos y otras instituciones en busca de reducciones de costes y una mayor influencia conjunta.

Durante los últimos doce meses, muchos de los principales bancos europeos han perdido alrededor de una cuarta parte de su capitalización bursátil en un entorno de tipos de interés difícil, mientras que sus rivales estadounidenses se encontraban en una mejor situación, lo que significaba que tenían acceso a más transacciones.

Por ello, las fusiones transfronterizas en el sector bancario europeo se estaban convirtiendo en una necesidad, dados los riesgos de debilitamiento de las instituciones financieras para la Eurozona mientras el sector bancario estadounidense se mantiene a buen ritmo gracias a Disney tipos de interés más altos."                 (Marc Fortuña, El blog salmón, 24/06/19)