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3.6.26

Sahra Wagenknecht: El canciller de BlackRock y multimillonario Merz quiere que los alemanes curren más tiempo y jueguen a la ruleta su previsión para la vejez en los mercados bursátiles. ¡No se puede estar más en las nubes! ¿Acaso Merz tiene siquiera idea de lo que es levantarse cada mañana para sacar adelante a uno mismo y a la familia como sea? ¿O de lo que significa trabajar durante décadas y pagar cotizaciones, para al final no poder vivir de todos modos de la mísera pensión? ¡Necesitamos urgentemente una política que mejore la vida de la gente, en lugar de cubrirla con cada vez más recortes!

Sahra Wagenknecht @SWagenknecht

El canciller de BlackRock y multimillonario Merz quiere que los alemanes curren más tiempo y jueguen a la ruleta su previsión para la vejez en los mercados bursátiles. ¡No se puede estar más en las nubes! ¿Acaso Merz tiene siquiera idea de lo que es levantarse cada mañana para sacar adelante a uno mismo y a la familia como sea? ¿O de lo que significa trabajar durante décadas y pagar cotizaciones, para al final no poder vivir de todos modos de la mísera pensión? ¡Necesitamos urgentemente una política que mejore la vida de la gente, en lugar de cubrirla con cada vez más recortes! 

Mi discurso en la manifestación del BSW en Berlín.

Vídeo: https://x.com/i/status/2062067213905879231

(traducción google)

9:01 a. m. · 3 jun. 2026 ·27,4 mil Visualizaciones

5.3.26

«El sistema de pensiones públicas es perfectamente viable, depende de la voluntad política»... los fondos de pensiones individuales a 25 años tienen una rentabilidad media del 2,6%, según los datos de INVERCO (patronal de los fondos de pensiones); sin embargo, aportar cotizaciones sociales para cobrar una pensión pública supone una rentabilidad media del 5,5%; además se trata de un sistema solidario y de reparto... En 2050, año de mayor tensión por el incremento de la presión demográfica de las generaciones más numerosas ya percibiendo pensiones, las transferencias del Estado tendrían que aumentar 2,2 puntos del PIB, hasta el 5,9% del PIB; y en el año 2070, únicamente el 4,6% del PIB; Trump plantea la elevación del gasto militar al 5%, un objetivo compartido por Núñez Feijóo (Enric Llopis)

 "Según la comunidad autónoma que se considere, entre el 24,8% y el 48,4% de las pensiones en el estado español tienen un importe inferior al umbral de la pobreza, apunta el XIV Informe sobre el estado de la pobreza. Pobreza y territorio (2024), de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPAN); según esta fuente, el 19,2% de la población con 65 o más años se halla en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Son algunos de los “retos pendientes” en materia de pensiones, afirma el economista, miembro de IU y profesor en la Universidad Complutense, Carlos Sánchez Mato; delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2017, Sánchez Mato es autor de la tesis doctoral El papel de las ayudas públicas en el funcionamiento del sector bancario privado; la entrevista se realizó antes de su participación en el acto Les pensions sí són sostenibles, el 26 de febrero, en la sede de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).    

-P: El Fondo de Reserva de la Seguridad Social -conocido como hucha de las pensiones– cerró 2025 con más de 14.000 millones de euros acumulados (el nivel más elevado desde diciembre de 2017); en diciembre de 2025, la Seguridad Social abonó 10,4 millones de pensiones a más de 9,4 millones de personas (13.750 millones de euros), según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Algunas voces afirman que el sistema público es insostenible… 

-CSM: Por supuesto que el sistema es sostenible y viable; los mismos que hacen predicciones catastrofistas sobre su viabilidad, ya lo hacían 40 años atrás; las reformas de 2021 y 2023 han tenido un impacto muy positivo para las y los pensionistas presentes y futuras; por ejemplo, han garantizado las revalorización de los pensiones según el IPC, eliminado el factor de sostenibilidad y mejorado las pensiones mínimas y no contributivas.

El impacto por las reformas realizadas al modelo del PP supondrá un 3% del PIB más de recursos destinados a los pensionistas en 2050. También se han aplicado instrumentos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad incluido en la reforma del PP de 2013. La novedad es que, en general, se ha optado por la vía de los ingresos y otros elementos como una mayor seguridad y estabilidad laboral.

Veníamos de una situación de recortes que empezó incluso con Felipe González, y continuó después; por otra parte, hemos de ser conscientes que la reducción de las cotizaciones sociales es parte de los problemas que afectan a la Seguridad Social.

-P: “El sistema de pensiones tiene que evolucionar hacia uno mixto como en los países de nuestro entorno; un sistema en el que la gente cotice a su nombre”, afirma el economista neoliberal, Daniel Lacalle, en declaraciones recogidas el 26 de diciembre por la Cadena Cope; ¿qué opinas de esta valoración?

-CSM: Sería el mayor desastre para la clase trabajadora y la gente corriente; el actual sistema es una conquista, incluso con sus estados de deterioro y recortes en diferentes etapas, tanto del PSOE como del PP; es un sistema de reparto basado en la solidaridad; esto significa que los que trabajamos hoy pagamos las pensiones actuales, esperando la solidaridad -en el futuro- de las siguientes generaciones.

El sistema de reparto pone un tope a la pensión máxima (3.395 euros mensuales), y también hay un intento por mejorar las pensiones mínimas; ya me gustaría que hubiera estos topes a los salarios, de manera que la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, no hubiera ganado 14,7 millones de euros anuales en 2025.

Un sistema de capitalización mixto dice que algo que estamos resolviendo muy bien, desde lo colectivo, se convirtiera en “el que más pueda, más se lleve”; y esto es justo lo contrario de avanzar en el socialismo real.

-P: ¿Qué sectores están interesados en liquidar el sistema de pensiones público?

-CSM: El sector más interesado es el financiero; al año se recaudan 180.000 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores; esto es un pastel muy goloso para los fondos de pensiones y de inversión, que estarían encantados en gestionar anualmente esta cantidad; imagínate la rentabilidad financiera gigantesca que conseguirían.

Hay una caída drástica en las aportaciones a los fondos de pensiones privados, que han pasado de representar el 0,6% del PIB en 2007 al 0,2% del PIB en 2025; las aportaciones brutas a estos planes pasaron de 6.968 millones de euros en 2007 a 3.252 millones en 2025; la reducción de los incentivos fiscales a estos planes privados ha sido una buena medida.

-P: El Centre Delàs señala que el gasto militar total en 2025 en el estado español sumó 42.249 millones de euros; ¿por qué no se cuestiona este gasto y sí la inversión en pensiones?

-CSM: Hay quienes consideran que el sistema público no es viable porque hay que hacer transferencias desde el Estado -financiadas a través de impuestos- para el pago de las pensiones; con la actual estructura demográfica, las transferencias en 2050 representarían en torno al 5% del PIB; sin embargo este porcentaje -exigido por Trump en gasto militar- Lacalle y otros ven con todas las ganas que se dedique a armamento.

-P: ¿Cómo responderías precisamente a la crítica de que el sistema se financie, también, con aportaciones adicionales a las obtenidas por cotizaciones sociales?

-CSM: En un estudio del sistema público de pensiones en los últimos 60 años, entre 1965 y 2024, demuestro que en 42 años ha habido flujos de la Seguridad Social a otros capítulos; es decir, la Seguridad Social ha pagado carreteras, hospitales y cosas que no son pensiones; es cierto que ahora sucede lo contrario, pero los que ahora se muestran preocupados, nunca se inquietaron por el hecho de que se usaran cotizaciones sociales para sufragar gastos públicos.

-P: No se cuestionan, por el contrario, los fondos de pensiones privados…

-CSM: En los fondos de pensiones privados, las aportaciones netas en 2025 han sido de -1.659 millones de euros: sale más dinero del que entra, hay más gente que retira dinero; desde 2020, han salido casi 5.200 millones de euros más que las aportaciones realizadas. Detrás de estos fondos está toda la banca y las compañías de seguros, que invierten los capitales en bolsa, renta fija, bonos verdes y otras

Asimismo, la rentabilidad financiera que ofrece este sistema privado es muy escasa; los fondos de pensiones individuales a 25 años tienen una rentabilidad media del 2,6%, según los datos de INVERCO (patronal de los fondos de pensiones); sin embargo, aportar cotizaciones sociales para cobrar una pensión pública supone una rentabilidad media del 5,5%; además se trata de un sistema solidario y de reparto.

Ellos critican que el sistema público de pensiones es demasiado generoso; claro, lo que plantean con el sistema mixto de capitalización es que hay que darles menos a los pensionistas y más al sistema privado.

-P: ¿Estás de acuerdo con quienes señalan la insostenibilidad del sistema por razones como la demografía o la jubilación de la generación del baby boom?

-CSM: Los datos que utilizo para calcular la viabilidad del sistema público de pensiones proceden de la Comisión Europea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y el Informe de Envejecimiento; los informes demográficos son extremadamente pesimistas, y erraron en el pasado: el sistema público de pensiones no ha quebrado; con sus datos, el sistema es viable; además, el elemento de viabilidad no tiene que ser únicamente financiero.

En 2050, año de mayor tensión por el incremento de la  presión demográfica de las generaciones más numerosas ya percibiendo pensiones, las transferencias del Estado tendrían que aumentar 2,2 puntos del PIB, hasta el 5,9% del PIB; y en el año 2070, únicamente el 4,6% del PIB; Trump plantea la elevación del gasto militar al 5%, un objetivo compartido por Núñez Feijóo.

-P: Por último, ¿cuál es el argumento principal para defender la viabilidad de las pensiones públicas?

-CSM: Que el sistema sea sostenible depende de la voluntad política y social; el sistema público estará blindado si lo defendemos y nos convencemos todas y todos que es una de las conquistas sociales más importantes de la clase trabajadora.

De hecho, la derecha no tiene ahora la capacidad de enfrentar el debate si no es comprándonos el relato; a finales de febrero el Congreso aprobó el Real Decreto-Ley para la revalorización de las pensiones, con el voto favorable del PP, cuando su reforma de 2013 desligaba las pensiones del IPC." 

Enric Llopis  , Rebelión, 05/03/26)

16.2.26

Te están usando para joder a tu abuelo... Nadie va a decir abiertamente que quiere recortar las pensiones porque quiere quedarse con ese pastel, tiene que venderlo como una necesidad imperiosa por el equilibro de las cuentas... No existe el conflicto generacional. Es un invento del capital para facilitar el negocio de las pensiones privadas... solo es una estrategia para instaurar otro inmenso expolio de clase y fomentar una nueva etapa de acaparamiento de capital por parte de las capas más privilegiadas... es una retórica que tiene como objetivo mejorar su propia situación personal ayudando a los que quieren que las pensiones públicas desaparezcan para ser sustituidas por el jugoso negocio de las pensiones privadas... Todo discurso que niega el conflicto de clases para sustituirlo por el conflicto generacional tiene como objetivo ser funcional a una futura rebaja de las pensiones... Es propio de trepas y advenedizos y es muy fácil identificarlos porque van buscando aquellos mensajes que favorecen a las elites para poco a poco adaptarlos y encabezarlos para lograr su favor. No es difícil hacer una leve prospección por los espacios mediáticos para identificarlos (Antonio Maestre)

 "Nadie va a decir abiertamente que quiere recortar las pensiones porque quiere quedarse con ese pastel, tiene que venderlo como una necesidad imperiosa por el equilibro de las cuentas, y para llevarlo a cabo necesita aliados dentro de la sociedad

Envejecer con una pensión que no alcanza: “Las cuentas no salen y tengo que pedir ayuda a mis hijos”

No existe el conflicto generacional. Es un invento del capital para facilitar el negocio de las pensiones privadas. Nadie va a decir abiertamente que quiere recortar las pensiones porque quiere quedarse con ese pastel, tiene que venderlo como una necesidad imperiosa por el equilibro de las cuentas, y para llevarlo a cabo necesita aliados dentro de la sociedad. Los principales objetivos para ejercer como quintacolumnistas dentro de la clase trabajadora son los jóvenes que ven muy lejano el momento en el que se harán beneficiarios de una pensión, quien tiene difícil el presente es imposible que piense en el futuro lejano.  

Cada vez que escuches a alguien hablar de Zeta, X, Millenial, Boomer, Alfa o categorizaciones similares basadas únicamente en el año en el que naciste para hablar de política económica échate la mano al bolsillo porque quiere robarte. A veces dirán que lo hacen porque eres víctima, pero solo es una estrategia para instaurar otro inmenso expolio de clase y fomentar una nueva etapa de acaparamiento de capital por parte de las capas más privilegiadas de la estratificación social. No es difícil saber quiénes son: los mismos que para solucionar el problema de la vivienda tienen como única medida relajar los impuestos para construir más sin poner límites a la especulación. 

Todo discurso que niega el conflicto de clases para sustituirlo por el conflicto generacional tiene como objetivo ser funcional a una futura rebaja de las pensiones. Es normal que este debate sea liderado por esas personas que forman parte del colectivo en el que se quiere instaurar el estado de agravio y que sin verse afectados por tener una posición de clase favorable busca el favor del capital para mejorar en esa estratificación de clase. Su actitud es en sí misma una evidencia de que el conflicto es de clase y no generacional. 

No es un discurso que tenga ninguna base intelectual seria ni deba tenerse en cuenta desde el punto de vista narrativo, es una retórica que tiene como objetivo mejorar su propia situación personal ayudando a los que quieren que las pensiones públicas desaparezcan para ser sustituidas por el jugoso negocio de las pensiones privadas. De forma paradójica la negación del conflicto de clases es una manera de confirmarlo porque buscan mejorar su situación profesional y aumentar su capital. Por eso serán acogidos con alborozo por todo el sistema extractivista para usarlo en su beneficio dando unas cuántas migajas al colaboracionista. 

A los jóvenes de clase trabajadora que se sientan cercanos a este mensaje solo lanzarles una advertencia: te están usando para joder a tu abuelo. Es lo único que les interesa, y si eso no te convence porque solo piensas en tu presente, que sepas que un mensaje así no va a mejorar tu presente, pero sí ten claro que va a hipotecar tu futuro. La clase trabajadora que se siente atraída por el discurso de la lucha generacional perderá su juventud antes de que mejore su situación convirtiéndose antes de que se dé cuenta en el enemigo de ese mismo discurso que antes defendía. Los años pasan más rápido que los cambios estructurales a mejor mientras que los recortes de derechos son casi inmediatos.  

Es lamentable asistir a discursos completamente desinformados sobre la estratificación social y que tengan espacio privilegiado en el debate publicado. No pido que desaparezcan los adanistas que se creen que inventan conceptos y relatos, pero al menos que tengan un mínimo de sentido del ridículo y lean lo que se ha escrito antes de provocar bochorno. No es posible hablar de clases sociales o negar las clases sociales sin atender todo lo teorizado por Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons, Ralph Dahrendorf, Pierre Bourdieu, Erik Olin Wright o Michael Savage. Al menos hay que tener un poco de vergüenza y no querer pontificar ante quienes sí los conocen y los han estudiado porque se os ven todas las costuras. 

Personalmente siento un desprecio profundo por esa degeneración individualista que encabeza discursos lesivos para el colectivo solo para el beneficio propio. Es propio de trepas y advenedizos y es muy fácil identificarlos porque van buscando aquellos mensajes que favorecen a las elites para poco a poco adaptarlos y encabezarlos para lograr su favor. No es difícil hacer una leve prospección por los espacios mediáticos para identificarlos."

(Antonio Maestre, blog, 15/02/26

27.1.26

¿Las pensiones son una “estafa piramidal”? ¿Los mayores le están “robando” el futuro a los jóvenes? Las pensiones no son sólo gasto, son motor económico... constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico... muestran un multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos... El desafío futuro es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni? Quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta insostenibilidad... Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades... Si esta figura tributaria mantuviese actualmente la misma capacidad recaudatoria que tuvo entre 1995 y 2007, las administraciones contarían con 30.000 millones adicionales para políticas de juventud (Nacho Álvarez)

Nacho Álvarez @nachoalvarez_

¿Las pensiones son una “estafa piramidal”? ¿Los mayores le están “robando” el futuro a los jóvenes? Este debate está contaminado por narrativas muy sesgadas. Es necesaria una conversación pública más rigurosa y, para ello, conviene tener en cuenta las siguientes claves 

1. El reto es innegable. 

España tiene hoy ~10 millones de personas mayores de 65 años. En 2050 serán ~15 millones. Garantizar pensiones a esos ‘boomers’ será un desafío real. No hay soluciones mágicas.

2. El reto es asumible. 

 Hoy gastamos el 12,7% del PIB en pensiones. En 2050 será el 16%, según la AIREF. Austria hoy ya gasta el 14,8%, e Italia el 16,2%. ¿Alguien se cree que España no podrá hacer en 25 años lo que Italia puede hacer ahora?

 Llamemos a las cosas por su nombre: quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta “insostenibilidad” que no se sostiene empíricamente.

 3. Que aumente el gasto es razonable. 

Si hay más personas mayores, es lógico que destinemos más recursos a garantizar su bienestar. El Estado de Bienestar no se disfruta "por edades", dado todos pasaremos a lo largo de nuestro ciclo vital por sus distintas prestaciones.

 4. Las (autoproclamadas) reformas "pro-juventud” perjudicarían más a los jóvenes. 

Calcular la pensión con toda la vida laboral, o aplicar cuentas nocionales, reduciría más las futuras pensiones de quienes hoy son jóvenes que las prestaciones de los 'boomers'.

 5. La “vida cañón” no llega a la mayoría de pensionistas. 

Según la Seguridad Social, el 40% cobra menos de 1.000 €/mes y el 60% menos de 1.500 €. Solo el 17% supera 2.500 €. Según la ECV, más de la mitad de los mayores de 65 tiene rentas inferiores a los 1.500 €/mes.

6. Las previsiones a 30 años suelen fallar. 

En 1990s, los expertos preveían que en 2025 tendríamos 40 millones de habitantes, 16,7 millones de afiliados a SS y una ratio pensionistas/afiliados del 64%. Sin embargo, somos 49 millones, 21,8 millones de afilados y una ratio del 48%

 Justificar recortes hoy con escenarios futuros tan inciertos es temerario. 

Mejor reforzar ingresos e impulsar políticas que mantengan ritmo de creación de empleo, mejoren productividad, faciliten saldos migratorios... Las proyecciones sirven para prepararse, no para resignarse.

 7. Las pensiones no son sólo gasto, son motor económico. 

 Recientes investigaciones muestran multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos.

 8. Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. 

Lo que hoy está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más renta y riqueza hacia quien tiene menos.

 Un ejemplo claro, para empezar: el Impuesto de Sociedades hoy recauda menos que en 2007, pese a que los beneficios empresariales son un 55% superiores. Si recaudase como en la década de 1995-2007, habría 30.000 millones extra para juventud: vivienda, empleo, futuro.

 Desarrollo estas ideas en este artículo, en @CincoDiascom

1:09 p. m. · 22 ene. 2026 64,1 mil Visualizaciones

"Ocho tesis sobre las pensiones.

 Hay temas que difícilmente entran en la agenda política. Y otros, como las pensiones, que nunca salen. Y es comprensible, porque esta partida supone casi un tercio del gasto público total. Sin embargo, el debate sobre esta materia se apoya en narrativas cada vez más sesgadas. La extrema derecha y el discurso anti-boomer hoy se miran de reojo. Los primeros señalan que el sistema de pensiones es “una estafa piramidal” insostenible, que habría que eliminar (en palabras de Silvia Orriols, de Aliança Catalana). Los segundos consideran que en España se está produciendo un atraco, un robo generacional perpetrado por las personas mayores contra los jóvenes. Sus discursos no son iguales, pero a veces se funden y confunden.

Frente a estas narrativas tan sesgadas, resulta necesario que el debate público sobre este pilar esencial de nuestro Estado del Bienestar sea algo más riguroso. Convendría para ello tener en cuenta al menos las siguientes claves.

Primero. El desafío futuro es indiscutible. Hoy hay en España casi 10 millones de personas mayores de 65 años, y el envejecimiento poblacional hará que sean 15 millones en 2050. Garantizar pensiones a todos esos baby boomers será un reto, y no hay varitas mágicas.

Segundo. El desafío futuro es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni? Quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta insostenibilidad.

Tercero. Que aumente el gasto en pensiones es sensato. Muchos liberales y anti-boomers reconocen que el sistema es perfectamente sostenible pero argumentan, legítimamente, que a costa de transferir excesivos recursos públicos a los pensionistas. Esta es sin duda una cuestión opinable, sujeta a las preferencias que cada uno pueda tener. Desde mi punto de vista, parece lógico que en una sociedad en la que aumenta transitoriamente el porcentaje de personas mayores, puedan aumentar también las partidas del Estado del Bienestar necesarias para garantizar su capacidad adquisitiva y su bienestar. El Estado de Bienestar no se disfruta por tramos de edad, ya que todos vamos a pasar a lo largo de nuestro ciclo vital por sus distintas prestaciones.

Cuarto. Si se aplicasen las reformas de pensiones que habitualmente se plantean para “favorecer a la juventud”, estas penalizarían más las futuras prestaciones de quienes hoy son jóvenes que las de los baby boomers. Esto se debe a que las reformas suelen introducirse en el sistema progresivamente, afectando menos a quienes hoy se jubilan que a quienes lo harán en el futuro. Así sucede, por ejemplo, con las propuestas para calcular la pensión en función de toda la vida laboral, con las llamadas cuentas nocionales, o con medidas similares al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Estas propuestas resultarían en pensiones más bajas, pero sobre todo para las futuras generaciones.

Quinto. Meter en el mismo saco a todos los pensionistas es un error. La “vida cañón” no llega a la mayoría de ellos. De los 6,6 millones de pensiones de jubilación que paga la Seguridad Social, el 40% está por debajo de los 1.000 euros mensuales, el 60% es inferior a 1.500 euros y sólo un 17% supera los 2.500 euros al mes. De los 2,3 millones de pensiones de viudedad existentes, el 66% está por debajo de los 1.000 euros al mes. Si atendemos a la Encuesta de Condiciones de Vida, más de la mitad de los mayores de 65 años tienen una renta mensual inferior a 1.500 euros, mientras que un 22% supera los 2.500 euros al mes.

Sexto. Como decía el premio Nobel Niels Bohr, “hacer predicciones es muy difícil, especialmente sobre el futuro”. Sabemos con bastante exactitud cuánta población se jubilará durante las próximas décadas pero, para estimar el futuro gasto en pensiones, debemos además asumir supuestos sobre la evolución del PIB, el empleo, los flujos migratorios o la productividad en los que seguramente nos equivoquemos. De hecho, conviene revisar las hemerotecas. Algunos de los mejores expertos del país (‘La reforma de las pensiones en España’, Perspectivas del Sistema Financiero nº 56, 1996, José A. Herce) preveían hace treinta años que en 2025 tendríamos 40 millones de habitantes, 16,7 millones de afiliados a la Seguridad Social y una ratio entre pensiones y afiliados del 64%. La realidad, sin embargo, es que en España hoy hay 49 millones de habitantes, 21,8 millones de afiliados y una ratio pensiones/afiliados del 48%. Las propias proyecciones de población del INE para 2050 contemplan escenarios muy distintos –con diferencias entre ellos de hasta 16 millones de personas– reconociendo que, sencillamente, no sabemos qué pasará.

Equivocarse en previsiones a tan largo plazo es comprensible y precisamente por ello conviene tomarlas con prudencia. Sería temerario justificar recortes en el presente por un impacto futuro que no conocemos bien. Particularmente después de que las reformas del Gobierno de Coalición hayan reforzado sensiblemente los ingresos de la Seguridad Social para las próximas décadas.

Las proyecciones nos ayudan a gestionar –con incertidumbre y cautela– determinados escenarios futuros. Pero la materialización de dichos escenarios dependerá de las decisiones de política económica que hoy se adopten. Impulsar medidas orientadas a mantener las actuales tasas de crecimiento, a elevar la productividad y la tasa de empleo, o a conseguir saldos migratorios positivos, reducirán el impacto de las pensiones en las próximas décadas. Las proyecciones son útiles para indicarnos cómo debemos prepararnos, no para asumirlas de forma determinista.

Séptimo. Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico. Una reciente investigación de la Universidad de Castilla-La-Mancha (Pensions as an Engine of Growth. An Approach to the Spanish Case, Based on the Sraffian Supermultiplier, de E. Febrero y F. Bermejo), revela que el gasto en pensiones en España presenta un efecto multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos en impuestos.

Octavo. Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades.

Este impuesto hoy aún presenta una recaudación inferior a la de 2007, a pesar de que los beneficios empresariales son un 55% superiores a los de entonces. En la década previa a 2007 el tipo efectivo del impuesto oscilaba en torno al 20%. Tras la reforma de 2014 se introdujeron nuevas deducciones e incentivos fiscales particularmente favorables para los grandes grupos empresariales, y el tipo efectivo se redujo hasta el 10-11%, nivel en el que aún se sitúa hoy. Si esta figura tributaria mantuviese actualmente la misma capacidad recaudatoria que tuvo entre 1995 y 2007, las administraciones contarían con 30.000 millones adicionales para políticas de juventud. Esto supondría, por ejemplo, multiplicar por tres el actual presupuesto público en materia de vivienda, principal preocupación de los jóvenes. Además, mientras que el ahorro derivado de posibles recortes en las pensiones tardaría décadas en materializarse, una reforma del Impuesto de Sociedades produciría ingresos al día siguiente." 

(Nacho Álvarez, Cinco Días, 03/01/26)

5.1.26

Sobre las pensiones... El desafío futuro de las pensiones es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni?... Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico... Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades (Nacho Álvarez, Un. Autónoma Madrid)

 "Hay temas que difícilmente entran en la agenda política. Y otros, como las pensiones, que nunca salen. Y es comprensible, porque esta partida supone casi un tercio del gasto público total. Sin embargo, el debate sobre esta materia se apoya en narrativas cada vez más sesgadas. La extrema derecha y el discurso anti-boomer hoy se miran de reojo. Los primeros señalan que el sistema de pensiones es “una estafa piramidal” insostenible, que habría que eliminar (en palabras de Silvia Orriols, de Aliança Catalana). Los segundos consideran que en España se está produciendo un atraco, un robo generacional perpetrado por las personas mayores contra los jóvenes. Sus discursos no son iguales, pero a veces se funden y confunden.

Frente a estas narrativas tan sesgadas, resulta necesario que el debate público sobre este pilar esencial de nuestro Estado del Bienestar sea algo más riguroso. Convendría para ello tener en cuenta al menos las siguientes claves.

Primero. El desafío futuro es indiscutible. Hoy hay en España casi 10 millones de personas mayores de 65 años, y el envejecimiento poblacional hará que sean 15 millones en 2050. Garantizar pensiones a todos esos baby boomers será un reto, y no hay varitas mágicas.

Segundo. El desafío futuro es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni? Quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta insostenibilidad.

Tercero. Que aumente el gasto en pensiones es sensato. Muchos liberales y anti-boomers reconocen que el sistema es perfectamente sostenible pero argumentan, legítimamente, que a costa de transferir excesivos recursos públicos a los pensionistas. Esta es sin duda una cuestión opinable, sujeta a las preferencias que cada uno pueda tener. Desde mi punto de vista, parece lógico que en una sociedad en la que aumenta transitoriamente el porcentaje de personas mayores, puedan aumentar también las partidas del Estado del Bienestar necesarias para garantizar su capacidad adquisitiva y su bienestar. El Estado de Bienestar no se disfruta por tramos de edad, ya que todos vamos a pasar a lo largo de nuestro ciclo vital por sus distintas prestaciones.

Cuarto. Si se aplicasen las reformas de pensiones que habitualmente se plantean para “favorecer a la juventud”, estas penalizarían más las futuras prestaciones de quienes hoy son jóvenes que las de los baby boomers. Esto se debe a que las reformas suelen introducirse en el sistema progresivamente, afectando menos a quienes hoy se jubilan que a quienes lo harán en el futuro. Así sucede, por ejemplo, con las propuestas para calcular la pensión en función de toda la vida laboral, con las llamadas cuentas nocionales, o con medidas similares al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Estas propuestas resultarían en pensiones más bajas, pero sobre todo para las futuras generaciones.

Quinto. Meter en el mismo saco a todos los pensionistas es un error. La “vida cañón” no llega a la mayoría de ellos. De los 6,6 millones de pensiones de jubilación que paga la Seguridad Social, el 40% está por debajo de los 1.000 euros mensuales, el 60% es inferior a 1.500 euros y sólo un 17% supera los 2.500 euros al mes. De los 2,3 millones de pensiones de viudedad existentes, el 66% está por debajo de los 1.000 euros al mes. Si atendemos a la Encuesta de Condiciones de Vida, más de la mitad de los mayores de 65 años tienen una renta mensual inferior a 1.500 euros, mientras que un 22% supera los 2.500 euros al mes.

Sexto. Como decía el premio Nobel Niels Bohr, “hacer predicciones es muy difícil, especialmente sobre el futuro”. Sabemos con bastante exactitud cuánta población se jubilará durante las próximas décadas pero, para estimar el futuro gasto en pensiones, debemos además asumir supuestos sobre la evolución del PIB, el empleo, los flujos migratorios o la productividad en los que seguramente nos equivoquemos. De hecho, conviene revisar las hemerotecas. Algunos de los mejores expertos del país (‘La reforma de las pensiones en España’, Perspectivas del Sistema Financiero nº 56, 1996, José A. Herce) preveían hace treinta años que en 2025 tendríamos 40 millones de habitantes, 16,7 millones de afiliados a la Seguridad Social y una ratio entre pensiones y afiliados del 64%. La realidad, sin embargo, es que en España hoy hay 49 millones de habitantes, 21,8 millones de afiliados y una ratio pensiones/afiliados del 48%. Las propias proyecciones de población del INE para 2050 contemplan escenarios muy distintos –con diferencias entre ellos de hasta 16 millones de personas– reconociendo que, sencillamente, no sabemos qué pasará.

Equivocarse en previsiones a tan largo plazo es comprensible y precisamente por ello conviene tomarlas con prudencia. Sería temerario justificar recortes en el presente por un impacto futuro que no conocemos bien. Particularmente después de que las reformas del Gobierno de Coalición hayan reforzado sensiblemente los ingresos de la Seguridad Social para las próximas décadas.

Las proyecciones nos ayudan a gestionar –con incertidumbre y cautela– determinados escenarios futuros. Pero la materialización de dichos escenarios dependerá de las decisiones de política económica que hoy se adopten. Impulsar medidas orientadas a mantener las actuales tasas de crecimiento, a elevar la productividad y la tasa de empleo, o a conseguir saldos migratorios positivos, reducirán el impacto de las pensiones en las próximas décadas. Las proyecciones son útiles para indicarnos cómo debemos prepararnos, no para asumirlas de forma determinista.

Séptimo. Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico. Una reciente investigación de la Universidad de Castilla-La-Mancha (Pensions as an Engine of Growth. An Approach to the Spanish Case, Based on the Sraffian Supermultiplier, de E. Febrero y F. Bermejo), revela que el gasto en pensiones en España presenta un efecto multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos en impuestos.

Octavo. Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades.

Este impuesto hoy aún presenta una recaudación inferior a la de 2007, a pesar de que los beneficios empresariales son un 55% superiores a los de entonces. En la década previa a 2007 el tipo efectivo del impuesto oscilaba en torno al 20%. Tras la reforma de 2014 se introdujeron nuevas deducciones e incentivos fiscales particularmente favorables para los grandes grupos empresariales, y el tipo efectivo se redujo hasta el 10-11%, nivel en el que aún se sitúa hoy. Si esta figura tributaria mantuviese actualmente la misma capacidad recaudatoria que tuvo entre 1995 y 2007, las administraciones contarían con 30.000 millones adicionales para políticas de juventud. Esto supondría, por ejemplo, multiplicar por tres el actual presupuesto público en materia de vivienda, principal preocupación de los jóvenes. Además, mientras que el ahorro derivado de posibles recortes en las pensiones tardaría décadas en materializarse, una reforma del Impuesto de Sociedades produciría ingresos al día siguiente.

(Nacho Álvarez,  es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Cinco Días, 03/12/25)

9.12.25

¿Es insostenible el sistema actual de pensiones? En general, se invoca simplemente la llamada “ratio de dependencia”, un indicador puramente demográfico que relaciona la población en edad de trabajar (habitualmente de 16 a 65 años) con la que ya ha cumplido los 65 años. De su evolución, se deriva la conclusión de que habrá cada vez menos cotizantes por cada pensionista. Se olvida que no todos los que tienen edad de trabajar están efectivamente ocupados y cotizando y de que existe margen para que se mantenga o incluso aumente el número de ocupados, aunque disminuya la población en edad de trabajar. Por ejemplo, la llegada de las mujeres al mercado de trabajo ha aumentado considerablemente la proporción de los cotizantes, y la población ha aumentado más que nunca gracias a la llegada de inmigrantes, que alimentan directamente la población en edad de trabajar... La necesidad de recortar ahora las pensiones se argumenta con proyecciones de gasto a treinta o más años vista, pero no contemplan para el futuro lo que ha sucedido hasta ahora: que la llegada de de inmigrantes ha suplido con holgura la escasez de autóctonos... Si, por razones demográficas, las empresas no pudieran cubrir sus necesidades de mano de obra, las consecuencias para España serían desastrosas y superarían ampliamente el ámbito de las pensiones. Es por lo tanto necesario que se elaboren proyecciones demográficas que tengan en cuenta el mercado de trabajo como determinante de los flujos de llegada de inmigrantes, para poder estimar con mayor exactitud el porcentaje del PIB que se prevé dedicar al pago de las pensiones en los próximos años (Juan Antonio Fernández Cordón, Un. París)

 "El debate sobre un supuesto “problema de las pensiones”, que promueven los bancos y las aseguradoras, a través de sus servicios de estudio y de una cohorte de expertos ligados a estos organismos, lleva muchos años presente en España y en otros países. Desde mediados de los años noventa vienen vaticinando la inminente ruina del sistema público, por una causa casi única: el envejecimiento demográfico. Como es fácil de constatar, esta profecía no se ha cumplido en España. Pero esto no impide que sigan intentando alarmar a la población con el mismo anuncio, ahora expresado como “necesidad de garantizar la sostenibilidad futura del sistema”. Este discurso catastrofista se mantiene, a pesar de que la realidad lo desmiente, en gran parte por la enorme capacidad de difusión de la que disponen los interesados en recortar las pensiones públicas, pero también porque no existe un discurso alternativo articulado que justifique el sistema actual y que desmonte la falsedad de los argumentos del lobby recortador. Para desarrollar esa alternativa es necesario reflexionar y actuar en tres direcciones principales: una profundización teórica del sistema público de reparto que sustituya la referencia implícita al sistema de capitalización que fundamenta la mayoría de las críticas y propuestas, un análisis de las proyecciones de gasto que deje claro el modesto papel que juega la demografía en el futuro del sistema y restablezca la importancia de la evolución del mercado de trabajo y de la distribución de la riqueza y, finalmente, sería conveniente artícular fórmulas políticas y legales para blindar las pensiones y ponerlas al abrigo de posibles reformas draconianas, como la de 2013, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP.

¿Qué es un sistema de reparto?

Es cada vez más habitual referirse a este sistema, que es el más antiguo y el más extendido en el mundo, como una forma incompleta y no eficiente, del sistema de capitalización. Así, se le designa, en inglés, como “unfunded system” en oposición negativa a los sistemas de capitalización que son “funded system”. El primero no estaría respaldado por ningún activo financiero, mientras el segundo sí lo está, lo que le otorgaría, según esta visión, mayor garantía. Lo primero que hay que decir es que cualquier sistema de pensiones es una forma, socialmente organizada, de transferir recursos de los activos actuales a los jubilados actuales. No existe, en la práctica, ninguna manera de organizar individualmente el traspaso de recursos de la edad activa al período de jubilación: Robinson no hubiera llegado a viejo en su isla. De manera que hay que preguntarse qué principios y qué mecanismos utiliza cada sistema de pensiones para organizar esta transferencia de recursos. La base de la modalidad de reparto es bien conocida: las cotizaciones de los trabajadores sirven para pagar las pensiones de los jubilados en cada momento, en nombre de la solidaridad entre generaciones. Es el sistema más parecido al que imperaba en las familias extensas donde los mayores se beneficiaban de los recursos aportados por los más jóvenes. Cuando cambió el modelo de familia, intervino el Estado, como intermediario y garante, ingresando las contribuciones de los que trabajan y repartiéndolas a los jubilados. El sistema resultante es contributivo, no porque cada uno ahorre para su pensión futura, sino porque contribuye, en la medida de sus posibilidades (salario), a aportar recursos a los mayores. El importe de la pensión que recibe el jubilado está relacionado con su contribución anterior, pero no determinado mecanicamente por ella, lo que permite introducir una cierta dosis de redistribución en el sistema. Su sostenibilidad financiera depende de la evolución del monto cotizado frente al gasto en pensiones de cada año. Suponiendo que la tasa de cotización sea la adecuada para los parámetros estructurales del sistema, importa la situación del mercado de trabajo y el reparto del PIB entre rendimientos del capital y rendimientos del trabajo, ya que solo de estos últimos salen las cotizaciones. Por su parte, el sistema de capitalización se basa en la compra por los trabajadores de activos financieros con la intención de venderlos a los trabajadores que existan cuando a ellos les llegue la hora de jubilarse. Admitiendo que, en aquel momento, seguirá existiendo un mercado de títulos financieros, se plantean tres tipos de incertidumbre. El primer peligro sería colocar sus ahorros en un activo equivocado, cuya cotización habrá disminuído cuando llega el momento de venderlo. Por ello existen fondos de pensiones que permiten diversificar los activos y diluir ese riesgo entre todos los partícipes, aunque las comisiones de gestión y el beneficio de las entidades gestoras suponen un coste para el ahorrador. El segundo peligro es que el momento de la jubilación coincida con un período de crisis o, simplemente, un momento bajo del ciclo económico, que provoque una disminución generalizada del valor de los activos financieros. El tercer peligro es que el ahorrador viva más de lo que había previsto y tenga que estirar el capital acumulado o asumir el coste de una renta vitalicia. En los modelos basados en la capitalización, todos los riesgos son asumidos por el jubilado. Las ventajas que se les atribuyen son que promueven el ahorro y que los activos que los respaldan son inversiones que favorecen el crecimiento económico, aunque no necesariamente en el país del ahorrador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, cuando un sistema de capitalización alcanza su regimen de crucero, su funcionamiento no difiere mucho del de un sistema de reparto: las aportaciones de un año compensan lo que se paga a los jubilados de ese año. La diferencia es que un sistema de capitalización habrá acumulado un capital que proviene del tiempo que media entre las aportaciones de los primeros partícipes y el pago de las pensiones correspondientes. Durante aproximadamente cuarenta años, este sistema ingresa sin tener que pagar, lo que le impide, en la práctica, sustituir fácilmente a un sistema de reparto en funcionamiento, pero explica que exista un capital acumulado que genera intereses y, eventualmente, plusvalías, que se añaden a la pensión que recibirá el ahorrador (lo que no deja de ser una forma de detraer recursos existentes, por otras vías).

Estas son algunas de las cuestiones en las que sería necesario profundizar para poder analizar el sistema público actual según su propia lógica y no asimilandolo a otro distinto, que ni siquiera se describe tal como es en realidad.

¿Es insostenible el sistema actual?

El diagnóstico de no sostenibilidad se apoya en la evolución demográfica proyectada, sin entrar en los mecanismos concretos por los que se transmiten los cambios demográficos al equilibrio financiero del sistema público. En general, se invoca simplemente la llamada “ratio de dependencia”, un indicador puramente demográfico que relaciona la población en edad de trabajar (habitualmente de 16 a 65 años) con la que ya ha cumplido los 65 años. De su evolución, se deriva la conclusión de que habrá cada vez menos cotizantes por cada pensionista. Se olvida de que no todos los que tienen edad de trabajar están efectivamente ocupados y cotizando y de que existe margen para que se mantenga o incluso aumente el número de ocupados, aunque disminuya la población en edad de trabajar. Por ejemplo, la llegada de las mujeres al mercado de trabajo ha aumentado considerablemente la proporción de los cotizantes entre los que tienen edad de trabajar y la reducción del paro tiene un efecto similar. Se olvida también de que, a pesar de que hace cuarenta años que la natalidad en España no basta para renovar la población, esta ha aumentado más que nunca gracias a la llegada de inmigrantes, que alimentan directamente la población en edad de trabajar. La “ratio de dependencia” no tiene tampoco en cuenta que una parte de los mayores no depende del sistema de pensiones y que sus recursos pueden provenir de prestaciones llamadas no contributivas, que se pagan con cargo a los ingresos generales del Estado. Un único factor demográfico es relevante para el gasto en pensiones: el aumento de la esperanza de vida de los jubilados. En un sistema de capitalización, como lo es el sistema de cuentas nocionales, por ejemplo, el riesgo de vivir más de lo esperado recae sobre el jubilado, que verá mermada su pensión mensual. Es necesario abrir una reflexión sobre la mejor manera de hacer frente a los costes de este aumento de nuestros años de vida, sin olvidar que es el fruto de un proyecto social de mejora general, que no tienen por qué pagar solo los jubilados, ni olvidar tampoco sus beneficios, que son muchos.

La necesidad de recortar ahora las pensiones se argumenta con proyecciones de gasto a treinta o más años vista. Las que se publican en el Ageing Report, un informe de la Comisión Europea, subestiman considerablemente la capacidad productiva futura de nuestra economía, al transmitir mecanicamente la disminución de la población en edad de trabajar que anuncian las proyecciones demográficas, a la población efectivamente ocupada. No contempla para el futuro lo que ha sucedido hasta ahora: que la llegada de de inmigrantes ha suplido con holgura la escasez de autóctonos. De hecho, es más bien la población ocupada, que depende de la demanda de las empresas, la que determina la población en edad de trabajar, por la llegada de inmigrantes, y no al revés. Si, por razones demográficas, las empresas no pudieran cubrir sus necesidades de mano de obra, las consecuencias para España serían desastrosas y superarían ampliamente el ámbito de las pensiones. Es por lo tanto necesario que se elaboren proyecciones demográficas que tengan en cuenta el mercado de trabajo como determinante de los flujos de llegada de inmigrantes, para poder estimar con mayor exactitud el porcentaje del PIB que se prevé dedicar al pago de las pensiones en los próximos años.

Prevenir reformas futuras indebidas.

Podemos anticipar actualmente tres niveles de amenaza para el futuro. En lo inmediato, existe la posibilidad de que la Comisión Europea obligue a realizar un ajuste, si prevalecen las proyecciones del Ageing Report que, como ya se ha visto, se basan en supuestos erróneos sobre la economía española. Más adelante, de aquí a unos dos años, la posibilidad de un cambio de mayoría política abriría la puerta a reformas, llamadas paramétricas, para modificar la edad de jubilación, el cálculo de la pensión inicial (alterando el período de cómputo de la base reguladora o introduciendo un factor para disminuirla si aumenta la esperanza de vida) y la fórmula de revalorización anual. Finalmente, a medio plazo, las entidades financieras y su entorno académico proponen con insistencia la implantación del sistema de cuentas nocionales, que tiene todos los inconvenientes para los trabajadores de un sistema de capitalización, con el agravante de que incluye mecanismos automáticos para eliminar, antes de que se produzcan, los déficits eventuales anticipados, mediante una disminución de las pensiones, tanto las que se están pagando en ese momento, como las futuras.

Las pensiones representan un frente de batalla importantísimo. El extraordinario empeño por reducirlas se debe, en primer lugar, a que son el elemento de la retribución de los trabajadores que, hasta ahora, mejor ha resistido la presión a la baja, al contrario de los salarios, que llevan en España veinticinco años congelados en términos reales, y, en segundo lugar, que un sistema público con simples pensiones de subsistencia, favorecería sobremanera el gran negocio de los fondos privados, del que se benefician los bancos y las aseguradoras.

La única forma, o al menos la más eficaz, de prevenir estos peligros sería incluir en nuestra Constitución una serie de restricciones a eventuales reformas del sistema público. En su defecto, sería posible plantear una Ley Orgánica de Pensiones renovada, en la que figuren los mecanismos necesarios, y las restricciones a reformas eventuales, para asegurar la sostenibilidad social del sistema. El objetivo sería la garantía de una pensión digna, que permita al jubilado mantener su nivel de vida anterior, teniendo en cuenta la nueva situación, lo que podría traducirse en fijar la pensión inicial utilizando una tasa de reemplazo calculada en función de los ingresos anteriores y de la posible disminución de las necesidades en la situación de jubilado. De esta manera, la tasa de sustitución de ingresos pasaría a ser un parámetro esencial en el sistema de reparto, que permitiría valorar el impacto de cualquier reforma y sería el objeto principal de la negociación entre las partes implicadas.

Conclusión

El debate en torno a las pensiones va a seguir y la ofensiva contra el sistema público se acrecienta en España debido a que la serie de reformas promovidas por el actual gobierno de coalición han tenido, por primera vez, más en cuenta el interés de los que se jubilan que el de las entidades que buscan hacer negocio. Frente a los medios de que disponen los partidarios de reformas a la baja, que han conseguido que sus tesis se erijan en pensamiento dominante, si no único, es necesario elaborar un discurso a la vez crítico y propositivo. Los comentarios anteriores se enmarcan en los tres ejes principales que, en nuestra opinión, deben estructurar un discurso progresista sobre las pensiones. A la incesante marea de estudios y opiniones que pretenden demostrar que el sistema no es sostenible y, por tanto, que es necesario reformarlo reduciendo el gasto, debe oponerse un discurso coherente, bien argumentado y apoyado en hechos, que no esté contaminado por los intereses del mundo financiero y, al contrario, tenga en cuenta con claridad el objetivo de una pensión digna para todos y elementos tan importantes como la evolución del reparto de la renta y de la riqueza y el aumento inquietante de las desigualdades." 

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26.11.25

El mensaje cala: los mayores serían los culpables de la pobreza y precariedad juvenil... emerge la culpabilidad de las pensiones y de los pensionistas... pero la desigualdad creciente no es fundamentalmente un problema entre generaciones, sino entre distintas posiciones en la estructura de clases ¿Y si la brecha intergeneracional está en otro lugar —uno mucho más incómodo de mirar— y poco o nada tiene que ver con las pensiones? La desigualdad creciente en las rentas medias no nace del sistema de pensiones, sino del propio funcionamiento del mercado laboral. Si es un fenómeno que se repite en todas las economías avanzadas, la acusación al sistema de pensiones español pierde fundamento... no se trata de un problema nacional ni de las pensiones, sino de un fenómeno internacional ligado a las dinámicas del mercado laboral... El problema no está en lo que se ha mantenido estable —la revalorización de las pensiones medias para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo—, sino en lo que ha dejado de funcionar: un mercado laboral capaz de garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los trabajadores... la desigualdad es mucho mayor cuando miramos por clase social que cuando lo hacemos por edad. Y, en realidad, es puro sentido común: un joven directivo o profesional cualificado gana bastante más que un trabajador manual no cualificado de sesenta años o ya jubilado... Lo sorprendente es, por tanto, el peso mediático que recibe el conflicto entre generaciones —que existe, sí, pero refleja promedios de grupos muy heterogéneos— y el silencio mucho más doloroso sobre las diferencias entre clases sociales.... entre 2002 y 2008 todas las familias con propiedades inmobiliarias vieron cómo su riqueza se multiplicaba como efecto del boom inmobiliario... Este fenómeno explica que «los mayores de 75 años han incrementado de forma sostenida su participación en la riqueza total, pasando de aproximadamente un 8,3% en 2002 a un 18,3% en 2022»... pero el 10% de los hogares más ricos concentran más del 50% de la riqueza en España... No son los jubilados los que devoran a los jóvenes, sino un sistema que permite que la riqueza se concentre arriba mientras el resto se pelea por las migajas... No son los ‘boomers’, los viejos, los ancianos, los jubilados, es el capitalismo (Alberto Garzón Espinosa)

 "El exdirigente de extrema derecha Juan García-Gallardo, de 34 años, ha declarado que «la generación boomer está impidiendo la prosperidad de los jóvenes». Los boomers —los que hoy tienen entre 61 y 79 años— son, en su mayoría, jubilados. El ultraderechista no está solo: la periodista de El País Estefanía Molina, también de 34, asegura que «los pensionistas están devorando a sus hijos». Y Analía Plaza, de 36, acaba de publicar La vida cañón, un libro que apunta a los boomers como «el grupo por edad con mayor riqueza del país» y que describe su vida como más cómoda, más fácil, más segura que la de sus padres o la de sus hijos.

El mensaje cala: los mayores serían los culpables de la pobreza y precariedad juvenil. Pero esa lectura es una trampa, como la ha definido el periodista Carlos Sánchez, de 69 años y mucho más escéptico respecto a este relato. En realidad, los datos avalan que la desigualdad creciente no es fundamentalmente un problema entre generaciones, sino entre distintas posiciones en la estructura de clases. No son los jubilados los que devoran a los jóvenes, sino un sistema que permite que la riqueza se concentre arriba mientras el resto se pelea por las migajas.

El debate tiene dos niveles: uno de diagnóstico y otro propositivo. Respecto al segundo, la mayoría de los análisis culmina con una crítica devastadora al sistema de pensiones públicas, considerado como excesivamente generoso. Molina, por ejemplo, justifica que los jóvenes piensen, según ella, que «es un despropósito la indexación de todas las pensiones a un IPC desbocado» y sugiere que la necesidad de rentas de los nuevos jubilados «quizás no es tan elevada». El economista Gonzalo Bernardos, de 62 años y habitual en los medios de comunicación, ha subrayado que «lo de la generosidad de las actuales pensiones es imposible de mantener», mientras que Plaza concluye sobre las pensiones públicas que «ahora mismo el debate está en que no hay dinero suficiente para pagarlas».

Estas críticas parten de un diagnóstico cada vez más compartido: la existencia de una creciente brecha intergeneracional en España. En los últimos meses, dos trabajos sólidos y completos han apuntado en esa dirección: el informe de J. Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez para Fedea, centrado en la riqueza, y el informe de Javier Martínez Santos y Jorge Galindo para EsadeEcPol, que aborda tanto renta como riqueza. A partir de este diagnóstico emerge –por parte de otros actores, como los citados más arriba– la culpabilidad de las pensiones y de los pensionistas. Pero ¿y si ese diagnóstico no justifica realmente la crítica al sistema de pensiones? ¿Y si la brecha intergeneracional está en otro lugar —uno mucho más incómodo de mirar— y poco o nada tiene que ver con las pensiones? ¿Y si más que la edad lo que determina la desigualdad y nuestras posibilidades es la clase social?

La desigual evolución de la renta

El núcleo del diagnóstico tradicional suele resumirse en un mismo gráfico: la evolución de las rentas netas medias desde 2008. Este indicador, utilizado con ligeras variaciones por la mayoría de los analistas, sirve de base para argumentar la existencia de una creciente brecha generacional que se sostiene principalmente por el enriquecimiento muy superior de las generaciones mayores de 65 años. (...)

Como se puede observar, el grupo de más de 65 años (línea en amarillo oscuro) era el tercero con mayor renta media en el año 2008, pero desde el año 2013 es el primero. Es decir, desde que empezaron a jubilarse los boomers, el grupo de más de 65 años pasó a ser el que disfrutaba de mayor renta en España. El estudio de EsadeEcPol usa estos mismos datos para llegar a la conclusión de que «los mayores de 65 experimentan ingresos medios sustancialmente más elevados en 2024 respecto a 2008, unos 2.500 € más, superando en promedio a todos los grupos de edad más jóvenes». También emplea esos datos el siempre atento Kiko Llaneras, en su artículo «¿Jóvenes contra boomers?», aunque en este caso usando la mediana (más adecuada que la media). El problema es que la elección respecto del indicador, al que recurren todos ellos, es incorrecta.

Ese famoso gráfico mide la renta media per cápita, lo que implica dividir el ingreso del hogar entre el número de miembros. Eso genera un sesgo por tamaño de hogar y heterogeneidad de las rentas dentro de cada grupo, al considerar la aportación de todos los miembros por igual. Por esa razón Eurostat considera por defecto otra forma de medirlo: la renta media por unidad de consumo, que asigna a cada miembro del hogar una ponderación establecida por la OCDE. Si recurrimos a este otro indicador, mucho más adecuado, las tendencias se mantienen, pero la fotografía cambia: (...)

Ahora en ningún momento los mayores de 65 años son el grupo con más renta media. Sigue existiendo un crecimiento de las rentas de este grupo durante los años de crisis, mientras la del resto de los grupos descendía, pero el cambio es mucho más modesto que en la medición anterior. La recuperación tras 2015 se presenta similar y solamente en los últimos años el ritmo de crecimiento de la renta media de los mayores de 65 años es superior. Con todo, en esta nueva fotografía los boomers no parecen ni tan extraordinarios ni tan culpables.

De hecho, lo que observamos no es ninguna anomalía. Las rentas laborales de los trabajadores siempre se mueven al compás del ciclo económico: caen cuando el PIB se contrae y suben cuando la economía se recupera. Son, por naturaleza, endógenas a la actividad. Por el contrario, las transferencias públicas, como las pensiones, no siguen ese vaivén: dependen de decisiones políticas y, por tanto, se comportan de forma más estable. Esa diferencia permitió sostener la demanda agregada durante las recesiones, pero también modificó la distancia entre las rentas medias de unas generaciones y otras.

De este modo cabe argüir que el problema no está en el nivel de las pensiones —que han evolucionado de manera bastante regular y predecible—, sino en el golpe asimétrico que las crisis económicas propinaron a los jóvenes. La precariedad y la inestabilidad laboral hicieron que fueran los primeros expulsados del mercado de trabajo y los últimos en recuperar sus condiciones previas. Los trabajadores de más edad también sufrieron, pero menos, y esa desigualdad en la exposición a la crisis amplió las brechas de renta entre generaciones.

A la diferencia entre la renta de los jóvenes y la de otros grupos la llamamos “brecha intergeneracional”, y puede medirse mediante una ratio: cuando esta aumenta, también lo hace la distancia entre generaciones. Para hacerlo he utilizado distintas fuentes estadísticas, con metodologías algo diferentes, pero todas expresando la misma tendencia: (...)

La línea amarilla expresa la ratio entre la renta del grupo de personas de más de 65 años (al que he llamado ‘jubilados’) y la renta del grupo de los jóvenes, y como hemos visto ya antes, tanto en INE (renta media por unidad de consumo) como Eurostat (renta mediana) es positiva desde 2012. Ese es el momento en el que el grupo de jubilados supera en renta media a los jóvenes. Por otro lado, en INE (renta media per cápita) y LIS (renta media por unidad de consumo) las rentas medias del grupo de jubilados siempre han estado por encima de las de los jóvenes, pero desde 2010 lo han estado mucho más.

La novedad de este gráfico es la incorporación de una nueva ratio (línea azul), que compara las rentas del grupo de 50 a 64 años o trabajadores en su etapa laboral final —a los que denomino ‘seniors’— con las de los jóvenes. Los resultados son reveladores. Salvo en los datos del INE (renta per cápita), en todas las demás fuentes esta ratio es superior a la anterior. Dicho de otro modo: la verdadera brecha generacional no se da entre jóvenes y pensionistas, sino entre jóvenes y quienes están en la fase final de su carrera laboral. Si tienes 30 años, tu diferencial con un trabajador de 60 es mayor que con un jubilado de 70.

Los datos de The Luxemburg Income Study (...) refuerzan esta idea. Su metodología está armonizada para permitir comparaciones a nivel internacional, y de ahí las ligeras diferencias con EU-SILC e INE. Usando los datos de LIS, Gabriele Guaitoli y Roberto Pancrazi analizaron la brecha intergeneracional en medio centenar de países y hallaron un patrón claro: la brecha crece en todas las economías ricas, y lo hace especialmente entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y los trabajadores seniors. En otras palabras, la desigualdad creciente en las rentas medias no nace del sistema de pensiones, sino del propio funcionamiento del mercado laboral. Si es un fenómeno que se repite en todas las economías avanzadas, la acusación al sistema de pensiones español pierde fundamento.

En este sentido, gran parte del diagnóstico sobre la brecha generacional en rentas sigue siendo válido, pero el foco debe desplazarse: no se trata de un problema nacional ni de las pensiones, sino de un fenómeno internacional ligado a las dinámicas del mercado laboral. Por eso, muchos de los discursos anti-pensiones que escuchamos a diario parten de un diagnóstico equivocado. El problema no está en lo que se ha mantenido estable —la revalorización de las pensiones medias para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo—, sino en lo que ha dejado de funcionar: un mercado laboral capaz de garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los trabajadores.

Si queremos evaluar las causas profundas de la desigualdad, es mucho más apropiado mirar la posición de clase. El análisis de clase perdió fuerza en los años noventa, pero está recuperando protagonismo en las últimas décadas. Un reciente estudio para la Comisión Europea realizado por un equipo estupendo de investigadores españoles ha puesto de relieve la importancia de mirar a la clase como factor diferencial. Para destacar su importancia en este debate, he construido una clasificación de clases sociales utilizado los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y he comparado la desigualdad de clase con la de edad. Este es el resultado: (...)

Como puede ver a simple vista, la desigualdad es mucho mayor cuando miramos por clase social que cuando lo hacemos por edad. Y, en realidad, es puro sentido común: un joven directivo o profesional cualificado gana bastante más que un trabajador manual no cualificado de sesenta años o ya jubilado (a estos últimos, jubilados o desempleados, les he asignado la clase correspondiente a su último empleo). Lo sorprendente es, por tanto, el peso mediático que recibe el conflicto entre generaciones —que existe, sí, pero refleja promedios de grupos muy heterogéneos— y el silencio mucho más doloroso sobre las diferencias entre clases sociales.

Ahora bien, como subrayan con acierto los informes de EsadeEcPol y, con particular brillantez, el de Fedea, hay otra brecha igual o más preocupante y aún más estructural: la de la riqueza.

Desigualdad de riqueza

En condiciones normales, la riqueza se hereda o es el producto de la acumulación de rentas, por lo que una gran desigualdad de estas últimas apunta a una creciente desigualdad de riqueza –en ausencia de políticas redistributivas eficaces. En España, además, se da la circunstancia de que el patrimonio principal de la mayoría de los hogares es la vivienda, cuyo acceso no sólo depende de las rentas y la riqueza sino también de la ‘suerte’: aquellas familias que pudieron acceder a una vivienda cuando el mercado inmobiliario era asequible disfrutan hoy de una riqueza que se presenta inalcanzable para las generaciones actuales.

Como explican Conde-Ruíz y García-Rodríguez, entre 2002 y 2008 todas las familias con propiedades inmobiliarias vieron cómo su riqueza se multiplicaba como efecto del boom inmobiliario. Por ejemplo, las personas entre 55 y 64 años llegaron a ver aumentada su riqueza un 67,4%. Ese es el componente de ‘suerte’, que favoreció particularmente a las personas que adquirieron viviendas en los noventa. Aunque la crisis de 2008-2014 desvalorizó esas viviendas –y, por lo tanto, su riqueza–, la recuperación económica posterior está siendo una carrera desigual entre grupos de edad: algunos comenzaron teniendo ya vivienda, adquirida cuando era asequible y en general ya sin deudas hipotecarias, y otros grupos –como los jóvenes– o bien no pueden adquirirlas o bien lo hacen a costa de un endeudamiento enorme. Actualmente tienen una propiedad inmobiliaria el 60% de los mayores de 65 años, frente a poco más del 20% de los menores de 35 años.

Este fenómeno explica que «los mayores de 75 años han incrementado de forma sostenida su participación en la riqueza total, pasando de aproximadamente un 8,3% en 2002 a un 18,3% en 2022», como recuerda el citado informe de Fedea. Al mismo tiempo, «los menores de 35 años han reducido de forma continua su peso en la riqueza neta total, pasando de 8,2% en 2002 a apenas 2,1% en 2022, lo que indica crecientes dificultades para acceder a la propiedad o construir patrimonio desde edades tempranas». Además, con mayor patrimonio y rentas es más fácil acumular nuevos activos (otras propiedades, productos financieros, etc.), lo que ayuda a explicar por qué los mayores de 65 años tienen de promedio más de 2 propiedades frente a menos de un 0,5 para el caso de los menores de 35 años.

Todas estas desigualdades entre generaciones son grandes y evidentes. Pero, como ocurría con el caso de la renta, ocultan otros fenómenos aún más importantes. Al fin y al cabo, las variables de edad no pueden explicar lo que el informe de Fedea pone negro sobre blanco: «el 1% más rico ha concentrado de forma sostenida una fracción significativa del patrimonio total –en torno al 21,1% en 2022– seguido de los percentiles 91-99, cuya participación también ha aumentado en los últimos años hasta el 32,6%». Esto es lo mismo que decir que el 10% de los hogares más ricos concentran más del 50% de la riqueza en España. La contracara es que la mitad más pobre de la población española solo tiene un 7,1% de la riqueza patrimonial total en España.

¿Qué está pasando aquí? Sencillamente que la desigualdad de riqueza está aumentando por mecanismos endógenos que, de nuevo, nada tienen que ver con las pensiones ni con las transferencias públicas. Al margen de la dinámica del mercado laboral (donde ya vimos que las clases altas reciben significativamente mejores rentas), los hogares más ricos –y las personas que viven en ellos– tienen muchas más oportunidades para enriquecerse aún más. Lo hacen a través de la adquisición de otras propiedades inmobiliarias (para obtener rentas por alquileres, especulación, etc.) y de productos financieros que ofrecen rendimientos fáciles.

Hace unas semanas, el nuevo dirigente británico del partido verde, Zack Polanski, atrajo gran atención mediática al denunciar en un vídeo –magnífico, por cierto– que había gente que se enriquecía mientras dormía, en oposición a quienes viven de las rentas laborales y apenas lograban conciliar el sueño. Lo que Polanski estaba señalando es lo que hace diez años Thomas Piketty denominó capitalismo patrimonial –y que en otros lugares se ha llamado “capitalismo rentista”–. Es decir, un sistema institucional en el que la desigualdad de renta y de riqueza se refuerzan mutuamente cuando el Estado no interviene para corregirlas. En la actualidad esta dinámica está alimentada por una economía profundamente financiarizada y en la que vivienda funciona como un activo especulativo más.

En España los datos más fidedignos a los que podemos recurrir para medir este fenómeno son también los de la Encuesta de Condiciones de Vida. Según su última publicación, un 16% de los hogares (unos tres millones) reciben ingresos por el alquiler de propiedades y un 32% (unos seis millones) reciben rentas del capital en forma de intereses, dividendos, etc. Estos componentes de la renta son los que he definido como “cuota rentista”, ya que se trata de ingresos que “caen del cielo” solo por el sencillo hecho de tener propiedades. Pero, claro, ahí se incluye al que alquila una vivienda en un pueblo rural para obtener unos pocos ingresos complementarios, y el multipropietario que se permite vivir a cuerpo de rey gracias únicamente a esa actividad. Así que la pregunta es: ¿cómo se distribuye en la sociedad esta cuota rentista?

Por no alargarme más, iré al grano: es captada en su mayoría por los más ricos. Prácticamente la mitad de los ingresos por alquiler del año 2024 fueron captados por el 20% de los hogares más ricos de España, quienes también se hicieron con el 65% de los ingresos derivados de intereses, dividendos y otros productos financieros. Por el contrario, el 60% más pobre de los hogares España no captura ni el 30% de los ingresos de alquiler y ni el 20% de las rentas del capital. Estos datos son coherentes con los de la Encuesta Financiera de las Familias analizados en el informe de Fedea, que demuestran una muchísimo mayor presencia de activos financieros entre las familias más ricas.

Por otro lado, cuando pasamos a observar la distribución de los ingresos rentistas por edad o clase social tenemos que hacer el análisis a nivel individual y no de hogares. En este caso no tiene sentido medir la concentración, porque cada grupo está formado por un número distinto de personas (por ejemplo, hay muchos más jubilados y trabajadores no manuales). Sin embargo, podemos medir la prevalencia, es decir, el porcentaje de personas dentro de cada grupo que dispone de ingresos rentistas (por alquiler o por rentas del capital). El gráfico resultante es coherente con el análisis hasta ahora:

Como se puede observar, son las clases altas (profesionales y directivos) los que disponen en mayor medida de ingresos rentistas, mucho más que los trabajadores no cualificados o trabajadores manuales. Y desde luego, la desigualdad entre clases es mucho más pronunciada que entre grupos de edad, donde también esperábamos encontrar una mayor proporción de ingresos rentistas entre los grupos mayores (porque debido al ciclo vital son capaces de acumular más activos desde los que extraer ingresos rentistas).

 ( Alberto Garzón Espinosa, eldiario.es, 25/11/25, gráficos en el original)

20.11.25

Se viene difundiendo reiteradamente la idea de que nuestro sistema de pensiones es excesivamente generoso, con el argumento de que los pensionistas reciben bastante más de lo que aportaron, proponiendo que es necesario rebajar las pensiones, si queremos que el sistema sea justo y sostenible a largo plazo... Sin embargo, estas tesis realmente no son ciertas y los datos demuestran que nuestro sistema de pensiones contributivas es sostenible, solidario y equilibrado en el largo plazo... Para verificarlo hemos cuantificado el valor actual de las cotizaciones de los trabajadores/as que se jubilan en 2025 y las hemos comparado con el valor actual de las pensiones que van a percibir, ellos y sus beneficiarios (por viudedad, orfandad y en favor de familiares) durante los años de su esperanza de vida... La comparativa confirma que los valores son prácticamente equivalentes... El indicador que mide esta equivalencia (Factor de Equidad Actuarial) es 1,01, lo que revalida que el sistema está equilibrado. Es decir, da en pensiones aproximadamente el mismo valor que lo aportado en cotizaciones, por lo que es plenamente sostenible (Fernando de Miguel Lázaro)

 "Numerosos informes y artículos de opinión vienen difundiendo reiteradamente la idea de que nuestro sistema de pensiones es excesivamente generoso, con el argumento de que los pensionistas reciben bastante más de lo que aportaron, proponiendo que es necesario rebajar las pensiones, si queremos que el sistema sea justo y sostenible a largo plazo.    

Sin embargo, estas tesis realmente no son ciertas y los datos demuestran que nuestro sistema de pensiones contributivas es sostenible, solidario y equilibrado en el largo plazo.

Es más, el sistema, con sus últimas reformas, consigue fortalecer estos objetivos, incluso a pesar de que los importantísimos superávits que produjo en el periodo 1977-2011 no se guardaron para la atención de las pensiones futuras, que era su finalidad, sino que se incorporaron a los Presupuestos Generales para financiar las necesidades generales. De hecho, ésta es la razón principal de los déficits actuales, con independencia de su equilibrio a largo plazo (1).

Para verificarlo hemos cuantificado el valor actual de las cotizaciones de los trabajadores/as que se jubilan en 2025 y las hemos comparado con el valor actual de las pensiones que van a percibir, ellos y sus beneficiarios (por viudedad, orfandad y en favor de familiares) durante los años de su esperanza de vida, estableciendo hipótesis sobre la evolución económica y demográfica futura basadas en datos de periodos largos que abarcan distintas coyunturas.

Se ha tenido en cuenta las cotizaciones de los jubilados con 65 años y un mínimo 38,5 años cotizados, las de jubilación ordinaria de 66,7 años y las de las jubilaciones anticipadas o por invalidez, teniendo en cuenta sus años medios de cotización. También, a los que cotizaron con una base mayor a la pensión máxima, a los que les correspondería una pensión mayor, pero reciben la pensión máxima y, por tanto, contribuyen solidariamente.

En el cálculo de las pensiones, se ha tenido en cuenta la esperanza de vida separadamente de hombres y mujeres, para recoger las pensiones de viudedad, en general de mujeres, por su mayor esperanza de vida, así como las de orfandad o en favor de familiares, ambas de importes poco significativos.

La comparativa confirma que los valores son prácticamente equivalentes, como se detalla en el cuadro adjunto. El indicador que mide esta equivalencia (Factor de Equidad Actuarial) es 1,01 (2), lo que revalida que el sistema está equilibrado. Es decir, da en pensiones aproximadamente el mismo valor que lo aportado en cotizaciones, por lo que es plenamente sostenible.

El sistema es algo menos generoso con quienes han tenido carreras largas e ininterrumpidas de cotización, especialmente si cotizaron por encima de la pensión máxima y más generoso con quienes sufren una incapacidad permanente o tienen carreras cortas o lagunas de cotización, pero, en conjunto, el sistema, además de solidario, es sostenible y está actuarialmente equilibrado.

Debe remarcarse que no se incluye en estos cálculos las modificaciones de la reforma de 2023, que fortalecen la sostenibilidad del sistema de pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la Cuota de Solidaridad y los incentivos para incrementar los años de cotización. 

Y si esto es así, ¿por qué intentan, casi a diario, convencernos de lo contrario?

Además del carácter interesado que puedan tener muchos informes y opiniones, algunos se presentan como estudios técnicos independientes y fiables, como el que publicó hace unos meses el Instituto de Actuarios Españoles (3). Estas publicaciones exigen un especial análisis crítico, porque son la base para artículos periodísticos o declaraciones, que difunden, sin revisión suficiente, sus conclusiones.

Este estudio de los actuarios está realizado sobre una muestra de individuos tipo que también se jubilan en 2025, con cotización ininterrumpida y bases medias de cotización, pero llegan a un Factor de Equidad Actuarial de 1,61. Es decir, que, aparentemente, los jubilados recibirían la equivalencia de 1,61 euros de pensión por cada euro cotizado (un 61% más). Así, según este estudio, la pensión media de jubilación actual de 1.506€, debería rebajarse hasta los 935€ para ser equilibrada (?).

Estas conclusiones se presentan como una verdad matemática irrefutable, anticipo del colapso del sistema público de pensiones, que sufrirán las generaciones más jóvenes.

Pero, claramente, estas conclusiones no son ciertas.

Por un lado, se sostiene que el crecimiento del PIB en el futuro será muchísimo más bajo (poco más de la mitad) que el crecimiento medio de los últimos cuarenta años, pese al notable crecimiento actual, por un supuesto estancamiento poblacional, en contradicción con el fuerte crecimiento existente y las proyecciones del INE, que estima un crecimiento poblacional sostenido. Esta hipótesis, totalmente forzada, incrementa injustificadamente el desequilibrio que plantean.

Por otro lado, a pesar de que la muestra, como hemos dicho, es solo de individuos que se jubilan en 2025 habiendo cotizado de forma ininterrumpida y con bases medias de cotización y se les estima la esperanza de vida media de hombres y mujeres, sin embargo, para calcular sus pensiones solo se tienen en cuenta el 57,7% de sus cotizaciones, para llegar finalmente a la conclusión de que reciben un 61% más por cada euro cotizado.

Justifican esta decisión en que solo analizan la “contingencia de jubilación” y no el resto de las pensiones (invalidez, viudedad, orfandad y familiares) y por eso solo aplican un porcentaje de lo cotizado, igual al porcentaje del gasto en pensiones de jubilación sobre el gasto total de pensiones que, según ellos, es del 57,7% (4).

Sin embargo, este razonamiento carece totalmente de sentido, puesto que los componentes de esta muestra, tal como está efectuada, no van a percibir pensión de invalidez, es sumamente improbable que sus posibles beneficiarios perciban las de orfandad o de familiares, ni tampoco las de viudedad, porque se ha calculado la duración de la pensión según la supervivencia media de hombres y mujeres. Por lo tanto, la parte de las cotizaciones no tenidas en cuenta (casi la mitad) no percibirán prácticamente ninguna contraprestación.

Esta inconsistencia no se tiene en cuenta en este estudio. Si se tuviera en cuenta el efecto de la totalidad de las cotizaciones, su Factor de Equidad Actuarial en lugar de ser el 1,61 que establecen, sería inferior a la unidad, desmontando el argumento, El estudio presenta, por tanto, una visión claramente sesgada e induce al lector a posiciones totalmente erróneas.

En conclusión, la única forma razonable de validar la equidad de nuestras pensiones contributivas es comparar la totalidad de las cotizaciones y las prestaciones de sus usuarios, como se ha detallado más arriba, lo que da como resultado que el sistema es solidario, sostenible y equilibrado. Por tanto, el legítimo derecho de los pensionistas a no ver recortadas sus pensiones por pura justicia social, es, además, un derecho avalado por sus propias cotizaciones.

(1) Sobre este tema véase nuestro artículo https://economistasfrentealacrisis.com/la-generacion-del-baby-boom-si-financio-sus-pensiones-futuras/ (WEB Economistas Frente a la Crisis).

(2) El Factor de Equidad Actuarial es el indicador que mide el equilibrio actuarial de las pensiones con las cotizaciones. Cuando es igual a uno quiere decir que lo que se recibe es financieramente equivalente a lo que se aporta.

(3) https://actuarios.org/wpcontent/uploads/2025/03/InformeInstitutoActuariosPensionesFeb25.pdf

(4) Los datos medios de las altas de enero a junio 2025 de la Seguridad Social arrojan porcentajes significativamente más altos del 57,7% de este estudio."

(Fernando de Miguel Lázaro y José María Diez-Picazo, Economistas frente a la crisis, 05/11/25)

 

"Ni las pensiones en España son más generosas, ni la renta de los pensionistas españoles es más elevada.

 Antes de las vacaciones algunos medios de comunicación se hicieron eco de la publicación por la Fundación BBVA y el IVIE de un extenso e interesante trabajo que lleva por título Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España. La recopilación de datos nacionales y las comparaciones con otros países europeos acerca de las condiciones de vida de las personas mayores en España, así como de su evolución en los últimos años, constituyen un esfuerzo interesante en muchos aspectos y de recomendable lectura.

Sin embargo, algunos medios de comunicación se han hecho eco de algunos datos e interpretaciones[i] que, a pesar de sus llamativos titulares, no se ajustan, en mi opinión, a un análisis riguroso de los datos, y llevan a los lectores a conclusiones erróneas. Esencialmente que las pensiones en España son tan elevadas y generosas que hacen que los jubilados españoles sean más ricos que los europeos. Y que, además, esa “excesiva generosidad” de las pensiones ocasiona que muy pocos jubilados españoles quieran seguir trabajando, al contrario que en los restantes países de nuestro entorno.

Estas noticias se enmarcan, además, en una campaña un tanto grosera de ataques injustificados y carentes de rigor a las pensiones en España.

Analicemos punto por punto las dos afirmaciones literales (que se destacan en los titulares de las noticias), y veamos algunas objeciones y puntualizaciones que merecen.

  1. “La generosidad del sistema público de las pensiones español, y la revalorización de estas con el IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo por la crisis de inflación [han conducido a] que nuestros jubilados son ya un 6,4% más ricos que los vecinos del entorno comunitario”.

En primer lugar, ¿son tan generosas las pensiones públicas españolas? ¿Qué dicen los datos?

Las llamadas tasas de reemplazo de las pensiones que se utilizan a menudo para medir esa “generosidad” comparada de las pensiones se definen, en la descripción de Eurostat utilizada por el trabajo que estamos comentando, como: la relación entre la mediana de las pensiones brutas de las personas de 65 a 74 años, excluyendo otras prestaciones sociales, y la mediana de los ingresos brutos de las personas de 50 a 59 años, ambas igualadas por las paridades de poder de compra.

Este indicador era en España, a comienzos de la década de 2010 (como se observa claramente en la tabla siguiente), inferior a la media europea y también a la mayoría de los países occidentales de la Unión Europea (UE-15) con los que debemos hacer, por homogeneidad económica y social, la comparación (que suponen el 77% de la población de la UE). Sin embargo, ahora los datos de Eurostat calculan que sucede todo lo contrario: esas tasas españolas han pasado a ser “de golpe” unas de las dos mayores de la UE. Significativa, y en buena medida sorprendentemente, sólo por detrás de Grecia cuyas pensiones ocupan el primer puesto (¿?) en materia de generosidad de estos países de la Unión Europea.

¿Qué ha pasado con las tasas de reemplazo en España (y también en Grecia) entre 2010 y 2023, para que pasmosamente hayan pasado en sólo unos pocos años de ser de las más bajas a las más generosas de Europa? La respuesta es NADA que tenga que ver con un aumento de la generosidad de las pensiones, más bien todo lo contrario: se trata en realidad del efecto aritmético de la tasa vinculado con los cambios en las variables (fundamentalmente en su denominador: la mediana de los ingresos brutos de las personas de 50 a 59 años) que se han producido en este periodo.

Sobre ello, en el caso de España se deben distinguir dos periodos. 1.- Entre 2010 y 2020 se producen reformas de las pensiones en 2011 y 2013 que conllevan, ambas, reducciones de sus cuantías respecto a su tendencia anterior, por lo que el aumento de la tasa de reemplazo sólo es coherente con una caída muy intensa del denominador: los ingresos de las personas de entre 50 y 59 años, que es exactamente lo que se produjo durante los años de la crisis financiera debido al fuerte incremento del paro también entre las personas de más edad y por el derrumbamiento de sus salarios, lo que elevó la tasa de reemplazo sin que se produjera mejora alguna de las pensiones. 2.- Entre 2021 y 2023 operan dos fenómenos. Por un lado, se restablece la revalorización de las pensiones con la inflación, eliminada en 2013, coincidiendo además con el periodo fuertemente inflacionista a partir de la invasión de Ucrania por Rusia. Y por otro, los ingresos de las personas de entre 50 y 59 años (el denominador de la tasa) se ven nuevamente mermados por la depresión de los salarios reales (nuevamente por el efecto de la elevada inflación) que se produce con mucha mayor intensidad que en otros países.

En definitiva, la mayor parte del avance de las tasas de reemplazo de las pensiones en España se ha producido por la caída de los ingresos reflejada en el denominador de la tasa y no indica por lo tanto que las pensiones españolas se hayan vuelto repentinamente «muy generosas» (otros indicadores como, entre otros que se citarán más adelante, la elevada tasa de pobreza de los pensionistas españoles así lo muestran), sino que en otros países no se ha producido, al contrario que en España, con esa magnitud el fenómeno de caída de los ingresos de las personas de entre 50 y 59 años (antes de la jubilación) durante un largo periodo de años, lo que ha conducido a que la relación entre las pensiones de los ya jubilados y los ingresos de las personas cercanas a la jubilación no aumente como en nuestro caso.

Con toda probabilidad se trata de un fenómeno muy similar al que ha provocado que la tasa de reemplazo de las pensiones en Grecia haya pasado, en los años de fuerte depresión económica provocada por las impuestas políticas de ajuste, de ser muy baja en 2010 a ser la más alta de la UE en 2023.

Hay un segundo aspecto relacionado con esa imaginaria “generosidad” hacia los pensionistas españoles que no forma parte de la medición en sí misma de la tasa de reemplazo: los pensionistas de cada país reciben, además de sus pensiones, otras prestaciones públicas que se suman a las pensiones y… estas son (igualadas por las paridades de poder de compra) mucho mayores en la mayoría de los países que en España. Por lo que una adecuada medición del grado de generosidad de las pensiones debería considerar todas las rentas públicas que reciben las personas en la etapa de su jubilación.

En efecto, esas otras prestaciones dinerarias son superiores a las españolas en el promedio de la UE-27 y en la Eurozona, y mucho mayores (incluso más que las duplican), como se observa en la tabla siguiente, en ocho de los catorce países occidentales de Europa.

https://economistasfrentealacrisis.com/ni-las-pensiones-en-espana-son-mas-generosas-ni-la-renta-de-los-pensionistas-espanoles-es-mas-elevada/

Por último, es preciso analizar el supuesto “sorpasso” de la renta (corregida por las paridades de poder de compra de cada país) de los pensionistas españoles, que al parecer serían ahora un 6,4% más ricos que los europeos.

Se trata de un dato que, en primer lugar, sólo responde a que la comparación se realiza con los Veintisiete países de la UE, de los que muchos de ellos corresponden a los países del este de Europa de nivel económico y renta por habitante muy inferior al de España. Pero, si esa comparación se realiza con los países del entorno al que verdaderamente pertenecemos en la UE (ver la siguiente tabla), los occidentales o de la UE-14 (que suponen, como se señaló antes, el 77% de la población de la UE), la situación es muy diferente.

Por debajo de España en esa tabla mencionada se sitúan sólo Suecia, Dinamarca, Finlandia (todos bastante cerca de nuestro país) y Portugal y Grecia (bastante más lejos). Y por encima están Luxemburgo, Austria, Alemania, Francia, Holanda, Irlanda, Bélgica e Italia. Por lo tanto, los países que bajan la media europea y sitúan a España por encima de esta serían fundamentalmente los del este de Europa.

Así, en este caso, la comparación con la media europea –y el exagerado y manipulador mensaje que pretende resaltarse: que los pensionistas españoles ya son incluso más “ricos” que los europeos- pierde su significación. Porque, más allá de ese 6,4%, en sí mismo verdaderamente trivial y seguramente puntual y cambiante, la renta mediana de los jubilados españoles sigue siendo inferior a la de la mayoría de los países de nuestro verdadero entorno.

En segundo lugar, dado que la medición se realiza en paridades de poder de compra (PPS), esto supone que los niveles de renta y de pensiones de los pensionistas de la mayoría de los países comparables de la UE (los occidentales) están muy por encima de los españoles, porque sus niveles de precios, claramente muy superiores a los españoles, hacen que la comparación, siendo adecuada para expresar teóricamente niveles de consumo, no indique expresamente que las pensiones españolas sean como se pretende de cuantías más elevadas.

Por otro lado, se ofrece (tabla siguiente) la medición exclusivamente del conjunto de las pensiones (asimismo en paridades de poder de compra) por habitante, tanto contributivas como mínimas y no contributivas, pero sin contar, como sí lo hacía la comparación anterior, con otras fuentes de renta distintas de las pensiones y no vinculadas con ellas.

Además, en esta nueva tabla se facilitan los datos en términos medios y no de renta mediana, porque esta última supone una medición que, por una parte, no contempla de la misma manera las pensiones más altas, que son mucho más frecuentes en otros países que en el nuestro, y por otro, la información de esta nueva tabla deja fuera las otras fuentes de renta que pueden distorsionar la comparación estricta de las pensiones.

Con esta nueva medición se obtienen los datos comparados directos de las pensiones en el conjunto de los países considerados (el 77% de la población de la UE). Los resultados son evidentes: las pensiones en España se encuentran en el penúltimo lugar, sólo por encima de Irlanda, y netamente inferiores incluso a la media de los Veintisiete.

  1. “La formación contribuye a prolongar la vida activa de los trabajadores sénior, sin embargo, la tasa de actividad de los mayores de 65 en España apenas llega al 3,7%, frente a la media europea del 6,6%”.

La segunda de las afirmaciones de los artículos mencionados se refiere a una supuesta menor tasa de actividad laboral de los pensionistas españoles respecto a los demás europeos. Nuevamente nos encontramos con un dato que ofrece una idea equívoca de la situación de los mayores, es decir, de las personas pertenecientes al grupo de edad de la jubilación.

En realidad, los datos muestran que las tasas de actividad de los españoles mayores de 65 años son muy similares a las de la media de los europeos. Veámoslo más claramente analizando el inverso de esas tasas. Los inactivos con más de 65 años son en España el 96,3%, y en el conjunto de la UE el 93,4%, la diferencia no llega ni a tres puntos porcentuales. En ambos casos, más de nueve de cada diez personas en edad de jubilación son inactivas, precisamente porque –como resulta bastante lógico y comprensible- han terminado su etapa de actividad laboral y han pasado a ser pensionistas.

¿Qué se pretende decir destacando unas diferencias tan absolutamente irrisorias como que menos de tres de cada cien europeos mayores son laboralmente más activos que los españoles? ¿Quizá nuevamente que las pensiones en España son tan elevadas y generosas que desincentivan a trabajar después de la jubilación? Nada de esto, como analizaremos a continuación, tiene ni sentido ni relevancia.

La afirmación anterior respecto a la supuestamente menor tasa de actividad de los pensionistas en España se conjuga en los medios con otro dato. A saber: que la tasa de Ninis (aquellas personas sin empleo que ni estudian ni trabajan) se eleva hasta el 38,1% en el colectivo de 55 a 64 años, edades previas al momento de la jubilación, y se dispara al 90,4% en el caso de los mayores de entre 65 y 74 años, siendo en ambos casos muy superior a la de los jóvenes.

Como ya se ha dicho, parece bastante lógico que eso suceda en el caso de los mayores de 65 años que precisamente han llegado al momento de su jubilación. Por su parte, la comparación entre la proporción de ninis en los jóvenes y las personas en la misma situación con edades previas a la jubilación (55 a 64 años) merece, sin embargo, un comentario aparte.

Las personas mayores de 55 años que han sido expulsadas del mercado de trabajo no tienen apenas ninguna oportunidad en España de conseguir un empleo. Porque son mayoritariamente de baja formación y empleos poco cualificados, porque en las empresas opera claramente un “edadismo” que les margina de cualquier posibilidad de contratación, y porque finalmente (para redondear su desgracia) no cuentan con políticas de empleo que les ayuden (las Políticas Activas de Empleo son extremadamente débiles e ineficaces, y van dirigidas, todas ellas, pero en especial las de formación, a los más jóvenes y escasísimamente a los mayores, a los que se margina de las posibilidades de volver al empleo). Esta es la razón por la que, a pesar de contar con subsidios de desempleo muy inferiores al SMI y al umbral de pobreza, parezca que estas personas se han desentendido del empleo cuando nada de eso es cierto en la inmensa mayoría de los casos: han sido rechazados y abandonados.

Pero, como nos temíamos más arriba, todo esto (al igual que antes el asunto de la baja actividad de las personas jubiladas), en las noticias mencionadas termina por atribuirse a la supuesta generosidad de las pensiones, verdadero objetivo que pretenden transmitir esas publicaciones: “unas pensiones relativamente generosas respecto al salario, con una pensión mediana próxima al 80% del salario mediano de los mayores en España frente a menos del 60% para la media EU-27” son las causas imputadas.

  1. En conclusión

Un estudio amplio e interesante sobre la situación de los mayores en España en comparación con los europeos ha terminado por generar algunas ideas equivocadas cuando se ha pretendido demostrar que las pensiones en España son tan en exceso generosas que los jubilados españoles ya son más ricos que los europeos, lo que además causaría problemas sobre el empleo de los mayores.

Pero, todo esto no se ajusta a la evidencia disponible como se ha ido analizando punto por punto. El resumen de todo ello permite destacar una serie de conclusiones.

  1. El estudio analizado utiliza comparaciones en términos de ingresos de las personas mayores y no solamente de pensiones, lo que no es equivalente y no permite extraer conclusiones claras sobre estas.
  2. Las comparaciones, cuando se hacen en términos de la mediana de rentas obvian las grandes diferencias que existen en España respecto a los demás países en la mitad superior de la población, cuyas rentas totales (no sólo las pensiones, que también) son mucho más elevadas que en nuestro caso.
  3. Esas comparaciones se hacen, además, con el promedio de los Veintisiete países de la UE, lastrado por un amplio conjunto de países de rentas y pensiones muy bajas (los del este de la Unión), lo que en este caso distorsiona claramente la realidad. Si el contraste se realiza con los países de nuestro verdadero entorno (cuya población es el 77% de la UE), que representan mejor el contexto de desarrollo económico y social al que pertenece España, tanto las rentas de nuestros mayores como sus pensiones están a la cola de esos países con los que debemos compararnos.
  4. Si la comparación se realiza centrándose de forma exclusiva en las pensiones medias en paridades de poder de compra, sin introducir otras fuentes de renta ajenas a las mismas, las pensiones españolas se sitúan las penúltimas del grupo de los catorce países de la parte occidental de la UE.
  5. La tasa de reemplazo (en la definición de Eurostat) no muestra una alta generosidad de las pensiones españolas, sino esencialmente la caída mucho mayor que la de los países comparables y durante muchos años de los niveles de ingresos de las personas de 50 a 59 años especialmente durante los años de la gran crisis financiera.
  6. Para comparar si las pensiones son o no son altas hay que añadir también las restantes prestaciones públicas que reciben las personas jubiladas, que elevan sustancialmente la pensión en muchos países, y mucho más que en España.
  7. En la perspectiva de la actividad laboral, las tasas de actividad, así como las situaciones en las que las personas mayores no trabajan ni estudian, no pueden compararse con las de las generaciones más jóvenes: son momentos vitales distintos. En el caso de las personas ya jubiladas, las tasas de actividad son tan bajas como en los demás países europeos. En el de las personas mayores con edades previas a la jubilación (de 55 a 64 años), en España una proporción mucho mayor que en otros países se encuentra desempleada y marginada del empleo por la negativa de las empresas y por una absoluta falta de ayudas por parte de las políticas de empleo.
  8. Todas estas situaciones, en definitiva, nada tienen que ver con una supuesta generosidad de las pensiones. Primero, porque para las personas ya jubiladas la muy mayoritaria situación de inactividad en España no es en absoluto diferente de la de los restantes países europeos. Y segundo, porque poco pueden influir las pensiones sobre el grado de actividad de las personas que no han alcanzado la edad de jubilación" 

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