"Después de más de una década de profundas transformaciones políticas y
sociales, Venezuela está viviendo hoy su crisis más grave desde las
guerras civiles del siglo XIX. Los importantes logros del proceso
bolivariano están en peligro. La economía se derrumba, la pobreza, la
desnutrición y las tasas de mortalidad están aumentando.
La polarización
política y la violencia podrían conducir a una guerra civil. Todo esto
está agravado por el creciente aislamiento internacional debido, entre
otras cosas, al giro a la derecha de los gobiernos de Brasil y
Argentina, y acciones imperialistas como el bloqueo financiero y las
amenazas de intervención militar realizadas por Donald Trump.
La
crisis venezolana no es nueva. El país ha estado experimentando una
profunda crisis económica y política estructural durante las últimas
cuatro décadas. Es la crisis terminal del modelo petrolero rentista,
estatista y clientelar que ha caracterizado a la sociedad venezolana
desde hace muchas décadas.
Sin embargo, este modelo rentista extractivo
tuvo un nuevo soplo de vida con el liderazgo carismático de Chávez, la
legitimidad proporcionada por la Constitución de 1999 y los altos
precios del petróleo de los primeros años de este siglo. Una vez más,
parecía que los precios del petróleo sólo podían ir hacia arriba. Los
ingresos procedentes del petróleo fueron vistos en el corto y mediano
plazo, como la fuente de los recursos necesarios para la transformación
de la sociedad venezolana.
Durante los años del proceso bolivariano no
se tomaron medidas significativas de transformación de la estructura
productiva del país. Por el contrario, se profundizó el rentismo
petrolero hasta que el petróleo alcanzó el 96% del valor total de las
exportaciones. Hoy el país es más dependiente que nunca en su historia
de las importaciones, incluso de alimentos básicos y suministros
médicos.
Las políticas sociales que mejoraron sustancialmente
las condiciones de vida de los sectores populares y las importantes
iniciativas hacia otros países de América Latina, la cooperación y la
solidaridad llevada a cabo por el gobierno venezolano, fueron posibles
gracias a un extraordinario auge de la demanda y precio de los
commodities generado principalmente por la demanda china.
En la medida
en que la renta petrolera se dirigió principalmente hacia los sectores
excluidos de la población, se produjeron significativas mejoras en sus
condiciones de vida. La pobreza y la desigualdad se redujeron
notoriamente, el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y
seguridad social mejoró en términos cualitativos.
Políticamente
se iniciaron profundos cambios en la cultura política popular, se
generalizó la organización social de base y se produjeron
extraordinarios niveles de participación social y política. Venezuela
desempeñó un papel central en el desplazamiento a la izquierda que
ocurrió en la mayor parte de América del Sur. Durante años, el gobierno
contó con elevados niveles de legitimidad y apoyo electoral.
Sin
embargo, en 2013 y 2014, los dos principales pilares que sostuvieron el
proceso bolivariano, el extraordinario liderazgo carismático de Chávez y
los elevados precios del petróleo, dejaron de estar presentes.
Chávez
falleció el 5 de marzo de 2013. Un año más tarde, el precio de las
exportaciones de petróleo venezolano se había derrumbado de más de cien
dólares el barril a menos de 25 dólares. Así, la profunda crisis
terminal del Estado, la economía y la sociedad rentista petrolera que
había sido, en cierto sentido, aplazada durante unos años, resurgió con
mayor, incluso dramática, intensidad. (...)
Diferentes fuentes, tanto nacionales como internacionales, han calculado
que la inflación en 2016 se situó entre 500% y 800%9, se esperan
niveles más altos para el año 2017. Por tercer año consecutivo se ha
producido un grave déficit fiscal. Según algunas estimaciones, el gasto
público en 2016 tuvo una reducción de alrededor del 30% en comparación
con el nivel del año anterior.10
Las reservas internacionales
disminuyeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 10.300 millones de
dólares en abril de 2017.11 La formación de capital fijo ha venido
disminuyendo desde 2013. La misma tendencia está presente en el consumo
privado.
El total de la deuda consolidada del país (es decir,
deudas nacionales y externas pagaderas en dólares, préstamos y bonos
emitidos por la República y PDVSA), ascienden a 181 mil millones de
dólares. Esto representa más del 80% del PIB, y es casi 18 veces más que
el total de las reservas internacionales del país. (...)
Grupos e intelectuales de izquierda han exigido al gobierno la
realización de una auditoría pública de esta deuda, como se realizó en
Ecuador, y que en el ínterin se lleve a cabo una renegociación que
permita una reducción de los pagos.
Incluso ante la realidad de
una grave crisis humanitaria, el gobierno venezolano ha dado prioridad
al pago de la deuda a tiempo sobre las necesidades urgentes de la
población venezolana. (...)
Una de las más importantes distorsiones históricas de la economía
petrolera venezolana ha sido una moneda sobrevaluada que ha hecho que
sea más barato importar la mayoría de las cosas que producirlas
internamente. Esto, al mismo tiempo, ha operado como una barrera que
dificulta exportar prácticamente nada aparte del petróleo. Esta es la
mal llamada enfermedad holandesa. (...)
El gobierno bolivariano ni siquiera comenzó a corregir las distorsiones
cambiarias. A fin de limitar la fuga de capitales, se crearon a lo largo
de estos años varios sistemas de control cambiario que generaron
distorsiones aun más severas con la creación de varios tipos de cambio
paralelos, tanto legales como ilegales. A veces, hasta cuatro tasas
cambiarias operaron en forma simultánea.
Mientras la paridad altamente
subvencionada con que se importa la mayor parte de los alimentos básicos
y medicinas ha permanecido fija durante años en 10 bolívares por dólar,
la paridad en el mercado paralelo ilegal, que tiene un impacto
significativo en la estructura de precios del país, que osciló entre
10.000 y 18.000 bolívares por dólar en agosto de este año, sobrepasó los
80.000 bolívares a finales de noviembre de 2017.
El deterioro
general de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha tenido
graves repercusiones en las condiciones de vida de la población,
especialmente en las áreas de salud, alimentación y la inseguridad
personal. Esto constituye una reversión de los más importantes logros
sociales del proceso bolivariano. Los niveles de pobreza en términos de
ingresos monetarios, que se habían reducido significativamente entre
1999 y 2012, hoy están peor que los niveles que existían antes del
inicio del gobierno de Chávez.
La drástica reducción de las
divisas disponibles para financiar las importaciones ha creado una
escasez generalizada de medicamentos y complica considerablemente el
tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diábetes.
Ha habido una pérdida en el peso promedio de la población. Son
frecuentes las muertes en hospitales, consecuencia directa de la falta
de medicamentos y equipamiento médico, así como la desnutrición
infantil. (...)
Según el Observatorio de la Violencia en Venezuela, en 2016, el país
tuvo una tasa de homicidios de 91 homicidios por cada 100.000
habitantes, en segundo lugar después de El Salvador en todo el mundo17
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que unas dos millones de
personas han abandonado el país en los últimos tres años, especialmente
jóvenes, tanto profesionales como trabajadores no calificados, en busca
de un futuro mejor en otros lugares.
La decisión económica más
importante realizada por el gobierno de Maduro en los últimos años ha
sido el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Es la apertura
de 112 mil kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional, a
grandes empresas mineras transnacionales.
Se trata de un área económica
especial en la cual quedan suspendidas muchas leyes fundamentales de la
República. Frente a la crisis del modelo petrolero rentista, en lugar de
promover un debate nacional sobre las alternativas al modelo
extractivista depredador que ha caracterizado la economía venezolana
durante un siglo, el gobierno ha optado por empujar al país en el camino
de un nuevo patrón rentista-extractivista, ahora basado en la minería a
gran escala. (...)
Una ruptura fundamental en el proceso bolivariano se produjo cuando, con
la victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre de 2015, la oposición alcanzó una mayoría cualificada de dos
tercios en la Asamblea Nacional (AN). Esto implicaba un cambio radical
en la correlación de fuerzas en el seno del Estado.
Con esta mayoría, la
oposición en la AN, de acuerdo a la Constitución, podía nombrar a los
miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional
Electoral (CNE). Podría aprobar leyes orgánicas sin negociar con los
representantes del gobierno. En lugar de reconocer esta severa derrota e
iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas, el
Gobierno no vio la necesidad de cambios en sus políticas y atribuyó la
crisis y la victoria de la oposición exclusivamente a lo que ha
denominado la “guerra económica” por parte de la derecha y del imperio.
Estos son asuntos reales pero no son, en sí mismos, suficientes para
explicar la profunda crisis económica del país o los niveles de
descontento en la población.(...)
Las graves violaciones que se han producido a la Constitución de 1999 y a
normas legales básicas en los últimos tres años son demasiadas para ser
analizadas en detalle. Sin embargo, algunas de estas deben destacarse
con el fin de comprender cómo se llegó a la situación actual.
A finales
de diciembre de 2015, cuando a la mayoría del gobierno en la AN le
quedaban pocos días antes de que la nueva mayoría opositora tomara
control, dicha mayoría oficialista, dejando de lado algunos
procedimientos exigidos por la ley, designó nuevos magistrados del TSJ.
No sólo eran estos nuevos magistrados, sin excepción, aliados
incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos ni siquiera
cumplían los requisitos formales requeridos para ocupar dichos cargos.
El
papel que este tribunal iba a jugar en estas nuevas condiciones del
país se hizo evidente poco después. A principios de 2016, basado en una
endeble acusación de fraude electoral formulada por algunos miembros del
partido de gobierno, este Tribunal decidió anular los resultados de las
elecciones en el estado de Amazonas.
Decidió que la elección de los
cuatro representantes del Estado, en su mayoría indígenas, y que ya
habían sido proclamados por el CNE, ya no era válida. Así, los partidos
de la oposición dejaron de tener una mayoría cualificada en la AN.
En
vista del hecho de que transcurrieron meses sin que se llevase a cabo
una investigación para determinar la veracidad de estas acusaciones ni
se programaran nuevas elecciones para ese estado, el estado Amazonas
quedó sin representación parlamentaria. Finalmente, la AN decidió
incorporar a los parlamentarios cuestionados y el TSJ respondió
declarando a la Asamblea en desacato.
A partir de este momento, sus
atribuciones fueron asumidas por el Poder Ejecutivo y dicho tribunal.
Este fue un momento decisivo en la ruptura del orden constitucional,
produciendo la concentración de poderes que ha permitido al Gobierno
tomar cada uno de los pasos subsiguientes que han definido su deriva
autoritaria.
Una de las principales fortalezas institucionales
del proceso bolivariano y un poderoso escudo protector contra los
intentos de la derecha nacional e internacional y del gobierno de los
Estados Unidos para derrocar al gobierno, fue la legitimidad
proporcionada por un sistema electoral totalmente automatizado,
transparente, altamente fiable, que contaba con muchos niveles de
controles y auditorías.
Durante las múltiples elecciones celebradas
hasta 2015, este sistema electoral garantizó que los resultados
anunciados por el órgano electoral fueran, sin duda alguna, una
expresión exacta de la voluntad de los electores.
Sin embargo, después
de la derrota sufrida en las elecciones legislativas de diciembre de
2015, el gobierno optó por sacrificar este escudo protector para
mantenerse en el poder. Esto ha tenido enormes consecuencias políticas.
En octubre de 2016, el CNE canceló el referéndum revocatorio del Presidente. (...)
En marzo de 2017, el TSJ ratificó que la AN estaba en desacato y, entre
otras cosas, autorizó al Presidente a tomar medidas adicionales en la
apertura del país a las empresas transnacionales de petróleo y minería
en condiciones expresamente prohibidas por la Constitución, por la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, la legislación ambiental, la referida a los
pueblos indígenas y las leyes laborales. (...)
Desde febrero de 2016, el presidente Maduro ha gobernado mediante
decretos de excepción y emergencia económica en condiciones que violan
claramente la Constitución. (...)
Otra ruptura radical con la Constitución de 1999 y las leyes electorales
se produjo con el diseño del proceso electoral para la nueva Asamblea
Nacional Constituyente (ANC). En clara violación de los principios
constitucionales de la representación proporcional y la igualdad de los
electores, las normas para la participación electoral fueron
cuidadosamente diseñadas de tal forma que el gobierno se garantizaba el
control completo de esta nueva asamblea, a pesar de que la mayoría de la
población no respaldase al gobierno y rechazase la convocatoria de una
nueva asamblea constituyente.
Esto se hizo mediante la creación de un
original régimen de doble representación: territorial y sectorial.
Contrariamente a la forma en la que siempre habían sido realizadas las
elecciones en el país, antes y durante el gobierno bolivariano, a las
zonas rurales o pequeños municipios urbanos, donde el gobierno ha
contado con mayor respaldo electoral, les fue otorgada una
extraordinaria sobre representación en la asamblea. (...)
Las elecciones para esta ANC constituyeron un fraude. Antes de las
elecciones, portavoces del gobierno y del PSUV afirmaron en forma
pública y reiterada que se llevaría un control estricto de los votantes y
que quienes no participasen en estas elecciones perderían su empleo
público, o la posibilidad de tener acceso a programas sociales tales
como el de alimentación subsidiada (CLAP) y vivienda.
Estos anuncios
públicos fueron complementados por amenazas personales en los lugares de
trabajo y centros de distribución de alimentos. La democracia
participativa de los primeros años del proceso bolivariano se había
desplazado hacia una relación de control crecientemente autoritaria
desde el Estado, basado en chantajes y amenazas.
Las elecciones
se realizaron sin testigos independientes o de la oposición y a los
medios de comunicación se los mantuvo a unos 500 metros de los centros
de votación. Varios de los más importantes mecanismos de control y
auditoría que habían hecho que el sistema electoral venezolano fuese
altamente confiable fueron eliminados. Incluso con los niveles de
participación muy inflados anunciados por el CNE, casi el 60% de la
población no votó. (...)
El proceso constituyente ha revivido parte del apoyo popular menguante
al gobierno, ya que fue presentado como una radicalización del proceso,
como un enfrentamiento con el imperialismo, y como una solución a los
problemas que enfrenta la población. Esto, sin embargo, es probable que
tenga poca duración ya que el gobierno carece de la capacidad o los
recursos para hacer frente a estos problemas.
La ANC se ha
declarado como un poder absoluto, supra constitucional, que puede no
solo redactar una nueva constitución, sino tomar decisiones sobre
cualquier asunto legislativo, ejecutivo o judicial que considere
conveniente. Su período de vigencia no ha sido fijado. Declaró que las
cinco ramas de Estado existentes deberán subordinarse a sus decisiones.(...)
La sociedad venezolana se enfrenta al grave peligro de que la violencia
armada y el terrorismo puedan instalarse como la forma normal de
procesar las diferencias. El peligro no es solo que la violencia se
desborde a niveles no deseados por los líderes del gobierno y la
oposición. En ambos polos de la confrontación actual hay sectores que
ven la violencia como única forma de derrotar al enemigo e imponer su
agenda.
Algunos de los más altos funcionarios corruptos del gobierno se dan
cuenta de que si fueran obligados a abandonar sus cargos, no sólo
perderían sus privilegios, sino que también les resultaría difícil
encontrar un lugar en el mundo donde disfrutar de sus fortunas mal
habidas y que incluso podrían terminar en la cárcel.
Lo que
algunos sectores de extrema derecha buscan no es simplemente una
victoria electoral para sustituir a Maduro, si esto dejase intacta la
Constitución de 1999, y se mantuviese vida por lo menos parte de los
imaginarios transformadores de los sectores populares chavistas de base.
Lo que quieren es un completo aplastamiento de la experiencia chavista,
de todos los sueños emancipatorios de la primera década del proceso
bolivariano, a fin de imponer una derrota política de larga duración que
sirva como una lección y liquide, de una vez por todas, las
aspiraciones y el espíritu rebelde subalterno de estos años. Se
considera que esto es un requisito básico para que la sociedad regrese a
la "normalidad", donde todo el mundo asuma su lugar. Las consecuencias
de esto van mucho más allá de Venezuela. Para ello han contado siempre
con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. (...)
La grave falta de transparencia en las finanzas públicas hace
extremadamente difícil determinar la magnitud de la corrupción. Según
diversas estimaciones, el monto global de la corrupción durante la
última década supera los 300 mil millones de dólares.
Esto cubre una
amplia gama de actividades, entre ellas el acceso ilícito a divisas
subvencionadas, la especulación con bonos venezolanos (comprados en
bolívares, luego vendidos en dólares), sobre-facturación de las
importaciones, sobornos y comisiones en contratos de PDVSA y en grandes
obras de infraestructura, como fue el caso en las relaciones con la
constructora brasileña Odebrecht. (...)
La crisis ha llevado a un creciente desencanto con el gobierno y la
pérdida de expectativas en relación con el futuro del país. Después de
años de procesos de movilización y organización popular, guiados por los
valores de la cooperación y la solidaridad, la reacción a la crisis
actual se ha caracterizado en buena medida por la competencia y el
individualismo. El bachaqueo se ha convertido en un componente
importante de la economía venezolana.21
Se han producido saqueos masivos
en varias ciudades de todo el país con diversas combinaciones de
activismo militante de grupos de extrema derecha, organizaciones
delictivas y protesta popular espontánea debido a la falta de acceso a
alimentos y gas para cocinar. El tejido social y moral del país están
gravemente desgarrados. Esto tardará muchos años en cicatrizar. (...)
Venezuela ha sido construida como parte de un nuevo eje del mal (junto
con Irán y Corea del Norte) por otras razones. El proceso bolivariano
fue el más radical intento de trascender el capitalismo en el siglo XXI.
Esta experiencia no sólo tuvo gran impacto en el llamado giro a la
izquierda que se produjo en la mayoría de los países de América del Sur.
La experiencia venezolana se convirtió en una referencia, un rayo de
esperanza, para gente tan lejos como Palestina, Filipinas y la India.
Aunque el actual gobierno venezolano se ha alejado de estos imaginarios
de una profunda transformación de la sociedad, a pesar de su corrupción y
sus tendencias autoritarias, todavía es visto por muchos en la
izquierda y movimientos sociales en todo el mundo como un símbolo o
referencia subversiva.
Desde la perspectiva de algunas elites globales
estos imaginarios deben ser exterminados. Esto obviamente tiene poco que
ver con preocupaciones en torno a la democracia. Esta auto-proclamada
comunidad internacional está promoviendo un “cambio de régimen” en
Venezuela, incluso si esto implica el riesgo de una guerra civil. Esto
ha contribuido activamente a que una negociación interna para procesar
las profundas divisiones existentes en la sociedad venezolana sea tan
difícil.
La “amenaza autoritaria" representada por el gobierno
de Maduro se ha convertido en un instrumento útil en las manos del
gobierno conservador de Mariano Rajoy en España para atacar a Podemos,
por parte de los conservadores en el Reino Unido para poner en duda las
credenciales democráticas de Jeremy Corbin, por Donald Trump, para
mostrar a sus seguidores lo macho que es, y por la derecha mexicana en
su intento de describir a Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza
las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales del año
próximo, como una radical amenaza chavista.
Venezuela, con las
mayores reservas de hidrocarburos en el planeta y sus extraordinarios
bienes minerales e hídricos, se ha convertido en un campo de batalla
central de luchas inter-imperiales contemporáneas, tanto entre países,
como entre corporaciones globales.
Con el giro a la derecha y la
geopolítica de re-alineamiento con los Estados Unidos de los gobiernos
de Argentina y Brasil, Venezuela quedó aislada políticamente. Se
mantiene como el principal territorio latinoamericano de las
confrontaciones geopolíticas globales entre los Estados Unidos en
defensa de su tradicional patio trasero, y la búsqueda por parte de
China y Rusia por convertir al país en una cabeza de playa para sus
proyectos globales en este continente. (...)
Muchos Intelectuales internacionalmente reconocidos, partidos y
movimientos sociales identificados con la izquierda no están
contribuyendo a la creación de las condiciones de una salida no violenta
de la crisis actual. En el mismo marco de Guerra Fría que caracteriza
la perspectiva dominante de la derecha, gran parte de la izquierda
internacional continúa identificando al gobierno de Maduro como un
gobierno democrático, popular y anti-imperialista y tienden a
proporcionarle una solidaridad incondicional.
Esto a pesar de las
políticas ultra liberales de zonas económicas especiales para atraer las
inversiones extranjeras; a pesar de la profundización del modelo
extractivista depredador que ha dado origen a los mayores problemas que
enfrenta el país; a pesar de su negativa a tratar con responsabilidad el
cambio climático en su papel como importante productor de petróleo; a
pesar de que durante el proceso bolivariano ha habido una consolidación
de la inserción histórica del país en la división internacional colonial
del trabajo y la naturaleza; a pesar del hecho de que los pueblos
indígenas siguen siendo severamente impactados por las políticas
neo-desarrollista en sus territorios ancestrales; a pesar de las
tendencias anti-democráticas, autoritarias y represivas que caracterizan
hoy al gobierno de Maduro. (...)
Parece que amplios sectores de la izquierda continúan teniendo grandes
dificultades para extraer lecciones de las consecuencias a largo plazo
que tuvo la incapacidad para criticar a la Unión Soviética, a pesar de
su carácter autoritario y represivo, porque se enfrentaba al
imperialismo estadounidense.(...)" (
Edgardo Lander , R
ebelión, 01/12/17)
