El crimen organizado pone en la diana al primer ministro holandés Mark Rutte... el Sindicato Nacional de Policía en 2018 ya publicó un informe donde decía que Países Bajos presenta los rasgos de un ‘narcoestado'... el crimen organizado amaga con atacar el orden democrático... la amenaza alcanza a varios alcaldes, jueces y abogados holandeses

 "Países Bajos afronta un problema de seguridad nacional por culpa del crimen organizado asociado al narcotráfico. A los asesinatos cruzados entre miembros de distintas bandas que operan también desde Bélgica, se han sumado en los tres últimos años tres ataques mortales. El hermano de un testigo de cargo, su abogado y un conocido periodista de investigación ―Peter R. de Vries― han sido tiroteados en plena calle.

 Y la cosa no para ahí. El último en ser objeto de amenazas es el primer ministro, Mark Rutte, que ha pasado de ir en bici a todas partes a estar fuertemente vigilado. La policía nacional prefiere no entrar en detalles, pero los datos que maneja apuntan a un supuesto atentado o un secuestro del mandatario por parte de las mafias que distribuyen la cocaína llegada desde Sudamérica. 

Con tres puertos clave en Europa -Amberes, Róterdam y Hamburgo-, la pugna por el control de un negocio multimillonario es calificado por agentes e investigadores de un intento de golpe a la democracia holandesa, de la que Rutte es su principal representante electo.

Ante una alerta de esta clase por razón de su cargo Rutte no puede rechazar la protección. Aunque hasta ahora era discreta y él prefiere la cercanía de la gente -accede si le piden un selfi y hace largos recorridos callejeros a pie- “pasará tiempo hasta que pueda moverse con la soltura de antes”, explica por teléfono Jan Struijs, presidente del Sindicato Nacional de Policía. 

La vigilancia para los cargos electos empezó a reforzarse en 2002, tras el asesinato de Pim Fortuyn, el líder ultraconservador que fue tiroteado por un ecologista radical. Ya entonces hubo rechazo por parte de algunos ministros a esa seguridad, y Rutte no ha ocultado el suyo. Este lunes, cuando su riesgo se convirtió en el tema de día, cubrió andando el camino hasta su despacho, en el centro de La Haya. “No haré comentarios sobre la seguridad, otra pregunta”, dijo, sonriente. Con una manzana a medio comer en una mano y la cartera de documentos en la otra, su jovialidad contrastaba con los uniformados apostados en la zona.

 A Jelle van Buuren, experto en temas de seguridad de la Universidad de Leiden, le parece que “la amenaza no es como la del terrorismo político, o bien político-religioso, pero sí compromete la seguridad nacional porque el crimen organizado amaga con atacar el orden democrático”, asegura. Hay otro detalle de gran valor simbólico asociado al hecho de que los políticos se muevan con libertad en Países Bajos. “Es un poderoso mensaje cultural de cómo se desea gobernar y ser fiable, aunque el mundo cambia y no somos una isla”, asevera. En este punto, el jefe policial Struijs recuerda que en el narcotráfico hay grupos grandes y pequeños, “y gente joven metida también en Bélgica y en España que lo consideran una forma rápida de ganar mucho dinero. No podemos pecar de ingenuos. No se trata de terrorismo sino de avaricia y de drogas, pero es evidente que subyace un intento de desestabilizar la sociedad”.

 Si bien tanto la presidencia del Gobierno como el coordinador de la lucha antiterrorista evitan hacer comentarios, que el primer ministro esté en la diana de los narcotraficantes muestra que el problema de la droga puede entrar en una espiral fuera de control. “Hemos visto cómo se degradaba la situación a lo largo de la última década, y desde 2019 es aún más grave. En 2018 ya publicamos un informe donde decíamos que Países Bajos presenta los rasgos de un ‘narcoestado’”, explica Struijs. Intimidando a los representantes de la justicia y del Gobierno, “estas bandas tratan de demostrar que controlan el negocio de la droga y no piensan soltarlo”, añade. Peter R. de Vries había recibido señales de amenazas de los bajos fondos, pero decía que la seguridad entorpecía su trabajo. De ahí que su asesinato, a la luz del día y en el centro de Ámsterdam, generase un debate sobre si contaba con guardaespaldas o prefería ir por su cuenta.

Las consecuencias penales, médicas y sociales del narcotráfico cuestan entre 3.200 y 4.100 millones de euros anuales, revela un informe remitido por el Ministerio de Justicia al Parlamento. Los bancos, por otra parte, gastan 550 millones de euros al año en combatir el blanqueo de capitales. El Ministerio calcula, además, que la mayoría de los cerca de 16.000 millones de euros en dinero negro que circulan todos los años en el país proceden del fraude y el tráfico de drogas. Van Buuren sostiene que no hay soluciones definitivas y recuerda que la amenaza alcanza a varios alcaldes, jueces y abogados holandeses. Para ilustrar las dificultades, señala el aprovechamiento, por parte del narcotráfico, de la buena infraestructura digital holandesa y un sistema financiero atractivo, junto con la facilidad geográfica del transporte de mercancías. “Disponemos de expertos con capacidad para ocuparse de la seguridad de la Casa Real, de políticos y diplomáticos. De lo que se trata ahora es de mejorar la información y el análisis de los datos, y eso lleva tiempo y cuesta dinero”.

Actividad portuaria

Además del puerto de Róterdam ―el mayor de Europa― como vía de entrada de los cargamentos, Países Bajos encabeza la fabricación mundial de drogas de diseño, según la academia holandesa de policía. Destinadas en su mayoría a la exportación, en la segunda participan también ciudadanos mexicanos y colombianos, indican las mismas fuentes. Este año se han desmantelado ya 30 laboratorios clandestinos. “El Gobierno está en funciones, pero ha presentado unas cifras económicas saneadas. No hay excusa para no inyectar los fondos que necesitan policías y expertos para combatir el crimen organizado”, advierte Jan Struijs.

Un análisis de las aguas residuales ha mostrado que en Ámsterdam y Róterdam se esnifan “alrededor de 40.000 rayas de cocaína diarias”, según Fred Westerbeke, comisario jefe de esta última ciudad. El año pasado, se requisaron en Róterdam 43 toneladas de cocaína. En septiembre, una decena de recogedores de esta droga pidieron ayuda al servicio de urgencias por teléfono. Llevaban medio día metidos en un contenedor marítimo de troncos de madera a la espera de hacerse con la carga que había dentro de otro, y les faltaba oxígeno. Fueron rescatados a tiempo en una terminal portuaria, atendidos por los sanitarios y luego detenidos. En lo que va de año, ha habido ya 325 arrestos similares."             (Isabel Ferrer, El País, 03/10/21)

Violencia electoral en México: el papel político del crimen organizado

"El 1 de julio México vivió uno de los procesos político-electorales más importantes de su historia, tanto por la cantidad de cargos en juego como por el avance de la competencia política y la institucionalización, a cuatro décadas del inicio del proceso de democratización. 

Esto contrasta con la ola de violencia sin precedentes que vive el país. Con una media mensual de más de 2.000 muertes dolosas –es decir, 80 asesinatos por día–, 2017 fue el año más violento en la historia de México desde que existen cifras, superando el récord de 27.199 homicidios en 2011.  (...)

El repunte de la violencia es claro a partir de 2007, desde que Felipe Calderón declaró la denominada ”guerra contra el narco”, sacando al ejército a las calles para realizar labores que, en palabras de los más altos mandos, no les correspondían.

 Esto, además del saldo mencionado, propició la multiplicación de los grupos del crimen organizado, que pasaron de tres grandes cárteles en los años setenta –cártel de Oaxaca, cártel del Golfo y cártel de Guadalajara– a alrededor de nueve en la actualidad. De estos, como el cártel de Sinaloa, algunos tienen presencia consolidada a nivel global en más de 60 países.

 Pero al mismo tiempo, la fragmentación de la delincuencia organizada a nivel local vino acompañada de la proliferación de ‘‘brazos armados’’ (células delictivas que trabajan para las organizaciones criminales), siendo el primero de ellos los Zetas, un grupo de exmilitares de élite reclutados por Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo.

A partir del surgimiento de estas organizaciones, progresivamente el crimen organizado extendió sus actividades de exclusivamente tráfico de drogas a cualquier tipo de mercado ilegal que permita extraer rentas sociales (robo, secuestro, extorsión, trata de personas, etcétera), provocando algunos de los episodios más sangrientos en el país, desde el asesinato de un grupo de jóvenes mientras celebraban un cumpleaños en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, hasta los 72 migrantes hallados en San Fernando, Tamaulipas, o las 117 fosas clandestinas con más de doscientos cadáveres no identificados en Santa Fe, Veracruz.

‘‘No es que haya barbarie en nuestra democracia, sino que nuestra democracia es la barbarie’’, dijo al periódico El País el periodista e investigador Diego Enrique Osorno, testigo de primera mano de la violencia que vive México, así como de la evolución de los grupos del crimen organizado. (...)

Y aunque la violencia se explica a través de causas múltiples y complejas, los comicios pusieron en evidencia el interés por parte de diversos grupos paraestatales de influir en el proceso político-electoral, utilizando la violencia física y verbal como principal arma de control político.

Según datos de la consultora Etellekt, entre el 8 de septiembre de 2017 (inicio oficial del proceso electoral) hasta el 30 de junio de 2018, se registraron un total de 627 agresiones a políticos de todos los niveles, dejando un saldo de 145 asesinatos, 206 amenazas e intimidaciones, 85 agresiones físicas, 57 agresiones con arma de fuego, 52 atentados contra familiares (50 asesinados), 36 asaltos con violencia, 25 heridos con arma de fuego y 21 víctimas de secuestro.

De manera agregada, estas cifras incluyen a políticos de todos los partidos y de los tres niveles de gobierno: desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hasta el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un lado, así como a nivel federal, en las 32 entidades federativas y en el 16% de los municipios del país.  (...)

Ahora, de los 48 candidatos y precandidatos asesinados hasta una semana antes de las elecciones, la mayoría de ellos contendía a nivel local (77%), seguido por quienes lo hacían a nivel estatal (20,8%) y a nivel federal (2%). Esto sugiere una mayor capacidad por parte de los grupos criminales para ejercer la violencia política a nivel local, así como en determinadas entidades federativas.  (...)

Al margen de los resultados, sin duda el actual proceso electoral mexicano ha sido uno de los más importantes en la historia del país, pero también se ha convertido ya en uno de los más violentos. 

Al saldo pendiente de la larga y cuestionada transición política en México se suma la importancia de considerar, además de los retos institucionales y de competencia electoral que afronta el país, el avance y la evolución de la delincuencia organizada, así como los mecanismos que, con el objetivo de obtener beneficios privados y control sobre el territorio, estos grupos utilizan para influir en el proceso político-electoral en contubernio con funcionarios públicos de todos los niveles. 

Casos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo o el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, condenados por brindar protección al cártel de Juárez, son solo un botón de muestra al que se suman políticos acusados por tener nexos con el crimen organizado, desde Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas, hasta Humberto Moreira y Jorge Torres López, exgobernadores de Coahuila o Jesús Reyna García y Fausto Vallejo, gobernadores de Michoacán.

 A la luz de los comicios, comprender los factores que explican la violencia política resulta indispensable para dilucidar las posibles implicaciones en el avance y retrocesos en el proceso de democratización mexicano."              (Cristian Márquez Romo, Política Exterior, 02/07/18)

El pulso del crimen organizado a una potencia regional: Brasil. Los representantes estatales, a través de la corrupción, suspendan la aplicación de la norma sobre los criminales y les proporcionan protección. No hay mejor protección que la del Estado y, cuando ésta se logra, queda garantizada la penetración del crimen organizado en la sociedad como un auténtico poder

"Caracterizado por una impetuosa escalada de violencia, el pasado mes de febrero Brasil entregaba Río de Janeiro a las Fuerzas Armadas.  (...)

  Sin embargo, no ha de verse como una medida endémica del Estado brasileño, sino que responde a una tendencia generalizada en América Latina. Las implicaciones de este problema, tanto por la colosal dimensión adquirida como por la respuesta gubernamental, obligan a plantearse algunos interrogantes, como por qué la criminalidad organizada y la inseguridad no solo atenazan a países pequeños y pobres. El gigante brasileño también se muestra incapaz de controlar este problema y sus implicaciones. 

Todo indica que la complicidad estatal con el crimen es una de las claves para entender su incapacidad ante la amenaza.

(...) los militares poseen libertad de movimiento para entrar en cualquier casa del distrito en cuestión, con o sin sospechas de que se haya cometido algún delito o de que exista relación con el narcotráfico. La principal justificación para sobreponer las Fuerzas Armadas es la incapacidad de las fuerzas estatales. Pese a todo, se podría plantear, sin embargo, hasta qué punto la respuesta proyectada por el Estado (el empleo de las Fuerzas Armadas) actúa sobre la raíz del problema o simplemente modifica los actores involucrados en el conflicto. (...)

Sea como fuere, este caso muestra que Brasil ha experimentado el inexorable avance de un crimen organizado que puede llegar a socavar el orden institucional. La pregunta que se ha de plantear al respecto es, por tanto: ¿por qué en Brasil?  

(...) estamos hablando de uno de los miembros de los BRICS, de una potencia y economía emergente. Un país que ha experimentado un incremento en su desarrollo integral en los últimos años, que registra una significativa disminución de la pobreza y que presenta importantes avances en cuanto a reducción de la desigualdad.

 La crisis no puede erigirse, por tanto, en la panacea explicativa para todos los males de Brasil, y mucho menos en lo que a criminalidad organizada se refiere.  (...)

A tales logros internos hay que añadir, además, los logros externos que hacen de Brasil una potencia internacional con aspiraciones de liderazgo mundial.  (...)

 No deja de llamar la atención, por tanto, que una potencia de esta magnitud pueda sentirse superada por el crimen organizado.  (...)

Desechada la crisis como factor justificativo en un BRIC de la talla de Brasil, la cuestión es: ¿cómo se explica que, en una potencia con ansias de liderazgo mundial, el crimen organizado haya adquirido semejante dimensión?  (...)

Los datos de inseguridad resultan muy superiores a los que presentan países como Colombia, Bolivia y Panamá, y sólo inferiores a los exhibidos por Guatemala, Honduras y El Salvador (considerados los países más violentos de la región). Estos datos delatan los problemas de inseguridad de esta potencia.  (...)

La región sigue siendo la más violenta del mundo. Estos datos evidencian que las políticas públicas no están incidiendo en los factores que favorecen la violencia criminal y, en particular, en el crimen organizado.  (...)

En otras palabras, cuando el Estado no es capaz de garantizar la aplicación del imperio de la ley en todo el territorio y para todos los ciudadanos, sin excepciones, cabe la posibilidad de que la legalidad sea aplicada de manera discrecional y selectiva por parte de los representantes del Estado.

 En este contexto, se genera un caldo de cultivo idóneo para el crimen organizado, que explica la dimensión adquirida no sólo en Brasil sino también en el resto de América Latina.

Es este un problema vertebral en la región que afecta a cualquier actividad humana, sea económica, social o política. Sin embargo, aunque no se observa en la misma medida, también afecta directamente a la seguridad.

 La debilidad del imperio de la ley hace posible que los representantes estatales, a través de la corrupción, suspendan la aplicación de la norma sobre los criminales y les proporcionen protección. Una posibilidad que explica la particular implantación y poder acumulado del crimen organizado en la región.

Por este motivo, por muchos y necesarios instrumentos que requiere una política de seguridad, cualquier iniciativa fracasará si no es posible garantizar el imperio de la ley. Es necesario que las políticas de seguridad contemplen entre sus prioridades la instauración de controles que aseguren que las decisiones de los funcionarios se ajustan a la ley y se fiscalice su actuación para evitar que, previo pago, sea posible que eximan del cumplimiento de la ley al mejor postor. 

De esta manera, a efectos de seguridad, cuanto mayor sean los éxitos alcanzados en este sentido, menor será la corrupción y en consecuencia también los espacios de negociación para lograr la suspensión de la aplicación de la ley. Como consecuencia, se reducirán para el crimen organizado las posibilidades de conseguir la protección del Estado y, en la misma medida, de acrecentar su poder.  (...)

Cuando la corrupción es sistémica caben todas las posibilidades de lograr la complicidad de representantes estatales con el fin de protegerse eficazmente frente a la actuación del mismo Estado y/o de otros agentes externos que amenacen la expansión de sus actividades ilegales.  (...)

Con este apoyo estatal se pretende eludir el cumplimiento de la ley. En la medida en que el crimen organizado se encuentra al margen de la ley y del orden, y, por tanto, sus miembros no pueden recurrir a la legalidad, para asegurar su existencia es fundamental establecer estas relaciones con representantes del Estado, asegurando así su complicidad. Dichas relaciones son de tipo clientelar y buena parte de éstas están basadas en la corrupción.

 Así se establecen relaciones de carácter personal en las que median favores que no suelen ser gratuitos. Bajo este tipo de relación se propicia la corrupción, que proporciona ganancias privadas mediante el uso indebido del poder público. No siempre estas relaciones se establecen de manera voluntaria, sino a través de la coacción o la violencia, otro aspecto característico del crimen organizado.  (...)

Mediante la complicidad con las autoridades se pretende su inactividad ante un hecho delictivo y no ser detenido. En caso de llegar a serlo, no ser condenado y, llegado a este extremo, poder escapar de la prisión.

La inversión en la contratación de más policías, la mejora de sueldos y la adquisición de equipamiento pueden contribuir, pero no necesariamente garantizar, que se aplique el imperio de la ley, sin excepciones, para impedir la proliferación de la corrupción. Cuanto menor sean las posibilidades y los márgenes para negociar la ley, la filtración del crimen organizado y finalmente la “metástasis” podrán ser controlados. 

Para ello es imprescindible el respeto a la ley y la imparcialidad judicial y administrativa, así como la existencia y aplicación de controles y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el respeto a las exigencias del Estado de Derecho.

Cuando los representantes del Estado implementan leyes y políticas, ha de aplicarse de manera universal, sin excepciones y con total imparcialidad, en todo el territorio y para todos los ciudadanos. Actuar imparcialmente significa no tener en cuenta consideraciones subjetivas, como las relaciones o las preferencias personales, ya que bajo ese criterio cabe la posibilidad de aplicar la norma de manera discrecional.

 La consecuencia directa es que si, en el criterio del representante estatal, no cabe la opción de la excepcionalidad para eximir del cumplimento de la ley a determinadas personas, nadie quedará eximido. En consecuencia, nadie puede contar con la protección del Estado para cometer actuaciones ilegales.

 El instrumento principal para lograr la excepcionalidad ante la ley es la corrupción, que será mayor cuanto más débil sea la capacidad del Estado para imponer el imperio de la ley y la cultura de la legalidad, lo que a su vez alimenta de nuevo los niveles de corrupción. Esto da lugar a que haya una relación inversamente proporcional entre nivel de corrupción e imperio de la ley, factores trascendentales para entender la referida “metástasis”. En otras palabras, cuanto mayor es la fortaleza del imperio de la ley, mayor control sobre la corrupción. 

(...)  la corrupción, aunque se asocia a los ámbitos económico y político, no se contempla de la misma manera en relación con la seguridad. De hecho, junto a la corrupción, la inseguridad es otro grave problema. Pese a su íntima vinculación, sin embargo, no se relacionan entre sí. Generalmente se consideran de manera aislada una de otra.  (...)

Pese a la diversidad latinoamericana, el crimen organizado es una amenaza de primer orden en toda la región. Estas organizaciones retan a los Estados, ya sean más pobres, más desiguales o más pequeños, como el Triángulo Norte Centroamericano, o a los más grandes, con mayores recursos y más ricos, como Brasil y México. Sin embargo, hay una característica común en realidades tan distintas: la debilidad estatal. 

Ciertamente no en la misma medida, pero, sin duda, es una característica general. No obstante, también hay excepciones, como es el caso de Uruguay y Chile, donde no por casualidad la penetración del crimen organizado y los problemas de inseguridad son menores, y no por casualidad, entre otros indicadores, los del imperio de la ley son los mejores de la región. (...)

No hay duda al respecto, las sociedades latinoamericanas no son anómicas y sus respectivos Estados no están ausentes. Estos son quienes rigen y regulan la vida política, económica y social, lo que no impide que, al mismo tiempo, sea posible encontrar representantes estatales dispuestos a, mediante una coima, suspender el cumplimiento de la norma.

Conclusiones

¿Qué tipo de Estado y de sociedad es ésta? ¿Hay una aparente contradicción de fondo? ¿Cómo es posible que el Estado garantice el orden social y el orden y, al mismo tiempo, sea posible contar con su complicidad para delinquir?

Aunque sea un término muy recurrente que hemos utilizado todos los especialistas, el Estado débil quizá no exprese la complejidad de esta realidad. Más allá de que no haya sido posible un acuerdo sobre el término, dicha debilidad da a entender que estos Estados no tienen suficiente presencia territorial y social. Esta falta de presencia estatal generalmente se asocia a la precariedad material y a la falta de recursos para atender todo el territorio, pues esta “ausencia” es la que haría posible el desarrollo y fortalecimiento del crimen organizado. De esta forma, la solución al problema se resolvería con el traslado y presencia de representantes estatales y de sus instituciones.

Sin embargo, esto es sólo una parte del problema. Cabe preguntarse por qué el crimen organizado también logra tener el control de determinadas áreas o territorios donde hay representación estatal. Valga como ejemplo el mismo Río de Janeiro, sede de las instituciones estatales. Este no es precisamente un ejemplo de territorio sin presencia estatal, ni de falta de medios.

 De ahí que la presencia del crimen organizado no sólo dependa de la ausencia de Estado, sino más bien de su complicidad con éste. Las autoridades corruptas se encargarían de garantizar espacios de gestión y de autonomía para aquellas redes criminales, ya fuera en áreas marginales y alejadas como en el centro de las capitales.

Con ello, lejos de existir un Estado ausente, por debilidad e incapacidad, es más un Estado presente y “verdaderamente resistente”, que puede prestar protección a las redes criminales. 

Este es el caso de la Rocinha o de otras muchas favelas de Río, donde los principales líderes que organizan el negocio del narcotráfico son protegidos por la propia policía, quien obtiene a cambio sustanciosas ganancias de este negocio. No hay mejor protección que la del Estado y, cuando ésta se logra, queda garantizada la penetración del crimen organizado en la sociedad como un auténtico poder, ya sea en potencias regionales o países en vías de desarrollo."              (Sonia Alda y Javier Martín. Real Instituto Elcano, 26/4/2018)

¿Por qué el gobierno de México arrebató el poder al cártel de Michoacán para entregárselo al cártel de Jalisco?

"José Gil Olmos, reconocido periodista mexicano que lleva más de veinte años cubriendo a pie de calle movimientos sociales, guerrilla y narcotráfico en México, acaba de publicar Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, donde investiga cómo, en dos décadas, los campesinos que sobrevivían plantando marihuana se convirtieron en los grandes empresarios del crimen organizado y en cogobierno.  (...)

¿Porqué decides centrar la investigación de tu último libro en Michoacán? 

Porque la evolución del crimen organizado en Michoacán es paradigmática de lo ocurrido en el resto del país. Además, el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán es uno de los más importantes para el negocio del narco internacional: entran las metanfetaminas desde China y salen la marihuana, la heroína y las drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Desde ahí se controla la producción en México de marihuana y amapola, de la que se obtiene la goma de opio con que se produce la heroína. 

Hace cincuenta años, en Michoacán, como mucho, encontrábamos campesinos que cultivaban marihuana para sobrevivir. ¿Cómo ha sido su transformación de narcotraficantes a crimen organizado?

El campesino michoacano que vivía en la pobreza vio en la marihuana una fuente de ingresos alterna para ayudar a la familia. Después, descubrió el cultivo de la amapola y poco a poco fue a evolucionando, como evolucionó también el mercado de la droga en México. Hasta los años noventa, los mexicanos recibían dinero de los colombianos por el paso de la cocaína de Colombia a Estados Unidos. 

Pero en esa década, el cobro se empezó a realizar en cocaína. De este modo, los mexicanos comercializaron cocaína en Estados Unidos pero también introdujeron y controlaron el consumo en México. Hoy, el control del mercado de consumo en las principales ciudades de Estados Unidos ya no está en manos colombianas, sino mexicanas.

Y el campesino michoacano que empezó en el negocio para salir de la pobreza se convirtió en un gran empresario. 

Así es, en mi opinión, el campesino michoacano es quien mejor ha entendido las leyes del neoliberalismo, porque tiene un control absoluto de la producción, no tiene fronteras y ha sido capaz de crear una red internacional con socios en 47 países, entre ellos España. 

Estamos hablando de una empresa transnacional con 17 divisiones, que incluyen tráfico de drogas, personas, autos, armas, minerales, ropa, música y películas.

¿En qué se invierten las ganancias y cuánto aporta el crimen organizado a la economía en México? 

Gran parte de la ganancia del crimen organizado en México se invierte en los bancos y el sistema financiero internacional a través de paraísos fiscales en Europa, Bahamas y Estados Unidos. En cuanto al aporte a la economía mexicana, hay datos extraoficiales de que el narcotráfico supone entre el 10% y el 17% del PIB. En Michoacán, el cártel de Los Caballeros Templarios manejó en un año entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. 

¿Cómo se expande el crimen organizado?

A través de estrategias de terror: extorsiones, secuestros, violaciones, ejecuciones, descabezamientos, disoluciones en ácido. Secuestran a personas con perfiles especializados como técnicos de informática, contadores públicos o médicos y los obligan a trabajar para la organización. 

También secuestran a campesinos y los obligan a trabajar como esclavos en los campos de amapolas. Cuando ya no los necesitan, los desaparecen. Últimamente, están descubriendo fosas comunes en todos lados. En Coahuila encontraron restos de más de mil personas. 

Y el último peldaño está en pasar de la empresa de crimen organizado al co-gobierno o narcoestado. 

En 2011, el cártel La Familia Michoacana financió al candidato priista a gobernador de Michoacán Fausto Vallejo, a cambio del control del territorio. Con la victoria de Vallejo, el cártel eligió a gobiernos locales, funcionarios de obras, policía local, manejó el cobro de impuestos y la producción de aguacate. Se calcula que llegó a controlar el 70% del territorio michoacano.

¿Se conocen más casos de fusión del narco con la política?

Los casos más evidentes han sido en Guerrero, donde el que era gobernador, Ángel Aguirre, primo del jefe del cártel de Acapulco, recibió millones de pesos para que fuera gobernador. También el presidente municipal de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes, era parte de un grupo de crimen organizado. 

¿Y estos ejemplos podrían ser representativos del país?

Mi teoría es que en el año 2000, cuando se rompe la hegemonía de setenta-y-un años de gobierno del PRI, no sólo no se produce la transición a la democracia que se esperaba, sino que se empiezan a generar vacíos de poder que fueron ocupando otros grupos: las grandes televisoras, por un lado, que fueron capaces de crear a un presidente como Peña Nieto, y el crimen organizado, por el otro, capaz de incidir en las decisiones de Estado. 

¿Cómo se diseminan estos grupos de poder?

Michoacán y Jalisco están controlados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, Veracruz por Los Zetas, Sinaloa por el cártel de Sinaloa, Tamaulipas por el cártel del Golfo y Los Zetas. ¿Y sabes qué hace el gobierno? Nada. 

Precisamente, en el estado de Guerrero, ante la necesidad de la población de defenderse, se crearon las policías comunitarias. En 2013, también aparecieron un grupo de hombres y mujeres armados que desafiaban al narco, eran las autodefensas en Michoacán. ¿Cómo se forman estos grupos? 

Son fruto del hartazgo social frente a la incapacidad del estado mexicano de garantizar la seguridad. La policía comunitaria es una evolución del zapatismo. Las autodefensas en Michoacán se convierten en el grupo mejor organizado, con más de 10.000 personas y armas de alto voltaje. 

¿Quién estaba detrás de las autodefensas?

El gobierno federal se dio cuenta de que los mejores candidatos para acabar con el crimen organizado en Michoacán eran los propios michoacanos. Ellos conocían perfectamente a los jefes de los cárteles, por donde se movían. Por eso, aunque surgieron de forma espontánea, el gobierno las auspició. 

¿La financiación de las autodefensas en Michoacán provenía del gobierno federal, con el fin de recuperar la hegemonía en la zona?

Sí, hasta el punto de que fue el ejército quien les entregó las armas. En noviembre de 2012, Óscar Naranjo, general colombiano y asesor del presidente Peña Nieto en cuestiones de Seguridad Nacional, se reunía en Michoacán con los futuros jefes de las autodefensas para organizarlos y protegerlos. 

 El general Naranjo fue el creador de las autodefensas en Colombia para eliminar a Pablo Escobar. Una vez las autodefensas cumplieron su objetivo, acabar con el cártel de Michoacán, el gobierno las disolvió y pactó una pax mafiosa con el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel más poderoso ahora en México. 

¿Por qué el gobierno de México arrebató el poder al cártel de Michoacán para entregárselo al cártel de Jalisco?

El cártel michoacano era una amenaza para el gobierno. Había alcanzado tal base social, armas y territorio que habría sido capaz de levantarse como grupo insurgente y hacer frente al estado mexicano. Entregando la hegemonía al cártel de Jalisco, el gobierno mexicano trataba de asegurarse la gobernabilidad del país.

¿México está en guerra?

De 2006 hasta la fecha, hay un cifra extraoficial de más de 200.000 muertos y 350.000 desplazamientos forzados. En México existe una guerra no convencional de soldados, ejércitos y marinos contra multitud de grupos de crimen organizado en todo el país. 

Pero además todas las representaciones del gobierno federal están corrompidas. El expresidente de México Miguel de la Madrid decía que la corrupción era el aceite que hacía funcionar la maquinaria del país. 

México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para los periodistas. ¿Cuáles son los desafíos para los que ejercéis el periodismo en el país?

Ningún medio en México está preparado ante esta situación. No hay ninguna protección para los periodistas, no hay protocolo que alcance a protegernos. Intentamos mantener un perfil bajo, no llamar la atención.

 Hay zonas donde los periodistas se autocensuran para proteger la propia vida y la de la familia. El investigador Rogelio Flores analizó el estrés postraumático de los reporteros que cubrimos violencia en México: tenemos el estrés postraumático de corresponsales de guerra.  (...)"               (Entrevista a José Gil Olmos, Diagonal, 22/11/16)

“Las ganancias de la droga se realizan a través de la capacidad de blanqueo de fondos del sistema bancario de EE.UU"

“Mientras el Pentágono arma al gobierno mexicano y la Drug Enforcement Agency (DEA) promueve la solución militar, los mayores bancos de EE.UU. recaudan, blanquean y transfieren cientos de miles de millones de dólares anuales de y a las cuentas de los capos de la droga, para comprar armas modernas, pagar ejércitos privados de asesinos y corromper a políticos y agentes del orden a ambos lados de la frontera.

“Las ganancias de la droga, en su sentido más básico, se realizan a través de la capacidad de blanqueo de fondos y realización de transacciones del sistema bancario de EE.UU. La escala y el alcance de esta alianza entre el cártel de la droga y el citado sistema bancario superan con creces cualquier otra actividad económica del sistema bancario privado estadounidense.

Un solo banco –Wachovia– blanqueó 378.300 millones de dólares entre el 1 de mayo 2004 y el 31 de mayo de 2007 (The Guardian, 11.5.2011). Todos los bancos importantes de EE.UU. han sido en un momento u otro socios financieros activos de los criminales cárteles de la droga: Bank of America, Citibank, JP Morgan, así como otros bancos extranjeros que operan en Nueva York, Miami y Los Ángeles.

“Si bien los principales bancos de EE.UU. son los motores económicos que permiten que siga en funcionamiento este multimillonario imperio de la droga, la Casa Blanca, el Congreso de EE.UU. y los organismos oficiales de lucha contra la droga son los protectores básicos de los bancos…

El blanqueo de dinero de la droga es una de las fuentes más lucrativas de beneficio de todos los bancos de Wall Street: cobran altas comisiones y prestan a entidades de crédito a tasas de interés muy superiores a lo que pagan –cuando lo hacen– a los narcotraficantes por sus depósitos…

Inundados de beneficios de la droga blanqueados, esos titanes estadounidenses del mundo de las finanzas pueden comprar fácilmente a sus propios funcionarios elegidos para perpetuar el sistema.” “Imperialismo, banqueros, guerra de la droga y genocidio", James Petras, Rebelión)

Repito: “Cada banco importante en EE.UU. ha servido como un socio financiero activo de cárteles asesinos de la droga…”(Rebelión, 03/06/2011, citando a 'El papel de Wall Street en el narcotráfico, “Los negocios florecen”, de Mike Whitney,CounterPunch)

Documentos desclasificados revelan que la CIA ha financiado redes de narcotráfico

"Aunque para muchos la noticia de que la CIA esta involucrada en las redes de narcotráfico no es noticia, lo cierto es que no deja de ser relevante la confirmación de esta “teoría” a través de documentos oficiales.

Obligado a través del Acta de Información Pública, el gobierno federal de Estados Unidos desclasificó un archivo con más de ocho mil documentos en los que se detallan, entre otras cosas, la participación de la CIA en organizaciones de tráfico de drogas.

La relación de la Agencia Central de Inteligencia y el narcotráfico comenzó en la década de los setentas (o tal vez comenzó antes pero ya para entonces estaba consolidada) y fue intensificándose hasta los noventas, década en la que supuestamente cesó estas acciones (tendremos que esperar a 2030 para enterarnos de que en el 2010 continuaba con sus sombrías prácticas).

Una de las operaciones concretas en las que la CIA apoyó el narcotráfico fue en los años ochenta en Afganistán. Durante la Guerra Fría que sostenían estadounidenses y soviéticos se registró la invasión de estos últimos a Afganistán.

En aquel entonces se constata que la CIA utilizó al menos 2,000 millones de dólares en financiar la resistencia afgana a través de los cárteles de droga locales que se dedicaban principalmente al cultivo de amapola y marihuana y controlaban, como hasta ahora, el mercado de la heroína alrededor del mundo.(...)

Pero no solo en Afganistán entabló la CIA lazos con narcotraficantes, Lo mismo sucedió en América Latina en donde la agencia de inteligencia estadounidense recurrió a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para financiar movimientos de desestabilización contra gobiernos latinoamericanos que no accedían a alinearse con la agenda de EUA.

”En el escenario estadounidense, el dinero de la droga provenía desde el Cono Sur y se convertía en dinero legítimo en Wall Street. En el escenario latinoamericano, este mismo dinero, una vez blanqueado, volvía a la región en forma de fondos para el paramilitarismo”, afirma el ex-agente federal Michael Ruppert.

Por otro lado la CIA también se vinculó al narcotráfico para deslegitimar movimientos sociales dentro del propio Estados Unidos y organizaciones avocadas a la lucha por los derechos civiles e la población, o grupos con ideologías que amenazaban la hegemonía psicocultural promovida por el gobierno con ayuda del mainstream media. (...)

La Comisión de Juristas para la publicación de informes sobre el narcotráfico calcula que en Estados Unidos se lavan cantidades de dinero, provenientes de actividades ligadas al narcotráfico, que superan los 100,000 millones de dólares (un cálculo bastante conservador ya que hay versiones que aseguran que esta cantidad asciende a por lo menos 600 mil mdd).

Mientras que reportes de esta misma entidad aseguran que la élite financiera estadounidense, así como en general la de América Latina, se benefician indirecta pero palpablemente, del monumental negocio que se genera a partir del tráfico de narcóticos.

Y tomando en cuenta que Wall Street, Hollywood, los grandes bancos, la mayoría de los gobiernos, e incluso las clases altas, a fin de cuentas obtienen ganancias de este fenómeno, podemos creer que hay alguien, dentro de la esfera de poder, que genuinamente desea el fin de esta práctica? Y aún más allá ¿Es la CIA el más grande cartel de drogas del mundo?" (Rebelión, 25/04/2011)

"Rupport contribuyó a exponer a Barry Seal, el agente de la CIA que vendía cocaína para la CIA y el cártel de Medellín y cuyo avión usaba nada menos que George W. Bush, el hijo del ex director de la CIA.

Según Ruppert la CIA vende drogas a través de al menos tres operaciones: Amadeus, Pegasus and Watchtower.

Ruppert se apoya también en el trabajo de Gary Webb, premio Pullitzer, que documentó como la CIA llevó la cocaína de Nicaragua para hacer crack y distribuirlo en las calles de Los Angeles y fondear las operaciones Contra.

Lo mismo que reveló el diario del oficial de las fuerzas armadas Oliver North en el caso del opio en Afganistán." (pijmasurf, 23/08/2010)

"Capturamos un criminal que tiene 19 años de edad y llegó a declarar que él ha asesinado a más de 200 personas"

"Una respuesta frecuente es que la actual tragedia mexicana es el resultado de décadas de tolerancia frente a los narcotraficantes.

Hubo un pacto tácito de no agresión que políticos, gobernantes, medios de comunicación y líderes empresariales mantuvieron con los carteles. Otros argumentan que esto es culpa del presidente Felipe Calderón, quien, sin un plan claro, le declaró la guerra a los narcotraficantes, rompiendo así el equilibrio que mantuvo al país en relativa calma durante años. Otra explicación es que la enfermedad de México es importada:

"Son los gringos. Estados Unidos importa la droga, nos genera criminales riquísimos y nos exporta libremente las ametralladoras que nos están matando", me dijo un amigo mexicano. La mala situación económica también es señalada como causa. Es un problema de valores, dicen otros. (...)

"Les cuento algo que hace reflexionar", dijo el presidente. "Capturamos un criminal que tiene 19 años de edad y llegó a declarar que él ha asesinado a más de 200 personas". (...)

Lamentablemente, muchos mexicanos, espantados por los horrores cotidianos y seducidos por las promesas de un regreso a la calma "si se negocia con los carteles", han abandonado a su presidente. Así, una guerra que ha debido, y debe ser, de toda la sociedad decente se ha convertido en "la guerra de Calderón".

Y Calderón no la puede ganar solo. Rescatar para la decencia espacios que ahora están en manos criminales requiere de tiempo, sacrificios y el concurso de todos -políticos y líderes sociales, periodistas y militares, sindicalistas y empresarios, amas de casa y universitarios-. Esta no es la guerra de Calderón; debe ser la guerra de todo México.

Pero los mexicanos están agobiados por décadas de frustración económica, expectativas de progreso que no se cumplen y políticos y políticas mediocres. Las estadísticas de asesinatos ocupan, con razón, los titulares. (...)

México tiene uno de los porcentajes más bajos del mundo de población activa ocupada en organizaciones civiles (0,04% en México; más del 2% en Perú y Colombia).

Traigo a colación estos datos solo para sugerir que el problema de México y su guerra tiene múltiples ramificaciones que van desde la política de Estados Unidos sobre drogas o venta de armas hasta el consumo de libros o la precariedad de su sociedad civil organizada.

Para todo esto no hay soluciones simples, rápidas y que quepan en un párrafo. Pero la ineludible realidad es que el problema no es del presidente de turno. Es del país." (MOISÉS NAÍM: ¿Quién perdió a México?. (El País, 17/04/2011, p. 8)

La causa del narcoestado mexicano

"México está condenado a seguir viviendo "tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos" y en el horizonte previsible el poderoso vecino no va a cancelar el mercado libre de armas, ni a disminuir el consumo de drogas, ni a levantar la prohibición.

De modo que México tiene que salir del pozo con una buena dosis de realismo, partiendo de unas condiciones geopolíticas, socioeconómicas y culturales que en buena parte podrían interpretarse como causas del mal que se combate, pero que a mediano plazo son inmodificables.

No hay atajos ni cabe esperar milagros. De ahí que haya que empezar describiendo correctamente la situación, sin exagerar los males -el catastrofismo de nada sirve- pero sin ocultar tampoco aquellos más conflictivos, por chocar los posibles remedios con intereses básicos de algunos sectores. (...)

Cualquier política exitosa ha de combatir los mecanismos que han llevado a las mafias a ir ganando terreno, un proceso, de ello caben pocas dudas, que se corresponde con el vaciamiento y ulterior declive del Estado. La causa última de la crisis profunda que vive México es el progresivo debilitamiento del Estado, cada vez más cuarteado en miles de taifas. La sociedad ha quedado desprotegida ante las más diversas fuerzas sociales, económicas, empresariales, sindicales.

El vacío que ha dejado el Estado lo llenan grupos, grandes ypequeños, legítimos e ilegítimos, entre ellos, las mafias que se disputan el poder a su manera, es decir, extorsionando y matando.

Puede fijarse con bastante precisión el comienzo del desplome del Estado en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Al abrir la economía al exterior y privatizar una parte del sector público, Salinas puso en entredicho el Estado corporativo del PRI en un momento en el que se pensaba que para promocionar el desarrollo era imprescindible abrir las puertas de par en par al capital internacional y facilitar el libre desenvolvimiento de las empresas, aunque luego haya quedado patente que el precio a pagar podría ser dejar al Estado inerme ante los poderes empresariales y sindicales, o ante cualquier grupo de presión organizado.

Las reformas económicas de Salinas facilitaron el fin del monopolio político del PRI, de lo que todos nos congratulamos en su día, pero 16 años más tarde los mexicanos se preguntan angustiados cómo ha sido posible que la liberalización de la economía y la instalación de una democracia de partidos haya traído consigo el derrumbe progresivo del Estado.

No espere el lector una respuesta cabal en unas pocas líneas, pero el hecho que importa recalcar es que México pagó muy pronto con una crisis, conocida como la crisis del tequila, la amplia desregulación de la economía y la apertura al exterior con una fuerte bajada de los aranceles, propiciada por el Tratado de Libre Comercio, así como la privatización de más de 1.000 empresas públicas, que si bien tuvieron la virtud de desmontar el Estado corporativo del PRI, al no haber sido implementada con una política fiscal y social que fuera corrigiendo las enormes desigualdades, la sociedad quedó a merced de los grupos y grupúsculos capaces de imponerse por la corrupción o la fuerza.

La crisis que estamos viviendo en nuestros días permite al fin criticar una liberalización desregulada, que en los años ochenta y noventa parecía incuestionable, algo que únicamente una izquierda que se reputaba tan residual como sectaria ponía en cuestión.

Ausente el Estado como garante del orden social, las mafias luchan abiertamente por el control de sus actividades y territorios, las empresas privadas recurren a métodos mafiosos o colaboran con las mafias en un tejido en que ya apenas se distingue lo legal de lo ilegal. Se independizaron los partidos políticos que antes giraban en torno al PRI, pero, sin apenas base social, necesitan de la financiación externa, reforzando el poder de los intermediarios y dejando desprotegidos a amplios sectores sociales." (IGNACIO SOTELO: El desguace del Estado mexicano. El País, 05/11/2010, p. 29/30)

"El presidente Calderón no ganará jamás la guerra al narcotráfico"

"Pregunta. Ya van más de 25.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Y la violencia, lejos de decrecer, aumenta. ¿Qué está pasando?

Respuesta. El Gobierno politizó el fenómeno del narcotráfico. Lo politizó al darle prioridad a un grupo y, como consecuencia, los otros grupos reaccionaron violentamente. Y en esa reacción, que ha sido muy despiadada, hemos podido identificar nuevos estilos de violencia como las decapitaciones en masa. Da la impresión de que, más que la muerte del rival, lo que algunas de las bandas están haciendo es mandar mensajes. No a los rivales, sino al Estado. Es una situación nueva, porque se han perdido hasta los viejos códigos. Los narcos evitaban las agresiones contra los niños o las mujeres. Ya no. El Gobierno ha creado un problema, ha soltado a los demonios y ahora no sabe cómo detenerlos.

P. ¿Puede ganar el presidente Calderón la guerra al narcotráfico?

R. No la va a ganar jamás. Porque el perfil de este país es lacerante. México es un país muy herido donde, por ejemplo, la deserción escolar de nivel medio es muy alta. Estamos hablando de 15 millones de chicos en un país donde cerca de 50 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema. Y una de las salidas de esos chicos que ni estudian ni trabajan es la delincuencia. Una salida que muchas veces ni siquiera es económica, porque por la información que yo tengo ni reciben un sueldo atractivo. Se trata más bien de una opción de violencia, de lograr el poder inmediato, el poder que da un AK-47 automático en las manos, 120 disparos por minuto. (...)

P. El Gobierno dijo que, si no combatía ya al narcotráfico, el próximo presidente de la República sería colocado en su puesto por el crimen organizado...

R. Es una postura equivocada. Hay rumores de que el narco siempre ha tenido que ver con la elección del presidente. Que hace mucho que está poniendo presidentes. Llevo varias campañas electorales haciéndoles las mismas preguntas a líderes de los tres grupos. ¿Ustedes están utilizando en sus campañas dinero sucio? ¿Tienen algún acuerdo con las bandas? Y ninguno me dijo que sí, pero tampoco que no. Y en el caso del presidente actual fue lo mismo. No me dijeron que sí, pero tampoco que no..." (ÉLMER MENDOZA: "El presidente Calderón no ganará jamás la guerra al narcotráfico". El País, 22/07/2010)

'Narcoaldeas'

"Esta región sufrió en 2007 el azote del huracán Félix, que devastó la zona dejando un reguero de cadáveres y destrucción (las autoridades cifran en más de 240 los muertos y desaparecidos, 20.000 las casas destruidas y 198.000 los damnificados). No hay hospitales ni escuelas y la energía eléctrica y las telecomunicaciones son un verdadero lujo. La región, además, es tierra de nadie: en más de 50.000 kilómetros cuadrados las autoridades mantienen apenas a 600 oficiales. Una zona idónea para el establecimiento del narcotráfico.

"Cuando se combinan la pobreza y el abandono con la negligencia de la administración pública, tenemos minorías étnicas que ante la desesperanza encuentran en el narcotráfico una opción de vida a la vista de las autoridades", explica el catedrático Félix Maradiaga.

Con el avance del narcotráfico se han formado las que se conocen como

narcoaldeas, pequeñas poblaciones con un nivel de vida diferente al de la región donde se encuentran. Algunos aldeanos han construido casas de cemento -un lujo en este lugar de chozas de pajas- con paneles solares, telefonía por satélite y antenas parabólicas. Estos lujos, afirman los analistas, son comprados con dinero del narcotráfico. (...)

El narcotráfico entró con fuerza en Nicaragua a partir de 1990, tras la caída del primer Gobierno sandinista de los ochenta y la reducción del Ejército Popular Sandinista, que contaba con más de 130.000 miembros. Entre 1997 y 2007 las autoridades se han incautado de 58.000 kilos de cocaína, la mitad de ellos en las costas del Caribe, aunque los expertos afirman que esa cifra apenas representa el 20% del total que circula por el país. "Algunos pescadores de la zona fueron la estructura primaria de apoyo al narcotráfico en dos sentidos, en acopio y reventa de la droga y suministro de combustible", explica Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Managua.

Lo que más alarma a los analistas es el hecho de que el mayor número de detenidos por relación con el narcotráfico son nicaragüenses: 7.777 personas entre 2000 y 2007. Además, Orozco afirma que en el país ya hay "pequeños carteles" que dan seguridad y que almacenan droga para la reventa o para la venta en el mercado interno, porque el avance del narcotráfico va de la mano del aumento en el consumo: un estudio realizado en 2006 por el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas mostraba que 850.000 nicaragüenses habían consumido drogas. Una cifra alta en un país de 5,2 millones de habitantes." (El País, ed. Galicia, 23/12/2009, p. 6)