Juan José Tamayo: “Un importante sector de la jerarquía católica española es responsable y cómplice de la pederastia”... “Sorprende que sectores católicos ultraconservadores se dediquen a hacer escraches a las puertas de las clínicas de aborto y no los hagan en las iglesias y los domicilios de los sacerdotes pederastas que siguen ejerciendo el ministerio sacerdotal”... Es un problema estructural, legitimado institucionalmente... la pederastia se ha producido en todos los espacios del poder eclesiástico y en sus dirigentes: cardenales, arzobispos, obispos, miembros de la Curia romana, miembros de congregaciones religiosas, responsables de parroquias, capellanes de Congregaciones religiosas femeninas, profesores de colegios religiosos, formadores de seminarios y noviciados, padres espirituales, confesores, etcétera... la causa se encuentra en el poder detentado por las personas sagradas, un poder omnímodo y en todos los campos. Hay poder sobre las conciencias, poder sobre las mentes, poder sobre las almas y sobre los cuerpos, que se convierten en propiedad de las masculinidades sagrada

 "“La pederastia es uno de los mayores escándalos de la Iglesia católica del siglo XX, si no el mayor. Es un problema estructural, legitimado institucionalmente por las más altas jerarquías durante décadas, desde el Vaticano hasta los obispos de numerosas diócesis de todo el mundo”. Así de contundente se expresa el teólogo Juan José Tamayo sobre el escándalo de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, una realidad a la que se acerca con ambición en su recientemente publicado Pederastia; ¿Pecado sin penitencia? (Erasmus).

En base a numerosa documentación, el libro ofrece una visión cruda de los silencios y las culpas que han rodeado esta realidad ocultada durante décadas. También recoge la reivindicación de las víctimas, que el Defensor del Pueblo ha calculado en al menos 240.000 personas, y el papel de los medios de comunicación a la hora de destapar un escándalo del que solo conocemos la punta del iceberg. ¿Y el papel de la propia Iglesia? Tamayo no duda: “Sorprende que sectores católicos ultraconservadores se dediquen a hacer escraches a las puertas de las clínicas de aborto y no los hagan en las iglesias y los domicilios de los sacerdotes pederastas que siguen ejerciendo el ministerio sacerdotal”.

¿Se reduce la pederastia a unos pocos casos o es un problema estructural en la Iglesia católica?

La pederastia es uno de los mayores escándalos de la Iglesia católica del siglo XX, si no el mayor, el que más descrédito ha provocado en esta institución bimilenaria. Es un problema estructural, legitimado institucionalmente. No vale decir que son casos aislados y marginales, todo lo contrario: la pederastia se ha producido en todos los espacios del poder eclesiástico y en sus dirigentes: cardenales, arzobispos, obispos, miembros de la Curia romana, miembros de congregaciones religiosas, responsables de parroquias, capellanes de Congregaciones religiosas femeninas, profesores de colegios religiosos, formadores de seminarios y noviciados, padres espirituales, confesores, etcétera.

¿Y en España?

En España hay cosas que son la mejor demostración del desprecio a las víctimas y de la falta de compasión con ellas por parte de un importante sector de la jerarquía católica española, que se convierte así en responsable y cómplice de dichos crímenes: primero el negacionismo, el silencio, el ocultamiento de los crímenes durante décadas y la permisividad del delito; después el encubrimiento, la minusvaloración del número de pederastas y de víctimas (“solo pequeños casos”, afirmó Luis Argüello siendo secretario de la Conferencia Episcopal Española) y la falta de denuncia ante los tribunales. Y, por último, la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

¿Cuál es la raíz de este crimen?’

Yo creo que se encuentra en el poder detentado por las personas sagradas, un poder omnímodo y en todos los campos. Hay poder sobre las conciencias, poder sobre las mentes, poder sobre las almas y sobre los cuerpos, que se convierten en propiedad de las masculinidades sagradas, objeto de colonización y de uso y abuso a su capricho. Un poder que se basa en la masculinidad sagrada, sin control. Un poder patriarcal sobre las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y las personas más vulnerables y más fácilmente influenciables.

Pero quizá lo más grave es que el comportamiento criminal de los pederastas y el silencio de la jerarquía terminan por desacreditar a toda la comunidad cristiana. Hoy, que ya conoce tamaños crímenes, debe levantar la voz profética de denuncia contra los pederastas y sus cómplices. Callar se convierte en delito: delito de silencio.

El libro se titula Pederastia, ¿Pecado sin penitencia? ¿Por qué lo eligió?

Cuando terminé el libro, el título me surgió de manera espontánea. Durante los últimos 80 años, la jerarquía no reconoció la gravedad del pecado ni la humillación a la que fueron sometidas las víctimas, miró para otro lado ante las denuncias que recibía, y se limitó a cambiar de destino a los pederastas a otros lugares de España u otros países, donde seguían delinquiendo impunemente. A las víctimas se les imponía silencio para salvar el buen nombre de la Iglesia. Esto generaba un clima de permisividad con los agresores, una atmósfera de oscurantismo para con las víctimas y un ambiente de complicidad de la jerarquía.

¿Es también, o ha sido, un pecado –y un delito– sin castigo?

Sin duda. Si en la Iglesia católica no se impuso la penitencia a los pederastas conforme a la gravedad del pecado, en el ámbito de la administración de justicia no se impusieron las penas conforme al delito. Pareciera que la jerarquía eclesiástica y la Justicia hubieran hecho un pacto, la primera para negar el pecado y la segunda para no investigar ni castigar el delito. La jerarquía optó por el silencio y el encubrimiento. En el caso de la administración de justicia había un miedo reverencial a los obispos y al clero. La simbiosis no podía ser mayor. No olvidemos que vivíamos en un régimen de nacionalcatolicismo en el que los poderes estaban al servicio de la dictadura y el poder religioso la legitimaba. Mi impresión es que dicho miedo sigue manteniéndose hoy en un sistema en el que todavía quedan no pocos restos de nacionalcatolicismo.

¿Cómo ha evolucionado la visión de la sociedad sobre los abusos a menores? ¿Y en la Iglesia?

Hasta hace muy poco tiempo la sociedad, y la comunidad cristiana, eran desconocedoras de los crímenes. Ahora las cosas son distintas. Los casos de pederastia son conocidos y los pederastas tienen nombres y apellidos. En la sociedad se han creado asociaciones de víctimas que concientizan a la sociedad, denuncian a los pederastas, acompañan a las víctimas que tristemente siguen sintiéndose solas y reclaman la rehabilitación de la dignidad pisoteada y una justa y necesaria reparación por los daños causados que en muchos casos duran toda la vida.

En el seno de la Iglesia católica hay colectivos cristianos muy sensibilizados hacia el problema. Uno de los más madrugadores fue la asociación Iglesia sin abusos, creada en 2002 en una parroquia madrileña ante las agresiones sexuales de un sacerdote. Llegó a denunciar el caso ante la Fiscalía, ganó en la Audiencia y el Tribunal Superior confirmó la sentencia. El arzobispo (Rouco) fue condenado como responsable civil subsidiario.

¿Cuál es el papel de las víctimas, de los supervivientes?

Deben convertirse en el centro de las investigaciones. Sus relatos deben ser creídos, sus sufrimientos, compartidos, sus heridas, curadas. Son ellas las que tienen la verdadera autoridad, como afirmaba el teólogo alemán Johann Baptist Metz de las víctimas del Holocausto. Hay que anteponer la atención a las víctimas sobre la protección de los intereses de la institución eclesiástica, que tantas veces las ha olvidado, y no ha mostrado compasión con ellas.

¿Qué pueden hacer los cristianos ante esta lacra?

Una vez conocida su existencia, su magnitud y gravedad, los cristianos y las cristianas no pueden guardar silencio. Deben denunciarla, condenarla. ¿Cómo? Exigiendo cambios estructurales, no simples revoques de fachada. Es necesario despatriarcalizar, desjerarquizar, desclericalizar, desmasculinizar y democratizar la Iglesia católica. El Papa Francisco acaba de afirmar que es necesario desmasculinizar la Iglesia y escuchar a las mujeres para ver la realidad desde otra perspectiva. Hay que exigir a la jerarquía transparencia, la apertura de los archivos donde se encuentran las informaciones sobre agresiones sexuales cometidas dentro de la Iglesia católica, porque la verdad está por encima de la inviolabilidad de los documentos. Su negativa, que tienden a justificar en los Acuerdos con la Santa Sede, es un acto de encubrimiento de los pederastas y de complicidad con ellos. Hay que reclamar la eliminación del celibato obligatorio de los sacerdotes, y pedir la supresión de los seminarios tal y como están actualmente organizados: internados donde los aspirantes al sacerdocio viven segregados de la juventud, de la familia y de la sociedad.

¿No aprecia una desproporción entre las penas impuestas por el Código de Derecho Canónico a los pederastas y las aplicadas a las mujeres que interrumpen el embarazo?

Una desproporción enorme en perjuicio de las mujeres. La máxima sanción para los pederastas es la expulsión del estado clerical, que rara vez se aplica; la que se aplica a las mujeres que abortan es la excomunión latae sententiae, cuando los abusos sexuales constituyen un grave delito y el derecho al aborto está reconocido en la legislación de varios países, incluido España. Sorprende, asimismo, que sectores católicos ultraconservadores se dediquen a hacer escraches a las puertas de las clínicas abortistas y no los hagan en las iglesias y los domicilios de los sacerdotes pederastas que siguen ejerciendo el ministerio sacerdotal. "                         (Jesús Bastante, eldiario.es,  17/02/24)

Los obispos culpan de sus casos de pederastia a toda la sociedad por su "silencio cómplice"... o sea, los obispos insultan a toda la sociedad por no haberlos metido en la cárcel por ocultar la pederastia sacerdotal... pues tienen razón

 "El portavoz de la Conferencia Episcopal acusa a los españoles de "inacción" ante los abusos a niños.

 El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha admitido que la Iglesia mantuvo durante años "un silencio cómplice" ante los casos de pederastia, pero ha extendido la culpa a toda la sociedad por su cuota de "responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio".

Gil Tamayo ha explicado esa responsabilidad por la "inacción de toda la sociedad española" ante los abusos a menores por parte de la Iglesia católica.

"Es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio", ha dicho Gil Tamayo en una entrevista con EFE concedida una semana antes de concluir su mandato.

Gil Tamayo será ordenado obispo de Ávila el próximo 15 de diciembre, una responsabilidad para la que ha sido nombrado por el papa Francisco tras la renuncia de Jesús García Burillo."            (El Plural, 14/11/2018)

¿Por qué la Iglesia silencia a las víctimas? El Consejo Arzobispal de la Iglesia de Inglaterra disuelve la Junta Independiente de Salvaguarda de la Iglesia, y despide a sus miembros. Se trata del organismo encargado, entre otras cosas, de investigar los abusos del clero y de apoyar a las víctimas... La Iglesia está en crisis total, derrotada por un gerencialismo defensivo y un clericalismo aislado

 "Mis hijos pequeños, que hablan hebreo, me llaman abba. De origen arameo, la lengua del Padrenuestro - "Padre nuestro, que estás en los cielos"-, abba es más suave, más íntimo que el "padre" inglés. Quizá un poco más cercano a "papá", aunque menos infantil, menos sentimental. Llamar a Dios "abba" es hablar de Dios como una presencia amorosa, no como un déspota austero.

Así que en esa sola palabra se derrumba un montón de cosas muy profundas: nuestra relación con la naturaleza última de las cosas, nuestra relación con la religión, nuestra relación con nuestros propios padres. No hace falta ser Freud para no sorprenderse de que Stephen Cottrell, arzobispo de York, tocara un nervio muy sensible cuando se preocupó en voz alta de que pudiera haber un problema con "Nuestro padre".

 Muchos comentaristas gimieron interiormente, al ver otro deprimente ataque de palabrería de la Iglesia de Inglaterra. Y sí, el arzobispo ensayó inevitablemente la idea de que Dios es el depredador supremo del patriarcado. Pero en realidad, lo que dijo fue peor que eso. Mucho peor.

 Esto es exactamente lo que dijo: "Sí, sé que la palabra 'Padre' es problemática para aquellos cuya experiencia de Padres terrenales ha sido destructiva y abusiva". Y está claro que tiene razón en que si tu padre te pegaba o abusaba de ti de niño, entonces la palabra "padre" tendrá connotaciones perturbadoras. Pero lo que la prensa no captó fue el hecho de que "padre" es también la forma en que muchos clérigos se definen a sí mismos. Y si el Padre Fulano abusó de ti cuando eras niño del coro, entonces sí: "Padre Nuestro" puede ser un problema.

En realidad, las cosas ya eran difíciles para el arzobispo y la Iglesia que dirige. La actual reunión del Sínodo General en York ha sido testigo de una crisis para la Iglesia de Inglaterra a una escala casi inimaginable: un descenso total a la acritud y el caos, del que tardará una generación en recuperarse. "La Iglesia a menudo hace el trabajo de Satanás", escribió un sacerdote tras presenciar los acontecimientos del domingo.

Se refería a la decisión del Consejo Arzobispal de disolver la Junta Independiente de Salvaguarda de la Iglesia y despedir a sus miembros. Se trata del organismo encargado, entre otras cosas, de investigar los abusos del clero y de apoyar a las víctimas. Se supone que es independiente porque la Iglesia de Inglaterra tiene un largo historial de encubrir sus propios desaguisados. Pero resulta que cuando sus miembros dicen cosas que no gustan al Consejo de Arzobispos, pueden ser despedidos y la junta clausurada.

 Como dijo el obispo de Birkenhead, responsable adjunto de la Iglesia para la salvaguardia: "Hoy la Iglesia es menos responsable. Destituir, con tan poca antelación, a las voces independientes más firmes que piden cuentas a la CofE por sus fallos en materia de salvaguardia nos hace parecer resistentes a un escrutinio y un desafío sólidos, algo que, por supuesto, somos". Cuando los funcionarios despedidos de Salvaguardia pudieron finalmente hablar -después de muchas discusiones sobre si se les debía permitir hacerlo- dijeron al Sínodo que habían sido "silenciados". Esto es extraordinario. Si la Iglesia puede silenciar a su propio órgano de protección, ¿qué esperanza tienen los supervivientes?

 Incluso bajo los focos del escrutinio sinodal, era difícil obtener una respuesta directa. Al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se le preguntó directamente si había votado personalmente a favor de disolver el Organismo Independiente de Salvaguardia. Su respuesta indicó claramente que ha pasado mucho tiempo rodeado de políticos (compañeros de Old Etonians, quizás). "Ambos arzobispos deseaban esperar un poco", dijo, lo que da la fuerte impresión de que él y el arzobispo de York habían votado en contra de la disolución. Más tarde, bajo más presión, la Iglesia admitió que ambos habían votado a favor. Si se hubiera hecho en la Cámara de los Comunes, Welby podría haberse enfrentado a acusaciones de engañar a la Cámara.

 Con todo esto en mente, volvamos al pequeño inciso de Cottrell sobre "Padre nuestro". Resulta que a ambos nos llaman Padre personas con las que no tenemos ninguna relación de parentesco biológico. Me ha costado muchos años adaptarme a ello. Los niños de la escuela dominical, en una de mis primeras parroquias en el País Negro, solían pensar que sonaba graciosamente como Farmer Giles. A mí no.

Pero la razón principal por la que me resulta incómodo es que huele demasiado a lo que quizá sea el pecado más profundo de la Iglesia: el clericalismo. El padre sabe más. En la época de la Reforma, el clero era conocido como "Señor". En este país, hasta finales del siglo XIX no se generalizó la forma de dirigirse al clero católico como "Padre". Es una especie de afectación moderna. Para personas como el cardenal Manning, que lo promovió, Padre indicaba una especie de estatus espiritual exultante, una alineación especial con el Padre supremo, Dios.

 Resulta extraño cuando se piensa en ello. Al ser célibes, los clérigos católicos no tienen hijos, al menos se supone que no. En su lugar, Padre indica un tipo de responsabilidad espiritual, parecida a la paternidad, pero no igual. Sin embargo, en algunos contextos, ser llamado Padre se convirtió, con demasiada facilidad, en una marca de pertenencia a un club, un club al que muchos hombres solitarios y sin familia acudían en busca de compañía, whisky y buenos cotilleos. Personalmente, me encanta pertenecer a este club. Pero hay un lado oscuro en su exclusividad, que, para ser claros, no tiene nada que ver con su campechanía. Uno para todos y todos para uno puede inculcar una cierta omertà, una sensación de que nos cuidamos los unos a los otros en las buenas y en las malas, incluso cuando el clero falla.

Por supuesto, no sólo católicos y anglocatólicos abusan de quienes están a su cargo. Entre los presuntos autores de abusos hay 242 clérigos, 53 funcionarios eclesiásticos y 41 voluntarios que trabajan con niños. Pastores espeluznantes y carismáticos que mantenían "combates de lucha libre" secretos con jóvenes, o evangélicos autoritarios que propinaban palizas desnudos a adultos vulnerables: muchos de ellos eran personas muy bien conectadas, con amistades al más alto nivel.

 Lo que resultaba tan deprimente del "Padre Nuestro" aparte no era que se despertara, sino que era absolutamente cierto. Las víctimas de abusos no pueden confiar en la Iglesia. ¿Y cuál ha sido la respuesta oficial a todo esto? Se ha pedido otro informe. "Se han cometido errores", admitió el arzobispo de York, "y tenemos que revisarlo y aprender de ellos". Mientras hablaba, los supervivientes colocaban lazos y carteles en la valla exterior, para recordar a las víctimas. Al día siguiente, esta pequeña protesta había desaparecido.

La Iglesia está en crisis total, derrotada por un gerencialismo defensivo y un clericalismo a la defensiva. El domingo por la tarde, muchos estaban hartos. El Director de Comunicaciones de la Comunión Anglicana, Gavin Drake, dimitió del Sínodo. "Me uní al Sínodo para hacer de la Iglesia de Inglaterra un lugar más seguro. He fracasado, porque la maquinaria central de la Iglesia de Inglaterra utilizará todo su poder para impedir que el Sínodo haga aquello para lo que existe". Muchos en la Iglesia están perdiendo rápidamente la confianza en nuestro liderazgo. Porque son nuestros padres espirituales los que son el problema - no nuestro celestial."                

(Giles Fraser es periodista, y vicario de St Anne's, Kew. UnzHerd, 11/07/23; traductor DEEPL)

Cómo los obispos han tapado los casos de pederastia en las últimas décadas: “Hijo, los trapos sucios se lavan en casa”... 39 obispos están acusados o son sospechosos de haber tapado casos de los que han tenido constancia, impidiendo con ello que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente... Rouco Varela es acusado de tapar cuatro casos de abusos en la década de los años 2000... “El encubrimiento es algo a lo que los obispos tienen un miedo terrible porque ha sido el leitmotiv de toda la Iglesia española. ¿Cuál es el problema? En España todos los obispos saben quién ha encubierto y no hacen nada. Es la caja de pandora y no quieren entrar en ese tema”, cuenta un juez eclesiástico... “Que aquellos mismos que no quisieron hacer nada sean ahora los que van tomando decisiones [sobre cómo actuar] ha generado una respuesta negacionista del problema”... "Creen que están en 1976, cuando a los curas no se les podía juzgar en los tribunales civiles”... Hasta la fecha, ningún obispo se ha sentado en un banquillo para declarar sobre los casos de abusos que pudo conocer, a pesar de que algunos de ellos figuran en las denuncias y sentencias como conocedores del delito... por la posición de poder que aún tiene la jerarquía eclesiástica española fuera de los muros de las iglesias

 "F. J. O. tardó 40 años en armarse de valor para coger un boli y escribir una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar que el sacerdote Jesús Fernández, el hombre al que acusa de abusar de él en el seminario de Oviedo entre 1970 y 1972, seguía dando misa en la parroquia asturiana de Hevia, perteneciente a Pola de Siero. 

 “Me enteré por internet de que estaba en esa parroquia. Mandé una carta al obispo contándole mi caso y alertando de lo peligroso que era que esta persona siguiera en contacto con niños. Me respondió que no tendría inconveniente en reunirse conmigo si viajaba a Oviedo para tratar el tema”, relata. F. J. O., que afirma que nunca consiguió reunirse con Sanz. Una vez en Oviedo, después de haber acordado en una segunda misiva que se reunirían durante las Navidades de aquel 2012, se quedó plantado en las puertas del obispado.

 “Otra vez será”, escribió el obispo en una carta de disculpa que le hizo llegar días más tarde a la víctima. “Me ignoró completamente y no me recibió”, dice el afectado. Sanz no volvió a escribir a F. J. O., no apartó a Fernández de su puesto ni tampoco abrió una investigación canónica. Fernández, al que se le conocía en el seminario con el mote de Jomezana, murió dos años después.

No es la única acusación de encubrimiento que tiene el arzobispo ovetense. V. C. también escribió a Sanz en 2015 para comunicarle que el sacerdote en activo Eustasio Sánchez Fonseca, alias Tito, había abusado de ella a mediados de los ochenta. En el año 2002, su madre llamó para denunciarlo por teléfono al obispado, por entonces dirigido por el actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, pero no la atendieron. La víctima consiguió reunirse con Sanz y cuenta que, ante su relato, Sanz le dijo que era su palabra contra la del acusado. Sanz tampoco abrió entonces un proceso canónico contra Sánchez.

 Las acusaciones de estas dos víctimas no son aisladas. El ocultamiento, el silenciamiento y el encubrimiento de los casos de pederastia por los obispos ha sido un fenómeno constante dentro de la Iglesia católica. También en España, donde al menos 39 obispos están acusados o son sospechosos de haber tapado casos de los que han tenido constancia, impidiendo con ello que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente.

La mayoría de estas acusaciones ya han visto la luz en otros reportajes de este diario y en otros medios de comunicación. Otros, como el caso del F. J. O., es inédito y forma parte de los 451 que este diario ha entregado al Vaticano y a Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos informes en 2021 y 2022 para que los investigase. A través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas, este periódico ha corroborado cómo muchos prelados siguieron diversas maniobras para tapar el asunto: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país y hacer caso omiso a las peticiones de ayuda de los afectados. En algunos casos, las víctimas acudieron al obispo mientras estaban sufriendo los abusos y en otras ocasiones años después, cuando el delito había prescrito, pero el acusado seguía vivo.

El caso más reciente es el de V. C., y el más antiguo data de 1952, donde un exreligioso señala al por entonces obispo de Guadix Rafael Álvarez Lara de encubrir al rector del seminario y canónico de la catedral, M. B. M., por abusar de varios niños seminaristas. Entre los acusados se encuentran prelados que ocuparon puestos importantes en la CEE, como los expresidentes Vicente Enrique y Tarancón —bajo sospecha por su gestión del caso de Cesáreo Gabaráin, el sacerdote compositor de célebre música litúrgica, que abusó de al menos a 17 niños— y Antonio María Rouco, señalado por tapar cuatro casos de abusos en la década de los años 2000. De todos los acusados, solo 14 siguen vivos.

 Tanto la CEE como el Vaticano tienen conocimiento de dichas acusaciones, ya que están recogidas en los dos informes que este periódico entregó a ambas entidades. La Conferencia Episcopal afirmó el pasado junio que remitió estos casos a las diócesis correspondientes para que hiciesen las “investigaciones oportunas”. Además, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que la CEE ha encargado una auditoria sobre la pederastia, también ha recibido dicha información para que sean “valorada y contrastada”. El bufete ha subrayado en varias ocasiones que investigar el encubrimiento será uno de los objetivos de sus pesquisas. No obstante, se desconoce si se han abierto procesos canónicos contra los obispos que aún viven.

 “El encubrimiento es algo a lo que los obispos tienen un miedo terrible porque ha sido el leitmotiv de toda la Iglesia española. ¿Cuál es el problema? En España todos los obispos saben quién ha encubierto y no hacen nada. Es la caja de pandora y no quieren entrar en ese tema”, cuenta un juez eclesiástico. Este especialista explica que el encubrimiento no aparece recogido como delito en el código canónico hasta 2019 con el motu proprio (norma papal) Vox Estis Lux Mundi, por lo que eclesiásticamente no se puede juzgar a los prelados que cometiesen esta falta antes de esa fecha. Pese a ello, a partir de 2001 los purpurados debían comunicar todos los casos al Vaticano de los que tuviesen constancia, y los responsables que están acusados no lo hicieron.

Por otro lado, añade el juez, el concepto de “encubrir” tiene sus matices. “El encubrimiento es llevar a cabo conductas dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o canónicas contra un clérigo que, en este caso, ha cometido abusos: comprar a un juez, sobornar a la víctima, trasladar al agresor de destino o presionar a la víctima para que no lo cuente. Muchos han actuado así, pero otros simplemente ocultaron y no investigaron casos que ante la justicia civil estaban prescritos. No encubrieron como tal, pero fueron negligentes”, explica el canonista. Pero el juez, tajante, recuerda: “Aunque estén prescritos, estos sucesores de los apóstoles que llevan báculo [símbolo de que son pastores de todos sus feligreses] han incurrido en una conducta inmoral”.

Cuando F. J. O. entendió que el obispo no le recibiría, montó en su coche y se dirigió a la parroquia de Hevia para buscar a su agresor. Relata que lo encontró en la sacristía, preparando la celebración de Navidad. Allí le contó que era un antiguo seminarista al que agredió sexualmente. “Lo único que dijo fue: ‘Bueno, eso no es así’. Se estaba vistiendo para dar la misa y le dije: “¿Con esas manos con las que me tocó los testículos va a dar la comunión?”. Y me fui”, describe F. J. O.

Al salir, se subió al altar en el momento en el que su agresor salía para celebrar la eucaristía, y se dirigió a los feligreses: “Este señor que les va a dar la misa ahora, Don Jesús, abusó de mí en el seminario. Esto a mí me causó gravísimos problemas personales, psíquicos y sexuales, por lo que tuve que recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico durante muchos años”.

 El arzobispado de Oviedo informó en un comunicado el pasado junio, tras recibir las preguntas de este diario sobre su versión, que Sanz “no ha encubierto ningún caso de abusos contra menores, ha tomado todas las medidas necesarias para que, si hubiera una víctima de abusos, sea escuchada y atendida” en su tribunal eclesiástico y ante la Fiscalía.

 F. J. O asegura que volvió a su casa, intentó una vez más alertar al obispado de su caso y escribió a un antiguo compañero de clase que por entonces era vicario general de la diócesis, Juan Antonio Menéndez, para preguntarle si él sabía dónde estaba destinado Fernández. Pero tampoco recibió respuesta. Un año después, Menéndez fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo y en 2015 de Astorga. Allí, como prelado rebajó en 2017 la pena canónica al cura pederasta José Manuel Ramos Gordón —cura al que también habían encubierto los dos obispos anteriores—: de la expulsión del sacerdocio a un año de apartamiento por haber abusado en los años ochenta de al menos tres menores. Pero el acusado nunca la cumplió íntegramente. Menéndez negó una indemnización al denunciante y silenció a la opinión pública lo sucedido.

 Pese a esta mala praxis, en octubre de 2018 la CEE nombró a Menéndez presidente de la comisión antipederastia. El hecho de que prelados acusados de encubrir o de tapar estos delitos hayan ocupado cargos de toma de decisiones dentro de la CEE —entre ellos también se encuentran dos exsecretarios generales y varios miembros de la Comisión Ejecutiva y la Comisión Permanente— guarda relación con la lenta reacción de la jerarquía española. “Que aquellos mismos que no quisieron hacer nada sean ahora los que van tomando decisiones [sobre cómo actuar] ha generado una respuesta negacionista del problema”, dice el mismo canonista.

De todos los acusados solo el cardenal Osoro ha admitido que obró mal cuando era arzobispo de Oviedo. En una entrevista con EL PAÍS el pasado marzo, el actual arzobispo de Madrid explicó que llevaba pocos meses en el puesto cuando recibió la llamada telefónica de la madre de la víctima y que el vicario general, Menéndez, le aseguró que esa denuncia ya había sido resuelta. “¿Eso justifica lo que hice? No. Hoy no hubiese actuado así”, contestó Osoro a este diario.

A esto se le suma la posición de poder que aún tiene la jerarquía eclesiástica española fuera de los muros de las iglesias. Hasta la fecha, ningún obispo se ha sentado en un banquillo para declarar sobre los casos de abusos que pudo conocer, a pesar de que algunos de ellos figuran en las denuncias y sentencias como conocedores del delito.

 Un ejemplo fue el caso del sacerdote Rafael Sanz Nieto, condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusar de un niño de 12 años entre 1998 y 2001 en una parroquia de Aluche (Madrid). La denuncia la interpuso un grupo de catequistas de la parroquia, después de acudir en varias ocasiones al arzobispado de Madrid, dirigido por entonces por el cardenal Rouco Varela. “Fuimos a alertar de lo que estaba pasando. El obispo auxiliar Eugenio Romero Pose quiso frenarnos para que no fuéramos a las autoridades. Me dijo una frase que nunca olvidaré: “Hijo, los trapos sucios se la lavan en casa”, explica Carlos Sánchez Mato, uno de los catequistas que años después sería concejal del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida.

 Ante la pasividad, los denunciantes dicen que insistieron a Rouco para que hiciera algo, pero no ocurrió nada. “El vicario Julio Lozano me amenazó con que me iban quitar mi casa si íbamos a juicio”, cuenta Sánchez Mato. El catequista menciona que escribió a casi todos los obispos españoles pidiendo ayuda. Solo respondieron dos, entre ellos el de Segovia, Luis Gutiérrez Martín: “No hizo nada, pero fue el único que no nos condenó”. Los catequistas llevaron el caso ante la Fiscalía de Menores, donde relataron todo que habían vivido. Ningún juez que llevó el caso llamó a declarar a Romero Pose ni a Rouco. No obstante, en la sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al arzobispado de Madrid a pagar una indemnización de 30.000 euros como responsable civil subsidiario.

“La parroquia se encargó de crucificarme”

En algunas diócesis las denuncias contra un mismo sacerdote se han tapado sistemáticamente por varios obispos. En Tenerife, por ejemplo, C.M.L., que acusa a los dos últimos prelados, Felipe Fernández y a su sucesor en 2005, Bernardo Álvarez, actualmente en el cargo, de haber encubierto al cura al que él denunció por abusos ante la diócesis en 2004.

 Este sacerdote era C. H.G., entonces párroco de Tejina. “Los abusos comenzaron en 1997 cuando yo tenía entre nueve y 10 años. Duraron hasta 2003. Cuando nos confesaba se dedicaba a tocarnos, a mí incluso me dio un beso en la boca, y nos preguntaba por si nos masturbábamos, te acariciaba, a uno le metió la mano en el pantalón. Ninguno de los monaguillos quería ir a casa del cura. Al final, junto con cinco amigos se lo contamos a los catequistas, pero la gente de la parroquia se encargó de crucificarme a mí y a mi familia”.

En aquel momento la víctima tenía 16 años y su madre lo denunció a Fernández, que se limitó a sacarlo de su parroquia en marzo de 2004. El vicario general entonces era Bernardo Álvarez, que le sucedió un año después en el cargo y tampoco tomó medidas contra el sacerdote acusado.

El cura siguió ejerciendo de capellán durante varios años más en un centro de ancianos de la isla. En el Vaticano no consta que la diócesis informara a la Santa Sede, como obligaban las normas internas desde 2001, ni que se le abriera un proceso canónico. El obispado de Tenerife no ha querido responder a ninguna pregunta sobre este caso ni aclarar su actuación. Tan solo ha replicado con una frase: “La diócesis cumple con la legislación canónica y civil”.

Para el juez eclesiástico este tipo de respuestas refleja la mentalidad de superioridad que aún tiene una parte de la jerarquía eclesial. “Un buen número de obispos españoles parece que viven en otro mundo, en el que tienen que arreglar estas cosas entre ellos y no tienen por qué rendir cuentas ante las autoridades. Creen que están en 1976, cuando a los curas no se les podía juzgar en los tribunales civiles”, dice.

 En 2014, siendo ya mayor de edad, C.M.L., decidió volver a denunciar su caso en el obispado. Entonces Bernardo Álvarez ya abrió un proceso canónico e informó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma. El obispo también suspendió cautelarmente al sacerdote. Todo ello figura en la carta que le remitió a la víctima, a la que ha tenido acceso este periódico. El proceso comenzó en febrero, pero a finales del aquel año se interrumpió, porque el acusado pidió la dispensa para dejar de ser cura. Dejó los hábitos y cambió de vida. “Entonces pararon todo y ya no hicieron nada”, concluye.

Hasta que fue apartado por el obispado, C. H.G., que ahora tiene 74 años, fue párroco en la isla de La Palma de Todoque, La Laguna de Tajuya, Garafía y en Tenerife en las localidades de Valle de San Lorenzo, Tacoronte, Granadilla de Abona, Vilaflor y Tejina, y también vicearcipreste de Tegueste. Bernardo Álvarez fue un obispo que en 2007 recibió fuertes críticas por unas polémicas declaraciones sobre la pederastia en una entrevista a un diario local: “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece”."                 (Julio Núñez , Íñigo Domínguez , El País, 21/08/22)

La auditoría de la Iglesia detecta al menos 30 acuerdos secretos con víctimas de pederastia y pagos de hasta 50.000 euros... es el procedimiento estándar... así, un cura del Opus Dei 'compró' el silencio de una víctima de abusos por 17.000 euros, con un contrato ante notario

 "La investigación de abusos en la Iglesia española ha revelado, por el momento, la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia. El equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal ha detectado “alrededor de una treintena” de documentos en los que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales, según detallan fuentes del grupo de trabajo creado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.  

 Los acuerdos extrajudiciales revisados por el equipo encargado de las pesquisas encomendadas por los obispos afectan sobre todo a la congregación de los Maristas y han llegado al despacho de abogados a través de los encuentros que el equipo de Cremades ha mantenido con asociaciones de víctimas, según añaden las fuentes consultadas por esta redacción.

 Debido al carácter privado de los documentos y a la falta de transparencia de la Iglesia Católica española en este asunto, no es descartable que existan otros muchos acuerdos firmados a título personal o por instituciones religiosas de los que la auditoría no tenga conocimiento. La labor de esta comisión de investigación, que comenzó en febrero, se alargará durante un año.

En los documentos revisados por el grupo de trabajo se refleja un procedimiento estándar y no un acuerdo individual. En estos casos, la conciliación se ha alcanzado a través de un organismo de mediación establecido y aceptado por las partes, según explican fuentes de la auditoría. Además, en los textos queda claro que los victimarios reconocen los hechos.

Comprar la impunidad y el silencio

La particularidad del documento notarial firmado por el cura del Opus Dei Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes de la Obra, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer– es que en él no se admiten los hechos, aunque se compensa económicamente a la víctima. En el documento notarial desvelado por elDiario.es se habla de “comportamientos inadecuados”. 

En el escrito publicado por esta redacción se constata que los 17.000 euros de “ayuda económica” acordada se abonan a cambio de que la víctima renuncie a cualquier proceso penal y a comentar en medios de comunicación lo sucedido, e incluso debe admitir que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”. 

 La justicia canónica condenó a Cociña por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años. Por este caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. El Opus Dei emitió entonces un comunicado en el que se referían al comportamiento del sacerdote como “actuaciones canónicamente reprobables”.

Tras la publicación del acuerdo extrajudicial entre Cociña y D. M. G. F. en elDiario.es, la prelatura asegura que “no ha habido silencio ni cláusula de confidencialidad alguna” en este caso. Además, añaden en una nota de prensa publicada este martes que en este procedimiento el delegado del Opus Dei “mantuvo un contacto estrecho con el denunciante durante todo el proceso y le procuró atender con la mayor cercanía posible”. 

El futuro de un documento notarial

Para analizar estos acuerdos, Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señala que lo primero que hay que examinar es si el caso está prescrito. En caso de que así sea, la denuncia ya no tendrá recorrido por la vía penal. Si en cambio la causa continúa viva, Tamarit sostiene que “un documento formalizado ante notario en el que alguien renuncia a ejercitar una acción penal en principio no tiene consecuencias”. Y añade: “La acción penal no es algo a lo que se pueda renunciar, como sería una acción civil, donde se recibe una cantidad a cambio de no reclamar más”. 

En esa misma línea se pronuncia la profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, Carmen Cuadrado. Esta docente defiende que un “notario únicamente refleja que es cierto lo que se ha dicho ante él, que esa declaración se ha producido”. “Nunca puede ser prueba de validez del contenido de las afirmaciones”, señala.  

 El catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Cuerda se muestra en contra de estos acuerdos extrajudiciales en casos de delitos sexuales. En su reflexión, señala que esta actuación “beneficia a todos los intervinientes”, “sobre todo al autor” porque “evita la cárcel o reduce el tiempo de prisión”. 

Cuerda defiende que también gana el magistrado porque “evita un juicio y una sentencia engorrosa” y los abogados, tanto el de la víctima –que tiene que afrontar “una estrategia acusadora generalmente complicada”– como el del denunciado –porque su estrategia “se simplifica al máximo”–. Y concluye: “Pierde la sociedad, ya que la ausencia de reacción penal facilita la reincidencia del autor”.

“Los acuerdos extrajudiciales que incluyan una renuncia clara por parte del perjudicado al ejercicio de acciones civiles y penales son plenamente válidos siempre y cuando no hubiere mediado vicio del consentimiento de carácter relevante”, indica la abogada penalista Rocío Gil, a su vez, la letrada del despacho Ceca Magán reseña que “el artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier víctima de un delito puede renunciar tanto a la acción civil como a la penal”.

Cremades aboga por indemnizaciones

Otras fuentes jurídicas consultadas defienden que este acuerdo “supone una renuncia de derechos” que los jueces van a tener en cuenta. Por su parte, el abogado Eduardo Ranz subraya que estos acuerdos deberían “ser homologados” ante un magistrado. Esta actuación implicaría que “el religioso” reconozca los hechos y que el Ministerio Fiscal pueda “continuar con el proceso, aun sin acusación o víctima”. La renuncia por vía penal –añade Gil– “no perjudicará más que al renunciante y por lo tanto no extinguirá la acción penal que, si se trata de un delito público, podrá ser ejercitada por un tercero si el delito no ha prescrito”.

En los acuerdos revisados por el grupo de trabajo del despacho de Cremades, las indemnizaciones económicas oscilan entre los 9.000 y los 50.000 euros, según detalló el abogado en una entrevista a Europa Press. El presidente del bufete que ha asumido el encargo de los obispos aboga por que la Conferencia Episcopal indemnice a las víctimas a pesar de que los casos estén prescritos. 

En relación a estos documentos, Cremades indicó a la agencia de noticias que han “aprendido de las víctimas que el procedimiento penal no siempre es el lugar idóneo para resolver su problema”. “Y, aunque animemos, y ojalá lo hagan más, a denunciar penalmente todo lo que sucede y la Fiscalía tenga que actuar, la realidad es que no está siendo fácil para ellas enfrentarse a un lugar en el que se va a dudar de su testimonio”, ha apuntado, aunque señaló que “en ningún caso” defiende “eludir” la responsabilidad de los victimarios."                (Laura Galaup, eldiario.es, 16/08/22)

 

"Un cura del Opus Dei 'compró' el silencio de una víctima de abusos con un contrato ante notario

 Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes del Opus Dei, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer, y primer cura de la Obra condenado por abusos– abonó una “ayuda económica” de miles de euros a su víctima, a cambio de que esta renunciara a cualquier proceso penal y a comentar el caso e incluso admitiera que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”, según un documento notarial firmado en abril de 2021 al que ha accedido elDiario.es. El silencio como respuesta a los abusos.

“Manuel-José Cociña Abella deberá comprometerse en (…) abonar a D. M. G. F. en concepto de ayuda económica la cantidad de 17.000 euros, dentro del plazo de quince días desde la firma de este acuerdo, y que obtendría de donaciones particulares”, reza el texto. La víctima ya recibió el dinero, según han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas.

El concepto del abono es de “ayuda económica” por unos “comportamientos inadecuados”, según puede leerse. Ni en su día el Opus Dei, ni ahora el documento notarial, hablan de abusos. Es más, la víctima tiene que firmar que “esos comportamientos [ocurridos en un colegio mayor de Sevilla en 2002] en ningún caso fueron abuso sexual”.

El acuerdo indica que los gastos de “psiquiatra, psicólogo, medicamentos psiquiátricos o similares” que la víctima pudiera necesitar en un futuro –a partir de los seis meses de la firma del documento– debería asumirlos él mismo. Las posibles secuelas y su tratamiento por lo que tuvo que soportar en el Colegio Mayor sevillano a cuenta del sacerdote serán asunto suyo desde el punto de vista económico.

Renunciar a cualquier acción en cualquier tribunal

Una vez establecido el precio, el documento notarial se encarga de los compromisos que impone a la víctima. Por un lado, añade cláusulas que obligan a M. G. F. a “renunciar a cuantas acciones pudieran corresponderle contra don Manuel José Cociña Abella y contra cualesquiera otras personas, entidades o instituciones con él relacionadas (Colegio Mayor Almonte, Prelatura del Opus Dei, Arzobispado de Sevilla, Iglesia católica)”.

Es decir, este punto intenta apartar cualquier posibilidad de que el sacerdote o las instituciones a su alrededor se vieran reclamadas en los tribunales. Y en cualquier tribunal, ya que el párrafo prosigue: “En todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, etc.) y en todas las jurisdicciones, tanto nacionales (España, Chile o cualquier otro país) como internacionales (Cortes Internacionales, Santa Sede o cualquier otra), por cualesquiera hechos acaecidos en el Colegio Mayor en 2002”.

Cociña solo ha respondido ante la justicia canónica que le condenó, según su terminología, por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años.

Este sacerdote no es un cura cualquiera dentro del Opus Dei. Cociña convivió con el fundador de la institución, José María Escrivá de Balaguer, y durante años fue uno de los religiosos miembros del Opus Dei con mayor influencia en España.

También es el primer sacerdote de la Obra en ser condenado por el Vaticano por abusos sexuales –aunque el código católico aplicara otras terminologías–. Con su caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. Todo ello después de más de un año de publicaciones en Religión Digital y elDiario.es, que obligaron a la Obra a emitir dos comunicados y a informar, por primera vez en su historia, de la existencia de abusos en la institución.

Sello de silencio

Una vez abordado el tema judicial, el documento se encarga del silencio público. Y redacta que la víctima se compromete una vez recibido el dinero y “por el deseo de no causar daños a las personas, entidades o instituciones relacionadas” a “no desvelar ni pronunciarse en los medios de comunicación sobre este acuerdo ni sobre sus términos, pudiendo de lo contrario don Manuel José Cociña Abella ejercitar la acción de reembolso de la cantidad abonada, en concepto de cláusula penal”.

La víctima, que hoy vive en Chile, ha declinado hacer declaraciones sobre el citado contrato, aunque sí quiso aclarar que, una vez el Opus Dei admitió los “comportamientos inadecuados” de Cociña y procedió a su condena eclesiástica, el prelado de la Obra, Fernando Ocáriz, le pidió “perdón por los daños” que sufrió y “por las heridas causadas por un sacerdote de la Obra”. Poco después, según ha podido saber elDiario.es, se puso en marcha el procedimiento de compensación, de carácter privado y en el que el Opus Dei oficialmente no participó.

Este diario ha intentado contactar con Cociña, quien actualmente continúa residiendo en una casa de la Obra en Granada, cumpliendo la condena dictada por la Congregación para la Doctrina de la Fe: cinco años la prohibición de predicar, escuchar confesiones y administrar sacramentos y sacramentales, salvo la misa en privado, por un delito de 'solicitación' y otros de 'imprudencias'. Cumplido este periodo, su actividad pastoral quedará limitada al ámbito del centro del Opus Dei en el que tiene su domicilio por otros cinco años. Además, de manera indefinida, no podrá prestar atención pastoral a personas menores de 30 años.

Fuentes cercanas al clérigo admiten que “está tranquilo” y “dispuesto a seguir adelante, aceptando la condena y las consecuencias derivadas”.

La pena canónica es en realidad ínfima para un cura que, según los testimonios de varias personas en un proceso canónico cuyas actas, pese a lo que prevén las normas aprobadas por el Papa Francisco, no han sido entregadas a la víctima, practicaba tocamientos en los genitales durante la confesión a varias víctimas, delitos canónicos que podrían haber acabado con su excomunión o, al menos, con su expulsión del sacerdocio.

En una nota firmada el 16 de julio de 2020, el Opus Dei anunciaba la condena a Cociña y aseguraba que “la Prelatura está atendiendo los gastos médicos y psicológicos del denunciante, a través del Arzobispado de Santiago de Chile”. 

Ahora, el portavoz de la Prelatura en Roma, Marco Carroggio, apunta a elDiario.es que la Obra, como tal, solo ha participado en un caso de mediación en Estados Unidos, así como en otro en la actualidad en otro país de Latinoamérica.

“Lo importante es resolver bien cada caso”, recalca el portavoz de la Obra, quien muestra su extrañeza por la exigencia del silencio, “salvo que sea petición de la víctima”. No es este el caso. “Para nosotros, la vía en estos casos son los protocolos de la Prelatura”. “En resumen, lo que hay que hacer es abrir una investigación y un proceso civil o canónico”, concluye Carrogio."           (Jesús Bastante, eldiario.es, 15/08/22)

Sean Ryan, el juez que dirigió la investigación de la pederastia en Irlanda: “Si la Iglesia española se niega a colaborar, el bochorno puede ser mayúsculo”... El magistrado señala que el Defensor del Pueblo debe buscar una forma para llamar a declarar a los responsables de haber permitido los abusos en el clero y añade que su trabajo será “complicado” al no tener “el poder de la ley y de los tribunales”

 "El juez irlandés Sean Ryan (Dublín, 74 años) acude a la cita puntual. Es elegante y serio, una imagen inicial que no tarda en dejar paso a un humor ácido y peculiar. Ryan lideró la comisión de investigación independiente impulsada por el Gobierno irlandés que, tras 10 años de averiguaciones, documentó en mayo de 2009 que miles de menores, fundamentalmente niños, habían sido vulnerados sexual, psicológica y físicamente en centros religiosos de Irlanda desde 1936. La investigación, además, concluyó que la Iglesia irlandesa había tratado de esconder el escándalo. Esta comisión ha servido como modelo para otros países. (...)

Pregunta. Han pasado 13 años desde la publicación del conocido como Informe Ryan. ¿Qué impacto ha tenido dentro y fuera de Irlanda?

Respuesta. Si le soy sincero, el día en que publicamos el informe, me quedé muy sorprendido al ver tantas televisiones y periodistas. Nos dimos cuenta de que [el problema de los abusos] iba a ser algo muy relevante, pero en aquel momento no fuimos conscientes de cuánto.

P. En España ha habido discrepancias con el modo de realizar esta investigación. ¿Ocurrió lo mismo en Irlanda?

R. En Irlanda ocurrieron dos cosas. Por un lado, el Gobierno decidió responder a los supervivientes de abusos y, por otro, la ciudadanía empezó a denunciar al Estado. Entonces, la Administración se dio cuenta de que los tribunales podían terminar bloqueados durante años, así que crearon una comisión liderada por un juez para que fallara a favor de uno u otro. La idea fue bien acogida, la mayoría se mostró satisfecha. Nadie cuestionó el sistema elegido. Siempre contó con recursos y presupuesto.

P. Al ser una investigación liderada por un juez, tenía potestad para llamar a testificar a congregaciones y otros responsables. En España, será el Defensor del Pueblo el que encabezará la comisión. ¿La Iglesia accederá a ser interrogada?

R. Al tener el poder de la ley y los tribunales, tuvimos dos cosas importantes: potestad para llamar a testigos y solicitar documentos. Es complicado si no dispones de esa opción, así que supongo que el defensor tendrá que buscar una forma para llamar a declarar a los responsables de los abusos en el clero. Si un testigo da un paso al frente y cuenta su historia, y la persona acusada de cometer esos abusos responde que no es verdad, alguien tendrá que decidir. Ahí es donde entraba yo o el jurado.

P. ¿Prevé entonces muchas dificultades con una comisión liderada por el Defensor del Pueblo?

R. Sí, creo que es complicado.

P. ¿Cómo debería llevarse a cabo?

R. No quiero decirle a nadie cómo debe hacer su trabajo, pero sí avisarle de que todo aquel que emprende una investigación de este tipo se enfrenta a, al menos, dos problemas. El primero son los números, el elevado número de personas denunciantes. Hay que preguntarse, ¿puedo escuchar cada uno de los casos? Nosotros decidimos que íbamos a escuchar a todos. Eso, en los tribunales es imposible de realizar. Así que empezamos por reunirnos con todas las partes para conocer sus propuestas y luego convocamos una reunión pública en un hotel. Había cientos de personas allí fuera. Les explicamos cuáles eran los problemas a los que nos enfrentábamos y la propuesta que teníamos. Decidimos escoger a personas representativas de cada institución y de la década en la que estuvieron estudiando allí. Es decir, no todos comparecieron ante el comité de investigación, aunque sí ante alguno de los abogados. Si este detectaba algo inusual, ese testigo también comparecería ante la comisión.

 P. ¿Y el segundo problema?

R. La segunda gran pregunta fue: ¿nombramos a los agresores? Nuestra legislación no lo permitía y les terminamos dando pseudónimos a todos, teníamos centenares de nombres aleatorios. También anunciamos esta decisión públicamente. Las víctimas querían que se dieran a conocer los nombres, pero las personas acusadas tienen derecho a defenderse, a exigir pruebas. Además, debe existir un equilibrio entre la necesidad de escuchar a todos y encontrar una forma de analizar los casos y elaborar un informe. Todo esto, sabiendo que no hay investigación perfecta, hay que aprender a vivir con ello. Sí, soy pragmático [se ríe]. Nosotros nombramos todo lo que ocurrió. Lo único que no hicimos fue nombrar a los agresores de forma individual, pero sí que avisamos de que, si eso se lo habían hecho a un superviviente, era probable que se lo hubieran hecho a otro.

P. Hubo quien le acusó de pactar con la Iglesia, en concreto con la congregación de Hermanos Cristianos, para no hacer públicos los nombres.

R. Durante la primera fase de las audiencias, la congregación de Hermanos Cristianos anunció que habían descubierto documentos relativos al caso y que iban a presentarlos a la comisión. Algunos opinaron que solo lo habían hecho porque la comisión había acordado no mencionar los nombres de los agresores, que habíamos hecho alguna especie de pacto. No lo hice. En cualquier caso, esos documentos reflejaron muchísimos abusos. Desvelaron que había más personas que sabían lo que había ocurrido y que existían los conocidos como “libros de castigo” donde se registraban las medidas disciplinarias. Se creía que cada institución tenía un libro, pero nadie sabe qué ha sido de ellos. Encontramos uno o dos que terminaron convirtiéndose en una importante prueba porque reflejaron abusos muy severos.

P. ¿Cómo se investigó cada caso?

R. Todas las congregaciones guardan registros, informes, sobre lo que sucede en los centros, incluyendo las medidas disciplinarias a los menores. En uno de ellos, digamos que se menciona que un tal hermano Sean lo ha vuelto a hacer y que su traslado de un centro a otro no ha dado resultado. Así que seguimos el rastro. A menos que tengamos evidencia de que ha dejado de hacerlo, se asume que el religioso sigue actuando igual. Preguntamos entonces a los denunciantes: confirman la información, vale. Sin embargo, la congregación alega que no hay pruebas reales de lo ocurrido. Vale, acepto que no hay un vídeo del hermano vulnerando a un menor, pero tenemos al hombre, el informe y los testimonios. Así que concluimos que este hombre cometió determinados abusos.

P. Su investigación duró cerca de 10 años. ¿Considera necesario fijar un tiempo máximo para la realización de la española?

R. No puedes limitar el tiempo porque dependiendo del número de denunciantes, no va a funcionar. Además, hay que tener en cuenta que, si se decide nombrar a los agresores, tienes que garantizar su derecho a defensa. Es el cuento de nunca acabar. Por otra parte, tendrías muchísimos veredictos no culpables porque los denunciantes pueden cometer errores al recordar lo sucedido. Por ejemplo, en fechas o localizaciones.

P. ¿Cree que la investigación llevada a cabo por EL PAÍS y su base de datos será clave para la del Defensor del Pueblo o deberá obtenerlos directamente de la Iglesia?

R. No puedo decirle al Defensor cómo hacer su trabajo, pero si yo fuera él, lo primero que haría es ir a la congregación y preguntarle: ¿Puedo tener acceso a tus registros? ¿No? Vale, pues voy al Vaticano. De nuevo, ¿pueden darme acceso a esos archivos? Y si se niegan porque es una institución no gubernamental, denunciar públicamente que se está encubriendo un delito, más si cabe cuando el Papa ya ha manifestado que las diócesis deben ayudar a esclarecer estos delitos. Además, si se publica en algún medio, la negativa de la Iglesia a colaborar, será cada vez más vergonzoso para la institución. En estos momentos es ya muy difícil que se nieguen, tanto la Iglesia como otras grandes organizaciones o congregaciones por el cambio social que se ha generado. Si la Iglesia se niega a colaborar y el Defensor del Pueblo se rodea de buenos abogados y periodistas, el bochorno puede ser mayúsculo.

P. ¿Cómo debe lidiar el Defensor del Pueblo con la Iglesia?

R. Estamos pensando en una situación en la que un obispo te puede plantear, oye, ¿por qué te centras en un abuso cometido por curas, monjas o laicos cuando el abuso está tan extendido en la sociedad? Bueno, pues le diría, punto uno, mi trabajo es investigar el abuso cometido en el seno de la iglesia, no el resto. Punto dos, ¿estás defendiendo el abuso?, ¿cómo puede alguien negarse a colaborar en el esclarecimiento de un abuso que sabe que ocurrió? Al final, aunque es difícil, habrá una grieta en el sistema, un pequeño agujero, y se encontrará algo. Siempre aflora alguna historia porque es difícil suprimirlas todas completamente."            (Amaia Otazu  , El País, 11/06/22)

Juan José Tamayo, teólogo: La jerarquía católica española ante los abusos: sin compasión... Se establece un pacto de silencio, ocultamiento y encubrimiento en torno a la pederastia clerical, y cuando aparecen casos probados, lejos de ponerlos en manos de la justicia, se tiende a negarlos... porque los pederastas dentro de la iglesia católica se ubican en el ámbito de lo sagrado y en los diferentes espacios del poder eclesiástico: cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, miembros de congregaciones religiosas masculinas, párrocos, profesores de colegios religiosos, formadores de seminarios y noviciados, padres espirituales, confesores... Todos ellos se consideran representantes de Dios, y sus comportamientos, por muy perversos que sean, se ven legitimados por “su” Dios. La pederastia clerical se convierte así en la mayor perversión de lo sagrado y de la divinidad.

 "La pederastia clerical es uno de los mayores escándalos en la iglesia católica en los últimos ochenta años, que ha destruido la dignidad y la vida de decenas de miles de personas. 

No se trata de “solo pequeños casos”, como afirma el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, refiriéndose a la Iglesia católica española, sino que es un problema estructural que afecta a toda la institución, está instalado en la propia organización jerárquico-patriarcal y contagia a todo el cuerpo eclesial.

Los pederastas dentro de la iglesia católica se ubican en el ámbito de lo sagrado y en los diferentes espacios del poder eclesiástico: cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, miembros de congregaciones religiosas masculinas, párrocos, profesores de colegios religiosos, formadores de seminarios y noviciados, padres espirituales, confesores... Todos ellos se consideran representantes de Dios, y sus comportamientos, por muy perversos que sean, se ven legitimados por “su” Dios. La pederastia clerical se convierte así en la mayor perversión de lo sagrado y de la divinidad.

La estructura jerárquico-patriarcal de la iglesia católica se sustenta en la masculinidad de Dios que da lugar a la masculinidad sagrada de los clérigos. Esta constituye la base del patriarcado religioso que, a su vez, legitima el patriarcado político, social, familiar... “El patriarcado tiene a Dios de su lado”, afirma Kate Millet. La alianza y complicidad entre ambos patriarcados se traduce en la naturalización de la inferioridad de las mujeres, las niñas, los niños y las personas en situación de mayor vulnerabilidad, hasta llegar a legitimar la violencia contra ellas.

Investidos de masculinidad sagrada, los clérigos detentan el poder sin límite alguno, incluso para delinquir, sin sentirse culpables, y lo ejercen sobre las almas, de las que se consideran pastores, las mentes, que pretenden uniformar, las conciencias, que conforman a su imagen y semejanza, y los cuerpos, que convierten en su propiedad y objeto de colonización.

 Llegados aquí, se establece un pacto de silencio, ocultamiento y encubrimiento en torno a la pederastia clerical, y cuando aparecen casos probados, lejos de ponerlos en manos de la justicia, se tiende a negarlos, minusvalorar su gravedad, calificarlos de excepciones irrelevantes frente a la ejemplaridad de la mayoría del clero y a poner el foco en otros sectores de la sociedad. Cuando aparecen informes a partir del testimonio de las víctimas, se duda de su objetividad y se les acusa de falta de rigor. ¿Resultado? Complicidad en la pederastia.

Todo menos investigar. Lo dijo en su día el secretario general de la CEE: “No estamos por la labor de hacer investigaciones sociológicas o estadísticas, sino conocer a cada víctima con nombres y apellidos”. Parece, sin embargo, que, en los últimos días se ha producido un cambio de actitud en la Conferencia Episcopal Española, que se ha mostrado dispuesta a investigar. ¿Es realmente así? Habría que matizar. El cambio se debe a la evidencia de las investigaciones externas, a la reivindicación de las víctimas y a que el Papa lo ha exigido, no a la propia convicción ante la criminalidad contra la infancia.

Aun así, la investigación se limitaría a crear oficinas en cada diócesis con la negativa expresa a constituir una comisión externa e independiente de la jerarquía que analice en profundidad y de manera objetiva los hechos, sus causas y consecuencias con la obligación de reparar. Las víctimas ya han expresado su escepticismo y desconfianza ante tales medidas, ya que puede significar negarse a conocer la verdad, o mejor, a reconocerla. Dicha negativa contraviene el mensaje de Jesús de Nazaret: “La verdad os hará libres” (Juan 8,32).

El comportamiento de la jerarquía eclesiástica demuestra, hasta ahora, insensibilidad ante el dolor de las víctimas, falta de compasión al no ponerse de su lado, no curar sus heridas, no contribuir a aliviar sus sufrimientos y no acompañar a las víctimas en la vivencia del “calvario oculto” al que se refería en este periódico una mujer que había sido abusada de niña por un sacerdote.

Por último, ¿qué decir de la actitud de la Fiscalía en los casos de pederastia clerical? Tengo mis dudas de que en determinados sectores de dicha institución no exista todavía complicidad, connivencia e incluso temor reverencial hacia la jerarquía eclesiástica, que se superpongan indebidamente a la obligada investigación de la comisión de delitos, que le incumbe. Lo que tiene que quedar claro es que no existen dos justicias, la religiosa y la civil, sino una sola, la civil, a quien corresponde investigar los delitos contra la indemnidad sexual de las personas menores."               (Juan José Tamayo, El País, 18/01/22)

Australia califica la pederastia como una “tragedia nacional”. Decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en las instituciones australianas, durante generaciones...

"La comisión especial que ha investigado la pederastia en Australia (Comisión Real en Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil) ha calificado este viernes que se trata de una "tragedia nacional" durante la presentación de un informe que ha elaborado sobre los abusos sexuales a menores en instituciones públicas y religiosas. 

"Decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en las instituciones australianas. Nunca sabremos la cifra, pero cualquiera que sea, supone una tragedia nacional perpetrada durante generaciones dentro de nuestras más respetadas instituciones", remarca el documento de 15 volúmenes que ya ha sido entregado al gobernador de Australia, Peter Cosgorve, por el presidente de la comisión, Peter McClellan.

Durante los cinco años que duró la elaboración del documento, se entrevistaron a más de 8.000 víctimas abusadas en más de 4.000 centros públicos y religiosos desde la década de 1920. En ellas se recogen 6.875 experiencias de personas que fueron presuntamente abusadas sexualmente, de las que el 64,3% eran niños y en el 93,8% de los abusadores fueron hombres adultos. 

Más de la mitad de las víctimas afirmaron que tenían entre 10 y 14 años cuando fueron abusadas por primera vez y el tiempo que padecieron estas agresiones duró 2,2 años de media. En el 36% de los casos fueron forzados por varios pederastas.

"Como víctima, puedo decir que los recuerdos, el sentimiento de culpa, la vergüenza y la ira viven conmigo todos los días. Destruye tu fe en las personas, tu voluntad de lograr, amar y la capacidad de lidiar con una vida normal", confiesa William Peter (nombre ficticio) en las memorias del documento.  (...)

Los delitos en el seno de la Iglesia

El paso febrero, la comisión señaló que la Iglesia Católica, que tiene una fuerte presencia en Australia, recibió 4.500 quejas por presuntos abusos a menores cometidos por 1.880 miembros de la institución religiosa, sobre todo entre 1980 y 2015. El informe propone que la Conferencia de obispos de Australia solicite al Vaticano que modifique la ley canónica para que el secreto de confesión no se aplique a los casos de pederastia y que el celibato no sea obligatorio.

 "Para muchos miembros del clero y religiosos, el celibato es una idea inalcanzable que hace que se viva una doble vida y ha contribuido a que se minimice el abuso sexual como un lapso moral perdonable", subraya el estudio.

Por otro lado, el arzobispo católico de Melbourne y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, Dennis Hart, ha declarado que trasladará las propuestas al Vaticano, pero ha defendido que el secreto de confesión es "inviolable". 

Hart confesó que, de estar ante un abusador, se encontraría ante "un terrible conflicto" y ha precisado que no le daría la absolución si este no se entrega a las autoridades. El arzobispo de Sídney, Anthony Fisher, ha reconocido en la cadena SBS que estos crímenes han dañado la credibilidad de la iglesia y "ha conmocionado a muchos de nuestros creyentes".          (El País, 15/12/17)