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18.12.24

Esto es todo lo que les pido para 2025... hace unos meses fui a dar una conferencia a un pequeño pueblo extremeño en la Sierra de Gredos. De camino al local municipal donde tendría lugar el acto, me crucé con un centro de día autonómico donde un par de auxiliares bajaban de una furgoneta a un abuelo en silla de ruedas. Encontré en la escena más civilización que en el Partenón de Atenas... en términos históricos, en muy poco tiempo hemos conseguido ser una excepción. Nunca, a lo largo de todo el devenir de la humanidad, se había conseguido articular un sistema que buscara, en algunos aspectos esenciales, la idea de igualdad... En España partimos con algo de desventaja en esto del Estado del bienestar... cuando nos pusimos a ello a finales de los setenta, a edificar un país civilizado, la cosa nos quedó razonablemente bien. Sí, razonablemente bien... teniendo en cuenta de dónde veníamos, conseguimos un punto de partida digno (Nicolás Sartorius lo resume en una frase: Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle)... Personitas de esas que se ganan la vida escribiendo, afirmaron tras la riada de Valencia, que España era un Estado fallido... Que suframos algo tan desmesurado como una pandemia y que lo primero que se nos ocurra —a los rojos— sea nacionalizar cuatro millones de sueldos para evitar que la paralización de la economía, un pausa literalmente a vida o muerte, arrase nuestro sistema productivo, a mí me parece, al menos, tan sorprendente como lo de volar. Vivimos cada día algo sumamente excepcional en la historia, algo que por desgracia sólo ocurre en nuestro continente y en cuatro puntos más de este planeta, algo que es producto del esfuerzo organizado de la clase trabajadora... Si ustedes tienen hijos o nietos hagan el favor de contarles estas cosas. Si ustedes tienen hijas o nietas hagan el favor de contarles de dónde venimos, lo que nos costó llegar hasta aquí... Lo que tenemos (Daniel Bernabé)

 "Últimamente, debe de ser que me estoy haciendo mayor, me apetece observar con cierta admiración lo más prosaico que me rodea. La semana pasada, por ejemplo, me tomé un par de días libres para visitar algunas ciudades del norte. Por un precio bastante módico, crucé media península en tres horas a bordo de un tren público.

Lo mismo conviene que me explique. Ese mismo viaje me hubiera tomado unas diez horas hace cincuenta años. Hace cien, al menos, un par de días. No son la velocidad, la técnica y la ingeniería lo que más me soprende, sino que cualquiera, independientemente de quién sea, de lo que tenga, pueda hacer ese viaje.

No es sólo lo del tren. Hace unos meses fui a dar una conferencia a un pequeño pueblo extremeño en la Sierra de Gredos. De camino al local municipal donde tendría lugar el acto, me crucé con un centro de día autonómico donde un par de auxiliares bajaban de una furgoneta a un abuelo en silla de ruedas. Encontré en la escena más civilización que en el Partenón de Atenas.

Cada jornada, casi siete millones de alumnos acuden a centros de enseñanza públicos. Diez millones de personas reciben prestaciones del sistema público de pensiones. Solamente los hospitales públicos atendieron 82 millones de consultas en 2023, tuvieron cuatro millones de pacientes ingresados y realizaron en torno a tres millones y medio de operaciones quirúrgicas.

Si se paran a pensarlo, que todo esto suceda cada día en un país como España me resulta algo asombroso. Por un lado por el complicado sistema de financiación que se requiere para sufragar estos servicios, una arquitectura tributaria que transforma aportaciones individuales de empresas y trabajadores en el combustible para un motor común.

Por el otro, porque en términos históricos, en muy poco tiempo hemos conseguido ser una excepción. Nunca, a lo largo de todo el devenir de la humanidad, se había conseguido articular un sistema que buscara, en algunos aspectos esenciales, la idea de igualdad. En Europa todo esto se empezó a poner en marcha a finales de los años 40 del siglo XX. 

En España partimos con algo de desventaja en esto del Estado del bienestar. Entre otras cosas porque, en esa misma época, el franquismo estaba ocupado ejecutando a 15000 españoles que se negaron a la imposición por las armas de una dictadura asesina, ladrona e ignorante.

Más allá de la excepción ibérica, no hablo de la electricidad, sino de cómo los aliados permitieron que el fascismo siguiera vivo por estas tierras tras el fin de la guerra, cuando nos pusimos a ello a finales de los setenta, a edificar un país civilizado, la cosa nos quedó razonablemente bien.

Sí, razonablemente bien. Esto no significa que todo haya sido un camino de rosas, tampoco que el resultado nos tenga que convencer por completo o que en la actualidad no existan flagrantes desigualdades que van a más. Significa que, teniendo en cuenta de dónde veníamos, conseguimos un punto de partida digno. Nicolás Sartorius lo resume en una frase: Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle.

Ahora, por lo visto, está mal recordar esto. El otro día leí a unos gilipollas, probablemente personas de clase media a medio hacer, que decían que El Corte Inglés era el último reducto de la España feliz. Que allí todo iba como tenía que ir, pero que fuera este país se consumía en una orgía de moros navajeros, homosexuales viciosos y rojos abyectos.

Personitas de esas que se ganan la vida escribiendo, sin duda mejor que yo, afirmaron hace poco, tras la riada de Valencia, que España era un Estado fallido. Después de mandar el artículo, supongo que saldrían a la calle, ese Mad Max castizo, para ir a tomar tortitas con nata a la cafetería que dicho centro comercial suele ubicar en su última planta. Y el resto a callar.

Supongo que con el progreso pasa lo mismo que con la aviación. Cuando los niños ven un cacharro volando se sorprenden y señalan con el dedo. Cómo no hacerlo. Luego nos acostumbramos y ya apenas levantamos la cabeza cuando vemos a un avión surcar los cielos. Pero, hostias, es que nos tiramos siete mil años soñando con ello.

Que suframos algo tan desmesurado como una pandemia y que lo primero que se nos ocurra —a los rojos— sea nacionalizar cuatro millones de sueldos para evitar que la paralización de la economía, un pausa literalmente a vida o muerte, arrase nuestro sistema productivo, a mí me parece, al menos, tan sorprendente como lo de volar.

Vivimos cada día algo sumamente excepcional en la historia, algo que por desgracia sólo ocurre en nuestro continente y en cuatro puntos más de este planeta, algo que es producto del esfuerzo organizado de la clase trabajadora en sus partidos y sindicatos para culminar la modernidad y darle a la ilustración un sentido plenamente social.

Algo que puede ser un paréntesis, un apunte a pie de página, un suspiro breve frente a la dilatada y terrible marca que han dejado la codicia, el egoísmo y la violencia en la piel de la humanidad. Hay gente muy poderosa que conspira a cada momento para borrar nuestras conquistas gloriosas, esas que no llevan nombre porque las conseguimos entre todos.

Si ustedes tienen hijos o nietos hagan el favor de contarles estas cosas. No hace tanto, cuando alguien de clase trabajadora se partía una pierna, solía acabar con el apelativo de inútil para el resto de su vida. Hoy le curamos entre todos, le pagamos su salario mientras se recupera para que, en cuatro meses, pueda seguir su camino. Es la medicina, pero sobre todo son las ideas.

Si ustedes tienen hijas o nietas hagan el favor de contarles de dónde venimos, lo que nos costó llegar hasta aquí. No contarlo como quien cuenta monedas sobre un mostrador, sino narrarlo con la emoción de las grandes gestas, de los episodios heroicos, de aquellas tradiciones que merece la pena recordar. Eso es todo lo que les pido para 2025."

(Daniel Bernabé , InfoLibre, 17/12/24)

12.9.24

“Derechos de papel”: prestaciones reconocidas que no llegan... sólo llegan "anuncios y papeles publicados en boletines”... los servicios sociales denuncian que los 1.500 millones de euros correspondientes a esas rentas mínimas no se han destinado a las partidas sociales. “Hay comunidades autónomas haciendo caja con el Ingreso Mínimo Vital y con la dependencia. No hay derecho, es inhumano”... o sea, dinero para los amiguetes

 "El estancamiento de los servicios sociales para personas mayores y el desmantelamiento de los recursos destinados a la inserción propician un sistema de protección “de derechos de papel”, según el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha explicado que muchas personas no reciben su prestación correspondiente. “Simplemente, tienen anuncios y papeles publicados en boletines”. Así lo ha reivindicado este viernes en la presentación del Índice DEC 2022 (IDEC), un informe anual que valora la situación de la asistencia social en España.

 Las plazas de residencias públicas apenas han aumentado desde 2019, pero el deterioro es más acusado en el servicio de teleasistencia, que no llega al 10% de la población mayor de 65 años. Los datos son también negativos para la prestación de ayuda al domicilio, pues solo mantiene una cobertura del 5% desde 2018. El único dato positivo se refleja en el aumento del tiempo de asistencia por beneficiarios. Las personas en situación de dependencia disponen ahora de 20 horas mensuales mínimas de atención.

Según los representantes de la asociación, la implantación del Ingreso Mínimo Vital —destinado a cubrir carencias económicas de personas y familias—, puede permitir a las autonomías destinar todos los recursos de sus Rentas Mínimas de Inserción para favorecer la inclusión social. Sin embargo, los profesionales de servicios sociales denuncian que los 1.500 millones de euros correspondientes a esas rentas mínimas no se hayan destinado a este tipo de partidas sociales. “Hay comunidades autónomas haciendo caja con el Ingreso Mínimo Vital y con la dependencia. No hay derecho, es inhumano”, ha reivindicado el coordinador del estudio, Gustavo García.

Las diferencias presupuestarias entre las autonomías españolas son importantes. El porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas del País Vasco y Canarias destinan a los servicios sociales triplica al de la Comunidad de Madrid. Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción, Murcia los ha reducido un 62%. El único aspecto donde todas las comunidades autónomas coinciden es en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales de nueva generación —solo faltaba por incorporarse la Comunidad de Madrid y ya lo ha hecho—.

El IDEC evalúa a todas las autonomías por igual. Puntúa la cobertura en una treintena de indicadores divididos en tres apartados: los derechos reconocidos, la inversión económica y la cobertura de servicios. Dos comunidades autónomas han sido premiadas, Castilla y León y Navarra, sin listas de espera para las personas dependientes. A la cola del ranking se sitúan la Comunidad de Madrid, Cantabria y Murcia. (...)"               (Sara Castro, El País, 08/09/23)

29.5.24

Editorial de El País: A favor de una prestación por crianza... La ayuda directa por hijos menores a cargo es una medida coherente con el combate necesario contra la pobreza infantil... 550.000 niños españoles ni siquiera pueden permitirse comer carne o pescado dos veces a la semana... Yolanda Díaz propone una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales que percibirían todos los menores hasta cumplir 18 años, independientemente de la renta de sus padres... muchos expertos consideran la ayuda directa como la única forma de incidir realmente sobre las condiciones de pobreza material de niños y adolescentes. Existen ayudas directas contra la pobreza infantil en la mayoría de países de la UE... La propuesta de Díaz es un punto de partida con la ambición necesaria... Las medidas valientes contra la pobreza infantil benefician a toda la sociedad a largo plazo, aparte de combatir una injusticia

 "España goza de una envidiable salud económica en el entorno europeo y las previsiones de crecimiento son al alza. No se explica que en esta coyuntura de prosperidad sea al mismo tiempo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil.

Un 28,9% de todos los menores de 18 años están en riesgo de pobreza. Los 2,3 millones de niños que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza crecen con menos oportunidades, peor salud y peores expectativas laborales. Según cálculos de Unicef, 550.000 niños españoles ni siquiera pueden permitirse comer carne o pescado dos veces a la semana. Buena parte de quienes representan el futuro del país no participa de la prosperidad económica. Mientras no se mejoren las condiciones de vida de estos menores no se romperá el círculo que perpetúa la pobreza.

A la hora de corregir desde las instituciones esa desi­gualdad, España es uno de los países que menos invierte en políticas de familia e infancia: 1,5% del PIB, frente al 2,4% de la UE. Este es el contexto en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, propone incluir en los próximos presupuestos generales del Estado, previstos para 2025: una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales que percibirían todos los menores hasta cumplir 18 años, independientemente de la renta de sus padres. Puede parecer una medida muy ambiciosa, pero muchos expertos consideran la ayuda directa como la única forma de incidir realmente sobre las condiciones de pobreza material de niños y adolescentes. Existen ayudas directas contra la pobreza infantil en la mayoría de países de la UE.

La medida figura en el programa de Sumar, pero no en el pacto de Gobierno con el PSOE. En la anterior legislatura, Unidas Podemos intentó incluirla en el proyecto de Ley de Familias, pero no prosperó. El actual proyecto en tramitación recoge el derecho a una prestación de 100 euros al mes por hijos a cargo hasta los tres años, pero no garantiza su aplicación universal. Sumar lo considera “un primer paso”. La propuesta de Díaz es un punto de partida con la ambición necesaria.

También deben materializarse otras dos medidas que sí figuran en el pacto de Gobierno firmado por PSOE y Sumar: ampliar los permisos de maternidad y paternidad de las actuales de 16 semanas a 20, y remunerar cuatro de las ocho semanas del permiso parental para atender niños menores de ocho años, medidas que además podrían tener un impacto en la decisión de tener hijos: la tasa de natalidad actual es de las más bajas del mundo, incapaz siquiera de garantizar el reemplazo de la población española actual. Las medidas valientes contra la pobreza infantil benefician a toda la sociedad a largo plazo, aparte de combatir una injusticia."               (Editorial El País, 24/05/24)

17.5.24

Una prestación universal de 200€/mes por hijo reduciría significativamente la pobreza infantil y haría que la crianza deje de ser una carrera de obstáculos. Esta es la medida que más impacto tendría sobre la desigualdad y la pobreza en esta legislatura (Pablo Bustinduy)

Pablo Bustinduy @pbustinduy

Esta es la medida que más impacto tendría sobre la desigualdad y la pobreza en esta legislatura. Una prestación universal de 200€/mes por hijo/a reduciría significativamente la pobreza infantil y haría que la crianza deje de ser una carrera de obstáculos. Lo explico:

"Yolanda Díaz negociará con el PSOE incluir en los próximos presupuestos una prestación universal por crianza de 200 euros al mes" https://eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_11364514_1107860.html

 En 2015, el riesgo de pobreza infantil en España alcanzó el 34%. También fue un año malo para países como Polonia (26,8%) o Irlanda (29,1%). Desde entonces, estos países han logrado mejores resultados para reducir la brecha. El motivo se explica en tres claves:

 1. Presupuesto En la OCDE, se invierte una media del 2,1% del PIB en infancia y familias; en la UE, un 2,4%. En España invertimos un 1,5%. La brecha con la UE se traduciría aproximadamente en catorce mil millones de euros: un punto porcentual de nuestro PIB.

2. Diseño Los sistemas de protección social de otros países UE son también más efectivos para atajar el riesgo de pobreza infantil. Austria o Irlanda logran reducir el riesgo de pobreza hasta un 20%; España consigue la mitad. La prestación por crianza es la mejor solución.

 3. Universalización Además de ofrecer mayores cuantías, otro rasgo que comparten las prestaciones más efectivas para reducir la pobreza infantil es que aspiran a la universalidad: así lo hacen Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Suecia, y Polonia.

 (Pero, ¿universal? ¿también para familias ricas? Sí, porque es más efectivo. Y porque quienes tienen más deben financiar la medida por medio de una fiscalidad progresiva y luego recibir lo mismo que todo el mundo. Como sucede, por ejemplo, con la Sanidad pública. Aquí lo explico)

 https://twitter.com/i/status/1790431874147312044

 Incluso allí donde las prestaciones están focalizadas, la renta no determina acceso, sino que modula las cuantías distribuidas. Según @unicef_es, nuestro país ha mejorado mucho en estos años, gracias a las políticas aplicadas desde la pandemia. Pero podemos hacer mucho más.

 La #LeyDeFamilias formalizará una renta crianza de 100€/mes en los 3 primeros años de vida. Pero hay que ir más allá: el objetivo debe ser la prestación universal de 200€ hasta los 18 años. Esto marcará un antes y un después para las familias y los derechos de la infancia.

 Muchas respuestas inciden en la pertinencia y los efectos de la universalidad de una prestación así. He intentado explicar mi visión en este hilo:

Pablo Bustinduy  @pbustinduy

¿Debe ser universal la prestación por crianza, incluso para quien no la necesita? Sí, porque no se trata solo de ayudar a familias vulnerables, sino de hacerlo conquistando derechos universales de ciudadanía, financiados con impuestos a quienes más tienen. Tres razones:
 
 1- Una prestación universal exige justicia fiscal. ¿El CEO de una multinacional necesita una ayuda? No. Pero es que esto no es una ayuda; es un derecho universal. Recibe 200€ por hijo/a, pero contribuye a pagar lo de los demás con impuestos sobre su renta y su patrimonio
 
 Esta medida costaría unos 8.300M/€. Se podría financiar incrementando los tipos efectivos de Sociedades, el IRPF a rentas mayores de 120.000€, con un tributo unificado a grandes herencias y limitando exenciones al arrendamiento de viviendas y al IVA de universidades privadas.
 
Las familias ricas recibirían lo mismo que todas las demás, pero estarían financiando las prestaciones del resto tributando de forma justa, en función de lo que poseen. Por eso esta propuesta reduce la desigualdad. Fuente: airef.es

2. ¿No es más fácil que la reciba directamente solo quien la necesita? No, porque entonces muchos no acceden a ella. Burocracia, falta de información, estigmatización… Hay razones que dificultan el acceso a las personas vulnerables, como muestran los estudios.
 
 Además, las familias de rentas medias y altas ya reciben deducciones fiscales por hijo/a: los mínimos por descendientes y la deducción por maternidad. Quien no presenta la declaración de la renta, por no tener ingresos laborales, no las recibe. Precisamente las rentas más bajas.
 
 Una prestación universal elimina estos costes, dificultades y efectos regresivos. Llega inmediatamente a todo el mundo, sin estigma. No depende de que te vaya mal, no es caridad: es un derecho como la sanidad, la educación o las pensiones, financiado por los que tienen más
 
 3- Una prestación universal es un derecho social. Históricamente, la «asistencia social» se ha reservado para quien quedaba fuera del empleo. De ahí la convicción liberal de que hay que demostrar ser pobre para «merecerla»; también la presunción de fraude y culpabilidad.
 
 Contra esa lógica, la política social debe ser universal. Ante retos como la revolución tecnológica o la crisis climática, lo público debe garantizar condiciones de bienestar para toda la sociedad, independientemente de la coyuntura, financiadas con redistribución fiscal.

5:40 p. m. · 16 may. 2024 50,5 mil Reproducciones

7:13 p. m. · 14 may. 2024 865,5 mil Reproducciones

19.11.23

El fentanilo en España, a "años luz" de EE.UU... "La diferencia entre EE.UU. y España tiene una explicación muy sencilla: sanidad pública universal", tranquilizan los expertos

 "En agosto de 2020 la vida cambió para Rafa. En plena pandemia de coronavirus le diagnosticaron un tumor en la angina izquierda. Con el objetivo de eliminar la posibilidad de que el cáncer se extendiera, los oncólogos quemaron con radio los ganglios de todo el cuello, boca y zonas afectadas por el tumor. Para sobrellevar el dolor, le recetaron fentanilo, el famoso opioide que ha generado una auténtica epidemia de salud pública en Estados Unidos.

Por medio de parches de fentanilo, Rafa encontró un alivio al sufrimiento tan intenso que le producía la quimioterapia y la radio. "Eso era magia negra para mí. Estaba en la más absoluta miseria y aquello me hacía disfrutar. De hecho, los días que mejor estaba era cuando tenía ese tratamiento. Pero estaba totalmente dopado", cuenta este informático madrileño en una entrevista con RTVE.es desde su casa de San Sebastián de los Reyes. Ese alivio que le provocaba el fármaco le llevó a la adicción a su uso, reconoce más de tres años después.

El fentanilo es una sustancia 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). La capacidad de generar bienestar instantáneo y alivio al consumirlo ha provocado que se popularice de forma alarmante como estupefaciente en países como Estados Unidos. Aunque el caso de España "está a años luz" de la sociedad norteamericana, aquí cada vez es más consumido debido a la expansión de su uso médico, según los expertos.

 El uso médico ha provocado que desde 2018 el número de personas de entre 15 y 64 años que lo haya tomado ha pasado del 0,3% al 2,2% de la población en 2022, según cálculos de la última encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) publicada por el Ministerio de Sanidad. Ese incremento también ha provocado que, en casos puntuales, algunos de los pacientes hayan generado una dependencia con el opioide. Situación que le ocurrió a Rafa.

 Durante los cuatro meses que estuvo siendo "adicto" a este fármaco que se utiliza para el tratamiento de dolores extremos, Rafa tenía que ponerse un parche que contenía fentanilo cada 72 horas. "Estaba ante un dolor muy extremo y eso me condicionaba. Las primeras 48 horas experimentaba una curva de felicidad brutal, pero a partir de ahí, empezaba a deprimirme, notaba como que me faltaba algo y me desesperaba. Entonces me lo volvía a poner y entraba de nuevo en el bucle de felicidad y depresión. Al principio, aguantaba las 72 horas, pero luego no y me lo ponía cada dos días porque tenía dependencia", recuerda Rafa.

"La morfina comparada era agüita para mí"

Al mes y medio de comenzar con el agresivo tratamiento, Rafa tuvo que ser ingresado en un hospital. "Estaba tan mal del dolor que no podía más y me ingresan. Al llegar me pusieron una bomba de morfina y me quitaron el fentanilo. El bajón lo noté a lo bestia. La morfina comparada con el tratamiento que yo llevaba era agüita, no me hacía nada", compara en base a su experiencia Rafa.

Con el paso de las semanas, y al terminar la radioterapia, Rafa fue reduciendo poco a poco la cantidad de fentanilo que utilizaba"Fui poco a poco, pero me costaba un montón", comenta. El proceso no fue fácil. "Cuando me quité el último parche me deprimí y entré en una depresión muy grande. Estaba metido todo el rato en la cama, no tenía ganas de nada y me impactó de lleno en mi vida. Había generado una dependencia psicológica porque lo necesitaba para hacer mi vida", explica. Gracias a la ayuda de los parches podía llevar a su hija a la guardería o salir a la calle mientras convivía con el dolor del tratamiento. Pero al mismo tiempo, los efectos secundarios, le hicieron entrar en una espiral de adicción de la que costó salir.

"Con la ayuda de mi familia, de amigos, médicos y mi psicóloga conseguí quitármelo, pero lo pasé fatal. Me costó muchísimo", dice al otro lado del teléfono Rafa, que reconoce que explica su experiencia con videos en YouTube e Instagram para concienciar y demostrar a alguien que haya pasado por lo mismo que se puede superar.

Excluyendo las médicas, no hay intoxicaciones de otro tipo en los CAID

Sin embargo, su adicción no tiene nada que ver con las que se han visto en Estados Unidos en las últimas semanas y que han alarmado a la opinión pública al hacerse eco muchísimos medios de comunicación.

"En 30 años que lleva el centro abierto, hemos tenido un caso de adicción al fentanilo que no haya sido por su uso médico", explican los trabajadores del Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) de San Blas, Madrid, ubicado en uno de los barrios más castigados por la epidemia de la heroína en la década de los ochenta y principio de los noventa.

Las prestaciones que da el fentanilo en España son a través de comprimidos o parches. "Te calma el dolor inmediatamente. Pero el efecto pasa rápido y ese es el problema. Cada fármaco, cada droga que utilicemos, que tenga una acción rápida y que no se prolongue en el tiempo su alivio, tiene más posibilidades de causar una adicción. Esto es un poco la base de lo que tenemos desde el punto de vista farmacológico en España", explica el presidente de Socidrogalcohol y médico en la Comunidad Valenciana, Francisco Pascual.

 Para controlar la venta de este fármaco, el ministerio de Sanidad ha desarrollado un estricto plan que monitoriza las dosis que están en el mercado farmacéutico de manera conjunta por el ministerio con el Plan Nacional de Droga y por todas las comunidades autónomas a través de exigentes sistemas informáticos.

Epidemia de salud pública en EE.UU. por otros usos

"La diferencia que puede haber entre EE.UU. y España tiene una explicación muy sencilla: sanidad pública universal. En Estados Unidos el problema es que no la hay, hay seguros privados. Uno va con su dinero a ver al médico, le paga la consulta, luego paga la receta y mientras tengas un poder adquisitivo elevado puedes sacar todas las que quieras", contextualiza Pascual. "Cuando tú no tienes un poder adquisitivo. Acudes al mercado negro porque como no hay control allí no es un fármaco que cueste demasiado conseguirlo o de fabricar en negro porque químicamente no es muy complejo", añade.

Según un informe de la universidad de UCLA, la proporción de muertes por sobredosis de fentanilo combinado con estimulantes en Estados Unidos aumentó más de 50 veces entre 2010 y 2021, al pasar del 0,6% de los fallecimientos al 32,3%. Además, los fallecimientos por esta mezcla han saltado en ese periodo de 235 muertes a 34.429 en poco más de una década. 

 En ciudades como Nueva York, más del 80% de las muertes por sobredosis se deben a este opioide, según datos del área de salud neoyorquina. 

Es por ello que los expertos en España piden no alarmar con esta situación en nuestro país. La realidad entre ambos países es completamente diferente. "Hay recursos suficientes para controlar este tipo de adicción. Estamos a años luz de lo que está pasando en Estados Unidos, pero no hay que bajar las alertas. Lógicamente, siempre hay que estar ojo avizor con estas cosas", finaliza Pascual."                (Félix Donate, RTVE, 18/11/23)

30.3.23

BB Serveis, la historia del mayor fraude conocido en el sector de las residencias... Los responsables de BB Serveis crearon empresas franquiciadas por toda España con las que se presentaban a concursos públicos para recibir adjudicaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos... se hicieron con unas 90 adjudicaciones. “Una vez los franquiciados habían conseguido los contratos se desentendían de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero fruto de estos contratos obviando incluso el pago de Seguridad Social, tributos a Hacienda y sueldos y salarios de los trabajadores”... y el abandono extremo que se vivía en la residencia: “No tener pañales, no tener esponjas, no tener geles. Incluso para comer no tener cubiertos, no tener platos, manteles. Llegar hasta ese punto. A los ancianos los hemos enterrado en vida”... Dos de los implicados siguen a día de hoy activos en el sector residencial

 "La pandemia convirtió a las residencias en la zona cero de la emergencia sanitaria, con 25.000 mayores fallecidos en menos de un año, y puso en el foco la actuación de determinadas multinacionales que se lucran con las adjudicaciones que reciben para gestionar geriátricos. Pero la tentación de enriquecerse con el dinero público destinado al cuidado de los ancianos no nació con la pandemia. 

Y en alguna ocasión se llegó a ejecutar a través de una presunta organización criminal, como ocurrió con la trama del grupo BB Serveis, que la Guardia Civil desarticuló el 23 de febrero de 2016. Se cumplen ahora cinco años y está a punto de finalizar la instrucción judicial de un caso considerado como la mayor estafa conocida en el sector de las residencias: afectó a más de 750 mayores, que recibieron una asistencia en muchos casos deficiente, y a 2.000 empleados. Algunos de ellos estuvieron hasta siete meses trabajando sin cobrar sus salarios y se enfrentaron a graves situaciones de precariedad económica, desahucios incluidos

 La lucha de un grupo de trabajadores fue clave en la operación contra la trama, al denunciar los hechos ante la Justicia, lo que está en el origen de las diligencias que lleva el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona. La Plataforma de Afectados BB Serveis se creó en 2011, promovida por una trabajadora en una residencia del grupo (María José Alarcón), su pareja (Roberto Martínez) y el marido de otra empleada (Eduard Montells). “María José y yo sufrimos nuestro primer desahucio por aquellas fechas, y fuimos conociendo otros casos similares, lo que nos hizo ver que debíamos organizarnos”, rememora Roberto en conversación con infoLibre. El 8 de enero de 2013, una treintena de afectados presentaron una querella y la consiguiente investigación de la Guardia Civil llevó a la detención de cinco personas en febrero de 2016, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y contra el derecho de los trabajadores. 

 Además de presentar la querella, la Plataforma de Afectados BB Serveis también decidió grabar un documental explicando lo que habían sufrido ancianos y empleados. Se titula Pactos de silencio, lo dirigió Toni Navarro –director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona– y está construido sobre los testimonios de extrabajadoras del grupo (lo puedes ver aquí). Isabel Jiménez, por ejemplo, relata el abandono extremo que se vivía en la residencia: “No tener pañales, no tener esponjas, no tener geles. Incluso para comer no tener cubiertos, no tener platos, manteles. Llegar hasta ese punto. A los ancianos los hemos enterrado en vida”. Pilar García Sirvent recuerda que era “horrible estar en la lavandería porque no había nada. Ni jabón, ni nada. Nos han robado descaradamente, a los ancianos, a los familiares y a nosotros”. María José Alarcón, primera firmante de la querella, pone el énfasis en la injusticia de que se haya estafado a “gente que está en la fase más vulnerable de su vida”. “Nos faltaban medicinas, pañales. Nos faltaba de todo”, denuncia José Cano, que fue usuario de uno de los centros.

LA TRAMA

Los responsables de BB Serveis, con sede en Cataluña, crearon empresas franquiciadas por toda España con las que se presentaban a concursos públicos para recibir adjudicaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos, tanto para la gestión de geriátricos como para servicios de atención a domicilio. En total se hicieron con unas 90 adjudicaciones. “Una vez los franquiciados habían conseguido los contratos se desentendían de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero fruto de estos contratos obviando incluso el pago de Seguridad Social, tributos a Hacienda y sueldos y salarios de los trabajadores”, explicó la Guardia Civil, que cifró inicialmente en 34.6 millones el dinero adeudado a los diferentes acreedores de BB Serveis. Parte de ese dinero se destinó a la adquisición de propiedades y de vehículos de lujo, como un Aston Martin valorado en 305.144 euros que compró el presunto jefe de la organización.

 En diversos informes que constan en el sumario, al que ha tenido acceso infoLibre, la Guardia Civil sostiene que la supuesta organización delictiva tenía una estructura piramidal: el líder era Jesús Puyoles, en un segundo escalón se situaban Ismael Soriano y Alain J. Dominique Hernández, y en el tercero figuraban Diego Parra y Bauduin Noel Antoon Hayen, entre otros. Esas fueron las cinco personas detenidas hace cinco años. A dos de ellos ya no les alcanzará la Justicia porque han fallecido, Hayen y Puyoles, aunque la plataforma de afectados desconfía sobre este último deceso. “La muerte de Jesús Puyoles no acabamos de creérnosla. Es un personaje tan oscuro que no nos extrañaría que se hubiese fugado tras fabricar su muerte”, sostiene Roberto Martínez.

La Guardia Civil considera probada la existencia de financiación de procedencia extranjera, que “pudiera ser con el fin de llevar a cabo un blanqueo de capitales, generado por los beneficios económicos que los investigados han obtenido del desvío de capital de las sociedades de la trama”. En ese esquema se encuadran cuentas abiertas en bancos de Andorra y Suiza, además de la sociedad luxemburguesa Primedale Participation SA, todo ello controlado por Puyoles. Las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo por Primedale son del año 2012 y en ellas reconocía ser dueña del 60% de una de las compañías españolas de la trama (instituto Geriátrico Fenix). En mayo de 2020 se inscribió la disolución judicial de Primedale.

En cuanto al dinero de Suiza, el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona está pendiente de la respuesta a una comisión rogatoria enviada al país helvético, que es en principio la única diligencia que falta antes de cerrar la instrucción y decidir si procesa a los investigados.

La Agencia Tributaria, por su parte, emitió un informe en el que concluye que varias empresas del grupo cometieron delitos fiscales y que en total se produjo un “desvío de fondos” de 10,42 millones de euros.

ACTIVOS EN EL SECTOR RESIDENCIAL

Dos de los implicados siguen a día de hoy activos en el sector residencial. Se trata de Ismael Soriano y Diego Parra, que son matrimonio. A través de la sociedad DP Consultores de Dependencia SL, donde consta como administrador y socio único Parra, gestionan las residencia Verge de la Salut en Granollers y en La Roca del Vallès (Barcelona). infoLibre contactó con ambos para conocer su versión sobre los hechos, pero declinaron realizar declaraciones.

 Este periódico también preguntó al Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat por la situación de ambos geriátricos. Una portavoz explicó que el centro de Granollers tiene 21 plazas financiadas por la Generalitat, a través de lo que se conoce como prestación económica vinculada al servicio residencial (PEV), mientras que el de La Roca del Vallès no recibe fondos públicos.

“En las visitas de oficio que ha realizado la Inspección de Servicios Sociales no se han detectado faltas remarcables en cuanto al mantenimiento o la atención asistencial”, añadió dicha portavoz sobre ambas residencias.

Que Soriano y Parra sigan vinculados al sector residencial, después de lo que ocurrió con BB Serveis, es una de las cuestiones que más indigna a los afectados. “Imaginemos que alguien ha sido detenido por ser un presunto pederasta y, mientras llega el día del juicio, se le permite abrir dos guarderías. Esto es lo que está ocurriendo con los ancianos en el caso de BB Serveis. Son personas que están acusadas de robar dinero público destinado a dependientes y se les permite seguir gestionando dos residencias”, denuncia Roberto Martínez.

En los informes de la Guardia Civil que constan en el sumario, a Ismael Soriano se le define como “hombre de confianza” de Puyoles, que se apoya en él “en lo relativo al funcionamiento de los centros” residenciales por su experiencia en el sector socio-sanitario. A Diego Parra, por su parte, lo acusa de utilizar precisamente la empresa DP Consultores para emitir facturas falsas que permitan “maquillar” los balances de compañías de la trama y de ayudar a la organización “en lo referente a la ocultación y distracción de bienes”.

las víctimas

Las víctimas de los directivos de BB Serveis fueron los ancianos y las trabajadoras. La quiebra del grupo afectó a 750 mayores, pero para ellos aquel momento supuso el fin de la desatención que habían sufrido en los meses anteriores. Para muchas trabajadoras, en cambio, sólo supuso un punto y seguido en una situación de desamparo. "Hubo precariedad económica, miedo, dolor, desahucios, embargos, deudas, incluso años después muchas personas siguen arrastrando deudas y son acosadas por empresas de recobros, un acoso impune por cierto. En uno de los casos que conocimos se produjo un suicidio. Esto es lo que sabemos, pero hay muchas historias que a día de hoy se desconocen. No es solo lo que te hacen en esos momentos, sino que muchos veces arrastras las consecuencias durante años", destaca Roberto Martínez.

La investigación judicial estuvo cuatro años bajo secreto y, cuando se levantó, la Plataforma de Afectados comprobó con agrado "la buena investigación del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil, además del buen trato hacia las víctimas, algo que lo hace más llevadero". Así que ahora esperan el cierre de la instrucción y el procesamiento de los imputados, "que ya va siendo hora de verles sentados en el banquillo". Eso sí, lamentan que no se hayan investigado también las adjudicaciones de los concursos públicos, además de la trama económica en la que se ha centrado el Juzgado: "Todo huele muy mal. En Cataluña, por ejemplo, es algo que vergonzosamente no han investigado desde la Oficina Antifrau o desde el Sindic, pese a conocerlo desde 2015".  

En la plataforma están convencidos de que es necesario un cambio en el modelo residencial. Su portavoz, Roberto Martínez, señala que "el principal problema es que se han metido en el sector empresas cuyo interés es evidente es el de hacer negocio. Y no se puede hacer negocio de necesidades básicas, así que la solución pasa por que sean expulsadas e investigadas y que el cuidado de los mayores sea un servicio cien por cien público. Si quitas a todas esas empresas, las personas dependientes estarían bien cuidadas, las trabajadoras bien pagadas y sobraría dinero. Así de sencillo".

Este año se cumplirán diez años de la creación de la Plataforma de Afectados BB Serveis. ¿Ha merecido la pena? "Depende de lo que se considere merecer la pena", reflexiona Martínez. "Si lo miras desde el punto de vista individual o de las personas que luchan, posiblemente no; pero si lo miras desde el punto de vista social y del interés general, se van generando cambios que hacen que no sea tan fácil para las tramas criminales seguir con su actividad. Lo que sí que es urgente es que se proteja a quienes denuncian, algo demandado por los alertadores de corrupción, que acabamos siendo perseguidos, intentan destruirnos y en muchos casos malvivimos. Es algo que echa para atrás a mucha gente a la hora de denunciar y obviamente no parece que sea por casualidad".                  (Manuel Rico , InfoLibre, 21 de febrero de 2021)

5.7.22

Es frustrante que cada vez que faltan trabajadores para tener suficientes contribuyentes a la Seguridad Social y/o para llenar los puestos de trabajo que están vacíos, se piensa en la necesidad de aumentar la inmigración... hay medidas alternativas o complementarias a la inmigración para resolver los problemas derivados de la falta de trabajadores... como la necesaria y urgente integración de la mujer española en el mercado del trabajo... esta liberación de la mujer significaría un enriquecimiento económico que beneficiaría también a toda la población, porque aumentan el numero de contribuyentes a la Seguridad Social y también los recursos humanos en la sociedad... una de las medidas más eficaces para facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo es, entre otras, los servicios de ayuda a las familias tales como escuelas de infancia desde los 0 años y los servicios de atención a la dependencia, ya sea domiciliaria o institucional... si España tuviera el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, hubiéramos tenido antes de la pandemia 2.7 millones de personas más trabajando y cotizando a la Seguridad Social, aportando 16,650 millones de Euros adicionales, que casi cubrirían el déficit que existía en tal institución

 "Es frustrante que cada vez que faltan trabajadoras y trabajadores para tener suficientes contribuyentes a la Seguridad Social (para pagar las pensiones) y/o para llenar los puestos de trabajo que están vacíos, se piensa en la necesidad de aumentar la inmigración. Es tan frecuente que esto pase, que uno tiene que asumir que los que siempre defienden esta postura no conocen (o no quieren conocer) que hay medidas alternativas o complementarias a la inmigración para resolver los problemas derivados de la falta de trabajadores.

 Y esto último casi nunca ocurre. Un ejemplo es la propuesta del Ministro de I­­­­­­nclusión Social y Seguridad Social, el Sr. José Luis Escrivá, quien ha indicado que para resolver el problema del déficit de la Seguridad Social se necesitan 270.000 inmigrantes al año hasta el 2050 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que estas personas se convertirían en contribuyentes a la Seguridad Social. En principio, esta propuesta parece lógica, pero habría que añadir que es también necesario continuar el aumento de los salarios aprobado por el gobierno este año, para todos los próximos años también, que habían estado bajando durante la época de dominio neoliberal en los gobiernos anteriores.

Estas propuestas son distintas y opuestas a las medidas neoliberales aplicadas por aquellos gobiernos, que llevaron a cabo la misma receta de siempre, la de reducir las pensiones y retrasar la edad de jubilación, lo cual empeoró notablemente la situación de los pensionistas. Ahora bien, tales propuestas del Ministro Escrivá, aunque significan un paso adelante, son insuficientes, pues la experiencia muestra que hay otras alternativas incluso mejores que también deberían proponerse y aplicarse. 

 Y me estoy refiriendo a la necesaria y urgente integración de la mujer española en el mercado del trabajo, lo cual es necesario no solo para la liberación de la mujer, sino también para la mayor eficiencia económica del país. (...) 

  Pero lo que no se reconoce es que esta liberación de la mujer significaría un enriquecimiento económico que beneficiaría también a toda la población.

 La evidencia existente de ello es abrumadora pero constantemente ignorada. Aquellos países que facilitan la integración de la mujer al mercado de trabajo al igual que el hombre han visto mejorar el bienestar de toda la población, pues aumentan el numero de contribuyentes a la Seguridad Social y también los recursos humanos en la sociedad. 

 Los datos están ahí para los que quieran verlos. Y una de las medidas más eficaces para facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo es, entre otras, los servicios de ayuda a las familias tales como escuelas de infancia desde los 0 años y los servicios de atención a la dependencia, ya sea domiciliaria o institucional. En España hay un gran déficit en estos servicios, que deberían llamarse El Cuarto Pilar del Estado de Bienestar para resaltar su importancia complementando el Primer Pilar (el derecho de acceso a la sanidad), el Segundo Pilar (el derecho a la educación), y el Tercer Pilar (el derecho a la jubilación). Este Cuarto Pilar sería el derecho individual y universal a los servicios de atención a las familias incluyendo los cuidados a la infancia y la adolescencia, así como a las personas ancianas y con dependencias.

Los países nórdicos de Europa que han estado gobernados durante la mayoría del periodo después de la II Guerra Mundial por coalicionas de gobiernos progresistas y de izquierda tienen porcentajes muchos más altos de mujeres en el mercado de trabajo en comparación a España. Suecia 80.2 %, Noruega 76.56 %, Finlandia 74.5 % y Dinamarca 64 %. Para darnos cuenta del retraso de España tenemos que reconocer que si España tuviera el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, hubiéramos tenido antes de la pandemia 2.7 millones de personas más trabajando y cotizando a la Seguridad Social, aportando 16,650 millones de Euros adicionales, que casi cubrirían el déficit que existía en tal institución el año antes de la pandemia (18,286 millones de Euros). Suecia tenía entonces el Cuarto Pilar de Bienestar más desarrollado del mundo. En aquel país las familias tienen mayor calidad de vida y la fertilidad, por cierto, es mucha más alta que la española que es de las más bajas del mundo.

¿POR QUÉ NO HA EXISTIDO ESTE CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA?

 La respuesta a esta pregunta es fácil de responder. Se debe a la enorme influencia que las fuerzas conservadoras han tenido y continúan teniendo sobre el Estado Español, responsables de la falta del escaso poder de la mujer y de la desatención que las familias tienen en las políticas públicas del Estado. En España a la familia se la pone retóricamente en un altar para luego crucificarla .Y cuando en España decimos "familia", lo que queremos decir es "mujer", y la única fórmula familiar promovida, es el tipo de familia patriarcal que es la que limita más a la mujer, que es quien cuida a los infantes, a los adolescentes, a los jóvenes que viven en casa como promedio hasta los 29 años, al esposo o equivalente y además el 61 % de ellas están también trabajando en el mercado laboral. No es de extrañar que la mujer española tenga tres veces más enfermedades debidas el estrés que el hombre y que la fertilidad (el número de infantes por mujer fértil) sea de las más bajas del mundo. Este país es también uno de los países Europeos con menor desarrollo de los servicios del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. La causa de todo ello es el escaso poder de la mujer y de las fuerzas progresistas del Estado Español además de la escasa sensibilidad feminista en los establecimientos económicos, mediáticos y políticos del país.  (...)

¿POR QUÉ EL MODELO PROGRESISTA NÓRDICO ES MUCHO MEJOR PARA LAS MUJERES, PARA LAS FAMILIAS Y PARA LA SOCIEDAD QUE EL MODELO LIBERAL ESTADOUNIDENSE?

 En los países nórdicos la mujer tiene mucho más poder que en el sur de Europa y su fortaleza no deriva de tener un partido feminista que canalice las demandas de la mujer (pues no existe), sino de la fortaleza de la sensibilidad feminista en todos los partidos progresistas, lo cual no ocurre en los países de sensibilidad liberal como son los Estados Unidos. En tal modelo liberal, cada grupo de liberación va por su cuenta y hay movimientos sociales de todo tipo, que compiten entre ellos para recibir la atención del Estado. Y como tal, el movimiento feminista es muy débil, como se muestra ahora con la abolición del derecho constitucional del aborto en aquel país.  

En los países nórdicos, sin embargo, que han estado gobernados durante largos periodos de tiempo por coaliciones progresistas y de izquierda, la sensibilidad feminista es fuerte en la mayoría de tales partidos, que al gobernar conjuntamente ofrecen espacios comunes para todos los movimientos de liberación. El punto clave es encontrar elementos comunes entre tales movimientos de liberación. Y es ahí la causa del enorme problema de los Estados Unidos: la falta de un espacio político de izquierdas en el panorama estatal estadounidense que haga suyo todas las demandas de los movimientos de liberación como parte de su proyecto de transformación profunda de la sociedad.

 Las mujeres de Estados Unidos tienen muy poco poder, pero los ancianos también tienen muy poco poder, los trabajadores también tienen muy poco poder, los negros y latinos tienen también muy poco poder, los ecologistas también tienen muy poco poder, y el sistema democrático liberal estadounidense es muy poco representativo y muy poco democrático. Y la causa de esta situación es la ausencia de partidos políticos de izquierda en EEUU que tengan representación parlamentaria para promover un modelo de sociedad distinta que elimine las distintas formas de explotación (...)

LA ACEPTACIÓN DEL CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA

El Cuarto Pilar del Estado de Bienestar se introdujo tímidamente en España por el gobierno de Zapatero con la introducción de los servicios domiciliarios de dependencia que ya desde su origen estuvieron muy poco financiados, manteniendo la mayoría de los servicios de dependencia institucional en el sector privado, gestionadas incluso por empresas comerciales que antepusieron sus objetivos de acumulación de beneficios económicos privados sobre las necesidades colectivas.

Las medidas aplicadas por el Gobierno Español actual significan un cambio cualitativo de gran calado y significado. Gran número de protestas encajan dentro del modelo del Cuarto Pilar del Bienestar de manera tal que puede decirse que el modelo de este pilar ya existe en la cultura política del País. Las recientes declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz  y del Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, así lo atestiguan (ver tweet de Nacho Álvarez: https://twitter.com/nachoalvarez_/status/1530193707965853696). Existe hoy en España una exigencia popular para que se establezca este Cuarto Pilar del Estado de Bienestar. (...)

No hay duda de que hay una enorme resistencia al desarrollo del Cuarto Pilar del Bienestar por parte de grupos económicos que se benefician de la situación actual deficitaria de tales servicios públicos, así como una hostilidad debida al cambio cultural que implica una nueva concepción de lo que es la familia, crítica de la tradicional familia patriarcal promovida por las fuerzas conservadoras del país, que tienen gran poder sobre el Estado Español. Y también hay que reconocer que hay cierta resistencia, incluso dentro el Gobierno, de enfrentarse con los poderos fácticos de siempre y del rol de la mujer en la sociedad

De ahí que aplauda estos cambios citados  introducidos por partidos progresistas. Pero también aconsejo su profundización dando mayor protagonismo a la responsabilidad pública, pues ya tenemos evidencia que la privatización de tales servicios con fines comerciales ha sido un error, no solo en España si no también en los países nórdicos, incluyendo Suecia. En este país, el Gobierno liberal conservador que antecedió al Gobierno de coalición progresista actual, privatizó las residencias de ancianos, incluyendo criterios de gestión que favorecieron intereses comerciales sobre los colectivos deteriorando su calidad. 

Por otra parte, favoreció la inmigración creando tensiones dentro la clase trabajadora que ha dado pie al crecimiento de un partido ultraderechista que ha alcanzado unas dimensiones alarmantes en el Parlamento Sueco. Sectores de la clase trabajadora se sintieron amenazados por el crecimiento de tal inmigración, pues el mundo empresarial aprovecho esta disponibilidad de inmigrantes para disminuir los salarios y empeorar las condiciones de trabajo. De esta manera la composición laboral del personal en los servicios de dependencia cambio también notablemente. De ahí la importancia de utilizar la experiencia de otros países, tanto las positivas como las negativas para mejorar el nuestro.

La importancia del Cuarto Pilar del Estadio de Bienestar es posicionar a la familia dentro de los temas centrales de la España social, cuestionando el control que han hecho las derechas y ultraderechas del concepto de familia, presentándose como los grandes defensores de ella, lo cual ha contribuido a su atractivo en grandes sectores, incluida la clase trabajadora. 

Hay que señalar claramente que las políticas promovidas por ellos han perjudicado a las familias, a las mujeres, a los infantes y jóvenes, a los ancianos y a los trabajadores, siendo las fuerzas progresistas enraizadas históricamente en el movimiento obrero las que han sido más pro-familia. Tal énfasis también es necesario dentro de las izquierdas donde frecuentemente la familia no entra en el diseño de sus propuestas. 

Por ejemplo, la bienvenida propuesta de reducción del tiempo de trabajo por semana no ha considerado que un punto clave de tal propuesta debería ser el impacto en la familia, pues no es lo mismo disminuir el tiempo de trabajo convirtiendo el fin de semana en tres días en lugar de dos, que disminuir el número de horas por día que se trabaje, para dar más tiempo a que las trabajadoras y los trabajadores pasen más tiempo con sus familias. Los datos muestran que las trabajadoras con infantes y adolescentes prefieren más lo segundo que no lo primero. Otra intervención es en la repartición de las responsabilidades familiares. (...)"                (Vicenç Navarro , Público, 04/07/22)

30.11.21

Según la Unión Europea... así dejó Rajoy el país... el que se encontró Pedro Sánchez

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 Lo que dijo la UE sobre España en su informe sobre "Recomendaciones para el Programa de Reformas 2019" analizando los años y políticas económicas aplicadas por el PP durante los años de expansión económica desde 2014:

2- "La eficacia de las prestaciones sociales -excluidas las pensiones— para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la UE, especialmente en el caso de los menores...

3- ...El gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos es uno de los más bajos de la UE y no está bien orientado. Aunque la tendencia es positiva, existen aún deficiencias importantes en la cobertura de las personas con dependencia severa y moderada...

4- ...La ayuda al desempleo nacional está fragmentada, al existir múltiples regímenes orientados a diferentes grupos de demandantes de empleo..."

La propia UE sacó los colores a España e hizo una serie de recomendaciones que iban desde garantizar unos servicios sociales adecuados a las coberturas por desempleo. Para que la UE saque los colores a España por unos mediocres servicios sociales, ya sobran las palabras...

6- "Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación...

7- ...Mejorar el apoyo a las familias y resolver el problema de las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima".

8- La situación de la crisis financiera no sólo mejoró sino que empeoró con las políticas económicas que aplicó el PP y en los años de crecimiento no hizo lo más mínimo para que mejorarán. El informe en cuestión... https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

Esto es lo que se encuentra en gobierno de coalición cuando próspera la moción y llega al gobierno... No hay que "consolidar" el estado del bienestar español porque, sencillamente, primero hay que "recuperarlo".

1:49 p. m. · 29 nov. 2021
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3.8.20

En España la tasa de ocupación es baja, lo que junto con el bajo nivel de los salarios, explican que la masa salarial sea pequeña y que la demanda doméstica (el principal motor del desarrollo económico) lo sea también, y explica el alto nivel de endeudamiento privado de la población. Por tanto, es preocupante que no tenga mayor resonancia mediática y política la propuesta de crear empleo público por parte del gobierno actual. El New Deal Verde es insuficiente si no va acompañado y es parte de un New Deal Social, que incluya una inversión masiva sobre los servicios sanitarios y sociales

"(...) Ya han aparecido voces neoliberales de nuevo, con gran resonancia mediática, diciendo que el gasto público tiene que reducirse para evitar el crecimiento del déficit público, el mismo mensaje que llevó al desastre – y no hay otra manera de definirlo - de las políticas de austeridad que hicieron tanto daño a la mayoría de la población española y, muy en particular, a la calidad de vida de las clases populares. 

Esas políticas se llevaron a cabo en contra de toda la evidencia que existía entonces y que señalaba que causarían el daño que han causado. Es más, todos los países que lideran los rankings de calidad de vida son los países escandinavos, que tienen la mayor tasa de gasto y empleo públicos de la Europa Occidental, a la vez que están entre los más eficientes y competitivos del mundo, tal como ha sido reconocido por el Vaticano del neoliberalismo: el Foro de Davos.

 Fíjense en Suecia, con un gasto público como porcentaje del PIB del 49,3%, en Dinamarca (49,6%), en Noruega (51,8%) o en Finlandia (53,3%). Recordemos que en España el gasto público es del 41,9% del PIB (Eurostat, 2019).(...)

 Hoy este pensamiento neoliberal está en total descredito. Incluso el Financial Times subraya "la necesidad de revertir las políticas económicas de las últimas cuatro décadas". En España, sin embargo, todavía se continúa con la misma ideología en establishments políticos y mediáticos que, además de causar tanto daño (y un enorme aumento de las desigualdades) han promovido políticas enormemente ineficientes. El retraso económico de España se debe en gran parte a esa pobreza de su sector público, que es consecuencia y causa al mismo tiempo de su subdesarrollo.(...)

 En España, uno de los mayores problemas es el llamado desempleo. Sin embargo, se ha dado poca atención al bajo porcentaje de la población ocupada (la tasa de ocupación), resultado del escaso número de puestos de trabajo (incluso más acentuado en cuanto a "buenos" puestos de trabajo) en la economía española. El porcentaje de la población ocupada entre 20 y 64 años en España es del 68%, frente al 74,2% de promedio en la UE-15.  (...)

Este déficit, así como el bajo nivel de los salarios, explican que la masa salarial sea baja y de que la demanda doméstica (el principal motor del desarrollo económico) lo sea también. Ello explica también, por cierto, el alto nivel de endeudamiento privado de la población. Estos son precisamente algunos de los puntos flacos de la economía española, los cuales se han acentuado todavía más durante la pandemia, y que más han dañado el bienestar de sus clases populares, que han vivido una etapa dura y difícil durante la Gran Recesión (crisis que sigue sin estar resuelta) y que ahora se agudiza todavía más por la enorme crisis causada por la pandemia.

A la luz de estos hechos, es preocupante que no tenga mayor resonancia mediática y política la propuesta de crear empleo público por parte del gobierno actual, propuesta que adquiere incluso mayor influencia en la crisis económica y social actual debida al coronavirus

Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido, predominantemente, proveer de ayudas económicas y financieras para facilitar que las empresas retengan a sus trabajadores durante esta crisis económica. No obstante, existen otras dos maneras de crear empleo. Una es la de repartir el trabajo mediante la reducción de la jornada laboral (del tiempo de trabajo de cada empleado), revirtiendo la situación actual donde el trabajador español es el que trabaja, de promedio, más horas en la UE-15

Aunque pocos se han atrevido a proveer una cifra exacta, existe un amplio consenso entre los expertos sobre que la reducción de la jornada laboral, pasando de 40 a 35 horas semanales en cinco días, sería una política que crearía una cantidad considerable de puestos de trabajo, sin mencionar el impacto positivo en términos de conciliación laboral-familiar, un derecho que no es plenamente reconocido ni en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico español.

 La segunda alternativa sería crear empleo público. Y de esto no se habla tanto como se debería por su urgencia, pues además de crear trabajo y riqueza, generando mayores ingresos para las arcas del Estado, la creación directa de empleo reduciría el enorme déficit de empleo público que ya he señalado al principio del artículo, mejorando así los servicios del Estado del Bienestar y, con ellos, la calidad de vida y bienestar de la población. No hay plena conciencia en los establishments financieros y económicos españoles, totalmente imbuidos por el dogma neoliberal de que la dimensión social del Estado es fundamental para garantizar el bienestar de la población y, a la vez, la eficiencia de su economía. (...)

Entre todas las opciones a nuestro alcance, la que más ocupación crearía es la de desarrollar lo que se llama el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir, los servicios de ayuda a las familias, que incluyen los servicios de atención y educación de la primera infancia (0-3 años) y los servicios de atención a la dependencia

Según el reciente informe "El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género", los primeros (los servicios de atención y educación de la primera infancia), crearían 143.000 puestos de trabajo directos como profesionales del sistema educativo en la primera infancia (de 0 a 3 años); y, los segundos (los servicios de atención a la dependencia), entre 432.000 y 584.000 nuevos empleos, que corresponderían a 

(1) atención directa y cuidados, 

(2) funciones de hostelería en centros de día o residencias, 

(3) mantenimiento de centros y servicios, 

(4) personal especializado (médicos, trabajadores sociales, etc.), y 

(5) administración y gestión de los centros. 

Además de estos empleos directos, se generarían otros empleos indirectos consecuencia de la necesidad de ampliar y adaptar la red de infraestructuras necesarias para suministrar los servicios de forma adecuada y suficiente. De ahí que se generarían empleos indirectos en empresas proveedoras de productos y servicios relacionados con la actividad hotelera o de actividades relacionadas con la rehabilitación y cuidado de la salud. 

No debemos olvidar tampoco que tales servicios públicos contribuirían a la afloración de empleo sumergido y a la dignificación de miles de empleos, al convertirse el empleo privado precario en empleo público. Ni que decir tiene que tales cambios aumentarían las rentas disponibles de las familias empleadas, con el consiguiente aumento del consumo y de la demanda de empleo. Es todo un círculo virtuoso.

A la cantidad de empleo directo e indirecto creado en el sector de los cuidados, habría que añadir la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres liberadas de parte de las tareas que realizan al percibir los servicios públicos de cuidados citados anteriormente. 

Si se aplicara el criterio de que por cada puesto de trabajo en los servicios de ayuda a las familias se facilita la integración de otras dos mujeres al mercado de trabajo, resulta que tal inversión puede llegar a facilitar un incremento de la ocupación de casi dos millones de personas más, además de la cantidad creada directamente, lo cual convierte esta inversión en la más eficaz que el Estado puede impulsar para facilitar la creación de empleo.
 
Qué nos ha enseñado la pandemia que no podemos olvidar
 
La pandemia ha mostrado claramente lo que ya había señalado la Gran Recesión. El Estado no puede continuar facilitando el liderazgo económico ofrecido por el mundo empresarial. Éste tiene sus objetivos legítimos dentro de un sistema democrático, pero no pueden confundirse tales objetivos -la acumulación de beneficios empresariales- con los objetivos del Estado, que deben regirse por la obtención del bien común. Y esto lo ha mostrado la pandemia de una forma muy clara. 

Aquellos países que no han protegido el bien común y han facilitado o cedido a los intereses empresariales han acabado en desastre. EEUU, el modelo neoliberal por excelencia, es un ejemplo de ello, mostrando claramente las consecuencias de anteponer el interés empresarial por encima de todo lo demás. Esta es la marca de la administración Trump. (...)

Este compromiso con el bien común tiene que significar poner en el centro de la recuperación las inversiones sociales y, dentro de ellas, los servicios como la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios del Estado del Bienestar. Es más que preocupante ver que en las propuestas que se están haciendo para garantizar la recuperación de la economía española este tipo de inversiones se pongan casi al final de una larga lista, cuando deberían ser prioritarias y constituir el centro de tal reconstrucción.

 Se escribe, con razón, sobre la necesidad de priorizar la digitalización y la inversión verde en la reforma industrial, pero tales propuestas, aunque son necesarias, son también insuficientes. No es creíble pedir un mundo mejor que nos proteja del cambio climático cuando ya ahora se están muriendo miles y miles de personas por falta de servicios y atención. 

El New Deal Verde es insuficiente si no va acompañado y es parte de un New Deal Social, que incluya una inversión masiva sobre los servicios sanitarios y sociales, así como el establecimiento de la parte menos desarrollada del Estado del Bienestar español: el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir, de los servicios de ayuda a las familias. Éstos facilitan la liberación e igualdad de la mujer, así como el pleno desarrollo de cada miembro de la familia creando, con ello, una gran riqueza y demanda que nos permitirá salir de la crisis rápidamente y con notable incremento del bienestar. (...)
 
 El muy necesario New Deal Verde necesita de un New Deal Social, pues el primero no conduce al segundo a no ser que esté diseñado para que así lo sea. Se tiene que utilizar el proceso de reconstrucción para mejorar la sociedad anterior a la pandemia en lugar de mantener la que teníamos pues ésta era enormemente insuficiente e injusta para millones de españoles. Así de claro."               (Vicenç Navarro, Público, 08/07/20)

7.7.20

Vicenç Navarro: La expansión y consolidación de los servicios asociados al 4º pilar del Estado del Bienestar en España crearía 651.000 nuevos empleos públicos directos, no contaminantes y no deslocalizables. El incremento neto total del gasto público sería de 4.821 millones de euros, cantidad también asumible en el periodo de implementación de 10 años. Sería la inversión de gasto público que generará más empleo en España

"(...)  Recomendaciones: resumen de propuestas 

 Es urgente y prioritario que se haga un 

1) restablecimiento de los servicios esenciales de cuidado (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia) anulados o reducidos por la pandemia; 

 2) universalización del derecho a la atención suficiente y de calidad de los servicios públicos que componen el 4º pilar del Estado del Bienestar;  

3) reversión gradual de los contratos con empresas privadas

4) aumento de las prestaciones de los servicios públicos

5) desaparición progresiva de las prestaciones y desgravaciones relacionadas con el cuidado. El compromiso para la implementación total debería ser de 5 años para educación/atención a la infancia y de 10 años para la atención a la dependencia.

Dentro del establecimiento de un nuevo sistema de atención/educación infantil (0-3 años) se deberían aprobar permisos igualitarios para cubrir los 8 primeros meses (escolarización temprana o servicio a domicilio en caso de familias monoparentales).  
Para ello se necesita una reforma del RD 6/2019 para permitir que, pasadas las dos primeras semanas, los progenitores se tomen el permiso a tiempo completo y sucesivamente. Se requiere también, el reconocimiento del derecho universal a una plaza escolar  

1) en una escuela pública de calidad

2) con horarios suficientes

3) próxima al domicilio; y que haga innecesarios los cheques guardería.

También se requiere un nuevo sistema de atención a la dependencia, mediante el establecimiento de un derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos a base de

1) aumentar la cobertura para atender a toda la demanda sin contar con el cuidado familiar, 

2) con solo servicios públicos de gestión y provisión pública: revirtiendo privatizaciones, y 

3) eliminar prestaciones y desgravaciones relacionadas con la dependencia.

El incremento neto (incremento del coste menos retornos directos) del nuevo sistema de atención/educación a la infancia sería de 1.521 millones de euros, cantidad que se debería asumir durante el periodo de implementación de 5 años. Por otro lado, en los servicios de atención a la dependencia la propuesta permitiría atender a 800.000 nuevas personas. El incremento neto total del gasto público sería de 4.821 millones de euros, cantidad también asumible en el periodo de implementación de 10 años.

 Creación de empleo a través del 4º pilar del Estado del Bienestar. La inversión de gasto público que generará más empleo en España

 En el año 2017 solamente un 13,3% de la población activa española trabajaba en el sector público, lo que representaba unos 3 millones de puestos de trabajo. Se trata de una cifra escasa si la comparamos con la situación de Suecia. En aquel país, en 2017 el empleo público alcanzaba al 27,3% de la población activa, más del doble que en el caso español. La magnitud del impacto que podría tener en el mercado laboral español transitar hacia un escenario similar al sueco se hace patente con la siguiente cifra. 

Tener en España un porcentaje similar de la población activa trabajando en el sector público que en Suecia significaría la creación de nada más y nada menos que de 3,2 millones de puestos de trabajo, hasta alcanzar (con cifras de 2017) los 6,2 millones de trabajadores en el ámbito público.

La expansión y consolidación de los servicios asociados al 4º pilar del Estado del Bienestar tendría un papel fundamental en esa potencial creación de ocupación. La implantación total de un nuevo sistema de educación/atención infantil de primer ciclo gratuito y universal conllevaría la creación de unos 143.000 nuevos puestos de trabajo. Estos nuevos puestos de trabajo irían asociados a efectos positivos para la economía como el incremento de los salarios percibidos por las familias, de los ingresos a la Seguridad Social y de la recaudación por IRPF.

Sumado a la cifra anterior, al ámbito de la atención a la dependencia se podrían crear más de 508.000 empleos públicos a tiempo completo, los cuales corresponderían a las categorías de 

(1) atención directa y cuidados

(2) funciones de hostelería en centros de día o residencias

(3) mantenimiento de centros y servicios

(4) personal especializado (médicos, trabajadores sociales...), y 

(5) administración y gestión de los centros.

 Además de estos empleos directos, se generarían previsiblemente otros efectos sobre el empleo debidos a las siguientes razones

(i) necesidad de ampliar y adaptar la red de infraestructuras necesarias para suministrar los servicios de forma adecuada y suficiente,  

(ii) empleos indirectos en empresas proveedoras de productos relacionados con la actividad hotelera o de actividades relacionadas con la rehabilitación y cuidados de salud, 

(iii) afloración de empleo sumergido, al convertirse empleo privado precario en empleo público. También hay que señalar el efecto que un aumento en la renta disponible de determinadas familias tendría sobre el consumo y la demanda de empleo.

 Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de las cuidadoras sean mujeres, y su posible incorporación al mercado laboral, independientemente de su cuantificación, tiene una importancia fundamental en la configuración de un sistema de cuidados que contribuya positivamente a la igualdad entre hombres y mujeres.

En total, 651.000 nuevos empleos públicos directos, no contaminantes y no deslocalizables, además de los empleos indirectos y del número de mujeres que, tras ser liberadas de sus cargas familiares, podrían incorporarse al mercado laboral (450.000 en base a estimaciones de acuerdo con varias experiencias internacionales), sumando un total de 1,1 millones de puestos de trabajo. (...)"              

 (Vicenç Navarro . Resumen de la presentación a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, Público, 22/06/20)