"(...) Ya han
aparecido voces neoliberales de nuevo, con gran resonancia mediática,
diciendo que el gasto público tiene que reducirse para evitar el
crecimiento del déficit público,
el mismo mensaje que llevó al desastre – y no hay otra manera de
definirlo - de las políticas de austeridad que hicieron tanto daño a la
mayoría de la población española y, muy en particular, a la calidad de
vida de las clases populares.
Esas políticas se llevaron a cabo en
contra de toda la evidencia que existía entonces y que señalaba que
causarían el daño que han causado. Es más, todos los países que lideran los rankings
de calidad de vida son los países escandinavos, que tienen la mayor
tasa de gasto y empleo públicos de la Europa Occidental, a la vez que
están entre los más eficientes y competitivos del mundo, tal como ha sido reconocido por el Vaticano del neoliberalismo: el Foro de Davos.
Fíjense
en Suecia, con un gasto público como porcentaje del PIB del 49,3%, en
Dinamarca (49,6%), en Noruega (51,8%) o en Finlandia (53,3%). Recordemos
que en España el gasto público es del 41,9% del PIB (Eurostat, 2019).(...)
Hoy este pensamiento neoliberal está en total descredito. Incluso
el Financial Times subraya "la necesidad de revertir las políticas
económicas de las últimas cuatro décadas". En España, sin embargo, todavía se continúa con la misma ideología en establishments
políticos y mediáticos que, además de causar tanto daño (y un enorme
aumento de las desigualdades) han promovido políticas enormemente
ineficientes. El
retraso económico de España se debe en gran parte a esa pobreza de su
sector público, que es consecuencia y causa al mismo tiempo de su
subdesarrollo.(...)
En España, uno de los mayores problemas es el llamado desempleo. Sin
embargo, se ha dado poca atención al bajo porcentaje de la población
ocupada (la tasa de ocupación), resultado del escaso número de puestos
de trabajo (incluso más acentuado en cuanto a "buenos" puestos de trabajo) en la economía española. El porcentaje de la población ocupada entre 20 y 64 años en España es del 68%, frente al 74,2% de promedio en la UE-15. (...)
Este déficit, así como el bajo nivel de los salarios, explican que la masa salarial sea baja y de que la demanda doméstica (el principal motor del desarrollo económico) lo sea también. Ello explica también, por cierto, el alto nivel de endeudamiento privado de la población. Estos son precisamente algunos de los puntos flacos de la economía española, los cuales se han acentuado todavía más durante la pandemia, y que más han dañado el bienestar de sus clases populares, que han vivido una etapa dura y difícil durante la Gran Recesión (crisis que sigue sin estar resuelta) y que ahora se agudiza todavía más por la enorme crisis causada por la pandemia.
A la
luz de estos hechos, es preocupante que no tenga mayor resonancia
mediática y política la propuesta de crear empleo público por parte del
gobierno actual, propuesta que adquiere incluso mayor influencia en la
crisis económica y social actual debida al coronavirus.
Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido, predominantemente, proveer
de ayudas económicas y financieras para facilitar que las empresas
retengan a sus trabajadores durante esta crisis económica. No obstante, existen otras dos maneras de crear empleo. Una es la de repartir el trabajo mediante la reducción de la jornada laboral (del tiempo de trabajo de cada empleado), revirtiendo la situación actual donde el trabajador español es el que trabaja, de promedio, más horas en la UE-15.
Aunque pocos se han atrevido a proveer una cifra exacta, existe un
amplio consenso entre los expertos sobre que la reducción de la jornada
laboral, pasando de 40 a 35 horas semanales en cinco días, sería una
política que crearía una cantidad considerable
de puestos de trabajo, sin mencionar el impacto positivo en términos de
conciliación laboral-familiar, un derecho que no es plenamente
reconocido ni en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico español.
La segunda alternativa
sería crear empleo público. Y de esto no se habla tanto como se debería
por su urgencia, pues además de crear trabajo y riqueza, generando
mayores ingresos para las arcas del Estado, la creación directa de
empleo reduciría el enorme déficit de empleo público que ya he señalado
al principio del artículo, mejorando así los servicios del Estado del Bienestar y, con ellos, la calidad de vida y bienestar de la población. No hay plena conciencia en los establishments
financieros y económicos españoles, totalmente imbuidos por el dogma
neoliberal de que la dimensión social del Estado es fundamental para
garantizar el bienestar de la población y, a la vez, la eficiencia de su
economía. (...)
Entre todas las opciones a nuestro alcance, la
que más ocupación crearía es la de desarrollar lo que se llama el 4º
pilar del Estado del Bienestar, es decir, los servicios de ayuda a las
familias, que incluyen los servicios de atención y educación de la primera infancia (0-3 años) y los servicios de atención a la dependencia.
Según el reciente informe "El
Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir
necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la
igualdad de género", los primeros (los
servicios de atención y educación de la primera infancia), crearían
143.000 puestos de trabajo directos como profesionales del sistema
educativo en la primera infancia (de 0 a 3 años); y, los segundos (los
servicios de atención a la dependencia), entre 432.000 y 584.000 nuevos
empleos, que
corresponderían a
(1) atención directa y cuidados,
(2) funciones de
hostelería en centros de día o residencias,
(3) mantenimiento de centros
y servicios,
(4) personal especializado (médicos, trabajadores
sociales, etc.), y
(5) administración y gestión de los centros.
Además
de estos empleos directos, se generarían otros empleos indirectos
consecuencia de la necesidad de ampliar y adaptar la red de
infraestructuras necesarias para suministrar los servicios de forma
adecuada y suficiente. De ahí que se generarían empleos indirectos
en empresas proveedoras de productos y servicios relacionados con la
actividad hotelera o de actividades relacionadas con la rehabilitación y
cuidado de la salud.
No debemos olvidar tampoco que tales servicios
públicos contribuirían
a la afloración de empleo sumergido y a la dignificación de miles de
empleos, al convertirse el empleo privado precario en empleo público. Ni
que decir tiene que tales cambios aumentarían las rentas disponibles de
las familias empleadas, con el consiguiente aumento del consumo y de la
demanda de empleo. Es todo un círculo virtuoso.
A la cantidad de empleo directo e indirecto creado en el sector de los cuidados, habría que añadir la incorporación al mercado
de trabajo de las mujeres liberadas de parte de las tareas que realizan
al percibir los servicios públicos de cuidados citados anteriormente.
Si se aplicara el criterio de que por cada
puesto de trabajo en los servicios de ayuda a las familias se facilita
la integración de otras dos mujeres al mercado de trabajo, resulta que
tal inversión puede llegar a facilitar un incremento de la ocupación de
casi dos millones de personas más, además de la cantidad creada
directamente, lo cual convierte esta inversión en la más eficaz que el
Estado puede impulsar para facilitar la creación de empleo.
Qué nos ha enseñado la pandemia que no podemos olvidar
La
pandemia ha mostrado claramente lo que ya había señalado la Gran
Recesión. El Estado no puede continuar facilitando el liderazgo
económico ofrecido por el mundo empresarial. Éste tiene sus objetivos
legítimos dentro de un sistema democrático,
pero no pueden confundirse tales objetivos -la acumulación de
beneficios empresariales- con los objetivos del Estado, que deben
regirse por la obtención del bien común. Y esto lo ha mostrado la
pandemia de una forma muy clara.
Aquellos países que no han protegido el
bien común y han facilitado o cedido a los intereses empresariales han
acabado en desastre. EEUU, el modelo neoliberal por excelencia, es un
ejemplo de ello,
mostrando claramente las consecuencias de anteponer el interés
empresarial por encima de todo lo demás. Esta es la marca de la
administración Trump. (...)
Este compromiso con el bien común tiene que significar poner en el centro de la recuperación las inversiones sociales y, dentro de ellas, los servicios como la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios del Estado del Bienestar. Es más que preocupante ver que en las propuestas que se están haciendo para garantizar la recuperación de la economía española este tipo de inversiones se pongan casi al final de una larga lista, cuando deberían ser prioritarias y constituir el centro de tal reconstrucción.
Se escribe, con razón, sobre la necesidad de priorizar la
digitalización y la inversión verde en la reforma industrial, pero tales
propuestas, aunque son necesarias, son también insuficientes. No es
creíble pedir un mundo mejor que nos proteja del cambio climático cuando
ya ahora se están muriendo miles y miles de personas por falta de
servicios y atención.
El
New Deal Verde es insuficiente si no va acompañado y es parte de un New
Deal Social, que incluya una inversión masiva sobre los servicios
sanitarios y sociales, así como el establecimiento de la parte menos
desarrollada del Estado del Bienestar español: el 4º pilar del Estado
del Bienestar, es decir, de los servicios de ayuda a las familias. Éstos
facilitan la liberación e igualdad de la mujer, así como el pleno
desarrollo de cada miembro de la familia creando, con ello, una gran
riqueza y demanda que nos permitirá salir de la crisis rápidamente y con
notable incremento del bienestar. (...)
El muy necesario New Deal
Verde necesita de un New Deal Social, pues el primero no conduce al
segundo a no ser que esté diseñado para que así lo sea. Se tiene que
utilizar el proceso de reconstrucción para mejorar la sociedad anterior a
la pandemia en lugar de mantener la que teníamos pues ésta era
enormemente insuficiente e injusta para millones de españoles. Así de
claro." (Vicenç Navarro, Público, 08/07/20)
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